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Archivo del 13 de noviembre de 2009

Consejo de Ministros. Informe sobre la nueva Oficina Judicial que trasformará la Administración de Justicia

viernes, 13 de noviembre de 2009

A partir del 1 de enero comenzará la implantación del nuevo sistema, que tendrá lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla
El Consejo de Ministros ha recibido del Ministro de Justicia el informe “Transformando la Administración de Justicia: nuevas estructuras funcionales y organizativas”, sobre los cambios que las recientes reformas procesales aprobadas en las Cortes han operado sobre el sistema de justicia y las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia para asegurar su eficacia.

Una sociedad avanzada exige una Administración de Justicia con tiempos de respuesta razonables, que utilice su mismo lenguaje y las mismas herramientas de comunicación. La reforma del sistema de justicia, por tanto, es una tarea crucial e inaplazable que constituye todo un reto de Estado.

Ese cambio programado y urgente, siguiendo el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia aprobado por el Consejo de Ministros el 18 de septiembre, pasa necesariamente, y en primer lugar, por una racionalización de los órganos judiciales, una tarea pendiente desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003.

Así, el pasado mes de octubre el Parlamento aprobó por unanimidad las dos leyes de reforma procesal, una orgánica y otra ordinaria, con el objetivo de implantar la Nueva Oficina Judicial e introducir una serie de reformas procesales para la agilización de la Justicia. Tras muchos años de reformas pendientes, estas nuevas leyes abren un tiempo de cambio para la Justicia y colocan la base normativa del proceso de modernización.

Nueva Oficina Judicial

La Nueva Oficina Judicial es el motor del cambio de este proceso y se concreta en una nueva estructura de órgano judicial sustentada sobre los principios de agilidad, eficacia, eficiencia, racionalización del trabajo y responsabilidad por la gestión, incorporando además la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

Esto permitirá:

Que los jueces y magistrados dediquen todo su esfuerzo a la función que les atribuye la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
Potenciar la figura de los secretarios judiciales, como auténticos directores de la Oficina Judicial.
Especialización en las tareas que se realizan en los órganos judiciales.
Reestructuración más eficiente del trabajo y de los medios, así como un reparto más preciso y racional de funciones.
Se introducen también una serie de cambios procesales para agilizar la justicia. Entre ellos destaca la nueva competencia del secretario judicial para admitir las demandas o impulsar la ejecución, la creación de la figura del juez de adscripción territorial, la institución de un nuevo depósito para recurrir o las nuevas competencias de procurados y graduados sociales.

Se amplía, además, la cobertura del proceso monitorio y de la tramitación civil como juicio verbal, cuya agilidad y eficacia se pretende potenciar.

Implantación progresiva

Para asegurar la efectividad de todo este conjunto de mejoras funcionales y organizativas, el Ministerio de Justicia ha dispuesto un proceso de implantación progresivo, coordinado y planificado. En este sentido, a partir del 1 de enero comenzará la implantación del nuevo sistema, que tendrá lugar, en una primera fase, en la Audiencia Nacional y en las siguientes ciudades: Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Murcia, Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.

El programa de implementación contará, además, con equipos de seguimiento locales y estará soportado por una base normativa, en desarrollo de las leyes de reforma procesal, en las que ya se está trabajando. El cambio exigirá, asimismo, acometer importantes inversiones de adaptación tecnológica y de infraestructuras.

Por último, todo el proceso de implementación de la nueva estructura de la Justicia requerirá un esfuerzo de adaptación cultural y la máxima implicación por parte de los agentes jurídicos y sociales. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha elaborado un Programa de Gestión del Cambio, que tiene como objetivo preparar a todos los colectivos profesionales implicados en la transformación. Este Programa se concreta en un conjunto de actividades transversales, que se llevarán a cabo en paralelo al despliegue del nuevo modelo y que inciden en tres frentes: coordinación, sensibilización y comunicación.

El Gobierno aprueba el proyecto de ley de reforma del Código Penal

viernes, 13 de noviembre de 2009

Enlace a la página web del Ministerio de Justicia

Referencia del Consejo de Ministros

Justicia

APROBADO EL PROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

NUEVOS DELITOS

Captación de menores para espectáculos pornográficos
El cliente de prostitución con menores o personas que no pueden decidir por si mismas
Terrorismo: captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación
Piratería
Cohecho entre particulares
Acoso laboral
Acoso inmobiliario
Sobornos y fraudes en el deporte
Ataques informáticos
Tráfico ilegal de órganos

NUEVAS CONSECUENCIAS JUR͍DICAS DEL DELITO

Penas:

Privación de la patria potestad
Localización permanente
Medidas de seguridad:

Libertad vigilada.
Otras:

Decomiso ampliado.
Ampliación de los trabajos en beneficio de la sociedad.

