AIRE

Primero los notarios «querem ficar com tudo» 19 de diciembre de 2006

Luego vino la reacción del Gobierno Portugués: Se aprobó el proyecto Casa pronta 6 de junio de 2007

Con lo que las escrituras pasaron de obligatorias a facultativas : Recordatorio del telediario de Portugal 19 de febrero de 2008 Y otro

Luego lágrimas Notarios contra la reforma 21 de noviembre de 2008

Ultima ocurrencia: crear amigos Pedir la lista de las escrituras del Primer Ministro 21 de abril de 2009

Algunos notarios se está empeñando en seguir los mismos pasos olvidando el efecto boomerang: si todo lo que dices es negativo, los mensajes que lances se volverán contra ti y tu imagen será negativa.

Se cumplirá inexorablemente la ley de las consecuencias inesperadas.

Los notarios alvierten de que les execuciones d’embargu aumentaron nel últimu añu un 64% n’Asturies
UVIÉU, 15 de Xunu (EUROPA PRESS)
El decanu del Colexu Notarial d’Asturies, José Luis Fernández Lozano, alvirtió gͼei de que les execuciones d’embargu aumentaron nel Principáu nel últimu añu un 64 por cientu; les cesiones en pagu de deuda nun 297 por cientu y la reconocencia de deudes nun 107 por cientu. «La crisis tovía nun tocó fondu», añadió.
Fernández Lozano relaizó estes manifestaciones demientres l’almuerzu de trabayu organizáu pol Colexu Notarial d’Asturies colos medios de comunicación nel restaurante Casa Fermín d’Uviéu.
Per otru llau, baxaron los contratos de compraventa un 40 por cinetu y los préstamos hipotecarios nuna media d’un 23 por cientu nel Principáu. Estes cifres tán basaes nuna comparativa ente’l primer trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009. «Nes notaríes hai más operaciones pero de menos valor económicu», señaló’l decanu.
La baxada de los contratos de compraventa foi mayor nes zones de costa que nel interior, asina como nes zones del oriente frente al occidente asturianu. Lo mesmo pasa col descensu de los préstamos hipotecarios que se notó más na costa que nel centru d’Asturies.
Asina, Candás sufrió nos contratos de compraventa una baxada d’un 70 por cientu; Villaviciosa-Colunga, con una baxada d’un 60 por cientu; Llanes d’un 35 por cientu, Xixón, del 47 por cientu; frente a la menor baxada de la zona Castropol-L.luarca-Navia, que nun supera’l 27 por cientu.
De les trés grandes ciudaes (Xixón, Uviéu, Avilés) ye Xixón la que más baxada esperimenta (47%), siguida d’Uviéu (35%) y Avilés (con un 27%).
Nes Cuenques Mineres, Samartín del Rei Aurelio esperimenta un decrecimentu del 60 por cientu, Llangréu del 42 por cientu, Ayer-L.lena del 27 por cientu, Mieres del 23 por cientu, Llaviana del 10%.
Na zona central contrasta la disminución, nesti sector de la estadística contractual, ente la baxada d’un 47 por cientu de Llanera frente a la baxada de sólo un 18 por cientu de Siero-Noreña.
A lo último, en rellación coles pólices mercantiles, la baxada media n’Asturies pal mesmu periodu ye d’un 14 por cientu. N’Uviéu ye d’un 22 por cientu, en Xixón d’un 12 por cientu, n’Avilés d’un 15 por cientu.
«La crisis yá nun sólo afeuta al sector inmobiliariu, sinón que llegó a tolos sectores anque ta comprobáu que les zones rurales son les que meyor tán soportando la recesión económica», apuntó’l responsable del Colexu de Notarios d’Asturies.
La constitución de sociedaes llendaes llaborales baxa un 65 por cientu, la de Sociedaes Llendaes en xeneral un 31 por cientu, la de Sociedaes Anónimes un 50 por cientu, siendo’l mesmu porcentaxe de disminución el de les Sociedaes Llendaes Nueva Empresa, si bien aumenta un 67 por cientu la constitución de sociedaes cooperatives.
Nesti sen, Fernández Lozano destacó que cada vez hai más persones qu’ante les dificultaes financieres y la crisis económica perdieron la reserva invertida nuna vivienda. «Los bancos cada vez son más restrictivos pa conceder un creitu y se necesita en munchos casos un aval d’una tercer persona», señaló.

Enlace al Boletín Oficial del Estado: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2 de junio de 2009

Europa Press – El Economista 29/06/2009
Mañana martes día 30 de junio acaba el plazo para presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al año 2008, tanto si el resultado es a devolver como a ingresar.
Durante el transcurso de la Campaña, Hacienda prevé que se presenten 19 millones de declaraciones (+1,6%) y espera recaudar un 24% menos y devolver 12.650 millones de euros a 15,2 millones de contribuyentes, lo que supone un incremento del 5,9% en importe y del 4,14% en contribuyentes. De hecho, el 80% de las declaraciones de 2008 serán a devolver.
Devoluciones
El resultado neto a favor de los contribuyentes se situará en 5.550 millones de euros, ya que las declaraciones con resultado a ingresar serán 3,7 millones (un 7,7% menos) por un importe total de 7.100 millones de euros, que supone una caída del 23,8% en comparación con las cifras del año anterior. Las declaraciones con cuota cero se cifran en 175.000, un 11,9% más.
Por tipo de declaración, las individuales crecerán un 2% y alcanzarán los 14.325.000, mientras que las declaraciones conjuntas crecerán un 0,4% y superarán los 4.750.000, según las previsiones.
La caída en las recaudaciones a ingresar durante esta Campaña se explica por el efecto normativo de los 400 euros y por el contexto económico, que ha provocado la desaceleración de las rentas salariales, las actividades económicas y profesionales y las ganancias patrimoniales.
Hasta el 16 de junio, la Agencia Tributaria había devuelto ya 6.011 millones de euros a 8,27 millones de contribuyentes, lo que representa un incremento del 42% en el importe y del 37% en el número de contribuyentes respecto a la misma fecha del año pasado. El compromiso es haber realizado el 85% de estas devoluciones antes de principios del mes de agosto.
Principales novedades
La principal novedad de esta campaña de renta es la eliminación efectiva del Impuesto de Patrimonio, que en la campaña de renta 2007 afectó a 985.000 contribuyentes y que este año ya no están obligados a declararlo.
La otra novedad significativa es la aplicación de los 400 euros que muchos contribuyentes ya han podido deducirse anticipadamente a través de la minoración de sus retenciones o pagos fraccionados, mientras que los que no han podido hacerlo tienen derecho a hacerlo ahora, con un límite marcado por la tributación efectivamente soportada por los rendimientos netos reducidos del trabajo y de actividades económica hasta los 400 euros.
La Agencia estima que, en total, unos 16 millones de contribuyentes se beneficiarán de esta deducción, aunque aún no cuenta con las cifras exactas de las personas que ya se han beneficiado y las que se beneficiarán durante la liquidación, por lo que habrá que esperar al cierre de la campaña.
Deducción por alquiler de vivienda
Otras novedades son la deducción por alquiler de vivienda habitual, la ampliación del plazo de cuatro años hasta el 31 de diciembre de 2010 para materializar las cuentas de viviendas y la ampliación del plazo de dos años hasta el 31 de diciembre de 2010 para transmitir la vivienda habitual a efectos de la exención por reinversión cuando previamente se hubiera adquirido una nueva vivienda.
El borrador es uno de los principales instrumentos que ofrece la Agencia Tributaria como servicio de asistencia para los contribuyentes. Los borradores confirmados hasta el 16 de junio ascienden a 6,13 millones, lo que supone un incremento del 20% sobre los confirmados en igual periodo del ejercicio anterior.

El escándalo del chalet ilegal de la familia Gallardón en plena Sierra de la Vera de Cáceres
29 de Junio de 2009 Extremadura progresista – Fernando Llorente (Talaveruela de la Vera)
«Todos somos iguales ante la ley pero unos son más iguales que otros», si esto es cierto en general aún lo es más cuando de leyes urbanísticas se trata. Un ejemplo de la pobredumbre urbanística que asola paisajes y devora recursos es la edificación de una «humilde» vivienda de 1.000m2 en una finquilla de 612 has, sita en la falda cacereña de Gredos, que está realizando Miguel Ruiz Gallardón García de la Rasilla (sí, primo de ese conocido regidor que aspira a más y vástago como él de una familia de alta alcurnia y peculio).
Lo curioso del caso no es sólo que esta edificación se esté realizando con licencia de una ayuntamiento (el de Villanueva de la Vera) ¡en el término de otro! (el de Valverde de la Vera) sin que sus regidores del PSOE y del PP respectivamente se hayan dado por enterados de este pequeño error topográfico en tiempos de Google Earth, hasta que Ecologistas en Acción interpusiera una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo.

Tampoco lo más curioso del caso es que la licencia que concedió el ayuntamiento de Villanueva estimara en 81.000 euros el presupuesto de ejecución material de la obra, y que consiguientemente pagará impuestos en base a esta modica tasación … siempre puede ser que desde su notaría y con sus engrasados contactos familiares Don Miguel Ruiz Gallardón haya encontrado un constructor que sea capaz de construir 1000m2 por 81000 euros.

