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Archivo del 27 de noviembre de 2009

Consejo de Ministros. Proyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

viernes, 27 de noviembre de 2009

Su principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos.
Los agentes económicos señalados en la Ley deberán identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, con un objetivo doble:
Reforzar el funcionamiento del sistema financiero español y de otros operadores económicos para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
Incorporar a la normativa española en su totalidad el contenido de la Directiva europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica.
El blanqueo de capitales es una práctica delictiva que se va adaptando a las medidas adoptadas por las autoridades para combatirla. La experiencia adquirida, tanto a nivel nacional como internacional, ha motivado la necesidad de modernización de nuestra normativa, con el objetivo último de incrementar la eficacia del sistema, tanto en la detección por parte de las entidades de cualquier operativa sospechosa o inusual, como en el tratamiento de la información recibida por parte del Servicio Ejecutivo (SEPBLAC), la unidad de Inteligencia Financiera española).
Dos tipos de riesgos
El blanqueo de capitales presenta dos tipos de riesgos: los sociales, ya que favorece indirectamente la criminalidad al permitir al delincuente «legitimar» el producto del delito, y los económicos y financieros, porque puede producir distorsiones de los movimientos financieros e, indirectamente, de los reales: los flujos de inversión atienden a motivaciones de opacidad y no estrictamente económicas.
Dados estos riesgos, resulta de la máxima importancia no sólo la represión del delito del blanqueo de capitales, sino también su prevención a través de la imposición de una serie de obligaciones y medidas administrativas a determinados sujetos de carácter financiero y no financiero (entidades financieras y profesionales como notarios, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios, etcétera) que pueden resultar más expuestos a este tipo de riesgo.
Los sujetos designados en la Ley están obligados a cumplir de una serie de obligaciones administrativas de prevención del blanqueo. Para supervisar y exigir el cumplimiento de dichas obligaciones se establece un marco institucional y un régimen administrativo de sanciones para la represión de los potenciales incumplimientos.
Deberes
Los principales deberes administrativos de los sujetos obligados son:
Identificar y conocer a sus clientes habituales o esporádicos.
Establecer procedimientos y órganos internos de control.
Examinar operaciones sospechosas.
Comunicar operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo.
Abstenerse de realizar operaciones que consideren sospechosas de blanqueo.
Conservar documentos durante un mínimo de diez años.
Formar a su personal para prevenir el blanqueo de capitales.
Prevención
En el terreno de la prevención, estos son algunos de los principales avances que recoge la nueva normativa:
Considera todos los delitos como subyacentes al blanqueo de capitales, incluido el delito fiscal.
Incorpora nuevos sujetos obligados; por ejemplo, incluye como sujeto obligado a todo comerciante que reciba fondos en metálico en cuantía superior a quince mil euros.
Extiende las obligaciones existentes de prevención del blanqueo de capitales (en particular, la identificación de clientes y la comunicación de operaciones sospechosas e inusuales) a la financiación del terrorismo.
Regula las medidas de diligencia debida con el cliente. Entre ellas destaca la obligación de identificación del titular real de un producto u operación. Se distinguen las medidas simplificadas respecto de clientes y de productos u operaciones en general, y las medidas reforzadas en sectores o actividades de riesgo como la banca privada, los servicios de envío de dinero y las operaciones de cambio de moneda extranjera.
En el contexto de la existencia de sectores de especial riesgo, regula por exigencia comunitaria las medidas relativas a las Personas con Responsabilidad Pública no residentes (PEPs en sus siglas en inglés) y establece que los sujetos obligados aplicarán a éstas medidas reforzadas de diligencia debida. Asimismo, se refuerza el examen especial en el caso de cargos públicos españoles.
Refuerza la estructura institucional, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención.
Refuerza los medios e instrumentos colaboradores en la supervisión e inspección, y prevé la posibilidad de que los órganos supervisores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones) colaboren en dichas tareas con el Servicio Ejecutivo mediante la suscripción de los oportunos convenios con la Comisión.
Establece un sistema de localización de activos financieros que permitirá reforzar las investigaciones patrimoniales, evitando la desaparición de los fondos. Sistemas similares existen en Francia y Alemania.
Con esta normativa se actúa, en definitiva, en la línea asumida por el G-20 de fortalecimiento del sistema financiero y de articulación de medidas que permitan erradicar los denominados paraísos fiscales que, como lugares en los que los sistemas preventivos no funcionan, son una distorsión en un escenario internacional de compromiso en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Consejo de Ministros. Anteproyecto de ley de economía sostenible

