AIRE

Gobierno aprueba el acuerdo por el que se reparten 110 millones de euros adicionales para rehabilitación
Estos fondos van a beneficiar a más de 40.000 familias y propiciarán la creación de más de 30.000 puestos de trabajo
Beatriz Corredor ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la política de rehabilitación de viviendas, edificios y espacios urbanos
27-febrero-2009.- El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución de los 110 millones de euros procedentes del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo (Plan E). Este fondo especial, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, se destinará a financiar actuaciones de rehabilitación en viviendas y espacios urbanos en todo el territorio nacional. El Ministerio de Vivienda, que es el encargado de la distribución de este fondo, consensuó el reparto del mismo con todas las Comunidades y Ciudades Autónomas en la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebró el pasado 11 de febrero en Sevilla.
Esta aportación del Gobierno, que se dirige a financiar iniciativas de inmediata ejecución que tengan un alto potencial de creación de empleo, va a beneficiar a más de 40.000 familias y propiciará la generación de más de 30.000 empleos.
La gestión del fondo, el seguimiento de las actuaciones y la evaluación del impacto alcanzado en relación con la actividad y el empleo corresponde al Ministerio de Vivienda, mientras que las Comunidades y Ciudades Autónomas realizarán la selección y calificación de las actuaciones y el pago material de las ayudas a los beneficiarios.
Las actuaciones de rehabilitación y renovación urbana que podrán financiarse con este fondo irán desde la mejora de la eficiencia energética en los edificios hasta la mejora de la accesibilidad o áreas de rehabilitación integrada de barrios degradados, conjuntos históricos, centros urbanos y municipios rurales.
Atendiendo al carácter especial de estos fondos y a su finalidad de impulso a la actividad económica y al empleo, se ha realizado una asignación inicial de los mismos teniendo en cuenta el número de viviendas en edificios con un estado de conservación deficiente o malo (no ruinoso) sobre el total nacional; el número de parados en la construcción de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, sobre el total nacional, y la población de cada Comunidad y Ciudad Autónoma.
La asignación inicial por CCAA y Ciudades Autónomas es la siguiente:
CCAA Asignación en miles de euros
Andalucía 21.779,5
Cataluña 17.776,6
Comunidad Valenciana 12.724,7
Madrid 12.283,7
Galicia 6.977,2
Canarias 6.103,6
Castilla y León 5.994,7
Castilla-La Mancha 4.683,5
País Vasco 4.411,5
Región de Murcia 3.415,9
Extremadura 2.737,4
Principado de Asturias 2.674,8
Illes Balears 2.508,7
Aragón 2.446,9
Cantabria 1.409,7
Navarra 915,7
La Rioja 716,1
Ceuta 221,7
Melilla 217,1

TOTAL 110.000,0
En el caso de que alguna Comunidad o Ciudad Autónoma no utilice todo el presupuesto que se le ha asignado, el remanente podrá distribuirse entre aquellas otras CCAA que hayan alcanzado el nivel preasignado y presenten obras nuevas de rehabilitación.
Política de rehabilitación de viviendas
Por otra parte, Beatriz Corredor ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la política de rehabilitación de viviendas, edificios y espacios urbanos, en el que ha destacado los beneficios de la rehabilitación para la economía y el potencial de expansión que tiene la misma, lo que la convierte en una política estratégica del Gobierno.
El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, está llevando a cabo dos importantes líneas de actuación para el fomento y el desarrollo de la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos. La primera es la asignación de 110 millones de euros del Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo que se dedicarán a este fin. La segunda se incluye en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado en diciembre, en el que se incorpora el programa Renove para la rehabilitación energética de los edificios, así como ayudas para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas y la rehabilitación integral y renovación en barrios degradados, centros históricos, centros urbanos y municipios rurales.
El objetivo es rehabilitar 470.000 viviendas en cuatro años. Para ello, se destinarán 2.000 millones de euros en subvenciones directas, a lo que hay que añadir la financiación adicional ofrecida a través del ICO. Esta financiación pública generará una producción efectiva de 4.200 millones de euros.
Asimismo, posibilitará la creación de hasta 300.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta los recursos privados movilizados.
Según ha explicado la ministra, el fomento de la rehabilitación no sólo es una buena política de vivienda, sino que también es una componente estructural de la política económica, social y ambiental, ya que aporta significativos beneficios en los tres planos y contribuye al cambio hacia un desarrollo económico más sostenible.
En este sentido, desde un punto de vista económico, son indudables los efectos multiplicadores de la rehabilitación sobre la producción efectiva y el valor añadido de la economía. Además, se trata de un sector que tiene un comportamiento menos volátil que el de construcción de obra nueva, es una actividad tecnológicamente avanzada y genera un importante efecto directo en otras industrias y servicios auxiliares. Pero sobre todo, es una actividad muy intensiva en empleo, por lo que puede absorber una parte importante de los desocupados en el sector de la construcción.
Desde el punto de vista social, la rehabilitación permite mejorar la cohesión y la habitabilidad de las ciudades, evita la segregación espacial de la población y favorece la accesibilidad de los edificios y viviendas.
Por lo que respecta a la perspectiva ambiental, contribuye a mejorar la eficiencia energética de los edificios y ayuda a corregir el modelo insostenible de urbanización extensiva.

El grupo cántabro pierde 771 millones en enero y pierde más terreno frente a BBVA
27/02/2009 – Finanzas.com
La industria de los fondos de inversión volvió a sufrir en febrero. Los partícipes retiraron 1.131 millones de euros y el volumen cayó en 1.953 millones. La gestora más penalizada ha sido la de Banco Santander, afectada por el escándalo del fondo inmobiliario, que va a registrar reembolsos masivos.

La sociedad del grupo presidido por Emilio Botín registró un patrimonio de 32.307 millones, 771 millones menos que en enero, lo que supone un descenso del 2,4%. Solo ha sido superada entre los grandes grupos financieros por Banc Sabadell Inverió, que ha perdido un 3% o 171 millones de euros. De los diez grupos de mayor tamaño, solo gana terreno Invercaixa Gestión.
La diferencia entre BBVA, que el pasado mes de enero arrebató a Santander el liderazgo en la gestión colectiva española, se amplía ya a los 717 millones de euros, según los datos preliminares de Inverco, la patronal del sector.
En general, el volumen de los fondos de inversión mobiliaria, a 28 de febrero del 2008, se ha situado en 163.439 millones de euros, lo que supone un descenso de 1.953 millones de euros (un 1,2% menos, con respecto al pasado mes de enero).
El número de partícipes asciende, a 28 de febrero de 2008, a 5.999.698, lo que representa un descenso de 57.254 partícipes, con respecto al mes anterior (un 0,9% menos).
Las suscripciones en este mes han alcanzado un importe de 5.402 millones de euros, y los reembolsos una cifra de 6.533 millones de euros, lo que supone unas retiradas netas de dinero estimadas en el mes de 1.131 millones de euros, la menor cifra desde agosto 2007.
Las rentabilidades estimadas obtenidas por las distintas categorías de Fondos, en los últimos doce meses, son las siguientes: Garantizados de Renta Fija, 2,95%; Monetarios, 2,32%; Renta Fija a Largo Plazo, 1,45%; Renta Fija a Corto, 0,90%; Garantizados Renta Variable, 0,4%; Mixtos Nacionales, entre el -5,0% y el -20,7%; Renta Variable Nacional, -38,5% y Renta Variable Euro -41,5%.

El lunes, la retasación
Íœltimo día para vender
27/02/2009 – Finanzas.com
Los tasadores de Santander Banif Inmobiliario aceleran para tener listo el próximo lunes 2 de marzo el valor liquidativo con el que se devolverá a los inversores el 10% del patrimonio. Hoy viernes termina el plazo para que los partícipes que deseen vender formalicen sus órdenes. El 9 de marzo Santander realizará el primer pago.

Según han confirmado fuentes del banco, si no hay contratiempos los más de 50.000 partícipes del mayor fondo inmobiliario español conocerán el próximo lunes cuál es valor liquidativo del fondo. Ese valor, que ya fue reducido un 4,2% en enero, será el que determine a qué precio va a devolver el grupo que preside Emilio Botín el 10% del patrimonio del Santander Banif Inmobiliario. Su hubiera algún contratiempo -Tasamadrid trabaja a destajo para terminar la nueva tasación- el valor liquidativo se conocerá como muy tarde el miércoles.
El pasado 16 de febrero, Santander comunicó a la CNMV la decisión de congelar durante dos años los reembolsos del fondo después de que sus partícipes solicitaran el reembolso de un 80% del capital. Un porcentaje que será rebasado ahora con toda seguridad. Esta huida masiva se produce después de que el grupo que preside Emilio Botín anunciara la retasación a la baja del fondo para adecuar su valor a la situación del mercado inmobiliario nacional. Como el fondo contaba con un patrimonio de 3.265 millones al cierre de enero, el recorte del valor liquidativo deberá aplicarse sobre los 326 millones ó el 10% del capital.
Hoy, a la hora del cierre de las oficinas del banco, expira el plazo para que los partícipes del fondo realicen sus solicitudes de venta. Es decir, que decidirán si venden sin conocer el valor liquidativo. Por ello, el objetivo de Santander es despejar cuanto antes la incógnita. Los inversores cobrarán en dos plazos, el primero de ellos el 9 de marzo. Para hacer frente al pago, el grupo cántabro aportará los 23,8 millones procedentes de la venta de un edificio en Castellana 13. Además, contaban a 31 de diciembre con tesorería por valor de apenas cinco millones de euros. Para hacer frente al resto, el fondo deberá endeudarse, como ya hizo el mes de octubre pasado para hacer frente a la última ventana de liquidez del fondo.
Santander se ha comprometido a devolver el 10% del patrimonio -el fondo quedará cerrado a la posibilidad de reembolsar las participaciones los dos próximos años- a vender activos y, en el caso de que esta opción no fuera posible por falta de compradores o pro deacuerdo en el precio de venta, adquirirá las participaciones del fondo necesarias para llegar a ese porcentaja. Tiene margen hasta el 5 de mayo de este año, cuando debe hacer frente al segundo plazo.
Precio sensible
Santander se enfrente a la publicación del nuevo valor liquidativo en plena movilización de los afectados. Varios grupos de damnificados van a solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la invervención de la gestora, ya que no quieren que sea Santander quien se encarge de la vnta de activos.

Los afectados reunidos en torno a http://afectadosbanifinmobiliario.blogspot.com/ aseguran en un borrador del escrito que prevén remitir al supervisor bursátil que el precio de venta del edificio de Castellana 13 es ridículo.
En la misma línea, el despacho Moreno Luque, que representa a algo más de 200 afectados, ultima el envío de un escrito de corte similar a la CNMV. El bufete va a exigir que el supervisor controle el proceso de desinversiones del grupo para que no se produzcan ventas con la de Castellana 13 y que no se queden en el camino alrededor de 1.000 millones de euros. Una vez creada la asociación de afectados -denominada Activa- el escrito solicitará que se revoque la autorización concedida a Santander para gestionar el fondo inmobiliario.

