AIRE

Actualidad Económica -Núm. 2.623 19.09.08-25.09.08

Los derechos que se proclaman tienen finalidades como convertir un derecho proclamado en uno exigible, o más albedrío de los que mandan o ganarla adhesión de los beneficiarios y puede que, también, otra intención inconfesada. En general, no garantizan lo prometido. Como el puesto de trabajo o la vivienda, ni siquiera cuando se fuerza el alquiler o uso de viviendas de propiedad privada, pero recortan la libertad de acción de los propietarios y reduce el valor de la propiedad.
También, apelando a un impreciso derecho al paisaje se restringe el derecho de los agricultores a cambiar el uso de sus tierras o, se “catalogan” propiedades urbanas, p. ej. en toda una calle donde el edificio más antiguo no llega al siglo, se limitan las mejoras que pueden hacer los propietarios, se exige licencia para cualquier obra menor para la que, en general, basta con una comunicación. En un área rural, la catalogación obliga a pedir permiso hasta para limpiar de maleza el acceso. Con eso se buscan ingresos, pues se paga por toda licencia de obra o reforma que, además, está sujeta a las modificaciones que considere convenientes el gestor de turno, que impone su visión personal de lo hermoso y apropiado.

Para otorgar un derecho no siempre hace falta regulación. A veces basta con no cumplir la ley. Así los ocupas tienen impunidad para usar durante años la propiedad ajena sin más riesgo que la expulsión o ejercitan su derecho a oír su música en naves industriales transitoriamente vacías, perjudicando a la propiedad y el vecindario.

La sanidad pública era contrapartida del pago de cotizaciones e impuestos. Se amplió, correctamente, al darle carácter universal, pero en ningún país se incluye toda la terapia que no afecta a enfermedades o lesiones. Ahora, esos derechos se extienden urbi et orbe -lo que está en línea con un planteamiento solidario-, pero se privilegia a quien menos ha aportado, lo que está reñido con el respeto al mérito y el esfuerzo, que pide que no se tratase peor a quien ha hecho aportaciones sustantivas a la posibilidades existentes. Esta asimetría corroe la solidaridad.

Los medios del Estado provienen de la tributación sobre la actividad productiva. El esfuerzo, ingenio, conocimiento y persistencia aplicados a la producción generan ingresos sometidos a impuestos asignados a fines que, pueden agruparse en tres bloques. A) La provisión de bienes y servicios de interés general: educación, justicia, sanidad, defensa, obras públicas etc. B) Actividades redistributivas que benefician a los desfavorecidos, garantizan un mínimo común de prestaciones básicas y configuran una red de solidaridad obligada impuesta por ley. C) El mantenimiento del Estado, sus gestores y servidores así como la atención a sus prioridades, apoyos a la cultura, expresiones de poder etc.

El segundo bloque tiene apenas un siglo de existencia. En las edades antigua y media la preocupación principal era la supervivencia: el ejército, su capacidad operativa, su movilidad ”¦ también la monumentalidad de algunos castillos, murallas etc. contribuía a generar temor a propios y extraños y daba seguridad a los contribuyentes.
En el s. XX, tras las dos primeras guerras mundiales, se priorizaron la sanidad pública y las pensiones, educación de calidad, aportación de infraestructuras básicas. El Estado, especialmente en Europa, asumió cualquier función: provisión de vivienda, información gestionada directamente, premios artísticos ”¦ lo que elevó el volumen de recursos necesarios, reforzó la regulación y a quienes la hacen y administran. Por otra parte, ofrecio contrapartidas para legitimar sus exigencias, como justicia imparcial, generalización del derecho de voto, educación pública etc.

En el s. XIX el liberalismo acabó con los gobiernos absolutos. Pero las opciones totalitarias persistieron en su objetivo -alegado-de un gobierno omnipotente y benefactor que recompensara esfuerzo y mérito en beneficio de los pobres y la paz. Casi nunca lograron el poder, o lo mantuvieron de forma efímera, hasta el s. XX en que lo usaron para ejercer una explotación sin precedentes, perseguir la disidencia interna y agredir a terceros países. El enfoque crítico quedó sin alternativa que ofrecer pero siguió atacando al sistema de mercado. Su análisis hoy es sólo materia de historia, pero su motivación está viva y arraigada en la pretensión de dar todo sin exigir esfuerzo y, en la cara oscura de los que se bautizan como alternativos, que exhibe compasión, pero oculta el odio y la envidia frente al mérito y el esfuerzo, cuya sola mención es políticamente incorrecta.

Lo ganado con esfuerzo se gasta con un cuidado, lo recibido sin esfuerzo se va pronto. Lo propio se gestiona mejor que lo ajeno. Por eso la financiación sin contrapartidas o el regalo de lo que debe ganarse, lleva a inflación, es freno del crecimiento y, como la demanda de lo gratuito es infinita, fuerte de frustración y oportunidad para el oportunismo, ya sea subvención a la emancipación, promesa de vivienda, baja laboral fingida o casi cualquier cosa.

Joaquín Trigo Portela
Director Ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional

Los empleados de Notarías y Registros creen que la rebaja del arancel es una medida «poco meditada».

Los afectados recuerdan que el modelo actual ha permitido a España librarse de las hipotecas basura.

Denuncian las constantes rebajas arancelarias – cinco desde 1989 – que afectan directamente a su sueldo

Victoria Martínez-Vares. Expansión
Los cerca de 15000 empleados de los Registros y los 20.000 de las Notarías consideran que la rebaja del arancel anunciada por el Gobierno el pasado mes de agosto es una medida “poco meditada” que pone “en peligro de muerte miles de puestos de trabajo”.
Esta situación, que provocará una jornada de huelga el próximo día 11 paralizará todo el tráfico extrajudicial mercantil, civil e hipotecario, es considerada por este colectivo como “peligrosa” por cuanto aseguran, “puede suponer la quiebra del actual sistema de seguridad jurídica preventiva”.
Frente a la posibilidad de “destruir” un sistema que ofrece las máximas garantías a los ciudadanos y que ha permitido a España librarse de las hipotecas basura, los empleados de Notarías y registros aducen que la rebaja arancelaria proyectada “tendrá una repercusión económica en el usuario en una cuantía que, en ningún caso, superará el 0.00016% del valor total de la operación”. Así, en una vivienda valorada en 200.000 euros, el ahorro para el usuario será tan sólo de 34 euros.
De hecho, en diversos foros, los titulares de oficinas notariales y registrales han alzado la voz para señalar que la solución a los problemas económicos del país no está en una reducción indiscriminada de los aranceles, sino en una adaptación a los tiempos que corren. En este sentido, se reclama la elaboración de un nuevo arancel.
Por su parte, Feapen, federación que agrupa a los profesionales empleados de Notarías, reclama la necesidad de impulsar un convenio estatal que regule los derechos laborales del colectivo. Asimismo, previendo los despidos que se van a producir en el sector, ayer solicitaron a la Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones, que “cada despido se encuentre justificado en un ERE” ya que, insisten, en que “el resultado en la mayoría de los casos será la denegación judicial por no existir causas objetivas, al menos por ahora”.
En esta línea, desde el Sindicato Independiente de Oficiales y Auxiliares de los Registros de la Propiedad y Mercantiles – Sioya – denuncian las constantes rebajas arancelarias – desde 1989 ha habido cinco – que afectan al colectivo ya que su retribución la perciben en función de los ingresos que se devengan del arancel.
Asimismo Sioya critica la demarcación registral que entró en vigor este año dando lugar a la creación de más de 300 nuevas Oficinas “ sin ningún criterio de rigor y de justicia “, lo que ha supuesto -aseguran – “ que la mayoría de ellas no resulte hoy económicamente viables”. .

V. M-Vares / M.Serraller – Expansión

Los empleados de Notarías y Registros cerca de 35.000 están convocados a una jornada de paro el próximo 11 de diciembre, en un intento de paralizar la rebaja del arancel anunciada por el Gobierno, que entrará en vigor el 1 de enero de 2009. Esta situación, unida a la crisis económica, puede poner en peligro 8.000 puestos de trabajo de empleados de las oficinas registrales y otros tantos notariales.
Representantes de la Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Empleados de Notarías – Feapen – y el Sindicato Independiente de Oficiales y Auxuliares de Registros de la Propiedad y Mercantiles de España – Sioya – mantuvieron ayer una reunión con la Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones, como adelantó Expansión el 25 de noviembre. En el encuentro, los afectados anunciaron la decisión alcanzada por ambas organizaciones de celebrar una huelga y una concentración ante el Ministerio de Justicia para defender sus puestos de trabajo y reclamar un salario digno.
La Ejecutiva de Feapen pidió que el Ministerio “no permanezca impasible” ante esta situación que supondrá “un deterioro de la calidad del servicio”. Además de la preocupación por los despidos que se producirán si se rebaja el arancel según anuncia el proyecto de Real Decreto, desde Feapan denunciaron que “se está coaccionando a los trabajadores para que efectúen rebajas sustanciales en su sueldo bajo la amenaza de despidos”.
Por su parte, Gustavo Lobeto, secretario general de Sioya, señaló que a crisis ya ha provocado “una reducción de más del 45% de la documentación que se presenta en las oficinas registrales, afectando a las retribuiciones del personal en el mismo porcenaje”. A su juicio, de llevarse a cabo la rebaja anunciada, “se producirán más de 8.000 despidos, una sangría, y condenará al resto del colectivo a una retribución ínfima que, en algunos casos, no superará el salario mínimo interprofesional. Además Lobeto asegura que se pondrá “en verdadero peligro el actual sistema de seguridad jurídica preventiva”. .

28/11/2008 La Nación
El Consejo de Ministros dio luz verde al último plan de reactivación económica anunciado la víspera en el Congreso por el presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero, que supone una inyección de liquidez de 11.000 millones euros y que, según admitió el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, puede elevar el déficit este mismo año por encima del 3%. Del total, 8.000 millones corresponden al Fondo de Inversión Municipal destinado a que los ayuntamientos realicen inversiones generadores de empleo y 3.000 millones, a mejorar la situación coyuntural de determinados sectores, un nuevo paquete de medidas con los que se pretenden crear 300.000 empleos.
Solbes, justificó este último paquete de medidas por la necesidad de ser solidarios con la decisión de la Comisión Europea de dar un impulso fiscal adicional para reactivar la economía. Solbes señaló que, en el caso español, a las medidas ya aprobadas, por un importe equivalente al 1,5% del PIB, se suma este nuevo paquete que supera el 1% del PIB.
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, que se reunió con Zapatero en La Moncloa, expresó su “absoluta satisfacción” por el fondo de 8.000 millones que “va a suponer la reactivación económica” de los municipios, dijo.
Solbes recordó que los 8.000 millones se destinarán a inversiones urgentes, temporales y generadoras de empleo, con un montante máximo de 5 millones por obra. El vicepresidente, quien recordó que el reparto se realizará en función de la población de las localidades, insistió en que las obras deben ser de nueva planificación y de ejecución inmediata y destacó que, para la adjudicación de los contratos, se tendrá en cuenta a los que creen más empleo, destinado únicamente a los parados. Los cálculos del Ejecutivo indican que, con las inversiones previstas, se pueden generar 200.000 empleos.
Las obras que podrán financiarse a través del Fondo pueden ir desde la rehabilitación o mejora de entornos o espacios públicos urbanos, a las obras de promoción industrial, equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones, obras en áreas de construcción, mejora de edificios y equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales y deportivos; las dirigidas a la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de gestión de residuos urbanos así como las orientadas a impulsar el ahorro y la eficiencia energética. Además, se incluyen las obras para la supresión de barreras arquitectónicas, la conservación del patrimonio histórico, mejora de la red de abastecimiento de agua potable y tratamiento de aguas residuales, mejora de la seguridad vial o prevención de incendios.

