AIRE

Temor a que no pueda hacer frente a su elevada deuda, generada por su burbuja inmobiliaria
Ana Tudela – Madrid – 27/11/2009 Público.es
Si algo hubo que agradecer en el Día de Acción de Gracias estadounidense celebrado ayer fue que Wall Street permaneciese cerrado. Si el guía de los mercados mundiales se hubiese contagiado del virus nacido esta semana en Dubai, que ha vuelto a constipar al sistema financiero, las consecuencias podrían haber sido aún mayores.
Y ya fueron preocupantes: las bolsas del mundo teñidas de rojo, con la peor caída en siete meses en los parqués europeos; bancos centrales como el suizo operando para que no se dispare su moneda; subida del dólar, indicativa de la búsqueda de valores refugio ante un posible periodo de incertidumbre, y la consecuente caída del petróleo y el oro.
El foco de la gripe ha nacido esta vez en Dubai, uno de los siete Emiratos ́rabes Unidos, el que menos riqueza petrolífera tiene (no debe ni el 5% de su PIB al oro negro). Un experimento de capitalismo y sobreexplotación inmobiliaria en medio del desierto, un invento megalómano de rascacielos, islas artificiales y culto al lujo. La fórmula: crecer a base de deuda. Como la burbuja inmobiliaria española pero con más glamour.
Bancos europeos podrían tener una exposición de 26.700 millones
El anuncio esta semana del holding empresarial estatal Dubai World de su intención de renegociar el pago de su deuda y lograr una moratoria de seis meses pareció pillar al mundo con el pie cambiado. Otra vez. La moratoria incluiría el impago de los 4.000 millones de dólares que debe amortizar el 14 de diciembre Nakheel, filial inmobiliaria de Dubai World. El holding ha encargado a Deloitte que estudie la reestructuración de su pasivo.
Que Dubai tiene una deuda de 80.000 millones de dólares (53.000 millones de euros), se sabía. Que la inmensa mayoría se corresponde con los proyectos faraónicos de Dubai World, también. Sin embargo, que el emirato vecino Abu Dhabi, que tiene un 8% de las reservas mundiales de petróleo, iba a mirar para otro lado cuando Dubai tuviese problemas, no era algo esperado.
Problema de confianza
¿Es que falta liquidez en los países productores de petróleo? ¿Qué va a ocurrir entonces con sus inversiones en grandes bancos internacionales? ¿Desharán sus posiciones arrastrando a la baja los valores? El miedo es libre y los mercados no están para sustos. Los países emergentes se han convertido en uno de los grandes financiadores del mundo y si sus fondos soberanos empiezan a suspender proyectos emblemáticos significa que sus posibilidades de financiación son limitadas.
La falta de apoyo de Abu Dhabi pilla por sorpresa al mundo financiero
El primer temor está en los balances de las entidades financieras occidentales, que en su empeño de diversificación de las inversiones, azuzada por la globalización, se han visto pillados en todos los agujeros que ha destapado la crisis, desde la quiebra de Lehman Brothers a la estafa de Bernard L. Madoff.
También tienen huevos en la cesta de Dubai. Los analistas de Credit Suisse calcularon ayer que los bancos europeos pueden tener una exposición a la deuda de entidades del emirato de 40.000 millones de dólares (26.700 millones de euros), incluida Dubai World, informa Efe. Y añadieron que podrían afrontar en 2010 un aumento del 5% de sus dotaciones por insolvencias crediticias (5.000 millones de euros) si perdieran un 50% de su exposición en Dubai.
En el último préstamo a Dubai World, por 5.500 millones de dólares, intervinieron HSBC, RBS, Lloyds, ING y Credit Agricole, entre otros. También habrían financiado al emirato Barclays, Citigroup y Deutsche Bank

Nicolás Vázquez Picó
El pasado día 12 falleció uno de los últimos eslabones de una distinguida dinastía de abogados de la ciudad. Descansa en paz, Nicolás

29.11.09 – Tirso Marin – La Verdad.es
El pasado día 12 de noviembre falleció en Alicante el notario Nicolás Vázquez Picó a la edad de 67 años. Destacado eslabón de una larga dinastía de juristas, la de los Vázquez, Nicolás tuvo una corta pero penosa enfermedad, que le vino de súbito y se nos marchó para siempre en poco tiempo y de forma sorpresiva. Pocos días antes estuve con él y le pregunté por su hermano Rafael, compañero inseparable desde el principio de su carrera, ambos con notaría abierta en la calle de París. Me dio una tarjeta y me dijo que llamara cuando quisiera que Rafa me recibiría de buen grado. No tardó mucho en realizarse la entrevista, pero Nicolás ya no estaba en la notaría. Lo habían operado con urgencia de una dolencia que iba a ser mortal. Seguí de cerca la enfermedad y cuando menos me lo esperaba, el día doce, en el Museo Taurino, donde se inauguraba la exposición de Ana Saura Ayén, el director de la entidad, Francisco Llorca, gran amigo de los Vázquez, me dio la fatal noticia: «Nicolás ha muerto». Nada más terminar el acto, fuimos a velarlo.
Nicolás Vázque Picó era el tercero de los hermanos, descendientes de una gran e inolvidable figura del foro que fue Antonio Vázquez Sánchez, de quien se decía era la persona que más Derecho sabía al menos en Alicante. Claro está, junto con su colega, vecino y amigo Gomis Iborra. Capítulo glorioso de la historia de la Abogacía en Alicante y de la misma historia de esta ciudad en la que vivimos.
Tuvo Antonio Vázquez, cinco hijos varones y una mujer. Antonio es abogado en ejercicio. Nicolás y Rafael, notarios. José Luis, único que no sintió la llamada de las leyes, es catedrático de Química de la Universidad de Alicante. Juan Carlos es abogado auditor. Alejandra, la última vive casada en Sevilla.
Me unen a la familia varios vínculos. Fui biógrafo y gran admirador del padre, en mi etapa de cronista de Tribunales tuve gran relación con los hijos y, por si todo ello fuera poco, todos los hermanos, herencia también del padre, son unos grandes amantes de las Bellas Artes. Les gusta la buena literatura, les apasiona la buena música, la buena pintura y, claro, los toros. Coincido con ellos en la plaza, en las tertulias; son capaces de recorrer cientos de kilómetros para ver una buena corrida, sobre todo si se trata de ganaderías con casta y bravura: Palha, Miura, Pablo Romero, Cuadri, Dolores Aguirre, mejor si ante ellas se ponen toreros de verdad.
Nicolás quedó viudo hace diez años y su esposa le dejó la mejor herencia: tres hijas. Dos siguen la tradición familiar y ejercen la abogacía. La otra sigue los pasos de su tío Pepe, es licenciada en Química.
Con todos ellos, mi solidaridad en estos momentos de dolor que están pasando.

Reforma en la Ley hipotecaria, en relación con la regulación del crédito refaccionario. El objetivo es que este tipo de créditos puedan utilizarse para la financiación de obras de rehabilitación contando con sistemas de garantía similares a los de la hipoteca, frente a la que ofrecen la ventaja de una tramitación más simple, ya que permite la firma electrónica y no requiere de escritura pública.

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Esta medida progresista reconoce el avance y la garantía que significan la posibilidad de utilización de la firma electrónica y la potenciación del documento privado como medio válido de acceso al Registro. El ahorro de costes es significativo. EPC

Jueves, 26 de noviembre de 2009 El Confidencial Digital

El parque inmobiliario que acumulan bancos y cajas vale un 40% menos de lo que reconocen las entidades. Hay que volver a tasar todos los activos inmuebles

Los activos inmobiliarios que acumula la banca española valen menos de lo que quieren reconocer sus nuevos dueños. En ámbitos financieros se calcula que el ”˜parque inmobiliario”™ con el que se han visto las entidades acumula pérdidas de valor de al menos un 40%.
¿Por qué no venden los bancos sus pisos? Ofrecen descuentos del 20% cuando la evaluación es del 50% y las provisiones cubren menos de la mitad de lo que pierden con las daciones en pago

Desde varias firmas de inversión y asesoramiento financiero explican a El Confidencial Digital que bancos extranjeros y fondos de inversión inmobiliaria se están acercando a la gran mayoría de las entidades españoles para interesarse por sus activos inmuebles. “Todo va bien hasta que los potenciales compradores piden un precio, en el que esperan el descuento habitual en estas transacciones”, explica el responsable es España de un conocido banco alemán.

“El problema es que el descuento que solicitan está en torno al 50% del valor de la deuda, algo lógico, ya que esos bienes han perdido su valor, mientras que los bancos, lo único que están dispuestos a ofrecer es una rebaja del 20%” concreta a este confidencial Manuel Romera, director del sector financiero del Instituto de Empresa.

Romera destaca que el principal problema es que “la banca española no acaba de aceptar que los precios han caído y que esos activos no podrán volver a valer lo que hace dos años”. Varios técnicos del equipo de Miguel ́ngel Fernández Ordóñez respaldan esta opinión y ponen el acento sobre la necesidad de que “absolutamente todas las entidades vuelvan a tasar los activos inmuebles que tienen en balance”.

Por su parte, desde el Banco de España confirman que, efectivamente aquellas entidades financieras que tengan en sus balances bienes inmuebles adjudicados para canjear el pago de una deuda (daciones en pago) desde hace más de un año, tendrán que provisionar no el 10% de su valor, como venían haciendo desde hace tiempo, sino el 20%.

“Se está comunicando a las entidades, ya que se trata de un cambio en la normativa contable y no aplica a todos los inmuebles adjudicados”, apuntan funcionarios de la Sundirección de Supervisión del banco central español. Las mismas fuentes subrayan además que es complicado calcular el número de activos inmobiliarios que la banca española pueda tener que provisionar de esta manera. Varios asesores independientes, con acceso a los consejos de administración de conocidas entidades, explican que la medida del supervisor ha “caído con más fuerza entre las cajas, que suelen estar más pilladas con este tipo de activos, especialmente de suelo”.

El profesor del IE Business School apunta a ECD que ese 20% sigue siendo insuficiente ya que la pérdida de valor que han registrado los activos inmuebles que se han tenido que quedar bancos y cajas es “mínimo del 40%”. Desde los departamentos de inversión inmobiliaria de los principales bancos extranjeros que operan en España señalan a demás que mientras que las entidades de otros países están asumiendo las pérdidas de valor de sus activos, las nacionales “se niegan a reconocer el problema, por miedo a escalar posiciones en el ránking de morosidad y porque están convencidos de que esos activos volverán a valer lo que en 2007, cosa más que improbable”.

Una dificultad añadida es la tasación de estos bienes, ya que para hacer sus provisiones, las entidades tienen que recurrir a valoraciones de firmas independientes para volver a tasar sus inmuebles y “una parte importante de los activos que se han apuntado en balance los bancos como daciones en pago – especialmente promociones de segunda residencia y suelo – no valen el 80% de la tasación de hace un par de años”, asegura un registrador de la propiedad.

