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Archivo del 14 de noviembre de 2009

Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia quieren que sea más difícil recurrir

sábado, 14 de noviembre de 2009

Xavier Gil Pecharromán 11/11/2009 El Economista

El informe de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de las diecisiete autonomías propone en el ámbito Penal una reflexión sobre el mantenimiento de las faltas (multas y trabajos en favor de la comunidad, ya que las primeras son poco eficaces -salvo en tráfico de vehículos- y las segundas son difíciles de comprobar). Por ello, plantean derivar algunas faltas al ámbito administrativo y el resto a otra clase de órganos judiciales.
También reclama que se limiten o suprima el recurso sobre las sentencias absolutorias menos graves y, cuando éstas se dicten in voce, que sólo se haga un resumen.
Como en el sistema francés, los magistrados son partidarios de que se reduzcan las exigencias de motivación hasta la finalización del plazo para interponer recurso. Así, el pronunciamiento del juez de Instrucción (en juicios de faltas) o del juez de lo Penal sería inmediato tras la conclusión del juicio. Además, al diferirse la redacción de la resolución, se reducirían las exigencias de motivación si no se recurre, quedando sólo para los casos controvertidos.
Instrucción Penal
Descarta que la panacea de la instrucción sea que la realicen los fiscales, sino que consideran fundamental para ahorrar tiempo practicar sólo las diligencias imprescindibles y no todas como ocurre ahora.
Apuesta por incluir plazos de investigación o crear juzgados especializados en determinados delitos, así como un nuevo plazo para que el apelado pueda adherirse al recurso y pedir en apelación la agravación de la posición del primer apelante.
Se trata de evitar actitudes obstruccionistas para lo que solicitan mecanismos que reduzcan el acceso al recurso. Desde las resoluciones que acuerdan la incoación del procedimiento, hasta las que se pronuncien sobre la práctica o denegación de diligencias de instrucción, abogan porque deberían quedar excluidas de recurso (al menos de apelación) autónomo.
Sólo una vez concluida la instrucción, la resolución de continuación de las actuaciones o de sobreseimiento debería ser susceptible de ser revisada por el tribunal de apelación.
Se solicita que exista la posibilidad de formular un recurso de apelación al final de la instrucción concentrando todas las objeciones procesales suscitadas durante la tramitación o, bien, que cuando exista posibilidad de apelar en esta fase, no se admita el recurso de reforma.
Para la fase intermedia, estiman los presidentes de los TSJ que para evitar imputaciones sorpresivas o la apertura injusta del juicio oral cuando no hay base suficiente, sería más útil que la impugnación del auto de transformación del procedimiento, establecer un traslado a la defensa de los escritos de acusación, antes de dictar el auto de apertura del juicio oral, y posibilitar la apelación.
Jurisdicción Civil
Se apuesta por la desaparición o la revisión del límite cuantitativo del juicio monitorio y que su tramitación la realicen los notarios. Reclaman, que debería ponerse al alcance de este colectivo los registros públicos de averiguación de domicilio. También, apuntan por proceder a ejecutar el embargo, si el demandado no paga o se opone en un plazo determinado sin necesidad de juicio.
Las modificaciones planteadas para la segunda instancia se centran en impedir el recurso de apelación en procedimientos que no produzcan efectos de cosa juzgada material; ni en las sentencias dictadas en juicio verbal por cantidades inferiores a 1.500 euros; y que los recursos contra las calificaciones registrales se tramiten en una única instancia por órganos superiores.
Sobre la desjudicialización de la jurisdicción voluntaria se solicita para los notarios los deslindes, amojonamientos y abintestatos, mientras que para los registradores solicitan los expedientes de dominio y liberación de cargas, sin intervención judicial.
El recurso de casación se pide limitarlo a su interés casacional o, para asuntos no familiares, un mínimo de 300.000 euros y el juicio verbal que se eleve a 6.000 euros. Finalmente, se pierde que se responsabilice al ciudadano de informar al juzgado de los cambios de domicilio.
También, en los casos de divorcio, separación, sucesiones, consumidores, tráfico y relaciones de vecindad deberían pasar antes por la mediación. También en los procedimientos por contratos de obra, vicios de construcción se debería recurrir al arbitraje.
Jurisdicción Social
En este campo del Derecho se solicita la potenciación del arbitraje administrativo de convenios e individual. Así mismo, se solicita la reforma de la regla de justicia gratuita.
Se arguye la necesidad de poner en marcha un tipo de juicio monitorio laboral, con posibilidad de intervención del Fondo de Garantía Salarial, lo que descargaría las agendas de señalamientos de los jueces.
Y como en las anteriores jurisdicciones se propone la limitación al recurso de suplicación elevando la cuantía a 3.000 euros y en los honorarios de los letrados de las partes recurridas, las sanciones pecuniaria y la cuantía de los depósitos para recurrir se eleven en un 100 por ciento.
Con respecto a las limitaciones sobre las resoluciones susceptibles de recurso, se pide que se impida a los procesos de impugnación de altas médicas y en las sentencias en las que se discuta el grado de incapacidad permanente del trabajador.
Se apunta, el acceso al recurso de suplicación quede ligado al concepto de interés casacional o existencia de resoluciones contradictorias en el ámbito de los TSJ.
Contencioso-Administrativo
El informe reclama que no se pueda recurrir si no hay posibilidades manifiestas de prosperar; que se incluya una previsión en los Actos Masa similar a la de la Ley de Procedimiento Laboral; y que se amplíe el ámbito del procedimiento abreviado.
En el capítulo de las sanciones se aboga por un régimen de costas agravado para quien con escasa responsabilidad propicie el proceso y lo pierda. También se propone la imposición de costas en función del acto impugnado.
«Así, los actos expresos de la Administración podrían seguir el criterio actual, mientras que los presuntos conllevarían la imposición automática de Costas a la Administración si se obtiene sentencia estimatoria, señala el informe.
Se propone elevar la cuantía para recurrir hasta los 30.000 euros y limitar los autos dictados en ejecución de sentencias. Concluye el informe reclamando la creación de Tribunales Económico Administrativos de ámbito municipal.