Agentes de la Guardia Civil han registrado el Ayuntamiento de Alcaucín (PSOE) en una operación contra la corrupción urbanística.- Junto al primer edil se han detenido a otras 12 personas
El País / Agencias – Málaga – 27/02/2009

La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística desarrollada en Málaga y Huelva. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado fuentes de la investigación. Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores. Doce de los arrestos se han practicado en Málaga. El último, un empresario de la construcción, ha tenido lugar en Huelva. El PSOE de Málaga ya ha anunciado que expulsará a «los militantes que resulten imputados».
Entre los delitos que se investigan están los pagos tanto en dinero como en especie por parte de empresarios a cargos públicos que cometían o encubrían presuntos delitos e irregularidades urbanísticas, en concreto en el grupo de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía (29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga). La operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), según fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación. La Diputación tiene mayoría socialista (15 diputados frente a 14 populares y dos miembros de IU). A los detenidos se les imputan, entre otros, varios delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, contra la ordenación del territorio y estafa.
Martín Alba, albañil de profesión, ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, ha pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro.

Justicia
Secretario de Estado de Justicia .-
D. Juan Carlos Campo Moreno.
Nacido el 17 de octubre de 1961 en Osuna (Sevilla), es Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz e ingresó en 1987 en la Carrera Judicial.
Ha ejercido como Juez en Sanlúcar de Barrameda y Cádiz y como Magistrado, en Jerez y Cádiz. Fue Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía y Vocal del Consejo General del Poder Judicial, organismo en el que también fue Coordinador Territorial en Andalucía de sus planes de formación.

Subsecretaria de Justicia .-
Dª Purificación Morandeira Carreira.
Nacida el 17 de septiembre de 1965, es Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado.
Ha sido Profesora del Instituto Nacional de la Administración Pública y ha estado destinada en la Demarcación de Costas de Galicia. Fue Adjunta al Secretario de la Comisión Especial para la determinación, estudio y propuesta de solución de los problemas planteados en la aplicación del Ordenamiento Jurídico Económico. Ocupó el puesto de Consejera Técnica del Comisionado de Medio Ambiente para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque «Prestige» y en 2004 fue nombrada Directora de la Oficina del Comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque «Prestige». Desde noviembre de 2004 era Directora del Centro para la Prevención y Lucha contra la Contaminación Marítima y del Litoral.

Secretario General Técnico .-
D. Santiago Hurtado Iglesias.
Nacido el 24 de octubre de 1974, casado, con un hijo, es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado.
Como Abogado del Estado ha ejercido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en la Delegación del Gobierno de Madrid. Fue Vocal-Asesor Jurídico en el Departamento de Asuntos Constitucionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y en 2006 fue nombrado Abogado del Estado-Jefe del Ministerio de la Presidencia, cargo que desempeñaba en la actualidad.

Secretario General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia .-
D. Ignacio Sánchez Guiu.
Nacido 3 de junio de 1975 en Tardienta (Huesca), es Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y pertenece al Cuerpo de Secretarios Judiciales.
Fue Asesor de varios Consejeros de Justicia del Gobierno Vasco, y Director del Gabinete Técnico del Consejero de Justicia José Ramón Recalde y Viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco entre 1995 y 1999. Ocupó el puesto de Letrado del Consejo General del Poder Judicial y en 2002 fue nombrado Secretario del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, cargo que desempeñaba en la actualidad.

Director del Gabinete del Ministro .-
D. José Luis Rodríguez ́lvarez.
Nacido el 4 de enero de 1962 en Madrid, es Licenciado en Derecho y Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido coordinador del área de Estudios Europeos del Instituto Universitario Ortega y Gasset, Director Gerente de la Fundación Democracia y Derecho Local. En abril de 2004 fue nombrado Director del Gabinete del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y desde abril de 2008 era Director General de Coordinación Jurídica del Ministerio de la Presidencia.

Rodolfo Lomascolo , director general de ipsCA – 26/02/2009 El Economista
La facturación electrónica ayuda a las empresas a reducir gastos, algo fundamental en época de crisis y coyuntura económica desfavorable como la actual, tal y como se desprende de los datos facilitados por la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), que cifra el ahorro por factura electrónica recibida en 0,70 euros, mientras que la empresa emisora evita gastar 1,85 euros gracias al formato digital.
Al eliminar el papel impreso, el sobre, el sello y demás elementos logísticos mediante la e-factura, se evitan este tipo de gastos y además se es más respetuoso con el medio ambiente. Si a esto le sumamos otras partidas destinadas a Recursos Humanos, almacenamiento y archivo de las facturas, así como el adelanto del pago gracias a la inmediatez que propicia dicho formato, las ventajas se multiplican.
Cifras objetivas
Con los datos en la mano, en el caso de una empresa que emita unas 60.000 facturas al año -lo normal en una entidad de volumen medio-, el ahorro propiciado por la factura electrónica ascendería a unos 110.000 euros (60.000 facturas x 1,85 euros de ahorro en cada una). Si dividimos dicha cantidad entre doce meses, obtenemos un ahorro estimado en 9.250 euros al mes, cifra nada despreciable ante la época de crisis actual e, independientemente, que mejora la logística de toda compañía.
Por su parte, la Administración Central es aún más optimista, cifrando el ahorro anual que la factura electrónica propicia para las empresas en unos 15.000 millones de euros (el 1,5% del PIB español), atendiendo a un ahorro estimado de 3,40 euros por factura electrónica y un volumen anual en España de 4.500 millones de facturas. Asimismo, con la factura electrónica se pretende eliminar el consumo de hasta 9.000 millones de hojas de papel al año, contribuyendo a frenar la deforestación global.
En vista de estos datos, no es de extrañar que las propias Administraciones Públicas, con la Agencia Tributaria y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información a la cabeza, hayan emprendido en los últimos meses una fuerte y decidida apuesta por la firma y la factura electrónica que, de hecho, se materializó en febrero de 2008 al convertirse España en el primer país de la Unión Europea que dispone de un formato de factura electrónica gratuito, abierto y respaldado con el aval de la Administración mediante la iniciativa Factura-e.
Obligatoriedad de un registro telemático en 2009
Del mismo modo, y en virtud de lo acordado por el Consejo de Ministros el pasado 14 de agosto de 2008, se establecieron una serie de medidas de reforma estructural y de impulso de la financiación de las pequeñas y medianas empresas, entre las cuales destacan, precisamente, varias relacionadas con la factura y la firma electrónica y que pretenden ayudar a reducir las cargas administrativas a las que se ven sometidos tanto empresas como ciudadanos.
En concreto, dichas medidas persiguen reducir en un 30% antes de que concluya 2012 las cargas derivadas de la normativa vigente que afectan a las empresas, especialmente a las pymes, superando el 25% fijado por la Unión Europea. Estas nuevas iniciativas servirán para reducir a corto plazo las cargas administrativas que afectan tanto a la actividad empresarial como a los propios ciudadanos.
De entre las 24 reformas aprobadas, las que más nos interesan son las relacionadas con las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y las del Ministerio de Economía y Hacienda, principalmente. Entre las primeras, se incluyen medidas orientadas a dinamizar el sector en el que residen las mayores ganancias de productividad de la economía, además de ser el mayor impulsor de la inversión en I+D+i en nuestro país.
Impulsar la productividad
En las económicas, por su parte, destacan una serie de novedades en el ámbito fiscal que vienen a reducir las cargas administrativas en un total de setenta procedimientos habituales relacionados con seis ministerios (Economía y Hacienda; Interior; Industria, Turismo y Comercio; Trabajo e Inmigración; Sanidad y Consumo; y Ciencia e Innovación), para impulsar la actividad económica y aumentar la productividad y la competitividad de las empresas españolas.
En líneas generales, las medidas aprobadas afectan a la supresión de algunos procedimientos, el establecimiento de canales telemáticos, la reducción de plazos y la unificación de algunos registros, entre otras iniciativas. Entre las cargas administrativas reducidas o eliminadas que atañen directamente a la firma y la factura electrónica, destaca principalmente una de las aprobadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, según la cual se suprime, excepto en el caso de los que presenten declaraciones mensuales a devolver, la obligación de presentar de forma telemática los libros de registro del IVA a partir del 1 de octubre de 2008.
La normativa establece que, desde octubre de 2008, deberán presentar telemáticamente sus libros-registro de IVA todas las sociedades anónimas y mercantiles declarantes de dicho impuesto, así como las personas físicas y entidades de otro tipo ya obligadas a presentar sus declaraciones del IVA, el IGIC o el IS. No obstante, se va a tramitar una modificación normativa de modo que dicha obligación sólo sea exigible en 2009 para quienes presenten declaraciones mensuales a devolver en el IVA.
La entrada en vigor de la medida para el resto de contribuyentes se evaluará a la vista de la reducción de los costes de cumplimiento y gestión, algo en lo que precisamente la firma y la factura electrónica es determinante. A medida que cada vez más empresas cuenten con este tipo de sistemas, más sencillo les resultará adaptarse a la nueva situación.
Ventajas de la factura y la firma electrónica
En todos dichos procesos, el uso de la firma y/o factura electrónica facilita enormemente la reducción de los trámites burocráticos, evitando desplazamientos y simplificando todo el proceso de papeleo, con lo que aumenta la productividad global del negocio.
Del mismo modo, este sistema posibilita la inmediatez en la emisión y recepción, a la vez que se elimina la necesidad de contar con espacio físico para su almacenamiento, algo sin duda interesante para todo tipo de empresas. A día de hoy, según AECOC, aproximadamente un 12% de las empresas españolas ya facturan de forma electrónica, sobre todo en transacciones de comercio exterior.
Por otra parte, también se favorece al medio ambiente, pues gracias a la factura electrónica se dejan de utilizar unos 9.000 millones de folios al año en todo el mundo, lo que equivale a más de medio millón de árboles que no han de talarse (a razón de 56 árboles por cada millón de hojas), trayendo consigo un beneficio indudable en la lucha contra la deforestación.

26/02/2009 El Economista

El derrumbe de las ventas de viviendas y el frenazo del crédito por la falta de confianza en el mercado financiero han provocado que el número de hipotecas constituidas sobre casas en España se situara en 835.056 unidades en 2008, lo que supone una caída del 32,4% respecto a una cifra de 1,2 millones que se registró en el año 2007. Los visados para viviendas nuevas cayeron un 59,3% en 2008.
Según la estadística de hipotecas publicada hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el importe medio de las hipotecas sobre viviendas bajó un 6,2% en 2008 respecto al año anterior, hasta situarse en 139.780 euros.
En 2008, el capital prestado para este tipo de hipotecas superó los 116.724 millones de euros, con un descenso del 36,6% sobre el ejercicio 2007.
Nueva caída mensual
En el mes de diciembre de 2008, las viviendas con hipotecas descendieron un 31,7% respecto al mismo mes de 2007, con lo que ya son 18 los meses consecutivos en los que cae en tasa interanual el número de viviendas hipotecadas, con disminuciones superiores al 20% desde enero de 2008 (exceptuando abril). No obstante, el dato de diciembre es mucho más moderado que el de noviembre, mes en el que las viviendas con hipotecas se hundieron un 45,8%.
Durante el mes de diciembre el importe medio por hipoteca constituida se situó en 150.556 euros, un 6,6 por ciento menos que en el mismo mes de 2007 y un 0,3 por ciento inferior al registrado en noviembre de 2008.
Teniendo en cuenta el total de fincas (rústicas y urbanas), el importe medio por hipoteca constituida se situó en 160.808 euros en 2008, con una descenso del 4,7% respecto a 2007. Durante el año pasado se constituyeron 1.284.318 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas, un 27,4% menos que en 2007.