Si es así, haría bien D. Miguel en hacer público el nombre de ese milagroso constructor porque muchos de los que con una casa de 100 m2 seríamos felices, bien podríamos pagar 8.100 euros por ella. Lo más curioso de este ilustrativo caso es que la residencia está enclavada en un área de alta montaña a 1.000 mts de altitud, que según las nomas subsidiarias de urbanismo es terreno rústico no urbanizable, que tiene la categoría de Parque Territorial Natural en el que está explicitamente excluído el uso residencial del suelo y que cae dentro del Lugar de Interés Comunitario (LIC) Sierra de Gredos y Valle del Jerte.
Dejamos librados a la imaginación del improbable lector o lectora los impactos en la montaña de las pistas, de la captación de aguas, de los movimiento de tierras, de los depósitos de escombros, etc. Pero pareciera que todo el aparato jurídico de la ordenación del territorio, todas las leyes de protección ambiental e incluso todas las administraciones se eclipsaran ante el poder económico, pero sobretodo simbólico, del apellido Gallardón.

Todo esto hace que la denuncia de este desaguisado no sea sólo una necesaria defensa de la maltratada montaña verata, de sus aguas, de sus biotopos, es también una cuestión de dignidad histórica para superar la mentalidad caciquil y franquista que todavía pervive en el inconsciente colectivo, y una cuestión de justicia democrática que enseñe a los otrora señores de estas tierras que también ellos han de someterse a las mismas leyes urbanísticas e impuestos que los «nadie» soportamos y pagamos.

Por eso una vez denunciados los delictivos hechos (presuntamente), Ecologistas en Acción y buena parte de la población ya sólo esperamos y exigimos el derribo de la obra y la restaurción del paraje a su estado primitivo. Será una victoria, también simbólica, que esperamos celebrar con vosotros/as a través de este periódico.

Ah!, se me olvidaba ¿que para qué quiere un notario madrileño 612 has en Cáceres y un chozo de 1000 mts2? pues para cazar, amigos/as, para cazar… y es que son incorregibles.

Desarticulada una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de dinero
Efe
La trama contaba con tres grupos: colombianos, mexicanos y españoles
Entre los arrestados está el ex futbolista José Luis Pérez Caminero
La operación se ha desarrollado en Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona
La Guardia Civil ha intervenido dos millones de euros y 570 kilos de droga
elmundo.es | Madrid 29/06/2009
La Guardia Civil ha desarticulado tres grupos organizados dedicados al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que trabajaban de forma conjunta. La operación, en la que se ha detenido a 31 personas, se ha desarrollado en las provincias de Madrid, Valladolid, Sevilla y Barcelona. Entre los detenidos está el ex futbolista José Luis Pérez Caminero.
Los agentes se han incautado de 570 kilos de cocaína y han intervenido más de dos millones de euros procedentes del narcotráfico, siete vehículos de alta gama, máquinas para contar dinero y numerosa documentación que está siendo analizada. Según ha informado la Guardia Civil a través de una nota, con esta operación se ha logrado «desmantelar totalmente» la estructura de la red.
Las investigaciones se iniciaron cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una red organizada que se dedicaba a introducir en el territorio nacional importantes cantidades de cocaína procedente de México y Colombia.
Fruto del dispositivo establecido por la Guardia Civil se pudo constatar, según señala la nota del Instituto Armado, que la red estaba compuesta por tres grupos, uno integrado por ciudadanos colombianos y otro por ciudadanos mexicanos, ambos encargados de introducir y distribuir cocaína en España.
Asimismo, se comprobó la existencia de un tercer grupo liderado por ciudadanos españoles que utilizaban como tapadera empresas y negocios legales, a través de los cuales blanqueaban los beneficios obtenidos con el tráfico de drogas.
Un joyero, un director de sucursual y un notario, implicados
Uno de los presuntos líderes de la ramificación española es un joyero de Majadahonda que al menos tiene una joyería en el madrileño barrio de Usera.
En Valladolid figuran, además de Caminero, el director de la oficina de Banesto en la calle Constitución, J.C.P.V; el notario L.O.M.C, el corredor de comercio J.A.T.C, y una quinta persona cuyo nombre fue conocido por la Guardia Civil a tenor de las declaraciones de los detenidos.
Una vez que los implicados blaqueaban el dinero en empresas tapadera, lo enviaban como pago de la droga a través de integrantes de la organización, que alegaban ser turistas y que tras finalizar su estancia en España, volvían a su país de origen. Esto permitió a la Guardia Civil descubrir en los dobles fondos de las maletas 685.400 euros, cuyo destino era el aeropuerto de México.
La investigación condujo a un piso ubicado en el barrio madrileño del Ensanche de Vallecas, en el que la Guardia Civil interceptó casi todo el alijo, unos 550 kilos de cocaína. A continuación los agentes intervinieron 23,5 kilos más en Madrid, cuando se iba a realizar una transacción. En total, los 570 kilos decomisados.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda. En la operación también ha colaborado la Policía Municipal de Madrid.

Según el INE
El IPC armonizado eleva su caída una décima en junio y sitúa su tasa anual en el -1%
Tanto el Banco de España como Funcas descartan hablar de deflación
29/06/2009 – Europa Press
El Indice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en España aumentó una décima su caída en junio y situó su tasa interanual en el -1%, con lo que ya son cuatro los meses en los que este indicador registra tasas negativas, según el indicador adelantado elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En concreto, el IPCA entró por primera vez en negativo el pasado mes de marzo. En toda la serie histórica de este indicador, que arranca en enero de 1997, no se había registrado nunca una tasa negativa.
La tasa anual del IPC armonizado suele coincidir -apenas varía en alguna décima- con la del IPC general, cuya evolución del mes de junio se publicará el próximo 10 de julio.
De situarse el IPC general en el -1%, la inflación interanual española ahondaría ligeramente su crecimiento negativo, ya que en mayo registró una tasa del -0,9%.
En marzo la inflación española entró por primera vez en negativo, pues desde 1961, año en el que se inicia la serie, nunca se había experimentado una tasa negativa de crecimiento de los precios.
No obstante, el Gobierno sigue descartando la entrada en deflación (dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, según la definición del FMI), opinión que también comparte el Banco de España y organismos como la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas).
La institución gobernada por Miguel ́ngel Fernándes Ordóñez cree que los riesgos de deflación en España, entendida como una caída generalizada y prolongada de los precios, son «remotos», puesto que sólo el efecto estadístico por el abaratamiento del crudo en la segunda mitad de 2008 presionará al alza el IPC hasta tasas positivas en los últimos meses del año.
Por su parte, Funcas prevé que la inflación registre tasas negativas hasta octubre, con lo que acumularía ocho meses de crecimiento negativo. No obstante, la Fundación de las Cajas considera que no se puede hablar de deflación mientras el núcleo inflacionista, que excluye los productos energéticos y los alimentos, se mantenga en positivo.
En este sentido, Funcas estima que el IPC subyacente, que es la tasa que más fielmente refleja las tendencias inflacionistas de la economía, se mantendrá en positivo en lo que resta de año, aunque por debajo del 1%.
Desde julio de 2008, cuando ‘tocó un techo’ del 5,3%, el IPCA ha descendido más de 6 puntos, coincidiendo con la tendencia a la baja del precio del petróleo y con el abaratamiento de algunos alimentos. Hace un año, en junio de 2008, la tasa interanual del IPCA estaba en el 5,1%.
El dato definitivo se conocerá el día 10
El IPC armonizado, que sirve después a Eurostat para incorporarlo al cálculo del índice de inflación en la Unión Europea, proporciona un avance de cómo evolucionaron los precios en España durante el mes de junio.
Su publicación responde a la política de Eurostat y del Banco Central Europeo (BCE) de ofrecer datos equiparables en tiempo y calidad a los producidos en Estados Unidos.
El indicador adelantado se calcula utilizando el mismo procedimiento que el empleado para el Indice de Precios de Consumo Armonizado, pero utilizando diversos métodos de modelización estadística para estimar la información de la que aún no se dispone en el momento de su publicación.
El INE recordó que la información que proporciona el indicador adelantado es únicamente orientativa, por lo que no tiene que coincidir necesariamente con el dato definitivo, que se dará a conocer el próximo 10 de julio.