28-11-08 , J. Orihuel . Expansión
Promociones Habitat, la inmobiliaria catalana presidida por Bruno Figueras, ha presentado esta mañana concurso de acreedores en los juzgados de Barcelona con un pasivo total de 2.300 millones de euros.
La empresa llevaba días estudiando la posibilidad de dar este paso ante las dificultades para atender a sus obligaciones.
El grueso de la deuda de la compañía procede de la compra de la división inmobiliaria de Ferrovial, una adquisición que convirtió a Habitat en una de las grandes del sector en España.
Habitat se encuentra en causa de disolución desde el pasado 30 de junio. El grupo cerró el primer semestre con un capital social de 94.478 euros, unos fondos propios negativos en 704 millones y unas pérdidas de 988,99 millones.
Acreedores
Los principales acreedores de la inmobiliaria con sede de la Gala Placcídia de Barcelona son La Caixa (232 millones), Caja Madrid (220 millones), Santander (218 millones), BBVA (200 millones) y Popular (179 millones).
Estas cinco entidades concentran el 46,77% de la deuda de la inmobiliaria.

E. Segovia – 28/11/2008 Cotizalia
Ahorro Corporación, el broker de las cajas de ahorros, estima que el sistema financiero español necesitará reforzar su capital si la morosidad alcanza el 12%. Según un ejercicio de estrés realizado por esta firma, hasta ese umbral las entidades pueden aguantar con los niveles de capital actual gracias al colchón de las provisiones genéricas y al calendario de provisiones del Banco de España, que retrasa el traspaso de la morosidad a la cuenta de resultados en las épocas de crisis.

Hasta alcanzar esa cifra de mora, Marisa Mazo, directora de análisis de la firma, estima que veremos «caídas de beneficios pero sin que las entidades lleguen a entrar en pérdidas». Mazo recuerda que no ha habido ningún problema de insolvencia en la banca española desde la intervención de Banesto en 1992 y que las cajas de ahorros nunca han incurrido en impago.

Más pesimista se ha mostrado su analista especializada en el sector, Irma Garrido. A su juicio, «hay muchos casos distintos en el sistema financiero: habrá entidades que entren en pérdidas y no descartamos reestructuraciones ni tampoco intervenciones estatales». Algo que se daría en entidades cuyo core capital baje del 6,5%-6,75% en que espera que se sitúe la media del sector gracias a la generación de capital orgánica (por los beneficios).

Cada vez más analistas se han sumado a la idea de que la banca española tendrá que ampliar capital de forma gerealizada el próximo año por culpa del vertiginoso aumento de la morosidad. Y eso, en el mejor de los casos, porque mucha gente teme que algunas entidades tengan que fusionarse o recibir capital público para sobrevivir.

Ahora bien, Garrido considera que hay que distinguir el caso del Santander de los demás bancos cotizados. El banco cántabro sufrirá una reducción de 80 puntos básicos (0,80 puntos porcentuales) cuando consolide las últimas adquisiciones que pensaba pagar con acciones, y además tiene el impacto negativo de la subida del dólar. «El resto del sector no tiene carencias de capital muy significativas, desde luego menores que en el resto de Europa», opina, aunque hace una excepción en el caso de Bankinter.

En todo caso, lo que este broker da por hecho es que habrá una reducción generalizada del dividendo y del pay-out (porcentaje del beneficio que se destina a dividendos) del sector. Aunque no recomiendan entrar todavía en el sector -su estrategia para 2009 aconseja únicamente eléctricas y telecomunicaciones-, estos analistas sí creen que la caída de la banca en bolsa ya descuenta las tasas de morosidad que se pueden alcanzar el próximo año.

«Las inmobiliarias están muertas»

Las perspectivas de Ahorro Corporación son todavía más negativas respecto al sector inmobiliario: «Las inmobiliarias están todas muertas», respondió lacónicamente a la prensa el analista especializado en esta industria media hora antes de que Hábitat presentara el concurso de acreedores.

Más positivos son respecto a las constructoras, porque han sido excesivamente castigadas ya que su exposición al sector residencial es inferior al 5% de su resultado. Las carteras de pedidos en máximos deberían permitirles mantener en 2009 los resultados de este año en el área puramente constructora y, además, las ventas de activos como el aeropuerto de Gatwick por parte de Ferrovial deberían provocar una reacción positiva, en su opinión.

El escenario de Ahorro Corporación se basa en que la crisis se resolverá durante la segunda mitad de 2009, gracias a la recuperación del interbancario y la bajada de la volatilidad de las bolsas y de los diferenciales de crédito (a lo que hay que añadir el impacto de los planes de rescate de la banca en los diferentes países). Si se dan estas condiciones, prevé que el Ibex llegue a 10.650 puntos el próximo año y el EuroStoxx 50, a 3.060. Si no se dan, «sufriremos una crisis económica bastante más profunda», advierte Mazo.

Europa Press | 16:34 – 28/11/2008 El Economista
El Gobierno permitirá a los Ayuntamientos más capacidad para endeudarse para hacer frente a las inversiones productivas de 2008 que todavía tienen que liquidar, y para obtener más financiación de cara a 2009. Así lo aseguró el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, después de una reunión de algo más de dos horas entre el Gobierno y la Comisión Ejecutiva de la Federación.
Sin embargo, hoy no se pudo concretar la cuantía de este endeudamiento, si bien el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a dar una respuesta la próxima semana sobre el «cuánto, cuándo y cómo». Según Castro, el Gobierno tiene la «voluntad de abrir la posibilidad de que los ayuntamientos se puedan endeudar».
Los municipios quieren llegar al 0,5% del PIB, lo que supondría unos 5.500 millones de euros. Asimismo, Zapatero también se comprometió con la Comisión Ejecutiva de la FEMP a desarrollar una nueva ley de financiación local y un Estatuto de Gobierno Local.
«Zapatero y Solbes nos han dicho que los municipios van a poder endeudarse. Nosotros les hemos dicho que nuestro Presupuestos se aprueban antes del 31 de diciembre, y nos han respondido que la próxima semana tendremos una respuesta», explicó Castro, quien agregó que Zapatero «asume la situación» que atraviesan los municipios y por eso responde afirmativamente al endeudamiento de los ayuntamientos y se compromete con un nuevo modelo de financiación local «suficiente», así como con un nuevo Estatuto de lo local «donde se defina» cuales son las competencias de los Ayuntamientos.
Las necesidades de los Ayuntamientos
Para Castro, una nueva financiación servirá para «dar respuesta a las necesidades» de las ciudades al tiempo que las otorga «mayor estabilidad», algo que garantiza el «futuro de los próximos años». Además, apuntó que tanto la nueva financiación como el Estatuto tiene que «estar terminados en 2010, para empezar a trabajar con ellos al principio de 2011». Preguntado sobre si la reforma del modelo de financiación local se hará en paralelo al de las Comunidades Autónomas, el también alcalde de Getafe (Madrid) señaló que el Gobierno les ha comentado que con los compromisos de hoy los ayuntamientos se sitúan ya «un poco por delante de las CCAA».
La FEMP puso sobre la mesa otras de sus reivindicaciones históricas, tales como el aumento de la entrega a cuenta que el Gobierno adelanta a los ayuntamientos de la recaudación del año (ahora reciben el 95% de lo que prevé recaudar y los ayuntamientos quieren el 98), garantizar el cobro del anticipo y modificar el impuesto de plusvalía. Todos estos asuntos se negociarán en conjunto dentro del nuevo modelo de financiación local.
Castro afirmó que durante la reunión todos los alcaldes manifestaron su «satisfacción» por el fondo de 8.000 millones de euros anunciado ayer por Zapatero. Asimismo, explicó que esa cifra será finalmente incluso mayor, puesto que hay que sumarla otros 3.000 millones que aportan los consistorios a través de sus inversiones ya previstas, al tiempo que anticipó que todo este dinero será para estructuras productivas (polígonos y tejido industrial), para modernizar las ciudades y para equipamientos sociales.
Un «balón de oxígeno»
En su opinión, estos millones van a ayudar al conjunto de los ciudadanos y son un «balón de oxígeno importante» para las pequeñas y medianas empresas que trabajan con los consistorios. Además, apuntó que las inversiones relacionadas con este fondo tendrán que ponerse en marcha con toda rapidez, de modo que por ejemplo, «estén adjudicadas en abril y finalizadas en diciembre de 2009».
Reconoció también que los municipios asumen una «tremenda responsabilidad» a través de este fondo, por lo que garantizó que serán los primeros en fiscalizarse a sí mismos, porque son el «instrumento más importante contra la crisis» gracias a este dinero, por lo que agregó que ahora no pueden «fallar». Además, puntualizó que la Intervención General del Estado estará sobre ellos para «garantizar el buen fin» de ese fondo.
En la reunión de esta mañana estuvieron presentes el presidente Zapatero; el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda Pedro Solbes; y el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. Por parte de los ayuntamientos, estuvo la Comisión Ejecutiva de la FEMP al pleno, excepto el alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz. Castro valoró esta reunión como «tremendamente positiva».

28/11/2008 El Mundo
Madrid.- El Euribor ha cerrado noviembre con una media del 4,35% y abaratará las hipotecas que se revisen en diciembre en 36 euros al mes (435 al año), la primera rebaja que se produce desde septiembre de 2005.
El indicador ha experimentado en mes y medio el mayor recorte de su historia, de más de un punto y medio porcentual, desde el 5,51% que registraba a mediados de octubre, hasta el 3,951% de este viernes -su mínimo intradía desde diciembre de 2006
Este dato, que deberá ser confirmado por el Banco de España a mediados de diciembre, supone la mayor racha bajista -36 jornadas consecutivas- de los casi 10 años de vida del indicador, superior incluso a la vivida tras los atentados del 11-S.
La hipoteca media para vivienda en diciembre de 2007, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, fue de 143.739 euros.
Con un plazo de amortización de 25 años y un diferencial del 0,25%, la cuota mensual era de 823 euros, que en la revisión de este mes, a la que se aplica el tipo medio del mes anterior, en este caso noviembre, quedaría fijada en 786 euros.
De este modo, la rebaja es de 36,28 euros al mes o 435 euros al año, gracias a que el indicador comenzó noviembre en el 4,845%, y ha caído nueve décimas, hasta alcanzar el 3,951% de hoy.
No obstante, no todos los préstamos que se revisen en diciembre se beneficiarán del recorte, ya que a aquellos que se actualicen en los primeros días del mes se les aplicará el Euribor de octubre, pues las entidades prefieren utilizar la tasa oficial confirmada por el Banco de España a mediados de mes.
Respuesta a las medidas de apoyo
El Euribor, que es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero en la zona del euro y que suele subir o bajar en función de las subidas o bajadas de tipos de interés en la zona del euro, ha respondido finalmente a las medidas de apoyo al sistema financiero acordadas conjuntamente en octubre y noviembre por los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo.
Desde julio, cuando marcó su máximo histórico en el 5,393%, el indicador cayó en agosto al 5,323%, se recuperó ligeramente en septiembre hasta el 5,384 y volvió a caer en octubre hasta el 5,248%, aunque fue el día 2 de ese mes cuando marcó su máximo histórico intradía en el 5,526%.
A partir de entonces, y tras el derrumbe de la banca de inversión estadounidense Lehman Brothers, el Banco Central Europeo (BCE) dejó a un lado su inflexible política de lucha contra la inflación y procedió a recortar los tipos de interés hasta en dos ocasiones.
La tasa en la zona del euro está actualmente en el 3,25%, aunque los analistas consultados dan por hecho que antes de que acabe el año el BCE aprobará un nuevo recorte, lo que permitirá al indicador situarse, a comienzos del año que viene, en torno al 3,5%, e incluso algo por debajo.
Además, los expertos consultados apuestan por nuevos recortes de tipos en la zona del euro a lo largo de los primeros trimestres de 2009.
En condiciones normales, el diferencial entre los tipos de interés en la zona del euro y el Euribor es de entre el 0,30 y el 0,50%, aunque durante este año el indicador ha estado distorsionado por la crisis de liquidez y la desconfianza imperante entre las entidades financieras.