26-02-09 , J. Zuloaga . Expansión.com
Los asesores de Santander, en especial los de Banif, recomendaron a sus clientes salir del Santander Banif Inmobiliario durante el mes previo al bloqueo del fondo.
De esta forma, estos expertos podrían haber agilizado el reembolso masivo de inversores que posteriormente provocó que las salidas se hayan congelado durante al menos dos años.
En sus llamadas telefónicas, los expertos de Banif advirtieron principalmente de la pérdida patrimonial que iba a suponer la retasación que estaba realizando la gestora. Pero no avisaron, según los afectados con los que se ha puesto en contacto Expansión, de la posibilidad de que el fondo se bloquease ante una salida masiva de inversores.
Los consejos de los expertos patrimoniales de Santander llegaron a pesar de que el fondo tenía apenas 5 millones de euros en tesorería, un 0,15% de su patrimonio, cuando este tipo de productos detalla en su folleto que “mantendrán un coeficiente de liquidez mínimo del 10%”. Este porcentaje cayó en gran medida en noviembre de 2008, cuando el Santander Banif Inmobiliario sufrió salidas netas de 500 millones de euros.
El hecho de que los expertos de Santander aconsejasen activamente salir del fondo es una de las principales quejas de los partícipes bloqueados en el producto de Santander, que consideran que la entidad era consciente en todo momento de la situación y no advirtió de ello. “Provocaron la estampida sin avisar que nuestro dinero podía quedar bloqueado”, señala uno de los partícipes.
Junto con las recomendaciones de los asesores de Santander, el factor que más pesó fue la carta que la gestora envió a sus partícipes en diciembre de 2008 informando de la retasación de activos que iba a realizar en el Santander Banif Inmobiliario.
Esta carta creó un clima negativo entre los clientes del fondo que alimentó en gran medida los reembolsos registrados en febrero, de 2.600 millones de euros, un 80% del patrimonio del producto, y que forzó el bloqueo del fondo durante dos años.
Los partícipes afectados crean una plataforma
Los partícipes españoles descontentos con el funcionamiento de su fondo de inversión ya cuentan con la primera plataforma para la defensa de sus intereses.
El despacho de abogados Moreno-Luque ha sido el creador de esta organización llamada Activa, asociación para la protección de partícipes de fondos de inversión y de los accionistas de sociedades de inversión. Esta asociación ha creado un comité especial de afectados por el fondo Santander Banif Inmobiliario, de Santander Real Estate.

El Confidencial Digital
Rogelio Rodríguez, hasta hace unos meses director de la Agencia Colpisa (Grupo Vocento) y antes director de Ya, será el nuevo director de comunicación del ministerio de Justicia con su recién nombrado titular, Francisco Caamaño.
Según ha sabido El Confidencial Digital, Rogelio Rodríguez conoció al ahora ministro por vez primera durante una comida con el consejo editorial de Vocento, a la que Caamaño fue invitado en su condición de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
El nombramiento empezó a gestarse en cuanto se tomó la decisión del cese de Mariano Fernández Bermejo. A partir de ahí, Rogelio Rodríguez tuvo un primer contacto con el jefe de gabinete de Francisco Caamaño, y posteriormente se entrevistó con el ahora ministro de Justicia, tras de lo cual aceptó el nombramiento.
El nuevo director de comunicación se incorporará hoy, jueves, a la sede del ministerio de Justicia.
Natural de Almería, casado y con tres hijos, Rogelio Rodríguez Blanco es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense. Inició su carrera profesional en Ideal (Granada-Almería) y en la cadena COPE. En 1979 ingresó en el diario Ya, donde fue redactor político, jefe de reporteros y redactor jefe de local y regional, que compatibilizó con la dirección de la revista Más.
En 1991 fue nombrado subdirector de Ya, y dos años después, director, cargo en el que también se mantuvo, a petición de la plantilla y de los interventores judiciales, durante el largo y difícil período de la suspensión de pagos.
En 1995, aceptó la oferta del Grupo Correo (hoy Vocento) para asumir la dirección de Colpisa. Durante estos trece años, la agencia, que estaba a punto de ser refundada, experimentó un notable desarrollo, convirtiéndose en la agencia de información con mayor ocupación de mancha en prensa escrita y alcanzando a más de cuatro millones de lectores.
En septiembre de 2006, asumió además nuevas responsabilidades, al ser nombrado director de Información de Vocento, con el encargo de articular y administrar mejor el potencial informativo que ofrecían todos los medios del grupo, incluidos sus portales y oferta en Internet.
Abandonó la dirección de Colpisa y el grupo Vocento en abril de 2008, tras surgir discrepancias con la nueva dirección general editorial.
Ha sido profesor invitado en la Universidad San Pablo CEU, es coautor de libros como ‘Los parques de Madrid’, ‘Las puertas de Madrid’, ‘Los cementerios’ o ‘Me olvidé de vivir’, y es colaborador habitual de los programas radiofónicos ‘La Rebotica’ y ‘Autor-autor’

El texto legal, al que ha tenido acceso La Gaceta, modifica un total de cinco leyes con el objetivo de que se preste más dinero con más garantías.
D. Carrasco / I. Moreno – Negocios.com
Cuando se aprobó la Ley Concursal, hace más de cuatro años, varios expertos advirtieron de los riesgos de anulación de operaciones del concursado respecto a las refinanciaciones de los bancos porque la toma de garantías podría ser declarada nula por un juez. A medida que se ha ido acentuando la crisis económica en las grandes compañías, los bancos han tenido miedo a refinanciar por este riesgo. La razón es evidente: si el juez aprecia mala fe en la entidad financiera no sólo pierde la garantía, sino que además se coloca el último en cobrar.
“Esta situación ha hecho que el Ministerio de Economía, presionado por la banca, quiera reformar la Ley Concursal para blindar las operaciones de refinanciación, es decir, que no puedan ser anuladas por el juez y con los requisitos que fija el nuevo artículo 71 párrafo tercero, referido a las acciones de reintegración”, afirma a La Gaceta un magistrado especialista en Mercantil. Pero, ¿qué ha sucedido para que la reforma sea tan urgente? Hay dos razones:

1. La sentencia de un juzgado mercantil de Madrid que eliminó las garantías del Banco Espirito Santo y subordinó el crédito.

2. En el informe de la administración concursal de Martinsa-Fadesa se anuncian acciones rescisorias de las entidades financieras con la petición de subordinación.

Esto supone que los bancos podrían ser los últimos en cobrar un pasivo cifrado en 8.000 millones de euros. Por tanto, con la reforma pretendida se evitan todas estas incertidumbres (ver artículo 71 del texto).

Otro asunto importante es la incorporación del apartado sexto en el artículo 100. En él se analizan dos cuestiones. La primera: “hacer más atractivos los convenios por asunción de terceros, bancos y particulares inversores. Así se recupera la inversión con cierta preferencia a otros acreedores y se hace más atractivos los convenios de este tipo», afirma José María Fernández Seijo, magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona. El texto es una respuesta a una sentencia de la audiencia de Barcelona que incluyó los créditos posteriores a convenio con los créditos concursales, con lo cual nadie quería asumir nuevos riesgos
Sin embargo, lo más alarmante es la nueva redacción del último párrafo del artículo 100, que impone un convenio contra la voluntad de los acreedores pero en interés de la economía nacional. Así, se plantea el siguiente interrogante: ¿En qué empresa piensa el Gobierno para que tenga interés en la economía nacional hasta el punto de imponer un convenio en contra de sus intereses?

El Gobierno ha incorporado una nueva disposición adicional cuarta para garantizar la aplicación de la norma, en un régimen transitorio, a las empresas que ya están en concurso de acreedores».
Para Rafael Quecedo, abogado experto en temas concursales, «la reforma de la ley concursal representa un favorecimiento absoluto para la Banca porque priva a la masa de acreedores los bienes que podrían reintegrarse en el patrimonio del deudor. Con esta modificación se genera una dificultad para el ejercicio de las acciones de reintegración». Quecedo explica que «a efectos prácticos se produce un perjuicio al resto de los acreedores que no han conseguido las nuevas garantías o su ampliación. En definitiva, se ha consumado el blindaje a los bancos en las operaciones de refinanciación de las empresas».

Otro asunto polémico, señala el abogado, es que a las entidades financieras se les exime de probar el perjuicio ocasionado al resto de acreedores, según la nueva redacción del artículo 71 en relación con el 105. En efecto, «si una concursada ha obtenido refinanciación y va a la liquidación el crédito correspondiente a la refinanciación sería un crédito con privilegio especial, es decir, con prelación a los demás», enfatiza.

Este paquete de medidas también pretende agilizar las ejecuciones hipotecarias, las singulares y, sobre todo, dar más seguridad al tráfico hipotecario. La consecuencia, según Fernández Seijo, es «prestar más dinero con más garantías».

En cualquier caso, el Gobierno quiere priorizar la reforma, pero Solbes y el ex ministro Bermejo mantenían grandes diferencias respecto al texto final. Con el cambio de ministro de Justicia ¿se aprobará la modificación en las próximas semanas por decreto-ley?
Rafael Quecedo, abogado
“Se perjudica a los acreedores”
El socio director de Quecedo Abogados critica que en la reforma no se haya tenido en cuenta las opiniones de los abogados. En su opinión, esta reforma al favorecer de modo claro a los bancos se está perjudicando al resto de acreedores de una compañía en concurso, que carecen de privilegios”.
Raimon Casanellas, presidente del REFOR
“La reforma favorece a la economía en general”
Raimon Casanellas, presidente del REFOR, cree que la modificación “favorecerá a la economía en general, ya que las empresas en dificultades tendrán otros mecanismos más allá del concurso”. No obstante, critica que no se haya eliminado por completo el artículo 105, que según este experto “castiga injustamente al acreedor”.
José M. Fdez Seijo, magistrado
“Mejor dar seguridad a la Banca”
El magistrado del Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona considera que “es muy importante que se de seguridad a las entidades financieras porque sin la financiación no hay empresas”. Le preocupa la imposición de un convenio contra la voluntad de los acreedores, pero en interés de la economía nacional.
Raimon Casanellas, presidente del REFOR
“La reforma favorece a la economía en general”
Raimon Casanellas, presidente del REFOR, cree que la modificación “favorecerá a la economía en general, ya que las empresas en dificultades tendrán otros mecanismos más allá del concurso”. No obstante, critica que no se haya eliminado por completo el artículo 105, que según este experto “castiga injustamente al acreedor”.
Antonio Perea, abogado
“El lobby bancario ha presionado al Gobierno”
Antonio Perea, socio director de Perea & Asociados afirma sin ambages que la reforma “claramente favorecerá a la Banca. Ante la avalancha de concursos de empresas inmobiliarias, el lobby bancario ha presionado al Gobierno para conseguir una ley a medida”.

