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Archivo del 3 de noviembre de 2009

La Dirección General de los Registros y del Notariado impulsa el consenso entre notarios y registradores

martes, 3 de noviembre de 2009

Recordamos la nota de prensa de la Dirección General

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La Dirección General de los Registros y del Notariado impulsa el consenso entre notarios y registradores
29 de octubre de 2009.- La Dirección General de los Registros y del Notariado, que encabeza María ́ngeles Alcalá, impulsará y tomará las medidas necesarias para que, en un plazo de diez días, las cúpulas directivas de los colegios profesionales de notarios y registradores logren el necesario consenso que ponga fin a los conflictos suscitados entre ambos colectivos.
Ante la polémica suscitada entre notarios y registradores sobre el acceso telemático a la información registral de fincas, la directora general convocó esta mañana a las direcciones de los dos colegios a fin de establecer un diálogo y buscar soluciones conjuntas, siempre de cara al interés general.
El encuentro resultó productivo y las partes adquirieron el compromiso de colaborar y de llegar a acuerdos con el objetivo de defender la seguridad de los ciudadanos en las transacciones inmobiliarias. Tanto registradores como notarios tomaron conciencia de la necesidad de contribuir, en el marco de la seguridad jurídica preventiva, a garantizar un servicio público de calidad, de manera coordinada y eficaz.

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Nadie entiende por qué el autor de «dinamita con mechero» ha seguido enzarzado en una polémica agresiva y estéril, iniciada por él este verano con su conferencia sobre el Registro Mercantil. El sabrá por qué desafía al Centro Directivo.

EPC

Un juez investiga por estafa a un promotor por cobrar un impuesto al vender los pisos

martes, 3 de noviembre de 2009

Los denunciantes afirman que no sabían que iban a asumir la plusvalía
La mercantil, radicada en San Vicente del Raspeig, ya ha ganado pleitos civiles

Manrique C. Sánchez | Alicante – La Verdad
Dos decenas de vecinos de un bloque de viviendas de San Vicente del Raspeig mantienen abierta una guerra judicial contra la promotora que les vendió sus pisos a cuenta de la plusvalía.
Nova Terra SL exige a cada uno de los casi cincuenta residentes unos mil euros por ese impuesto sobre revalorización de las propiedades inmobiliarias, que corre a cargo del promotor a menos que haya un acuerdo distinto. El problema es que los contratos de compraventa firmados por los propietarios hace más de un lustro sí reflejaban que debían asumir esa causa.
La promotora, de hecho, ya ha ganado el pleito en la jurisdicción civil frente a algunos vecinos. Y otros muchos han aceptado pagar el dinero exigido por la mercantil en este tiempo.
Sin embargo, un grupo de veintidós aún resiste a los embates legales de Nova Terra y ha contraatacado. En febrero pasado presentaron una denuncia contra el administrador de la empresa por un delito de estafa y otro de estafa procesal. El Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente del Raspeig ha admitido a trámite el caso y llamó a declarar a el pasado 22 de octubre a los denunciantes para ratificar la denuncia, según fuentes de la acusación particular.
Estos propietarios del bloque Residencial Las Palmeras, ubicado en la calle Jijona, aseguran que el promotor les engañó al manifestarles reiteradamente que no tendrían que pagar «nada que no les correspondiera a ellos». Incluso en la notaría donde se firmaron las escrituras de compra de los inmuebles «se les hizo entender que los compromisos que adquirían eran perfectamente legales», recoge la denuncia.
Los afectados alegan que el notario no les informó de la «cláusula abusiva» que la empresa introdujo en los contratos para que ellos mismos asumieran el pago de la plusvalía».
«Yo me di cuenta y fui a hablar con él, pero me chantajeó. Me dijo que me devolvería la entrada y me quedaría sin piso porque había subido de precio y él podía volver a venderlo por más dinero», explicaba a este diario uno de los vecinos afectados, Juan Robles, el pasado 27 de octubre. Ese día hasta 46 propietarios de Las Palmeras llenaban los pasillos del Palacio de Justicia de Alicante para apoyar a uno de ellos, demandado por el promotor en un juicio civil que éste acabó ganando.
En principio, la empresa reclama el pago de la plusvalía no sólo desde la fecha de venta de los inmuebles, sino a partir del momento en que él compró el terreno para edificar, en 1986. Y tras abonar en su día ese impuesto les envió una copia de su liquidación para cobrárselo.
La verdad material
Los vecinos se sienten «estafados» porque entienden que, «lejos de la verdad formal, aunque escrita en un contrato, está la verdad material», y la mercantil que les vendió los pisos «no puede utilizar una práctica del todo fuera de la legalidad para obligarles a realizar un pago que no les corresponde a ellos». Acusan en su denuncia a los administradores de Nova Terra SL de «enriquecerse injustamente y contra la ética y moral profesional».
Por eso piden al juez de San Vicente que abra unas diligencias y depure «posibles responsabilidades penales» en estos hechos.
Los propietarios denunciantes también atribuyen al promotor un delito de estafa procesal debido a la utilización que supuestamente ha hecho en los Juzgados de Primera Instancia (civil) donde ha pleiteado de «documentos que están fuera de la realidad y que no obedecen ni a lo acordado ni a lo pactado realmente».
El abogado de estos vecinos solicita al juzgado que tome declaración a los denunciados y les exija una fianza. Además de reclamar responsabilidades penales por lo que consideran un fraude, los denunciantes también exigen que Nova Terra SL devuelva «lo cobrado a todos y cada uno de los vecinos que de alguna manera han sido obligados y coaccionados para que les realicen el pago que a todas luces es indebido». Por eso han vuelto a movilizarse para reclamar también el apoyo de los que accedieron a abonar la plusvalía.