Consejo de Ministros. 28 noviembre 2008. Justicia
Seguirá el modelo actual del BOE y no supondrá la desaparición de la publicación de los ejemplares impresos.
Se garantizará el acceso universal y gratuito a la edición del Boletín en este nuevo formato.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la edición electrónica del Boletín Oficial del Registro Mercantil, adaptando esta publicación a las nuevas tecnologías y demandas de los ciudadanos.
La edición electrónica de este Boletín se ha configurado siguiendo el modelo de la edición electrónica del BOE y su estructura respetará la configuración actual de la edición escrita.
Igualmente, se ha previsto que el inicio de esta edición no suponga la desaparición de los ejemplares impresos, que se mantendrá a efectos de conservación y permanencia del diario oficial y también como medio de difusión en los supuestos en que no resulte posible la aparición de la edición electrónica.
Acceso universal y gratuito
Se garantizará el acceso universal y gratuito a la edición del Boletín en este nuevo formato, referenciado por días, incluyendo todos los boletines publicados desde el comienzo de la edición electrónica. Esto incluirá la posibilidad de búsqueda, examen de su contenido, así como archivo e impresión.
El acceso de los ciudadanos quedará también garantizado con la previsión de que exista un terminal electrónico en las oficinas de información y atención al ciudadano de las Administraciones Públicas y con el servicio gratuito de asistencia que la Agencia estatal del BOE debe ofrecer. La edición electrónica del Boletín tendrá las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta por las personas mayores y personas con discapacidad.
Los actos destinados a la publicación en la Sección primera del Boletín Oficial del Registro Mercantil se enviarán por el Registro Mercantil a la Agencia Estatal del BOE, mediante remisión a través de formato electrónico dotado de las garantías oportunas, mientras que los anuncios y avisos legales destinados a la publicación en la Sección segunda del Boletín se remitirán directamente a la Agencia Estatal BOE también en formato electrónico.
Dado que el contenido del Boletín Oficial del Registro Mercantil es diferente del BOE y el objetivo de la publicación tampoco es el mismo, al contenido de los actos, anuncios y avisos legales se les reconocerá el carácter y la eficacia jurídica que resultan de la ley, del Reglamento del Registro Mercantil y de las normas establecidas en el Real Decreto. En cualquier caso, los efectos de la edición electrónica del Boletín Oficial del Registro Mercantil serán los mismos que tenga su edición impresa.
El Ministerio de Justicia, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, las Comunidades Autónomas, las Cámaras Oficiales de Comercio y los Colegios Profesionales podrán suscribir convenios para la instalación de terminales informáticos que permitan a los ciudadanos realizar búsquedas y consultas en este Boletín.

Consejo de Ministros. 28 noviembre 2008. Economía y Hacienda

Se facilita una moratoria temporal parcial en el pago de las cuotas hipotecarias a los desempleados, a los autónomos con bajos ingresos y a quienes cobran pensión de viudedad.
Se reducen dos puntos las retenciones de los que están pagando una hipoteca.
Se amplía el plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda y se dispondrá de un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se haya adquirido otra.
Se bonifican los contratos a personas desempleadas con hijos a su cargo y se incrementará el porcentaje de capitalización de la prestación por desempleo para constituirse como autónomo.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que contiene un conjunto de medidas para aliviar la situación económica de las familias que están pagando una hipoteca y tienen dificultades, en especial de los desempleados, y para favorecer la creación de empleo, tras su aprobación por el Consejo de Estado.
Hipotecas
En primer lugar, se facilitará una moratoria temporal parcial en el pago de las hipotecas. Podrán solicitar esta moratoria los titulares de una hipoteca sobre su vivienda habitual suscrita antes del 1 de septiembre de 2008, siempre que el importe inicial de esa hipoteca fuera inferior a los 170.000 euros, no se encuentre en situación de mora y se cumpla alguna de estas condiciones:
Estar desempleado o pasar a estarlo antes del 1 de enero de 2010 y cobrar prestación por desempleo contributiva o no contributiva.
Ser trabajador autónomo que haya cesado su negocio o acredite ingresos anuales inferiores a tres veces del IPREM (algo más de 18.900 euros).
Ser pensionista de viudedad.
La aplicación de esta medida exigirá el acuerdo entre el interesado y la entidad de crédito.
El Ministerio de Economía instruirá al Instituto de Crédito Oficial para que concierte los correspondientes convenios con las entidades de crédito en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
Rebaja de las retenciones
La segunda medida del Real Decreto supone la reducción de las retenciones y los pagos fraccionados en el IRPF para los trabajadores que se aplican la deducción por adquisición de vivienda con financiación ajena.
Todos los trabajadores por cuenta ajena, que tengan ingresos por trabajo inferiores a 33.000 euros anuales y que se aplican la deducción por adquisición de vivienda habitual con financiación ajena en el IRPF, podrán solicitar una reducción de dos puntos en las retenciones aplicadas en sus nóminas.
Los contribuyentes que ya están pagando una hipoteca por su vivienda habitual y deseen que se les aplique la rebaja de retenciones podrán comunicarlo a su empresa antes del 31 de diciembre de 2008. La Agencia Tributaria pondrá a disposición de las empresas el modelo de comunicación que deberá utilizarse y el programa de ayuda para el cálculo de retenciones.
Si la hipoteca se empieza a pagar a partir del 1 de enero de 2009, el contribuyente deberá comunicarlo a la empresa en el momento en que comience a realizar los pagos.
En el caso de los autónomos, con ingresos anuales inferiores a los 33.000 euros, se podrán reducir el 2 por 100 de sus rendimientos en los pagos fraccionados.
Cuentas ahorro-vivienda
La tercera medida incluida en el Real Decreto es la ampliación del plazo para materializar el saldo de la cuenta ahorro-vivienda.
Los titulares de una cuenta ahorro-vivienda, cuyo plazo de cuatro años para materializar la inversión en la compra de una vivienda se cumpla entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2010 para llevar a cabo la compra de la vivienda.
Durante ese período de tiempo adicional las aportaciones que se realicen a la cuenta de ahorro-vivienda no tendrán derecho a desgravación fiscal.
Reinversión de ganancia por venta de vivienda
La cuarta medida del Real Decreto es la ampliación del plazo para vender la vivienda habitual, cuando previamente se haya adquirido otra, manteniendo la exención fiscal de la ganancia patrimonial obtenida.
Pueden acogerse a esta medida las personas que hayan adquirido su vivienda habitual en 2006, 2007 y 2008 y pensaran financiarla, en parte, con la venta de su vivienda habitual anterior. Hasta ahora disponían de un plazo máximo de dos años para vender su vivienda y poder aplicarse la exención fiscal de la ganancia patrimonial obtenida. Con esta medida, el plazo para vender la vivienda antigua, manteniendo la exención fiscal, se amplía hasta el 31 de diciembre de 2010.

Zapatero inyecta 11.000 millones de euros a los ayuntamientos y al sector de la automoción
Destinará una dotación de 8.000 millones a incentivar la economía con obras locales
Otros 800 millones se dirigirán al sector del automóvil
‘Esperamos conseguir la generación de 300.000 puestos de trabajo en el próximo año’
Rajoy tacha las propuestas como un ejemplo más de ‘desbarajuste’ y ‘desorden’
Marisa Cruz | Manuel Sánchez. El Mundo
Madrid.- El presidente del Gobierno ha acudido este jueves a la Cámara con un cheque bajo el brazo de 11.000 millones de euros para nueva inversión pública. Con este dinero se pretende reactivar la economía y muy especialmente generar empleo ””hasta un total de 300.000 nuevos puestos de trabajo”” y evitar, en paralelo, que se destruyan aún más.
Según anunció Zapatero, casi el 80% de este crédito extraordinario se destinará a la inversión pública en el ámbito local, es decir, en los ayuntamientos.
Con esta dotación, el Gobierno espera crear 200.000 empleos. Los 100.000 puestos de trabajo restantes se generarán en otros sectores a los que también se dirigirá este crédito, con cargo a 2008 y que se complementará con los Presupuestos Generales del Estado para 2009. El segundo sector más favorecido por este fondo será el sector del automóvil.
En concreto, habrá un Plan Integral de Automoción financiado con 800 millones de euros, muy vinculado a evitar la destrucción de empleo en este sector en el que trabajan más de 300.000 personas.
El resto del crédito extraordinario se destinará para actuaciones medioambientales (600 milllones de euros), inversión en I+D (500 millones de euros); otros 400 millones de euros para rehabilitación de casas cuartel y comisarías; 120 millones de euros más para rehabilitación de vivienda y 30 millones para incentivar el turismo social.
Zapatero inscribió esta última medida en un plan global para el estímulo de economía y del empleo que, según dijo, se asienta en cuatro ejes: reducciones fiscales y ayudas a las familias y empresas; medidas de reactivación y de fomento directo del empleo; medidas extraordinarias de apoyo al sistema financiero y medidas de modernización de nuestro modelo productivo.
Finalmente, Zapatero mostró su optimismo antropológico y dijo que no es tiempo «para la resignación fatalista».
El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acogió el plan del presidente señalando que, en la medida que implica reconocer la crisis en toda su profundidad, es un «paso en la dirección correcta»; sin embargo, no dudó en tachar el conjunto de propuestas lanzadas por Zapatero como un ejemplo más de «desbarajuste» y de «desorden».
Los planes de actuación a los que se dedicarán las nuevas medidas no son en realidad muy novedosos. De actuaciones muy similares para incentivar la inversión local, promover el medio ambiente, impulsar el I+D+i, alentar la rehabilitación de edificios y dar un empujón a la ley de Dependencia, se viene hablando desde el pasado mes de septiembre. En definitiva, lo verdaderamente nuevo es el dinero que se desbloquea a través de un crédito extraordinario que se aprobará este mismo viernes en Consejo de Ministros.
Se trata este del séptimo paquete de medidas que presenta el Gobierno para intentar afrontar la crisis desde que se inició la legislatura el pasado mes de abril. Hasta la fecha y pese a todas las actuaciones puestas en marcha, los datos económicos no han dejado de empeorar. El líder de la oposición aprovechó bien esta circunstancia para ahondar en el hecho de que hasta ahora ninguna de las novedades anunciadas por Zapatero han dado el resultado previsto.
Ni estas medidas ni las anteriores, afirmó Rajoy, responden a un plan ordenado y completo que actúe tras un correcto diagnóstico, que sirva para generar credibilidad y confianza y haga previsible la actuación del Gobierno.
Pese a que Zapatero quiso recalcar que esta nueva batería de medidas es un «poderoso arsenal, inédito por su magnitud», el líder del PP no dudó en adelantar las dos consecuencias más peligrosas que un incremento del gasto público como el que ahora se plantea puede traer aparejado: un mayor endeudamiento y un incremento de la presión fiscal.
No obstante, Rajoy, pese a su tono escéptico, se mostró dispuesto a estudiar con detenimiento todas las medidas anunciadas y apoyarlas en su caso. Eso sí, advirtió al presidente de que todas ellas son de su «exclusiva responsabilidad» y que si fracasan no debe culpar de ello ni al G-20 ni a la Unión Europea, porque, dijo, «nadie le ha obligado a usted a tomarlas».
La intervención de los demás grupos parlamentarios ha ido, por el momento, en esa misma línea, tachando el plan del Gobierno de inconexo. Así, Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) ha acusado a Zapatero de que se trata de «un popurrí de medidas». Joan Ridao (ERC), por su parte, ha dicho al presidente del Gobierno que afronta la crisis «a perdigonazos». Todos ellos le han pedido hasta ahora que rehaga los Presupuestos Generales del Estado de 2009.
Las formaciones políticas del Grupo Mixto BNG, UPyD, NaBai y UPN también recibieron con recelo las nuevas medidas, mientras que CC, integrante del mismo grupo, las defendió, pues consideró que «son más necesarias y útiles» que las dedicadas al sector financiero. Al igual que la formación canaria, también el PNV apoyó las medidas, que consideró «esencialmente correctas».

