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Archivo del 24 de noviembre de 2009

Denuncian ante Economía y Justicia a la inmobiliaria del Colegio de Registradores

martes, 24 de noviembre de 2009

Xavier Gil Pecharromán 23/11/2009 El Economista
La Asociación de Defensa de los Usuarios de Registros Públicos ha denunciado ante los Ministerios de Economía y Justicia al Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
En su escrito dice que la operación de ampliación de capital de la sociedad Inversiones Inmobiliarias Colegio de Registradores de España SL (IICRE), que da paso al accionariado a título particular a los registradores es «un negocio lucrativo, sin base legal que lo ampare» y «un negocio abusivo» al permitir el reparto de dividendos con dinero procedente del arancel registral, que pagan los usuario, mediante el cobro de alquileres a los Registros.
La denuncia, firmada por el presidente de la Asociación, el notario Javier Martínez del Moral, aduce, que la gravedad de esta situación salta a la vista pues se produce un destino del arancel distinto del previsto legalmente, puesto que en lugar de ser destinado al sostenimiento del Registro que lo recauda, parte del arancel se destina, primero a aportar fondos a la sociedad IICRE y luego «a pagar caros alquileres de la sede del Registro a la misma sociedad IICRE».
Beneficios para los registradores
Esta sociedad, según la denuncia tiene como objetivo, según consta en el Memorandum remitido a los registradores: «conseguir beneficios crecientes y recurrentes para entregar a los Registradores personas físicas inversoras que suscriban la ampliación de capital».
Y razona, que «lo legal sería que los beneficios procedentes de los alquileres de sedes registrales satisfechos con el arancel registral, pagado por los ciudadanos, se destinaran a financiar proyectos de servicio público registral y no a repartirse entre los registradores inversores privados de la sociedad IICRE».
Considera, además, que «constituye un fraude al colectivo de trabajadores de los Registros», ya que parte de los fondos empleados para comprar inmuebles para alquilar a los Registros provienen del porcentaje del arancel destinado al pago de sueldos de los trabajadores (un 40 por ciento del total, una vez descontados los gastos de cada Registro, incluido el arrendamiento de local, que es el gasto más elevado. El resto, afirma la denuncia, el 60 por ciento de la masa, se la queda íntegramente el registrador.
Contra el libre mercado
También acusa al Colegio de prácticas contra la competencia al obligar a los registradores a alquilar los inmuebles de esta sociedad, «pues ningún Registro de Madrid tiene opción de ir a otra sede que no sea el nuevo edificio de la calle Alcalá 540, de la sociedad IICRE, o cualquier otra de las sedes registrales repartidas por todo el país, con lo cual no tienen ninguna capacidad de negociar las condiciones del contrato».
La Asociación solicita en su denuncia una investigación exhaustiva sobre la ampliación de capital y de las prácticas contrarias a la competencia, así como la paralización de las actividades de la compañía y la disolución y liquidación de la sociedad.

Los jueces tienen hasta un 30% de sobrecarga de trabajo

martes, 24 de noviembre de 2009

Según un informe de la Fundación Walters Kluwer, son necesarias 707 plazas más.
N. Sanmartin Fenollera – Madrid – 20/11/2009 Cinco Días
Los jueces y magistrados españoles recibieron en 2008 de media un 8,6% más de asuntos de los que pueden resolver. Esa cifra se disparó hasta casi un 30% en la salas de la jurisdicción contencioso-administrativa -tradicionalmente aquejadas de sobrecarga crónica de trabajo- y se redujo, por el contrario, en los salas de lo civil y penal de los tribunales superiores de justicia y en los juzgados de primera instancia e instrucción penal, que no llegaron al 1%.
Los datos forman parte del Informe 2009 del Observatorio de Actividad de la Justicia, realizado por la Fundación Walters Kluwer con los últimos datos cerrados, del año 2008. El cálculo para llegar a esos ratios es el resultado de relacionar la capacidad máxima de resolver asuntos por el conjunto de los órganos judiciales (teniendo en cuenta el módulo máximo de entrada de asuntos establecido por el CGPJ) y el número de asuntos realmente planteados.
«El número de asuntos que entran en el conjunto de órganos judiciales excede en un 8,59% de la mayor carga de trabajo atendible con la actual plantilla de jueces y magistrados», señalan en el informe. La situación, lejos de mejorar, refleja un incremento del 4% en la carga de trabajo respecto al año anterior. «La causa del mismo es probablemente la insuficiente creación de nuevas unidades judiciales. También contribuye el hecho de que las nuevas unidades judiciales no se implementen con el criterio estricto de atención a las mayores necesidades», explican desde la fundación.
La acumulación de trabajo en las mesas de los jueces y magistrados de lo contencioso-administrativo tiene que ver con el aumento de casos de función pública y de recursos de apelación que se han producido en esa jurisdicción, un 22% más que en 2007. Además, mantienen una carga equivalente al 16% de asuntos iniciados en el apartado «otras materias» de la estadística judicial (constante año tras año en conjunto y con diferencias significativas entre salas, ya que hay algunas a cero), «de difícil interpretación en cuanto a su contenido, ya que parece contener datos de reparto provisional cuyo cómputo duplicaría el reparto definitivo».
El informe, que ha analizado la necesidad de incrementar el número total de jueces y magistrados en atención a la carga de trabajo recibida en el año, teniendo en cuenta la localización geográfica y la especialidad jurisdiccional, concluye que para aligerar ese colapso sería necesario ampliar la planta judicial en un 13,11%. En términos de personal, ello equivaldría a una carencia, a 31 de diciembre de 2008, de 707 jueces y magistrados. La mejor relación de efectivos respecto a la carga de trabajo se da en las Audiencias Provinciales mixtas. La peor relación, en los Juzgados de lo Social, por el incremento espectacular de sus cargas de trabajo en el año 2008. En la misma situación se hallan los juzgados de lo mercantil.
Como muestra de esa carencia, la fundación recuerda que el 16,37% del total de sentencias dictadas lo son por juzgadores que no forman parte de la carrera judicial. Pese a todo, la cifra supone una mejora del 0,63% en relación con 2007