AIRE

Florentino Llera | El Economista- 30/12/2008
Sitúese en una céntrica calle de cualquier ciudad de España. Mire a uno y otro lado, y puede llegar a ver hasta diez sucursales diferentes de cajas de ahorros. ¿Hay negocio para tantas con la crisis? El Banco de España debió hacerse esa pregunta y no ha desaprovechado los habituales encuentros que mantiene con los responsables de las entidades para reflexionar que el ideal sería un escenario en el que sólo quedasen cinco grupos de cajas de ahorros.
El gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, no deja pasar sus intervenciones públicas sin afirmar que «es de sentido común que habrá fusiones», aunque fuentes próximas a la entidad central se apresuran a aclarar que «ni el Banco de España está tomando la iniciativa ni va a adoptar ningún tipo de postura activa».
Fuentes de las cajas explican que de las conversaciones con responsables del Banco de España se deriva un interés por redibujar el actual mapa financiero y que reducir a cinco el número de cajas sólo muestra la voluntad de caminar hacia fusiones en el sector. El escenario que ha sido expuesto a algunas cajas por responsables de la institución central apuntan a una gran caja que agruparía las entidades de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura; otra gran caja en la zona norte que abarcaría las cajas de Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra, País Vasco y Aragón; las cajas catalanas junto con las de las Baleares formarían un tercer grupo; las de Levante -Comunidad Valencia y Murcia- constituirían la cuarta caja; mientras que las cinco andaluzas darían origen al quinto grupo que redefiniría los nuevos límites financieros que el Banco de España idealiza (ver gráfico).
Pero antes de llegar a ese cuadro hay que hacer muchos bocetos y tras los borrones que han protagonizado las cajas vascas con su frustrado intento de fusión, algo que previsiblemente se reproducirá en el caso de las cajas de Castilla y León, el Banco de España es consciente de que queda mucho camino por recorrer.
Sin embargo, los argumentos que se barajan en la sede que la entidad central tiene en la madrileña Plaza de Cibeles parecen irrebatibles: «El negocio se va a reducir y no va a dar para todos», según aseguró el propio Fernández Ordóñez recientemente. Estas reflexiones también son compartidas por el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, que manifestó en un encuentro con periodistas especializados que «una fusión virtual de todas las cajas de ahorros de España crearía el mayor operador financiero del país, mayor incluso que los dos bancos más grandes».
En contra de las fusiones
Pero algunas cajas consideran que éste sólo es un escenario de futuro que se auspicia desde los bancos y lanzan preguntas como: ¿dónde estaría la sede?, ¿cómo se haría el reparto de poderes?, ¿quién mandaría?, ¿cómo se respetarían las cuotas políticas?… para concluir que «son demasiados intereses y muy difíciles de conciliar», aseguran desde unas de las cajas que formaría parte de uno de estos proyectos.
Desde los sindicatos, que ya han pedido reunirse con el Banco de España para conocer de primera mano la postura de la entidad central respecto a operaciones como la de fusión virtual de las cajas de Castilla y León, advierten de que «no es lo mismo una fusión en época de crisis que una fusión en época de vacas gordas» y no dudan en afirmar que «operaciones de ese tipo agravarían los problemas que sufren algunas entidades».

30-12-2008 , por Jaime E. Navarro. Madrid Expansión
Las entidades solicitan al Ejecutivo que aporte mayor seguridad sobre cuáles son las consecuencias de las refinanciaciones si sus deudores se ven obligados a entrar en concurso.

La banca está moviendo sus resortes de influencia con el objetivo que el Gobierno impulse una reforma de urgencia de la Ley Concursal, que resuelva algunos de los riesgos que las entidades están percibiendo en la aplicación práctica de esta normativa. El punto fundamental se centra en las incertidumbres jurídicas que se generan para la banca cuando una de sus empresas refinanciadas cae en concurso.
Con este objetivo, la Asociación Española de Banca (AEB) trasladó en octubre al Gobierno un documento en el que solicitaba que aclarase “en qué casos se pueden anular los acuerdos de refinanciación y las garantías ligadas a los mismos para dar seguridad jurídica a quienes están haciendo este tipo de acuerdos, tanto empresas como entidades”. El juez tiene la capacidad para rescindir los compromisos que haya adquirido la empresa en situación concursal durante los dos años anteriores o declarar que se ha tratado de una financiación de mala fe, “lo que perjudica a la entidad ya que los créditos con la empresa se subordinan”, explica Fernando Bautista, socio de Freshfields.
Esta subordinación se traduce, en términos prácticos, en que la entidad acreedora se sitúa en el punto más bajo de la cadena de cobro en el proceso concursal. Por tanto, las actuales incertidumbres respecto a la aplicación práctica de la Ley Concursal, que entró en vigor en 2004 pero que con la actual crisis se está enfrentando a su primer examen, están disuadiendo en ocasiones a las entidades de replantear las condiciones de financiación de empresas en dificultades, que tienen como última salida la suspensión de pagos. Hasta mediados de septiembre, los concursos presentados en España se han triplicado y los expertos apuestan porque la tendencia se mantenga en 2009.
El punto fundamental se centra en las incertidumbres jurídicas que se generan para la banca cuando una de sus empresas refinanciadas cae en concurso
De momento, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta oficial a estas reivindicaciones. La AEB ha mantenido en los tres últimos meses reuniones con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Justicia (el gabinete encargado de llevar a cabo esta posible reforma), aunque aún no ha habido respuesta. Según ha declarado recientemente el Ministerio de Economía, el gabinete de Pedro Solbes está reflexionando sobre qué aspectos cambiar de la ley y podría convocar en enero una mesa junto a otras formaciones políticas para abordar una reforma urgente, aunque se desconoce si se incluirán las peticiones de la banca.
Según la patronal, si se aportase una protección a los acuerdos pre concursales entre entidades de crédito y empresas, se conseguiría limitar la entrada en concurso de empresas que podrían tener una salida viable en las refinanciaciones. La AEB pronostica que se llevarán a cabo más procesos de este tipo en 2009, por lo que cree necesario que se apruebe una reforma urgente de la Ley Concursal.
Por su parte, el presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, solicitó a finales de noviembre que “se reconsidere” la normativa concursal en lo que se refiere a las provisiones. Cuando una compañía cae en concurso, la banca debe provisionar el 25% del total de la deuda de la empresa con la entidad, lo que tiene un fuerte impacto en la morosidad. Además, toda la financiación que un banco o caja aporta a una compañía ya en concurso también debe ser provisionada, lo que disuade en muchas ocasiones a las entidades de otorgar créditos a estas empresas, que ven agravada su situación financiera.
Hasta mediados de septiembre, los concursos presentados en España se han triplicado y los expertos apuestan porque la tendencia se mantenga en 2009
La AEB también ha incidido sobre las provisiones, pero en un sentido más acotado. La patronal solicitó hace unos meses al Banco de España que interpretase de manera más flexible la forma en la que las entidades pueden liberar provisiones cuando se adjudican un activo, tanto dentro como fuera del proceso concursal. No obstante, el supervisor desoyó esta reivindicación ya que su nueva circular contable publicada en noviembre no la recoge.
Preocupaciones
Otros aspectos también preocupan a los expertos jurídicos respecto a la posición de las entidades en los concursos. En primer lugar, cuál será la situación como acreedor de los bancos que han entrado como accionistas en una empresa incapaz de pagar sus deudas; y en segundo lugar, si los jueces llegarán a considerar a alguno de los acreedores como administrador de facto de la compañía refinanciada, con la consiguiente subordinación de sus créditos.

El precio de la vivienda libre cae el 3% en el tercer trimestre, según el Instituto Nacional de Estadística
Los precios caen ya en diez Comunidades Autónomas, con Cataluña (-8,3%) y Madrid (-7%) a la cabeza
Acumulan una caída del 2,3% en los nueve primeros meses del año
Los pisos de segunda mano valen un 8,6% menos que hace un año
30/12/2008 El Mundo | Agencias. Madrid.- El ͍ndice de Precios de Vivienda (IPV), conocido como el ‘IPC de la vivienda’, que mide la evolución de los precios de compraventa de la vivienda libre, refleja una caída interanual del 3% en el tercer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2007, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
La tasa de variación intertrimestral de los precios de la vivienda se situó en el -1,7% entre julio y septiembre, mientras que en el conjunto de los tres primeros trimestres la caída fue del 2,3%.
En términos interanuales y por tipo de vivienda, el mayor descenso correspondió a los inmuebles de segunda mano, cuyos precios se redujeron un 8,6% en el tercer trimestre, porcentaje superior a la caída experimentada en el segundo trimestre (-4,9%).
Por su parte, las viviendas nuevas, aunque aumentaron sus precios un 3,7% en el tercer trimestre, registraron una subida menor a la del periodo anterior, cuando se encarecieron un 5,3%.
En Cataluña bajan más que Madrid
Diez comunidades autónomas presentan tasas anuales negativas, siendo Cataluña (-8,3%), Comunidad de Madrid (-7,0%) y País Vasco (-6,3%) las comunidades con los descensos más acusados. Tras ellas, Navarra (-5,3%), Aragón (-5%), Baleares (-2,6%), La Rioja (-1,9%), Asturias (-0,9%), Ceuta (-0,8%) y Cantabria (-0,1%).
En el resto de autonomías, los precios siguen subiendo. Donde más, en Extremadura, un 2,9%, seguida de Galicia (+2,4%) y Murcia (+2,1%). Además, se apuntaron variaciones positivas en Castilla-La Mancha (+1,4%), Andalucía (+1,1%), Melilla (+1%), Comunidad Valenciana (+0,8%), Canarias (+0,6%) y Castilla y León (+0,3%).
Diferente metodología que el Ministerio de Vivienda
El índice sobre precios de la vivienda (IPV) ofrecido por el INE complementa a los que publica el Ministerio de Vivienda cada trimestre. El IPV utiliza la información sobre escrituraciones procedente de las bases de datos proporcionadas por el Consejo General del Notariado.
La diferente metodología explica que los datos difieran, ya que según el ministerio el precio de la vivienda registró una subida interanual del 0,4% hasta septiembre, al alcanzar los 2.068,7 euros por metro cuadrado.
La población del IPV incluye al conjunto de personas físicas, tanto residentes como no residentes en España, que hayan adquirido una vivienda en el periodo de referencia dentro del territorio nacional. No contempla, por ejemplo, las compraventas efectuadas por personas jurídicas (incluidas las entidades financieras), ni tampoco, la evolución de los precios de la vivienda protegida.