Un buen sistema hipotecario puede resolver muchos problemas.
Vicente J. García-Hinojal. Gaceta.es

Asistimos con preocupación creciente a la mayor crisis económica a nivel global de los últimos años. Las que se creían, hasta ahora, sólidas bases en que se asienta el capitalismo no sólo se tambalean, sino que se desmoronan por momentos llevando a los mercados a una sima que parece no tener fondo. Pero, ¿cómo es posible que unas hipotecas constituidas por la Banca Americana no respondan a la realidad, ni a la calificación de los bancos que las crearon y acaben contaminando a todo el sistema financiero mundial? La respuesta parece clara en cuanto al aspecto inmobiliario y crediticio; por un lado falta de controladores independientes y de un sistema hipotecario de derechos y, por lo que respecta a nuestro país, la conculcación de los parámetros que deben regir la concesión de los préstamos hipotecarios, unido a algo tan sencillo como la codicia.

La economía americana no tiene unas bases tan sólidas como aparenta y que carece de reguladores independientes, necesarios en cualquier sistema económico y máxime en uno que es el referente mundial. A este respecto cabría señalar que la existencia de un sistema hipotecario basado en un registro de derechos como el español habría minimizado o, atenuado cuanto menos, la gestación y la realización de esta crisis. ¿Por qué?, pues porque las hipotecas existen no desde que se firma la escritura de su constitución, sino desde que se inscriben en el Registro de la Propiedad; porque su orden en las cargas que pesan sobre la finca no se produce de modo aleatorio y oculto, sino que viene dado por el orden que le corresponde en el historial de la finca sobre la que recaen y a la que gravan; además la titularidad y gravámenes que pesan sobre la finca y que vinculan a un tercero posible adquirente y que son determinantes para averiguar el valor de mercado o negocial de esa finca se puede averiguar obteniendo una nota simple informativa del Registro de la Propiedad donde radique y si además se obtiene una certificación registral el registrador firmante responde con su patrimonio particular de lo que en ella consta y al tercero sólo le pueden vincular las cargas que figuran en dicho documento igual que sólo le vinculan las cargas inscritas y anotadas en el Registro de la Propiedad y por su orden de inscripción; pero además si existiese una Ley del Mercado Hipotecario, existe una ratio por la que el préstamo concedido no puede exceder del 80% del valor de tasación del inmueble si éste se destina a vivienda.

Resulta muy difícil la existencia a escala masiva de hipotecas basura que no tiene más fundamento que el aire. En nuestro país, de unos años para acá parecía que las entidades crediticias habían levantado la veda entre ellas, lanzándose a una vertiginosa carrera para ver quién concedía más créditos hipotecarios, a más plazo y con cuotas más bajas, lo que habría sido magnífico si no se hubiera conculcado, en un gran número de casos, la Ley del Mercado Hipotecario al no respetar esos parámetros de un ajustado valor de tasación como máximo del importe del préstamo a conceder y, todo ello, sin que, aparentemente, la autoridad económica pusiera orden en este mercado intervenido y oligopolista y además, con el agravante de que muchos créditos se dieron en el límite de la capacidad de ahorro de las familias ¡con unos intereses hipotecarios al 3,20%!

A lo anterior hay que sumarle un ritmo de construcción desenfrenado fomentado por las circunstancias, pero también por las autoridades municipales y autonómicas principalmente, que vieron en dicho fenómeno una fuente aparentemente inagotable de ingresos, lo que nos ha llevado a la situación actual, que demuestra que las economías que crecen desmesuradamente sin bases sólidas tienen poco recorrido y que la “avaricia rompe el saco” por lo que inmersos en la misma crisis vemos países y ejemplos distintos pero clarificadores; un gigante sin una adecuada regulación jurídica y sin controladores independientes puede acabar en un desastre económico y otro país como el nuestro, con el adecuado marco legal pero sin una autoridad que ejerza su potestad suele acabar peor que el primero.

Vicente J. García-Hinojal es jurista.

La consultora inmobiliaria Aguirre Newman calcula que harán falta «al menos» tres años y medio para absorber el stock total de viviendas de primera residencia ante el aumento de los plazos de comercialización, que seguirán incrementándose en 2009.
Un sitio web con énfasis en noticias sobre ciencia y tecnología. Combina social bookmarking, blogging y sindicación con una organización sin jerarquías, con control editorial democrático.
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
Ep – Madrid – 27/11/2008 Cinco Días
Según un informe sobre la coyuntura global del mercado inmobiliario elaborado por esta firma, la crisis crediticia está agudizando el «desplome» del sector residencial. De hecho, de enero a septiembre se han vendido 447.686 viviendas, un 28% menos que en igual periodo de 2007.
Los plazos de comercialización han experimentado un aumento «notable» y se sitúan ya en 30 meses para viviendas de primera residencia y en 50 meses para vivienda vacacional, con incrementos del 31% y del 47%, respectivamente.
La situación ‘no pinta’ mejor para 2009-2010, años donde la actividad promotora continuará experimentando una «considerable reducción». Así, Aguirre Newman prevé que frente a las 250.000 viviendas que podrían haberse iniciado en 2008, en 2009 no se lleguen a superar siquiera las 150.000 unidades, entre viviendas libres y protegidas.
Los precios, por su parte, proseguirán su tendencia bajista y registrarán descensos de entre el 6% y el 12% en el caso de las primeras residencias y de entre el 10% y el 20% en las viviendas destinadas a vacaciones. Sin embargo, la consultora advierte de que sólo un ajuste del precio de la vivienda superior al 20% permitiría volver a tasas de esfuerzo del 30% para un coste medio de financiación del 5%.
Aguirre Newman estima que el protagonista del mercado residencial en 2009 será el alquiler y que se producirá una «dinamización generalizada» de la demanda de este tipo de viviendas debido a la diferencia de costes entre el arrendamiento medio y la cuota hipotecaria de una vivienda media.
Respecto al mercado de suelo, Aguirre Newman considera que el ejercicio 2008 ha marcado un «punto de inflexión», de forma que las valoraciones del suelo volverán a situarse en niveles razonables.
El informe señala que los únicos proyectos que se llevarán a cabo serán aquellos en los que se haya limitado al máximo el riesgo de comercialización, como los proyectos ‘llave en mano’ en desarrollosterciarios y los proyectos residenciales en la modalidad de cooperativa.
En cuanto a los niveles de precios alcanzados en los últimos años, la consultora afirma que la «esperada» bajada de precios de la vivienda nueva se trasladará inevitablemente al suelo.
El mercado terciario también se deteriora
Frente a la desaceleración del sector residencial, el sector terciario (oficinas, centros comerciales y logístico) se ha mantenido «razonablemente estable» en 2008, si bien Aguirre Newman vaticina un «deterioro más acusado» para ciertos segmentos del mismo durante 2009.
En concreto, en el segmento de oficinas, la consultora cree previsible que el año próximo aumente la desocupación, hasta situarse entre el 7% y el 8% del stock en Madrid y entre el 7,5% y el 8,5% del de Barcelona. Además, el desarrollo de nuevos proyectos con fecha de entrega posterior a 2010 se retrasará o detendrá en 2009, según Aguirre Newman.
En el segmento de centros comerciales, la firma prevé que la oferta aumente un 34% para 2010 y se alcancen los 17 millones de metros cuadrados de superficie bruta alquilable.

El elevado coste económico pone freno a la estabilidad presupuestaria, que puede alcanzar un déficit público del 4% del PIB.

J. García/ C. Porras. Negocios.com
La actual crisis económica global ha puesto con total vigencia la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que abría la puerta a déficit públicos superior al 3%.

Realizando una interpretación literal de esta reforma, que ya cumple cerca de tres años, los estados europeos se han lanzado de lleno a poner en marcha una elevada cantidad de medidas de un coste económico elevado para salvar a los sectores en crisis.

España no va a estar ajena a esta forma de hacer frente a una de las peores, sino la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929, y su precio no será otro que olvidarse de la estabilidad presupuestaria de los últimos años y cerrar tanto este ejercicio como el que viene con números rojos.
Desde Economía ya se confirma que las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo, así como las que anunciará hoy el presidente del Gobierno, llevarán el déficit público más allá del 3% del PIB, acercándose peligrosamente al 4%. Rodríguez Zapatero garantizará que se mantendrán intactos los compromisos de gasto social y de inversiones productivas que generen empleo en los presupuestos para 2009.

El presidente del Gobierno dará a conocer en el Congreso una nueva batería de medidas que sumadas a las ya anunciadas se acercarán al centenar. Según ha podido saber La Gaceta, esta batería, que se suma a las anunciadas por la amplía mayoría de las economías desarrolladas, estarán centradas en la creación de empleo.

Según afirmó Zapatero recientemente, «tener uno o dos años» de déficit no planteará ningún problema en el futuro «por las buenas condiciones de partida», y permitirá además mantener el gasto para relanzar la economía. Tampoco el radical cambio de escenario macroeconómico, a peor, modificará el proyecto de presupuestos generales del Estado diseñado por su Gobierno para 2009. Los compromisos de gasto se mantienen «intactos» y los ingresos irán aumentado en la medida en que le economía responda mejor, ha añadido.

Se mantendrán las inversiones previstas en infraestructuras e I+D+i, los aumentos de las pensiones mínimas y las becas y las partidas destinadas a la Ley de Dependencia, a la ayuda para el alquiler de vivienda por parte de los jóvenes menores de 30 años y a la prestación de 2.500 euros por nacimiento de un hijo.

Europa Press | 26/11/2008 El Economista
El antiguo jefe de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, ha sido seleccionado por el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, para que forme parte de su futura Administración. En concreto, Volcker se encargará de dirigir un nuevo consejo asesor en materia económica creado especialmente para estabilizar los mercados financieros en plena crisis internacional, según informaba hoy el periódico The Wall Street Journal, tal y como ha confirmado después Obama.
El diario, que cita fuentes demócratas, señala que Paul Volcker, economista de la Universidad de Chicago y asesor de campaña Austan Goolsbee, se convertirá en director ejecutivo de esta comisión. Este nuevo grupo no tendrá poder de decisión en el Departamento del Tesoro, aunque previsiblemente sí tendrá importancia a la hora de asesorar a Obama fuera de los canales burocráticos habituales.
En este sentido, entre sus labores figurará la de ayudar al diseño e implementación de programas de impulso económico, a asuntos en materia de empleo o a enfrentar la crisis del sector de la vivienda, entre otras encomiendas. Además, según el diario estadounidense, supervisará el mercado financiero, después de los últimas catástrofes empresariales y bursátiles.

Diario de Noticias, 25 Nov. 2008, Editorial LA LEY
El CGPJ censurará previsiblemente mañana el anuncio de los paros y se pronunciará sobre las actas de las reuniones del viernes
Madrid.- El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sostuvo hoy que los jueces no tienen derecho a huelga, como «no puede tenerlo» ningún poder del Estado y explicó que, del mismo modo, «no se entendería que el Gobierno se pusiera en huelga».
«Un poder del Estado no tiene ningún derecho a hacer huelga, no puede tenerlo», afirmó el ministro, en declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la huelga que han convocado los jueces de Extremadura y Murcia para el próximo 18 de febrero.
Así, Bermejo defendió que los poderes del Estado «deben comportarse de otra manera», porque «el poder judicial que reside en cada uno de los jueces no se puede dejar en el perchero al entrar al juzgado».
Para el ministro, esta huelga es algo «insólito, por desproporcionado y por inoportuno», más ahora, cuando, teniendo en cuenta la evolución de la justicia, «estamos mejor que nunca». «Nunca antes se habían creado más jueces en una legislatura, más puestos de fiscal, de secretarios judiciales, de funcionarios», remachó.
De esta manera, Bermejo instó a hacer «una reflexión colectiva», en la que todos pongan «en común todo el esfuerzo por hacer que la justicia funcione cada día mejor». «Necesitamos el esfuerzo de todos, pero sobre todo el de los jueces para que la justicia funcione», remachó.
Por su parte, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) previsiblemente censurará mañana el anuncio de huelga, una vez que este órgano ha recibido las actas de las reuniones.
Según han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, el pleno se pronunciará sobre el anuncio de paro, sin precedentes en este colectivo, y sobre dichas actas, algunas «muy duras» como la de los jueces de Murcia.
Los jueces de Murcia en su acta señalan que no se sienten representados por el CGPJ y añaden que el Plan de Modernización aprobado recientemente por el órgano de gobierno de los jueces no es un plan, sino un «PowerPoint».
Además, señalan que el citado Plan «se extiende a cuestiones sobre las que el Consejo carece de competencia» y «no constituye sino un catálogo de problemas cuando lo que reclamamos son soluciones concretas, efectivas e inmediatas».
El derecho de huelga, según explicó el pasado viernes la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, «no está reconocido, ni prohibido. No está previsto».
«Cuando las actas nos lleguen van a ser examinados todos los acuerdos que en las juntas se haya adoptado y por supuesto sobre los acuerdos que no cumplan los requisitos legales o aquellas decisiones que puedan infringir algún precepto legal se adoptarán las medidas que correspondan», dijo.

