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Archivo del 18 de noviembre de 2009

Las aseguradoras subirán los precios a sus clientes para pagar la multa impuesta por Competencia

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Miguel Benito – 16/11/2009 Cotizalia
Por polémica que pueda resultar la multa de 120,73 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de la Competencia a tres aseguradoras (Asefa, Mapfre Empresas y Caser) y cuatro reaseguradoras (Scor, Munich Re, Swiss Re y Mapfre Re), una obviedad se abre paso: si finalmente se hace efectiva, serán los futuros asegurados que contraten los seguros decenales de la edificación los que pagarán la multa, ya que según una de las teorías en la que sustenta el seguro, la mutualización de los riesgos y de los gastos, verán incrementados sus seguros en la parte proporcional.

Tras la entrada en vigor, el 6 de mayo de 2000, de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), se impuso una garantía decenal para daños estructurales en edificios de viviendas que, en la práctica, es un seguro obligatorio. Sin él, no es posible inscribir en el Registro de la Propiedad los edificios de viviendas de obra nueva. Este nuevo seguro, cuya inspiración parte de la ley francesa de 1978 conocida como Spinetta, ha acompañado el boom inmobiliario de los últimos años, alcanzando los 520 millones de euros en primas en 2006, y reduciéndose de forma significativa en los dos últimos años.

Sin embargo, en el momento de su implantación, casi ninguna empresa contaba con los conocimientos técnicos para hacer viable este seguro, y en la práctica, casi se reducía a una entidad: Asefa, filial en un 60% de la mutua francesa especializada en este tipo de riesgos SMABTP, así como de las entidades que participaban en su reaseguro: Scor, Swiss Re, Munich Re, etc. Todo esto provocó en la práctica que se dieran muchas similitudes en la fijación de precios, donde algún reasegurador ya desaparecido del mercado español, como Trenwich, marcaba la diferencia, lo que a la larga provocó su abandono del mercado.

El legislador no previó que el seguro decenal, por los grandes capitales asegurados que representa, es inviable sin la cobertura del reaseguro, es decir, sin el seguro del seguro. Curiosamente, este argumento es el que Mapfre ha dado a conocer al discrepar absolutamente, junto al resto de afectados, de la resolución de la CNC. Mapfre destaca el voto discrepante de Fernando Torremocha, vicepresidente del Consejo de la Comisión, que afirma que la Resolución “ha deslocalizado su real objeto o causa de infracción”, alega que la situación se produce por la aparición de un seguro nuevo que es inviable sin el reaseguro, lo que ha requerido una determinada actuación “dentro siempre de la más absoluta corrección”, y añade que la Resolución “no está capacitada para imponerles una sanción de hasta el 10% del volumen de ventas, sino tampoco de hasta la cifra cerrada de 901.518,16 euros”.

Perplejidad en Unespa

Tanto Mapfre como la asociación empresarial Unespa recuerdan que en la actualidad está en revisión por parte de la Comisión Europea la aplicación del Derecho de la Competencia al sector asegurador, “por la necesidad de dotarlo de un marco normativo que ofrezca la necesaria seguridad jurídica para los distintos operadores del mismo”, lo que evitaría resoluciones como esta.

El sector asegurador y los operadores sancionados se han mostrado perplejos ante la citada resolución de la CNC, que dice apoyarse en los esporádicos encuentros que los técnicos del ramo de las distintas compañías sancionadas mantenían, y que al parecer quedaron plasmados en un documento al que la CNC tuvo acceso. Pero se produce una paradoja, sin el reaseguro es inviable este ramo y la resolución sanciona a los únicos cuatro reaseguradores globales que sobre el particular entienden algo. De retirar su oferta, colapsarían el mercado.

«Viviendas libres no vendidas pasarán a ser protegidas o adquiridas como usadas»

miércoles, 18 de noviembre de 2009

15-11-2009 , Sara Martínez Expansión.com
¿Buen momento para la compra? Precios en descenso, Euribor en mínimos históricos, sobreoferta por doquier para poder elegir la vivienda de nuestros sueños, medidas fiscales que entrarán en vigor los próximos meses… Si en teoría se dan las mejores circunstancias en la última década para convertirse en propietario de una vivienda, ¿por qué no se venden casas?