La Ley que impulsa el alquiler y la eficiencia energética de los edificios da más seguridad a los arrendadores y protege los derechos de los inquilinos

martes, 3 de noviembre de 2009

La ministra de Vivienda destaca que la reforma «es un paso más en la política del Gobierno de fomento del alquiler para que los ciudadanos puedan elegir libremente entre comprar o arrendar»
La norma da más agilidad a los procesos judiciales de desahucio e impago de rentas para proteger a los arrendadores de abusos y demoras injustificadas, salvaguardando las garantías de los inquilinos de buena fe
Los arrendadores podrán resolver el contrato de alquiler si necesitan la vivienda para sus hijos, padres o cónyuge en caso de divorcio o nulidad matrimonial
Se facilita la realización de obras de mejora de la eficiencia energética o hídrica y se favorece el establecimiento en los garajes de puntos de recarga de los coches eléctricos para potenciar el transporte sostenible
29 de Octubre de 2009.- El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Fomento de Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios. La norma entrará en vigor una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha destacado el amplio consenso con el que se ha aprobado la norma «que significa un paso adelante en la política del Gobierno de fomento del alquiler para que los ciudadanos puedan elegir libremente si quieren comprar o alquilar». Corredor también ha subrayado que «supone una apuesta decidida por mejorar la eficiencia energética de los edificios».
Esta Ley supone la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la Ley de Enjuiciamiento Civil, para impulsar el desarrollo del mercado del alquiler, y la Ley de Propiedad Horizontal, para facilitar actuaciones que mejoren la eficiencia energética de los edificios.
Por lo que respecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos, la nueva norma amplía los supuestos en los que no procede la prórroga obligatoria del contrato de alquiler. Al supuesto en el que el propietario necesite ocupar la vivienda para uso propio se añade ahora la posibilidad de que la necesite para sus hijos, sus padres y su pareja en el caso de sentencia judicial firme de divorcio o nulidad matrimonial. Paralelamente, en garantía de la seguridad jurídica, se prevé que todas estas circunstancias deberán constar expresamente en el contrato de arrendamiento.
Trámites judiciales más ágiles
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite asegurar la tutela eficaz de la posición legítima de los arrendadores, de manera que ante incumplimientos graves en el pago del alquiler puedan recuperar sus viviendas de modo rápido y sencillo. Por otra parte, beneficia a los inquilinos de buena fe, dado que la supresión de trámites y la reducción de plazos en los procedimientos impiden que se prolongue en el tiempo la incertidumbre sobre la resolución del conflicto, sin que con ello se vean alteradas sus garantías procesales. Adicionalmente, contar con mecanismos más eficaces para la agilización de los procesos incrementará la confianza de las partes, lo que contribuirá a la reducción de precios y a evitar la exigencia de garantías excesivas (avales y fianzas).
La Ley permite que todas las acciones, tanto de desahucio como de reclamación de rentas, se tramiten en juicio verbal, un procedimiento más rápido y sencillo. Además, se adopta un conjunto de medidas de agilización de los procesos en cuanto a citaciones, emplazamientos y notificaciones.
La sentencia condenatoria de desahucio será título suficiente de ejecución directa del desahucio en el día y hora señalados, de manera que ya no habrá necesidad de iniciar nuevo proceso ni trámite posterior. Por lo que respecta a la sentencia de condena al pago de rentas, ésta incluirá, no sólo las devengadas al momento de interposición de la demanda, sino también las que se devenguen hasta la entrega de la posesión efectiva de la vivienda.
El proyecto prevé la posibilidad de que las partes puedan llegar a un pacto durante el proceso, de modo que el propietario puede asumir el compromiso de condonar al inquilino total o parcialmente la deuda, a cambio del desalojo voluntario del inmueble. Con objeto de favorecer estos acuerdos, la nueva Ley reduce a 15 días el plazo mínimo para que pueda alcanzarse dicha transacción. Asimismo, para evitar la utilización abusiva y de mala fe de esta figura, el incumplimiento del desalojo voluntario en el plazo acordado tendrá como consecuencia la ejecución directa del desahucio en un plazo no superior a 15 días desde la finalización del periodo voluntario.
Por otra parte, se reduce de dos meses a un mes el plazo que debe transcurrir entre el momento en que el arrendador interpone un requerimiento al inquilino por el impago de rentas y la presentación de la demanda. Con esta reducción se concilian dos intereses. Se mantiene un plazo suficiente para que el arrendatario de buena fe abone lo debido y se reduce a la mitad el periodo de tiempo que debe transcurrir, desde el requerimiento, para que el arrendador pueda presentar la demanda.
Mejora energética e hídrica de los edificios
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal modula las mayorías necesarias para que las comunidades de propietarios adopten acuerdos para la mejora de la eficiencia energética e hídrica de los inmuebles.
De este modo, el establecimiento o supresión de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética o hídrica requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo o de los estatutos (que normalmente requiere unanimidad).
Si los equipos o sistemas son susceptibles de aprovechamiento individualizable, para la adopción del acuerdo bastará el voto favorable de un tercio de los propietarios, en cuyo caso sólo se repercutirá el coste para aquellos que hayan votado a favor del acuerdo y se beneficien de la mejora, como ya ocurría con la instalación de paneles solares, por ejemplo.
Por otra parte, y con el objeto de potenciar y favorecer el transporte sostenible, se establece que si se tratara de instalar en el aparcamiento del edificio un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado, siempre que éste se ubicara en una plaza individual de garaje, sólo se requerirá la comunicación previa a la comunidad de que se procederá a su instalación. El coste de dicha instalación será asumido íntegramente por el o los interesados directos en la misma.