NUEVAS REGULACIONES

Responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Prescripción: no prescribirán los delitos de terrorismo con muerte. Otros tipos de delitos tampoco prescribirán antes de cinco años.
Extranjería: el juez podrá optar entre la cárcel o la expulsión para penas de menos de seis años.
Periodo de seguridad: los delincuentes sexuales contra menores tendrán el tratamiento de terroristas.
La trata de seres humanos se regula independientemente de la inmigración clandestina.
Endurecimiento de las penas mediante tratamiento específico de los delitos sexuales contra menores de 13 años.
Organizaciones criminales: se incorporan los grupos crirminales de carácter transitorio.
Abono de prisión provisional: nadie se verá favorecido por cumplir al mismo tiempo una pena y una prisión preventiva.

MODIFICACIONES

Propiedad intelectual: los pequeños manteros podrán no ir a la cárcel.
Especial endurecimiento de las penas en los delitos por corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente.
La Agencia Tributaria auxiliará a los jueces para el cobro de multas e indemnizaciones por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social.
Tráfico de drogas: más facultades a los jueces para individualizar la pena.
Se completan los delitos contra la comunidad internacional, incorporando el reclutamiento de niños soldados, delitos sexuales en conflictos armados y especial protección de mujeres y niños.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica la Ley del Código Penal de 1995.

La reforma representa una respuesta penal ante nuevas formas de criminalidad, como las derivadas de las nuevas tecnologías o el acoso laboral, y ante la demanda social de un tratamiento individualizado para los delincuentes responsables de delitos sexuales y terrorismo, así como una mayor protección de los menores frente a los delitos sexuales.

Asimismo, da cumplimiento a las obligaciones internacionales que España tiene contraídas, y más específicamente en el ámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones de nuestras normas penales. Es el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; los delitos contra la libertad e indemnidad sexual; la trata de seres humanos; la corrupción entre particulares; los delitos informáticos; los delitos relativos al mercado y los consumidores; el decomiso de los productos; instrumentos y bienes relacionados con el delito; los delitos de terrorismo; el cohecho; la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales; los delitos contra la Comunidad Internacional; los delitos contra el medio ambiente y los delitos de tráfico de drogas.

DELITOS SEXUALES A MENORES DE 13 AÑOS

Será delito la captación de niños para espectáculos pornográficos

Endurecimiento de la respuesta penal para los delitos sexuales, especialmente cuando las víctimas son menores.
Nuevo capítulo denominado “De los abusos y agresiones sexuales a los menores”, donde se aumentan las penas para estos casos, llegando a los quince años de prisión.
Se prevé como delito la “captación” de niños para participar en espectáculos pornográficos y la responsabilidad de quien se lucra. Se castiga también al cliente de la prostitución cuando la relación sexual es con menores.
Los jueces de la jurisdicción penal podrán privar de la patria potestad a los padres para proteger al menor.

ḾS Y NUEVAS PENAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Se regula el cohecho entre particulares

Con esta reforma el Derecho Penal español contará con los instrumentos necesarios para combatir con mayores garantías de eficacia todos los fenómenos de corrupción cuyo poder destructivo atenta contra el núcleo mismo del Estado de Derecho.

Se tipifica de forma más exhaustiva el delito de cohecho, incorporando varios instrumentos internacionales.
Reformas en el ámbito urbanístico:
Acciones como la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección o la omisión de inspecciones obligatorias pasan a tener en sí mismo carácter delictivo.
Se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas.
Lucha contra la corrupción en el sector privado:
Represión de los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.
Reforzamiento de las medidas para el seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los productos del delito en el marco de una organización criminal.
Además, se produce un incremento de la penalidad y de las multas, y se mejora técnicamente el ya existente delito de corrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comerciales internacionales.

Se produce un aumento de los plazos de prescripción de los delitos, para evitar la impunidad.
Se tipifican penalmente las conductas más graves de corrupción en el deporte, como los sobornos llevados a cabo, tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas, como por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una competición deportiva.
Se regula de forma más adecuada, junto a las asociaciones ilícitas, lo referente a las organizaciones y grupos criminales en general.

AUMENTO DE PENAS PARA LOS DELITOS URBAN͍STICOS

Se castigan las obras ilegales y a las autoridades que las silencien

La reforma aumenta las penas a los delincuentes urbanísticos e impide que sean delitos rentables privándoles de las ganancias. Se castiga también las obras de urbanización ilegales y se regula de forma más precisa la prevaricación urbanística.
Los jueces deberán imponer multas de hasta el triple de la cuantía del beneficio cuando la multa ordinaria no supere el importe de éste. Las ganancias obtenidas por el delincuente se decomisarán siempre.
Por primera vez se castigará penalmente a las autoridades y funcionarios que amparen las obras ilegales incumpliendo intencionadamente sus obligaciones.
Se aumentan las penas de prisión, que podrán ser de hasta cuatro años por cada obra ilegal.

INCORPORACIÓN DEL DELITO DE TŔFICO ILEGAL DE ÓRGANOS.