Los promotores se oponen a que medio municipio se declare área protegida y plantean que las 13.199 viviendas sociales del Plan se rebajen a 11.273

Manuel Dopazo. Informacion.es
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (Provia) ha presentado un escrito de alegaciones a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en el que consideran excesivos los más de 13 millones de metros cuadrados que se clasifican como suelo rústico, así como que la mitad del territorio del término municipal se declare parque natural. Además, también proponen que las 13. 199 viviendas de protección oficial previstas se reduzcan en dos mil unidades.
Lo primero que llama la atención de las alegaciones de Provia es la profundidad con la que el colectivo ha estudiado el PGOU y que se plasma en las más de 20 páginas, así como en la gran discrepancia con el mismo, ya que en total se ponen objeciones y reparos a unos 40 artículos y criterios del mismo.
Una de las primeras alegaciones del documento de Provia es cuestionar los más de 13 millones de metros cuadrados clasificados como suelo rústico, al advertir que tal decisión «debe venir avalada por un análisis de su rentabilidad económica, social y ambiental», y añade que «en caso de que esto no suceda, debería plantearse si resulta realmente útil para el contexto del desarrollo municipal y comarcal apostar por la actividad agrícola, cuyo impacto paisajístico y ambiental también es notable, o darle un uso diferente al suelo, acorde con el contexto económico y social del municipio».
Más amplia y contundente es la argumentación de Provia contra la propuesta del PGOU de crear una docena de parques naturales. A este respecto, el escrito de alegaciones subraya que de los casi 203 millones de metros cuadrados que tiene todo el término municipal de Alicante, un total de 102 millones y medio se declaran como suelo de especial protección, lo que supone medio municipio. Entre otros argumentos, los promotores advierten de que tal magnitud de suelo de especial protección «puede mermar el crecimiento urbano en futuros PGOU dada la dificultad de desclasificar en el futuro un suelo de especial protección». El colectivo cuestiona los documentos en los que se ha basado el equipo redactor del PGOU para determinar los suelos protegidos, restando valor a las cartografías de hábitats y forestal, y haciendo hincapié en que los únicos preceptos de la legislación territorial y urbanística sobre estos terrenos aluden precisamente a la posibilidad de su integración dentro de los suelos urbanizables «o incluso a que los mismos sean sacrificados a cambio de medidas compensatorias». Además, Provia recalca que no se justifica la inclusión de estos terrenos como parques naturales y pregunta «cuál va a ser su destino formal y material».
En cuanto a las VPO, el PGOU propone un total de 13.199 hasta el año 2020, a lo que los promotores alegan que es «más conveniente» calcular la demanda con relación a un informe efectuado con los criterios de la Ley Urbanística Valenciana, en el que fija la población de Alicante en 413.805 habitantes en 2020, lo que supondría 11.273 pisos de VPO, casi dos mil menos.

Enlace a:

Nota de prensa del Ministerio de Justicia

El pronóstico más duro hasta el momento
El déficit subirá al 4,7% en 2009 y a más del 5% en 2010
Prevé una contracción similar para la eurozona el próximo año
29/12/2008 El Mundo | Europa Press
Madrid.- Deutsche Bank ha publicado la previsión más dura sobre la evolución de la economía española el próximo año. El Producto Interior Bruto se contraerá un 2,6% en 2009 y un 1% en 2010, aunque registrará un crecimiento positivo del 1,3% al cierre del presente ejercicio, según la entidad.
Este pronóstico supera con creces el de las cajas (1,2% en 2008 y -1,5% en 2009) y el de BBVA (1,3% en 2008 y -1% en 2009), los más pesimistas hasta el momento. También mantiene una gran diferencia con el oficial del Gobierno, que contempla un crecimiento del 1% el año que viene. No obstante, el Ejecutivo ha anunciado que revisará todo el cuadro económico en enero.
Además, la entidad predice que el déficit público cerrará 2008 con un tasa negativa del 0,7%, cifra que se elevará al 4,7% en 2009 y al 5,9% en 2010. Mientras, la tasa media de inflación se situará en el 4,2% este año, aunque se reducirá progresivamente durante los dos próximos años, cerrando el 2009 en una media del 1,3% y del 1,5% en 2010.
Según el informe de Deutsche Bank, las perspectivas económicas han empeorado en toda Europa desde el pasado mes de octubre, lo que hace prever que la economía de la zona euro se contraerá un 2,5% en el año 2009, aunque volverá a crecer un 1% en 2010, tras tocar fondo a mediados de 2009.
La entidad asegura que el consumo en Europa se verá muy castigado por la restricción del crédito y, en algunos países como España, Irlanda o el Reino Unido, por la crisis del mercado inmobiliario. Otros países con un marcado carácter exportador, como Alemania, se verán castigados por la debilidad de los países del Este de Europa.
Deutsche Bank anticipa un «profunda recesión» en todo el mundo a lo largo del año 2009. El crecimiento global apenas llegará al 0,2% el próximo año, la cifra más baja en 50 años. En 2010, la economía se dinamizará hasta el 2,6% gracias, sobre todo, a los países emergentes.
España e Irlanda, los más vulnerables
De hecho, los analistas de Deutsche Bank aseguran que entre los países «más vulnerables» de la Eurozona, se encuentran España e Irlanda, aunque creen que los riesgos asociados a la construcción y el mercado inmobiliario «van más allá» de estos países y han arrastrado a otros mercados como el francés.
Por otro lado, adelantan que tanto los niveles de déficit como de deuda en Europa «están bajo tensión» debido a la crisis y aseguran que los mayores incrementos de déficit se darán en España, Bélgica, Austria y Grecia, incluyendo a Irlanda si se habla de deuda.

28-12-2008 , José Sánchez Arce. Expansión
«Aquella llamada a su teléfono móvil marcó el principio del caos en todo el sector inmobiliario español. Al finalizar aquella conversación, nos adentramos en terra incognita». Estas palabras, pronunciadas por un ex consejero de la inmobiliaria Colonial, hacen referencia al ultimátum realizado por un alto ejecutivo de una de las principales entidades financieras españolas al presidente de Colonial, Luis Portillo, pocos días antes de la Nochevieja de 2007, hace exactamente un año.
El banco exigía vía telefónica al empresario la aportación de avales personales con los que garantizar los préstamos que había suscrito para comprar sus acciones en Colonial, empresa de la que era señor feudal con un 40% del capital. Los títulos de la inmobiliaria sufrían desde el verano de 2007 una severa corrección bursátil, no mayor que la de sus competidoras (con la excepción de la malograda Astroc), y las acciones que Portillo había dejado en prenda ya no representaban una garantía fiable para nadie.

Los bancos, inmersos en una carestía de liquidez sin precedentes, trataban urgentemente de minimizar los riesgos y tapar las vías de escape que empezaban a multiplicarse. A esas alturas, los antiguos vínculos de sangre entre la banca y el ladrillo no eran más que un nostálgico recuerdo del pasado.

Una leyenda, no se sabe si verdadera o apócrifa, cuenta cómo la entidad financiera recibió con celeridad las garantías requeridas pero, a pesar de todo, fue inmisericorde con Luis Portillo. Las recibiera o no, lo cierto es que el 27 de diciembre de 2007 los títulos de la inmobiliaria se desplomaron un 17% ante la estupefacción de un mercado que no dejaba de interrogarse sobre las causas de la debacle. Cundió el pánico.

El día de los Santos Inocentes, en medio de una desordenada avalancha de ejecuciones de títulos pignorados por parte de los bancos, Colonial se hundió un 24% en el parqué, acumulando unas pérdidas del 37,7% en dos sesiones de infarto y forzando al presidente de la inmobiliaria a convocar una sesión de alto voltaje del consejo de administración.

365 días después
En la medianoche del 28 al 29 de diciembre de 2007, la cabeza del presidente de Colonial, el Luis XVI del ladrillo, rodó por el patíbulo de la crisis, poniendo punto y final a la época versallesca del sector inmobiliario.
Cuarenta y ocho horas después, en el día de Nochevieja, Expansión informaba del inicio del proceso de venta de la primera inmobiliaria española, que se prolongaría hasta el verano de 2008.

Vista retrospectivamente, la destitución de Luis Portillo representó el derrumbamiento simbólico del último cordón sanitario erigido por los grandes magnates del sector frente a la crisis, cuya propagación después de aquel suceso dejaría un largo reguero de víctimas de sangre azul inmobiliaria.

Un año después, la industria de la construcción se asemeja al desolador panorama que deja el combate en el campo de batalla. Colonial está en manos de sus bancos acreedores, un camino que ya recorre Metrovacesa, cuyo primer accionista, Román Sanahuja, sigue la senda trazada por Luis Portillo, devolviendo la empresa de sus sueños a los mismos bancos que financiaron despreocupadamente su adquisición.

Martinsa Fadesa, la que orgullosamente se presentaba como la mayor promotora europea, trata de que el concurso de acreedores en el que se halla inmersa desde el pasado julio no desemboque en una disolución empresarial que se antoja inevitable.

En la misma situación concursal, figuran Habitat, Tremón, Cosmani, Lábaro o el grupo inversor Global Cartera de Valores por citar sólo las empresas más emblemáticas caídas en desgracia. King Sturge anunció hace dos semanas el primer concurso de acreedores de una consultora inmobiliaria, al tiempo que cientos de firmas de mediano y pequeño tamaño se agolpan a las puertas de unos juzgados mercantiles colapsados, sin medios humanos, ni presupuestarios, para tramitar los expedientes concursales que se acumulan diariamente sobre la mesa.

Con unos inversores fuera de juego, las cotizaciones bursátiles de las empresas inmobiliarias acumulan desplomes superiores al 80% desde principios de año, y del 90% al 95% desde mediados de 2007. Sacyr Vallhermoso trata desesperadamente de vender su 20% en Repsol para evitar el desastre, mientras que otras compañías con más suerte han podido firmar in extremis un acuerdo viable para refinanciar su deuda, que les asegura dos años de difícil supervivencia bajo las bombas.

En esta situación, figuran Afirma o Reyal Urbis, mientras otras, como Nozar y San José, intentan persuadir estos días a sus bancos de que les dejen seguir respirando con ventilación asistida.

Los peores augurios se han cumplido. La catástrofe financiera internacional y la debacle inmobiliaria made in Spain han desembocado en una recesión económica caracterizada por un desempleo galopante que amenaza con elevarse a la categoría de depresión.

Los próximos 365 días
La patronal del sector calcula que el volumen de construcción residencial en el próximo año se limitará a 150.000 viviendas, frente a las 700.000 de hace dos años. ¿Para qué construir si el stock actual de viviendas de nueva construcción a la venta oscila entre las 800.000 y el millón de unidades?.

Las principales consultoras trabajan ya en la tasación de los activos inmobiliarios que se adjuntará en las cuentas de resultados anuales de las empresas a partir de enero. Hay unanimidad entre todas las consultoras: la caída del valor de los activos, particularmente las viviendas, alcanza, de momento, un 30%, mucho más de lo que indican unas estadísticas oficiales que nadie cree. Se desconoce si la caída ha tocado fondo.

En medio de la incertidumbre, sí hay consenso en torno a un hecho incontestable: los bancos volverán a ser las principales inmobiliarias del país. Empiezan a serlo, de hecho. Para evitar provisiones multimillonarias en el balance, las entidades financieras canjean masivamente deuda de promotoras, el verdadero subprime español, a cambio de todo tipo de inmuebles.

Los bancos españoles acumulan un riesgo crediticio con promotores de más de 300.000 millones de euros, según datos del Banco de España. Credit Suisse (ver Expansión del pasado 5 de diciembre) estimaba recientemente que las principales entidades españolas han adquirido 5.000 millones de euros en activos. En la mayoría de los casos no se trata de propiedades residenciales de primera calidad, sino de suelo, parques industriales, propiedades comerciales y activos de este tipo, señalaba el demoledor informe del servicio de análisis de la entidad suiza.

Todos los indicadores y previsiones apuntan a una larga travesía en el desierto, precedida de una mayor profundización de la crisis. Parafraseando a Julio César en su demoledora sentencia sobre la República, la demanda no es más que una palabra.

28-12-2008 , E.S.Mazo Expansión
El IPC, con permiso de la deflación, escalará un 2%, según la previsión del Gobierno. Pero los servicios básicos, sobre todo los relacionados con los transportes, crecen a tasas muy superiores.
Los precios no ayudarán al bolsillo a superar la peor recesión de la historia reciente de la economía española. Si los augurios de los organismos internacionales se cumplen, las caídas del PIB cercanas al 2% se sumarán a una subida de la vida diaria de los españoles por encima de la inflación, que no deja buenas noticias para el bolsillo.