Multa de 120 millones a seis aseguradoras por pactar precios

sábado, 14 de noviembre de 2009

Sanción récord
La sanción es la mayor que ha impuesto en su historia la CNC
Le sigue la que impuso en 2004 a Telefónica y Astel, de 57 millones
Las compañías consideran ‘desproporcionada’ la sanción y estudian recurrir
12/11/2009 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
Madrid.- La Comisión Nacional de la Competencia ha impuesto la mayor multa de su historia, 120 millones de euros, a seis aseguradoras por un acuerdo de cártel de fijación de precios mínimos en el seguro que los promotores de viviendas están obligados a suscribir desde el año 2002.
Según ha informado la CNC, las principales compañías dedicadas a este segmento, Mapfre y Asefa, y las tres mayores reaseguradoras, Scor, Swiss Re y Mͼnchener, mantuvieron reuniones a lo largo del segundo semestre de 2001 para alcanzar un pacto de precios mínimos y evitar la caída de los mismos.
Dichas conversaciones, apunta la CNC, concluyeron en un documento fechado el 5 de diciembre de 2001 en el que se fijan los criterios de tarificación del seguro decenal.
Este seguro es obligatorio, según la Ley de Ordenación de la Edificación, desde el año 2002, por lo que ha estado vigente durante todo el ‘boom’ inmobiliario. Obliga a los promotores a contratar un seguro de daños materiales a 10 años que garantiza los daños causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen en elementos estructurales y que comprometan su resistencia o estabilidad.
Las compañías firmantes del acuerdo trataron de que fuese cumplido también por el resto de empresas del sector. Para ello, las reaseguradoras se comprometían a incorporar el pacto de precios mínimos a las guías de tarificación que se incorporan a los contratos de reaseguro.
La conclusión directa fue, según Competencia, que se produjo una total homogeneidad en las primas propuestas por las compañías presentes en el mercado español.
El cártel estuvo vigente entre los años 2002 y 2007 y hay constancia de que, en 2006, se incorporó al mismo Caser, la tercera aseguradora por cuota de mercado. Cuando se detectaban incumplimientos, se denunciaban a los restantes miembros del cártel para presionar a la aseguradora o entidad financiera díscola.
La mayor multa es para Asefa, que deberá pagar 27,7 millones de euros. Swiss Re habrá de afrontar una sanción de 22,6 millones. A Mapfre se le imponen 21,6 millones de multa; a Scor 18,6 millones; a Mͼnchener 15,8 millones, y a Caser 14,2 millones de euros. Todas estas sanciones son recurribles.
La sanción a las cinco aseguradoras es la mayor que ha impuesto en su historia la CNC. Le sigue la que impuso en 2004 a Telefónica y la patronal de las telecomunicaciones, Astel, de 57 millones de euros.
Unespa considera la sanción ‘desproporcionada’
La patronal del sector seguros, Unespa ha calificado de «desproporcionada» la multa histórica de la CNC, informa Europa Press. Un portavoz de la organización ha asegurado que la multa «no responde a una actuación sectorial» y que la CNC nunca se dirigió a la patronal durante la tramitación del expediente sancionador.
Las empresas afectadas estudian presentar un recurso ante la Audiencia Nacional. Fuentes de Caser aseguran que, antes de tomar esta decisión, la asesoría jurídica de la compañía está estudiando el alcance de la multa.
Mapfre, por su parte, mostró su «absoluta discrepancia» con la multa «desproporcionada», una sanción por una infracción que considera «inexistente», según explicó la compañía en un comunicado.