Se castiga el tráfico ilegal de órganos y su trasplante

En el marco de los delitos de trata de seres humanos se incluye la obtención o el tráfico ilícito de órganos humanos así como, en estos casos, el trasplante de los mismos. Se trata de proteger plenamente los derechos fundamentales de las víctimas, y no sólo el derecho a la integridad física, sino también su dignidad.

Se castiga a todos aquellos que:

Promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o el transplante de los mismos.
Al receptor del órgano que conociendo el origen ilícito del mismo consienta en la realización del trasplante.

ATAQUES CONTRA LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Se tipifican como delito los ataques informáticos

Se incluyen como conductas punibles las consistentes en:

Borrar, dañar, deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programas informáticos ajenos.
Obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema de información ajeno.
El acceso sin autorización vulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidos en un sistema informático o en parte del mismo.

ADAPTACIÓN DE LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE A LA NORMATIVA COMUNITARIA

Se tipifica el traslado ilegal de residuos

Se agravan las penas con el fin de adaptar la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la Protección del Medio Ambiente mediante el derecho penal, aprobada el 24 de octubre de 2008. Se tipifica:

El traslado ilegal de residuos.
La explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa.
La destrucción o grave alteración del hábitat por la caza y pesca de especies amenazadas.

REORDENACIÓN PENAL DE LOS DELITOS DE TERRORISMO

Se incluye captación, adiestramiento y financiación
Entre las importantes novedades que introduce la presente Ley está una profunda reordenación y clarificación del tratamiento penal de las conductas terroristas. Ahora se incluyen:

El adiestramiento, captación, adoctrinamiento, integración o participación en organizaciones o grupos terroristas
Tipificación expresa del delito de financiación del terrorismo
La conducta imprudente de los sujetos especialmente obligados a colaborar con la Administración en la prevención de dicha financiación en caso de blanqueo de capitales.
Ante la incapacidad del actual delito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentes supuestos de organizaciones y grupos criminales se opta por una regulación independiente dentro de los delitos contra el orden público.

Se tipifican las conductas básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendo según se trate de cometer delitos Graves u otras infracciones criminales (incluida la reiteración de faltas).
En un segundo nivel se sitúa las actividades de participación o cooperación, con una respuesta penal inferior, agregando agravaciones específicas en función de tres circunstancias: el tamaño de la organización
Las penas se elevan cuando la organización tenga por objeto cometer delitos contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la libertad e indemnidad sexuales y la trata de seres humanos.

NUEVO DELITO DE PIRATER͍A

Hasta quince años por actos de piratería

Se regula un nuevo delito de piratería, que antes no existía, bajo el siguiente concepto general: “Se puede hablar de piratería marítima o aérea cuando una o varias personas utilizan la violencia para apoderarse de un buque y aeronave, atentar contra sus tripulantes y/o apoderarse de su cargamento”.

Se establecen penas de prisión (uno a tres años sin violencia; de diez a quince años con violencia) por:

Apoderarse, dañar o destruir aeronave, buque o similares
Atentar contra personas, cargamento o bienes que se hallen a bordo de las mismas
Para quien, con ocasión de la persecución de una conducta de este tipo, se resista o desobedezca a un buque de guerra o aeronave militar:

ACOSO LABORAL E INMOBILIARIO

Serán nuevos delitos de tortura y coacciones

Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral se incrimina la conducta denominada de acoso laboral.

Se entiende por tal:

El hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial, que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad.
La reforma también trata de dar respuesta penal a la aparición de conductas acosadoras de hostigamiento y abuso, en la mayoría de los casos con fines especuladores, para forzar que alguien se vaya de su casa, independientemente de que ésta sea propia o arrendada.

Se regula expresamente como una forma de coacciones.
Penas de un año y nueve meses a tres años de prisión o multa de 18 a 24 meses.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los pequeños ”˜manteros”™ podrán no irán a la cárcel

Se reduce la pena a multa o trabajos en beneficio de la comunidad cuando:

La distribución es al por menor.
Atendiendo a las características del culpable.
El beneficio económico sea bajo.
Actualmente la venta al pormenor de CDs en la calle implica, además de una multa de 12 a 24 meses, pena de cárcel de seis meses a dos años.

Con esta reforma NO se despenaliza el «top manta»:

Se mantiene la tutela penal para un bien jurídico digno de protección.
Íšnicamente se reduce la pena para las conductas menos graves.

NUEVA MEDIDA DE ”˜LIBERTAD VIGILADA”™

Terroristas y violadores, alejados de sus víctimas

Los delincuentes más peligrosos podrán ser sometidos a control judicial una vez cumplan las penas de prisión impuestas con una medida de libertad vigilada.

Será obligatoria para los delincuentes sexuales y terroristas y podrá alcanzar una duración de diez años.
Se evitará que terroristas, pederastas o violadores puedan residir cerca de sus víctimas o se acerquen a éstas tras salir de la cárcel.
El contenido y duración de la medida dependerá de la peligrosidad del delincuente y consistirá en limitaciones, obligaciones, prohibiciones y reglas de conducta que permitirán:

El seguimiento telemático permanente del delincuente a través de medios electrónicos, debiendo estar siempre localizado.
La prohibición de aproximación a las víctimas o residir cerca de ellas.