En Chiclana

Cádiz, 27 Nov. (Europa Press) –

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía ha culminado esta semana una investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y falsedad documental en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en la que han sido detenidas ocho personas, entre ellas un promotor, un arquitecto técnico y seis promotores y propietarios.
Según explicó la Junta en un comunicado, la investigación se inició a finales de verano a instancias del Juzgado Mixto número cuatro de Chiclana, previa denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre una finca dividida en nueve parcelas, todas ellas con construcciones en su interior, excepto en una. La finca está situada en el Camino del Pozo Juncal, en Pago del Humo, en suelo clasificado como no urbanizable no especializado.
Las indagaciones iniciales consistieron en el cotejo de las ortofotografías aéreas de la última década. En el año 2001 aparece una finca totalmente vacía, mientras que, a partir de 2004, de detectan obras de parcelación con muros de hormigón, construcción de ocho edificaciones unifamiliares, tres de ellas de tamaño considerable con piscinas, y así hasta el estado actual.
En cuanto comienzan las obras, el Ayuntamiento de Chiclana procedió a incoar expedientes sancionadores por infracción urbanística. A pesar de todo, los constructores, obviando la legalidad urbanística, terminaron las construcciones.
En el curso de las investigaciones se identificaron y localizaron a los titulares y promotores de las viviendas y, a través de ellos, se identificó también a un promotor que, al parecer mediante engaño, convenció a los compradores para declarar en conjunto las obras nuevas en Notaría para, posteriormente, llevarlas al Registro de la Propiedad. Ante lo atípico del procedimiento, el promotor, presuntamente, prometió gratificaciones a los compradores y se hizo cargo de los gastos administrativos.
Para obtener la declaración de obra nueva fue preciso la mediación de un documento que certificara la antigͼedad de las edificaciones por más de cuatro años –así consiguen la prescripción de la responsabilidad administrativo-sancionadora, por infracción urbanística grave–, firmado por un técnico habilitado, que en este caso fue un arquitecto técnico local que ya ha sido imputado al menos tres veces más por hechos de las mismas características y otras tantas imputaciones similares por otras unidades policiales.
Una vez concluida la investigación, se instruyeron las diligencias policiales correspondientes y, posteriormente, fueron puestas a disposición del Juzgado Mixto número cuatro de Chiclana de la Frontera.

Su principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.
Los agentes económicos señalados en la Ley deberán identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con un objetivo doble:
Reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Incorporar a la normativa española en su totalidad el contenido de la Directiva europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica.
El blanqueo de capitales es una práctica delictiva que se va adaptando a las medidas adoptadas por las autoridades para combatirla. La experiencia adquirida, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de modernización de nuestra normativa, con el objetivo último de incrementar la eficacia del sistema, tanto en la detección por parte de las entidades de cualquier operativa sospechosa o inusual, como en el tratamiento de la información recibida por parte del Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), la unidad de Inteligencia Financiera española).
Dos tipos de riesgos
El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente «legitimar» el producto del delito, y los económicos y financieros, porque puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales: los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.
Dados estos riesgos, resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo.
Los sujetos designados en la Ley están obligados a cumplir de una serie de obligaciones administrativas de prevención del blanqueo. Para supervisar y exigir el cumplimiento de dichas obligaciones se establece un marco institucional y un régimen administrativo de sanciones para la represión de los potenciales incumplimientos.
Deberes
Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados son:
Identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos.
Establecer procedimientos y órganos internos de control.
Examinar operaciones sospechosas.
Comunicar operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo.
Abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo.
Conservar documentos durante un mínimo de diez años.
Formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.
Prevención
En el terreno de la prevención, estos son algunos de los principales avances que recoge la nueva normativa:
Considera todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal.
Incorpora nuevos sujetos obligados; por ejemplo, incluye como sujeto obligado a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a quince mil euros.
Extiende las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales (en particular, la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas e inusuales) a la financiación del terrorismo.
Regula las medidas de diligencia debida con el cliente. Entre ellas destaca la obligación de identificación del titular real de un producto u operación. Se distinguen las medidas simplificadas respecto de clientes y de productos u operaciones en general, y las medidas reforzadas en sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.
En el contexto de la existencia de sectores de especial riesgo, regula por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés) y establece que los sujetos obligados aplicarán a éstas medidas reforzadas de diligencia debida. Asimismo, se refuerza el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.
Refuerza la estructura institucional, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención.
Refuerza los medios e instrumentos colaboradores en la supervisión e inspección, y prevé la posibilidad de que los órganos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) colaboren en dichas tareas con el Servicio Ejecutivo mediante la suscripción de los oportunos convenios con la Comisión.
Establece un sistema de localización de activos financieros que permitirá reforzar las investigaciones patrimoniales, evitando la desaparición de los fondos. Sistemas similares existen en Francia y Alemania.
Con esta normativa se actúa, en definitiva, en la línea asumida por el G-20 de fortalecimiento del sistema financiero y de articulación de medidas que permitan erradicar los denominados paraísos fiscales que, como lugares en los que los sistemas preventivos no funcionan, son una distorsión en un escenario internacional de compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Forma parte de la estrategia para el cambio del modelo económico.
La Ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada.
También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible.
Se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8 por 100 al 12 por 100, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10 por 100 para este tipo de obras.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.
La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas. Se trata de extender al conjunto de la actividad económica la eliminación de restricciones injustificadas.
1.- Organismos reguladores . Se acomete una profunda reforma horizontal de la estructura y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas. Éstas son algunas de las novedades:
Reducción del número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.
Cooperación entre los organismos reguladores: Los distintos organismos deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.
2.- Mercados financieros . Las medidas de reforma que se adoptan son coherentes con las recomendaciones del G-20 .
Reforma de la Ley del Mercado de Valores: Obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros.
Reforma de la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros: El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
Regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras. Las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información y autorización.
Libertad de elección de los asegurados: El asegurador deberá poner a disposición del asegurado, de forma fácilmente accesible, una relación de prestadores para garantizar una efectiva libertad de elección.
3.- Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto, como la estructura y procedimientos de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Se presentará un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.
4.- Contratación pública y colaboración público-privada . El objetivo fundamental es agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Algunas de las novedades son:
Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.
Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
Modificaciones: los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Los modificados no podrán superar el 20 por 100. Si el contrato no puede modificarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, las denominadas Sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público-privada.
Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30 por 100 al 50 por 100, con el objetivo de fomentar la participación de Pymes en la contratación pública.

COMPETITIVIDAD

1.- Simplificación administrativa .
Reducción de los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y 3.100 euros, con un máximo de 250 euros de costes; y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para todas ellas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y todos los trámites serán telemáticos.
Reducción de la morosidad: Reforma de la Ley de Contratos del sector público, de forma que obliga a las A dministraciones a abonar el pago en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013 También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratador.
Reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario: Los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los veinte primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados. Se podrá acceder de forma telemática a las bases gráficas del Catastro.
2.- Sociedad de la Información .
Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz: Se permitirá el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que abaratará su coste y aumentará su calidad.
Dividendo digital: La banda de frecuencias 790 -862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico podrá utilizarse para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas.
Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones. En 2010 será del 1/1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación.
Banda ancha universal: Inclusión a partir de 2011 de la banda ancha a una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo (multiplica casi por veinte los 56Kbits actuales) como parte integrante del servicio universal.

3.- Ciencia e Innovación .
Fomento de la transferencia de resultados en la actividad investigadora:
a) Se establece la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad pública investigadora, que pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, para facilitar la explotación comercial de las patentes.
b) Se facilita la cooperación de los agentes públicos con el sector privado.
Promoción de los derechos de propiedad industrial: Con el objetivo de agilizar la concesión, difusión y uso de los títulos de propiedad industrial, se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes. Además, se reduce un 18 por 100 en tres años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades de propiedad industrial.
Universidad e Investigación: Se fomenta la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de I+D obtenidos por los investigadores.
4 .- Internacionalización . Se amplía el concepto de internacionalización, considerando que un proyecto será de interés para la internacionalización y, por tanto, prioritario para la política comercial española, siempre que tenga un impacto positivo en la cadena de valor de las empresas españolas.
La novedad más destacada es la adaptación del sistema español de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación, para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito.
5.- Formación Profesional . Con esta reforma del sistema de Formación Profesional se pretende facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, mejorar el aprovechamiento de los recursos e integrar las distintas enseñanzas de formación profesional. Las principales novedades son las siguientes:
Se promueve la oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo. Con la promoción de una red estable de centros de Formación Profesional constituida por los centros integrados de FP, los centros públicos y privados concertados del sistema educativo y los Centros de Referencia Nacional. Se crea una plataforma de Formación Profesional a distancia en todo el Estado.
Reconocimiento de las competencias profesionales. Acción común del gobierno y las Comunidades Autónomas para dar prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores emergentes. Se promoverá la participación en cursos específicos que permitan conseguir un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad a personas que ya tengan experiencia profesional y quieran completar su formación.
Se flexibiliza la organización de los programas formativos. La Formación Profesional se estructura en tres niveles: Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio y Ciclos formativos de grado superior. En este sentido, se crean «pasarelas» para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos, permitiendo la movilidad entre la formación profesional de grado medio y el bachillerato, y entre la formación profesional de grado superior y la enseñanza universitaria.
Formación profesional de proximidad: Se amplía la capacidad de los centros de adaptarse a su entorno y ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

En este contexto, se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020, que se conseguirá con al menos un 10 por 100 de consumo de energías renovables en el consumo del sector transporte.
1.- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero . El objetivo central en este ámbito es fomentar la reducción de estas emisiones e incrementar la transparencia de información de responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se creará un “sello” que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad de carbono, al tiempo que aumentará la transparencia de la información sobre responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se crea un fondo público para la compra de créditos de carbono. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en particular si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del fondo.

2.- Transporte y movilidad sostenible .
Se crea la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.
Se fomenta la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible, condicionando la percepción de subvenciones estatales al transporte a la puesta en marcha de planes coherentes con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Se impulsa el desarrollo de planes de transporte de empresas para incentivar el uso del transporte público colectivo y el fomento de la movilidad sostenible de los trabajadores.
Promoción del transporte por carretera limpio, aplicando normas específicas para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes por parte de las Administraciones Públicas.
Impulso al vehículo eléctrico.
Adaptación de las líneas de la red básica para transporte de mercancías por ferrocarril con el fin de posibilitar la circulación de trenes de mercancías de, al menos, 750 metros de longitud y potenciar las conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general.
Se modifica la normativa vigente del transporte interurbano regular colectivo de viajeros (autobuses), con el fin de facilitar la entrada de nuevos operadores al sector.
3.- Ahorro y eficiencia energética . Se establecen los principios de la política energética: garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente.
Para la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados se adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energético del 20 por 100 con relación al año 2005. Dentro de los programas que se aprueben, se establecerán requisitos mínimos de calificación energética de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.

Compromiso de elaboración de una planificación integral del sistema eléctrico, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, energética y medioambiental del mercado eléctrico. Esta planificación desarrollará, entre otros, los siguientes principios: maximización de la participación de las energías renovables en la cesta de generación eléctrica, reducción de la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2, y garantía de la seguridad de suministro y estabilidad de la red.
Se establece la Conferencia Sectorial de Energía como órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la planificación estatal sobre energía.
Se establece la vida útil de cuarenta años para las centrales nucleares. El Gobierno remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.
4.- Rehabilitación y vivienda .
Impulso a la renovación y rehabilitación de núcleos urbanos.
Reforma en la Ley hipotecaria, en relación con la regulación del crédito refaccionario. El objetivo es que este tipo de créditos puedan utilizarse para la financiación de obras de rehabilitación contando con sistemas de garantía similares a los de la hipoteca, frente a la que ofrecen la ventaja de una tramitación más simple, ya que permite la firma electrónica y no requiere de escritura pública.
MEDIDAS FISCALES
Más impulso a la I+D+i
Siguiendo la política de apoyo a la I+D+i que el Gobierno inició en el año 2004, la Ley de Economía Sostenible incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8 por 100 actual al 12 por 100.
El pasado mes de abril, en el Real Decreto-Ley 3/2009, ya se aprobó el mantenimiento indefinido de la deducción por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades para potenciar la inversión en I+D+i en nuestras empresas.
Además, en la nueva Ley se incrementa el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60 por 100 de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50 por 100), en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10 por 100 de la cuota íntegra del ejercicio).
Estas medidas se aplicarán a los ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Deducción por compra de vivienda habitual
Tal y como anunció el Presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la Nación, a partir de enero de 2011 se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros, se mantiene la situación actual, lo que permite una deducción en cuota del 15 por 100 de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año. Entre los 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible se aplicará una reducción gradual de forma lineal.
Los contribuyentes que adquirieran su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual.
Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda
La equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se anunció durante el Debate del Estado de la Nación y que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.
Se elevan, por tanto, los importes de bases imponibles que otorgan derecho a la deducción por alquiler de forma análoga a la deducción por inversión en vivienda habitual. De esta forma, actualmente el arrendatario se puede deducir el 10,05 por 100 de los pagos de alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros. A partir del 1 de enero de 2011, este límite de 12.000 euros pasará a ser de 17.707,20 euros. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente la base de la deducción, y los contribuyentes con bases imponibles superiores a 24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.
Por otra parte, para impulsar el alquiler, también a partir de 2011 se mejorará el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los arrendadores de inmuebles incrementándose del 50 por 100 al 60 por 100 el porcentaje de reducción en la declaración de la renta. Además, se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de la exención del 100 por 100 de las rentas de alquiler. Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta exención cuando se alquila a menores de 35 años, desde el 1 de enero de 2011, se aplicará a los alquileres a menores de 30 años, aunque aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31 de diciembre de 2010, conservarán la exención del 100 por 100 hasta que cumplan los 35 años.