Europa Press – El Economista
29/06/2009 – 13:57
Una familia media de Madrid capital no puede comprar actualmente una vivienda nueva pese a que los precios acumulan un descenso del 13,7% en dos años, tras la caída del 7,9% en el último año (entre mayo de 2008 y mayo de 2009). Sólo una rebaja adicional del 20%, hasta el 33,7%, podría reactivar el mercado, según el último «Informe del Mercado Residencial y Corona Metropolitana» de Aguirre Newman. Las cajas negocian la venta de viviendas libres como su fueran protegidas.
En el caso de la corona metropolitana, los precios aún crecen un 2,4%, si bien este repunte se debe, entre otras cosas, a que se han vendido los pisos más baratos y sólo quedan los más caros en el mercado, según explicaron durante la presentación del informe el director de Análisis e Investigación de Mercados de la consultora, Javier García-Mateo, y el analista de Mercado Senior, Pelayo Barroso.
Las últimas rebajas de tipos unidas a las caídas de precios han supuesto una rebaja media de la cuota hipotecaria de las familias madrileñas de entre el 33% y el 35%, pese a que bancos y cajas no han repercutido en su totalidad la caída del euríbor, en especial los primeros, para maximizar sus beneficios y compensar los riesgos existentes.
Sin embargo, las familias madrileñas aún necesitan destinar un 40% de su renta bruta para comprar una vivienda, diez puntos por encima de lo recomendable (30%) y fuera de los márgenes que actualmente marca la política crediticia de la banca.
Sólo unos precios aún más asequibles permitirían reducir esa ratio, circunstancia que se deja ver en la progresiva flexibilización de los márgenes de negociación, que barajan rebajas de entre el 5% y el 20% sobre los valores de oferta y son mayores cuanto más avanzadas están las obras.
Ahora bien, más allá de los ejercicios teóricos, los promotores vienen asegurando que las rebajas no pueden superar el 20%, que es el límite que establece el crédito promotor. En este sentido, un recorte del 33,7% sería difícilmente asumible. Por ello, Aguirre Newman espera un progresivo incremento de las daciones de viviendas a la banca por parte de los promotores, como forma de liquidación de sus deudas.
Incremento del alquiler con opción a compra
La tabla de salvación de los promotores ha llegado a través del alquiler con opción a compra. Para el inquilino que quiere comprar supone una forma de diferir los gastos en la actual coyuntura, mientras que para el promotor permite garantizar en la mayoría de los casos una compra, con unas rentas de alquiler que suelen superar en un 15% ó 20% las del mercado y que le permiten cubrir sus obligaciones con las entidades financieras.
El 16,3% de las promociones que se encuentran en venta en Madrid capital se están ofreciendo en alquiler con opción a compra para conseguir «dinero rápido», mientras que este porcentaje no llegaba al 1% en 2006. Es previsible que esta tendencia se consolide durante el próximo año.
Con todo, la rentabilidad del alquiler sigue siendo muy baja (+3,71%) en España y los cambios legislativos para proteger al propietario e incentivar el mercado «se están retrasando», según Barroso. Por ello, desde Aguirre Newman se considera «urgente» acometer «cambios estructurales de fondo en el marco legislativo» para proteger a los propietarios y profesionalizar el mercado.
La actividad seguirá a la baja
Por otro lado, el informe pone de manifiesto un descenso del 17% en la oferta inicial de viviendas en Madrid capital y del 13% en la corona metropolitana en el último año, hasta 17.266 viviendas, la menor cifra en los últimos cinco años, por el ajuste de la caída de la demanda. Además, la oferta seguirá cayendo a la vista de que los visados de obra nueva cayeron más de un 60% en los primeros meses del año.
En este contexto, el ‘stock’ de viviendas alcanza las 4.932 viviendas en la capital (el 28,6% del total de la oferta inicial) y las 4.398 en la corona metropolitana (30,8%). En esta situación, García Mateo pronosticó que «no se iniciarán proyectos representativos» durante el próximo año en Madrid.

Espantada de inversores
Las nuevas sociedades de inversión inmobiliaria harán más daño a los clásicos fondos
29/06/2009 – Isabel Sánchez Burgos – Finanzas.com
Hace un año había más de 166.000 partícipes en estos fondos, hoy apenas quedan 92.000, muchos ni quiera de buena gana
Los inversores siguen huyendo de los fondos inmobiliarios, que además se enfrentan a la llegada de un competidor: las Socimi, sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria.
La crisis, la sobreoferta, el super apalancamiento, la falta de liquidez, la escasez de crédito… todo ello ha contribuido a que los inversores miren hoy a los fondos «ladrillo» con cierto recelo. Ya no son ese producto amable, con el que uno conseguía una rentabilidad, no demasiado alta, pero sí estable. No en vano, habían ofrecido una revalorización media anual en los últimos diez años del 5,50%. Hoy, si tomamos los últimos 12 meses, estaríamos hablando de una rentabilidad en negativo del 5,94%.
Al final, los inversores juzgan y toman decisiones. Hace un año había más de 166.000 partícipes en estos fondos, hoy apenas quedan 92.000, muchos ni quiera de buena gana. Si a ello unimos que el Congreso por fin acaba de dar luz verde a la regulación de las Socimi, las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, que aportan grandes ventajas frente a los fondos (su tramitación está ya en el Senado), imagine la presión a la que están sometidos estos productos… y sus inversores.
En serios apuros
Los dos mayores fondos del mercado, el del Santander y el del BBVA, se encuentran, de un modo u otro, en estado de «bloqueo». El más grande, el Santander Banif Inmobiliario (con más de 43.000 partícipes), intenta «salvar el barco». «Ahora mismo estamos concentrando todo nuestro esfuerzo en atender las solicitudes de reembolso (por el 97% del patrimonio), intentando vender todos los activos posibles y de esta manera generar liquidez», aseguran desde el Santander. Ya se han desprendido de algunos inmuebles.
Pero, ¿qué ocurrirá de no conseguir atender todas las peticiones antes del 28 febrero de 2011, fecha tope? Una liquidación del mayor fondo inmobiliario desde luego que caería como un jarro de agua fría sobre todo el sector (por ahora, han conseguido atender los dos pagos iniciales).
El BBVA Propiedad tampoco está para grandes fiestas, aunque la situación es distinta. BBVA cerró a finales de 2008, durante dos años, su fondo, al que inyectó 1.661 millones de euros, con el fin de evitar apremios en la venta de activos. Una decisión más parecida a la del Santander ha sido la adoptada por Inverseguros: los reembolsos del Segurfondo Inversión están suspendidos hasta el 31 de marzo de 2011, después de que los partícipes solicitaran salidas por valor del 97,9 por ciento del patrimonio.
Y lo peor. Todo ésto está provocando un «efecto llamada». «Estamos pagando justos por pecadores», asegura Pedro Marazuela, gestor del AC Patrimonio Inmobiliario, quien se lamenta de que, a pesar de que el fondo se está gestionando de manera extremadamente conservadora (concentrados en vivienda protegida y residencias de la tercera edad), el partícipe no responde (a lo largo de 2009 se han solicitado reembolsos por valor del 30 por ciento del patrimonio). «Con pánico, no hay discriminación», asegura. «Lo importante es que hemos podido atender todas las peticiones sin necesidad de llevar a cabo ninguna suspensión», añade Marazuela. Todo ello también gracias a que las cajas promotoras están cumpliendo con su compromiso de liquidez.
Otras gestoras tratan también de dar prioridad al mantenimiento de un elevado coeficiente de liquidez. «Nuestro fondo quiere mantener un porcentaje de liquidez siempre por encima del 10%, con independencia de si se trata de meses con derecho a reembolso o no. El actual supera el 25%», aseguran en Caixa Catalunya. Añaden que «sin renunciar a aprovechar las oportunidades que puedan aparecer en el mercado actual». «Se están tomando las medidas necesarias para dar liquidez al fondo sin tener que recurrir a la venta forzada de inmuebles, algo que vamos a tratar de evitar en un momento de escasez de operaciones y de diferencias significativas entre expectativas de compradores y vendedores», apuntan desde Gesmadrid.
¿Enemigo o aliado?
Y luego está la próxima llegada del enemigo, o aliado, según se mire: las Socimi. De aprobarse la norma tal y como ha llegado al Senado, se permitirá que los fondos se conviertan en Socimi y a la inversa. ¿Pero será la «reconversión» la solución? Paula Mercado, directora de análisis de VDOS, asegura que, al menos, «será una de las vías de revitalización». Las socimi son mucho más flexibles en su política de inversión, más transparentes (al cotizar en bolsa) y ofrecen ventajas fiscales. «Es un vehículo muy eficiente fiscalmente, además de transparente y predecible para el inversor», señala Víctor Alvargonzález, director general de Profim. «Pero lo más importante es que se pone en marcha en un momento muy interesante. Es, digamos, el instrumento perfecto para aprovechar los saldos inmobiliarios actuales de los bancos», añade este experto.
Pese a todo, pocos se atreven a aventurar la desaparición de los fondos inmobiliarios. «Cada uno tiene su sitio», puntualiza Alvargonzález, quien, no obstante, augura que de aquí a cinco años las socimi serán más populares que los fondos. «Creemos que el establecimiento de estas nuevas sociedades será compatible con la permanencia de los fondos, como lo han sido en otros países. El perfil de los inversores es distinto», argumentan en Caixa Catalunya.
Sobre su posible «reconversión», las gestoras no descartan, a priori, ninguna opción, pero son prudentes. Prefieren esperar a ver las posibles modificaciones del Senado. Jesús Mardomingo, socio de Cuatrecasas, afirma que sería crucial ver si las Socimi van a poder acceder al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), «en cuyo caso podrían ser más atractivas y una vía para asumir alguno de los fondos inmobiliarios» (el texto actual sólo habla de mercados regulados).
Lo que también piden las gestoras es un cierto trato igualitario. En Caixa Catalunya plantean la necesidad de eliminar la actual restricción que obliga a los fondos inmobiliarios a tener al menos un 50 por ciento de sus activos en residencial. También consideran interesante que se modifiquen las tasaciones periódicas de los activos (esenciales en la determinación de su valor liquidativo), para intentar moderar su volatilidad.

Europa Press 28/06/2009 El Economista
Los activos inmobiliarios de bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de créditos se elevaron un 9,8% hasta abril, con 20.626 millones de euros, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press, que ponen de manifiesto el elevado peso que tiene esta actividad en el balance de las entidades.
Del total, el 73%, 15.097 millones de euros, correspondía a cajas de ahorro, que en el último año han incrementado en más de 2.000 millones estos activos, un 12% más, como consecuencia de la crisis y de los impagos.
El importe de abril es el más alto registrado por las cajas de ahorro desde el año 2003. El crecimiento de los activos inmobiliarios se intensificó en octubre del pasado año, rebasando los 14.000 millones de euros, y desde entonces su escalada ha sido continuada, hasta rozar los 16.000 millones de euros en abril.
Todas las entidades, en especial, las cajas han intentado dar salida a estos activos poniendo a la venta con descuentos las promociones de pisos que han obtenido de los impagos de particulares o promotoras. Sin embargo, el stock puede incrementarse aún más si la morosidad continúa aumentando.
Los bancos tienen menor volumen que las cajas
Aunque los bancos también han elevado el peso de sus activos inmobiliarios, continúan teniendo casi cinco veces menos que las cajas de ahorro. En concreto, en abril tenían 3.503 millones de euros, cifras similares a las mantenidas desde el año 2007.
Las cooperativas de crédito tenían en abril 1.817 millones de euros, un 10% más que hace un año, mientras que los establecimientos financieros de crédito alcanzaron en ese mismo mes 112 millones, un 27% más que en 2008.
El saldo total de créditos concedidos por las entidades para actividades inmobiliarias todavía sigue siendo elevado y en marzo- el Banco de España ofrece datos trimestrales- el importe alcanzaba los 322.960 millones de euros, un 1,5% más que en 2008 y un 3,7% más que en el primer trimestre de 2008.