23/nov/08 Jesús López Medel. El Día
En buena parte ya se han acabado las actitudes y las reacciones en torno al resultado electoral americano de McCain y Obama. El título de este comentario se toma de las primeras palabras del aspirante a la presidencia del Gobierno de los Estados Unidos -un héroe nacional, por otra parte- en representación de los republicanos, al conocerse el triunfo del aspirante demócrata. Ese «caminemos juntos» es, entre otras cosas, un signo de madurez del pueblo norteamericano y de su democracia. Y algo del que deberíamos aprender mucho los pueblos continentales de Europa, y especialmente entre nosotros. Aunque ante cada uno, personal o colectivamente, las primeras preguntas hayan sido si ese triunfo del afroamericano es bueno o no, si interesa o no, respecto a las respectivas pretensiones ideológicas.
Y lo primero que habría que recordar son las diferencias culturales y de historia que han hecho al pueblo -y a la democracia norteamericana- como es. No olvido mi primer viaje a los Estados Unidos, en 1976, con ocasión de un Congreso Mundial de Educación, en el Estado de Nueva Jersey. Con la llegada al aeropuerto de Nueva York, y todo el trayecto hasta llegar al lugar de nuestra residencia en una escuela de dicho Estado. Había venido hacía poco de Zaragoza, ciudad que celebraba su bimilenario. Y nosotros llegamos a Nueva York conmemorando el bicentenario de los Estados Unidos. Allí estaba mi tierra, y mi España, bimilenaria. Y en la norteamericana, la bicentenaria. Algo ha tenido que pasar. Y preguntando mucho, en los quince días de mi estancia, con tres de mis hijos -pequeños entonces- pude describir que Norteamérica, partiendo de cero, había hecho de su cultura naciente, de su educación, de su integración social, un instrumento de comprensión, de hacer historia, de madurez intelectual e investigación. Mirar hacia delante. «Caminemos juntos». En libertad, partiendo de la más innata en el hombre, la libertad religiosa y escolar, por el sentido trascendente en la persona, en la familia y en la familia. Por eso las banderas del Estado están a las puertas e incluso dentro de la catedral de San Patricio. Por eso, Norteamérica estuvo al lado de la cultura occidental en las dos guerras mundiales. El marxismo y el comunismo no han tenido cabida en su sociedad.
Claro está que el momento de ese triunfo electoral es histórico. Porque Irak y las desviaciones y corruptelas capitalistas han podido «motivar» ciertas decisiones electorales. Obama tendrá que reconsiderar ciertas causas «internacionalistas», pero sobre todo no pocas actitudes de la burocracia capitalista, y algunas no éticas -avaricia y riesgo-. También la instrumentación de la seguridad jurídica preventiva -el notariado y el registro de la propiedad son inexistentes en Estados Unidos sustituidos por un financiamiento de seguros-, que motivan inicialmente una «burbuja inmobiliaria» de consecuencias superiores a las producidas en el continente europeo.
Habrían de haberse releído -no estoy seguro- la obra de Max Weber «La ética protestante y el espíritu del capitalismo», que, publicada en los años 20, y traducida del alemán por Legaz Lacambra, en 1955, vuelve a reeditarse, muy oportunamente, en este año. Tras un estudio a fondo de las diversas religiones -sin olvidar a Tomás de Aquino y a la naciente doctrina social de la Iglesia-, Weber, con aire salmantino, llega a afirmar que «la acción secularizadora de la riqueza» tiene que ser completada con un ascetismo que «transforma el mundo y se realiza en el mundo». También en esto será bueno elogiar la expresión de McCain: «Caminemos juntos».

La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) firmó hoy un convenio con el Registro Nacional de la Propiedad Automotor que le permitirá cruzar información con el organismo nacional y trabar medidas cautelares contra contribuyentes en juicio que pretendan transferir vehículos fuera de la provincia de Buenos Aires.
El convenio que habilita al organismo recaudador bonaerense fue rubricado entre el titular de la ARBA, Santiago Montoya, y el subdirector del Registro de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, Miguel ́ngel Gallardo.

Con el acuerdo, según confiaron desde ARBA, el fisco de la provincia podrá «trabar un promedio de 1.500 medidas cautelares mensuales por una deuda aproximada de 5 millones de pesos por mes, lo cual anualmente alcanza a 60 millones de pesos, y avanzar así con los juicios pertinentes para recuperar los montos que se deban».

Tras la firma Montoya expresó su satisfacción porque «este es un paso adelante muy importante. La gran noticia para la sociedad es que con el gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, trabajamos coordinadamente para hacer más eficiente nuestra tarea».

La operatoria que se instrumente respecto de medidas cautelares sólo estará relacionada con inhibiciones generales de bienes que disponga ARBA y serán incorporadas al sistema integrado de anotaciones personales que administra la Dirección Nacional. La acción tendrá efecto en cada registro seccional a partir de las cero horas del día siguiente al de su comunicación, y gozará de prioridad respecto de los trámites que se presenten en cada registro con posterioridad a esa oportunidad.

——————————————————-

Ojo ! ARBO y AIRE no se han fusionado. Sonría, por favor

25-11-08 , D. Torres / J. M. Lamet Expansión
El Gobierno ha rediseñado la regulación de las sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario (Socimi) a la medida de los bancos, que entrevén una salida ventajosa para sus activos inmobiliarios y están llamando a las puertas de los bufetes a fin de estar preparados cuando se apruebe la norma (ahora en su segundo borrador).
La banca pretende rentabilizar con estos instrumentos parte de los inmuebles y solares que acumula tras el parón de la demanda y el ahogamiento financiero de las inmobiliarias. No en vano, ya ha comunicado compras por más de 3.500 millones de euros.
Tres de los cinco despachos de abogados más importantes de España han confirmado a EXPANSIÓN el gran “interés” de bancos y cajas por las Socimi, conocidas en todo el mundo por su denominación anglosajona: REIT (Real Estate Investment Trust). Éstas son vehículos cotizados de inversión inmobiliaria volcados en el alquiler.
El segundo borrador del proyecto de ley, que el Ministerio de Economía y Hacienda colgó en su web la semana pasada, da “un giro de 180 grados” respecto al primer texto, según ha explicado el director general de Tributos, Jesús Gascón. Y ese viraje apunta directamente a bancos y cajas, que buscan salida a los pisos que no pueden gestionar los promotores (ver este diario del 6 de noviembre).
Las entidades reclaman a los bufetes la creación urgente de sociedades de inversión inmobiliaria
Los REIT, según aparecen en el documento, deben tener un capital mínimo de 15 millones de euros y basar su negocio, en al menos un 85%, en el arrendamiento de inmuebles. Éstos deberán permanecer arrendados al menos tres años, lo cual genera un rendimiento fijo mientras amaina la tormenta financiera. Además, estos vehículos tributan con un tipo reducido del 18%, y los dividendos -que deben ascender al 90% de los beneficios- están exentos.
Además, el endeudamiento de una Socimi no puede superar el 60% del capital, requisito que disuadiría a muchas inmobiliarias y no a los bancos, en muchos casos anteriores acreedores de los activos que gestionan. Pero la gran ventaja con respecto al primer borrador es sin duda que se eliminan las restricciones sobre la concentración del capital en manos de un solo socio, así que ésta puede llegar al 75%. Antes el tope era el 5%. Y en cuanto la participación de las entidades en la Socimi baje del 50% podrán sacar de balance los activos, limpiando así su expediente.
Y afloja la soga en el cuello de las empresas inmobiliarias. Sólo en el tercer trimestre de 2008, los concursos de acreedores subieron un 260% respecto al mismo periodo del año anterior, y casi la mitad de las firmas pertenecía al sector de la construcción.
Si a esto se suma que más del 90% de los procedimientos concursales acaba en liquidación, el resultado es que la banca está absorbiendo una cantidad importante de activos que tienen difícil salida en el mercado. Por ello, la tasa de morosidad de bancos y cajas está subiendo como la espuma: ha pasado del 0,69% al 2,12% y del 0,79% al 2,96%, respectivamente, desde septiembre de 2007 al mismo mes de 2008. Paralelamente, los balances de las entidades se están llenando de activos inmobiliarios.
Ambas variables tienen consecuencias nocivas “desde el punto de vista reputacional” para bancos y cajas, como explica Juan Antonio Pérez, socio de Uría Menéndez. Y, en un contexto en el que las potencias y los países emergentes se reúnen para inyectar “confianza”, la credibilidad resulta clave para cualquier entidad.
La solución tradicional, la utilizada en la crisis de los 90, consistía en “crear filiales fuera de balance para gestionar los inmuebles”, explica otro abogado. Ahora el Gobierno ha optado por un nuevo apoyo al sector, poniéndole en bandeja y en el momento justo un vehículo mucho más apetecible.
Ello está en línea con una caída de la actividad en el mercado de vivienda libre, a la espera de que se reabsorba el stock de viviendas sin vender, y con el impulso gubernamental a los pisos sociales, que hasta ahora no había dado frutos. Pese a todo, las cifras ponen de manifiesto que la actividad del sector se mantiene en caída libre.
Así, tomando en consideración la suma de todos los visados de nueva obra, la cifra no superó los 48.315 permisos durante el tercer trimestre, un 63,4% menos que en igual periodo de 2007. Además, la compraventa de viviendas registradas en el tercer trimestre alcanzó las 130.884 operaciones, lo que supone un descenso del 30,4% respecto al mismo periodo de 2007, según los registradores de la propiedad.
¿Qué son los REIT?
– Son sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. En inglés, REIT (Real Estate Investment Trust). El Congreso de EEUU las creó en 1960 para que las inversiones residenciales a gran escala fueran accesibles a pequeños inversores.
– Se han implantado con éxito en varios países europeos. España se ha decidido ahora a hacerlo. Según el borrador de la ley que que los regulará, deben tener un capital mínimo de 15 millones de euros y basar su negocio, en al menos un 85%, en el alquiler.
– Tributarán con un tipo reducido del 18% en Sociedades, y los dividendos -que deben ascender al 90% de los beneficios- están exentos. Los socios podrán acaparar el 75% del capital, lo cual sienta como un guante a las entidades financieras.

Es el quinto mes consecutivo en el que las cuentas del Estado registran un saldo negativo por la intensa desaceleración de la economía.

Negocios.com Madrid. El Estado registró un déficit de 8.585 millones de euros hasta octubre, en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 0,78% del PIB, frente al superávit de 27.779 millones obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos de ejecución presupuestaria anunciados hoy en el Congreso por el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña.
Este resultado es consecuencia de unos ingresos no financieros del Estado que se situaron en 116.739 millones de euros, y de unos gastos no financieros que alcanzaron los 125.324 millones de euros.
Este es el quinto mes consecutivo en el que las cuentas del Estado registran un saldo negativo por la intensa desaceleración de la economía española, desde que el pasado mes de junio la crisis arrastrara a la administración central al déficit, tras tres años consecutivos de superávit.
En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en los primeros diez meses del año un déficit de 6.818 millones de euros, frente al superávit de 25.079 millones obtenidos en el mismo periodo de 2007.