viernes, 27 de noviembre de 2009

Forma parte de la estrategia para el cambio del modelo económico.
La Ley fomenta la competitividad, fortalece la supervisión financiera, lucha contra la morosidad, aporta transparencia en las remuneraciones de las sociedades cotizadas y facilita la contratación público-privada.
También promueve la innovación, reforma la Formación Profesional e introduce criterios de ahorro y eficiencia energética y de movilidad sostenible.
Se amplía la deducción por inversión en I+D+i del 8 por 100 al 12 por 100, se aplica el IVA reducido a las reformas para mejorar la eficiencia energética o el ahorro de agua y se establece una nueva deducción en el IRPF del 10 por 100 para este tipo de obras.
El Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía y Hacienda sobre el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, un amplio conjunto de cambios normativos destinados a proporcionar un mejor entorno regulatorio a los agentes económicos para que disfruten de una posición más competitiva en el momento en que se inicie la recuperación económica.
El Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible incorpora un conjunto de reformas estructurales que facilitarán que las empresas y los agentes económicos españoles orienten su actividad hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental.
Esta Ley forma parte de una estrategia que tiene como objetivo fundamental sentar las bases para un modelo de desarrollo y crecimiento de la economía española más sostenible. De esta estrategia formará también parte un Fondo de Capital de veinte mil millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial, y un programa de reformas estructurales con un horizonte de diez años.
La Ley se articula sobre tres grandes pilares: la mejora del entorno económico, el impulso de la competitividad y la apuesta por la sostenibilidad medioambiental.

MEJORA DEL ENTORNO ECONÓMICO
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es establecer principios de buena regulación económica para crear un marco normativo estable y predecible con bajo nivel de cargas administrativas. Se trata de extender al conjunto de la actividad económica la eliminación de restricciones injustificadas.
1.- Organismos reguladores . Se acomete una profunda reforma horizontal de la estructura y normas de funcionamiento de los organismos reguladores con el fin de dotarlos de mayor independencia, transparencia y publicidad en sus actuaciones, mejorar su estructura de gobernanza y su sistema de rendición de cuentas. Éstas son algunas de las novedades:
Reducción del número de miembros de los Consejos al presidente y cuatro consejeros, nombrados por el Gobierno con un mandato de seis años sin posibilidad de renovación. Los presidentes de cada organismo estarán obligados a dar cuenta de sus actuaciones anualmente ante el Parlamento.
Cooperación entre los organismos reguladores: Los distintos organismos deberán coordinarse con la Comisión Nacional de Competencia.
2.- Mercados financieros . Las medidas de reforma que se adoptan son coherentes con las recomendaciones del G-20 .
Reforma de la Ley del Mercado de Valores: Obliga a las sociedades cotizadas a poner a disposición de los accionistas un informe sobre remuneraciones y a votarlo en la Junta General, así como el detalle de las retribuciones individuales de cada uno de los consejeros.
Reforma de la Ley de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros: El Banco de España podrá exigir a las entidades de crédito políticas de remuneración coherentes con una gestión del riesgo prudente y eficaz.
Regulación de la comercialización de los planes y fondos de pensiones, para mejorar la protección al consumidor y la seguridad jurídica de las entidades comercializadoras. Las entidades comercializadoras deberán proporcionar al Ministerio de Economía y Hacienda la información que se les solicite y se refuerzan los sistemas de inspección y sanción de los supervisores financieros para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de información y autorización.
Libertad de elección de los asegurados: El asegurador deberá poner a disposición del asegurado, de forma fácilmente accesible, una relación de prestadores para garantizar una efectiva libertad de elección.
3.- Sostenibilidad financiera en las Administraciones Públicas. Se creará un grupo especial de evaluación del gasto que analizará, tanto los programas de gasto, como la estructura y procedimientos de los diversos ministerios y organismos públicos, y realizará recomendaciones para incrementar su eficiencia. Se presentará un plan de austeridad y de calidad del gasto y un plan de racionalización del sector público empresarial y de la estructura de la Administración Pública.
4.- Contratación pública y colaboración público-privada . El objetivo fundamental es agilizar la contratación pública en plazos y procedimientos, mediante la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Algunas de las novedades son:
Se excluye la obligación de efectuar evaluación previa cuando un órgano de la misma Administración la haya hecho para un supuesto similar.
Elevación a definitiva de la adjudicación provisional cuando el adjudicatario presente la documentación requerida, sin agotar el plazo de quince días hábiles general, salvo que el contrato sea susceptible de recurso especial.
Modificaciones: los contratos del sector público sólo podrán modificarse cuando se haya previsto en los pliegos o en el anuncio de licitación o cuando concurran causas de fuerza mayor. Los modificados no podrán superar el 20 por 100. Si el contrato no puede modificarse, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro bajo las condiciones pertinentes.
Regulación de la colaboración entre el sector público y el sector privado bajo fórmulas institucionales, las denominadas Sociedades de economía mixta: se regula la elección de socio privado con el mismo procedimiento previsto para la adjudicación de contratos, respetando los principios de igualdad y concurrencia. Se abre la posibilidad de obtener avales del Estado para la financiación de actuaciones de colaboración público-privada.
Aumento del porcentaje de subcontratación que se puede exigir a los contratistas, que pasa del 30 por 100 al 50 por 100, con el objetivo de fomentar la participación de Pymes en la contratación pública.