22-06-2009
Ocaña se refirió al IVA puntualizando que se trata de una tasa que con el nuevo modelo de financiación es para las Comunidades Autónomas.
Agencias – Intereconomía
El Gobierno no va a dejar un impuesto sin tocar para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2010. Así lo ha asegurado el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, en una entrevista al diario económico de Prisa, Cinco días. Según Ocaña, estudia la posibilidad de revisar todos los impuestos en otoño al elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo ejercicio porque cree que se ha acabado el margen para aumentar el déficit público, dijo el secretario de Estado de Hacienda.
«Cuando presentemos los Presupuestos, se revisará todo (con referencia a los impuestos)», dijo Carlos Ocaña.
El secretario de estado se refirió al IVA puntualizando que se trata de una tasa que con el nuevo modelo de financiación es para las Comunidades Autónomas.
Ocaña justificó las próximas subidas de impuestos haciendo referencia a que se ha acabado el margen para aumentar el déficit, ya que el plazo de Bruselas para volver al 3% de déficit en 2012 era “muy exigente”.
«Es un objetivo muy exigente, sin ninguna duda. Por otro lado, es el que España debe fijarse para que nuestra economía siga teniendo credibilidad y, por tanto, futuro», añadió.
El Gobierno ha estimado que el déficit público español se elevará este año hasta el 9,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y que bajará hasta al 7,9% en 2010.
Tras varios años de superávit fiscal, en plena recesión económica España volvió a déficit en 2008 con un saldo negativo de sus cuentas públicas del 3,8% del PIB.

Estadística de la oficina comunitaria eurostat de 2007
Los españoles, los más fieles a la vivienda en propiedad de la zona euro
El 83% de las familias son dueñas de sus casas; la media de la UE es del 65%
Irlanda y Malta (77%) y Portugal y Grecia (73%), los siguientes de este ránking
En el lado opuesto aparecen Alemania (46%), Austria (52%) y Países Bajos (56%)
España, el país en el que más priman los pisos (66%); chalés, 16%; adosados, 19%

26/06/2009 Agencias – El Mundo
Bruselas | Madrid.- Por si aún quedaba alguna duda, un estudio ratifica a los españoles como los mayores amantes de la zona euro de la vivienda en propiedad. Los españoles son los ciudadanos que en mayor medida se decantan por la compra ya que un 83% de las familias son dueñas de sus viviendas, mientras que la media de la UE es del 65%, según informó la oficina comunitaria de estadísticas, Eurostat, que analizó los datos de vivienda en la UE de 2007.
La vivienda en propiedad es la apuesta mayoritaria en la práctica totalidad de la zona euro, ya que, salvo en el caso de Alemania (46%), en el resto de países del bloque más del 50% de los ciudadanos se decantan por esta opción.
De este modo, en segunda posición se sitúan Irlanda y Malta (77%), seguidos de Portugal y Grecia (73%), mientras que en el lado opuesto aparecen Alemania (46%), Austria (52%) y Países Bajos (56%).
Por otro lado, España se sitúa como el segundo país de la eurozona con menor porcentaje de ciudadanos que pagan un alquiler a precios de mercado (8%), sólo por detrás de Malta (2%), aunque la isla mediterránea cuenta con un 19% de ciudadanos que pagan un alquiler reducido, mientras que en España sólo se benefician un 3% de los ciudadanos.
Alemania, Holanda y Dinamarca son los países con más alquileres de viviendas a precios de mercado, con el 46%, 43% y 42%, respectivamente, porcentajes que duplican la media europea, del 21%. Asimismo, República Checa, Malta, Finlandia y Reino Unido son los países con más alquileres con ayudas del sector público o privado, todos ellos con el 19% del total de viviendas, más del doble de la media europea del 8%.
En lo que se refiere al conjunto de la UE, los países con mayor porcentaje de vivienda en propiedad son Rumanía (96%), Lituania y Eslovaquia (ambos con el 89%). En cuanto a los alojamientos ofrecidos sin coste alguno por el Estado o instituciones privadas, los líderes son Polonia (38%), Chipre (20%) y Eslovenia (12%), mientras que la media europea se sitúa en el 7%.
Atendiendo a la tipología de las casas, España aparece como el país de la zona euro en el que más priman los pisos (66% de los hogares), por delante de Alemania (62%) y Grecia (55%), frente a la media del 46% en el conjunto de la UE. Asimismo, un 16% de los hogares españoles vive en chalés, mientras que el 19% lo hace en adosados.

Los hogares en alquiler aumentaron un 18,3% en 2008
El parque de viviendas en España se eleva a 25,1 millones, de las que el 66,6% constituyen residencia habitual
En el primer trimestre de 2009 se iniciaron 15.823 viviendas protegidas, un 50% más que en el mismo periodo del año anterior
Entre enero y marzo se comenzó la construcción de 31.244 viviendas en el mercado libre, un 68,4% menos que en el primer trimestre de 2008
26 de junio de 2009.- El número de hogares que accedieron en 2008 a la vivienda en alquiler se incrementó un 18,3%, de forma que el total de viviendas principales ocupadas en régimen de alquiler se eleva a 2.208.539, es decir el 13,2% del total, dos puntos más que en 2007.
A 31 de diciembre de 2008, el parque de viviendas en España era de 25.129.207, un 2,6% más que respecto a 2007. Las viviendas clasificadas como principales, aquellas que constituyen la residencia habitual de un hogar, representan el 66,6%; en España hay 16.747.294 viviendas principales. Las viviendas principales se distribuyen de la siguiente manera: 14.153.496 viviendas están ocupadas por sus propietarios, el 84,5%, 2.208.539 viviendas están ocupadas en régimen de alquiler, 13,2%, y 385.259 viviendas están en cesión, 2,3%.
Del parque total de viviendas en el 2008, el 89,0% son viviendas libres, 22.353.170, y el 11,0% son viviendas protegidas, 2.776.037 viviendas.
Financiación vivienda protegida
De las 90.531 viviendas protegidas iniciadas en el 2008, 71.802 se financian a través del Plan Estatal de Vivienda, 79,3% y el 20,7%, 18.729 viviendas, con programas de iniciativa autonómica. En 2007, los porcentajes fueron de 76,1% y 23,9% respectivamente.
Clasificadas según su destino el 78,7% irán a la venta, el 18,0%, al alquiler y el resto, 3,3%, son viviendas en autopromoción. Según el tipo de promotor, el 84,6% corresponde a actuaciones de promotores públicos o privados, el 12,1% a cooperativas y el resto, 3,3%, corresponde a autopromoción.
Vivienda protegida primer trimestre de 2009
En el primer trimestre del 2009 se han iniciado 15.823 viviendas protegidas, un 49,8% más que en el mismo trimestre de 2008. Esta cifra supone el 33,6% del total de las viviendas iniciadas entre enero y marzo.
Los datos acumulados de los doce últimos meses, (segundo trimestre de 2008, primer trimestre del 2009), reflejan que se han iniciado 95.794 viviendas protegidas, un 33,4% más que respecto al mismo período anterior, que fue de 71.784 viviendas.
En cuanto a las viviendas protegidas terminadas, en el primer trimestre se finalizó la construcción de 13.902, un 9,1% menos y en los últimos doce meses (segundo trimestre de 2008, primer trimestre del 2009) se terminaron 67.201 viviendas, un 6,0% más que en el mismo período anterior.
Viviendas libres
El número de viviendas libres iniciadas en el primer trimestre se sitúa en 31.244 viviendas, un 68,4% menos que respecto al primer trimestre de 2008.
En los doce últimos meses (abril 2008-marzo 2009) se han iniciado 201.506, un 58,4% menos que en el mismo período precedente con 484.199 viviendas.
En cuanto a la vivienda libre terminada, en el primer trimestre se terminaron 102.975 viviendas, lo que representa el 37,9% menos. En los últimos doce meses se terminaron 500.908, un 17,9% menos de las que se terminaron entre abril 2007-marzo 2008.
Total viviendas
Entre enero y marzo se inició la construcción de 47.067 viviendas en los mercados protegido y libre. Esta cifra supone un descenso del 57% con respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos doce meses (abril 08-marzo 09) se ha comenzado la construcción de 297.300 viviendas, un 46,5% menos que en el mismo periodo anterior y se han terminado 568.109, un 15,7% menos.