Ayuntamiento de Málaga. 24.11.08 Sur.es
La Gerencia Municipal de Urbanismo y el Registro de la Propiedad compartirán las bases cartográficas del municipio gracias a un convenio firmado hoy entre el concejal, Manuel Díaz Guirado, y el delegado de los Registradores de Málaga y Melilla, Luis Antonio Martín Hernández. Esta acción permitirá armonizar la información registral y urbanística que poseen ambos organismos y agilizar, de este modo, los trámites que competen a las dos administraciones.
Mediante este acuerdo, la GMU facilitará a los Registros de la Propiedad de Málaga una copia de la información geográfica disponible, constituida por un mosaico de ortografías en formato JPG que cubre todo el ámbito municipal realizado en el año 2007, así como de la cartografía vectorial en formato DGN o DWG realizada en el año 2004, a escala 1/2000, que abarca el 60% del territorio municipal y sus diversas actualizaciones.
Por su parte, los Registros de la Propiedad entregarán a la GMU las bases gráficas registrales y sus actualizaciones de su respectivo distrito hipotecario. Asimismo, el citado convenio facilitará tanto a la GMU como al Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Málaga (GESTRISAM) el acceso gratuito y directo de notas simples informativas en la ventanilla de cada Registro.
Por otro lado, desde el Registro de la Propiedad se advertirá a quienes obtengan Notas Simples de las posibles deudas con el consistorio y de la situación urbanística en el apartado de “Observaciones”. Además, en colaboración con GESTRISAM desarrollará los trabajos necesarios para incorporar la información tributaria relacionada con las fincas inscritas en los mismos.
Del mismo modo, el Registro de la Propiedad informará a los usuarios de sus servicios sobre la obligación de cumplimentar las declaraciones pertinentes en relación a tributos municipales que de alguna forma se vean afectados por las modificaciones de carácter físico, económico o jurídico que operen en las fincas matriculadas en los mismos.
Por último, el convenio también establece diversas fórmulas de colaboración entre ambos organismos como el intercambio de publicaciones y trabajos de investigación, la colaboración en la organización de encuentros, cursos, jornadas o seminarios sobre materias urbanísticas, registrales, medioambientales o cartográficas así como la realización de proyectos conjuntos dirigidos a incrementar la difusión de las actividades de cada una de las partes.

Más del 50% del nuevo crédito hipotecario fue contratado por las cajas de ahorros, pese a que redujeron su cuota de mercado un 1,7%
Madrid, 24 Nov. (Europa Press) –
El total de compraventas de viviendas registradas en el tercer trimestre alcanzó las 130.884 operaciones, lo que representa un descenso del 30,4% respecto al mismo periodo del pasado año, según la estadística que elabora el Colegio de Registradores de la Propiedad.
Si se toman los últimos doce meses, las transacciones sumaron 610.052 operaciones, con un descenso respecto al total a 30 de septiembre de 2007 del 26,5%. La mayor caída correspondió a la vivienda usada (-36,3%) frente a la nueva (-13,3%).
En términos intertrimestrales, el descenso fue del 8,6% y la mayor caída volvió a registrarse en el segmento de vivienda usada, con un descenso del 13,1%, mientras que la disminución en el caso de la vivienda nueva fue del 3,6%.
Por otra parte, de las ventas contabilizadas en el tercer trimestre, hasta 71.896 (54,9%) correspondieron a viviendas nuevas (49,8% libres y 5,08% protegidas), mientras que 58.988 fueron viviendas usadas (45%).

Por comunidades autónomas, todas ellas experimentaron tasas interanuales negativas, con Cataluña a la cabeza (-42,6%), seguida de Baleares (-39,4%), Navarra (-34,8%) y Comunidad Valenciana (-29,8%). También destacaron los descensos en la Comunidad de Madrid (-27,2%), País Vasco (-27,1%), Aragón (-26,6%) y Canarias (-25,6%).
Las Cajas acaparan la mitad de las nuevas hipotecas
Por otro lado, las cajas de ahorros se hicieron con el 50,8% de los contratos hipotecarios durante el tercer trimestre del año, frente a la cuota del 40,2% de los bancos y de 8,8% de otras entidades. Sin embargo, las cajas de ahorros continuaron reduciendo su cuota de mercado (-1,7%) durante este periodo a favor de los bancos (+1,4%) y otras entidades (+0,35%).
Según los registradores, el importe medio del crédito hipotecario por vivienda volvió a descender (-2,4%) por tercer trimestre consecutivo, hasta quedar situado al cierre de septiembre en los 140.193 euros.

Además, esta caída se produjo en todas las agrupaciones financieras, con un 3% en el caso de las cajas, del 1,7% en el de los bancos y del 1,5% en el de otras entidades financieras. En tasa interanual, la reducción de este importe fue del 3,9%, siendo especialmente acusada en el caso de los cajas de ahorro, con una caída del 5,9%.
Por otro lado, la cuota hipotecaria mensual alcanzó los 834,33 euros en el tercer trimestre del año, lo que supone el 47% del coste salarial del segundo trimestre (último dato conocido). Pese a todo, esta cuota representaba casi dos puntos más el trimestre anterior (48,7%).
En cuanto a la duración de los créditos hipotecarios, ésta se redujo por segundo trimestre consecutivo, alcanzando un promedio de 26 años y 3 meses, frente a los 26 años y 11 meses del trimestre anterior.
Por otro lado, los tipos de interés contratados en las hipotecas mantuvieron durante el tercer trimestre el tradicional predominio de los tipos variables (98,3% de los créditos), mientras que los tipos fijos tuvieron nuevamente un peso residual (1,6%).

Los afectados pidieron 16.700 euros a una empresa de créditos rápidos y se encontraron con que tenían que pagar 60.000 en seis meses
José Antonio Martínez. Información
Un juez de Alicante ha aplicado la primera condena por usura contra una empresa de créditos rápidos desde el estallido de la crisis económica. El fallo, al que ha tenido acceso este diario, anula un préstamo en el que a una familia se le imponían intereses de hasta un 500 por ciento. Les dejaron 16.000 euros pero se encontraron con que tenían que pagar 60.000 antes de seis meses a otro prestamista privado, que había comprado la deuda. Ante notario, les habían obligado a firmar una letra de cambio por la que se la cedían a este prestamista. Según el fallo del juzgado de Primera Instancia número siete, las condiciones del contrato «fueron leoninas» y aceptadas por el prestatario por «su situación angustiosa», sin que conste en el contrato a cuánto ascendía el crédito principal, ni el tipo de interés que se aplicaba. La resolución no es firme y puede ser recurrida a la Audiencia Provincial.
Hace cuatro meses, otro juzgado de Alicante anuló otro crédito que aplicaba intereses del 120% en un caso similar. Sin embargo, en aquella ocasión no se aplicó la Ley de Usura, y se limitaba a rebajar la cuantía de los intereses que se debían abonar.
Esta vez, el juez establece que los afectados sólo paguen el dinero que se les prestó, sin que la entidad tenga derecho a cobrar interés alguno. En este caso, la familia afectada ya tenía subastada la vivienda y en cualquier momento podían ir del juzgado a echarles. El prestamista había iniciado el proceso para embargar la casa por impago y un juzgado de Torrevieja le había dado la razón. Esa sentencia no había sido ejecutada porque se había recurrido a la Audiencia. Este nuevo fallo anula la letra de cambio con el prestamista. La sentencia ha frenado este procedimiento. Asimismo, obliga a la financiera a pagar las costas del procedimiento y a que retire todas las cargas registrales del inmueble que había puesto en el Registro de la Propiedad.
El caso empieza en el año 2005 cuando los afectados necesitaban con urgencia 16.700 euros y los bancos ya les habían cerrado el grifo y no daban más crédito. Se trata de una familia de origen chileno y nacionalidad sueca, que estaba afincada en Torrevieja. Sobre la vivienda ya tenían dos hipotecas, tenían pendientes letras del coche, así como pagos realizados con la tarjeta de crédito tras atravesar una mala racha. En estas circunstancias dieron con la empresa financiera que les daba la oportunidad de reunificar todas sus deudas. La financiera les ofrecía pagar todas sus letras al instante y, a través de este crédito puente, la oportunidad de refinanciar sus créditos para pagarlos durante 40 años. Esta hipoteca, que iba a ascender hasta los 100.000 euros, no se llegó a firmar ya que la financiera se quitó de enmedio cuando vendió el crédito inicial a otro prestamista. El juez indica que para estas operaciones ha de prevalecer «el verdadero espíritu animador de la operación, siendo secundaria su envoltura externa o forma».

Diario de Noticias, 21 Nov. 2008, Editorial LA LEY
Ven «poco ambicioso» el nuevo plan de prevención y reclaman que el Instituto de Estudios Fiscales haga un estudio sobre el nivel de economía sumergida
Valencia.- La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado propone excluir de la inspección a empresas en concurso de acreedores porque, dada su situación de quiebra, es prácticamente imposible cobrar después las deudas liquidadas.
Así lo manifestó hoy el secretario de la Organización, Francisco de la Torre, con motivo del XVIII Congreso Nacional de los Inspectores de Hacienda, que se clausura hoy en Valencia.
Según De la Torre, es preciso también «reformular» el porcentaje de recursos de inspección, que son «muy escasos», dedicado al control inmobiliario, porque muchas liquidaciones que se practican a estas empresas no se podrán cobrar por la situación de dificultades de muchas de ellas.
Para De la Torre, el cobro de las liquidaciones es una de las «asignaturas pendientes» de la Agencia Tributaria, por lo que es preciso reevaluar los criterios que se siguen ahora tanto con las empresas en quiebra como con las pertenecientes al sector inmobiliario, dado que debido a la situación de crisis por la que atraviesan, es muy difícil que se cobren las deudas liquidadas, que debería ser el fin último de la Inspección.
En concreto, indicó que entre el 25% y el 30% de la deuda liquidada está pendiente de cobro y ahora, con la situación de crisis económica, es muy posible que aumente la morosidad. «Para incrementar los porcentajes de cobro es necesario tener presente la idea de la recaudación desde el principio de la actividad de control tributario», subrayó.
En esta misma línea, señaló que la actual situación de crisis económica exige que se sea «más riguroso» con los contribuyentes defraudadores para evitar la «competencia desleal» que realizan a los que cumplen, pero, por otra parte, evitar «agobiar» a los ciudadanos, «asfixiándolos con un incremento de la presión fiscal indirecta».
«Cualquier incremento de la misma debe ser contemplado con sumo cuidado», reiteró.
La crisis eleva el fraude fiscal
De la Torre señaló que la desaceleración del crecimiento económico está llevando también a un incremento del fraude fiscal, especialmente en impuestos como el IVA y el de Sociedades. Así, recordó que las empresas aumentaron su beneficio un 15% en 2007, mientras que la recaudación disminuyó un 35%. «Ello indica que nuestro sistema coercitivo y de sanciones no está adaptado a una época de crisis», añadió.
Pese a las dificultades añadidas que va a suponer la crisis económica en las actuaciones de control del fraude, De la Torre rechazó la posibilidad apuntada desde ciertos sectores de conceder una amnistía fiscal. En su opinión, plantea un problema de justicia con el contribuyente que cumple y el coste a pagar a largo plazo es muy elevado porque, de alguna manera, se está desincentivando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Ante este panorama, De la Torre afirmó que la actualización del Plan de Prevención del Fraude que ayer presentó el Ministerio de Hacienda es «poco ambicioso», ya que se limita a proponer alguna reforma organizativa «menor» y, además, viene acompañado de un menor presupuesto de la Agencia Tributaria para 2009 (casi un 3% menos), por lo que «lo único que puede esperarse es un absoluto fracaso del mismo».
Nuevo plan insuficiente
De la Torre, que se quejó también de que no se haya consultado al conjunto de los, inspectores su elaboración y que se haya hecho en «despachos blindados», declaró que se trata de una revisión «insuficiente», que pretende atacar la lacra del fraude fiscal «con menos medios, sin reformas legales y sin las reformas organizativas y necesarias» en otros organismos, como los tribunales de Justicia.
Sobre la medida concreta de informar acerca de los movimientos en efectivo superiores a los 3.000 euros, consideró que se trata de una propuesta positiva y que va en la buena dirección, pero indicó que es insuficiente y que no ayudará mucho a atajar la economía sumergida.
Frente al plan del Gobierno, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha vuelto a reiterar un conjunto de propuestas que creen absolutamente necesarias para mejorar el control del fraude. La primera de ellas contempla la idoneidad de que el Instituto de Estudios Económicos, dependiente del Ministerio de Hacienda, elabore un informe sobre el nivel de economía sumergida que existe en España, con la participación de expertos públicos y privados, y con la colaboración de los profesionales de la labor inspectora.
También proponen la reforma del delito fiscal, de tal manera que lleguen a los tribunales únicamente los casos más graves y que lleven aparejados penas de cárcel, con el fin de desatascar los expedientes que existen ahora. Actualmente, De la Torre indicó que las actuaciones enviadas a los juzgados por delito fiscal superan se acercan a 6.000 millones de euros, que están pendientes de cobro por la Agencia Tributaria.
Por todo ello, piden incrementar la pena de prisión de los casos más graves de 4 a 6 años, así como aumentar el plazo de prescripción penal para perseguir los delitos de 5 a 10 años, petición que está recogida ya en la reforma del Código Penal que acaba de aprobar el Gobierno. También creen positivo que el nuevo Código contemple el cobro de la deuda por anticipado, antes de que resuelvan los juzgados.
Creación de la policía fiscal
Los inspectores demandan, asimismo, la creación de una Policía Fiscal, en la que se integrarían unidades especializadas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, junto con unidades operativas de Vigilancia Aduanera. De hecho, De la Torre explicó que entre 2004 y 2008, este departamento de la Agencia Tributaria ha actuado como Policía Fiscal en unas 30 operaciones.
Además de la especialización en materia fiscal de jueces y fiscales, otra de las recomendaciones de los inspectores de Hacienda es la reforma del régimen sancionador, con el fin de que las infracciones más graves sean sancionadas con multas inmediatamente ejecutivas. De la Torre explicó que en la actualidad hay sanciones que tardan en cobrarse una década, por lo que pierden su eficacia disuasoria. Informó Europa Press.