Impulso a la rehabilitación
Una de las principales novedades de la Ley de Economía Sostenible es la mejora de los incentivos fiscales a la rehabilitación.
A partir de la entrada en vigor de la Ley, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación de viviendas. Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA reducido a los trabajos de albañilería. Con esta ampliación se incluirían las reformas que tengan por objeto la eficiencia energética, el ahorro de agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida. Esta medida conlleva que en la Ley de Economía Sostenible también se incluya la ampliación del concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir, tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas, como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la accesibilidad de las viviendas.
Además, también a partir de la entrada en vigor de la Ley se establece una nueva deducción en el IRPF del 10 por 100 para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012. La base anual máxima de deducción será de tres mil euros y estará limitada en función de la base imponible del contribuyente, siguiendo los mismos tramos establecidos en la deducción por compra de vivienda habitual. Además, el límite máximo plurianual por vivienda será de diez mil euros.
Mantenimiento de la deducción medioambiental
La nueva Ley de Economía Sostenible incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4 por 100 al 8 por 100 y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.
Por otra parte, el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.
Más progresividad en las retribuciones plurianuales
La nueva Ley introduce mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40 por 100 de la que se benefician los rendimientos con período de generación superior a dos años. De esta forma, hasta dicho importe se tendrá derecho a la reducción, pero ésta no se aplicará al exceso.
Por otra parte, se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se les aplica también el límite de 600.000 euros.
Fomento del transporte público
También a partir de la entrada en vigor de la Ley, se establece la exención en el IRPF del cheque-transporte hasta un máximo anual de 1.500 euros.
Enlace aquí a (Resumen Anteproyecto)

José A. Miquel Silvestre – 26/11/2009 – Cinco Días
Cuenta la fábula que las ranas vivían tranquilas en una anárquica charca sin nadie que las importunase. Pero se aburrían. Sentían la falta de autoridad. Necesitaban normas y un gran Leviatán. Clamaron por un rey. El cielo, apiadado de su candidez, les mandó un leño que cayó con estrépito. Ya tenían rey. Pero las ranas pronto comprobaron que tras el alboroto inicial, aquel monarca indolente se limitaba a flotar en su propia indiferencia. Era un soberano demasiado bueno. Rompieron a croar indignadas. Querían un verdadero rey. Desde el cielo se oyó el jaleo y la piedad se trocó irritación. Se arrojó entonces un fiero dragón que nada más amerizar se dedicó a satisfacer su gula con menú exclusivo de súbditos. Despavoridos, los monárquicos batracios suplicaron piedad, pero en el cielo se les había terminado tan donosa mercancía. «¿No queríais un verdadero rey? Pues tomad rey», tronaron las alturas, desentendiéndose de la suerte de aquellos alimenticios mortales.
La fábula ilustra perfectamente cómo cualquier Gobierno, incluso el mejor posible, siempre deja descontentos, pero también permite intuir que siempre será deseable que los gobernados participen en la elección de sus gobernantes para que, si a éstos les da por comportarse como leños indolentes o como furiosos dragones, al menos aquéllos puedan hacer uso del anestésico consuelo de decirse: «Tenemos lo que nos merecemos».
Sólo por eso soy de los que participan del típico tópico que reza que la democracia es el menos malo de los sistemas. Y lo es para la más alta magistratura estatal o la más oscura comunidad de vecinos. Ni que decir tiene que también lo es para un colegio profesional.
Viene este largo rodeo porque está cercano el proceso electoral del mío: el de registradores de la propiedad y mercantiles. Y viene también al caso la fábula por la enorme diferencia que hay entre su sistema electoral y el de otra entidad pareja: el Consejo General del Notariado.
La diferencia es la que hay entre el sufragio censitario y el universal. O sea, toda la del mundo. Al presidente del Consejo General del Notariado lo eligen los presidentes de los respectivos colegios autonómicos, mientras que al decano del Colegio de Registradores lo elige el voto directo e igual de los colegiados, iguales entre sí sin que ninguno valga más que el otro. Ello implica que éste sea siempre primus inter pares y aquél un sumo sacerdote de sanedrín.
Lo paradójico se da cuando a éste lo elige una mayoría de presidentes autonómicos que representan a menos notarios que los de las autonomías disidentes, como parece ser el caso ocurrido con don Antonio Ojeda, el de las ruedas de prensa, de quien se dice no apoyaron ni Madrid ni Cataluña ni Aragón, comunidades con elevado número de fedatarios, muchos muy sensatos y que alucinarán con las cosas que hace y dice en su nombre.
El otro protagonista de la película, Eugenio Rodríguez Cepeda, un registrador de pueblo, tuvo el respaldo de la mayoría de los colegiados, quienes en las últimas elecciones votaron en un porcentaje superior al 90%.
Rodríguez Cepeda ha realizado un mandato de suaves formas aunque decidido en el fondo. Pero ha renunciado a presentarse a la reelección a pesar de éxitos como la celebración del 75 aniversario del Colegio con la presencia de todos los ministros de Justicia de la democracia, o la sentencia del Tribunal Supremo anulando varios artículos ilegales de un reglamento notarial hecho a medida de los reglamentados. Quiere ver crecer a sus dos nietos y nadie le negará ese derecho.
No habrá vacío de poder. Han salido cuatro candidatos con sus respectivos equipos. Uno procede del equipo gobernante actual y es responsable del exitoso modelo tecnológico y de intercomunicación de los registros con la sociedad. Sorprende tanto voluntario a una silla que da más sinsabores que otra cosa, pues el cargo no es remunerado y supone un importante desgaste personal. Cualquiera de ellos puede hacerlo bien.
Sin embargo, ni ellos ni los votantes deberían olvidar que en la charca vecina, a cuenta precisamente de estos relucientes sistemas tecnológicos, ruge un dragón dispuesto a aprovechar cualquier retraso en su implantación definitiva, aunque en el empeño termine devorando incluso a sus propios súbditos.

Según un informe de los técnicos de hacienda (gestha)
Las rentas sumergidas están cifradas en más de 2.450 millones de euros anuales
Cataluña, Andalucía y Madrid, las comunidades que encabezan el fraude
La Agencia Tributaria afirma que estos datos ofrecidos por Gestha son falsos

26/11/2009 Europa Press – El Mundo
Madrid.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que existen más de un millón de arrendamientos de viviendas no declarados en España, lo que representa el 54% del total, según refleja el ‘Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España’, realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional y elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda.
Este estudio cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del alquiler de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe revela que, aunque la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%

Gestha denuncia además que, tres años después de que entrara en vigor la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su «medida estrella», que obligaría a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de las casas con el fin de identificar los inmuebles que aparentemente permanecen desocupados y, sin embargo, esconden un alquiler sumergido.
El hecho de que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando «muy mal», según afirma el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. «Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos», añade.
Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan el fraude
Por zonas geográficas, más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados, lo que supone el 68% del total, se concentran en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que presentan menos arrendamientos ilegales.

Cataluña lidera el ‘ranking’ de la cuantía defraudada, con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de Madrid y Andalucía, con 709,7 millones de euros y 404,4 millones de euros, respectivamente. Por su parte, en el Archipiélago Canario el fraude estimado es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 millones de euros y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Los propietarios de inmuebles que más defraudan a la Hacienda Pública se localizan en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente, seguida de Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%). Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, con un 16,27%, seguida de La Rioja y Castilla y León, con el 16,71% y el 36,31%, respectivamente.
Resulta ‘imprescindible’ adoptar nuevas medidas
Ante esta situación, Gestha considera «imprescindible» que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.

Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler, y de la eficiencia energética de los edificios, que se aprobará el viernes, sea un «primer paso» para una reforma que logre delimitar los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.
Gestha también sostiene que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, , que entrara en vigor en un mes, con el fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.
Hacienda afirma que los datos son falsos
La Agencia Tributaria ha asegurado que estos datos ofrecidos por Gestha son falsos, ya que las cifras que maneja Hacienda sobre los declarantes de rentas de arrendamiento y el número de hogares que aseguran vivir de alquiler, según el Ministerio de Vivienda, no cuadran
El organismo tributario asegura que, basándose en la estadística de declarantes de 2007 (datos en los que se basan los Técnicos de Hacienda), el número total de contribuyentes que declararon ese año rentas por alquiler ascendió a 1.451.932, mientras que el número de hogares que afirmaron vivir en alquiler, según el Ministerio de Vivienda, se situó en 1.866.617. Por tanto, esto indica que no es posible que en España existan más de un millón de alquileres sin declarar.
Además, la Agencia Tributaria subraya que hay contribuyentes del IRPF que declaran rendimientos de más de un inmueble alquilado y que hay empresas que alquilan inmuebles que no declaran a través de este impuesto, sino en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que la estadística del IRPF no recoge a todos los declarantes de rendimientos inmobiliarios.

El «nuevo hermano pobre de Europa»
Los problemas económicos de España, como el paro y el déficit, son «insostenibles» y el país se ha convertido en el «nuevo hermano pobre de Europa», según pone de manifiesto la publicación inglesa ‘The Economist’ en un artículo publicado esta misma semana.
Ep – Madrid – 26/11/2009 – Cinco Días
‘The Economist’ explica que, mientras que muchos otros países de la Unión Europea han comenzado a reflotar de la recesión en el tercer trimestre, España siguió en descenso por sexto trimestre consecutivo, aunque la caída haya sido menor que la media de la UE.
Subraya que España ha sido el país que más ha sufrido la crisis, ya que la tasa de desempleo ha alcanzado el 19%, la segunda más alta de la UE después de Letonia, lo que refleja, a su parecer, una «resaca estructural» de un país «que se emborrachó» a base de ladrillos y cemento.
Según la publicación, esto provocó que España llegara a la recesión económica en una posición «debilitada» y hará que, mientras que otros se recuperan lentamente, el país necesite «más tiempo y cuidados» para superar el ajuste.
‘The Economist’ arremete una vez más contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por seguir mostrando «aversión al pesimismo», tal y como demuestran sus declaraciones en el Foro organizado por la propia publicación el pasado lunes en Madrid, donde dijo que la recuperación ya ha comenzado.
También hace referencia a la nueva Ley de Economía Sostenible y asegura que se basará, en gran medida, en «buenas intenciones a falta de medidas duras». En este sentido, señala que las energías renovables, liberalización modesta y otros temas estarán presentes en la ley, mientras que las reformas del mercado laboral quedarán fuera «para agradar a los amigos sindicalistas». UN MERCADO LABORAL «INEFICAZ E INJUSTO».
En este sentido, recuerda que la dualidad laboral convierte al mercado español en «ineficaz e injusto», ya que la mitad de los trabajadores tienen contratos indefinidos y resultan caros a la hora de despedir, mientras que el resto de la fuerza laboral pasa entre contratos por obra y servicio, subsidios por desempleo y el mercado negro.
«Los trabajadores ineficientes con contrato indefinido están protegidos», señala la revista, que considera «posible» que se produzca un nuevo aumento del desempleo por parte de empresas más pequeñas por las leyes laborales y falta de crédito, que hacen que las compañías sufran el riesgo de quiebra debido al proteccionismo de empleados indefinidos y la flexibilidad limitada para nominas.
‘The Economist’ sí valora que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, esté «pisando el freno» a la expansión fiscal de cara al 2010 a través de un incremento de impuestos y del recorte de gastos públicos, aunque considera «alarmante» el deterioro de las cuentas públicas que supone «limitaciones» para España.
Ante este panorama, la publicación se plantea de dónde vendrá el crecimiento en la economía española con menos gasto público y sin reformas radicales en perspectiva, y cree que un «salvador» a corto plazo puede ser el resto de la UE, que se lleva dos terceras partes de las exportaciones del país. «España debe hacer mucho más por poner sus asuntos en orden», sentencia.