MAYOR PROTAGONISMO DE LA PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE

Las penas menores de seis meses se podrán cumplir en casa

La reforma da por primera vez una alternativa realista a las penas cortas de prisión (de menos de seis meses) en los casos en que el paso por la cárcel del condenado sea contraproducente para su resocialización.

Los jueces podrán sustituir las penas de prisión de menos de 6 meses por la localización permanente.
El penado deberá permanecer en su domicilio o en lugar determinado durante el tiempo de la pena.

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

El juez podrá optar entre cárcel o expulsión para penas de menos de 6 años

La principal novedad es que se da a los jueces la facultad de sustituir la pena privativa de libertad inferior a seis años por la expulsión del territorio nacional en función de las circunstancias.

El período en que el reo no puede volver a España pasa de ser inflexible (antes, diez años en todo caso), a graduarse en una horquilla de tres a diez años.
La expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
Si el expulsado no respeta la prohibición de regreso, cumplirá la pena sustituida (cárcel normalmente) y, si es sorprendido en la frontera, será expulsado directamente por la autoridad.

NUEVO PERIODO DE SEGURIDAD TRAS CUMPLIR LA PENA

Tercer grado más difícil para terroristas, pederastas y delincuentes organizados

El objetivo es primar la seguridad colectiva en aquellos casos en que exista un mayor riesgo de reincidencia, sin renunciar a una pronta resocialización en los demás casos.

Los pederastas, terroristas y miembros de organizaciones criminales, con condenas superiores a cinco años de prisión, NO podrán acceder al tercer grado hasta cumplir la mitad de su condena.
El régimen del resto de delitos será más flexible, permitiendo que la pena sea compatible con la rehabilitación social del delincuente en cualquier periodo de cumplimiento.

RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JUR͍DICAS

Se regula por primera vez la responsabilidad penal de las empresas

Las empresas que delincan serán multadas, inhabilitadas o, incluso, disueltas. Se establece una regulación pormenorizada y técnicamente muy precisa para asegurar:
La imputación a las personas jurídicas de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y en su provecho por las personas que tienen poder de representación.
La obligación de las empresas de ejercer el debido control sobre los que ostentan dicho poder de representación.
También se les podrá imponer directamente multa e inhabilitación para obtener subvenciones, ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.

La responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse con independencia de que exista o no responsabilidad penal de la persona física.

PRESCRIPCIÓN

No prescribirán los delitos de terrorismo con muertes

La reforma busca resolver los problemas interpretativos en la regulación actual e incrementar la eficacia del sistema en la respuesta a delitos cuyo descubrimiento e investigación resultan especialmente complejos.

Precisión en la definición del momento de inicio de la interrupción de la prescripción.
Descripción de las circunstancias en las que la presentación de denuncias o querellas provocan el efecto suspensivo de la interrupción de la prescripción.
Se eleva el plazo mínimo de prescripción de los delitos a cinco años.
No prescribirán los delitos de terrorismo que hubieren causado la muerte de personas.

DELITOS CONTRA LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Se incorpora el reclutamiento de ”˜niños soldado”™

Se adecuan los delitos contra la comunidad internacional a los compromisos internacionales. Es de destacar la especial protección penal dispensada a mujeres y niños en conflictos armados. Se castiga expresamente a:

Quienes atenten contra la libertad sexual de una persona protegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitución inducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de agresión sexual.
Aquellos que recluten o alisten a menores de dieciocho años o los utilicen para participar directamente en dichos conflictos., brindando especial protección a mujeres y niños en conflictos armados.

REESTRUCTURACIÓN DE LOS DELITOS DE TRATA DE SERES HUMANOS E INMIGRACIÓN CLANDESTINA

Quedan separados ambos fenómenos delictivos

El tratamiento penal, hasta ahora unificado, de los delitos de trata de seres humanos e inmigración clandestina queda separado en vista de las grandes diferencias que existen entre ambos fenómenos delictivos. Para llevar a cabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis denominado “De la Trata de seres humanos”.

AIRE no apoya ninguna candidatura

viernes, 13 de noviembre de 2009

Reproducimos el artículo del periódico negocio.com en el que se indica que la candidatura de Francisco Javier Gómez Jené esta respaldada por la Asociación Independiente de Registradores de España.

Desde esta página hacemos constar que ello no es así.

AIRE no apoya ninguna candidatura, se mantiene neutral en las elecciones y respeta la libertad de voto de todos sus asociados.

Reproducimos el artículo 6 de sus estatutos:

Artículo 6º. Principios inspiradores

Principios inspiradores de la asociación son:

Transparencia y libertad: Asociación transparente, en sus ideas y objetivos. Abierta a todos sin excepción.

Profesionalidad: Pretendemos dotar de mayor profesionalidad a la función registral y que trascienda ello públicamente.