Francisco Javier Gómez Jené
Presidente de la Asociación Independiente de Registradores de España

Expansión
Hemos conocido en estos días el proyecto gubernamental de rebaja de aranceles de notarios y registradores.

Según la exposición de motivos, se persigue básicamente: a) Reducir costes para los usuarios; b) Priorizar la comunicación telemática imponiendo mayores rebajas; c) Trasladar a los usuarios la reducción de costes por el empleo de nuevas tecnologías; d) Mayor transparencia estableciendo más obligaciones de información.

Nadie puede estar en contra de que los usuarios tengan un servicio más económico, que se fomente la comunicación telemática o que haya mayor transparencia. Nadie.

Pero igual que se quiere un servicio más económico se querrá que no pierda los niveles de calidad actuales. O que siga facilitando a las administraciones (léase Seguridad Social, AEAT, Juzgados de lo Social, Fuerzas de Seguridad) información relevante y beneficiosa para los intereses públicos online, en minutos y sin coste para el contribuyente. Porque ello es un beneficio para toda la sociedad, no sólo para el particular que compra un inmueble.

Y en un contexto de paralización de la actividad económica que provoca una caída de ingresos superior al 40 por ciento, unida a la creación de un 30 por ciento más de registros con el consiguiente incremento de gasto, lo que se hace muy difícil es mantener el nivel de prestación del servicio. Y los trabajadores, para lo cual en muchos casos se ha reducido la jornada laboral a la mitad en lugar de despedir. Porque un servicio de calidad requiere de una plantilla suficiente y formada como la que tenemos.

La rebaja planteada imposibilitará el mantenimiento de los actuales niveles de calidad, no digamos mejorarlos que sería siempre lo deseable. Lo que se reduce son importes que ya lo han sido – los variables – en más de un 30 por ciento. Y los fijos permanecen estáticos desde 1989. Tres euros entonces era algo, hoy no cubre la póliza del seguro de responsabilidad civil. Hay que recordar que la emisión errónea de una nota puede generar al registrador responsabilidades civiles muy cuantiosas. ¿Y por un euro?

Por otra parte, muchos servicios que presta la institución registral a través de su Colegio profesional desaparecerán por falta de ingresos de los colegiados. El servicio público registral se presta en toda España. Muchos registros pequeños, hoy inviables y que se mantienen por la solidaridad colegial, no podrán subsistir.

Pensemos en los costes que significaría para las Administraciones tener que destinar personal humano para ir a los registros a pedir y a recoger la información en lugar de emplear el sistema del Colegio de Registradores. Es decir, la reducción del importe de las notas simples (entre el 66,66 % y el 100%) significa un pequeño beneficio – no para el usuario sino para el bolsillo del intermediario – y un enorme coste para los intereses públicos.

Los registradores hemos dado reiteradas muestras de estar dispuestos a asumir sacrificios (reducciones arancelarias, bonificaciones, actuaciones gratuitas, etc.) cuando el interés colectivo lo requiere. Pero tenemos que advertir que, en este contexto de recesión económica, se nos va a colocar en la situación de no poder prestar el servicio con la calidad que la sociedad española necesita.

En la compra de una vivienda de 200.000 euros la rebaja significa unos 34. Un 0,017 por cien. Muy poco, pero ese poco unido a otros (como en el anuncio “tacita a tacita”), y al importe de la nota, es lo que permite el mantenimiento de los elevados niveles de calidad actuales.

Una disminución en la calidad del servicio registral es algo que la sociedad española no puede permitirse. El coste que para el interés público ello conllevaría sería incomparablemente mayor que las pequeñas reducciones de coste que, además, sólo beneficiarían intereses individuales – bolsillos privados – y no necesariamente de los usuarios finales.

Dejo para el final aludir a la transparencia. Desde 1989 hay un número incontable de disposiciones que modifican, reduciéndolo y estableciendo toda suerte de bonificaciones, el arancel. Hoy es cualquier cosa menos claro para los propios registradores, que llevamos pidiendo la aprobación del proyecto de arancel que duerme en el Ministerio de Economía desde hace unos años. Eso sí sería transparencia.

El 60% piensa que las medidas del Gobierno favorecen a la banca frente a un 42% que las juzga buenas para las familias, según el Barómetro de otoño de DYM para ABC. Sólo un tercio opina que son eficaces. El 74% cree que aumentará el paro en 2009
Ficha técnica
́mbito: Nacional
Tamaño: 1.012 entrevistas
Error de muestreo: +-3,2 %
Método: Entrevista telefónica asistida por ordenador
Fecha: Del 13 al 20 de noviembre
Mariano Calleja | Madrid. Domingo, 23-11-08. ABC
El Gobierno de Zapatero no ha logrado convencer a los españoles de que las medidas económicas que ha tomado en los últimos meses contra la crisis económica sirven sobre todo para favorecer a las familias, que son las que están sufriendo en carne propia el zarpazo del desempleo. Según el barómetro de otoño que ha realizado DYM para ABC, seis de cada diez ciudadanos entrevistados creen que son medidas favorables para los intereses de los bancos, y sólo cuatro de cada diez opinan que son buenas para las familias. Por el peso económico que tiene, la medida estrella del Gobierno ha sido inyectar 150.000 millones de euros para el rescate del sistema financiero. A su lado, el resto de las iniciativas no han sido suficientes para que los españoles piensen que, en general, la actuación del Ejecutivo de Zapatero favorece de manera primordial a las familias.
Los ciudadanos miran las medidas del Gobierno con escepticismo y un tono crítico. Sólo el 34 por ciento opina que serán eficaces contra la crisis, y únicamente el 36 por ciento considera que se han tomado con transparencia. Los votantes del PP son mucho más críticos que los del PSOE. Sólo dos de cada diez son optimistas y piensan que las medidas de Zapatero servirán para atenuar la crisis, frente a los cinco de cada diez votantes socialistas que opinan lo mismo. Todavía menos votantes del PP (el 16 por ciento) consideran que ha prevalecido la transparencia, frente a un 54 por ciento de los socialistas.
La medida del Gobierno de Zapatero que ha sido mejor recibida es la de bonificar con 1.500 euros al año la contratación de parados con cargas familiares. Y las que menos respaldo tienen son las dirigidas al sistema financiero. En especial, la iniciativa para destinar 50.000 millones de euros a la compra de activos a entidades financieras sólo la aprueba el 47 por ciento. Los votantes del PP incluso la rechazan.
La mayoría mira hacia fuera para buscar responsables de la crisis económica
En general, la mayoría de los españoles (siete de cada diez) no se han visto obligados a anular ningún gasto previsto, y si ha habido alguno, se citan las reformas en la vivienda, la compra de muebles y electrodomésticos, la compra de un coche y la adquisición de una vivienda, por ese orden.
¿Quién tiene la culpa de la crisis en España? La mayoría mira hacia fuera. El 72 por ciento apunta a la crisis financiera de Estados Unidos, en segundo lugar aparecen los fallos en la regulación del sistema financiero internacional, y sólo por debajo se responsabiliza a la falta de previsión del Gobierno en España.
La cita de Washington
La cumbre del G-20 (más dos, España y Holanda) en Washington merece un capítulo aparte. En primer lugar, la mayoría de los españoles tienen claro que España hizo bien en realizar gestiones diplomáticas para que Zapatero asistiera a la cumbre internacional. El 63 por ciento está bastante de acuerdo o muy de acuerdo, frente al 20 por ciento que no lo está. Ahí, con algunas diferencias, coinciden los votantes del PP y del PSOE.
¿El Gobierno hizo bien en aceptar que Francia le cediera una de las dos sillas que le correspondían o sólo debería haber asistido si Estados Unidos, como anfitrión, le hubiera invitado? Algo más de la mitad de los españoles encuestados (53 por ciento) creen que el Ejecutivo hizo bien al aceptar la silla cedida por el presidente francés, Nicolas Sarkozy, frente al 38 por ciento que opina que sólo debió participar si George Bush le hubiera invitado expresamente. La opinión mayoritaria cambia por completo, sin embargo, según se pregunte a los votantes del PSOE o a los del PP. La gran mayoría de los primeros (66 por ciento) cree que se ha hecho bien, y la mayoría de los segundos (56 por ciento) opina que no.
Escepticismo en el G-20: sólo el 20 por ciento cree que servirá para mucho o bastante
¿Volverá a estar España?
Bien o mal, lo cierto es que Zapatero se sentó en la silla cedida por Francia. Por eso, los encuestadores preguntan a los entrevistados si ven probable que España vuelva a asistir a una reunión del G-20, grupo al que no pertenece. Algo más de la mitad cree que es bastante o muy probable que el Gobierno participe en la próxima reunión, prevista para abril. El 18 por ciento no lo ve probable. Son mucho más optimistas los votantes del PSOE que los del PP, pero la mayoría de unos y de otros cree que Zapatero estará en la próxima cita.
Como consecuencia de la presencia de España en la reunión del G-20, casi la mitad de los españoles (44 por ciento) creen que el prestigio de nuestro país se fortalecerá. Sólo el 13 por ciento opina que será más débil a partir de ahora, y el 37 por ciento lo mira con distancia y piensa que todo seguirá igual. También en este apartado son bastante más optimistas los votantes del PSOE que los del PP. El 56 por ciento de los que apoyaron a los socialistas creen que el prestigio patrio saldrá fortalecido, frente al 29 por ciento de los que votaron al Partido Popular.
El prestigio de Zapatero
En cuanto al prestigio personal de José Luis Rodríguez Zapatero en España, cuatro de cada 10 piensan que seguirá igual que hasta ahora. El 35 por ciento cree que se fortalecerá y el 18 por ciento, que se debilitará. De nuevo la opinión varía según la tendencia política. Entre los votantes del PP son más los que creen que su prestigio saldrá perdiendo (27 por ciento) que los que opinan que se reforzará (22 por ciento).
El prestigio será mayor o menor, pero los ciudadanos no tienen nada claro que las medidas adoptadas por el G-20 vayan a ser eficaces. Sólo el 20 por ciento cree que tendrán mucha o bastante eficacia, frente al 34 por ciento que considera que tendrán poca o ninguna. El 36 por ciento se decanta por una respuesta lacónica: tendrán «alguna» eficacia.