COMPETITIVIDAD

1.- Simplificación administrativa .
Reducción de los plazos para la creación de empresas: se reforma la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada estableciendo un plazo máximo de cinco días cuando el capital social se sitúe entre 30.000 y 3.100 euros, con un máximo de 250 euros de costes; y de un día, cuando el capital se sitúe entre los 3.100 y los 3.000 euros, con un coste máximo de 100 euros. Para todas ellas se suprime el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y todos los trámites serán telemáticos.
Reducción de la morosidad: Reforma de la Ley de Contratos del sector público, de forma que obliga a las A dministraciones a abonar el pago en los treinta días siguientes a la expedición de las certificaciones de obras, a partir de 2013 También se regula un plazo máximo de sesenta días para el pago a pequeñas empresas y autónomos por parte de cualquier contratador.
Reforma de la Ley del Catastro Inmobiliario: Los notarios y registradores de la propiedad remitirán telemáticamente al Catastro, dentro de los veinte primeros días de cada mes, información relativa a los documentos por ellos autorizados. Se podrá acceder de forma telemática a las bases gráficas del Catastro.
2.- Sociedad de la Información .
Utilización de las nuevas tecnologías en la banda de frecuencias de 900 MHz: Se permitirá el uso de estas bandas para la prestación de servicios de tercera generación (UMTS), lo que abaratará su coste y aumentará su calidad.
Dividendo digital: La banda de frecuencias 790 -862 MHz que se liberará al llevar a cabo el apagón analógico podrá utilizarse para la prestación de servicios avanzados de comunicaciones electrónicas.
Reducción de la tasa general de operadores de telecomunicaciones. En 2010 será del 1/1.000 de la cifra de ingresos brutos de explotación.
Banda ancha universal: Inclusión a partir de 2011 de la banda ancha a una velocidad mínima de 1 Mbit por segundo (multiplica casi por veinte los 56Kbits actuales) como parte integrante del servicio universal.