Negocios.com
Medidas que pretenden modificar la refinanciación de las empresas en dificultades

1. Ley Hipotecaria
a. Se modifica el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria:
“También podrá constituirse hipoteca de máximo en garantía de una o diversas obligaciones, de cualquier clase, presentes y/o futuras, sin necesidad de pacto novatorio de las mismas, a favor de las entidades financieras a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y también de las administraciones públicas titulares de créditos tributarios o de la Seguridad Social.

Será suficiente que se especifiquen en la escritura de constitución de la hipoteca y se hagan constar en la inscripción de la misma: su denominación y, si fuera preciso, la descripción general de los actos jurídicos básicos de los que deriven o puedan derivar en el futuro las obligaciones garantizadas; la cantidad máxima de que responde la finca; el plazo de duración de la hipoteca, y la forma de cálculo del saldo final líquido garantizado, sin necesidad de distribución de la hipoteca entre las diversas obligaciones, las cuales podrán ser cedidas total o parcialmente.

Podrá pactarse en el título que la cantidad exigible en caso de ejecución sea la resultante de la liquidación efectuada por la entidad financiera acreedora en la forma convenida por las partes en la escritura.

Al vencimiento pactado por los otorgantes, o al de cualquiera de sus prórrogas, la acción hipotecaria podrá ser ejercitada de conformidad con lo previsto en los artículos 129 y 153 de esta Ley y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En caso de ejecutarse parcialmente la hipoteca para el pago de alguna de las obligaciones garantizadas, si hubiera habido distribución de responsabilidad hipotecaria entre los créditos garantizados, los no ejecutados se considerarán preferentes, y no se cancelarán, subrogándose en ellos, hasta el importe que les fue asignado en la distribución, el adquirente de la finca en subasta. Si no hubiera habido distribución de responsabilidad hipotecaria y para el pago de alguna de las obligaciones fuera necesario enajenar el bien hipotecado, se verificará la venta y se transferirá la finca al rematante con subsistencia de la hipoteca, previa reducción de los máximos por principal, intereses de demora y costas en las cantidades correspondientes al crédito impagado. Las indicadas reducciones se harán constar por nota marginal”.
b. Se añade un párrafo segundo al artículo 61 de la Ley Hipotecaria:
“Podrá prescindirse del consentimiento prevenido en el apartado anterior si presenta el propietario un informe elaborado por un experto independiente designado por el registrador de la propiedad donde radique la finca ””entre los previamente habilitados por el Ministerio de Urbanismo y Vivienda o, en su caso, la autoridad autonómica competente”” en que se valore el inmueble antes de empezar las obras y el objeto de la refacción. Los titulares de cargas o derechos inscritos sobre la finca, si no estuviesen conformes con el valor que le atribuye la tasación presentada, podrán recurrirla ante el Ministerio de Urbanismo y Vivienda (o autoridad autonómica competente) cuya resolución pondrá término a la vía administrativa”.
c. Se modifica el artículo 92 de la Ley Hipotecaria:
“La anotación a favor del acreedor refaccionario caducará a los cuatro años de concluida la obra objeto de refacción”.
2. Ley de Enjuiciamiento Civil
a. Se agrega un nuevo párrafo a la regla segunda del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Tratándose de la ejecución de hipotecas constituidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria, en garantía de una pluralidad de obligaciones, cabe que el ejecutado funde su oposición en error en la selección o en la determinación, entre las obligaciones genéricamente aseguradas, de las finalmente incorporadas a la hipoteca”.
b. Se modifica el artículo 592.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
“Deberá decretarse el embargo de empresas cuando atendidas las circunstancias del caso y especialmente su posible viabilidad, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales”.

3. Ley Concursal
a. Se modifica el párrafo 3 del artículo 71 que versa sobre las acciones de reintegración de la Ley Concursal:
“Salvo prueba en contrario, el perjuicio patrimonial se presume cuando se trate de los siguientes actos:

1. Los dispositivos a título oneroso realizados a favor de alguna de las personas especialmente relacionadas con el concursado.
2. La constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes o de las nuevas contraídas en sustitución de aquéllas. No estará comprendida en la presunción la constitución de garantías reales que aseguren obligaciones preexistentes, u otras nuevas contraídas en sustitución de aquellas, cuando las antiguas estén vencidas, se prorrogue el plazo para exigirlas en más de 3 años y se amplíe el crédito al deudor en más de un veinte por ciento. Tampoco lo estará la ampliación de las garantías cuando se haya incrementado el crédito asegurado en la misma proporción”.
b. Se modifica el apartado primero 5 d) del artículo 105 sobre prohibiciones:
1. No podrá presentar propuesta anticipada de convenio el concursado que se hallare en alguno de los siguientes casos: 5. Haber realizado dentro de los tres años anteriores a la fecha de solicitud del concurso alguno de los siguientes actos: d) Constitución o ampliación de garantías reales para el aseguramiento de obligaciones preexistentes. Se exceptúan los supuestos prevenidos en los párrafos segundo y tercero del artículo 71. 3 de esta ley”.
c. Se añade un apartado sexto al artículo 100 de la Ley Consursal:
“Los créditos que se concedan al concursado para financiar un plan de reflotación y los constituidos con posterioridad, si finalmente la reflotación fracasa o la empresa entra en liquidación, gozaran de prelación, frente a los reconocidos en la lista de acreedores, sobre el valor del activo empresarial, deducido el importe de los bienes y derechos que integraban la masa activa en el momento en que el avalúo se produjo. La formalización del convenio y el importe de la masa activa, así como la lista de acreedores reconocidos y el alcance de su preferencia se harán constar en el registro mercantil mediante resolución del Juez competente.

Excepcionalmente cuando se trate de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía nacional, previo informe de la Administración económica competente confeccionado en la forma y siguiendo los criterios que reglamentariamente se fijen, podrá el Juez del concurso, incluso contra el parecer mayoritario de los acreedores, oídos los representantes de los trabajadores, aceptar el avalúo y sancionar el plan de viabilidad presentado por el deudor con el contenido y efectos prevenidos en el párrafo anterior”.
d. Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley Concursal:
“Los créditos que se concedan a una empresa para su reflotación, y los constituidos con posterioridad, si finalmente el rescate fracasa o se produce la liquidación, gozarán de prelación frente a los créditos anteriores sobre el valor del activo empresarial, deducido el importe del existente en el momento que la reflotación se produjo. Para ello será necesario que así lo solicite la empresa y, si no hay acuerdo con los acreedores, que el avalúo de los activos y la necesidad de reflotación sean confirmadas por resolución de las autoridades económicas correspondientes. Las líneas generales del plan de viabilidad, el convenio en su caso, el avalúo previo, la resolución administrativa, de existir, así como la identidad de los acreedores antiguos y el alcance de su preferencia se harán constar mediante el oportuno asiento en el Registro mercantil.

Excepcionalmente cuando se trate de empresas cuya actividad pueda tener especial importancia para la economía nacional, siempre que así lo solicite la representación mayoritaria de los trabajadores, podrá el Ministerio de Industria y Energía (o en su caso la autoridad autonómica competente) en la forma y siguiendo los criterios que reglamentariamente se determinen, practicar el avalúo, autorizar la reflotación y proceder por sí mismo o mediante tercero a financiarla, siempre en los términos y con el alcance y efectos prevenidos en el párrafo anterior.
4. Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión
a. Se modifica el párrafo tercero del artículo 54 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión:
“Los derechos de crédito, incluso los créditos futuros, siempre que no estén representados por valores y no tengan la consideración de instrumentos financieros a los efectos de lo previsto en el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, podrán igualmente sujetarse a prenda sin desplazamiento. Para su eficaz constitución deberán inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, en cuyo caso prevalecerán sobre cualquier otra prenda, con o sin desplazamiento de posesión, impuestas sobre los mismos créditos salvo que hayan sido inscritas en el citado Registro con anterioridad”.
5. Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios
a. Se añade un párrafo al artículo 2 de la Ley de subrogación y modificación de préstamos hipotecarios:
“El Instituto de Crédito Oficial y las Administraciones Públicas podrán ser subrogados en los créditos y préstamos hipotecarios a petición del deudor o de la entidad acreedora.
Para determinar el importe bastará la presentación del último recibo expedido por la entidad acreedora o en su defecto certificación a que se refieren los párrafos anteriores
Será título bastante para hacer constar la subrogación la certificación de la resolución recaída en el expediente en la que se acuerde el pago y la subrogación a la que se acompañará el resguardo de la operación bancaria realizada con finalidad solutoria”.

El juez investiga si el hombre que estafó a Soriano tenía contacto en la notaría
El expolicía imputado podría no ser el único implicado en la venta fraudulenta de un piso en la calle Colón de Valencia.

25 de febrero de 2009 Diario crítico Comunidad valenciana

La investigación busca el millón de euros que Soriano pagó por un piso en Valencia
El titular del juzgado de instrucción número 9 de Valencia está investigando si el hombre detenido el lunes por supuestamente estafar al presidente del Valencia CF, Vicente Soriano, con la falsa venta de una finca en la calle Colón tenía algún contacto en la notaría, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Asimismo, ha requerido un informe pericial de los documentos supuestamente falsificados, es decir, de los DNI intervenidos, y mantiene abierta la investigación con el objeto de encontrar el millón de euros que Soriano entregó al detenido por un edificio que no era suyo. En total, la compra-venta se fijó en seis millones de euros, indicaron las mismas fuentes.

Estas son algunas de las diligencias que está practicando el magistrado encargado del caso, ya que no se descarta que existan más implicados. Por el momento, sólo figura este hombre, de 73 años y ex policía, como único imputado por un delito de estafa, de falsificación de documentos y de usurpación de identidad.

El titular del juzgado número 2 de Paterna (Valencia), en funciones de guardia, fue el que decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, ya que presuntamente se apoderó de un millón de euros con la venta de un edificio en la calle Colón de Valencia que no era suyo. Tras ello, el magistrado trasladó la causa a Valencia.

Según fuentes policiales, el acusado, al que le constan antecedentes penales por diferentes delitos, utilizó un DNI falso a nombre del propietario de la finca, pero con su foto, y consiguió un comprador del inmueble, Vicente Soriano, por un total de seis millones de euros. Éste le hizo entrega de un millón de euros y firmó un contrato de compraventa ante notario.

Así, el hombre supuestamente realizó todas las operaciones utilizando la identidad del propietario legítimo de la finca, con un DNI y un pasaporte a su nombre. La Policía, al comprobarlo, paralizó, mediante autorización judicial, todas las actividades sobre la finca para evitar que el perjuicio fuera mayor.

Seguidamente, los agentes detuvieron el lunes a este hombre, de origen español, en su domicilio de Paterna. En ese momento realizaron un registro en la vivienda, en la que intervinieron varios documentos, entre ellos, el DNI presuntamente falsificado con su foto.

En ese mismo día, los policías detuvieron a otros dos hombres, de 49 y 68 años y de nacionalidad española, en sus domicilios de Valencia, ya que supuestamente también estaban relacionados con la estafa. Ambos quedaron en libertad tras ser oídos en declaración, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial.