Nos hemos encontrado una página web que se llama firma tus contratos con plena validez.

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Nuestros servicios se regulan en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, conocida comúnmente como Ley de Internet.
Esta Ley favorece la celebración de contratos a través de Internet al permitir la posibilidad, en su artículo 25, de que intervengan Terceros de confianza para archivar las declaraciones de voluntad que integran los contratos electrónicos y consignar la fecha y la hora en que dichas comunicaciones han tenido lugar, siendo admisible en juicio, como prueba documental, el documento electrónico en que se archiven tales contratos.
En el artículo 23. Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica, la Ley recoge que «Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte electrónico».
Texto íntegro de la Ley 34/2002 que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a determinados aspectos de los servicios de la sociedad de la información.
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Notarios

Alvaro 26/Nov/2007
Una de las cosas que siempre me ha sorprendido (y molestado) en Chile al momento de hacer algún tipo de transacción importante es la presencia del notario. Éste actúa como ministro de fe que constata que el contrato que se firma (por ejemplo, para la compra de un auto) ha sido bien establecido acorde a la ley y se valida que quienes los suscriben son quienes dicen ser. Sin embargo, a medida que las TI – tecnologías de la información -van permeando cada vez más todas las capas de nuestra sociedad sorprende que este sistema anacrónico siga sin ver muestras de cambio. Pero vayamos por partes…
Qué es un notario
El notario es una figura legal en que un abogado de reconocida probidad que es elegido por la Corte Suprema para actuar de ministro de fe en diversas situaciones. Más técnicamente, según el artículo 399 del Código orgánico de tribunales
«Los notarios son ministros de fe pública encargados de autorizar y guardar en su archivo los instrumentos que ante ellos se otorgaren, de dar a las partes interesadas los testimonios que pidieren, y de practicar las demás diligencias que la ley les encomiende.»
Esta figura legal tenía sentido hace quizás 200 años cuando el abogado del pueblo/ciudad quien era conocido por todos era el ministro de fe que validaba el contrato que suscribían las partes.
Problemas de la situación actual
Sin embargo la situación es completamente diferente ahora: Primero, uno nunca ve al notario, sino a sus empleados. Aunque supuestamente yo debiese confiar en el notario, ¿porqué debo hacer lo mismo con respecto a sus empleados? Segundo, el hecho de que exista una cantidad fija de notarios designada por el poder judicial crea un oligopolio, con la consiguiente falta de incentivos para mejorar, entre otros, la calidad de servicio (los honorarios cobrados son fijados por ley, por lo que no puede haber competencia en ese ámbito).
Otra pregunta perfectamente válida es si el poder judicial es capaz de demostrar que quienes ocupan actualmente el cargo de notarios han sido elegidos correctamente y no producto de amiguismos, lobby o como se le quiera llamar (hay que recordar que los ingresos de los notarios son muchísimo más altos que el sueldo promedio o incluso el de un profesional promedio en Chile).
El uso de las TI – tecnologías de la información -en las transacciones
Lo que causa más extrañeza es que muchas otras transacciones que si requieren de ciertas certificaciones no pasan por el sistema notarial. En buen chileno, si puedo pagar mis impuestos, comprar, vender o pedir un certificado de nacimiento usando las TI ¿porqué debo ir donde un notario para arrendar una casa?. Más aún, la tecnología permite el uso de la firma electrónica avanzada con las ventajas de no repudiabilidad, integridad, etc. que el sistema actual difícilmente puede garantizar.

Ofertas ‘online’
La ‘banca-vivienda’ por Internet: Descuentos de hasta el 50%, subastas y notario gratis
Los bancos y cajas se han puesto las pilas en los últimos meses para dar salida a su ‘stock’ de viviendas procedentes de impagos. A través de sus respectivas webs inmobiliarias o mediante subastas por Internet lanzan ofertas con descuentos en el precio de los pisos que alcanzan hasta el 50% en el caso del Banco Santander.
Miriam Calavia Rogel – Madrid – 25/11/2009 – Cinco Días
Los bancos acumulan inmuebles procedentes de particulares, inmobiliarias y constructoras que no han podido hacer frente a los pagos. Para lograr venderlos en plena crisis han puesto en marcha iniciativas que incluyen ofertas con importantes descuentos en los precios y facilidades de financiación.
Banco Santander se lleva la palma en las rebajas de precios, que alcanzan hasta el 50%. A través de su filial inmobiliaria, Altamira Real Estate , ha puesto sobre la mesa 400 viviendas con descuentos del 30%, 40% y hasta 50%, sólo hasta el 31 de diciembre. Por ejemplo, un piso en Las Palmas de dos habitaciones y 59 metros cuadrados cuesta con el 50% de descuento ya incluido 100.000 euros.
La entidad ofrece el 100% de la financiación hasta 40 años, sin ningún gasto, y a un tipo de interés del euríbor más 0,40%.
Banesto ha puesto a la venta sólo para el mes de noviembre 1.200 casas en toda España con un descuento de hasta el 40% sobre el precio de tasación. En su web inmobiliaria, www.casaktua.com , se publican ofertas especiales cada tres días. Esta semana la entidad regala, para las viviendas seleccionadas, los gastos notariales de compraventa a cambio de firmar el contrato de arras mientras dura esta oferta. Para atender a los interesados, el banco mantiene abiertas algunas oficinas los viernes por la tarde y los sábados por la mañana.
Junto a esto, Banesto está organizando rastrillos de viviendas de segunda mano. Tras el de Madrid, del 27 al 30 de noviembre se celebra en Málaga.
Precios rebajados de hasta el 40% y con una financiación de hasta el 100% ofrece también Caja Mediterráneo (CAM) en www.oportunidadescam.es . También anuncia alquileres con opción a compra desde 160 euros al mes. Además, cuenta con un sistema de subastas de pisos por Internet que en estas fechas ofrece descuentos de hasta el 50%.
Una nueva subasta de pisos en toda España ha iniciado, asimismo, Caja Madrid con un descuento del 30% sobre la tasación. Se puede pujar entrando en la web de su filial, www.resersubastas.com , que organiza además una subasta online de 140 viviendas propiedad de Caja España situadas en la Comunidad de Madrid con precios desde 70.000 euros y descuentos de hasta el 40% del valor tasado.
Caixa Catalunya oferta alquileres por menos de 500 euros, con dos meses gratis, y descuentos de hasta el 30% en la compra de pisos. Por ejemplo, un piso en Sant Cugat del Vallés que antes costaba 320.000 euros ahora tiene un precio de 224.000 euros. Para garantizar el acceso a la vivienda, la caja ofrece el total de la financiación.
Bancaja, a través de su portal www.bancajahabitat.es , ofrece promociones semanales con rebajas. Estos días aplica un descuento de 3.000 euros en el precio de compraventa de las viviendas relacionadas con esta promoción.

Tal como establece el texto de la propia norma, ésta entrará en vigor dentro de un mes
La Ley da más agilidad a los procesos judiciales de desahucio e impago de rentas, salvaguardando las garantías de los inquilinos de buena fe
Los arrendadores podrán resolver el contrato de alquiler si necesitan la vivienda para sus hijos, padres o cónyuge en caso de divorcio o nulidad matrimonial
Se facilita la realización de obras de mejora de la eficiencia energética o hídrica y se favorece el establecimiento en los garajes de puntos de recarga de los coches eléctricos para potenciar el transporte sostenible
24 de noviembre de 2009.- El Boletín Oficial de estado (BOE) ha publicado hoy el texto de la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y eficiencia energética de los edificios. La norma va a entrar en vigor dentro de un mes, tal como queda establecido en su disposición adicional segunda.
Esta Ley, fruto del consenso parlamentario, ha sido aprobada por amplia mayoría en las Cortes. La nueva norma modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler, y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar acciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
Por lo que respecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la nueva norma amplía los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Al supuesto en el que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se añade ahora la posibilidad de que la requiera para sus hijos, sus padres y su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial. Paralelamente, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que todas estas circunstancias deberán constar expresamente en el contrato de arrendamiento.
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil está encaminada a facilitar que los arrendadores puedan recuperar su vivienda de modo rápido y sencillo en caso de incumplimientos graves del pago del alquiler sin que esto menoscabe los derechos de los inquilinos. En este sentido, la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales. Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas).
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles. Asimismo, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se facilita la instalación en el aparcamiento del edificio de un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje.

Xavier Gil Pecharromán 23/11/2009 El Economista
La Asociación de Defensa de los Usuarios de Registros Públicos ha denunciado ante los Ministerios de Economía y Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
En su escrito dice que la operación de ampliación de capital de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Colegio de Registradores de España SL (IICRE), que da paso al accionariado a título particular a los registradores es «un negocio lucrativo, sin base legal que lo ampare» y «un negocio abusivo» al permitir el reparto de dividendos con dinero procedente del arancel registral, que pagan los usuario, mediante el cobro de alquileres a los Registros.
La denuncia, firmada por el presidente de la Asociación, el notario Javier Martínez del Moral, aduce, que la gravedad de esta situación salta a la vista pues se produce un destino del arancel distinto del previsto legalmente, puesto que en lugar de ser destinado al sostenimiento del Registro que lo recauda, parte del arancel se destina, primero a aportar fondos a la sociedad IICRE y luego «a pagar caros alquileres de la sede del Registro a la misma sociedad IICRE».
Beneficios para los registradores
Esta sociedad, según la denuncia tiene como objetivo, según consta en el Memorandum remitido a los registradores: «conseguir beneficios crecientes y recurrentes para entregar a los Registradores personas físicas inversoras que suscriban la ampliación de capital».
Y razona, que «lo legal sería que los beneficios procedentes de los alquileres de sedes registrales satisfechos con el arancel registral, pagado por los ciudadanos, se destinaran a financiar proyectos de servicio público registral y no a repartirse entre los registradores inversores privados de la sociedad IICRE».
Considera, además, que «constituye un fraude al colectivo de trabajadores de los Registros», ya que parte de los fondos empleados para comprar inmuebles para alquilar a los Registros provienen del porcentaje del arancel destinado al pago de sueldos de los trabajadores (un 40 por ciento del total, una vez descontados los gastos de cada Registro, incluido el arrendamiento de local, que es el gasto más elevado. El resto, afirma la denuncia, el 60 por ciento de la masa, se la queda íntegramente el registrador.
Contra el libre mercado
También acusa al Colegio de prácticas contra la competencia al obligar a los registradores a alquilar los inmuebles de esta sociedad, «pues ningún Registro de Madrid tiene opción de ir a otra sede que no sea el nuevo edificio de la calle Alcalá 540, de la sociedad IICRE, o cualquier otra de las sedes registrales repartidas por todo el país, con lo cual no tienen ninguna capacidad de negociar las condiciones del contrato».
La Asociación solicita en su denuncia una investigación exhaustiva sobre la ampliación de capital y de las prácticas contrarias a la competencia, así como la paralización de las actividades de la compañía y la disolución y liquidación de la sociedad.