El Congreso de los Diputados aprueba la Ley que impulsa el alquiler y la eficiencia energética de los edificios
La norma da más agilidad y eficacia a los procesos judiciales de desahucio e impago de rentas para proteger a los arrendadores de abusos y demoras injustificadas, salvaguardando los derechos y garantías de los inquilinos de buena fe
Los arrendadores podrán resolver el contrato de alquiler si necesitan que la vivienda sea ocupada por sus hijos, padres o cónyuge en caso de divorcio y nulidad matrimonial
Se flexibiliza la mayoría requerida para que las comunidades de propietarios afronten la realización de obras de mejora de la eficiencia energética o hídrica y se favorece el establecimiento en los garajes de puntos de recarga de los coches eléctricos para potenciar el transporte sostenible
25 de Junio de 2009.-
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, con competencia legislativa plena, el dictamen del Proyecto de Ley del Fomento de Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios. La norma aprobada hoy, que ahora seguirá su tramitación parlamentaria en el Senado, integra el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno y una proposición de Ley Orgánica de CiU. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de PSOE, CiU y PNV, la abstención del Grupo Popular y el voto en contra de ERC-IU-IC
Este Proyecto de Ley va a suponer la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Propiedad Horizontal y la misma tiene por objeto dar un mayor impulso al mercado del alquiler y favorecer las instalaciones que mejoren la eficiencia energética o hídrica de los edificios.
Por lo que respecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, se amplían los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Al supuesto en el que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se añade ahora la posibilidad de que la necesite para sus hijos, sus padres y, tras ser aprobada una enmienda en este sentido, su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial. Paralelamente, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que tal circunstancia deberá constar expresamente en el contrato de arrendamiento.
Trámites judiciales más ágiles
Los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil están orientados a la agilización de los procesos arrendaticios. En líneas generales, tiene como fin mejorar la seguridad y las garantías del propietario y del inquilino como medida para fomentar el incremento de la oferta del mercado del alquiler.
La reforma permite asegurar la tutela eficaz de la posición legítima de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler puedan recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. Por otra parte, beneficia a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales. Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos, incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas).
La Ley permite que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo. Además, se adoptan todo un conjunto de medidas de agilización de los procesos en cuenta a citaciones, emplazamientos y notificaciones.
La sentencia condenatoria de desahucio será título suficiente de ejecución directa del desahucio en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar nuevo proceso ni trámite posterior. Por lo que respecta a la sentencia de condena al pago de rentas, ésta incluirá, no sólo las devengadas al momento de interposición de la demanda, sino también las que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de la vivienda.
El proyecto mantiene la posibilidad de que las partes puedan llegar a un pacto durante el proceso, de modo que el propietario puede asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. Con objeto de favorecer estos acuerdos, la nueva Ley reduce a 15 días el plazo mínimo para que pueda alcanzarse dicha transacción. Asimismo, para evitar la utilización abusiva y de mala fe de esta figura, el incumplimiento del desalojo voluntario en el plazo acordado tendrá como consecuencia la ejecución directa del desahucio en un plazo no superior a 15 días desde la finalización del periodo voluntario
Por otra parte, se reduce de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y la presentación de la demanda. Con esta reducción se concilian dos intereses. Se mantiene un plazo suficiente para que el arrendatario de buena fe abone lo debido y se reduce a la mitad el periodo de tiempo que debe transcurrir, desde el requerimiento, para que el arrendador pueda presentar la demanda.
Mejora energética e hídrica de los edificios
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.
De este modo, el establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos (que normalmente requiere unanimidad).
Si los equipos o sistemas son susceptibles de aprovechamiento individualizable, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los propietarios, en cuyo caso sólo se repercutirá el coste para aquellos que hayan votado a favor del acuerdo y se beneficien de la mejora, tal y como ya ocurría hasta hora con la instalación de paneles solares, por ejemplo.
Por otra parte, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

El gobierno dará explicaciones sobre la actividad del frob cada tres meses
Luz verde a un proceso de restructuración de la banca que «durará años»
26-06-2009 , Expansión.com
El Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto Ley que regula las ayudas al sector financiero y la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que busca «crear confianza en el sistema financiero frente a los problemas que puedan surgir». El Estado aportará el 75% del fondo de ayuda a la banca y las entidades, el 25% restante.
Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó que se ha buscado el «máximo consenso».
El secretario de Estado José Manuel Campa será el encargado de comparecer trimestralmente ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso para dar explicaciones sobre la actividad del fondo.
De la Vega admitió que aunque el sector bancario ha demostrado su «probada solvencia», «en la actual coyuntura algunas entidades podrían tener algunas dificultades», por lo que el RD buscará «reforzar los recursos propios en procesos de integración» de las entidades en graves dificultades, mientras que apoyará la continuidad de las que se consideran viables pero sufren dificultades puntuales.
La vicepresidenta segunda del Gobierno ha querido hacerle un guiño al optimismo y ha señalado que cree que «el Estado tendrá un beneficio a final de la crisis»
El FROB se financiará con 6.750 millones de euros procedentes de recursos públicos y 2.250 millones de las entidades financieras a través de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos. Esto supondrá que el Estado aportará el 75%, mientras que las entidades pondrán el 25% restante de los 9.000 millones de capital inicial con los que contará este instrumento.
La aportación pública procederá de recursos no utilizados del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros, ha destallado De la Vega. Adicionalmente, el FROB, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y hacer otras operaciones. Esta captación de capital adicional no podrá superar este año tres veces la dotación inicial, es decir, no podrá sobrepasar en este ejercicio los 27.000 millones de euros además de los 9.000 iniciales.
Este fondo de ayuda podrá llegar a los 90.000 millones a partir de 2010 sólo si cuenta con la autorización del Ministerio de Economía. La ministra Salgado ha reiterado, tras la rueda de prensa, que no van a cambiar la ley de cajas este año. La vicepresidenta segunda del Gobierno también ha querido hacerle un guiño al optimismo y ha señalado que cree que «el Estado tendrá un beneficio a final de la crisis».
La ministra de Economía y vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha recalcado en el Palacio de La Moncloa ante los medios que el proceso de reestructuración durará varios años. Asimismo, ha señalado que este tipo de actuaciones tiene «el paraguas» de la Comisión Europea porque ahora mismo «es el momento más apropiado para emprender acciones de este tipo».
Según ha explicado, el Gobierno ha decidido no modificar las potestades que las comunidades autónomas tienen para aprobar las fusiones de las cajas de ahorros, aunque insistió en que el Banco de España tendrá la autoridad en casos de intervención de una entidad.
«Como es urgente no tiene sentido abordar en este momento los derechos de veto que las comunidades autónomas tienen sobre operaciones de fusión de cajas de ahorros», afirmó.
«Los poderes de las comunidades autónomas [sobre las cajas] y el Ministerio de Economía y Hacienda [sobre los bancos] quedan vigentes. No hemos querido que fuera de otra manera», aseguró la vicepresidenta segunda y ministra de Economía.
Salgado insiste en que el Tribunal Constitucional ha avalado la competencia del Estado en casos de intervención, una competencia que está delegada en el Banco de España.
Los sindicatos reclaman «vigilancia»
Al hilo de la aprobación del FROB, la Unión General de Trabajadores (UGT) considera que es «urgente» su aplicación aunque reclama «vigilancia para evitar que se abra la vía a la privatización de las cajas de ahorro» en las actuaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como «la participación sindical en todo el proceso».
En un comunicado, el sindicato, que valora el objetivo de fortalecer el sistema financiero, señala que este Real Decreto Ley es «una de las medidas económicas de mayor calado político de esta legislatura, ya que facilita el camino hacia una nueva ordenación del mapa financiero, y por ello debe formar parte del Diálogo Social».
Así, la organización sindical considera necesario que el Real Decreto Ley mantenga la supresión del derecho a voto de las cuotas participativas, y consecuentemente su representación en los órganos de gobierno para evitar la privatización diferida y encubierta de estas entidades.

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

El importe medio de las hipotecas constituidas en abril desciende un 12,0% en tasa interanual y alcanza los 142.817 euros
El número de hipotecas que cambian sus condiciones crece un 26,3% y las cancelaciones registrales descienden un 37,8%

Aprueba el proyecto de ley para fomentar el arrendamiento
El Congreso fija en 15 días el plazo judicial máximo del ‘desahucio express’ para morosos
El casero podrá dar mínimo otros 15 días al inquilino para que se vaya voluntariamente
Las peticiones de desalojo y las reclamaciones de rentas se tramitarán en juicio verbal
El Tribunal dictará sentencia en cinco días en los casos de desahucio de la finca urbana
25/06/2009 Europa Press – El Mundo
Madrid.- Se estrecha el cerco en torno a los inquilinos morosos. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado, con competencia legislativa plena, el proyecto de Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y la eficiencia energética de los edificios. Entre otras medidas, este documento plantea el desahucio de los arrendatarios que no pagan en un plazo no superior a 15 días desde que así lo diga una sentencia judicial.
En todo caso, este dictamen jurídico puede estar ligado a la posibilidad de que el propietario, si así lo desea, proponga el desalojo voluntario al alquilado. Este plazo, igualmente, deberá ser de un mínimo de 15 días. Si el casero creyera conveniente esta propuesta amistosa y el inquilino no se marchara del piso en ese periodo, sería cuando intervendría un juez. Como máximo 15 días después se produciría el desahucio forzoso.
El texto aprobado es un refundido, fruto del trabajo coordinado de los portavoces de Vivienda y de Justicia de los grupos parlamentarios, que integra el proyecto de ley de fomento del alquiler de viviendas aprobada por el Gobierno a finales de 2008 y la proposición de ley de CiU de modificación de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Civil para agilizar los procesos de desahucio. La norma seguirá a partir de ahora su tramitación en el Senado.
El texto aprobado por el Senado admite además que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal. Un procedimiento éste más rápido y sencillo que permitirá que el Tribunal dictará sentencia en cinco días en los casos de desahucio de la finca urbana.
No obstante, en contra del establecimiento de un periodo mínimo para el desalojo amisotoso de 15 días, no se acuerda un plazo máximo que el casero deba dar a su inquilino moroso. Además, si con anterioridad de la fecha fijada para el lanzamiento se entrega la cantidad debida al demandante, se dictará auto declarando ejecutada la sentencia, a no ser que el demandante decida lo contrario.
Los caseros podrán reclamar su piso para ex cónyuges
Además, se modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos extendiendo los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler en el caso de que el arrendador necesite la vivienda para familiares en primer plazo, de forma que, además de para los padres e hijos, se pueda incluir a los ex cónyuges.
En el caso de que en tres meses no se produjera esta ocupación, el arrendador estará obligado a reponer al arrendatario el uso de la vivienda, e indemnizarle por los gastos del desalojo.
Eficiencia hídrica
Por otro lado, igualmente, se ha incorporado al texto un acuerdo de ERC-IU-ICV y CiU, que se refiere al régimen aplicable a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos de los edificios. También se incorporó una enmienda de CiU para garantizar que las Administraciones Públicas adoptará medidas para garantizar la «eficiencia hídrica» de los edificios, con el objeto de hasta ahorrar hasta un 30% del consumo. Esta enmienda fue la única que prosperó con el voto en contra del PSOE.
El PP se abstiene
La iniciativa salió adelante con el apoyo del PSOE, CiU y PNV, el voto en contra de ERC-IU-ICV y la abstención del PP. Su portavoz de Vivienda, Pablo Matos, justificó su posición porque aunque la nueva ley supone «una mejora» frente a las situación anterior, no se ha aprovechado el trámite parlamentario para impulsar las reformas necesarias en el mercado del alquiler.