Apolítica: Esta Asociación se mantendrá al margen de las contiendas electorales en el seno del Colegio de Registradores. No obsta ello, claro es, a la libérrima actuación de todos y cada uno de sus miembros

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Andrés Garvi – Negocio.com

Jené propone bajar un 30% la cuota fija de los registradores
Elecciones Las cuatro candidaturas serán definitivas el 18 de noviembre

Todos los registradores parecen coincidir: la presentación de cuatro candidaturas a presidir el Colegio de Registradores de España es algo insólito.
La comisión electoral, cuyo secretario es Luis Francisco Monreal, aprobó a finales de octubre las cuatro candidaturas presentadas para cubrir el cargo de decano-presidente y demás miembros de la junta de gobierno. Todavía no son oficiales porque el Estatuto de Registradores establece un plazo de ocho días naturales, desde la comunicación de las candidaturas, para poder impugnar las listas electorales. Es muy improbable que alguien presente reclamación. Francisco Javier Gómez Jené, registrador de la Propiedad de Madrid número 13 y candidato respaldado por la Asociación Independiente de Registradores (AIRE), de la que fue su presidente, ha sido uno de los últimos en incorporarse a la liza electoral. Tras su candidatura y la decisión del actual decano-presidente, Eugenio Rodríguez Cepeda, de no presentarse a la reelección, apareció la de Gonzalo Aguilera, quien representa la línea continuista.
Campaña y crisis
Jené presenta su lista bajo la denominación ‘Unidos para el Cambio’. Aspira a tener un relevo tranquilo, pero «efectivo en la forma de actuar de la junta de gobierno». Y se ofrece como alternativa a los dos grandes grupos «organizados en torno a la idea de poder», en referencia a las candidaturas de Alfonso Candau y Gonzalo Aguilera. Su compromiso electoral más arriesgado es el de reducir las cuotas fijas, «sin condicionamientos», que pagan los registradores al Colegio en un 30%. Respecto a la cuota variable, Jené propone reducirla en la misma proporción en que se disminuya el presupuesto colegial. Esta propuesta también es defendida, pero sin concretar cantidades, por la lista de José Campos Calvo-Sotelo. El registrador de Orihuela propone «la reducción de las cuotas colegiales». El programa electoral de Gómez Jené tiene un alto componente económico con el objetivo de evitar los efectos de la crisis financiera entre los registradores. También propondrá en una asamblea de decanos autonómicos una medida solidaria con los registros menos rentables. Para aquellas oficinas incongruas, Jené propone una renta mínima mensual de 4.000 euros.
Otra de las apuestas de la candidatura ‘Unidos para el Cambio’ es la convocatoria en 2011 de una asamblea general de los más de 1.000 registradores para abordar en profundidad una reforma de sus Estatutos Generales y potenciar públicamente la imagen de la institución. Respecto a la estructura colegial, Jené propone la supresión de la vocalía de relaciones institucionales para crear una nueva de atención al colegiado.
En un guiño a los registradores más jóvenes, promete la creación de una escuela registral para formar adecuadamente a los aspirantes antes de comenzar su ejercicio profesional. Además y con carácter inmediato, Jené defiende una licencia de 16 semanas con plenitud de derechos económicos a las registradoras en caso de embarazo o maternidad.
El cuarto candidato es Alfonso Candau Pérez, apoyado por la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver (ARBO) y de la que fue su presidente hasta la presentación de su lista. Cuenta con el respaldo de Luis Fernández del Pozo, ex vicepresidente de ARBO.

Resolución de 4 de julio de 1930

viernes, 13 de noviembre de 2009

Declara: Que no procede que se saque por los Secretarios judiciales testimonio de los asientos existentes en el Registro mercantil, salvo »que civil o criminalmente se ventile la nulidad o falsedad de los mismos o de las certificaciones, conforme a la Real orden de 6 de Enero de 1883.