Según un informe de la Fundación Walters Kluwer, son necesarias 707 plazas más.
N. Sanmartin Fenollera – Madrid – 20/11/2009 Cinco Días
Los jueces y magistrados españoles recibieron en 2008 de media un 8,6% más de asuntos de los que pueden resolver. Esa cifra se disparó hasta casi un 30% en la salas de la jurisdicción contencioso-administrativa -tradicionalmente aquejadas de sobrecarga crónica de trabajo- y se redujo, por el contrario, en los salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia y en los juzgados de primera instancia e instrucción penal, que no llegaron al 1%.
Los datos forman parte del Informe 2009 del Observatorio de Actividad de la Justicia, realizado por la Fundación Walters Kluwer con los últimos datos cerrados, del año 2008. El cálculo para llegar a esos ratios es el resultado de relacionar la capacidad máxima de resolver asuntos por el conjunto de los órganos judiciales (teniendo en cuenta el módulo máximo de entrada de asuntos establecido por el CGPJ) y el número de asuntos realmente planteados.
«El número de asuntos que entran en el conjunto de órganos judiciales excede en un 8,59% de la mayor carga de trabajo atendible con la actual plantilla de jueces y magistrados», señalan en el informe. La situación, lejos de mejorar, refleja un incremento del 4% en la carga de trabajo respecto al año anterior. «La causa del mismo es probablemente la insuficiente creación de nuevas unidades judiciales. También contribuye el hecho de que las nuevas unidades judiciales no se implementen con el criterio estricto de atención a las mayores necesidades», explican desde la fundación.
La acumulación de trabajo en las mesas de los jueces y magistrados de lo contencioso-administrativo tiene que ver con el aumento de casos de función pública y de recursos de apelación que se han producido en esa jurisdicción, un 22% más que en 2007. Además, mantienen una carga equivalente al 16% de asuntos iniciados en el apartado «otras materias» de la estadística judicial (constante año tras año en conjunto y con diferencias significativas entre salas, ya que hay algunas a cero), «de difícil interpretación en cuanto a su contenido, ya que parece contener datos de reparto provisional cuyo cómputo duplicaría el reparto definitivo».
El informe, que ha analizado la necesidad de incrementar el número total de jueces y magistrados en atención a la carga de trabajo recibida en el año, teniendo en cuenta la localización geográfica y la especialidad jurisdiccional, concluye que para aligerar ese colapso sería necesario ampliar la planta judicial en un 13,11%. En términos de personal, ello equivaldría a una carencia, a 31 de diciembre de 2008, de 707 jueces y magistrados. La mejor relación de efectivos respecto a la carga de trabajo se da en las Audiencias Provinciales mixtas. La peor relación, en los Juzgados de lo Social, por el incremento espectacular de sus cargas de trabajo en el año 2008. En la misma situación se hallan los juzgados de lo mercantil.
Como muestra de esa carencia, la fundación recuerda que el 16,37% del total de sentencias dictadas lo son por juzgadores que no forman parte de la carrera judicial. Pese a todo, la cifra supone una mejora del 0,63% en relación con 2007

Manuel Sánchez | Madrid 22/11/2009
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado que el próximo viernes el Consejo de Ministros aprobará la Ley de Economía Sostenible que «incorporará reformas» y que será «muy comprometida», para abrir un gran debate social «que incorpore al mayor número de colectivos y de personas».
Zapatero, en un novedoso acto en el Palacio de Congresos del Parque Juan Carlos Primero de Madrid al que acudió toda la cúpula del partido, del Gobierno y de las comunidades autónomas gobernadas por los socialistas, adelantó que dicha ley contemplará la reforma del sistema financiero, con una propuesta que luego trasladará a Europa durante la Presidencia española de la UE. Según Zapatero, «vamos hacer un sistema de control, supervisión y de reglas estrictas para el funcionamiento del sistema financiero, que incluirá los incentivos e indemnizaciones de los altos directivos, para que sea la prudencia la que rija los comportamientos de todos», afirmó.
También apuntó el presidente del Ejecutivo que en la futura normativa habrá una apuesta clara por la potenciación de las energías renovables, por una educación de «primer nivel», por impulsar empresas socialmente responsables y por agilizar y modernizar las administraciones públicas.
Zapatero planteó esta ley como el gran reto para el futuro de España y se arrogó la autoría del PSOE para llevarla a cabo: «Siempre hemos sido el partido del cambio, el partido que ha sabido dar las nuevas oportunidades a la sociedad española. Lo hemos sabido hacer, lo hemos hecho y lo volveremos a hacer».
En contraposición, el líder socialista indicó que «las ideas conservadoras no tienen futuro» y aseguró que le asombraba que Rajoy reivindicara la política económica de 1996. «No se ha enterado de nada, no se ha enterado de cómo cambian las cosas. En esta crisis no hay que volver a las políticas de 1996, ni de 2000 ni de 2004… hay que hacer las políticas del siglo XXI».

Noviembre 5th, 2009 – blogsfinancieros.es

Feapen asegura que en los traslados se despide al 30%

La patronal notarial y la Federación Estatal de Asociaciones de Empleados de Notarías (Feapen) llevan tres años negociando la firma de un convenio colectivo. Sin resultado hasta la fecha, debido a la inestabilidad e inseguridad laboral, según los trabajadores.

Una representación de Feapen, encabezada por su presidente, Juan Carlos Rodicio, se reunió el pasado martes con la directora general de los Registros y del Notariado (DGRN), María ́ngeles Alcalá, Aunque la reunión transcurrió de forma cordial y positiva, según Feapen, tanto la directora general como los empleados de notarías coincidieron en que por encima de los rifirrafes entre el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de España se encuentra el interés de los ciudadanos”y prestarles un servicio correcto.

Feapen pidió a Alcalá una reunión con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, para exponerles la difícil situación en la negociación entre notarios y empleados. Los representantes de estos últimos advirtieron de movilizaciones a la directora general. “No podemos tener paz social, si continúa el ninguneo de los fedatarios a los más elementales derechos laborales y profesionales.

Entre las peticiones de Feapen, destaca la modificación estructural de la oficina notarial y el reconocimiento por ley o reglamento de las funciones que realiza el personal de notarías, muchos de ellos licenciados en derecho.
El presidente de Feapen pidió al Ministerio de Justicia que se modifique o desarrolle la Ley Notarial y su Reglamento para que “de la misma forma que se regula el traslado de un notario y la continuidad del protocolo, también se regule la continuación de los empleados.

Los representantes de los empleados trasladaron a la directora general su malestar por la inestabilidad laboral”que afecta a 20.000 trabajadores (de ellos, 7.000 son licenciados en derecho) que desempeñan su labor en las 3.000 notarías repartidas por toda España.

Rodicio pidió a Alcalá la puesta en marcha de una oficina pública notarial, independiente del notario que la ocupe. La movilidad de los fedatarios es bastante elevada, sobre todo al principio del ejercicio de la profesión.
Movilidad del notario Desde Feapen, se defendió una oficina notarial que subsista al notario de turno. Para ello pusieron el ejemplo de países de nuestro entorno jurídico como Francia o Bélgica, donde la notaría no decae en ningún momento en su función. Este sistema también se utiliza en Andalucía y Murcia.

Con la situación actual, los empleados de notarías están expuestos a la inestabilidad laboral.

En cada traslado del fedatario (por cambio de vacante o ascenso de categoría) se elimina un 30% del empleo en la oficina notarial. Por ello, se propuso que en los traslados, el mismo notario que se hace cargo del protocolo esté obligado a continuar con el mismo personal del fedatario que se ha trasladado.

La crisis está obligando a muchos notarios a reducir la plantilla de sus oficinas. Feapen denunció ante Alcalá que existen algunos fedatarios, que torciendo el “principio de buena fe y ética profesional, concurren a otra plaza dentro de la misma localidad (pusieron el ejemplo de Madrid) y por ley indemnizan a sus empleados con un mes de liquidación. A continuación, estos profesionales son sustituidos por la mujer y familiares del notario, sin ninguna preparación, según Rodicio.

Para 2012
Se debe a que las autoridades quieren que bancos y cajas de ahorros estén en disposición de soportar tanto las pérdidas esperadas como las inesperadas
20/11/2009 – Europa Press – Finanzas.com
El director general de Regulación del Banco de España, José María Roldán, anunció hoy que viene un «tsunami regulatorio» a escala europea en materia de recursos propios que incluirá mayores requisitos de capital a las entidades financieras y que, probablemente, se pondrá en marcha en 2012.

Roldán explicó que las mayores exigencias de recursos propios mínimos se debe a que las autoridades quieren que bancos y cajas de ahorros estén en disposición de soportar tanto las pérdidas esperadas como las inesperadas, para que sean capaces de seguir operando, incluso tras entornos económicos muy desfavorables.
«La función de intermediación es tan vital para el crecimiento económico que tienen que ser capaces de soportar situaciones extremas», dijo el director general de Regulación del Banco de España, que participaba en unas jornadas organizadas por la patronal de las cajas de ahorros sobre los retos de la Presidencia española de la UE.
«El sentido de la reforma de la regulación de los recursos propios mínimos es ‘a más’, por las lecciones extraídas de la crisis financiera», recalcó Roldán. Antes de la crisis, se estudiaba aumentar los requerimientos de capital por cartera de negociación en un 10%, mientras que ahora se debate incrementarlos un 300%. «Esta es una de las grandes sorpresas de la crisis», consideró.
Asimismo, Roldán subrayó que crecerán las exigencias de capital para las entidades financieras por realizar titulizaciones complejas, así como los colchones para afrontar crisis económicas, con el fin de que no se produzcan «indebidas restricciones de crédito».
Al ser preguntado sobre la tesis que defiende que mayores requerimientos de capital puede derivarse en una restricción del crédito, Roldán sostuvo que «no se puede evitar pedir más capital», pero matizó que «hay que hacerlo de forma proporcionada, en función de los riesgos».
Se trata, especificó, de «ser extremadamente cuidadosos y no disparar a todo lo que se mueve», si bien incidió en que «al final, no hay nada más procíclico que una entidad financiera mal gestionada y poco capitalizada», modelo que falla en momentos de crisis y deja de conceder crédito adecuadamente, lo que puede empeorar el escenario económico.
Mercado financiero «en la sombra»
Sobre los orígenes de la actual crisis financiera, Roldán destacó la incidencia que han tenido «los agentes en la sombra», que han estado sosteniendo un sistema financiero al margen de la regulación y la supervisión del modelo de negocio clásico de las entidades financieras.
En este sentido, el director general de Regulación del Banco de España mencionó la concesión de créditos realizados «sin provisiones ni capital», como ha sido el caso de las hipotecas ‘subprime’ que inundaron el mercado inmobiliario norteamericano y contagiaron al sistema financiero mundial a través de las titulizaciones y derivados financieros. «La crisis ha puesto de manifiesto los peligros de tener actividad financiera fuera de regulación», apuntó.
Roldán explicó que las crisis financieras son «eventos que pasan cada 100 años» y que el origen de la actual crisis esta en el «modelo bancario», ya que en el momento que se produjo la «tensión financiera» previa a la llegada de la recesión, los efectos del crédito ‘mal dado’ «acabo recayendo sobre las propias entidades financieras, que tuvieron que ser rescatadas en muchos casos.