La primera bajada de impuestos en 34 años será anunciada mañana en la presentación de los presupuestos
Agencias – Londres – 23/11/2008 El País
El ministro de Economía del Reino Unido, Alistair Darling, presentará mañana un recorte del 2,5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) destinado a estimular el consumo en la época de Navidad y hacer frente a una posible recesión de la economía británica, prevista para antes de que termine este año. Este es el primer recorte de impuestos en 34 años, según publica el diario The Independent.
Brown aboga por estímulos fiscales coordinados para afrontar la recesión
El IVA pasará del 17,5 al 15%, una de las medidas que Brown y Darling han diseñado, y que será anunciada este lunes junto a los presupuestos del Estado en la Cámara de los Comunes. Otras de las iniciativas incluye estímulos a las pequeñas empresas garantizándoles préstamos. Tras la crisis del sistema bancario, los pequeños comercios han encontrado muchas dificultades a la hora de acceder a un crédito.
Otra de las ayudas está destinada a los propietarios de viviendas hipotecadas. El Gobierno pedirá a las entidades hipotecarias esperar un mayor tiempo antes de iniciar el proceso para embargar propiedades a los clientes insolventes, ya sea porque sus negocios están en dificultades por la crisis financiera global.
El problema, según algunos analistas, es que estas medidas pueden incrementar la deuda pública. Por ello han advertido de que el contribuyente puede ver una subida de los impuestos una vez superada la crisis. El rotativo inglés The Guardian señala que la rebaja puede durar dos años en una operación que le costaría al gobierno 12.000 millones de libras (unos 14.000 millones de euros).
Ajustarse el cinturón
El ministro Darling ha explicado las líneas maestras de su plan en el Sunday Mirror. «En estos tiempos difíciles el sector público, como el resto del país, se ajustará el cinturón», señala. «Haré lo que pueda para ayudar a quienes pierden sus empleos. Y dejaré bien claro cómo vamos a financiar la ayuda que estamos prestando ahora», agrega.
«Si no hacemos nada ahora, la desaceleración será más larga y más severa», ha puntualizado Gordon Brown, citado por el News of the World. «Todos recordamos -dijo- lo que pasó en los años 80 y 90 cuando el Gobierno conservador (en el poder Margaret Thatcher y después John Major) se quedó sentado y dejó que la gente se las arreglara sola». «La recuperación nos llevó años y el daño se podía haber evitado si el Gobierno hubiera ayudado a la gente. Nosotros no vamos a repetir esos errores», resaltó el primer ministro.

El ministro Sebastián reunió en una mesa a Del Rivero y a Brufau
Los recelos contra Lukoil amenazan con hundir su entrada en Repsol
Sectores del Gobierno y del PSOE se oponen a la operación de la empresa rusa | Sebastián mostró su oposición a que Lukoil entrara en el capital de la petrolera | Zapatero asintió y a la primera ocasión expresó que no se oponía a la venta | La presión financiera sobre Sacyr provocó una lucha por Repsol | El interés de ‘la Caixa’ en Repsol disminuyó por ser una participación industrial | Del Rivero no estaba satisfecho por la existencia de ofertas para sus acciones
Manel Pérez | Barcelona | 23/11/2008 | La Vanguardia | Economía
Hace dos años, en noviembre del 2006, los accionistas de Repsol (Sacyr y La Caixa) y el Gobierno español rechazaron la entrada de Lukoil en el capital de la petrolera española tras varios meses de intensas negociaciones. El pasado jueves, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, y los principales accionistas de Repsol se inclinaban por dar luz verde a la compra del 30% por parte de la empresa rusa.
La operación, en una fase de negociación muy avanzada según fuentes involucradas, ha provocado un fuerte rechazo y el cuestionamiento por una parte significativa de la opinión pública e incluso de un sector del Gobierno. La razón es el temor a que una empresa rusa, que no forma parte de la UE, asuma una posición que acabará siendo dominante en una operadora energética estratégica que, además, es accionista de referencia de Gas Natural. Hasta el punto de que en el entorno del Gobierno de Zapatero se piensa que es posible que no llegue a materializarse.

Las consideraciones económicas de los implicados en la operación – una constructora con una deuda de 18.000 millones-y el alejamiento de La Caixa, como el conjunto de la banca, de la industria, no acaban de sintonizar con las que hasta ayer se consideraban prioridades estratégicas del país, definidas en términos de garantía de independencia y seguridad del suministro de energía.

¿Qué ha cambiado en dos años para que los accionistas de la empresa y el presidente del Gobierno no se espanten ante la posibilidad de que Lukoil entre en Repsol? Todas las fuentes consultadas coinciden al señalar que el origen del problema, y de ese cambio de opinión, es la insostenible situación financiera del primer accionista de Repsol, la constructora Sacyr, presidida por Luis del Rivero, quien a su vez ocupa la vicepresidencia de la petrolera. Pero, más allá de ese punto de partida, las cosas se complican algo más.

Sacyr es propietaria del 20% de Repsol gracias a un crédito bancario de 5.300 millones de euros que inicialmente garantizaba con esas mismas acciones, pero al que ha debido ir aportando garantías adicionales a medida que el precio de los títulos de la petrolera bajaba en la bolsa. Hasta que no pudo seguir añadiendo garantías al mismo ritmo que caía la acción a causa de que todos sus activos estaban ya hipotecados para hacer frente a una deuda total superior a los 18.000 millones.

Pese a que Sacyr ha pagado hasta ahora los intereses y hasta el 2010 no debe amortizar el principal de esa deuda, la banca podría ejecutar el crédito en cualquier momento al no haber cumplido las cláusulas sobre las garantías. Y la banca está muy nerviosa en el actual contexto de crisis financiera.

En septiembre, Del Rivero tuvo que tirar la toalla y reconocer ante la autoridad bursátil, la CNMV, que iniciaba un proceso de venta de sus participadas, fundamentalmente la concesionaria de autopistas Itinere y Repsol, para cancelar parte de sus deudas. La enajenación de esas dos empresas rebajaría su endeudamiento en unos 10.500 millones.

Ese reconocimiento público llegó muy a pesar de la voluntad de Del Rivero y tras la presión de sus socios en Sacyr, en especial Juan Abelló y Demetrio Carceller, presidente de Damm, que le venían reclamando que vendiera para reflotar el valor de la acción de la constructora, muy castigada por el temor de los inversores a que la abultada deuda le obligara a suspender pagos.

El movimiento de Del Rivero también estuvo forzado por sus crecientes divergencias con Antoni Brufau, presidente de Repsol. La presión financiera sobre Sacyr estaba empujando a Del Rivero a alcanzar una posición más determinante en la petrolera. Incluso a plantearse un proceso de integración contable, de manera que pudiera consolidar Repsol en sus cuentas y diluir de ese modo el peso de la deuda global en su balance. En un proceso de esas características, Brufau debería haber aceptado un sustancial incremento de la representación de Sacyr en el consejo de Repsol.

La tensión entre ambos subió durante el mes de julio, cuando no era público aún que Sacyr había puesto en venta sus participaciones, y alcanzó su clímax a mediados de septiembre. Fue entonces cuando tuvo que intervenir el ministro de Industria, Miguel Sebastián, que presidió una cena en el ministerio en la que también participó, además de Brufau y Del Rivero, el presidente de La Caixa, Isidre Fainé, segundo accionista de Repsol con el 12,5%. El objetivo del encuentro era el de alcanzar una mejor sintonía y buscar un pacto, con la aquiescencia de la Caixa, para superar la situación y encontrar una salida. No faltó la tensión pues del Rivero se quejó de no ser informado de lo que ocurría en una compañía de la que era vicepresidente, y Brufau también expresó su malestar por los efectos sobre la petrolera de la delicada situación de su accionista. Mientras Del Rivero sueña con integrar Sacyr y Repsol, Brufau apuesta por una gran empresa energética, resultado de la suma de la petrolera con Gas Natural y Unión Fenosa, en proceso de adquisición por la gasista catalana.

Mientras ocurría ese toma y daca, Lukoil avanzaba en su intento de adquirir el paquete de Sacyr. Según diversas fuentes, Del Rivero no se mostró muy entusiasta con el acercamiento de posibles compradores de su paquete en la petrolera. No era partidario de vender Repsol y en cambio quería acelerar al máximo la venta de Itinere, confiando en que con ello podría ganar tiempo y seguir siendo accionista de referencia de Repsol, sin renunciar a acceder a una posición de mayor control o de renegociación con el otro accionista, La Caixa, al margen de Brufau. Frente a los rusos, exigía un precio, superior a los 30 euros por acción, más del doble de su cotización en el mercado y que desbordaba muchísimo el presupuesto de la empresa presidida por Vaguip Alekperov.

En cuanto a La Caixa, cuyo interés en Repsol ha ido disminuyendo a medida que su estrategia pasa por reducir sus participaciones industriales, quiere demostrar que la empresa que las agrupa, Criteria, puede generar plusvalías apetitosas. Para La Caixa, aprovechar la oportunidad que se le presentaba era muy tentadora: no es fácil que vuelva a aparecer un nuevo socio de referencia.

Y este era el cálculo: si al 20% de Sacyr se añadía una parte de la participación de La Caixa, junto con la de Caixa Catalunya y la de Mutua Madrileña, en total otro 9,9%, hasta llegar al 29,9%, el límite sin estar obligado a lanzar una oferta de compra por el 100%, los rusos podrían elevar su oferta añadiendo una prima por el valor estratégico de alcanzar de un solo golpe tan significativa participación. Y así fue. Tras negociar de nuevo, llegaron a los 26,7 euros, justo lo que Sacyr pagó de promedio por su participación, unos 9.000 millones por todo el paquete. Eso sí, sin poner ni un euro fresco, subrogándose el crédito de Sacyr y negociando uno adicional con La Caixa y sus compañeros de viaje en el 9,9% adicional. Para la banca, desde el Santander al resto, la venta también aportaba más seguridad a sus créditos, que además se actualizarían de acuerdo con el coste actual, es decir más alto.

Esta fórmula – la suma de participaciones, el precio, la presión de la banca acreedora-y, en medida no menos importante, el aplazamiento constante de la firma de la venta de Itinere parecen haber acabado forzando a Del Rivero a aceptar una venta a Lukoil a la que formalmente intenta resistirse. Antes intentó incluso que el Estado adquiriese el paquete, a través de la Sepi, algo que en el Gobierno se consideró políticamente imposible.

La noche del miércoles, cuando saltó que la operación estaba en marcha, Sebastián informó a Del Rivero, Fainé y Brufau: «Me opongo a esa operación». Según fuentes próximas al Gobierno, en la mañana del jueves, mientras el ministro se pronunciaba en público en el mismo sentido, Zapatero recibía sendas llamadas de Fainé y Brufau explicándole el sentido de la operación, su lógica industrial y la estabilidad que aportaría a Repsol y al sistema financiero español. El presidente del Gobierno asintió y a la primera oportunidad expresó que no se oponía a la entrada de Lukoil. Sin embargo, fuentes que afirman conocer la opinión del presidente aseguran que es sólo eso, no oposición, en ningún caso, apoyo activo. Ahora, hay que esperar y ver.