El Gobierno prevé penalizar el pago a los proveedores a más de 60 días

martes, 3 de noviembre de 2009

José María Triper 27/10/2009 -El Economista
El Gobierno busca desesperadamente una salida que le permita salir airoso del debate de reforma de la Ley de Morosidad. Una iniciativa de Convergencia i Unió a la que el PSOE se sumó en junio, a la fuerza y para no quedarse solo, y que en el último momento podría intentar solventar mediante la imposición, vía enmiendas, de imponer intereses disuasorios que penalicen los pagos de bienes y servicios en plazos superiores a 60 días, que es el tope máximo que establece el proyecto de reforma.
Desde el partido del Gobierno se ha venido entorpeciendo desde entonces la tramitación de esta reforma, que es una de las principales reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas y de los trabajadores autónomos, mediante peticiones de ampliación del plazo de presentación de enmiendas que, en su última prórroga, concluye hoy.
Una estrategia de demora que los nacionalistas catalanes estiman injustificada, por lo que van a solicitar formalmente que no haya más aplazamientos. Postura a la que se sumará también el Grupo Popular, cuyos portavoces aseguran que «al Gobierno no le interesa que prospere una reforma cuyo objetivo es evitar la actual posición dominante de las Administraciones y las grandes empresas sobre los pequeños».
La propuesta, presentada por CiU y que fue respaldada por la totalidad de los grupos parlamentarios, reduce los pagos a los proveedores a 30 ó 60 días, como máximo, a imitación de la reforma que entró en vigor en Francia a principios de este año y para aliviar la situación asfixia financiera que sufren los autoempleados y las pymes, agobiados también por las restricciones crediticias de los bancos.
En principio existe también unanimidad entre las fuerzas políticas parlamentarias respecto a estos plazos máximos de pago. Sin embargo el escollo está en la coletilla que ya figura en ley vigente y en la que se afirma que estos plazos se pueden prolongar «por acuerdo expreso entre las partes». Una matización que tanto el grupo proponente como la oposición mayoritaria quieren derogar porque, en la práctica, a los pequeños «se les impone esa renuncia a los plazos de cobro» para optar a la adjudicación de los contratos. Por el contrario, el Grupo Socialista defiende la continuidad del acuerdo entre las partes, alegando que suprimirlo sería «contrario al Derecho mercantil y podría declarase inconstitucional».