El Sistema de Información Urbana recibió más de dos millones de visitas en los tres primeros días, lo que indica el gran interés en la información sobre urbanismo y suelo.
Desde la Ley del Suelo de 2007 hasta la reciente reforma del Código Penal, el Gobierno ha aprobado importantes medidas para prevenir los delitos urbanísticos.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Vivienda en el que se recogen las medidas adoptadas por el Ministerio para fomentar la transparencia en la gestión urbanística y luchar contra la corrupción en ese ámbito.
Entre esas medidas destaca la puesta en marcha del Sistema de Información Urbana (SIU), una nueva herramienta digital desarrollada por el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de incrementar la transparencia en materia de suelo y urbanismo.
El nuevo sistema, que ya está disponible de manera libre y gratuita en Internet (http://siu.vivienda.es), recibió en los tres primeros días de funcionamiento más de dos millones de peticiones de acceso al portal, lo que indica el gran interés que existe en la actualidad por poder acceder a este tipo de información de una manera ágil y transparente.
El SIU recoge información relativa al planeamiento urbanístico, la ocupación y usos del suelo, las clases de suelo y las áreas en desarrollo; es decir, ayudará a conocer mejor cómo se están transformando nuestro territorio y nuestras ciudades, y dónde hay suelo disponible, en qué cantidades y para qué usos. Incorpora, además, otros datos estadísticos y censales como superficie, población, densidad de población, número de viviendas o número de hogares.
El sistema dispone en la actualidad de información sobre la clasificación de suelo y las áreas en desarrollo de 369 municipios que concentran a 22,6 millones de habitantes, es decir, al 50 por 100 de la población total de España. A lo largo de 2010 incluirá información de, aproximadamente, dos mil municipios pequeños que no cuentan con figura de planeamiento o que únicamente tienen proyecto de delimitación de suelo o normas subsidiarias, y también la de otros 85 municipios con plan general, de manera que estén ya disponibles los datos de 48 de los 50 municipios más poblados.
El SIU se integra dentro del Portal de Suelo y Políticas Urbanas que gestiona el Ministerio de Vivienda, donde también pueden encontrarse otras herramientas de información, como el Atlas Estadístico de las ́reas Urbanas, la Red Europea de Conocimiento Urbano o la Red de Iniciativas Urbanas puesta en marcha recientemente por los ministerios de Vivienda y de Economía y Hacienda como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria.
En el capítulo de medidas en favor de una mayor transparencia, la Ministra también ha destacado el Programa Urbanismo en Red, desarrollado por red.es en colaboración con el Ministerio de Vivienda, cuyo principal objetivo es digitalizar la gestión de los planes urbanísticos municipales y publicarlos a través de Internet, con lo que contribuye a incrementar la información del SIU.
Medidas legales
El SIU no es una iniciativa aislada, sino que se une a todo un conjunto de medidas aprobadas por el Gobierno para fomentar la transparencia, el desarrollo urbano sostenible, la participación ciudadana y el control sobre el urbanismo, elementos todos ellos fundamentales para evitar y, en su caso, detectar y reaccionar contra el fraude y la corrupción urbanística. El compromiso del Gobierno para acabar con estas prácticas ha quedado reflejado nuevamente en la reforma del Código Penal, que va a permitir mejorar la tipificación de los delitos urbanísticos, endurecer las penas y ampliar las conductas punibles de autoridades y funcionarios públicos.
Pero, ya desde 2007, la Ley de Suelo establece toda una serie de medidas para atajar el fraude y la corrupción, como la obligación de identificar a los propietarios de los últimos cinco años de aquellas fincas que sean objeto de recalificación, en el caso de que ésta conlleve plusvalías, de manera que todos los ciudadanos puedan conocer a quiénes favorecen las decisiones que toman sus representantes.
Además, los Ayuntamientos deben publicar en la web los planes vigentes y el resto de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como todos los actos relevantes de tramitación.
La Ministra ha explicado, asimismo, que los convenios urbanísticos tienen que someterse a información pública antes de ser aprobados y cuando sean convenios de planeamiento deben aprobarse en el Pleno municipal y no simplemente en una comisión o por decisión del alcalde. Igualmente, se prohíbe que mediante convenio se pueda modificar la ordenación urbanística o imponer a los propietarios más cargas que las legales.
Por otro lado, la Ley de Suelo modificó la legislación de régimen local, de modo que los Concejales y los directivos municipales, aunque no sean electos, tienen que hacer declaraciones públicas de sus bienes y actividades privadas y, si tienen responsabilidades ejecutivas, tendrán prohibida la actividad privada en esa materia y término municipal durante los dos años posteriores al cese.

21.11.2009 – Mabel Caballero – lavozdigital.es
No, no son dos simpáticos ratoncitos de Play House Disney. Ni dos cosas que podría hacerte tu ginecólogo, sino un derecho que tiene la Junta de Andalucía (o sea, todos nosotros) para recuperar las VPO que salen a la venta.
Según la última Ley de Vivienda, el Gobierno autonómico tenía derecho a adquirir toda vivienda protegida que saliera al mercado para, de esta forma, adjudicársela a otra persona que lo necesitara (se supone que hay muchos en esa situación).
Cuando la Ley salió, muchos promotores, pero también miles de propietarios acostumbrados a especular con sus pisos, se echaron las manos a la cabeza. Un empresario acusó entonces a la Junta de «banda de comunistas». Todo eso dicho off the record, que como se sabe es el modus operandi de los valientes. Pero una cosa es que los empresarios -que votan a la derecha- se indignen y otra que se pierda votos entre la clase media. Esa clase media (antecesora del mileurista), acostumbrada a trapichear con sus VPO vendiéndolas por la cantidad estipulada mientras por debajo de la mesa se entrega un fajo de billetes y el notario silba la copla tan española de «aquí no ha pasado nada».
Y como lo que estaba en juego eran votos, sencillamente, ese derecho de tanteo y retracto no se ejerce. Si usted quiere vender su VPO no tiene más que acudir a la Junta, devolver las ayudas, esperar la autorización y presentar al comprador. Si usted es honrado -o cree que los tiempos no están como para exigir en B- se lleva la cantidad estipulada. Si consigue engañar a un pardillo o un desesperado (especie en extinción en el mercado inmobiliario), se deshace del piso y se lleva sus milloncejos. Y la Junta, a silbar.

20-11-2009 , por Victoria Martínez-Vares – Madrid – Expansión
El número de asuntos pendientes de resolver en el año 2008 se incrementó en el 69,87% de los tribunales españoles lo que supone que sus tiempos de respuesta empeoraron ocho puntos con respecto al año anterior. Así se ha puesto de relieve en el Informe 2009 del Observatorio de la Actividad de la Justicia que cuenta con diez parámetros con los que cada año calibra la marcha de la Justicia en España.
Los técnicos del Observatorio, creado por la Fundación Wolters Kluwer y presidido por el magistrado y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, achacan este notable empeoramiento del indicador a las huelgas rotativas de funcionarios que se produjeron en dicho período, así como el incremento de la entrada de asuntos y la interinidad, circunstancias todas ellas que han contribuido a agravar la situación tradicional de retraso en la resolución de asuntos.
IPC de la Justicia
El Observatorio, que ayer presentó en la sede del Auditorio del despacho Garrigues el ͍ndice Global de la Actividad Judicial -una especie de PIB o IPC de la Justicia con el que poder estudiar la evolución del sistema en su conjunto-, ha estudiado a través de tres de sus indicadores la carga total de trabajo que soportan nuestros tribunales, calibrando tanto el número de asuntos recibidos en el año como los pendientes de resolución de períodos anteriores y poniéndolos en relación con la capacidad máxima de absorberlos que tiene la actual plantilla de jueces y magistrados.
De esta forma, teniendo en cuenta que los litigios que entran superan en un 8,59% la capacidad máxima de resolver que tienen nuestros juzgadores, el Observatorio concluye que España necesita 700 nuevos jueces, es decir, que la planta actual debe ampliarse un 13,11%.
Pese a todo, este indicador -el que mide la la necesidad de incrementar el número total de jueces en atención a la carga de trabajo recibida en el año- ha mejorado tres puntos con respecto al año anterior lo que puede deberse, según resaltó el director del Observatorio Enrique López durante la presentación, a que “las unidades judiciales fueron creadas dónde realmente hacían falta”. En este sentido, desde el Observatorio consideran relevante que para crear nuevos órganos se atienda a las necesidades reales y no a criterios de reparto político entre Comunidades Autónomas.
En este indicador ha quedado patente que los órganos judiciales con una peor relación entre la planta judicial que tienen en atención a la carga de trabajo que soportan son los Juzgados de lo Social y los de lo Mercantil, una situación que puede tener mucho que ver con la actual coyuntura económica.
De todo ello se deduce que la actual plantilla de jueces y magistrados de España no tiene capacidad para absorber las cotas de litigiosidad alcanzadas en los últimos años. Por ello, y en aras a mejorar la actual situación de la Justicia, López pedía ayer que se “aborden reformas legales tendentes a reducir la litigiosidad”, ya que no resulta razonable que un sistema judicial soporte “incrementos sostenidos de litigiosidad superiores al 6% anual”.
Ejecuciones
Otro de los indicadores estudiados por el Observatorio es el tiempo que se tarda en ejecutar las resoluciones, un dato que interesa a los ciudadanos por cuanto éstos no sólo se contentan con el hecho de que se dicte la sentencia que reconoce su derecho, sino que esperan que ésta se ejecute.
En este caso, el informe apunta a que un 44,21% de las ejecuciones solicitadas sobre resoluciones firmes no son resueltas dentro del año en curso. Este indicador observa una mejora del 0,62% con respecto a 2007 lo que ha podido deberse a una mejor organización del trabajo en las oficinas judiciales. En el estudio destaca la eficacia de la actividad ejecutoria de los Juzgados de lo Social que alcanza una tasa del 95%.
En el extremo opuesto se encuentra la primera instancia civil, con un 32,53% de resoluciones firmes ejecutadas.
Los mejores resultados que arroja el estudio son los que se desprenden de los indicadores que evalúan la confiabilidad de las sentencias de primera y segunda instancia. En este punto, las cifras demuestran que de todas las sentencias que se apelan sólo el 23,78% resultan modificadas por la instancia superior. Y sólo el 9,67% de las sentencias y resoluciones recurridas ante el Tribunal Supremo fueron revocadas.
En este ámbito, el mejor resultado corresponde a la casación penal, con un índice de confirmación de sentencias del 95,84% y el peor a la jurisdicción contencioso-administrativa cuyo índice de confirmación es del 84,05%.
Finalmente, el Observatorio concluye señalando que el IPC de la Justicia registrado para 2008 es del 68,40% frente al 73,01% registrado en 2007, lo que supone una caída de cerca de cinco puntos como consecuencia de la variación negativa de los indicadores referidos a carga de trabajo, duración de los procesos, cumplimiento del módulo de dedicación y comparación interanual de la duración de los procesos.
Antonio Dorado, vocal del Consejo General del Poder Judicial, apuntó que los resultados del Observatorio muestran que “pese a los esfuerzos que se han realizado, la situación no ha mejorado lo suficiente”. En igual sentido, Alfonso Cuenca, viceconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, apostó por “tomarnos en serio la implantación, de una vez por todas, de métodos alternativos de resoución de conflictos”.
Antonio Garrigues, presidente del despacho Garrigues, aplaudió la iniciativa de la Fundación Wolters Kluwer de medir la actividad de la Justicia porque “todo lo que se mide, mejora”. Para Caridad Hernández García, directora general de relaciones con la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia, “se ha tomado impulso para dar en poco tiempo los resultados que la ciudadanía espera en relación a la Justicia”. No obstante, reconoció que hay “mucho trabajo por delante”. Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, ofreció toda la experiencia de las escuelas de práctica jurídica para enseñar técnicas de mediación, de transacción y para coadyuvar a implantar la cultura del arbitraje.

19/11/2009 Agencias. El Mundo
Madrid.- El presidente de Aguirre Newman, Santiago Aguirre, ha asegurado en la Jornada del Observatorio de la Vivienda, organizada por el despacho Garrigues y el Consejo General del Notariado, que «es muy posible que las entidades financieras se enfrenten en los próximos 18 meses a una situación inmobiliaria que ponga en duda su propia existencia». La inclusión de viviendas y bolsas de suelo en sus balances hará que la situación pueda hacerse «insostenible».
Aguirre ha afirmado que, en el caso del ‘stock’ de viviendas, existe la posibilidad de bajar los precios para situarlos en una horquilla media de entre el 20% y el 40%, pero que, en el caso del suelo, se plantea un problema «sin solución más que a largo plazo». De hecho, José Manuel Galindo, presidente de la patronal de los promotores y constructores de España (APCE), se ha atrevido a poner fecha de caducidad a este ‘stock’ de pisos en 2015.
En este sentido, Aguirre explica que «muchas veces se critica a los bancos sin tener en cuenta que muchos de ellos están en riesgo de supervivencia». «No es que no quieran financiar a los promotores, es que tienen que ser prudentes», añade.