Intermedió en 7.923 operaciones, por las 16.000 del ejercicio anterior
El grupo ve ‘síntomas de estabilización’ del mercado; también en cuando a precios
25/02/2009 Europa Press. El Mundo
Madrid.- El Grupo Tecnocasa cedió finalmente ante la crisis y registró unas pérdidas de 2,4 millones de euros el pasado año, lejos de los 8,8 millones de beneficio de 2007, por lo que se vio obligada a cerrar más de la mitad de sus oficinas en España, según datos de la propia red de franquicias.
La facturación del grupo ya descendió cerca de un 10% en 2007, si bien el pasado año sufrió un desplome del 38,5%, al pasar de los 51 millones de euros a los 31,3 millones de euros, por la reducción de las transacciones de viviendas.
Así, el número de viviendas intermediadas en 2008 descendió en más de la mitad, de las más de 16.000 en 2007 a las 7.923 al cierre de 2008, lo que se tradujo en una reducción proporcional del valor total de los pisos vendidos, de los 3.018 millones de euros a los 1.293 millones de euros. Resultado de estos recortes, la facturación sólo en concepto de intermediación inmobiliaria se redujo en un 57,3% respecto a 2007.
Con todo, el grupo confía en reequilibrar sus cuentas en la actividad de franquicia a lo largo de 2009, a la vista de ciertos «síntomas de estabilización» en el mercado.
Cierre de oficinas
Por otro lado, Tecnocasa siguió adelante con el plan de reestructuración que le llevó a cerrar un importante número de oficinas en 2007 y echó el cierre a más de la mitad de sus locales en 2008.
Así, la crisis del ‘ladrillo’ ha obligado a reducir las 1.400 oficinas abiertas en 2006 a las 665 en 2007, y a las 308 en 2008, es decir, que la red es hoy casi cinco veces menor que hace dos años.
Además, la apuesta del grupo está muy centrada en los mercados de la Comunidad de Madrid y Andalucía, que acumulan más de la mitad de las oficinas, con un total de 176 locales. El resto se dividen entre Cataluña (60), Aragón (18), Comunidad Valenciana (15), Castilla-La Mancha (13), Castilla y León (11), País Vasco (10), Extremadura (3), Baleares (1) y Asturias (1).
Los precios de las casas en venta caen un 12%
Por otro lado, el importe medio de los pisos vendidos por el Grupo Tecnocasa a lo largo de 2008 cayó un 12%, hasta los 158.218 euros, si bien la caída desde los niveles máximos del verano de 2006 se ha situado entre el 45% y el 50% en periferias y entre el 15% y el 20% en zonas de lujo.
Ahora bien, «nadie puede decir que los precios seguirán bajando», según señaló en rueda de prensa el presidente del Consejo de Administración del Grupo Tecnocasa en España, Vittorio Rossi.
En su opinión, ya se perciben «síntomas de estabilización» en el mercado inmobiliario que permiten asegurar que «la fase más complicada se ha superado» y espera una reactivación de la actividad en 2009.
Entre estos síntomas, se encuentra una vuelta a la «normalidad» en el mercado hipotecario, es decir que los bancos no concederán en adelante financiación superior al 75% del valor de los pisos y siempre a aquellos que cuenten con requisitos «razonables», como un ahorro previo para la entrada o una situación laboral estable.
Hasta la llegada de estos síntomas, la empresa de servicios financieros del Grupo Tecnocasa, Kͬron, registró 10,5 millones de euros en concepto de honorarios en 2008, tres veces menos que en 2007, cuando obtuvo 33,5 millones de euros.
Estas cifras están relacionadas con una caída en el volumen tramitado, que rondó los 530 millones de euros, tras la marca de 1.694,3 millones de euros en 2007. Asimismo, las hipotecas firmadas cayeron de los 9.439 créditos a los 3.275 créditos.

A través del fondo de adquisición de activos Bancaja, Actualizado martes 24/02/2009 12:41
Juan Emilio Maíllo. El Mundo. Madrid.- Las tres entidades que más ayudas han recibido del Estado a través del Fondo de Adquisición de Activos son: Bancaja, con 1.498,8 millones de euros, La Caixa, con 1.338 millones, y Caja Madrid, con 1.320 millones.
El resto de entidades que también ha superado los mil millones en ayudas son: Caja del Mediterráneo (CAM), con 1.315 millones, Banesto, con 1.301 millones, Sabadell, con 1.237 millones, Caixa de Catalunya, con 1.024 millones, y Bankinter, con 1.013 millones.
Hasta el momento, 38 cajas (de un total de 45), ocho bancos, siete cooperativas y una financiera han acudido a las cuatro subastas que el Tesoro ha realizado, por un importe total de 19.340 millones.
Entre los bancos, sólo han solicitado liquidez ocho. Además de los anteriormente citados, Banco Popular (939 millones), Banco Pastor (293 millones), Banco de Andalucía (152 millones), Banco de Valencia (97 millones) y Dexia Sabadell (21 millones).
Por su parte, Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Unicaja, ambas inmersas en un proceso de fusión, han recibido 244,5 millones y 681 millones, respectivamente.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, comparece este martes en el Congreso para dar explicaciones sobre el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), creado con una dotación de 30.000 para facilitar la concesión de créditos a particulares y empresas.

24/02/2009
NÍšMERO DE COMPRAVENTAS DE VIVIENDA INSCRITAS
El cambio de ciclo del mercado inmobiliario reflejado en la evolución de las variables durante los últimos trimestres queda claramente ratificado con los datos de cierre del año 2008. El número de compraventas de vivienda registradas, en el cuarto trimestre del año ha sido de 113.274. En comparación con las 130.884 compraventas del pasado trimestre supone un descenso trimestral del -13,45%.

DISTRIBUCIÓN DE COMPRAVENTAS DE VIVIENDA
De las 113.274 compraventas inscritas, 64.479 han correspondido a vivienda nueva y 48.795 a vivienda usada. Con relación al trimestre anterior suponen descensos del -10,32% en vivienda nueva y del -17,28% en vivienda usada.

Sobre las 561.420 compraventas inscritas durante 2008, la mayor reducción interanual se ha producido en vivienda usada, con un ajuste del -40,75%, frente a la bajada del -13,14% en vivienda nueva.

IMPORTE MEDIO DE CRÉDITO HIPOTECARIO SOBRE VIVIENDA
El importe medio de crédito hipotecario por vivienda, en el cuarto trimestre del año ha alcanzado los 136.148 €, manteniéndose el tradicional mayor importe en Bancos (148.859 €) frente a Cajas de Ahorros (130.986 €) y Otras entidades financieras (121.359 €). Estos resultados suponen el cuarto trimestre consecutivo con reducciones del endeudamiento hipotecario por vivienda, con una tasa trimestral del -1,84% e interanual del -6,01%.

TIPOS DE INTERÉS CONTRATADOS EN LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS SOBRE VIVIENDA
Los tipos de interés contratados en los nuevos créditos hipotecarios para compraventa de vivienda han mantenido durante el cuarto trimestre el tradicional predominio de los tipos de interés variables (98,01% de los contratos), aunque con un mínimo repunte del peso relativo de contratos a tipo de interés fijo (1,99%). En cuanto a los índices de referencia contratados en los nuevos créditos hipotecarios a tipo de interés variable, el EURIBOR sigue con su tradicional ascenso, alcanzando el cuarto trimestre del año el 88,22% del total de contratos hipotecarios, seguido a una significativa distancia del IRPH con el 5,61% y otros índices de referencia con el 4,18%.

DURACION DE LOS NUEVOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS SOBRE VIVIENDA
El plazo de contratación de los nuevos créditos hipotecarios para compraventa de vivienda ha mantenido su línea descendente de los tres últimos trimestres. El cuarto trimestre del año se ha cerrado con un plazo medio de 25 años y 7 meses, reduciéndose en ocho meses el plazo medio en un solo trimestre.

DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NUEVO CRÉDITO HIPOTECARIO POR TIPO DE ENTIDAD FINANCIERA CONCESIONARIA
La financiación hipotecaria para compraventa de vivienda ha seguido contando con el liderazgo de las Cajas de Ahorros (48,48%) durante el cuarto trimestre, frente al 41,99% de Bancos y 9,53% de Otras entidades financieras. Sin embargo, las Cajas de Ahorros vienen presentando una constante reducción de su cuota de mercado, que en el año 2008 ha supuesto una pérdida de 6,78 puntos porcentuales, que han ido a parar al incremento de Bancos (4,73 pp) y Otras entidades financieras (2,05 pp).

CUOTA HIPOTECARIA MENSUAL
La cuota hipotecaria mensual ha alcanzado los 829,67 € en el cuarto trimestre del año 2008, representando el 47,67% del coste salarial. Las comunidades autónomas con mayor cuota hipotecaria han sido Comunidad de Madrid (1.293,71 €), Baleares (969,64 €), País Vasco (967,25 €) y Cataluña (948,68 €).
El porcentaje de la cuota hipotecaria mensual media con respecto al coste salarial acumula tres trimestres consecutivos de ligeros descensos, fundamentalmente como consecuencia del mayor incremento de los salarios con respecto a la variación de la cuota hipotecaria.
NOTA: La Estadística Registral Inmobiliaria se puede encontrar en www.registradores.org, dentro del apartado Estadística Registral Inmobiliaria.

16/02/2009
Como cada año, el Colegio de Registradores presenta su Estadística Mercantil anual que, junto con los avances mensuales, constituye una fuente de información fundamental para conocer la evolución de la estructura empresarial nacional. Adicionalmente, su comparación con los indicadores macroeconómicos habituales ayuda a interpretar mejor el lugar del ciclo económico en el que nos situamos.

El primero de los indicadores presentados es el número de constituciones de sociedades, que en 2008 se reduce en algo más de 38.000 inscripciones respecto a 2007, situándose claramente por debajo de la media de los últimos cinco años. Es evidente que esta disminución ha sido muy abrupta el último año, pero es del todo normal ante un entorno económico desfavorable.

Si atendemos a la forma societaria considerada a la hora de la constitución, como otros años, las Sociedades Limitadas mantienen su predominio absoluto, suponiendo casi el 97% del total, mientras que las sociedades anónimas siguen disminuyendo su participación relativa, suponiendo en 2008 tan solo un 1,17%. La aparición de las Sociedades Profesionales, que han supuesto más de 3.000 en el año 2008 frente a las 353 de 2007, y que adoptan otras formas societarias tales como colectivas, comanditarias, etc., además de las tradicionales anónimas y limitadas, pueden justificar este incremento de Otras formas Societarias producido en el ejercicio.

En cuanto a las sociedades declaradas unipersonales, la tendencia alcista iniciada en 2000 se rompe, y pasamos de una tasa de crecimiento en 2007 del 11,44%, a una de decrecimiento del 10,19%. Durante 2008, la estructura del órgano de administración más habitual en las sociedades anónimas sigue siendo el consejo de administración (44% del total de S.A.”™s), seguido por el administrador único (39%).

Con cuatro años transcurridos desde el comienzo de la aplicación de la nueva ley concursal, las quiebras y suspensiones de pagos ya han sido sustituidas en su totalidad por el concurso de acreedores. En 2008 las declaraciones concursales de sociedades mercantiles inscritas han crecido un 132%, con un aumento de 1.188 nuevos concursos. En el anterior gráfico podemos observar como las adversas condiciones económicas han provocado el aumento considerable de las empresas declaradas en dificultades.