La mayoría de los bienes y servicios que de forma cotidiana consumen los contribuyentes se encarecerán por encima del IPC previsto en 2009 (el 2%). Eso, además, con permiso de la deflación, que amenaza con arrojar el próximo año un círculo vicioso que termine por desplomar el consumo de los españoles, quienes, independientemente de la evolución del IPC, deberán vaciar más la cartera para afrontar las subidas de tarifas e impuestos regulados de forma independiente.

Los mayores incrementos vendrán de la mano de los ayuntamientos, que agotarán su capacidad fiscal para dar un balón de oxígeno a sus arcas, que palpan las telarañas. Pero las nuevas tasas, embargos de cuentas y devoluciones de la renta o las multas cuantiosas ya conocidas -ver EXPANSIÓN del 21 de octubre-, van acompañadas de otros aumentos de los pagos rutinarios. Es el caso, por ejemplo, de todos los servicios relacionados con el petróleo.

El crudo Brent -de referencia en Europa- empezó 2008 en 97,84 dólares por barril, y lo terminará en cerca de 40. Sin embargo, por el camino, ha registrado máximos históricos de más de 147 dólares, subida que las empresas quieren amortizar.

La última en sumarse a los incrementos ha sido Renfe, que subirá todos sus precios el próximo año más que en 2008. Así, se eleva un 6,28% el precio de los billetes de Cercanías. El aumento será del 4% (el doble de la previsión de IPC) en el caso de los trenes del AVE y Larga Distancia. No acaban ahí las subidas: el billete de los trenes de Media Distancia escalará un 5%.

Trasladarse por autobús no será más barato. Por ejemplo, en Madrid, el billete sencillo sube un 10% -diez céntimos-, para pasar a 1,10 euros. Los abonos mensuales para las economías más débiles, como las de jóvenes y estudiantes, se encarecen un 6%. Estas subidas se repiten en varias provincias de España, en un escenario en el que la organización de consumidores Facua critica las “excesivas” subidas en las tarifas de taxi, que llegan hasta el 15% en un año, según sus cálculos.

Suma y sigue. Pese a la bajada del carburante, viajar en coche -y con cuidado siempre porque también se dispara en algunas ciudades el servicio de grua- no siempre será más barato. El peaje de las autopistas subirá una media del 4,46% a partir del 1 de enero, con lo que se anotan el mayor incremento medio desde que en 2002 entró en vigor la fórmula por la que estas tasas se actualizan automáticamente todos los años.

Junto al transporte, también subirá -en el entorno del 5%- por encima de la inflación prevista el precio del agua, que debe ir elevando su precio progresivamente para cumplir con las directivas europeas a partir de 2010.
También se elevan más que el IPC las tarifas del teléfono. Sube un 4,6%, hasta 7,24 céntimos, el establecimiento de llamadas metropolitanas. Y el minuto se encarece un 4,54%, hasta 7,19 céntimos. Actividades cotidianas como encender la luz tampoco salen baratas, pues el recibo de electricidad costará un 3,8% más si eléctricas aceptan la propuesta del Gobierno.
La buena noticia viene del gas, el único servicio que se contagia del fantasma de la deflación y ve bajar sus precios cerca de un 3,6%.

Y además… sin alivios fiscales para el bolsillo
La subida de los precios del nivel de vida supondrá un nuevo apretón para el bolsillo. La escalada, que coincidirá con una fuerte recesión del PIB, no irá acompañada de rebajas de impuestos, una vez que el Ejecutivo ha reconocido que se ha quedado sin margen fiscal. Aún peor: lejos de descender, los tributos suben.

La decisión de no actualizar el IRPF con la inflación supondrá una subida total de 2.500 millones, según concluye el estudio realizado por José Félix Sanz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Foro Independiente de Analistas Fiscales, en los cálculos que se desprenden de los sistemas de microsimulación que él mismo implantó en el Instituto de Estudios Fiscales (integrado en el Ministerio de Hacienda) durante su etapa como subdirector de ese organismo.

El banco central cree insignificante el riesgo de deflación en la eurozona

Público – Madrid – 29/12/2008
El Banco Central Europeo (BCE) bajará los tipos de interés hasta el 1,5% en el primer semestre de 2009, y las probabilidades de bajadas más acusadas son «ciertamente considerables», según el servicio de estudios del Banco Santander. El precio del dinero en la eurozona se encuentra ahora en el 2,5% después de tres recortes consecutivos, desde el 4,25% en que se encontraba el pasado octubre.
La moderación de la inflación permitirá bajar los tipos para hacer frente a la crisis. Los analistas del Santander calculan que la tasa de inflación media se moverá en 2009 en torno al 1%, sin descartar que pudiera ser más baja y situarse cerca del 0% si la cotización del petróleo se mantiene en torno a 40 dólares el barril.
El Santander prevé una aceleración de la caída del PIB de la eurozona en el cuarto trimestre de 2008, hasta el 0,6%, y mantenerse «al menos tan acusada» entre enero y marzo. Los descensos previstos en los tipos de interés, la inflación y las medidas fiscales adoptadas por los gobiernos europeos, según los expertos de la entidad cántabra, irán contribuyendo de forma positiva a reconducir la situación, pero es difícil que sus efectos favorables se dejen notar sobre el crecimiento económico antes de que acabe 2009.
Papademos
Dentro del BCE también se ve probable nuevas bajadas de tipos. El vicepresidente del Banco Central, Lucas Papademos, señaló, en una entrevista publicada el domingo en la prensa griega, que el riesgo de deflación (caída generalizadas de los precios) en la eurozona es insignificante. «Durante 2009, la tasa de inflación podría caer drásticamente durante un corto período de tiempo, por el impacto de los precios del petróleo. Si esto sucede, no durará mucho, y consecuentemente no puede considerarse un caso de deflación», declaró.
Papademos dijo que el consejo del BCE evaluará cuidadosamente la situación económica y las perspectivas de la estabilidad de precios basándose en los últimos datos. La próxima reunión del BCE se celebrará el día 15 de enero.

Teleprensa.es

El Ayuntamiento de La Mojonera volverá a insistir en la necesidad de creación de un registro de la propiedad propio en el municipio. Apoyándose en el acuerdo plenario que ya se adoptó en su día, consistente en el requerimiento a la administración judicial de un Registro de la Propiedad propio para el municipio de La Mojonera. Dicho acuerdo fue aprobado por unanimidad de todos los miembros de la corporación municipal y tras el cual se efectuó la petición formal de traslado del Registro de la Propiedad número 2 de Roquetas de Mar a La Mojonera. Esta petición fue presentada ante la Dirección General de Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, sin que el Consistorio haya recibido contestación alguna. La petición se fundamentaba en el hecho de que el citado Registro atiende exclusivamente a los municipios de La Mojonera, Felix y Enix, por lo que no parece lógico que el Registro se encuentre ubicado en Roquetas de Mar.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera consideran que el hecho de que el Registro de la Propiedad número 1 de Roquetas sea totalmente independiente del número 2 y que éste último sólo tenga asignados los municipios de La Mojonera, Felix y Enix, sumado al crecimiento de La Mojonera, hacen que el desplazamiento de los vecinos del municipio (la gran mayoría de los usuarios de este registro) constituya un agravio para éstos. Así mismo se entiende que el crecimiento del municipio debe llevar aparejados servicios necesarios como sin duda alguna constituye el que proporciona el citado Registro.

José Cara, Alcalde de La Mojonera volverá a plantear la cuestión, llevándola de nuevo a pleno para solicitar cuantas veces sean necesarias la instalación del Registro de La Propiedad en La Mojonera y que los vecinos puedan así acceder de una manera más cómoda a este importante servicio público.

Cuatro Comunidades Autónomas copan el 58% de las 783.000 casas en stock. Otras 232.000 están por terminar

Público. Susana R. Arenes – MADRID – 29/12/2008
Casi cuatro años terminando más pisos de los que se vendían han acabado por pasar una alta factura a las inmobiliarias que, de momento, no beneficia a los compradores. El stock de viviendas cerró septiembre en 783.061 unidades, de acuerdo con los cálculos elaborados por Público a partir de los datos de compraventas del Colegio de Registradores y de las viviendas nuevas terminadas del Ministerio de Vivienda desde 2005, que los expertos señalan como los dos parámetros más fiables.
«Lo único que puede servir de revulsivo al mercado es que vuelva a haber financiación»
A este stock se unirá en el futuro, si se acentúa el parón de ventas, otras 232.069 casas, con lo que las viviendas sin vender superarían el millón. De hecho, es la cifra que ya apuntan como real los expertos y algunas inmobiliarias, al margen de estadísticas. Según el ministerio, al cierre del año, serán 650.000.
De acuerdo con los datos cruzados de compraventas y viviendas terminadas, sólo hasta septiembre de este año se acumulan más pisos que no logran comprador que en todo 2007 (242.203 inmuebles frente a 238.401). Este año se han vendido 231.926 casas y se han terminado 474.129, con lo que sólo una de cada dos consigue comprador.
Parón en la costa
Sólo la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Catalunya copan el 58% de los pisos sin vender. El parón en la costa y el desen-freno de promotores como El Pocero en Seseña (Toledo) explican esta acumulación. En Catalunya es donde más han caído las ventas en proporción a lo construido.
Pese a todo, la sobreoferta no sirve para que los promotores abaraten más los pisos. «Lo único que puede servir de revulsivo al mercado es que vuelva a haber financiación y que bajen más los precios, pero no lo veo a corto plazo», señala Julio Rodríguez, economista y ex presidente del Banco Hipotecario.
Algunos informes financieros ya hablan de caídas de entre el 25 y el 30% en tres años, lo que tardará en absorberse el stock, según los promotores. Julio Rodríguez estima que el mercado «puede animarse en el segundo semestre de 2009, dependiendo del tirón de la economía de Estados Unidos».

Crisis del ‘ladrillo’. El parón de las ventas está obligando a los promotores a idear nuevas fórmulas. A la transformación de pisos libres en protegidos y la bajada de los precios se ha sumado otra fórmula: la venta de vivienda aplazada.
Miriam Calavia – Madrid – 06/12/2008 Cinco Días
Todavía no está muy extendida, pero ya la están llevando a la práctica algunos promotores inmobiliarios para captar clientes y facilitar el acceso a una vivienda. La venta de vivienda aplazada es una modalidad similar a la de la compra sobre plano, con la diferencia de que el inmueble ya está acabado. La particularidad radica en que los compradores pactan con el vendedor el desembolso aplazado de los pagos durante un periodo de tiempo en el que pueden hacer uso normal de la casa.
«Es el promotor el que financia a los potenciales compradores y hace el papel que no realizan ahora los bancos», explica Gonzalo Feltrer, director gerente de Grupo 2 Reunidos. «Como muchos interesados no tienen dinero, los promotores facilitan y hacen viable la compra», señala.
En la misma línea se expresa Ana Morán Calero, directora comercial corporativa de Foro Consultores. «Ahora que los bancos han cerrador el grifo y no financian ni siquiera el 80% de la hipoteca, pagar a plazos durante el tiempo que se quiera es una buena opción».
La venta de vivienda aplazada consiste básicamente en pagar la casa en distintos plazos pactados con el vendedor. Por un lado, se paga parte del importe de la casa, mientras que el resto se abona aplazado a través de múltiples fórmulas. Las más habituales son los pagarés no avalados o las letras de cambio, pero también se realizan mediante recibos o transferencias.
Las condiciones y duración de las amortizaciones se establecen en una cláusula resolutoria que se inscribe en el registro. En este documento también se especifican las penalizaciones en caso de no cumplir con las entregas. Normalmente, si los pagos no se hacen efectivos, los inquilinos pierden todo el dinero entregado hasta el momento. No obstante, todo depende de lo establecido en el contrato. «Si no se paga, la casa vuelve al vendedor con las condiciones pactadas en la cláusula», explica la experta. En el caso de que los pagos sí se realicen correctamente, esas cantidades se restan del importe final de la vivienda.
«Como la gente tiene poca facilidad para comprar una casa por los problemas financieros y hay bastante ‘stock’ de vivienda, se buscan alternativas como ésta», afirma Morán Calero.
Las ventajas son claras: no hace falta tener grandes cantidades ahorradas y mayores facilidades de pago. Pero también hay desventajas. La principal es que llegue un momento que no se puedan afrontar los pagos y se pierda el dinero entregado. «No suele perderse el 100% pero sí una cantidad importante, según el contrato», matiza Morán Calero.
Por otro lado, las letras de cambio tienen un coste notarial adicional que debe afrontar el comprador. «Cuanto mayor es el importe a pagar y el plazo, más cuestan las letras», comenta Gonzalo Feltrer.
Además, los promotores asumen riesgos. «El promotor no recibe inmediatamente el beneficio de la operación de compraventa del inmueble», dice Feltrer.
Según Feltrer, la venta de vivienda aplazada «tiene que incorporarse poco a poco al mercado y acabará formando parte de las soluciones de futuro a la falta de financiación» por la crisis.