Pregunta: Joan Herrera Torres. ER-IU-ICV
¿Qué reformas y medidas concretas impulsará el Gobierno para combatir la corrupción política fruto de los escándalos relacionados con la especulación urbanística?

Respuesta: Francisco Caamaño, ministro de Justicia
Frente a la corrupción, tolerancia cero. Combatir la corrupción es algo que incumbe a todos los niveles de gobierno, a cada uno en el ejercicio de sus competencias. Y el Gobierno de España ha ejercido con firmeza las suyas y le puedo garantizar que lo seguirá haciendo.
Coincidimos en los aspectos de fondo. La corrupción, con independencia de la forma que adopte, pública o privada, urbanística o de otro tipo, afecta al núcleo del sistema democrático, por lo que debe ser perseguida y erradicada sin ningún tipo de miramientos. Y esto es lo que ha hecho y está haciendo este Gobierno.
Le recuerdo que:
– hemos reformado la Ley del Suelo para poner fin al “todo urbanizable” que introdujo la ley de 1998.
– hemos modificado la Ley de Montes para protegerlos y evitar que se especule.
Y acabamos de aprobar en Consejo de Ministros una reforma del Código Penal en la que se da una nueva regulación a los delitos de corrupción, tanto pública como privada, y se agravan las penas.
Pero el Gobierno no sólo ha actuado en el plano legislativo sino que también ha adoptado medidas ejecutivas.
– Hemos potenciado a la Fiscalía Anticorrupción que tenía 10 fiscales en 2004 y hoy tiene el triple.
– Además, todas las Fiscalías Provinciales cuentan con secciones especializadas en delitos medioambientales y urbanísticos
– Existe una unidad especial de la Guardia Civil.
Y se han articulado fórmulas de coordinación e intercambio de información entre instituciones vinculadas con este sector como la Agencia Tributaria, Notarios, Registradores y el Catastro.
La aplicación de todos estos instrumentos está dando sus resultados y eso hace que afloren más casos de corrupción. De hecho, el Grupo de Estados contra la Corrupción -GRECO- reconoce en su Informe de 2009 que ha habido “grandes mejoras” en la lucha contra la corrupción en España.
Informe, por cierto, cuyas recomendaciones estamos cumpliendo. Porque el Gobierno no va a cesar en su empeño ni en su firmeza contra la corrupción. Y, si son necesarias otras medidas, se adoptarán.

E. Sanz – 19/11/2009

El mercado inmobiliario español sigue sufriendo las consecuencias del estallido de la burbuja del ladrillo. Los precios mantienen su tendencia bajista, los plazos de venta se alargan…
El tiempo necesario para vender una vivienda de segunda mano asciende a 344 días, más de 11 meses. Hace cinco años, en 2004, se tardaba cuatro veces menos, 88 días, según un estudio publicado por idealista.com.
Esta cifra se reduce en el caso de los grandes mercados inmobiliarios del país. En Barcelona, por ejemplo, son necesarios 304 días y 320 en el caso de Madrid. Por poner los datos en perspectiva, hace sólo un año se tardaban 217 y 242 días respectivamente.
La diferencia es especialmente llamativa si nos remontamos cinco años atrás. En 2004 se tardaban 76 días en Barcelona y 86 en Madrid. Y, según los expertos, el tiempo seguirá creciendo cada año.
La provincia española donde más tiempo se tarda en vender un piso es ́vila, 523 días, seguida por Segovia -400 días-, Castellón -399-, Alicante -398- y Granada -397-.
Para Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com, “no hay que olvidar que estos datos se refieren a las viviendas que finalmente han encontrado un comprador. Todas aquellas cuyos precios se encuentran fuera del alcance real de la demanda no se han incluido porque no se han vendido, y hasta que no ajusten su precio, no se venderán”.
Según los últimos datos del INE, en septiembre, la compraventa de viviendas volvió a registrar caídas de dos dígitos. En el caso de la vivienda usada, las operaciones descendieron un 14,4% respecto al mismo mes de 2008, si bien, en tasa intermensual, las transacciones experimentaron un repunte del 14,2% respecto a agosto.
La dificultad para cerrar operaciones, unido al elevado stock de viviendas -1,7 millones de pisos según R.R. de Acuña & Asociados-, se ha traducido en la caída de precios, que ya acumulan dos años y seis meses de caídas, según el último índice de precios inmobiliarios que elaboran la escuela de negocios IESE y Fotocasa. Desde abril de 2007, cuando el metro cuadrado alcanzó su valor máximo, los precios han caído un 19,2%.
Y según los expertos, todavía no han tocado suelo. La consultora inmobiliaria Aguirre Newman sostenía recientemente que los inmuebles de primera mano aún deberían bajar entre un 8% y un 12%, y entre un 10% y un 15% en el caso de la segunda residencia. Standard & Poor’s se mostraba más pesimista en verano. Entonces auguraba recortes del 20% en 2009, del 10% en 2010 y del 5% en 2010. En total, un 30% en los próximos tres años.
Miguel Hernández, experto del sector inmobiliario del IE Business School, el tiempo de espera a la hora de comprar un piso depende de la situación económica del comprador y de su liquidez. «Con una posición salarial razonable o con cash, la compra de la vivienda puede cerrarse en un minuto y con descuentos de hasta el 30%».
En su opinión, es necesario que los precios bajen radicalmente, algo que por ahora sigue siendo complicado ya que los bancos no quieren vender por debajo de la hipoteca aquellos pisos que han embargado a particulares y promotores. Un particular, por el contrario, tiene mayor margen a la hora de bajar precios, ya que puede hacerlo sin perder dinero y aliviando sus deudas con el banco».
La vivienda de segunda mano sufrirá más que la vivienda nueva
Hasta ahora, el mercado de segunda mano ha sufrido con mayor virulencia el descenso de las ventas desde que estalló la burbuja inmobiliarias debido, según comentaba hace unos meses Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña, presidente R. R. de Acuña & Asociados, “al interés mostrado por las instituciones financieras por cerrar las operaciones pendientes relacionadas con la financiación de promociones”.
No obstante, en septiembre, los últimos datos del INE muestran que la caída de operaciones de compraventa fue mayor en el caso de viviendas nuevas que usadas. “Conservar las viviendas en stock a los promotores y a las entidades financieras les cuesta dinero cada día que pasa”, exlpicaba a Cotizalia.com.
Y la situación no mejorará, en su opinión, al menos hasta que las entidades se vean libres del exceso de créditos que tienen con los promotores. «Hasta que esto se produzca, la segunda mano seguirá registrando fuertes descensos de ventas y por tanto de los precios». Unos precios que tienen mayor recorrido a la baja que las viviendas de nueva construcción por varios factores:
– Por lo general, quien vende una vivienda usada tiene un margen mayor para bajar precios sin incurrir en pérdidas al tratarse, en la mayoría de los casos de un bien adquirido a un costo histórico mucho menos que el precio de venta actual. En este caso, el vendedor tiene un recorrido superior de bajada de precios sin que por ello asuma una pérdida.
– Por otra parte, el oferente de la vivienda de segunda mano suele actuar por el método del tanteo. Fija un precio de venta inicial y si no vende en un tiempo prudencial irá ajustando el precio a la baja. Este precio se va ajustando por jalones, es decir, cuando no vende baja el precio, pero como eso ya lo han hecho también el resto de los oferentes, sigue sin vender lo que obliga a volver a repetir la operación y así sucesivamente -este proceso es el que seguirá hasta que la oferta y la demanda se ajusten-. Cuando esto se produce, realmente el que vende es el que baja más el precio, el que tiene más necesidad de vender.
– Finalmente, en el caso de la vivienda nueva la flexibilidad a la baja del precio viene limitada por el margen empresarial del promotor. Su precio difícilmente puede descender por debajo de este margen comercial, ya que produciría una pérdida. «Si nos sustentamos en los balances consolidados de las inmobiliarias a 2006/2007, el ratio de resultado de explotación se situaba en torno al 15%-20%. Esto quiere decir que la flexibilidad máxima de precios que se podría dar, sin incurrir en pérdidas, sería de este orden», rezaba el último Anuario Estadístico del Mercado Inmobiliario Español 2009 de R. R. de Acuña & Asociados.

Tras dos jornadas marcando máximos intradía por encima de los 12.000, el selectivo cierra por encima de una cota psicológica que no superaba desde el 11 de agosto de 2008
J.C.G. – Madrid – 18/11/2009 – El País
A la tercera va la vencida que podría decir el tópico. El Ibex 35 ha cerrado por fin por encima de los 12.000 puntos, algo que no ocurría desde el 11 de agosto de 2008, tras dos jornadas marcando máximos intradía por encima de esa cota psicológica que a algunos les parecía una resistencia difícil de romper. En una jornada de marcada tendencia alcista y que ya empezaba con subidas, el selectivo español ha ganado un 0,63% para cerrar en los 12.034 puntos.
Con este nuevo máximo, el Ibex sigue con una tendencia alcista moderada pero continua que no refleja el comportamiento de la economía española. Las ganancias en lo que van de año son del 30,8%.
El Ibex, que lleva unos días buscando consolidar posiciones por encima de unos 11.900 puntos que hace no tanto parecían infranqueables, se ha visto perjudicado por la apertura a la baja de Wall Street, pero en esta ocasión las ventas no han ganado la partida en el ánimo de los inversores, algo que sí había ocurrido el lunes y el martes.
El Dow Jones de Industriales, el espejo en el que se mira el selectivo español desde el inicio de la crisis para determinar su comportamiento en la parte final de la jornada, ha abierto a la baja y se dejaba un 0,28% minutos después del inicio de la sesión, situación que no ha pasado desapercibida para el Ibex. Así, el principal índice de la bolsa española se quedaba en una subida del 0,57% a las 16.10, eso sí, aún por encima de la cota de los 12.000. A medida que avanzaba la sesión, el Dow Jones seguía ahondando sus pérdidas, que llegaban al 0,6% por los malos datos de IPC y vivienda.
Al final, el peso del buen comportamiento de los grandes valores en el parqué madrileño ha sido suficiente para marcar un máximo anual por encima de los 12.000. Así, los principales valores del índice han repuntado: Telefónica ha subido el 1,13% Iberdrola, el 0,77%; el Banco Santander, el 0,47%; el BBVA, el 0,38%, y Repsol YPF, el 0,32%.
Por otro lado, con el euro a 1,495 dólares y el oro disparado como valor refugio, el comportamiento de los principales mercados bursátiles europeos ha sido dispar. Así, el Dax alemán ha ganado un 0,16% mientras que el CAC-40 parisino y el FTSE 100 de Londres han registrado ligeras pérdidas, del 0,02% y el 0,07%, respectivamente.

18-11-2009 , G.M. Nueva York – Expansión

El presidente de EEUU cree que la economía, que ha visto crecer el IPC un 0,3%, puede contraerse.

Barack Obama tiene miedo. El presidente de Estados Unidos, que ha activado toda la maquinaria del Gobierno para combatir la crisis y que ha visto cómo la primera economía del mundo volvía al crecimiento en el tercer trimestre del año, cree que se puede producir una segunda recesión. Así lo aseguró el miércoles en una entrevista con la cadena de televisión Fox, perteneciente al grupo Murdoch y defensora del libre mercado.