Vista la instancia elevada por el Registrador de la Propiedad y Mercantil de Pontevedra, con fecha 23 de Mayo último, en la que manifiesta: «Que en el día de hoy se presentó en esta oficina del Registro Mercantil el Secretario-habilitado del Juzgado de primera instancia del partido, D. Mariano Gómez, acompañado del Abogado D. José Cividanes y de los Procuradores D. Alejandro Martín Vaqueriza y D, Timoteo Gay Fernández, con el objeto de practicar una compulsa acordada como prueba documental en un incidente sustanciado en el Juzgado de Vigo, respecto a las inscripciones existentes en este Registro de la hoja número 76 que se refiere a (a Sociedad «Hijos de J. Barreras». Por no versar el incidente -expresado sobre validez o nulidad de dichos asientos, ni de documentos relacionados con los mismos, el infrascrito advirtió, tanto al Secretario-habilitado del Juzgado, que obraba en virtud de exhorto del de Vigo, como a los repetidos Abogado y Procuradores, que conforme a la Real orden de 6 de Enero de 1883, disposiciones de los Reglamentos Hipotecarios y del Registro Mercantil y articulo 322 del Reglamento Notarial, no procedía la diligencia, de compulsa expresada y, por ello, que el Secretario del Juzgado no podía copiar ni testimoniar el todo o parle de los asientos, sobre todo, teniendo en cuenta que ni se acompañaban escrituras ni certificaciones de ninguna clase referentes a dichos asientos, ni se trataba de una diligencia de cotejo, razón por la que el acto que se intentaba equivalía a obtener un traslado de asientos del Registro Mercantil, una certificación, por un funcionario extraño al régimen de la Oficina, vulnerando así el artículo 30 del Código de Comercio, en relación con los 3,193 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. No obstante estos razonamientos, los expresados señores insistieron en sus pretensiones, por lo que después de hacer constar el infrascrito su protesta y de manifestar que no intervendría en el acta y que la diligencia que se iba a practicar no tenía otro efecto que el de una manifestación del Registro, exhibió los libros referentes a la Sociedad «Hijos de J. Barreras», obteniendo el Secretario judicial habilitado los datos de las inscripciones, que señalaron las partes, consumiendo en la diligencia cerca de dos horas»; y teniendo en cuenta que estos hechos pudieran constituir una merma o un desconocimiento de las funciones que el Reglamento de 20 de Setiembre de 1919, de innegables analogías en lo que se refiere a la publicidad (artículos 193 y siguientes) con el Reglamento Hipotecario (articules 358 y siguientes), atribuye al Registrador Mercantil,

Esta Dirección general ha acordado que, por V. 1. una vez comprobados los hechos, se ponga en conocimiento de los Jueces de primera instancia de Pontevedra y Vigo la necesidad de observar, en cuanto se refiera al Registrador Mercantil, la Real orden de 6 de Enero de 1883, a cuyo tenor no procede que se saque por los Secretarios judiciales testimonios de los asientos de todas clases, existentes en el mismo Registro, salvo el caso en que civil o criminalmente se ventile la nulidad o falsedad de los mismos o de las certificaciones, toda vez que, según la disposición final del citado Reglamento, en el caso de oscuridad o insuficiencia del mismo, se aplicará subsidiariamente el Hipotecario en lo que no esté en contradicción con las leyes mercantiles,

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 4 de Julio de 1930.””El Director general, Sabau.

Los registradores deben cargar el IVA en sus servicios sobre el Impuesto de Sucesiones y Transmisiones

viernes, 13 de noviembre de 2009

Antonio León (Bruselas) 12/11/2009 El Economista
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que España incumple el Derecho comunitario al considerar que los registradores de la propiedad no están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cuando prestan sus servicios para liquidar y recaudar los Impuestos sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales a las comunidades autónomas.
El Tribunal de Justicia de la UE ha sentenciado este jueves que «el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 2 y 4, apartados 1 y 2, de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios-Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): base imponible uniforme, al considerar que los servicios prestados a una Comunidad Autónoma por los Registradores de la Propiedad, en su condición de liquidadores titulares de una Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario, no están sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido».
En algunas comunidades autónomas, los Registradores de la Propiedad prestan a las Administraciones públicas servicios consistentes en liquidar y recaudar los Impuestos sobre Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales.
Incumple el derecho comunitario
En una sentencia del 12 de julio de 2003, el Tribunal Supremo consideró que estos servicios prestados por los registradores-liquidadores no están sujetos al IVA. Y argumentó que se trata de la prestación servicios de la comunidad autónoma a través de una oficina administrativa vinculada a ésta.
La Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) que declarase, como ha hecho hoy, que España incumple el Derecho comunitario. Los jueces comunitarios recuerdan en su sentencia que las normas de la UE contemplan como operaciones sujetas a imposición, entre otras, las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el interior del país.
Además, la normativa de la UE define como sujeto pasivo a quienes realicen, con carácter independiente, una actividad económica, cualesquiera que sean los fines o los resultados de esa actividad. El concepto de actividades económicas incluye, en particular, el ejercicio de profesiones liberales o asimiladas.