Libros

Diario personal del pinchazo de la burbuja
Pistas para entender por qué se ha detenido en seco el mercado inmobiliario.

R. Díaz Guijarro – Madrid – 13/12/2008 Cinco Días

Sí, este libro habla de la burbuja inmobiliaria en España y de sus efectos en el resto de la economía. Hasta aquí todo normal, si no fuera porque el enfoque con el que se ha escrito es distinto a lo que cabría esperar de un argumento así. El autor, José García Montalvo, es doctor en Economía por la Universidad de Harvard y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Pero al margen de su dilatada trayectoria como economista y catedrático, es conocido como uno de los expertos que primero comenzó a hablar de la existencia de una burbuja y de los peligros que entrañaba que ésta pinchara.

García Montalvo define como ‘engaño colectivo’ los últimos años vividos por el sector inmobiliario en medio mundo en general y en España en particular: ‘De un espejismo inalcanzable de riqueza. Y de cómo ese espejismo contagió al sistema financiero’. De hecho, el autor reconoce que pensó escribir un libro de misterio donde no se descubriera al asesino hasta el final. ‘Iría dejando pistas, pero hasta el final nadie sabría quién es la asesina: la burbuja. Pero ahora ya todos los lectores potenciales conocen el desenlace. Se ha perdido el misterio’. Por ello, como el final se está desarrollando en la actualidad, el libro opta por un enfoque íntimo y personal, hasta el punto de que se autodenomina ‘diario inmobiliario’ y sólo pretende ofrecer una visión de las claves de lo ocurrido para entenderlo mejor.

En esta línea, procede a enumerar todos los factores que han contribuido a formar la burbuja y a los ya conocidos (aumento de renta, rebaja de tipos, ampliación de los plazos de amortización) añade otros menos comentados. ‘Gracias a los préstamos de la banca, los ciudadanos podían acceder a una vivienda cuyo precio era cada vez más elevado. Estaban haciendo una misión social muy importante. Estudios académicos recientes muestran con claridad cómo la laxitud en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras fue una de las causas principales de la formación de la burbuja. De hecho, los bancos tenían el hinchador de la burbuja y lo apretaban con alegría’. El libro aborda lo que denomina falsos mitos, leyendas o falacias como es la ‘mal llamada cultura de la propiedad’. Dice García Montalvo que como tal cultura no existe ni ha existido. ‘Es simplemente el resultado de años y años de promoción de la compra de viviendas frente al alquiler’.

Pero ¿qué es una burbuja inmobiliaria? Según el autor, un aumento rápido de los precios de la vivienda no implica necesariamente la formación de una burbuja. ‘Una burbuja inmobiliaria es una situación en la que los precios de la vivienda son insostenibles, pues se basan fundamentalmente en las expectativas que los compradores e inversores tienen sobre un crecimiento rápido y sostenido de los precios en el futuro.’ Otra de las peculiaridades de esta obra frente a las que ya se han escrito sobre esta crisis es que relata cómo se desoyeron las advertencias de quienes auguraban un ajuste brutal. ‘Seguro que en el futuro la ciencia dará con el gen defectuoso que lleva a la gente a aceptar como verdades incontestables hechos sin fundamentos. Mientras tanto, nos toca contemplar hacia dónde nos arrastra la fe inmobiliaria’.

Depósitos en pie de guerra
27/12/2008 Cinco Días
Si algún efecto positivo sobre el ahorro ha podido tener la crisis financiera que se ha desencadenado en 2008 es la mejora en la remuneración de los depósitos bancarios. Las entidades financieras se han volcado en sus clientes para captar los recursos que les ha negado el mercado de capitales, paralizado por el pánico y la desconfianza. Y el gran reclamo ha sido el aumento de las rentabilidades, que ha provocado una verdadera guerra por el ahorro.
Los depósitos han sido sin duda en 2008 el producto estrella de las oficinas bancarias y han arrinconado con fuerza a los fondos de inversión, minados por la caída de la Bolsa y por un volumen de reembolsos sin precedentes. El patrimonio de los fondos ha caído este año casi el 30%.
La remuneración media de los depósitos de entre uno y dos años ha pasado del 3,82% de 2007 al 4,83% de octubre de 2008, según datos del Banco de España. Pero más allá de la media, la agresividad comercial de algunas entidades y la necesidad de captar recursos como alternativa a la financiación en el mercado interbancario han puesto a disposición de los ahorradores depósitos con una remuneración que ha superado el 6% a un año. Y en un esfuerzo por superar a la competencia, algunos bancos y cajas han comenzado a pagar los intereses del producto por anticipado, sin esperar al vencimiento.
En todo caso, las ofertas más rentables han estado también vinculadas al cumplimiento de una serie de requisitos, más exigentes cuanto mayor era la remuneración. Así, además de una imposición mínima que ronda en muchos casos los 3.000 euros, a veces es necesario un determinado volumen de gasto en tarjetas o un aumento del saldo con el banco.
El año ha sido propicio para la contratación de depósitos, aunque las tornas prometen cambiar en 2009, después de las sucesivas bajadas de tipos de interés y de la necesidad que tendrán los bancos de defender su margen de negocio.

Alfons Quintá – 27/12/2008 El Confidencial
La revista satírica norteamericana The Onion (La Cebolla) resume la situación económica mundial con un titular merecedor del Premio Pulitzer: “Nación infectada por la recesión solicita nueva burbuja (financiera) para invertir en ella”. (Recession-Plagued Nation Demands New Bubble to Invest In).

En efecto, en todo el mundo, hay una notable resignación ante una crisis económica sin signos de mejoría, sino de todo lo contrario. Por tanto, de no obrar respecto a los orígenes de la burbuja, surgirán otras. Volverán a afectarnos a todos, incluso en España donde no ha habido préstamos hipotecarios tan complejos y de tan alto riesgo, como las subprimes americanas. Pero España es, después de Gran Bretaña, el segundo emisor de títulos de crédito hipotecario de Europa. Mal aceptados por el mercado, fueron usados ante el Banco Central Europeo para lograr liquidez.

A día de doy, no consta que se hayan eliminado las infinitas artimañas de ingeniería financiera que están en la base de un conjunto de embolados sin precedentes en la historia del Derecho Mercantil y del Financiero. Será una tarea muy complicada, en particular en los Estados Unidos, donde la articulación de los conceptos de Estado y Derecho es extremadamente compleja. Si en España, y en el ámbito de sus funciones, los notarios y registradores de la propiedad asumiesen un tinglado homologable al de la “contabilidad creadora”, ideado y practicado por instituciones financieras de casi todo el mundo, correríamos el riesgo de volver a la Edad de Piedra.

Había un producto financiero concreto -calificable de vil martingala- que iba acompañado de una explicación o, mejor, de un prospecto para su uso, de exactamente 145 páginas. Probablemente no las entendía ni el sinvergͼenza que las redactó.

Productos rocambolescos

Si expusiera aquí la lista de todos los productos rocambolescos que se han estado creando o usando en desmesura en los últimos años, en especial desde 1995, respecto a créditos a largo plazo, no me quedaría espacio. Veamos meros botones de muestra: ABS (Asset Backed Securities), LBO (Leverage Buy-Out), RMBS ( Residential Mortgage-backed Security), CDO (Collaterized Debt Obligations, con variantes tan pintorescas como una llamada “mezzanine”, entresuelo), CDS (Credit Default Swaps), CLO (Collaterized Loan Obligation), etcétera. Hay que sospechar que su complejidad era deliberada e interesada. Ha estado amparada por agencias de calificación (Fitch, Standard and Poor”™s, Moody”™s) que finalmente han resultado ser paradigmas de conflictos de intereses.

Cada sigla de producto financiero representó una nueva ganancia para la entidad emisora de títulos, una comisión para el vendedor y ahora un dolor de cabeza inmenso para el afectado, que continua sin entender en qué mundo se metió. Lo hizo confiando en que el progreso económico de los últimos años, basado en pensar sólo en la oferta, de la que se afirmaba que no podía tener fin. Vaya por donde: hoy estamos sin demanda. Hubo un optimismo delirante. Quien mejor lo encarnó fue Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal norteamericana del 1987 al 2006, bajo cuatro presidentes: Reagan, Bush padre, Clinton y Bush Jr.

Cuando el pasado diciembre ya se veían las orejas al lobo que hoy nos devora, Greenspan afirmó: “Después de haber observado durante medio siglo numerosas burbujas de precios desarrollarse y explotar, he llegado a la conclusión que las burbujas (financieras) no pueden ser desactivadas sin peligro por una política monetaria, o por otras iniciativas, antes de que la fiebre especulativa no se apague por sí misma”. No era el secular laissez faire, laissez passer, sino la apología de la acracia.

También era la política del avestruz, que continua viva y coleando. Pero no es cierta, ni estaba justificada, como se verá algún día, que aún tardará en llegar, porque aún no ha habido políticos capaces de coger el rábano por las hojas, con coraje.

Quizá el único embrión de modelo de reflexión inteligente y de valentía lo encarne, desde su posición poco preeminente, Angela Merkel. Ya veremos si se impone o no. En todo caso, Obama no puede aspirar a tener un colega con capacidad, energía y visión comparables a las de Merkel. Ésta no ha actuado sólo respecto a los síntomas, sino que ha comprendido las causas del mal.

Habrá tiempo para precisarlo, atendiendo a que sin duda no será cierta la memez expuesta por el inefable Miguel Sebastián cuando afirmó que la crisis terminaría cuando cesase el presidente Bush, o sea en tres semanas. Como “contabilidad creadora” ciertamente Sebastián supera a quien sea. Parafraseando a The Onion, Sebastián se ha convertido en una burbuja meramente ideológica en la que nadie en su sano juicio puede soñar en invertir.