Manteniendo la tendencia alcista de los últimos años, el número total de depósitos de cuentas anuales realizados en 2008 ya supera el millón doscientos mil, creciendo menos que el año anterior, pero por encima de la media de los últimos cinco años, un 5,26%. Por Comunidades la diferencia entre Cataluña y Madrid se reduce, pasando de las 34.272 de 2007 a las 28.363 en 2008, pero mantienen sus puestos en el podio con 249.075 depósitos Cataluña y 220.712 depósitos Madrid.

Si observamos la utilización de la tecnología aplicada a la presentación de las cuentas, los depósitos digitales siguen aumentando un año más su proporción en el total presentado. Si en 2006 suponían un 52,4% del total, y en 2007 un 57,7%, en 2008 casi alcanzan el 62%.

La Estadística Mercantil se encuentra en https://www.registradores.org/mercantil/jsp/home.jsp

Tras el caso Madoff
Reembolsos de al menos 40 millones de euros
24/02/2009 -Enrique Utrera. Finanzas.com
Cuarenta millones de euros. Esta es la cifra que como mínimo van a retirar los partícipes de tres hedge fund de Santander en el primer trimestre del año. Dos de estos fondos, Banif Optimal Low Volatility Fund y Banif Fairfield Impala están afectados, en un 5,63% y en un 4,72%, por el caso Madoff.
Continua la larga travesía por el desierto de los hedge fund. Esta vez la ha tocado el turno a tres del Grupo Santander. Finalizado el período de preaviso para que los inversores puedan solicitar el reembolso de sus participaciones, la gestora Santander Asset Management ha anunciado que las ventas superarán el 20% del patrimonio, que en conjunto casi alcanza los 200 millones de euros.
Por lo tanto, como mínimo -las gestoras sólo están obligadas a comunicar a la CNMV cuando el porcentaje supera el 20%, pero no deben especificar- los reembolsos afectarán a 40 millones. Santander aplicará a estas peticiones de venta el valor liquidativo del próximo 31 de marzo.
En todos los casos, Santander garantiza que el fondo dispondrá de liquidez suficiente para atender las órdenes de venta -al contrario de lo que ha ocurrido con Santander Banif Inmobiliario, producto que será cerrado durante dos años, plazo en el que se retendrá el 90% de las inversiones- y que todos los productos seguirán adelante con su actividad y sus estretegias de inversión.
Dos de los tres fondos tienen exposición a activos relacionados con Bernard Madoff, del 5,63% en el caso de Banif Optimal Low Volatility. Con un patrimonio gestionado de 64 millones, acumulaba al ciere del mes de noviembre pasado una pérdidas de 14,47% a un año y del 16% en seis meses.
Mayores aún son los números rojos que acumula el otro fondo afectado por el fraude multimillonario del financiero estadounidense, Banif Fairfield Impala, del 23,11% a un año y de 24,10% a seis meses. De los tres fondos afectados por los reembolsos este último es que el más patrimonio gestiona, casi 76 millones de euros. Ambos productos sustituiran a partir de marzo a sus entidades subgestoras, Optimal y Fairfield respectivamente, por Allfunds Alternative, en la que participa el grupo Santander.

Cinco razones por las que Banif Inmobiliario debería cubrir a sus partícipes
23-02-2009 Expansión. Blog de Jorge Zuloaga

La congelación de los reembolsos del fondo Santander Banif Inmobiliario ha desatado un nuevo foco de iras entre los clientes de Santander. Los partícipes de este producto ya estudian medidas legales para recuperar su dinero antes de los dos años marcados por el banco. Se quejan de «información privilegiada», «medidas irregulares» por la tasación de extraordinaria anunciada en el pasado mes de diciembre, y en algunos casos hablan incluso de «corralito». Aquí van cinco razones por las que Santander debería cubrir las posiciones de los partícipes de su fondo inmobiliario:
Porque lo hizo con Lehman Brothers y Madoff. En ambos casos, Santander optó por cubrir las pérdidas de sus inversores afectados. En el primer caso con una emisión de bonos de su filial británica Abbey y las famosas acciones preferentes, con las que previamente convino compensar a sus clientes pillados por el estafador norteamericano. No son grandes soluciones para sus inversores, pero con estas medidas Santander ha recuperado parte de la credibilidad perdida y se ha asegurado la permanencia de muchos clientes en el banco.
Porque en el caso del fondo Santander Banif Inmobiliario, la entidad dejaría mucho mejor sabor de boca a sus clientes que con Madoff y Lehman. No hay duda de que la entidad tiene gran parte de razón. Los fondos inmobiliarios no tienen nada que ver con la venta de productos estructurados ligados a Lehman Brothers ni con que su filial de hedge fund delegase su gestión al mayor estafador financiero de la historia. Aquí se han vendido fondos que han ido muy bien durante el boom inmobiliario, pero que ante la crisis económica y de liquidez han demostrado tener problemas en su propia raíz. En este caso sería más culpable la CNMV que ninguna de las gestoras que distribuyó productos inmobiliarios en España.
Porque lo ha hecho su competidor más directo, BBVA. Santander no tiene forma de justificar que no vaya a proporcionar liquidez a sus inversores cuando ya lo ha hecho la entidad presidida por FG (también va camino de cubrir las salidas Banco Sabadell). BBVA se ha anticipado a su rival en este terreno. Primero, subiendo la inversión mínima en inmobiliarios en 2007, para que no entrasen pequeños inversores en unos productos que, como se ha demostrado, no eran aptos para ellos. Segundo, anunciando que dejaría salir a sus partícipes sin pagar comisión de reembolso antes de que estallase la crisis de los inmobiliarios en España. Y tercero, cubriendo las salidas de estos ahorradores con inversiones propias para no dejarles atrapados como ha hecho Santander. En un momento en el que la gestora de BBVA ha superado a la de Santander en patrimonio por primera vez desde la época de Argentaria, a la entidad de Emilio Botín no le conviene dar esta mala imagen.
Porque no le supondrían grandes pérdidas. Todo lo que Santander tendría que hacer es meter su propio dinero que iría recuperando progresivamente durante los próximos dos años, como declaró a la CNMV. La única pérdida para el banco sería la derivada de la caída del precio de los inmuebles. Si BBVA invirtió 1.600 millones que recuperará dentro de dos años o se plantea Banco Sabadell hacerlo con más de 1.000 millones, ¿por qué no va a poder Santander cubrir entre 2.600 y 3.200 millones? Además, no sería poner dinero en saco roto como en el caso de Madoff o Lehman, sino en inmuebles de reconocido valor.
Porque evitaría un daño reputacional. A pesar de ser el último, este punto debería ser el más importante para Santander, como lo ha demostrado durante los últimos meses cubriendo pérdidas con tal de no verse salpicado por la estafa de Madoff y la quiebra de Lehman. En un momento como el actual de la banca, la imagen es más importante que nunca, ya que los clientes se aferrarán a las entidades que más confianza les transmitan. Por ello, Santander no puede permitirse más deslices.
Dicho esto, vaya por delante que Santander puede aferrarse a que todo lo que ha hecho es bajo la legalidad española y con el amparo de la CNMV. Veremos si, a pesar de ello, decide cambiar de estrategia y resarcir a sus clientes. Tiempo al tiempo.

Centro Comercial Plenilunio
24-02-2009 , Expansión.com
Apenas una semana después de anunciar la cancelación de los reembolsos por falta de liquidez, y dentro de su «programa ordenado de enajenación de activos», el fondo Banif Inmobiliario ha puesto en venta su principal activo, el centro comercial Plenilunio. A 31 diciembre del pasado año estaba valorado en 319 millones de euros.
El fondo inmobiliario está dispuesto a acelerar el proceso de desinversiones anunciado a raíz de la cancelación de los reembolsos. En la misma semana en la que anunció estas medidas, ejecutó ya su primera venta, unos inmuebles de oficinas de Madrid, situado en el Paseo de la Castellana número 13.

Esta operación se cerró por un precio de 23 millones de euros, un 16% por encima del precio de adquisición en 1999, pero un 17% por debajo de su precio de tasación.

Aún a riesgo de lograr precios inferiores a los de tasación, Banif Inmobiliario ha decidido poner a la venta su principal activo, según publica Reuters citando a dos fuentes conocedoras de la situación. En la última valoración, la del pasado mes de diciembre, el centro comercial Plenilunio estaba valorado en 319 millones de euros.

Caamaño toma posesión de la cartera de Justicia
El sustituto del dimitido Bermejo promete su cargo ante los Reyes y el presidente del Gobierno
ELPA͍S.com – Madrid – 24/02/2009

Comienza una nueva etapa en el Ministerio de Justicia. El hasta ahora secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, Francisco Caamaño, ha prometido esta mañana ante los Reyes y en presencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, su cargo como ministro en sustitución de Mariano Fernández Bermejo, quien dimitió ayer tras la avalancha de críticas de la oposición y de su propio partido por participar en una cacería sin licencia y afrontar la primera huelga de jueces de la historia de España. Después de acudir a La Zarzuela, el nuevo titular de Justicia tomará posesión de la cartera a la una de la tarde.
De perfil moderado y respetado por los portavoces del Congreso por su capacidad para alcanzar acuerdos, Caamaño asume su nuevo cargo en el que como mayor prioridad tendrá que afrontar el conflicto de la Justicia y continuar las negociaciones con las asociaciones para desbloquear una situación que provocó el paro de la semana pasada.
Persona de confianza de la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, Caamaño era uno de los nombres en quien también pensó José Luis Rodríguez Zapatero para incluirlo en su Ejecutivo tras la elecciones de 2008. Desde su cargo de secretario de Estado de Relaciones con las Cortes se encargó en buena medida de negociar el Estatuto de Cataluña cuando en 2005 se envió al Congreso para su tramitación. Su trabajo se centraba ahora en encontrar un encaje al nuevo Estatuto de Castilla La Mancha.
Cambio de perfiles
Con su nombramiento, el Gobierno cambia completamente el perfil del titular de Justicia. La etapa de Bermejo, quien anunció ayer su cese pero había presentado a Zapatero su renuncia cuatro días antes para evitar que la oposición sacara más réditos de su participación en la cacería, ha estado marcada por los encontronazos y ha concluido sin ningún proyecto materializado.
La misión de Caamaño será ahora restaurar un clima de mayor sosiego, pese a que el PP ha asegurado que continuará sin restablecer el pacto de la Justicia mientras el gobierno no de explicaciones por la cacería en la que Bermejo coincidió con el juez Baltasar Garzón, que investiga la trama de corrupción vinculada al PP.
Caamaño nació en 1963 en la localidad coruñesa de Cée, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue profesor titular en la citada Universidad. En 1993 fue designado letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de catedrático en la Universidad de Valencia. Ha sido también director de la Fundación Democracia y Gobierno local y codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local.

Os xuristas acollen con esperanza o nomeamento do novo ministro.
Martes, 24 de febrero de 2009

Xornal.com A Coruña.- Os representantes da Xustiza galega e os achegados ao novo ministro na comunidade acollen con esperanza o nomeamento de Francisco Caamaño e valoran o feito de que sexa un paisano, «dialogante, con sensibilidade lingͼística e formación autonómica», quen colla as rendas do actual enfrontamento entre poderes.