La portavoz de Vivienda del PSOE, Ana María Fuentes, aseguró que la nueva ley «garantizará» la protección a arrendadores e inquilinos, al reforzar la seguridad jurídica de los contratos y las garantías de las partes, así como la eficacia de la Administración de Justicia, y destacó muy especialmente el «el esfuerzo realizado» por los socialistas y CiU para incorporar «lo mejor de ambas propuestas» iniciales a un solo texto.
Por su parte, el portavoz de Justicia de CiU, Jordi Jané, celebró que esta medida generará que «más propietarios opten por alquilar sus viviendas» y, con ello, facilitar una «mayor oferta de viviendas en régimen de alquiler, con mayores garantías gracias a la agilización del procedimiento de desahucio».

E-administración
24-06-2009 , Expansión.com
El Gobierno espera «abrir la puerta» de la administración electrónica en todos los ayuntamientos de España antes de fin de año, según ha informado este miércoes 24 de junio la subdirectora general para la Sociedad de la Información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, ́ngeles Barragán.
«Los ciudadanos y las administraciones están tomando conciencia de los beneficios de la utilización de las nuevas tecnologías», ha afirmado Barragán en la presentación de la primera Jornada de Servicios Públicos Digitales que se desarrolla en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón.
El Ministerio de Industria ha puesto a disposición de los ayuntamientos un paquete «de soluciones informáticas» para la gestión de trámites y para la comunicación con los ciudadanos, como parte del plan Avanza, destinado a impulsar la administración electrónica.
Esta plataforma digital ha registrado unas 1.800 descargas desde septiembre pasado y su uso ha tenido un crecimiento de casi el 4 por ciento desde su inicio en el año 2006, lo que permite al Gobierno confiar en cumplir los plazos previstos para la implantación de sistemas de comunicación digital en las administraciones, informa EFE.
Barragán ha dicho que este año «se llegará a implantar la administración electrónica o al menos abrir la puerta de entrada en todos los municipios», y ha animado a las autoridades municipales a «bajarse» de la red los sistemas elaborados por el Ministerio.
La jornada forma parte del programa del Ministerio para «sensibilizar sobre los beneficios» de la gestión de trámites y de expedientes sin papeles, que se ha realizado en unas veinte ciudades y que

Constituye el Comité de Dirección General
26-06-2009 , Expansión.com
El banco abre «una nueva etapa». La salida, por jubilación, de Roberto Higuera dará paso a la creación de un nuevo órgano de dirección, que asumirá en parte la vacante dejada por el consejero delegado. La entidad constituirá un Comité de Dirección General, presidido por Angel Ron e integrado por otros seis directivos.
La dirección del banco sufrirá un cambio notable con los acuerdos adoptados hoy por el consejo de administración del grupo. El primero de estos acuerdos ha sido el de aceptar el «cese por jubilación de Roberto Higuera Montejo de su cargo de consejero delegado de Banco Popular y de sus otros cargos ejecutivos en el grupo», si bien continuará como vicepresidente del consejo.

Con la salida de su consejero delegado, el consejo de administración del banco ha aprobado la creación de un «nuevo órgano de dirección», con poderes ejecutivos, el Comité de Dirección General.

Este nuevo órgano estará presidido por el presidente del banco, Angel Ron, y contará con otros seis directivos. Jacobo González Robatto dirigirá el área Corporativo, Angel Rivera el de Negocio, Francisco Gómez el de Riesgos, Eutimio Morales el de Intervención, Jesús Arellano el de Control y Morosidad, y Fernando Rodríguez Baquero el de Medios Técnicos.

Será este Comité de Dirección General y el propio Angel Ron quienes asuman las funciones que ha venido desempeñando hasta ahora Roberto Higuera como consejero delegado.

«Una nueva etapa»
El objetivo de estos cambios es «hacer más eficaz y ágil la dirección del grupo». En su comunicado a la CNMV, el banco habla reiteradamente de «una nueva etapa».

Asegura en este sentido que «ha completado con éxito una etapa crítica en la banca internacional», y agradece el trabajo de Roberto Higuera, quien asumió por enfermedad de José María Lucía el cargo de consejero delegado hace un año, «en un momento en que se acumulaban negros nubarrones sobre la economía y la banca».

La entidad añade en su comunicado que un año después se «han alcanzado» los objetivos fijados entonces, «austeridad, prudencia en la asunción de riesgos, solidez financiera no dependiente de mercados exteriores, sólido capital, liderazgo comercial y eficiencia compatible con la modernización de los sistemas».

Por tanto, concluye, Roberto Higuera «se retira dejando un banco sólido y bien posicionado para salir reforzado de la nueva fase en la que entran la economía española y la internacional».

26 de junio de 2009

Creado el fondo de reestructuración ordenada bancaria
Tendrá una dotación de nueve mil millones de euros, de los que 2.250 serán aportados por los Fondos de Garantía de Depósitos y el resto procederá de los remanentes del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros
Estará dirigido por una Comisión Rectora de ocho miembros presidida por el subgobernador del Banco de España
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-Ley por el que se crea el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tendrá dos principales objetivos: gestionar los procesos de reestructuración de entidades de crédito y contribuir a reforzar sus recursos propios en los procesos de integración.
Casi dos años después del inicio de la crisis internacional, la capacidad de resistencia del sector bancario español, tradicionalmente sujeto a una regulación y supervisión basadas en una aplicación prudente de los estándares internacionales, ha sido notable, en particular en relación a la de los países de nuestro entorno.
Las entidades sistémicas mantienen una sólida posición que les puede permitir seguir afrontando la crisis sin necesidad de apoyo público. No obstante, algunas entidades financieras podrían llegar a ver comprometida su viabilidad en los próximos meses, debido a la interacción de la persistencia de problemas de liquidez y financiación con el deterioro relativo de sus activos, el aumento de la morosidad y la disminución del negocio.
Se hace, por tanto, necesario diseñar una estrategia que favorezca la solución de los potenciales problemas mediante una reestructuración ordenada del sistema bancario español, con el objetivo de mantener la confianza en el sistema financiero nacional y de incrementar su fortaleza y solvencia, de manera que las entidades que subsistan sean sólidas y eficientes.
En consecuencia, el Real Decreto Ley aprobado hoy establece una serie de medidas para facilitar la reestructuración bancaria mediante el establecimiento de un proceso predeterminado que se dirige a incrementar la fortaleza y solvencia del sistema bancario español.
Procesos de reestructuración de entidades de crédito
En estos procesos cabe distinguir tres fases:
La búsqueda de una solución privada por parte de las propias entidades de crédito, proceso no regulado en este Real Decreto Ley.
La adopción de medidas para enfrentar debilidades que puedan afectar a la viabilidad de las entidades de crédito con participación de los Fondos de Garantía de Depósitos.
Los procesos de reestructuración con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.
Cuando existan debilidades en la situación económico-financiera de una entidad que pudieran poner en riesgo su viabilidad y determinaran la conveniencia de acometer un proceso de reestructuración, deberá presentarse, a iniciativa de la entidad o de oficio por el Banco de España, y en el plazo de un mes, un plan de viabilidad para superar la situación.
El plan tendrá que ser aprobado por el Banco de España, que podrá modificarlo en lo que fuera necesario. Contemplará tres posibles actuaciones: reforzar el patrimonio y la solvencia de la entidad, su fusión o absorción, o el traspaso total o parcial del negocio o unidades del mismo. El Fondo de Garantía de Depósitos correspondiente, en los términos previstos en su normativa reguladora, podrá apoyar el plan presentado por la entidad en cuestión mediante las medidas preventivas y de saneamiento que considere adecuadas.
Otorgamiento de financiación
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá otorgar financiación, en condiciones de mercado, a los Fondos de Garantía de Depósitos, ya sea en establecimientos bancarios, cajas de ahorro o cooperativas de crédito, a fin de que puedan acometer las funciones de apoyo financiero a los planes de actuación de las entidades de crédito.
El Banco de España, con carácter previo a aprobar el plan correspondiente, solicitará informe a la Ministra de Economía y Hacienda en el caso de los bancos o a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas en que tengan su domicilio las cajas de ahorros y, en su caso, las cooperativas de crédito involucradas. Dichos informes deberán ser remitidos en el plazo de diez días.
Si persistiera la situación de debilidad y se produjeran una serie de supuestos tasados (que la entidad no presentara el Plan de viabilidad, o que no fuera capaz de cumplirlo, o que el plan presentado no fuera viable a juicio del Banco de España), se iniciaría la fase de intervención con la utilización del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