Texto de la sentencia

viernes, 13 de noviembre de 2009

Recurso interpuesto el 15 de abril de 2008 ”” Comisión delas Comunidades Europeas/Reino de España
(Asunto C-154/08)
(2008/C 171/29)
Lengua de procedimiento: español
Partes
Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: M. Afonso y F. Jimeno Fernández, agentes)
Demandada: Reino de España
Pretensiones
”” Que se declare que al considerar que los servicios prestados a una Comunidad Autónoma por los registradores de la propiedad, en su calidad de liquidadores titulares de una oficina liquidadora de distrito hipotecario no están sujetos al IVA, el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben con arreglo al artículo 2 y al artículo 4, apartados 1 y 2, de la Sexta Directiva sobre el IVA (1).
”” Que se condene en costas al Reino de España.
Motivos y principales alegaciones
1. Los registradores de la propiedad son profesionales que nombra el Estado español y a los que éste encomienda la gestión de los Registros de la Propiedad. Realizan sus actividades por cuenta propia, tienen libertad para organizar su trabajo, seleccionan su propio personal y ellos mismo perciben los emolumentos que constituyen sus ingresos. Varias Comunidades Autónomas les han encomendado diversas tareas relacionadas con a liquidación de determinados impuestos. Por tales servicios los registradores de la propiedad perciben un tanto por ciento de los impuestos recaudados.
2. La Administración española venía estimando tradicional-mente que, a efectos del IVA, cuando realizaban estas tareas para las Comunidades Autónomas, los registradores de la propiedad debían considerarse empresarios o profesionales que prestaban servicios sujetos al IVA. Los argumentos esgrimidos a este respecto por la Administración española se basaban fundamentalmente en las sentencias del Tribunal de Justicia de 26 de marzo de 1987 (asunto C-2 35/85, Comisión/Países Bajos) (2) y de 25 de julio de 1991 (asunto C-202/ 90, Ayuntamiento de Sevilla) (3).
3. El Tribunal Supremo de España en su sentencia de 12 de julio de 2003 consideró que los registradores de la propiedad, por lo que respecta a las actividades especificas que les confían las Comunidades Autónomas, consistentes en la liquidación y recaudación de determinados impuestos, son meros funcionarios y forman parte de la Administración Pública. A partir de esa sentencia, dictada en un recurso de casación en interés de ley, la Administración española viene entendiendo que tales servicios no están sujetos a IVA.
4. Por el contrario, la Comisión considera que los prestados a las Comunidades Autónomas por los registradores de la propiedad deben estar sujetos al IVA de acuerdo con la regla general contenida en el artículo 2 de la Sexta Directiva. Esta constatación deriva del hecho de que los registradores- liquidadores actúan como profesionales que organizan de modo autónomo e independiente los recursos humanos y materiales con vistas a la prestación del servicio, tal y como se exige por el artículo 4, apartado 1, de la mencionada Directiva, y que no se dan en este caso las características de subordinación y dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan ser considerados como prestados por un funcionario a la Administración a la que pertenece y, en esta hipótesis, no sujetos al IVA. El registrador- liquidador no es ni un órgano administrativo de la Comunidad Autónoma, ni un elemento intrínseco, incorporado o interno de la misma, sino una parte independiente y diferenciada con la que la Comunidad Autónoma celebra un pacto de prestación de servicios a título oneroso.
5. Asimismo la Comisión considera que en el presente concurren los requisitos exigidos por la jurisprudencia para declarar la responsabilidad del Reino de España por el incumplimiento derivado de la interpretación del Derecho comunitario no conforme con su espíritu ni finalidad ni con la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia. En primer lugar, el rango del Tribunal Supremo como órgano judicial superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. En segundo lugar, la relevancia y repercusión de la resolución, en principio, contraria a la interpretación consagrada por el Tribunal de Justicia, y que propició un giro absoluto en la jurisprudencia de los órganos inferiores y la práctica de la Administración española hasta entonces, dado su carácter vinculante. En tercer lugar, la producción de efectos perjudiciales en el sector del IVA que puede afectar a los recursos propios de la Comunidad. En consecuencia., la Administración Española no puede ampararse en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo para justificar el incumplimiento del derecho comunitario.
(1) Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, en materia de armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios ”” Sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido ”” base imponible uniforme (DO L 145, p. 1; EE 09/01, p. 54).
(2) Rec. p. 1471.
(3) Rec. p. I-4247.

Caso Calero: El ex alcalde Francisco Valido apunta a Reyes como responsable de la reparcelación de los terrenos de Telpan

viernes, 13 de noviembre de 2009

Teldeactualidad.com

En su declaración ante la Policía declara que el ex responsable de Urbanismo validó el proyecto
Telde.- «El responsable final de la reparcelación era Guillermo Reyes». Francisco Valido, ex alcalde de Telde, apuntó directamente a Guillermo Reyes como responsable último del expediente de reparcelación de El Calero, que ha dado lugar a una nueva trama de presunta corrupción en el municipio de Telde. Las primeras 48 horas del caso se saldan con un total de doce personas imputadas, la mayoría funcionarios municipales. Cinco de ellos fueron detenidos el martes y puestos en libertad a lo largo de las últimas 48 horas, salvo el responsable de urbanismo José Luis Mena, que al cierre de esta edición aún prestaba declaración ante la policía.

Durante su interrogatorio a última hora de la noche del pasado martes, Francisco Valido aseguró que la responsabilidad de firmar el expediente de reparcelación de un solar en el barrio de El Calero antes de llevarlo a la junta de gobierno local fue Reyes, concejal delegado de Ordenación Territorial cuando era alcalde Valido, según una información del periódico La Provincia que firma Pedro Guerra.

En el citado solar estaba previsto que el empresario Félix Machín llevara a cabo una promoción de 78 viviendas, a pesar de que las licencias de demolición, construcción y urbanización nunca fueron aprobadas, aunque contaron con informes técnicos favorables.