Diario de Noticias, 23 Dic. 2008, Editorial LA LEY
El ministro Bermejo ha asegurado que llevará una ley al Parlamento para evitar que casos así vuelvan a repetirse y que no está de acuerdo con la sanción porque le parece enormemente escasa.
Madrid.- El Gobierno enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para evitar más casos como el de Rafael Tirado, al que no ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés sólo le ha supuesto una multa de 1.500 euros.
Así lo ha anunciado hoy, en declaraciones a Efe, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que al saber que el Consejo General del Poder Judicial había rechazado suspender a Tirado ha dicho: El Gobierno estudiará la reforma en profundidad del régimen disciplinario de los jueces y llevará al Parlamento una ley para evitar que hechos así puedan volver a repetirse.
Bermejo ha añadido que el Gobierno no está en absoluto de acuerdo con la decisión del CGPJ de mantener la multa a Tirado, que nos parece enormemente escasa y ha subrayado que está plenamente de acuerdo con los vocales que han disentido de la misma.
Además, ha apoyado la decisión de la Fiscalía de recurrir ante el Tribunal Supremo para que la conducta del juez de Sevilla sea calificada como una falta muy grave al estimar que se produjo una desatención continuada en el tiempo respecto de la ejecutoria de la sentencia y no un simple olvido puntual.
La reforma del régimen disciplinario de los jueces, que exige reiteración en la conducta para considerarla muy grave e imponer una sanción que no sea meramente económica, ha sido reclamada desde diversos sectores, especialmente a raíz de lo acontecido tras el llamado caso Mari Luz.
Así, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, Juana Gálvez, fue castigada con dos años de suspensión de empleo y sueldo por los mismos hechos que se atribuyen al magistrado, ya que el régimen sancionador del colectivo al que pertenece es distinto y, además, la decisión depende del Ministerio de Justicia y no del CGPJ.
El problema está en que entre la sanción de la falta grave y la de la muy grave hay un gran salto, reconocía el portavoz del anterior Consejo, Enrique López, tras la primera decisión de este órgano de multarle.
López, que admitió que el caso Mari Luz ponía de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una reforma del régimen disciplinario de los jueces y acomodar los tipos a las circunstancias, dijo que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) debería ser reformada para incluir castigos más elevados para las faltas graves.
El nuevo CGPJ tiene entre sus proyectos estudiar una modificación de la LOPJ para que los expedientes disciplinarios a los jueces caduquen en el plazo de un año y no a los seis meses, como ocurre actualmente, circunstancia que ha llevado al Tribunal Supremo a anular numerosas sanciones impuestas a magistrados. EFE.

27-12-2008 , Expansión.com | Agencias
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que los españoles se ahorrarán el próximo año en torno a 20.000 millones de euros en el pago de sus hipotecas gracias al descenso continuado del Euríbor.
En una entrevista concedida al canal de televisión por internet del PSOE, Zapatero destacó que las actuaciones de su Ejecutivo en respuesta a la crisis ya han empezado a dar resultado sobre el sistema financiero, que han «despejado el riesgo» de quiebras de las entidades españolas y garantizado los depósitos de los ahorradores españoles.
El jefe del Ejecutivo señaló que los «primeros síntomas de la recuperación económica» no empezarán a manifestarse hasta finales de 2009 y aseguró que la crisis ha demostrado que el Estado «es imprescindible» y tiene capacidad de hacer cosas «tan bien e incluso mejor que el mercado solo». Al mismo tiempo insistió en que, para salir de esta situación económica habrá que reforzar la cohesión y las políticas sociales. «Invertir socialmente es invertir en las posibilidades de la riqueza de la economía española», remachó el presidente, para quien el objetivo es «hacer una gran coalición de ciudadanos para ganar la crisis».
«Dentro de un año tendremos un tono vital de país mejor, estaremos viendo como la recuperación económica la tocamos ya con las manos, aunque seguiremos teniendo del reto del empleo», incidió. Para el presidente, los datos dentro de un año seguirán siendo malos, pero las expectativas más positivas, lo que hará recuperar la demanda y el consumo.
Contención del paro en abril
Zapatero admitió que la «realidad ha sido bastante novedosa» porque las dificultades han superado las previsiones que manejaba hace un año a causa de la crisis financiera y su impacto sobre el empleo, lo que ha exigido «un trabajo más intenso de reacción» a través de la aprobación de un amplio paquete de medidas, entre las que destaca el plan extraordinario de inversión productiva dotado con 11.000 millones de euros.
Englobado en este plan, destaca el fondo de inversión estatal para municipios, cuyos 8.000 millones permitirán la puesta en marcha de 25.000 obras públicas entre enero y abril del próximo año, un periodo a partir del cual la «contención de la destrucción de empleo será palpable».
No obstante, el presidente recordó a los desempleados que el sistema de protección por desempleo les garantiza una renta durante «doce, catorce o dieciséis meses». Y si la evolución del mercado laboral y la actividad económica «les pusiera en más dificultades» el Gobierno «sería sensible» a sus reclamaciones.
Todas las comunidades autónomas saldrán ganando
En este proceso ocupará un lugar primordial la cooperación con los entes territoriales. Zapatero señaló que el nuevo sistema de financiación se caracterizará porque el 80% de sus nuevos recursos concedidos a las comunidades autónomas «tendrán como destino último la educación, la sanidad y la ayuda a la dependencia».
Asimismo señaló que las líneas principales del modelo tendrán en cuenta la realidad de la España «diversa y plural» de las 17 comunidades y aseguró que cada una de ellas ganará con el nuevo modelo.

La crisis inmobiliaria
La demanda casi nula y el exceso de oferta lastran el sector.
Tania Juanes – 27/12/2008 Cinco Días
El fin de la etapa dorada del mercado inmobiliario español se veía venir desde hace tiempo, pero en lugar de un aterrizaje más o menos suave lo que ha ocurrido se parece más al descarrilamiento de un pesado tren de mercancías que avanzaba a una velocidad más que inadecuada. Todo se ha unido en su contra. Desde el exceso de oferta a los precios desorbitados de los activos residenciales, que fueron aupados por una demanda que contaba con un elevado componente especulativo y que parecía no tener fin. A ese determinante factor se une ahora una escasez de financiación bancaria con perfiles también históricos.
Como consecuencia, la demanda, más que reducirse, casi se ha evaporado, y la actividad se encamina a cifras de hace 20 años. Mientras, los precios bajan, pero no sirven para animar a eventuales compradores, que tampoco disponen de dinero fácil como en años anteriores. Un círculo vicioso que nadie sabe cómo y por dónde romper. Además, el pinchazo de la construcción dispara el paro en España, reduce la actividad económica y debilita aún más la demanda.
Las cifras ya son muy elocuentes. El número de viviendas libres iniciadas entre julio y septiembre de este año se eleva a 55.853 unidades, frente a las 133.528 del mismo periodo de 2007. La trayectoria es diferente en la vivienda protegida: 19.415 millones en el tercer trimestre de 2008, frente a los 13.317 millones del año precedente, aunque esta subida no sirve para absorber los excedentes que se crean en la otra área. Las estadísticas no muestran un escenario muy diferente cuando se refieren al número total de transacciones inmobiliarias: 434.629 entre julio-septiembre de este año, lo que supone un descenso de 210.192 respecto al mismo periodo de 2008.
Aunque los datos sobre precios son algo menos precisos, el proceso de abaratamiento es innegable. Según un informe de Tasaciones Inmobiliarias (Tinsa), el descenso nominal del metro cuadrado en septiembre fue del 4,9% interanual, el más fuerte desde que se inició el ciclo bajista, y que lleva a un descenso acumulado del 5,9% en los nueve primeros meses de 2008. Este estudio refleja que las caídas son mayores en la vivienda usada.

Las reacciones
CGPJ: «El Gobierno está actuando de una forma histérica. Le recomendamos que sea prudente porque nadie puede entender que se agarre una pataleta porque no le guste el signo de una resolución».
APM: «El PSOE está haciendo gala de un populismo barato. Parece que no tiene la más mínima idea de lo que es una democracia y de lo que es el principio de la separación de poderes».
JpD: «Respaldamos la resolución del CGPJ. Consideramos que no es necesaria una reforma del reglamento y pensamos que cambiar a los miembros recién elegidos del CGPJ es como querer matar pulgas a cañonazos».
Francisco de Vitoria: «No se puede actuar por un calentón. Si hay prisas será para otras cosas como las reformas estructurales de la Justicia que llevan años de retraso».
Domingo Pérez. ABC | MADRID
Ayer, los jueces y los fiscales, a través de los portavoces de las distintas asociaciones que los representan (excepto los fiscales progresistas), hicieron piña en torno al Consejo General del Poder Judicial; apoyaron la resolución que en su día emitió este órgano sobre el juez Tirado del «caso Mari Luz» y manifestaron su extrañeza ante lo que calificaron de «pataleta del Gobierno».
El Gobierno se ha lanzado a una intensa ofensiva contra el Poder Judicial desde que el CGPJ no castigó al juez Tirado con los tres años de inhabilitación que públicamente se atrevió a solicitar la vicepresidenta De la Vega. El ataque contra los jueces lo abrió el ministro Fernández Bermejo. Poco después de conocerse la resolución, anunció que se iba a endurecer el régimen disciplinario.
Ofensiva del Gobierno
Luego se sumó al asedio el PSOE, por medio de su secretario de Política Municipal y Libertades Públicas, ́lvaro Cuesta, que amenazó con que se iba a estudiar la posibilidad de cambiar a los recién elegidos miembros del órgano de gobierno de los jueces. Y ayer se puso al frente de la acometida el presidente del Gobierno en persona, como dejó claro durante su rueda de prensa navideña en La Moncloa.
Rodríguez Zapatero anunció durante su intervención que el máximo responsable del CGPJ, Carlos Dívar, «va a tener que explicar ante toda la ciudadanía la decisión» que tomó este órgano al confirmar la multa de 1.500 euros al juez Rafael Tirado. Para ello, el Grupo Socialista registró ante la Cámara Baja su petición para que Dívar comparezca con urgencia ante el Congreso y explique la política disciplinaria del Consejo y de inspección de los tribunales.
Al respecto, la portavoz del CGPJ, Grabriela Bravo, confirmó que Carlos Dívar tiene previsto comparecer después de las vacaciones de Navidad, pero matizó que, al ser también el presidente del Tribunal Supremo, no podrá pronunciarse acerca de la sanción impuesta a Tirado. «La comparecencia -explicó- está prevista para principios de año para explicar las actuaciones y decisiones del Consejo con la limitación respecto a las decisiones que tienen que ser revisadas por el Tribunal Supremo».
ABC se puso en contacto con una reconocida fuente del CGPJ que confesaba su estupor por la ofensiva y las amenazas lanzadas desde el Ministerio, el PSOE y el Gobierno. «Legislar a golpe de hechos -reflexionaba- es como mínimo imprudente por parte del Gobierno. Nadie puede entender que porque al Gobierno no le guste el signo de una resolución, agarre una pataleta como ésta. Debe tener en cuenta que la decisión se tomó en una votación democrática y que se debe respetar el principio de independencia del CGPJ».
Sobre la declaración de Bermejo de cambiar el reglamento, consideró que: «Está actuando de una forma histérica y no reflexiva, que es lo mínimo que se le puede pedir a un ministro. Nosotros le recomendamos que sea prudente».
«Si objetivamente -opinó- se considera que hay que endurecer el reglamento disciplinario, pues se hace, pero no por un caso en concreto, porque al Gobierno no le guste la resolución que se tomó. Si hay que cambiarlo será porque no funciona y habrá que analizar qué es lo que no va. Otras veces sí han gustado las decisiones del CGPJ, como en el caso Garzón, y no han querido cambiar nada. Al contrario, todo fueron alabanzas y parabienes».
Tufo totalitario
Las principales asociaciones profesionales cerraron filas en torno al CGPJ. El portavoz de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), Antonio García, manifestó que «el PSOE está haciendo gala de un populismo barato del peor estilo». A su juicio, lo que trasciende en toda esta polémica es «un tufo totalitario cuando lo que se espera de los políticos es que actúen de una manera comedida, seria, serena, reflexiva y responsable».
Para Juan Pedro Quintana, portavoz de la Asociación Francisco Vitoria, «no se puede actuar por un calentón porque no te guste lo que ha decidido el CGPJ. Ya se ha anunciado el recurso y esa es la vía. Lo otro, las amenazas y la precipitación, no favorecen a nadie. Aquí lo que ocurre es que se le ha prometido algo al padre de Mari Luz y eso ha desfasado el asunto. Ahora, a toda velocidad se quiere cambiar el reglamento, cuando hay otras muchas reformas estructurales que llevan años paralizadas. Por ejemplo, después del caso Mari Luz siguen sin estar activadas las alertas judiciales. Nada se sabe de la renovación de las oficinas. Los juzgados siguen saturados, sin medios y sin estar informatizados».
Desde la progresista Jueces para la Democracia, Ignacio Espinosa quiso transmitir su «respaldo a la resolución. Fue adoptada por mayoría y en el órgano competente». Entiende que no es «necesario un cambio del régimen disciplinario porque si al juez Tirado no se le aplicó la falta muy grave no fue porque no existiera esa figura, que sí que está tipificada, sino porque no se consideró oportuno». Tampoco comprende que ahora se anuncie el cambio de los miembros del CGPJ: «Han sido elegidos por cinco años y sería como dedicarse a matar pulgas a cañonazos».
En una línea similar se manifestó la mayoritaria Asociación de Fiscales. Su portavoz, Jorge Cabré, consideró «desproporcionada» la reacción del PSOE. Y se preguntó: «¿Qué ha ocurrido para que en septiembre, cuando PP y PSOE pactaron la composición del Consejo, los nuevos vocales fueran maravillosos y ahora no?».