En este caso se produciría la sustitución de administradores de la entidad, y se constituirá en administrador el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, que se constituirá deberá elaborar un informe de situación y someter a la aprobación del Banco de España un plan de reestructuración que tendrá por objeto bien la fusión de la entidad o bien el traspaso total o parcial del negocio mediante la cesión global o parcial de activos y pasivos.
Apoyos financieros
El Fondo de Reestructuración podrá, temporalmente, suministrar los apoyos financieros que se precisen como concesión de garantías; préstamos en condiciones favorables; financiaciones subordinadas; adquisición de cualquier tipo de activos que figuren en el balance de la entidad; suscripción o adquisición de valores representativos de recursos propios, etcétera).
La adquisición de acciones o cuotas participativas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria requerirá que se acuerde la supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas o cuotapartícipes existentes.
Cuando el FROB adquiera cuotas participativas de una caja de ahorros, gozará de un derecho de representación proporcional en la Asamblea General. El citado derecho excepcional de representación se mantendrá exclusivamente mientras el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de los citados valores y no será transmisible a posteriores compradores de los mismos.
Reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crédito
Además de la función relativa a los procesos de reestructuración de entidades de crédito, este Real Decreto prevé también la posibilidad de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria apoye procesos de integración entre entidades dirigidos a mejorar su eficiencia a medio plazo.
La capitalización transitoria de entidades de crédito que, sin encontrarse en una situación que exija llevar a cabo un proceso de reestructuración como los descritos anteriormente, inicien un proceso de integración, puede ser necesaria en un contexto como el actual, caracterizado por la dificultad de obtener recursos propios en los mercados mayoristas, lo que puede obstaculizar la realización de operaciones que podrían suponer un avance en la racionalización de la estructura productiva bancaria y en el grado de eficiencia de la misma.
Emisión de títulos
Así, se prevé que el Fondo de Reestructuración pueda adquirir los títulos emitidos por dos o más entidades de crédito residentes en España en el marco de un plan de integración que comporte una mejora de su eficiencia conjunta, plan que deberá ser aprobado por el Banco de España.
Los títulos que pudieran ser adquiridos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria son participaciones preferentes convertibles en acciones, en cuotas participativas y en aportaciones al capital social.
Además, los emisores tendrán que comprometerse a recomprar esos títulos tan pronto como puedan en los términos comprometidos en el plan de integración. Transcurridos cinco años desde el desembolso sin que las participaciones preferentes hayan sido recompradas por la entidad, el FROB podría solicitar su conversión en acciones, en cuotas participativas o en aportaciones sociales del emisor.
Cada tres meses las entidades remitirán al Banco de España un informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el plan de integración aprobado. El Banco de España podrá requerir la adopción de las acciones que sean necesarias para asegurar que el plan de integración se lleva efectivamente a término.
Gobierno del fondo
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se regirá por una Comisión Rectora compuesta por ocho miembros, cinco a propuesta del Banco de España (uno de ellos es el Subgobernador, que la preside) y los tres restantes, de cada uno de los Fondos de Garantía de Depósitos. Todos ellos serán nombrados por la Ministra de Economía y Hacienda, con un mandato de cuatro años renovable.
Adicionalmente asistirá a las sesiones de la Comisión Rectora, con voz pero sin voto, un representante de la Intervención General de la Administración del Estado.
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria deberá elevar a la Ministra de Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto financiero, bien del plan de reestructuración o bien de la eventual adquisición de títulos en un proceso de integración, sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La Comisión Rectora elevará a la Ministra de Economía y Hacienda un informe cuatrimestral sobre la gestión del Fondo, para su remisión a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. Además, para reforzar el control parlamentario del FROB, el Secretario de Estado de Economía comparecerá cada trimestre ante esta Comisión y el Presidente del Consejo Rector expondrá los detalles de cada operación que el Fondo lleve a cabo en un plazo máximo de treinta días desde que ésta se realice.

Dotación y financiación
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria tendrá una dotación inicial de nueve mil millones de euros, con una financiación mixta a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (6.750 millones de euros) y de las aportaciones de los Fondos de Garantía de Depósitos en establecimientos bancarios, cajas de ahorro y cooperativas de crédito (2.250 millones de euros).
El nuevo Fondo se dotará con los remanentes del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros.
Adicionalmente, para el cumplimiento de sus fines el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria podrá captar financiación con aval del Estado en los mercados de valores emitiendo títulos de renta fija, recibir préstamos, solicitar la apertura de créditos y realizar otras operaciones de endeudamiento, por un importe que en 2009 no podrá superar en tres veces su dotación.

Datos de Ghesta
Cada vez hay más solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes
25/06/2009 – Finanzas.com
La crisis limita la capacidad recaudatoria de Hacienda, ingresa un 19% en mayo.
La recaudación tributaria también sufre la crisis. En mayo hacienda sólo logró que entrara en sus arcas 14.570 millones de euros, un 19% menos que lo registrado en el mismo periodo del año anterior, según datos recogidos por por los Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Según GESTHA esta situación se produce por el aumento de las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de los pagos fiscales por parte de los contribuyentes. La situación se agrava con la desaceleración de la actividad económica propias de la coyuntura de crisis. No obstante, durante los primeros cinco meses del año la recaudación tributaria se situó en 61.937 millones de euros.
La recaudación por IVA, que representa un indicador fiel del dinamismo del consumo de las economías domésticas y de la actividad de la empresas, registró un retroceso del 29,9% en este periodo, hasta situarse en 18.420 millones de euros, debido principalmente a la evolución negativa del mercado de la vivienda y la caída del gasto en consumo de las familias.
Asimismo, los ingresos derivados del IRPF, que recogen los pagos fraccionados ingresados por los autónomos y las cantidades retenidas por las empresas a sus empleados, experimentaron también una bajada del 14,6%, situándose en 27.702 millones de euros en este periodo, lo que supone una desaceleración de tres puntos con respecto al ritmo acumulado hasta abril, debido al mayor adelanto de las devoluciones y el descenso de las retenciones de capital en mayo.
Los ingresos derivados del Impuesto de Sociedades, la principal fuente de ingresos del Estado después del IRPF y del IVA, registraron una bajada del 20,7% en los cinco primeros meses del año, situándose en 5.356 millones de euros, debido a la caída de los beneficios empresariales por la crisis, así como el aumento de las solicitudes de aplazamiento o pago fraccionado ante la falta de tesorería y fuerte endeudamiento que padece el sector empresarial español.
Murcia y las dos Castillas protagonizan los mayores descensos
Por comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla protagonizaron las mayores caídas en su recaudación, con un retroceso del 35,4% y 32%, respectivamente, hasta mayo, seguidas de la Región de Murcia (-30,5%) y las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, con unas bajadas del 30,2% y 28,8%, respectivamente. La Comunidad de Galicia registró un retroceso en su volumen de ingresos tributarios del 28,6%, seguida de Cataluña (-21,25%) y Andalucía (-26,1%).
Por el contrario, las regiones donde los ingresos tributarios experimentaron descensos menos acusados fueron, por este orden, País Vasco, con una caída del 10,5% y Madrid, con una bajada del 10,8%, seguidas de las Islas Baleares (-17,18%), el Principado de Asturias (-19,57%) y Cantabria (-22,57%).
Aumenta la economía sumergida
Los Técnicos de Hacienda estiman que si bien este retroceso de los ingresos del Estado responde lógicamente a la fuerte caída de la actividad económica y el consumo, advierten que también obedece al aumento de la economía sumergida en una coyuntura donde las dificultades económicas promueven la “picaresca” e incitan a los contribuyentes a defraudar antes que a cumplir sus obligaciones fiscales.
En este sentido, recordaron la importancia de reforzar la lucha contra el fraude para que afloren las bolsas de dinero negro existentes en España, con el fin de evitar que la situación del déficit público, represente un riesgo para la estabilidad presupuestaria o fuertes recortes en el gasto social. La economía sumergida en España se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone que existen actividades económicas por importe de más de 240.000 millones de euros que no pagan impuestos, por lo que se dejan de ingresar casi 90.000 millones de euros anuales.

La ministra de Vivienda aboga por que «un sector tan tradicional como el de la construcción apueste por la investigación si quiere integrarse en la economía sostenible»

24 de junio de 2009.- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha manifestado hoy que «debemos dejar atrás el modelo de construcción nacido al calor del todo urbanizable de la Ley de Suelo de 1998, que medía su propio éxito sobre magnitudes exclusivamente cuantitativas olvidando otros aspectos cualitativos y sociales como la sostenibilidad o el acceso a la vivienda».

Beatriz Corredor ha inaugurado el I Congreso Internacional de Investigación en Edificación organizado por la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Universidad Politécnica de Madrid.

Durante su discurso, la ministra ha repasado las notas características de ese modelo «que aplaudía el hecho de que la construcción representara el 11% del PIB, pero sin destinar apenas recursos para ser más eficiente, sostenible y productivo; y que producía anualmente muchas más viviendas de las necesarias pero que, al mismo tiempo, hacía que los precios de la vivienda se duplicasen en 10 años». En definitiva, ha concluido Corredor, «un modelo sobredimensionado, lastrado por los excesos, que nos ha dejado -conforme al reciente informe sobre el stock elaborado por el Ministerio de Vivienda-, 613.000 viviendas terminadas sin vender».

Frente a ello, la ministra ha abogado por que «un sector tan tradicional como el de la construcción apueste decididamente por la investigación si quiere integrarse de forma efectiva en la economía sostenible que el Gobierno está impulsando». En ese sentido, ha mantenido que «la determinación del Ejecutivo para impulsar el cambio del patrón económico no quiere decir que queramos prescindir de ninguno de los sectores que han generado empleo y riqueza». «Es posible y deseable -ha continuado-, que estos sectores tradicionales sigan contribuyendo al crecimiento, pero a un ritmo más equilibrado. Y esto, en el sector de la construcción, se puede lograr con la rehabilitación, la vivienda protegida y la eficiencia energética, es decir, con las actividades más productivas, más sostenibles, más avanzadas tecnológicamente, más innovadoras y más competitivas de la edificación residencial».