Obama indicó que «es importante reconocer que, si seguimos añadiendo deuda pública, en mitad de la recuperación, la gente puede perder su confianza en la economía de EEUU, lo que puede provocar una doble recesión». Actualmente el país posee una deuda pública de 12,03 billones de dólares (8,8 billones de euros), según las cifras oficiales del Departamento del Tesoro. Esta cifra, la más alta del mundo, representa el 83% del PIB (datos de 2008).

Más medidas

A pesar de admitir el peligro de una segunda recesión, Obama afirmó que estudia más medidas para combatir el desempleo, que está en el 10,2%. «Estamos analizando nuevas desgravaciones fiscales para animar a las empresas a contratar cuanto antes», señaló el presidente de EEUU, que reiteró que no desea dirigir ninguna empresa y que espera salir del capital de la banca y la automoción cuanto antes.

El presidente, cuyos índices de aceptación han caído al 48% (según una encuesta revelada el miercoles por Quinnipiac University), coincide con la opinión de economistas que también temen la segunda recesión, como Don Miller (de Money Morning) o Peter Morici (escuela de negocios de la Universidad de Maryland). Noubel Roubini (NYU) también cree que esta posibilidad es real, si el Gobierno no da luz verde a un segundo plan de estímulo (la Administración aprobó un primer proyecto por 787.000 millones de dólares).

Reestructuración de las cajas
Gerardo Camps, el vicepresidente y consejero de Economía de la Generalitat Valenciana, ha afirmado en los pasillos del parlamento autonómico que «Caja del Mediterráneo entrará en pérdidas en 2010». Las declaraciones, realizadas en un corrillo con periodistas, suponen un paso más en la escalada de declaraciones de Camps en busca de la fusión de Bancaja y CAM y huyendo de la posibilidad que, según él, baraja el Banco de España de crear un SIP (una fusión virtual) con Caja Madrid, CAM y Caixa Galicia.
J. Clemente / Agencias – Valencia – 18/11/2009 Cinco Días
El conseller de Economía, Hacienda y Empleo ha advertido que el Gobierno valenciano no aceptará «presiones» en su labor de «velar» para que los órganos de gobierno de las cajas de ahorro puedan tomar las decisiones «que estimen oportunas» sobre las fusiones. Camps ha incidido en que no aceptará estas presiones «vengan de donde vengan y de quien vengan», y ha recordado que es labor del Consell «velar» por la independencia de las cajas.
«Eso trae consigo que éstas puedan adoptar -decisiones- sin ningún tipo de presión externa, y con plena independencia y libertad», ha declarado para recalcar que a partir de estas premisas «todas las posibilidades están siendo estudiadas por las cajas de ahorro valencianas».
Preguntado sobre los estudios que se puedan estar haciendo sobre el proceso que se ha abierto por parte del Banco de España de posibles fusiones, absorciones, alianzas o integraciones entre las cajas de ahorro españolas, ha señalado que esto «hay que preguntárselo a las cajas de ahorro, no al Gobierno». «Son ellas las que están realizando todos los estudios de carácter técnico», ha sentenciado.
En cuanto a la situación en la que quedarían las plantillas de ambas entidades financieras, ha asegurado que esta cuestión preocupa al Gobierno valenciano, pues es competencia suya «velar por la seguridad en el trabajo».
Así, ha garantizado que el Consell actuará igual que lo hace con cualquier expediente de regulación de empleo (ERE), en el que se garantiza que se cumpla con toda la legalidad y se busca «preservar el mayor número de puestos de trabajo posible».

Miguel Benito – 16/11/2009 Cotizalia
Por polémica que pueda resultar la multa de 120,73 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a tres aseguradoras (Asefa, Mapfre Empresas y Caser) y cuatro reaseguradoras (Scor, Munich Re, Swiss Re y Mapfre Re), una obviedad se abre paso: si finalmente se hace efectiva, serán los futuros asegurados que contraten los seguros decenales de la edificación los que pagarán la multa, ya que según una de las teorías en la que sustenta el seguro, la mutualización de los riesgos y de los gastos, verán incrementados sus seguros en la parte proporcional.

Tras la entrada en vigor, el 6 de mayo de 2000, de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), se impuso una garantía decenal para daños estructurales en edificios de viviendas que, en la práctica, es un seguro obligatorio. Sin él, no es posible inscribir en el Registro de la Propiedad los edificios de viviendas de obra nueva. Este nuevo seguro, cuya inspiración parte de la ley francesa de 1978 conocida como Spinetta, ha acompañado el boom inmobiliario de los últimos años, alcanzando los 520 millones de euros en primas en 2006, y reduciéndose de forma significativa en los dos últimos años.

Sin embargo, en el momento de su implantación, casi ninguna empresa contaba con los conocimientos técnicos para hacer viable este seguro, y en la práctica, casi se reducía a una entidad: Asefa, filial en un 60% de la mutua francesa especializada en este tipo de riesgos SMABTP, así como de las entidades que participaban en su reaseguro: Scor, Swiss Re, Munich Re, etc. Todo esto provocó en la práctica que se dieran muchas similitudes en la fijación de precios, donde algún reasegurador ya desaparecido del mercado español, como Trenwich, marcaba la diferencia, lo que a la larga provocó su abandono del mercado.

El legislador no previó que el seguro decenal, por los grandes capitales asegurados que representa, es inviable sin la cobertura del reaseguro, es decir, sin el seguro del seguro. Curiosamente, este argumento es el que Mapfre ha dado a conocer al discrepar absolutamente, junto al resto de afectados, de la resolución de la CNC. Mapfre destaca el voto discrepante de Fernando Torremocha, vicepresidente del Consejo de la Comisión, que afirma que la Resolución “ha deslocalizado su real objeto o causa de infracción”, alega que la situación se produce por la aparición de un seguro nuevo que es inviable sin el reaseguro, lo que ha requerido una determinada actuación “dentro siempre de la más absoluta corrección”, y añade que la Resolución “no está capacitada para imponerles una sanción de hasta el 10% del volumen de ventas, sino tampoco de hasta la cifra cerrada de 901.518,16 euros”.

Perplejidad en Unespa

Tanto Mapfre como la asociación empresarial Unespa recuerdan que en la actualidad está en revisión por parte de la Comisión Europea la aplicación del Derecho de la Competencia al sector asegurador, “por la necesidad de dotarlo de un marco normativo que ofrezca la necesaria seguridad jurídica para los distintos operadores del mismo”, lo que evitaría resoluciones como esta.

El sector asegurador y los operadores sancionados se han mostrado perplejos ante la citada resolución de la CNC, que dice apoyarse en los esporádicos encuentros que los técnicos del ramo de las distintas compañías sancionadas mantenían, y que al parecer quedaron plasmados en un documento al que la CNC tuvo acceso. Pero se produce una paradoja, sin el reaseguro es inviable este ramo y la resolución sanciona a los únicos cuatro reaseguradores globales que sobre el particular entienden algo. De retirar su oferta, colapsarían el mercado.

15-11-2009 , Sara Martínez Expansión.com
¿Buen momento para la compra? Precios en descenso, Euribor en mínimos históricos, sobreoferta por doquier para poder elegir la vivienda de nuestros sueños, medidas fiscales que entrarán en vigor los próximos meses… Si en teoría se dan las mejores circunstancias en la última década para convertirse en propietario de una vivienda, ¿por qué no se venden casas?

Para mitigar y corregir los efectos negativos que ha generado la crisis económica sobre el sector de construcción y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas, las Administración estatal y las autonómicas están acometiendo una serie de iniciativas en materia de suelo, vivienda y financiación. Con el objetivo de analizar estas medidas, sus efectos y consecuencias sobre la reactivación del mercado inmobiliario, Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza, el próximo 25 de noviembre la conferencia ‘Vivienda protegida: avances del Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y Planes Autonómicos’.
Como adelanto, José Justo Tinaut Elorza, subdirector general de Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, explica que «el ‘Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012’ ha superado ya una serie de etapas previas, pero necesarias, a su implantación y su situación en estos momentos es de plena entrada en vigor». La próxima etapa del Plan desarrollará «medidas destinadas a facilitar que una parte del stock de viviendas libres no vendidas se convierta en viviendas protegidas o puedan ser adquiridas como viviendas usadas», asegura Tinaut.
Los convenios con las comunidades autónomas establecen unas cifras de objetivos, en función de número de viviendas y de actuaciones (promoción de nuevas viviendas, rehabilitación de las existentes, etcétera), para cada uno de los períodos anuales del Plan, así como unas reglas para poder superar esas cifras hasta ciertos límites. Por tanto, Tinaut afirma que «al término de este primer período anual (2009), cada comunidad autónoma debe conocer cuáles son sus objetivos convenidos para 2010, así como los procedimientos para continuar con la actividad del Plan».
En Cataluña han elaborado el ‘Plan para el derecho a la vivienda de Catalunya 2009-2012’. «Se trata del primer plan de vivienda que se realiza desde la entrada en vigor de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y la firma del Pacto Nacional de la Vivienda 2007-2016, por lo que introduce las medidas que se desprenden de los dos documentos que vertebran la política de vivienda en Cataluña e introduce algunas novedades», apunta Joaquím Gascó y Palacín, director general de Promoción de la Vivienda en la Generalitat de Catalunya.
Entre las novedades, Gascó destaca que el Plan simplifica la duración del régimen jurídico de las viviendas calificadas de protección oficial, adecuándolo a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda; introduce el alquiler con opción a compra al mismo nivel que los sistemas clásicos y nuevas formas de acceder que disminuyen el esfuerzo a realizar por el ciudadano para conseguir una propiedad, como el derecho de superficie, la copropiedad o la cesión de uso; define las actuaciones protegibles e integra la solicitud del estudio técnico preceptivo del estado del edificio en la solicitud de la subvención; y regula la concesión de anticipos de las subvenciones al inicio de las obras y potencia la rehabilitación de conjuntos de edificios con la Administración local.
En el campo de las ayudas sociales, Gascó enumera «las ayudas al pago de alquiler, que se convierten en prestaciones con carácter permanente; las ayudas puntuales al pago de la vivienda (alquiler o hipoteca) para atender situaciones de riesgo de desahucio; y la creación de una nueva modalidad de ayuda al pago del alquiler para los inquilinos del Parque Público de Viviendas, en la que se descuenta directamente del recibo de alquiler la subvención a que tiene derecho el usuario».
La Comunidad de Madrid, por su parte, cuenta con el ‘Nuevo Plan de Vivienda 2009-2012’, que flexibiliza las tipologías de vivienda de protección, favorece la conversión de vivienda libre en protegida con el objetivo de eliminar el sobrante y potencia el alquiler con opción a compra, que ahora se podrá ejercer al quinto año, sexto o séptimo año por madrileños de cualquier edad. La nueva normativa mantiene la colaboración con la iniciativa privada y está muy adaptada a la crisis actual.
Además del Nuevo Plan, se han puesto en marcha otras iniciativas pioneras como el convenio impulsado por el Gobierno regional con las entidades bancarias más importantes, la Asociación de promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), los colegios de notarios y registradores y la Asociación Hipotecaria Española para impulsar el stock de vivienda libre que no encuentra comprador, ofreciendo mejores condiciones y garantizando su financiación.
En cuanto a la financiación de promoción de viviendas, la directora general de Inversiones del Instituto Oficial de Crédito (ICO), Rosario Casero Echeverri, explica que el «Instituto colabora desde 1992 con el Ministerio de Vivienda y desde entonces ha formalizado más de 400 operaciones para la promoción de vivienda protegida por importe superior a 1.000 millones de euros».
Como novedad este año, y con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a viviendas protegidas, destaca Casero, «el Instituto y el Ministerio de Vivienda suscribieron un acuerdo para poner en marcha un programa de cobertura para la financiación de vivienda protegida. El ICO ofrece a las entidades de crédito una cobertura de hasta el 50% del importe de los nuevos préstamos destinados a la adquisición de viviendas protegidas para cubrir determinados supuestos de impago. Las viviendas pueden provenir tanto del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, como del stock de viviendas procedentes de planes anteriores o de la conversión de viviendas libres en protegidas».