26-12-2008 , por C.Cuesta/E.S.Mazo. Madrid Expansión
Presidencia ha lanzado el debate. El departamento de Solbes rechaza la posibilidad de aplicar una amnistía. Mientras, CiU y el círculo más cercano a Zapatero la defiende.
Jesús Caldera, desde la Fundación Ideas, y con el mandato de Presidencia del Gobierno de abrir el debate, lanzó la idea de la posible aplicación de una amnistía fiscal (ver Expansión del 13 de diciembre). Y apenas dos semanas después se ha convertido ya en uno de los motivos de mayor debate y tensión dentro del Ejecutivo.
La idea contaba desde el primer momento con el apoyo del propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Y había sido respaldada en parte por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, partidario del afloramiento del dinero negro que podría estar oculto en billetes acumulados por las familias (principalmente de 500 y 200 euros).
Caldera desarrolló la idea, centrándola en un plan de captación de dinero procedente de los paraísos fiscales, de forma que los capitales opacos e ilegales pudiesen cruzar las fronteras nacionales sin castigo penal. Además, según el plan de Caldera, podrían disfrutar de un régimen fiscal beneficiado en el momento de entrar en España.
Pero la idea no quedó ahí y ha levantado ya una intensa polémica tanto dentro como fuera del Gobierno. Los últimos debates mantenidos en Presidencia apuntaban ya a una amnistía, tanto para los capitales en el exterior como en el interior. Es decir, un plan de afloramiento general de dinero evadido y negro.
Los últimos estudios sobre economía sumergida elaborados por la Unión Europea aseguran que el volumen de actividad negra en España podría alcanzar el 22% de su PIB, es decir, más de 220.000 millones de euros.
Presidencia ha logrado un apoyo externo. CiU ha sido uno de los primeros que ha puesto manos a la obra en la labor de difundir la idea: un panel de expertos convocado por el partido catalán hace tres semanas ha incluido ya la idea de la amnistía fiscal como un remedio viable frente a la falta de liquidez y la caída de recaudación fiscal (más de un 11% en el año) que sufren las arcas tributarias nacionales. Este foro se nutre, además, de una petición pública lanzada por el Col.legi de Gestors de Catalunya: hacer una emisión de carácter extraordinaria de deuda a bajo interés, durante cuatro años, con el objetivo de aflorar dinero negro. De esta forma, se lograría financiación a bajo coste para ayudar, vía préstamos, a las pequeñas empresas. Una estrategia similar a la empleada por el Ejecutivo también socialista en 1991 -ver información adjunta-.
La medida afectaría a dos colectivos adicionalmente: a los inspectores fiscales y al equipo de seguimiento del blanqueo, constituido en el Banco de España bajo el nombre de Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac) y que engloba a personal del Banco, de la Agencia Tributaria y del Tesoro. Fuentes de la Inspección han mostrado ya su rechazo total a una amnistía mientras que, fuentes internas de Economía, han señalado ya que la postura del personal del Banco de España no será distinta.
Dentro del propio Partido Socialista, el debate ha dividido a la formación. Pese al respaldo abierto de Caldera, numerosos colectivos han mostrado ya a la Ejecutiva su rechazo a una medida que beneficiaría a los contribuyentes defraudadores y con mayores recursos de todo el sistema fiscal español, algo que no consideran muy acorde con los supuestos principios del Partido Socialista.

No es algo nuevo para España
No sería la primera vez que se aprueba una amnistía fiscal en España. El último antecedente se remonta, de hecho, a 1991, fase previa a la última recesión y situación más parecida a la actual. Fue entonces cuando Carlos Solchaga, como ministro de Economía, ofreció a los suscriptores de pagarés del Tesoro (ajenos a los ojos de Hacienda) que pudieran regularizar su situación. Las opciones eran dos: la primera, canjear esos títulos por la que llamó Deuda Pública Especial, un activo libre de impuestos y que preservaba la identidad del inversor, aunque de menor rentabilidad.
La segunda alternativa pasaba porque esos suscriptores hicieran declaraciones complementarias por esos pagarés sin sanción. Un movimiento conjunto que permitió aflorar casi 780.000 millones de las antiguas pesetas (4.700 millones de euros) opacos para el Fisco desde 1991. Antes de aquella medida de Solchaga, entre 1977 y 1978, el Estado aprobó una amnistía en el IRPF y en Sociedades, que se basó en regularizar bienes ocultos, como fórmula, en el fondo, para vertebrar un buen funcionamiento del sistema fiscal en los comienzos de la democracia.
Entre una y otra etapa, el Ejecutivo de Aznar acusó al Gobierno saliente del PSOE de realizar una amnistía «encubierta», que, sin embargo, jamás se demostró. El PP denunció que el PSOE perdonó a determinadas empresas pagos por valor de más de 1.200 millones de euros.

– Las entidades alegan que sólo deben prestar a quien pueda devolver el dinero – El Banco de España cree que el acumulado crecerá menos que el PIB nominal
͍ñigo de Barrón – Madrid – 26/12/2008 El País
Ya tenemos una cabeza de turco: la banca es culpable de que no haya crédito. La clase política, la sindical y los empresarios, tienen su bestia negra y no parecen dispuestos a soltar la pieza. Sobre todo desde que ha tomado prestado casi 10.000 millones de euros del Estado en las dos subastas de activos. El gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, sí ha aclarado que «es populista» culpar a los bancos de esta situación «porque su trabajo es prestar a clientes solventes. Si mejora la economía, seguro que la banca eleva el crédito».
Sin embargo, la sensación general en la sociedad es que el grifo financiero se ha cortado. ¿Por qué? La razón es que el ritmo de crecimiento del crédito ha descendido dramáticamente. Si se compara el tercer trimestre de 2008 con el mismo periodo de 2007, la caída del préstamo a los hogares es del 95%. Entre julio, agosto y septiembre de 2007 el préstamo nuevo ascendió a 16.519 millones. Un año después, se concedieron 841 millones, un 95% menos. En la financiación a las empresas, el descenso ha sido más suave. La diferencia entre uno y otro trimestre ha sido del 58%.
Si lo que se compara son los 12 últimos meses, también las caídas son significativas, aunque un poco más moderadas. Así, el descenso del crédito a los hogares es del 50,4% mientras que en las empresas, los préstamos se han reducido un 47,5%.
Según Isidoro Tapia, consultor de Solchaga Recio & Asociados, «el brusquísimo ajuste de las concesiones de nuevo crédito no es exclusivo de España. Si se miran las series del Banco Central Europeo, se comprueba que ocurre algo similar en la zona euro». En su opinión, las primeras señales de brusca ralentización del crédito «se remontan a principios de 2007, lo que sugiere que la contracción crediticia es más causa que consecuencia de la desaceleración económica». Este analista, al igual que otros consultados, creen que la caída del crédito ha frenado la transformación y modernización de algunas empresas. Sin embargo, en el caso de los hogares, la situación es a la inversa: la opinión generalizada es que la falta de demanda ha sido la causa de la caída del crédito.
Sin embargo, tanto las cajas de ahorros como los bancos sostienen que «no se ha cerrado el grifo del crédito». En su defensa recuerdan que, hasta octubre, el stock de crédito acumulado superaba el billón de euros con un crecimiento del 7,6% respecto de los 10 primeros meses del año pasado, una afirmación basada en los datos del Banco de España. Teniendo en cuenta que la economía ha decrecido un 0,2%, «el crédito se incrementa muy por encima del PIB, por lo que no se nos puede acusar de que hemos dejado de prestar», afirma Pedro Pablo Villasante, secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB).
Fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), comentan que la caída del crédito nuevo se debe a la menor demanda. La CECA considera que los clientes se frenan a la hora de pedir préstamos por cuatro razones: esperan una nueva bajada de tipos; confían en el abaratamiento de los pisos; por el crecimiento del ahorro que provoca un freno en el gasto y porque el crédito se ha encarecido.
La patronal de entidades de ahorro afirma, al igual que los bancos, que la obligación de las entidades es prestar a quien ellos consideren que puede devolver el dinero. «Nuestra obligación, como nos recuerda el Banco de España, es cumplir con las exigencias de control de riesgos y eso es lo que se hace».
El director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, les ha dado la razón. Malo de Molina considera que el ritmo de concesión de créditos crecerá por debajo del PIB nominal (que puede estar entre el 0,5% y el 1% en 2009), aunque no lo detalló. «Pese al ajuste, actualmente el crédito aún es superior al ritmo de crecimiento económico, algo que cambiará», señaló Malo de Molina, quien tranquilizó al asegurar que este hecho es «normal en una fase de cambio de ciclo y contención del crédito». El director del Servicio de Estudios del Banco de España constató también que el ajuste de la economía española se ha «complicado enormemente» con la coincidencia con la crisis financiera e internacional.
La presión social sobre la banca ha crecido desde que han recibido casi 10.000 millones en las dos subastas del Gobierno. Los empresarios (y los más altos cargos del PSOE) sostienen que, «en paralelo a las ayudas, deberían someterse a un control para comprobar que trasladan el dinero a empresas y particulares. No se puede permitir que se lo queden en sus balances para los vencimientos».
Desde la patronal bancaria y la de las cajas se niega la mayor. Primero, no son ayudas sino financiación a precio de mercado «porque pagamos intereses por el dinero que recibimos». En segundo lugar, recuerdan que «si hay vencimientos es porque hace años, la banca concedió préstamos a los ciudadanos. No se puede pensar que esos vencimientos proceden de inversiones extrañas, sólo son los créditos de hace cinco años que ahora vencen».
Este sector señala que España necesitaba 100.000 millones anuales de crédito externo. La banca lo pedía, principalmente a alemanes y franceses, y ahora hay que devolverlo. Gracias a este crédito se ha financiado la burbuja inmobiliaria, es decir, a promotores, constructores y familias. «Si una entidad no cumple el pago de una deuda internacional, quedaría expulsada de los circuitos. Atender a los vencimientos es clave para cualquier caja o banco», recuerda un experto.