Por este motivo, ha recordado que el Ministerio de Vivienda está apoyando proyectos que apuestan por la innovación tecnológica y la eficiencia y ahorro energéticos, como el Solar Decathlon, que por primera vez se celebrará fuera de EEUU para desarrollarse en Madrid coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea. La competición, según la ministra, «estimula la investigación en la construcción y muestra a los ciudadanos un nuevo tipo de hogar solar que es real, habitable, sostenible y eficiente».

Carmen Canfrán – El Economista-
La patronal de las principales promotoras, G-14, ha pedido al Banco de España que suavice las exigencias de las provisiones que tienen que hacer las entidades financieras y, además, solicitaron su colaboración para una mayor independencia de las tasadoras y del método de estas sociedad a la hora de valorar los activos inmobiliarios, informaron a este diario fuentes del sector.
Varios representantes de esta asociación mantuvieron un encuentro con el subgobernador del supervisor, Javier Aríztegui, y el director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, en el que solicitaron mayor flexibilidad de las provisiones que la banca se ve obligada a efectuar para cumplir con la normativa.
En concreto, pidieron un cambio en la aplicación de la provisión subestándar que tiene que hacer bancos y cajas hasta el punto de recomendar su suspensión en la fase recesiva del ciclo, es decir, en las circunstancias actuales.
Riesgo subestándar
Las entidades financieras deben crear un colchón de aquellos activos que pueden convertirse en dudosos o fallidos en un futuro, así es como define la normativa del supervisor el riesgo subestándar. Tal y como se presenta el panorama inmobiliario, de cara a los próximos años, bancos y cajas de ahorros están viéndose obligados a considerar los préstamos ligados al sector inmobiliario en la categoría de riesgo subestándar, por lo que deben provisionarlos parcialmente, explicaron expertos del mercado.
Ante esta teoría, las entidades financieras siguen manteniendo el grifo cerrado cuando las inmobiliarias solicitan créditos para nuevos proyectos. Si no hay préstamos, no se reactiva el sector inmobiliario, y si se conceden créditos, las entidades financieras se ven obligadas a provisionar y castigar sus resultados y sus ratios de solvencia, es como la pescadilla que se muerde la cola.
Con este argumento, el G-14 ha decidido sumarse a la petición que han elevado las entidades financieras al Banco de España de flexibilizar el calendario de provisiones. Con esta reunión querían explicar los efectos secundarios que sufren las inmobiliarias por la dura normativa que se aplica a la banca para crear esos colchones. ¿El resultado? El Banco de España se mostró receptivo, pero de momento no se ha tomado ninguna iniciativa, explicaron las mismas fuentes.
Éste no fue el único motivo que se trató en el encuentro con los representantes del supervisor del sector financiero. El G-14 solicitó la conveniencia demejorar la regulación de la tasación de activos para aumentar la independencia de estas sociedades que valoran y cambiar su metodología, de manera que no castiguen tanto el precio de los activos de las compañías. La mayoría de las cuentas de las inmobiliarias están en números rojos debido a las provisiones que han tenido que realizar por la depreciación del valor de sus propiedades.
Reunión con la CNMV
Este punto, que es uno de los principales motivos de preocupación de las compañías del sector inmobiliario, también se ha tratado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Varios representantes del G-14 también se reunieron con miembros del supervisor de mercados.
Según la patronal de las inmobiliarias, las tasadoras están utilizando métodos demasiado conservadores a la hora de valorar los activos. Por ejemplo, el G-14 explica que el valor neto contable (precio de venta menos costes) es demasiado prudente en los activos ligados al negocio residencia porque se incluye un descuento por el margen promotor.
En el caso del negocio patrimonialista (edificios), la asociación critica que se incluyan los costes de compraventa en una hipotética enajenación. En resumen, estas dos variables presionan a la baja sobre el valor de la propiedad.

Diario de Noticias, 22 Jun. 2009, Editorial LA LEY
El catedrático de Derecho Mercantil Angel Rojo calificó el texto de la última reforma de la Ley Concursal como «insuficiente, apresurado y con graves incorrecciones técnicas que sólo ofrece soluciones a cuestiones muy determinadas y abre enormes interrogantes».
Alicante.- Varios magistrados de lo Mercantil y representantes de entidades financieras consideraron hoy que entregar la propiedad del bien hipotecado a cambio de la extinción de la deuda es la mejor alternativa para las empresas y familias en situación de insolvencia, según informó el II Foro de Profesionales del Derecho Concursal de Elche (Alicante) en un comunicado.
En la mesa redonda que centró la jornada participaron el juez de lo Mercantil de Valencia Fernando Presencia, el juez de lo Mercantil de Castellón Rafael Jiménez, la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante Esperanza Gallego y representantes jurídicos de las principales entidades financieras de la Comunitat Valenciana: Bancaja, CAM, BBVA y Banesto. Presencia defendió generalizar esta práctica «para llegar a acuerdos entre deudores y acreedores evitando no sólo la liquidación sino el propio concurso».
Según Presencia, en las situaciones de insolvencia aceptar un acuerdo puede llevar a que se consigan «condiciones de mayor rentabilidad» y evitar que el banco finalmente se quede con el bien hipotecado, como ocurre en la práctica totalidad de los casos.
De lo contrario, en caso de que la subasta quede desierta, el banco termina quedándose con el bien hipotecado pero, además, el perjudicado deberá hacerse cargo de los costes de la ejecución y de la necesidad de provisionar un 25%.
Este beneficio para la entidad financiera, unido a la posibilidad de que la empresa o la familia que no pueda hacer frente a su deuda pueda quedar liberada de sus obligaciones al entregar el bien, supone, según Presencia, una «convergencia de intereses» entre todos los agentes del proceso.
En el caso de las familias, además, se podrían articular después acuerdos con el banco o la caja de ahorros para seguir viviendo en el piso entregado bajo la fórmula de un arrendamiento u otra alternativa, añadió.
Desde el lado de las entidades financieras, hubo acuerdo a la hora de considerar que la dación en pago puede ser una buena alternativa o un mal menor en los casos de insolvencia porque evita aumentar las provisiones y no incrementa la morosidad.
Sin embargo, los responsables jurídicos de las entidades financieras mostraron su temor a lo que definieron como «el fantasma de la reintegración», es decir, que una vez alcanzado el acuerdo para aceptar la dación en pago, este acuerdo quede anulado posteriormente en un proceso concursal.
Por su parte, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Autónoma de Madrid, Angel Rojo, calificó el texto de la última reforma de la Ley Concursal como «insuficiente, apresurado y con graves incorrecciones técnicas que sólo ha venido a dar soluciones a cuestiones muy determinadas pero al tiempo ha abierto enormes interrogantes».
Respecto al anuncio de una nueva modificación legislativa, Rojo añadió que «persisten muchas incertidumbres» y que es «necesario ser modestos para fabricar un instrumento que sea realmente útil». En su opinión, en el actual contexto de crisis, es necesario «multiplicar el número de juzgados de lo Mercantil» en una proporción muy superior a lo que se está haciendo. Informó Europa Press.

Agencias 24/06/2009 El Economista
Dos años después del estallido de la burbuja inmobiliaria en Europa, no parece que el sector inmobiliario esté cerca de la recuperación, que en el caso de España podría retrasarse hasta 2012, según un informe de Standard & Poor’s. La agencia asegura que los precios de la vivienda podrían caer este año hasta un 20%.
Según explican, la actual tasa de desempleo en España, así como el alto nivel de endeudamiento de las familias, han provocado una reducción en la demanda, que se traduce en un exceso de stock al que hay que dar salida antes de pensar en una estabilización del mercado.
«La cuestión que se plantea es cuánto tiempo tardará en absorberse el exceso de oferta», condición necesaria para volver a la estabilidad de precios y para la recuperación del sector.
Tres años de ajuste
Como consecuencia, el maltrecho sector inmobiliario español se enfrenta a otros tres años de «ajuste». Según sus estimaciones, los precios de la vivienda podrían caer en términos interanuales un 20% en 2009, un 10% en 2010 y un 5% en 2011.
La agencia recuerda que el sector se deterioró «con rapidez» en el primer trimestre de 2009, un período en el que la compra de viviendas cayó un 34% en términos interanuales y un 60% con respecto a los niveles máximos alcanzados en el 2006, antes del estallido de la crisis de las hipotecas subprime.
A su juicio, existe una importante retroalimentación entre la crisis económica que atraviesa el país y los aprietos de un sector inmobiliario sobre el que descansaba el crecimiento del PIB de los últimos años. En términos generales, el informe indica que no es posible hablar de estabilización con las cifras de endeudamiento y de paro que se manejan actualmente.
La mayor deuda de Europa
En este sentido, el informe explica que la deuda de las familias en España alcanzó el 83% del PIB en el último trimestre de 2008, la cifra más alta de Europa por detrás del Reino Unido, donde se sitúa en el 99. Además, la tasa de paro en España se situó en el 17,4% entre enero y marzo, lo que dificulta el acceso al mercado.
Respecto al Reino Unido, S&P cree que durante los últimos dos meses se han observado signos que permiten intuir una lenta recuperación que podría producirse a finales de año, con una caída de precios de «sólo» el 7% interanual, para después estabilizarse a lo largo de 2010.
En Irlanda, la agencia de calificación dibuja un panorama más sombrío, con una contracción de los precios del 13% en 2009 y del 10% en 2010. Por último, prevé una caída del 10% para Francia y del 5% para los Países Bajos a finales del presente ejercicio.