Para mitigar y corregir los efectos negativos que ha generado la crisis económica sobre el sector de construcción y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos y empresas, las Administración estatal y las autonómicas están acometiendo una serie de iniciativas en materia de suelo, vivienda y financiación. Con el objetivo de analizar estas medidas, sus efectos y consecuencias sobre la reactivación del mercado inmobiliario, Unidad Editorial Conferencias y Formación organiza, el próximo 25 de noviembre la conferencia ‘Vivienda protegida: avances del Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y Planes Autonómicos’.
Como adelanto, José Justo Tinaut Elorza, subdirector general de Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, explica que «el ‘Plan Nacional de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012’ ha superado ya una serie de etapas previas, pero necesarias, a su implantación y su situación en estos momentos es de plena entrada en vigor». La próxima etapa del Plan desarrollará «medidas destinadas a facilitar que una parte del stock de viviendas libres no vendidas se convierta en viviendas protegidas o puedan ser adquiridas como viviendas usadas», asegura Tinaut.
Los convenios con las comunidades autónomas establecen unas cifras de objetivos, en función de número de viviendas y de actuaciones (promoción de nuevas viviendas, rehabilitación de las existentes, etcétera), para cada uno de los períodos anuales del Plan, así como unas reglas para poder superar esas cifras hasta ciertos límites. Por tanto, Tinaut afirma que «al término de este primer período anual (2009), cada comunidad autónoma debe conocer cuáles son sus objetivos convenidos para 2010, así como los procedimientos para continuar con la actividad del Plan».
En Cataluña han elaborado el ‘Plan para el derecho a la vivienda de Catalunya 2009-2012’. «Se trata del primer plan de vivienda que se realiza desde la entrada en vigor de la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda y la firma del Pacto Nacional de la Vivienda 2007-2016, por lo que introduce las medidas que se desprenden de los dos documentos que vertebran la política de vivienda en Cataluña e introduce algunas novedades», apunta Joaquím Gascó y Palacín, director general de Promoción de la Vivienda en la Generalitat de Catalunya.
Entre las novedades, Gascó destaca que el Plan simplifica la duración del régimen jurídico de las viviendas calificadas de protección oficial, adecuándolo a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda; introduce el alquiler con opción a compra al mismo nivel que los sistemas clásicos y nuevas formas de acceder que disminuyen el esfuerzo a realizar por el ciudadano para conseguir una propiedad, como el derecho de superficie, la copropiedad o la cesión de uso; define las actuaciones protegibles e integra la solicitud del estudio técnico preceptivo del estado del edificio en la solicitud de la subvención; y regula la concesión de anticipos de las subvenciones al inicio de las obras y potencia la rehabilitación de conjuntos de edificios con la Administración local.
En el campo de las ayudas sociales, Gascó enumera «las ayudas al pago de alquiler, que se convierten en prestaciones con carácter permanente; las ayudas puntuales al pago de la vivienda (alquiler o hipoteca) para atender situaciones de riesgo de desahucio; y la creación de una nueva modalidad de ayuda al pago del alquiler para los inquilinos del Parque Público de Viviendas, en la que se descuenta directamente del recibo de alquiler la subvención a que tiene derecho el usuario».
La Comunidad de Madrid, por su parte, cuenta con el ‘Nuevo Plan de Vivienda 2009-2012’, que flexibiliza las tipologías de vivienda de protección, favorece la conversión de vivienda libre en protegida con el objetivo de eliminar el sobrante y potencia el alquiler con opción a compra, que ahora se podrá ejercer al quinto año, sexto o séptimo año por madrileños de cualquier edad. La nueva normativa mantiene la colaboración con la iniciativa privada y está muy adaptada a la crisis actual.
Además del Nuevo Plan, se han puesto en marcha otras iniciativas pioneras como el convenio impulsado por el Gobierno regional con las entidades bancarias más importantes, la Asociación de promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), los colegios de notarios y registradores y la Asociación Hipotecaria Española para impulsar el stock de vivienda libre que no encuentra comprador, ofreciendo mejores condiciones y garantizando su financiación.
En cuanto a la financiación de promoción de viviendas, la directora general de Inversiones del Instituto Oficial de Crédito (ICO), Rosario Casero Echeverri, explica que el «Instituto colabora desde 1992 con el Ministerio de Vivienda y desde entonces ha formalizado más de 400 operaciones para la promoción de vivienda protegida por importe superior a 1.000 millones de euros».
Como novedad este año, y con el objetivo de facilitar el acceso de las familias a viviendas protegidas, destaca Casero, «el Instituto y el Ministerio de Vivienda suscribieron un acuerdo para poner en marcha un programa de cobertura para la financiación de vivienda protegida. El ICO ofrece a las entidades de crédito una cobertura de hasta el 50% del importe de los nuevos préstamos destinados a la adquisición de viviendas protegidas para cubrir determinados supuestos de impago. Las viviendas pueden provenir tanto del nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009-2012, como del stock de viviendas procedentes de planes anteriores o de la conversión de viviendas libres en protegidas».