Agencias 26/12/2008 El Economista

Correos subirá un 3,22% el precio de los sellos para el envío nacional de cartas y tarjetas postales normalizadas y de hasta 20 gramos de peso a partir del próximo 1 de enero de 2009, cuando pasará a costar 0,32 euros, frente a los 0,31 euros actuales, según informó hoy la sociedad postal.
El encarecimiento de este sello, el más utilizado, será ligeramente inferior al del 3,33% aplicado en 2008, pero estará por encima de la inflación, que se prevé cierre el año en el entorno del 2%.
Correos congelará, no obstante, el precio del sello para mandar cartas nacionales normalizadas de entre 20 y 50 gramos de peso, que seguirá así costando 0,43 euros.
Respecto a los envíos a Europa, el sello de cartas y tarjetas postales de hasta 20 gramos se encarecerá un 3,33%, de forma que pasará a costar 0,62 euros, frente a los 0,60 euros actuales. En el caso de cartas de entre 20 y 50 gramos de peso, se mantiene en 1,29 euros.

La Moncloa. Viernes, 26 de diciembre de 2008

Tras la celebración del último Consejo de Ministros de 2008, en el que se ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional y la de las pensiones, el presidente del Gobierno ha comparecido para hacer balance de los primeros meses de la Legislatura. Ha subrayado que la «principal tarea» del Gobierno es hacer frente a la crisis económica y que la recuperación es el «único horizonte». También ha señalado la seguridad y la lucha contra el terrorismo como prioridades del Ejecutivo.
El jefe del Ejecutivo ha explicado que las pensiones mínimas van a subir el 6% de media en 2009. En los últimos cinco años se ha producido un incremento en las mismas del 36%, «la mayor subida en todo el periodo democrático», recalcó.
Este dato lo comparó con el correspondiente al periodo 1999-2004, en que gobernaba el PP, cuando las pensiones mínimas subieron un 19%. Entonces sólo ganaron tres puntos de poder adquisitivo frente a los 20 puntos de los últimos cinco años.
Por su parte, el salario mínimo interprofesional (SMI) se ha incrementado un 4%, lo que supone pasar de los 600 euros mensuales a los 624.
El Presidente apuntó que en los últimos cinco años el SMI ha subido 200 euros, una ganancia de 15 puntos. Este dato lo contrapuso a los 36 euros que subió en los cinco años anteriores, con el gobierno del PP, que supuso una pérdida de poder adquisitivo de 6 puntos.
El jefe del Ejecutivo ha mantenido su compromiso de llegar a los 800 euros al mes al final de la Legislatura.
Las políticas sociales como la subida del SMI, de las pensiones, las ayudas a la vivienda, el incremento de las becas, las ayudas a la dependencia, la educación de 0 a 3 años, no solo «no se van a debilitar» en 2009 sino que se «van a reforzar», porque ahora, en época de crisis, es cuando «más las necesitamos», ha dicho el Presidente.
En este sentido, rechazó las recetas anticrisis que se basan en los sacrificios salariales, facilidades al despido y recortes sociales porque, además de insolidarios, son contraproducentes.
Balance de los primeros meses de la Legislatura
José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado que la principal tarea del Gobierno durante este tiempo ha sido hacer frente a la crisis económica, cuya manifestación más negativa es la pérdida de empleo y de actividad en las empresas, ha dicho.
No obstante, aunque 2009 va a ser un año «difícil», la «recuperación es nuestro único horizonte» y vamos a salir adelante «sin ninguna duda», dijo. Añadió que aunque «la tempestad es fuerte», a diferencia de lo que sucedió en el pasado, tenemos un «barco sólido que conoce muy bien su rumbo».
El Gobierno está poniendo todos los medios y a todos los niveles para superar la crisis y estamos en condiciones de recuperar la senda del crec¡miento, «no es optimismo, es realismo», subrayó.
Dio un repaso a las medidas adoptadas por el Ejecutivo para fortalecer a las entidades financieras, aliviar las cargas familiares y disponer líneas de crédito para las empresas. Recordó el Plan de inversiones públicas -«el más ambicioso de todo el periodo democrático»- y el Plan extraordinario de 11.000 millones de euros, de los que 800 se destinan a obras en los Ayuntamientos.
Sobre este último Plan adelantó que de los 2.200 proyectos presentados, por importe de 1.000 millones de euros, ya se han autorizado 700. El volumen de inversión y obra pública en el ámbito local estará a pleno rendimiento en marzo y comportará 220.000 puestos de trabajo directos, más los indirectos que pueda acarrear señaló.
Seguridad y lucha contra el terrorismo
Otra de las grandes prioridades del Gobierno citada por el Presidente es la seguridad, «empezando por la lucha contra el terrorismo».
ETA ha desperdiciado tres oportunidades para terminar con el terrorismo y ya «no habrá más». La democracia «prevalecerá y el terrorismo será vencido», vaticinó el Presidente. Ya está vencido política y socialmente, pero lo será también «operativamente», especificó.
El Ejecutivo también lucha por la seguridad en las carreteras. De hecho, en lo que va de 2008 se ha reducido el número de fallecidos en 557, respecto a estas fechas en 2007, explicó el Presidente.
Otro desafío al que se ha enfrentado el Gobierno ha sido la inmigración ilegal. Según los datos ofrecidos por Rodríguez Zapatero, hasta este momento han entrado 5.000 inmigrantes ilegales menos por nuestras costas que el pasado año y en los centros de internamiento para inmigrantes actualmente hay 180 personas frente a los más de 10.000 que ha llegado a haber en 2006.
Sanción al juez Tirado
El Presidente ha dicho que «discrepa abiertamente» con la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez Tirado por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés.
Además, ha dicho que respalda el recurso anunciado por el Fiscal General del Estado, que el Gobierno estudiará «todos los caminos legales» para corregirla, que trabajará en la reforma del régimen disciplinario de los jueces y que cada Órgano Constitucional, en este caso el CGPJ, es «responsable de sus decisiones» y está «sometido a crítica».
Añadió que ha hablado con el padre de Mari Luz y le ha traladado que su «testimonio ejemplar» va a tener un efecto positivo en el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Financiación autonómica
El Presidente dijo que la propuesta que el Gobierno va a poner encima de la mesa de los ejecutivos autonómicos mejora su financiación.
El modelo, agregó, se va a regir por los principios de equidad y solidaridad. Va a estimular a las Comunidades Autónomas que generan más crecimiento económico, tendrá en cuenta el aumento de la población y posiblemente alguna otra peculiaridad.
El jefe del Ejecutivo señaló que se puede y debe llegar a un consenso global y que todas las Comunidades van a salir satisfechas.
Añadió que es probable que antes del 31 de diciembre pueda estar listo el documento y que, una vez tenga el consenso mínimo para desarrollarse, se convocará al Consejo de Politica Fiscal y Financiera.

24-12-08 , Jaime E. Navarro. Expansión
El annus horribilis que está a punto de terminar para los bancos españoles ha tenido como uno de sus principales capítulos la denominada guerra entre entidades por captar depósitos de sus clientes. El objetivo era paliar la escasez financiación que los bancos y cajas no han podido obtener de los mercados mayoristas, casi cerrados desde que se inició la crisis en el verano de 2007.
Esta pugna no ha supuesto, sin embargo, una reducción de la brecha entre los créditos que conceden las entidades y los depósitos que captan, el denominado gap comercial.

Si en octubre de 2007 las entidades cubrían el 80,5% de su oferta crediticia con depósitos, un año después sólo cubren un 77,8%. En cifras totales, supone que la brecha haya aumentado hasta los 182.460 millones de euros, lo que supone que la banca necesita 36.000 millones adicionales para cubrir su oferta de crédito hasta octubre, según datos de la patronal bancaria (AEB).

Equilibrio
Este aumento se produce debido a que el crédito, que se ha ido moderando a lo largo del año, aún crece por encima que lo hace la captación de recursos de la clientela. En octubre, la financiación a clientes aumentó un 9,5% en tasa interanual, mientras que los depósitos lo hicieron un 5,9%. Para las principales entidades españolas, la reducción de la brecha entre lo que prestan y lo que toman prestado es importante de cara al futuro.

Debido al espectacular crecimiento de la oferta de crédito desde 2003, que tuvo su apogeo en 2005 con un alza del 27,5%, las entidades recurrieron a nuevas formas de financiación para cubrir una parte creciente de la oferta de financiación que ya no cubrían los depósitos. Las emisiones de deuda fueron el instrumento utilizado, un mercado que ahora está cerrado, por lo que toca reequilibrar la balanza entre créditos y depósitos.

Este equilibrio se verá mejorado por la desaceleración de la concesión de crédito. El Banco de España ha señalado que el crédito para empresas y familias crecerá por debajo del PIB nominal, lo que significa que, según la previsión de crecimiento de la economía española de Funcas, lo hará por debajo del 1,5%. Es decir, a tasas cercanas al 0%.

Este dato contrasta con el objetivo declarado de las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para mejorar la liquidez de las entidades financieras españolas, aprobadas para favorecer que el crédito vuelva a fluir a familias y a empresas. Según fuentes de bancos y cajas, estas ayudas servirán para que al menos se vuelvan a renovar la financiación ya concedida por los bancos y que el crédito no caiga.

De hecho, sólo los bancos han concedido ya más crédito desde enero a octubre (53.000 millones) que el presupuesto total del Ejecutivo para el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que es de 50.000 millones, y en el que participan tanto bancos como cajas.

Por entidades, el Banco Santander es el que presenta un mejor equilibrio entre créditos y depósitos, ya que cerca del 90% de la financiación concedida a sus clientes en España está cubierta por los recursos de la clientela, lo que supone una mejora de más de cuatro puntos porcentuales respecto a 2007.

Su principal competidor en el mercado nacional, BBVA, presenta una evolución inversa: si hace un año cubría un 90% del crédito con depósitos, hoy la tasa desciende hasta el 76,8%. Entre los bancos que mejoran, se sitúan también Banco Popular, Sabadell y Banesto; y entre los que sufren un deterioro de esta variable, Bankinter y Pastor.

Fuga de depósitos
Los datos ofrecidos ayer por la AEB también ponen de relieve la fuga de depósitos que ha habido de los bancos desde el mes de agosto. Si desde principios de año hasta el verano las entidades captaron más de 54.500 millones de su clientela, desde entonces hasta octubre han perdido más de 7.000 millones.

Entre otras razones, este hecho se debe a que la bajada paulatina de tipos llevada a cabo en la zona euro ha hecho bajar las remuneraciones de los depósitos, lo que genera una menor apetencia por parte de los clientes por estos productos.

El Tesoro adjudicará 10.000 millones en dos nuevas subastas
El Tesoro adjudicará 4.000 millones de euros del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) el próximo 21 de enero, y otros 6.000 millones en la subasta que se celebrará el día 30 de ese mes. En caso de no adjudicarse la totalidad del importe correspondiente a la subasta del día 21, se acumulará en la siguiente cita.

Así lo ha establecido la comisión ejecutiva del FAAF, que también ha fijado las condiciones de esta tercera y cuarta subasta del fondo.
Las entidades interesadas en participar en la subasta del día 21, tendrán que indicarlo antes de las once de la mañana del día 16, y presentar sus ofertas al Banco de España antes de las diez de la mañana del día 20. Para la cita del día 31, la fecha límite para las entidades es el día 27, y la recepción de ofertas finalizará a las diez de la mañana del día 29.