Os que o coñecen de preto amósanse convencidos de que Caamaño será «un grandísimo ministro». É o caso de Ramón Vigo, alcalde de Cee, que destaca o seu carácter afable e conta que o novo ministro visita a súa vila natal con frecuencia. «É un gran navegante e gústalle vir á ría», asegura. Alfonso Villagómez, maxistrado do TSXG, é amigo de Caamaño, co que estudou Dereito en Santiago e concidiu máis tarde no Tribunal Constitucional. «Ten moita formación no ámbito autonómico, algo crucial no século XXI, e tivo un papel moi importante na negociación do Estatut. Ademáis ten un carácter dialogante e penso que pode contribuír á solución do conflito actual», afirma.

As asociacións xudiciais na comunidade coinciden ao celebrar a dimisión de Bermejo, do que destacan «a súa falta de negociación e a crispación», e esperan a chegada de Caamaño como «unha nova porta aberta». «A ver se ten mellor xuízo que o anterior», asegura o presidente do Foro Judicial Independente, Juan José Reigosa. «Din que os galegos temos boa disposición ao diálogo; espero que así sexa», pide Antonio Piña, de Asociación Profesional de la Magistratura.

O voceiro de Xuíces para a Democracia, Luis Villares, salienta a «sensibilidade lingͼística» de Caamaño. «Iso é de agracedecer nun poder no que imos moi escasos dela», afirma. Ademáis, Marcelino Sexmero, de rancisco de Vitoria, admite que «non se pode partir de cero despois do sucedido, pero hai que darlle confianza total ao novo ministro».

Europa Press | Madrid 24/02/2009 El Mundo
El nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tomará hoy posesión de su cargo en el Palacio de Parcent, la sede del Ministerio situada en la madrileña calle de San Bernardo.
El nuevo titular de Justicia tomará posesión de esta cartera a las 13.00 horas. A las 10.30 horas, Caamaño jurará o prometerá su cargo ante el Rey en el Palacio de la Zarzuela.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acudió este domingo al mediodía a Zarzuela para comunicar a Don Juan Carlos el cese de Mariano Fernández Bermejo al frente del departamento de Justicia y su sustitución por el hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, según la misma fuente.
Hombre de confianza de María Teresa Fernández de la Vega, Francisco Caamaño Domínguez es desde 2004 secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y llevó buena parte del peso de la negociación del Estatuto catalán cuando éste fue remitido en 2005 a las Cortes para su tramitación.
Nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cée, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue profesor titular en la citada Universidad.
En 1993 fue designado letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de catedrático en la Universidad de Valencia. Ha sido también director de la Fundación Democracia y Gobierno local y codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local.
Promete continuidad
Tras elogiar la labor de su antecesor en el cargo, Caamaño ha manifestado que procurará » dar continuidad a muchos de esos proyectos».
Además, precisó que analizará los proyectos que están en marcha y seguirá «en contacto con todo el mundo vinculado a la Justicia» y que tratará de hacer su trabajo «lo mejor posible».
«(Quiero) hacerlo, como siempre ha sido nuestra voluntad y estoy seguro que también ha sido la de él, lo mejor posible para el Gobierno pero sobre todo para todos los ciudadanos», recalcó.

El expolio del paralítico José Manuel
Seis años de cárcel para tres estafadores que le arrebataron el piso
El notario que le hizo firmar los papeles, inhabilitado por ocho meses
Pedro Simón | Madrid. El Mundo 22/02/2009
Tres tiburones y una inmobiliaria pescan a un paralítico cerebral en la calle. El hombre acaba de perder a su madre y es el único heredero de la casa familiar. Así que los desaprensivos ven yugular, enseñan los dientes y no dejan ni las raspas.
Se hacen cargo de él, le malcuidan, contactan con un notario de aliento podrido y el paralítico cerebral -con nula capacidad de entendimiento- va firmando todo lo que le ponen delante. «José Manuel expone«, «José Manuel otorga», «José Manuel acepta», «José Manuel manifiesta», «José Manuel ratifica en su contenido»… Y le regala la vivienda a los buitres de corbata de seda.
La ópera bufa cierra el telón con una escena de cine del tardofranquismo: el paralítico cerebral rumbo a Torrevieja «con una señorita» pagada por todos, para ocupar así la casa en su ausencia y adecentarla para su venta.
La historia tiene trazas de esperpento, apesta a putrefacción ética y es paradigma de un canibalismo social donde los más listos se nos zampan al resto. Pasó en Madrid, fue tan fácil como quitarle el caramelo a un niño y ha terminado con condenas de seis años y un día de prisión para los tres encausados que montaron la estafa y una mera inhabilitación de ocho meses para el notario que la parió.
‘Me han quitado la casa’
A José Manuel lo localizaron en la calle. El sesentón astroso deambulaba por las aceras de Móstoles aturdido, como jugando a la gallinita ciega. Una mujer que conocía a la familia le abordó y se interesó por aquel ángel desplumado que vagaba roto. Se sentaron. A su manera, el hombre farfullaba una y otra vez una frase: «Me han quitado la casa». Ambos le dieron al ‘play’ de esta historia.
De aquella familia en cenizas sólo quedaba vivo José Manuel. Su padre y su hermano, que también eran paralíticos cerebrales, fallecieron en 1991. Madre acababa de morir en abril de 1997. Con lo que el hombre aquel era el único y legítimo heredero de la casa que ya ni habitaba.
La mujer que le socorrió en la calle se puso en contacto con los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. La Fundación Tutelar de Madrid (Futumad), que se encarga de la tutela de personas con retraso mental, se ocupó de José Manuel y comenzó a deshacer el ovillo en que andaba enmadejada la víctima.
José Manuel estaba alojado en una habitación infame en la que le habían metido sus timadores. El expolio del único bien del incapacitado tuvo lugar en la primera mitad de 1998. La sentencia del juzgado de instrucción número 9 de Móstoles, de hace algunas semanas, detalla una estafa en la que unos pit bull se comen a un cachorro ciego.
Fue así de sencillo. María Isabel de la Cruz López acordó con Miguel ́ngel Rodríguez Villar «proceder a la venta del inmueble del discapacitado para apropiarse conjuntamente del precio a obtener sin entregar cantidad alguna al propietario». Para ello, se hicieron inicialmente cargo del enfermo. Contactaron luego con Oscar Sánchez Sánchez, administrador de la inmobiliaria Novogar. Y, dado que había que amañar la titularidad registral de la casa, acudieron todos al notario Carlos Vázquez Balbontín. Abracadabras de la notaría, José Manuel se volvió sano y cuerdo a puerta cerrada.
«El notario, sin haber adoptado la diligencia más elemental para cerciorarse sobre la capacidad de José Manuel para intervenir en cualquier operación jurídica, emitió documentos en los que se refiere a la intervención que José Manuel tuvo en los mismos: interviene… expone… otorga… acepta… manifiesta… ratifica en su contenido».
Resultado de aquella encerrona, Novogar salió como apoderada del indefenso; el buen hombre le vendía su vivienda a la inmobiliaria por 10.200.000 pesetas; De la Cruz López y Rodríguez Villar se repartían el botín a medias; y la empresa, a su vez, le colocaba la propiedad por un precio mayor a unos terceros que la adquirieron de buena fe.
El juicio
El juicio fue una partida de póker con tahúres y burdas cartas marcadas. Valga un as: María Isabel de la Cruz López alegó que José Manuel «deseaba un piso más pequeño». En fin.
El acusado de la inmobiliaria se defendió y apuntó que José Manuel contó el dinero «a su entera satisfacción». Así que el abogado del paralítico cerebral le dio media docena de billetes de cinco y diez euros y le dijo que contara allí delante de su señoría. José Manuel pasaba los billetes mojando el dedo en la lengua.
-Uno, dos, tres…
-¿Cuánto suma todo, José Manuel?
-¡Diez millones de pesetas!
El notario se defendió y objetó que al sesentón le dieron a leer las escrituras y que lo entendió todo. Así que el abogado del paralítico cerebral le puso un texto delante y le dijo que leyera. José Manuel puso el índice sobre el escrito. Arrastró un monosílabo ininteligible.
A los tres tiburones con dientes de cepo les han caído seis años y un día de prisión por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de estafa. Un cuarto fue absuelto. El notario, por falsedad imprudente, ha sido condenado a ocho meses de inhabilitación. Porque se entiende que no actuó de mala fe…
José Manuel vive bajo la tutela de la Comunidad de Madrid, que le administra la indemnización recibida de 61.000 euros. Por las tardes da un paseíto y hace flores de papel.
No hay gusanos en el parterre, José Manuel. Hogar, dulce hogar.

22-02-2009 , por C.D.A. Barcelona. Expansión
La Agencia Tributaria Catalana da quince días a los compradores de inmuebles para que demuestren que no han defraudado en el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
La caída en los ingresos ha hecho que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) se vuelque en las comprobaciones de valor de antiguas operaciones de compraventa de inmuebles realizadas en los últimos cuatro años. El organismo tributario, que entró en funcionamiento en enero de 2008, ha comenzado a enviar cartas a los compradores de inmuebles que han cerrado operaciones en los últimos años para reclamarles que justifiquen el importe escriturado cuando se sitúa por debajo de determinados coeficientes.

A través de estas misivas, el organismo tributario de la Generalitat catalana transfiere al contribuyente la obligación de acreditar las razones por las que el valor de escritura no entra dentro de los márgenes fijados en relación al valor de mercado.

El organismo da quince días al contribuyente para que justifique este hecho y para que alegue por qué el valor escriturado es inferior al valor catastral -corregido por su correspondiente coeficiente- o bien inferior al 80% del valor establecido en la tasación que exigió la entidad financiera si se ha suscrito una hipoteca. Según fuentes de la ATC, la base imponible se corresponde con el valor de mercado, independientemente del precio pagado efectivamente por el comprador.

Si, transcurrido el plazo fijado, el contribuyente no ha podido realizar las valoraciones pertinentes, la agencia inicia el correspondiente proceso administrativo que deriva en un nuevo pago tributario por la operación.

Doctrina constitucional
Las actuaciones de la Inspección no parecen ir en línea con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Una sentencia de julio de 2000 acabó con la prohibición fijada por el legislador para evitar que la libre fijación del precio de los bienes en las escrituras se convirtiese en una vía de fraude.

Dicha prohibición, introducida en 1993, trataba de crear una garantía recaudatoria en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales (ITP-AJD), uno de los principales para la Generalitat.

El Alto Tribunal justificó entonces su decisión al considerar que impedir fijar libremente el precio de escritura vulnera los principios constitucionales de capacidad económica, igualdad, prohibición de alcance confiscatorio, legalidad y justicia. La sentencia añadía que dicha prohibición consideraba fraude una práctica que puede estar guiada por la realidad y por la mera negociación del precio por las partes. “El valor real (…) -apuntaba la sentencia- ni determina qué debe entenderse por valor real, ni especifica los parámetros que deben emplear en todo caso los sujetos pasivos del ITP para determinarlo, razón por la cual las discrepancias en relación con la valoración de los bienes y derechos no sólo son lógicas y razonables, sino incluso frecuentes”.