Los bufetes están blindando sus bases de datos y exigen a los abogados que firmen contratos ”˜antitransfugismo”™ para evitar que les roben clientes si se van

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Martes, 17 de noviembre de 2009 – Cotizalia

Si algo preocupa a los despachos de abogados, especialmente a los de pequeño y mediano tamaño, es el ”˜robo”™ de clientes por parte de antiguos empleados. Blindar las bases de datos de su clientela y firmar contratos que recojan un período de incompatibilidad para trabajar con esos clientes una vez se abandone el bufete son algunos de los recursos que emplean las firmas para proteger su negocio.
“La legislación de la actividad de la abogacía no está muy desarrollada y a los jueces les pesa demasiado la libertad de mercado”, resumen a El Confidencial Digital desde algunos de los despachos de mediano y gran tamaño más representativos del país. Las mismas fuentes lamentan “lo fácil que irse de un despacho, llevarse clientes y montarse por su cuenta, cuando casi no hay nada que te lo impida, más allá de la ética profesional”.
Tal y como ha sabido este confidencial, la preocupación por evitar las ”˜fugas”™ es generalizada y buena muestra de ello es que este tema ha protagonizado varias sesiones, coloquios y corrillos en las últimas reuniones y congresos celebrados por despachos de abogados, auditores, consultores y asesores fiscales.
En uno de los más recientes, el de la Asociación Española de Asesores Fiscales celebrado a principios de mes en Valencia, los responsables de varios despachos de prestigio pusieron sobre la mesa sus preocupaciones en la materia y compartieron con sus compañeros de profesión las estrategias que están poniendo en marcha para evitar que antiguos empleados del despacho se vayan con parte de los clientes del mismo.
Algunas de las ”˜armas”™ más utilizadas para poner coto a este tipo de actuaciones son las siguientes:
— ”˜Blindar”™ los contratos de trabajo de los nuevos fichajes, de forma que si alguno de ellos se va del despacho, no pueda atender por libre o para otra firma en un plazo de terminado -de entre 2 y 5 años – a los clientes que se le encomiendan.
— Fomentar las medidas legales preventivas: se trata de imponer un modelo de contrato previo que recoja un reconocimiento de ambas partes de que “los clientes son del despacho, no del abogado que los atiende”.
— Potenciar y fidelizar la ”˜marca-despacho”™, transmitiendo al cliente que trabaja con un equipo, no con una sola persona, de forma que si algún miembro de ese equipo se va, el cliente no se sienta solo, desamparado o traicionado. “Destinar al menos dos interlocutores distintos para cada cliente, enviar comunicados firmados por varios abogados de la firma, darle al cliente cursos de formación, conferencias, etc. impartidos por personas del despacho que nos son con las que trata habitualmente”¦” son algunas de las recomendaciones prácticas que responsables de recursos humanos de los principales despachos destacan a ECD.
— Evaluar las fugas a medio – largo plazo y convencer al cliente de las ventajas de “seguir con el abogado de toda la vida, que le ha funcionado bien, y no dejarse engañar por rebajas en los honorarios que al final, salen más caros”, resumen desde Jordi Amado Consultores Asociados.
— Evitar “la obsesión del socio”, esto es, dar la imagen de que convertir a un trabajador en socio del despacho es más una muestra de prestigio profesional, que de un mayor poder adquisitivo. “Entrar como socio profesional, desvinculando el nombramiento de la propiedad ayudaría bastante”, sugieren algunos despachos.
— “Revisar la protección de las bases de datos” y considerar el correo electrónico como una herramienta de trabajo, por lo que se debe poder acceder a ella para proteger el fondo documental del despacho.