El eje de la investigación es el proyecto de reparcelación de los terrenos correspondientes a la unidad de actuación (UA) El Calero Alto 2, un solar que fue comprado por el empresario Félix Machín, imputado en la causa. Ese proyecto de reparcelación, según fuentes próximas al caso, contaba con innumerables irregularidades,aunque varios técnicos redactaron informes favorables.

Siempre según La Provincia, Incluso, el proyecto fue inscrito en el Registro de la Propiedad por el registrador Adolfo Calandria, también imputado, después de que llegara a sus manos un documento de un notario que, al parecer, incluso tenía modificaciones hechas a lápiz.Otro de los asuntos que se investigan es un posible cambio de uso de la parcela donde se tenía previsto edificar las 78 viviendas. Al parecer el solar formaba parte del patrimonio municipal del suelo, con lo que su único destino posible era la construcción de viviendas de protección oficial.

Como si fuera técnico
La investigación atribuye al arquitecto Jesús ́lvarez un papel muy importante dentro de la presunta trama relacionada con el solar de El Calero. ́lvarez se negó ayer a declarar ante la policía a la espera de que sea citado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Telde, donde sí tiene previsto contar su testimonio. Tras pasar la noche del martes en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, quedó imputado bajo los cargos de tráfico de influencias, inducción a la prevaricación y uno de usurpación de funciones públicas, recogido en el artículo 402 del Código Penal.

Según apuntan fuentes próximas a la investigación, a Jesús ́lvarez se le relaciona con la redacción de informes como si fuera técnico del Ayuntamiento de Telde, cuando en realidad fue contratado por el Consistorio para redactar el Plan General de Ordenación del municipio.

Concretamente, se le atribuye al arquitecto la elaboración de un informe técnico en el que se mostraba favorable a la reparcelación del solar que había adquirido Jesús Machín. Una reparcelación que, según el denunciante del caso, colocaba una unidad de actuación sobre su vivienda, lo que originó la denuncia ante la policía.

Detienen al ex arquitecto municipal de ́guilas en el marco del caso Zerrichera

viernes, 13 de noviembre de 2009

Se investiga si se prestó a entregar dinero a altos cargos públicos, supuestamente por encargo de algún constructor con intereses en la localidad murciana
R. Fernández / A. Soler | ́guilas 12-11-09 ABC
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) del Cuerpo Nacional de Policía están de nuevo de gira. De gira por Murcia. Y ello casi siempre es sinónimo de un nuevo golpe a la corrupción urbanística y de altos funcionarios y políticos detenidos. El pasado martes le tocó el turno al arquitecto aguileño Jorge Sotelino Vico, quien fue arquitecto municipal de la localidad costera hace años, que actualmente posee un exitoso gabinete en ́guilas y otro en Granada y que por la mañana fue arrestado por los agentes anticorrupción por su supuesta implicación en el caso Zerrichera.
Fuentes próximas a la investigación señalaron que los policías judiciales, que actuaron bajo la supervisión del juez instructor Antonio Alcázar, registraron su despacho de la calle Conde de Aranda de ́guilas y luego lo trasladaron a las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, donde fue interrogado.
Bien posicionado
Sotelino está vinculado profesionalmente al notario y promotor urbanístico Sebastián Fernández Rabal, quien ya fue detenido el pasado mayo por el mismo asunto y que más tarde volvió a serlo por el caso Limusa. Igualmente, según las mismas fuentes, el arquitecto ha trabajado para el empresario Trinitario Casanova, el impulsor del plan parcial La Zerrichera, y además se habría encargado del desarrollo de este proyecto urbanístico desde su despacho.
Sotelino Vico es, asimismo, quien ha diseñado la mayor parte de los grandes proyectos urbanísticos de ́guilas. Se le considera un hombre bien relacionado con el alcalde, Juan Ramírez, y su nombre aparece desde hace meses vinculado a la investigación judicial sobre La Zerrichera. De hecho, ya en el interrogatorio al que fue sometido tras su detención el ex consejero del Gobierno murciano Francisco Marqués, el fiscal le preguntó si sabía que el arquitecto Sotelino estaba detrás del plan parcial de La Zerrichera.
Lo que los expertos de la UDEF-BLA investigan en estos momentos es si Sotelino podría haberse prestado a entregar diversas cantidades de dinero a altos cargos públicos, supuestamente por encargo de algún constructor con intereses en ́guilas. Esto es, si puede estar implicado en un posible delito de cohecho.
Dos años de investigación
Mientras, los agentes tratan de cerrar la investigación sobre otros posibles implicados en el supuesto caso de corrupción urbanística, por lo que no se descartan más detenciones. Lo más probable es que Sotelino sea puesto a disposición del juez Alcázar una vez que se concluya el atestado policial.
La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional lleva más de dos años investigando el asunto Zerrichera. Este plan parcial se iba a desarrollar en ́guilas y contemplaba la construcción de más de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf. Las sospechas de posibles irregularidades se centran en el hecho de que los terrenos estaban especialmente protegidos por las normas medioambientales, lo que no impidió que el proyecto fuera superando todos los trámites administrativos.