Asesores fiscales consultados señalan que no han detectado, por ahora, que el envío de las primeras cartas formen parte de una nueva campaña de la ATC, si bien destacan que no sería de extrañar que, con la caída en la recaudación, se den nuevas órdenes en este sentido. Fuentes de la ATC niegan que exista una campaña específica.

Otro aspecto que apuntan los expertos es lo elevado de las tasaciones de los últimos años al abrigo de los años de exuberancia en el crédito para la compra de inmuebles. Como las tasaciones eran en algunos casos “forzosamente altas”, señalan estas fuentes, los inspectores tributarios tienen ahora margen para encontrar desfases con el importe que figura en las escrituras de compraventa.

Agujero recaudatorio
El parón inmobiliario y el consiguiente desplome en las operaciones de compraventa, que comenzó en 2007, ha creado un agujero recaudatorio en las cuentas autonómicas. El tributo, que debía haber generado 4.445 millones de euros para la Generalitat catalana en 2007, acabó en 3.199 millones, un 28 por ciento menos de lo previsto. A la drástica disminución en el número de operaciones se suma ahora la caída del valor de las viviendas.

El cambio en los esquemas del mercado inmobiliario hace también más complicado evaluar lo idóneo de las instrucciones para las comprobaciones de la Agencia Tributaria de Cataluña. ¿Qué vigencia puede tener una tasación y el valor catastral en un mercado tan cambiante?

Corralito

Tiene las tarifas más caras del sector
23/02/2009 Finanzas.com

El mayor fondo inmobiliario español, en situación crítica después de que sus clientes hayan solicitado la devolución del 80% del patrimonio, se embolsó en 2008 un total de 125 millones de euros en concepto de comisiones de gestión y de depositario, que unidas son las más altas entre los mayores fondos españoles de esta familia.
La comisión de gestión de Santander Banif Inmobiliario es del 3% sobre el patrimonio del fondo, igual que la de BBVA Propiedad o la de Sabadell BS Inmobiliario, los dos fondos que le siguen por tamaño. Sin embargo, los dos últimos no cobran comisión de depositaría mientras que el del grupo con sede en Cantabria aplica un 0,4%. Por su parte, Segurfondo Inversión, de Inverserguros, cobra un 1,45% por la gestión y un 0,15% de depositario.
El resultado es que Santander Banif Inmobiliario, con un patrimonio medio en 2008 de 3.725 millones de euros y que a 31 de diciembre suponía el 45% del total del sector, ingresó en 2008 un total de 112 millones en concepto de comisión de gestión y otros 15 por depositaría.
La cifra supone más de la tercera parte de los 326 millones que como mínimo el grupo que preside Emilio Botín se ha comprometido a devolver a los inversores en dos plazos durante los tres próximos meses. El grupo que preside Emilio Botín tiene que devolver el 10% del patrimonio del fondo con el valor liquidativo de 28 de febrero. Es decir, una vez que se haya recogido la nueva valoración de activos del fondo, que no se hará pública hasta la primera semana de marzo, ya pasado el plazo que tienen los inversores para realizar las peticiones de reembolsos y que termina este viernes día 27.
El 9 de mayo, fecha del segundo plazo de pago, Santander Banif Inmobiliario deberá disponer de al menos esos 326 millones -la décima parte de los 3.260 millones de euros de patrimonio a 31 de enero- para hacer frente a sus obligaciones de pago. Con la caja en los huesos -apenas contaba con cinco millones de euros al cierre del año pasado tras hacer frente a la ventana de liquidez de octubre-, deberá endeudarse al máximo y afinar en la venta de activos en estos poco menos de tres meses. Para empezar, el grupo acaba de desprenderse de un primer edificio en Madrid por 24 millones de euros y pro debajo del valor de tasación.
Pingͼe negocio
Lo cierto es que, con las comisiones más altas entre los mayores productos inmobiliarios españoles, Santander ha hecho un pingͼe negocio durante los muchos años en los que el fondo ha aprovechado el boom inmobiliario. Constituido en 1994, Santander Banif Inmobiliario es el fondo más antiguo del mercado español. A 31 de diciembre de 2008 acumulaba unas rentabilidades media del 1,37% a un año, del 4,64% a tres años de 5,26% a cinco años y del 6,40% a 10 años.
Los números rojos han llegado en enero, cuando el primer impacto de la retasación de activos ha significado un recorte del 4,21% en la rentabilidad del fondo. provocando el ataque de pánico que ha obligado a Santander a cerrar el fondo -quien no venda ahora no podrá hacerlo hasta el 1 de marzo de 2011- durante dos años. Tras tomar esta decisión, la gestora del fondo Santander Real Estate ha comunicado que rebaja sus comisión de gestión hasta el 0,75% y la de depositario hasta el 0,1%.

El Fondo Banif inmobiliario suspende el reembolso
El Fondo de Inversión Inmobiliario Banif, el mayor de España, ha solicitado a la CNMV la suspensión temporal de los reembolsos ante la falta de liquidez para afrontar las peticiones de los partícipes. La OCU se dirige a la Comisión Nacional del Mercado de Valores solicitando que se adopten medidas que favorezcan a los pequeños inversores afectados y eviten que la entidad se enriquezca con esta situación (por ejemplo, al seguir percibiendo las elevadas comisiones de los partícipes «cautivos» en el fondo).
Santander Real State (sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva perteneciente al grupo Banco Santander) ha pedido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspender durante un periodo de dos años, el reembolso de participaciones del fondo Santander Banif Inmobiliario, el mayor fondo inmobiliario.
Esta solicitud se ha visto motivada porque el fondo inmobiliario, el mayor de España de estas características, carece de liquidez para satisfacer la avalancha de peticiones de reembolso que se habían solicitado en los últimos días, especialmente tras el anuncio de la gestora del fondo de realizar una tasación extraordinaria para actualizar el valor del fondo inmobiliario, y así ajustar mejor el valor real del patrimonio.
Más de 43.000 inversores se ven afectados por esta medida.
La CNMV debe pronunciarse sobre la solicitud de la entidad financiera: aunque esta petición de suspender el reembolso está contemplada por la ley, es una solicitud inédita en nuestro país.
Desde la OCU solicitamos:
Que en la distribución del dinero existente en el fondo (el 10% de su valor) se adopten medidas destinadas a beneficiar a los pequeños inversores frente a los que tienen patrimonios más elevados, en lugar de realizarse una prorrata lineal. Por ejemplo, atender los reembolsos de un importe fijo hasta determinada cuantía, y a partir de ahí un porcentaje de la solicitud.
Los partícipes quedarán atrapados durante dos años en un fondo, que no pueden abandonar aunque lo desearan. La OCU pide que se reduzcan drásticamente las comisiones anuales que como gestión y depósito cobra el fondo (hasta ahora el 3,4% anual). La gestora ha anunciado una reducción al 0,85%, pero para un fondo en proceso de liquidación es insuficiente: deberían eliminarse o ser, como mucho, del 0,1%, para evitar que la gestora se lucre con esta situación.
Además, nos dirigimos al Ministerio de Economía solicitando la creación de un fondo de garantía para instituciones de inversión colectiva y seguros, para casos de insolvencia o incluso comportamiento fraudulento. Los consumidores no deben ser quienes paguen las consecuencias de una mala gestión, y es necesario que cuenten con mayores garantías en su inversión, como desde la OCU hemos solicitado en diversas ocasiones, sin ir más lejos, cuando se amplió la cobertura del fondo de garantía de depósitos.

23-02-2009 , Expansión.com
Francisco Caamaño Domínguez, hasta ahora secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cée, se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela.
Desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue Profesor Titular en la citada Universidad.
En 1993 fue designado Letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de Catedrático en la Universidad de Valencia y ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y codirector de la revista Cuadernos de Derecho Local.
Durante su etapa académica fue becario del Parlamento de Galicia y de las Cortes Generales. Igualmente realizó diversas estancias de estudios tanto en centros de investigación nacionales como extranjeros, particularmente en las Universidades de Coimbra, Edimburgo y Bolonia, así como en el Instituto Europeo de Florencia.
Aunque se colegió como abogado en el Ilustre Colegio de A Coruña, pasó a la situación de no ejerciente en 1989. En octubre de 1990 fue contratado como Profesor Ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela, adquiriendo, a finales de 1991, la condición de Profesor titular interino de Derecho Constitucional.
En 1993 ganó por oposición la plaza de Profesor titular de Derecho Constitucional en dicha Universidad. En ese mismo año pasó a la situación de servicios especiales al haber sido designado por el pleno del Tribunal Constitucional Letrado adscrito a este órgano jurisdiccional.
En el año 2001 cesó como Letrado del Tribunal Constitucional regresando a su plaza en la Universidad de Santiago. En octubre de 2002 obtuvo por oposición la plaza de Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Ha impartido docencia ordinaria de Derecho Constitucional, Derecho comunitario y autonómico e, igualmente, ha impartido un gran número de conferencias, seminarios y cursos de doctorado y de postgrado, así como maestrías de especialización tanto en Universidades como en otros muchos centros públicos y privados sobre temas relativos a su especialidad.
Asimismo ha dirigido y participado en diversos programas de investigación, tanto nacionales como comunitarios y en programas de cooperación jurídica con el exterior, principalmente con países centroamericanos. Producto de esta actividad ha sido su especialización en temas de derecho parlamentario y jurisdicción constitucional.
En el año 2001 fue nombrado Director de la Fundación Democracia y Gobierno Local cuyo patronato está constituido por diversas Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares. Permaneció en el cargo hasta 2004.
El 19 de abril de 2004, en el primer consejo de ministros del nuevo gobierno socialista, fue designado secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, dependiente del ministerio de la Presidencia. Sustituyó en el cargo al popular Jorge fernández Díaz.
Durante su mandato participó, en nombre del Gobierno, como negociador en el proceso de reforma del Estatuto catalán, aprobado por el Congreso el 30 de marzo de 2006 y por el Senado el 10 de mayo del mismo año.
El 14 de abril de 2008, en el primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno de Rodíguez Zapatero, fue nombrado secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, cargo de nueva creación, en el ministerio de la Presidencia.
Fue además codirector de la Revista Cuadernos de Derecho Local (QDL) y ha figurado en diversos Consejos de redacción de otras publicaciones sobre Derecho Público y Constitucional.
Autor de un amplio número de artículos en revistas especializadas, ha escrito, entre otros, los siguientes libros y monografías: «El mandato parlamentario» (1991), «El sistema político de Galicia» , en colaboración con Vilas, Máiz y Rivera (1998), «El control de constitucionalidad de disposiciones reglamentarias» (1993), «Jurisdicción y procesos constitucioneas , en coautoría con Requejo, Medina y Montoro, (1997), «El derecho de sufragio pasivo» (2000), o «La garantía constitucional de la inocencia» (2003).
Francisco Caamaño está en posesión de la Medalla del Tribunal Constitucional. Está casado y es padre de dos hijas.

Francisco Caamaño, nuevo ministro de Justicia
23/02/2009 El Confidencial
Frascisco Caamaño, hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha sido nombrado por el presidente de Gobierno nuevo ministro de Justicia, informaron a Europa Press en fuentes gubernamentales.