El Gobierno se ha comprometido a adjudicar hasta 50.000 millones entre bancos y cajas a cambio de activos sanos y de máxima calidad. Con estas operaciones el Estado pretende facilitar el acceso de las entidades a la liquidez y que redunde en beneficio de la concesión de créditos a familias y empresas.Los resultados de las subastas celebradas hasta ahora han sido desiguales. En la primera cita el FAAF compró activos por 2.115 millones, cuando el tope estaba en 5.000 millones. En la segunda subasta, adjudicó 7.224 millones, el 91,6% del total disponible.

El impulso fiscal por cambios normativos, rebajas fiscales y adelanto de devoluciones asciende ya a un 1,7% del PIB

23 de diciembre de 2008. El Estado registró hasta noviembre un déficit de 14.060 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 1,28% del PIB, según los datos de ejecución presupuestaria que ha presentado hoy el Secretario de Estado de Hacienda y Prepuestos, Carlos Ocaña.

Este déficit de 14.060 millones de euros es el resultado de unos recursos no financieros del Estado que ascendieron, hasta noviembre, a 124.902 millones de euros, y de unos empleos no financieros que se elevaron a 138.962 millones.
En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en los primeros once meses del año un déficit de 11.038 millones de euros, un 1%.
Estos resultados siguen mostrando la intensa desaceleración que está registrando la economía española
Ingresos no financieros
En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos tanto del Estado como de las entregas a cuenta de las Administraciones Territoriales (CC.AA. y Corporaciones Locales). La cifra de recaudación total, incluyendo los datos del conjunto de las Administraciones, permite hacer un análisis más completo.
La recaudación neta ascendió a 175.015 millones de euros, un 11,9% menos que en 2007.
En la evolución de la recaudación hay que tener en cuenta los cambios normativos introducidos, así como la peor evolución de las bases imponibles de los impuestos.
El impacto de las rebajas fiscales aplicadas este ejercicio así como de los cambios normativos introducidos en los últimos meses se estima en 17.144 millones, que suponen una importante inyección de liquidez para las familias y las empresas en una situación de fuerte desaceleración económica. Además, la Administración está haciendo un esfuerzo en adelantar el ritmo de devoluciones, que se estima, respecto de la campaña tipo, en 1.500 millones de euros. En total, la inyección de liquidez hasta noviembre de 2008 asciende a 18.644 millones de euros.
Los impuestos directos se elevaron hasta los 96.082 millones de euros, con un descenso del 14,3%. El IRPF retrocede un 2%, como consecuencia del descenso del ingreso de la declaración de la renta del ejercicio 2007, de la rebaja del tipo efectivo asociada a la reforma del IRPF, así como del aumento del número de devoluciones. En cuanto al Impuesto de Sociedades, desciende un 36%, debido en parte a los cambios normativos, el aumento de las devoluciones respecto a la campaña tipo y, también, a la desaceleración de los resultados empresariales.

Los ingresos por impuestos indirectos alcanzaron los 66.836 millones de euros, un 10,1% menos que en 2007. En el lVA la recaudación se elevó a 45.965 millones de euros, un 13,7% menos en comparación al ejercicio anterior. Este descenso se debe principalmente a la contracción de la actividad en las PYMES, al nuevo régimen para los grupos de entidades y al esfuerzo por agilizar las devoluciones.

Asimismo, los impuestos especiales se elevaron hasta los 18.020 millones de euros. De este capítulo destaca la recaudación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco, que aumenta un 4,4%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos tiene un descenso del 4,7%, por el menor consumo.

Pagos no financieros
Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 131.188 millones de euros, con un aumento interanual del 5,5%.

Los gastos financieros ascendieron a 15.708 millones de euros, cifra que representa un aumento del 9,6%. Los pagos por gastos de personal se elevaron a 21.831 millones de euros, lo que supone un incremento interanual del 6,7%. Las transferencias corrientes crecieron hasta noviembre un 5,2%, con 74.387 millones de euros.
A finales de noviembre, el Estado tenía una necesidad de endeudamiento de 36.203 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía una capacidad de endeudamiento de 7.786 millones.

23-12-08 , Michela Romani . Expansión
Del total de la deuda que los promotores inmobiliarios tienen con los bancos, menos de la mitad está directamente relacionada con la financiación de actividades inmobiliarias por parte de los bancos españoles. La exposición total de este grupo de entidades al sector de la promoción es, según datos del Banco de España del cierre del tercer trimestre, de 129.898 millones (si se añaden también las cajas, el dato se eleva hasta 315.444 millones).
Los principales bancos cotizados españoles (los seis del Ibex y Banco Pastor) reconocen tener créditos para actividades inmobiliarias por un total de 53.529 millones. Los más de 76.000 millones que faltan para llegar a la cifra del Banco de España corresponde principalmente a los préstamos que los bancos (todos) han concedido con otras finalidades a empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria y a lo que prestan entidades extranjeros que operan en España.

De hecho, según explican fuentes del Banco de España, el regulador incluye en sus cálculos “todos los créditos concedidos a la empresa, clasificada según su actividad principal, independientemente de su finalidad”. Computan, por lo tanto, los préstamos otorgados para operaciones corporativas.

También se incluye el crédito concedido por las filiales de entidades extranjeras en España. “Los bancos extranjeros también han sido muy activos en prestar a los promotores”, explica un experto del sector, que matiza que estas entidades no se dedicaron “al menudeo de la financiación de las promociones”, pero entraron en la mayoría de préstamos sindicados que se concedieron a estas compañías. Como, por ejemplo, el que se concedió a Martinsa para la compra de Fadesa.

Riesgos
Según los datos proporcionados a EXPANSIÓN por las propias entidades, Santander -incluyendo la red Santander España y Banesto- tiene 16.000 millones; BBVA, unos 17.180; Popular, 7.677; Sabadell, 9.191; Bankinter algo menos de 1.000 y Pastor 2.516 millones.

Sobre el total del crédito concedido por estas entidades a los llamados otros sectores residentes (familias y empresas españolas), que suma 613.765 millones de euros, la exposición a promotores declarada representa un 8,7%.

El único banco que se distancia mucho de este porcentaje promedio es Bankinter, probablemente la entidad con menor exposición a promotores de toda España, con apenas un 3,4% de su cartera crediticia. De hecho, cuando salió la noticia de que Bankinter había sido elegido como administrador en el concurso de Martinsa Fadesa, desde el banco comentaron que tal vez la elección se debió a que era una de las pocas instituciones que no estaba afectada por la suspensión de pagos de la promotora.

Sabadell es, al contrario, el banco que presenta una exposición más alta, con un 15% del crédito a otros sectores residentes. Sin embargo, la entidad matiza que su exposición se está reduciendo: a septiembre de 2007, el porcentaje sobre el total de la inversión crediticia era del 14,3%, mientras que este año se había rebajado al 13,9%.

La preocupación de la banca para reducir su exposición a promotores se debe a la grave crisis que sufre el sector inmobiliario en España, que deja en entredicho la capacidad de muchas empresas de este sector para cumplir con sus compromisos de pago.

En un año, la morosidad de los promotores con el conjunto de bancos y cajas ha pasado del 0,58% al 3,45% (sólo en los bancos, el salto ha sido del 0,16% al 3,82%) y se prevé que la tendencia continúe el próximo año. En este contexto, los créditos que los bancos cotizados hayan concedido a las promotoras para finalidades distintas a la promoción también están en riesgo, porque el prestamista ha dejado de ser solvente.

Para evitar que la situación vaya a peor, los bancos han empezado a canjear la deuda de muchas promotoras por activos y, en algunos casos, por acciones de la compañía. El sector financiero acabará por quedarse con buena parte del promotor, con el objetivo de limitar los daños de los excesos inmobiliarios, tal como ocurrió en los ochenta.

El desastre de los pequeños concursos
La suspensión de pagos de Martinsa Fadesa, la de Habitat o la de Tremón han llenado páginas de periódicos y horas de programación audiovisual. Pero cada día recurren a esta medida -o echan el cierre- muchas pequeñas promotoras inmobiliarias que no aguantan más las embestidas de la crisis. Son empresas que a veces emplean unos pocos trabajadores y que sólo tienen un par de pequeñas promociones para desarrollar o vender.

Son pequeñas, pero son muchas, ya que el de la promoción es un sector muy atomizado en España: se calcula que las principales 14 promotoras (el conocido G-14) sólo tienen una cuota de mercado del 7%. Su situación preocupa mucho a bancos y cajas:“Es un goteo diario”, explican fuentes de un banco cotizado. En la mayoría de los casos, los préstamos a estas pequeñas compañías tienen garantía real y el prestatario se acaba quedando con el activo.

La reestructuración del motor
Hace ya meses que las empresas que operan en la industria del motor han calificado su situación de ‘desesperada’. Para remediarla, la patronal Anfac volvió a reclamar ayer a las autonomías que eliminen el impuesto de matriculación, lo que incentivaría la demanda.
Guillermo S. Vega – Madrid – 23/12/2008 Cinco Días
Las empresas productoras de automóviles radicadas en España lanzaron ayer una nueva llamada de auxilio a las administraciones para remediar la situación del sector, que recientemente calificaron de ‘desesperada’. La patronal española de los fabricantes, Anfac, reclamó ayer a través de un comunicado la supresión del impuesto de matriculación como medida que, en su opinión, tendría un efecto inmediato sobre los consumidores y la demanda de vehículos. Este tributo está transferido a las comunidades autónomas. Según Anfac, su eliminación costaría 800 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Economía aseguraron ayer que no estudian ninguna medida al respecto.
Los fabricantes de coches afirmaron que en el contexto de crisis actual de la comercialización y la fabricación de vehículos, la supresión ‘sería una ventaja clara para el consumidor, que se vería favorecido por una rebaja de impuestos en la compra de vehículos nuevos que, además, ayudaría a recuperar la confianza y a impulsar el consumo de vehículos nuevos’.
La patronal explicó que si no se toma ninguna medida para fomentar la demanda entre 2008 y 2009, se dejarán de vender cerca de un millón de turismos nuevos, lo que equivale a tres factorías produciendo con tres turnos.
La supresión de este impuesto es una de las viejas reclamaciones de las empresas del motor, junto, entre otras medidas como la recuperación del Plan Prever. Sin embargo, el sector se ha encontrado con el obstáculo de las distintas autonomías, que dificulta su desaparición.
Las regiones, estima Anfac en su nota, ‘pueden y deben jugar un papel importante en el mantenimiento de una industria tan importante para los ciudadanos de todo el país, y, en especial, para los residentes de las comunidades autónomas donde existe alguna fábrica de vehículos’. Según los cálculos de Anfac, las nueve autonomías que cuentan con fábricas concentran más del 80% de la recaudación del impuesto.
El Gobierno trabaja en la actualidad en un plan integral para que presentará en enero. El presidente de Anfac, Francisco Javier García Sanz, entregó durante la reunión con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el 26 de noviembre, una batería de diez propuestas con las reclamaciones como la introducción de un nuevo Prever. Otras de las propuestas se centraban en la financiación. Aquí, Anfac reclamó el apoyo del Gobierno para canalizar a España las ayudas en forma de créditos al sector que pondrá en marcha la UE. Anfac solicitó también deducciones fiscales por I+D+i y garantías de que el paquete de ayudas al sistema financiero llegue a consumidores y pymes.

Feliz navidad por José Feliciano

Y una segunda versión