3.- Ciencia e Innovación .
Fomento de la transferencia de resultados en la actividad investigadora:
a) Se establece la titularidad y carácter patrimonial de los resultados de la actividad pública investigadora, que pertenecerán a las entidades cuyos investigadores los hayan obtenido en el ejercicio de sus funciones, para facilitar la explotación comercial de las patentes.
b) Se facilita la cooperación de los agentes públicos con el sector privado.
Promoción de los derechos de propiedad industrial: Con el objetivo de agilizar la concesión, difusión y uso de los títulos de propiedad industrial, se establecen plazos máximos en los trámites de concesión de patentes. Además, se reduce un 18 por 100 en tres años la cuantía de las tasas de las distintas modalidades de propiedad industrial.
Universidad e Investigación: Se fomenta la creación de empresas innovadoras de base tecnológica, promovidas por las universidades y los Organismos Públicos de Investigación, al objeto de realizar la explotación económica de resultados de I+D obtenidos por los investigadores.
4 .- Internacionalización . Se amplía el concepto de internacionalización, considerando que un proyecto será de interés para la internacionalización y, por tanto, prioritario para la política comercial española, siempre que tenga un impacto positivo en la cadena de valor de las empresas españolas.
La novedad más destacada es la adaptación del sistema español de apoyo financiero a la internacionalización, mediante la reforma de la ley que regula el régimen del seguro de crédito a la exportación, para que las coberturas otorgadas puedan instrumentarse mediante garantías o seguros de crédito.
5.- Formación Profesional . Con esta reforma del sistema de Formación Profesional se pretende facilitar la adecuación de la oferta formativa a las demandas del sistema productivo, mejorar el aprovechamiento de los recursos e integrar las distintas enseñanzas de formación profesional. Las principales novedades son las siguientes:
Se promueve la oferta integrada de formación profesional y formación para el empleo. Con la promoción de una red estable de centros de Formación Profesional constituida por los centros integrados de FP, los centros públicos y privados concertados del sistema educativo y los Centros de Referencia Nacional. Se crea una plataforma de Formación Profesional a distancia en todo el Estado.
Reconocimiento de las competencias profesionales. Acción común del gobierno y las Comunidades Autónomas para dar prioridad a la evaluación y acreditación de las competencias profesionales relacionadas con los sectores emergentes. Se promoverá la participación en cursos específicos que permitan conseguir un título de Formación Profesional o un certificado de profesionalidad a personas que ya tengan experiencia profesional y quieran completar su formación.
Se flexibiliza la organización de los programas formativos. La Formación Profesional se estructura en tres niveles: Programas de Cualificación Profesional Inicial, Ciclos formativos de grado medio y Ciclos formativos de grado superior. En este sentido, se crean «pasarelas» para facilitar la transición entre los diferentes módulos formativos, permitiendo la movilidad entre la formación profesional de grado medio y el bachillerato, y entre la formación profesional de grado superior y la enseñanza universitaria.
Formación profesional de proximidad: Se amplía la capacidad de los centros de adaptarse a su entorno y ofrecer una formación más apta para las necesidades de las empresas cercanas.
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL

En este contexto, se fija el objetivo nacional de una reducción de un 20 por 100 de las emisiones de gases de efecto invernadero y de un consumo del 20 por 100 de energías renovables sobre el total de consumo de energía bruto, para el año 2020, que se conseguirá con al menos un 10 por 100 de consumo de energías renovables en el consumo del sector transporte.
1.- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero . El objetivo central en este ámbito es fomentar la reducción de estas emisiones e incrementar la transparencia de información de responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se creará un “sello” que certifique la reducción de emisiones, que conferirá un valor adicional a las tecnologías de baja intensidad de carbono, al tiempo que aumentará la transparencia de la información sobre responsabilidad medioambiental de las empresas.
Se crea un fondo público para la compra de créditos de carbono. Las reducciones certificadas de emisiones y las unidades de reducción de emisiones adquiridas por el fondo se constituirán en activos del Estado y podrán enajenarse, en particular si resultan innecesarias para atender los compromisos de reducción de España en el marco del Protocolo de Kioto, permitiendo la autofinanciación del fondo.

2.- Transporte y movilidad sostenible .
Se crea la Mesa de Movilidad Sostenible como órgano consultivo, asesor y de cooperación de todos los agentes vinculados a la movilidad. Sus principales funciones serán coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas, evaluar las acciones puestas en marcha e informar sobre los proyectos normativos que afecten a la movilidad.
Se fomenta la elaboración de Planes de Movilidad Sostenible, condicionando la percepción de subvenciones estatales al transporte a la puesta en marcha de planes coherentes con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible.
Se impulsa el desarrollo de planes de transporte de empresas para incentivar el uso del transporte público colectivo y el fomento de la movilidad sostenible de los trabajadores.
Promoción del transporte por carretera limpio, aplicando normas específicas para la compra de vehículos limpios y energéticamente eficientes por parte de las Administraciones Públicas.
Impulso al vehículo eléctrico.
Adaptación de las líneas de la red básica para transporte de mercancías por ferrocarril con el fin de posibilitar la circulación de trenes de mercancías de, al menos, 750 metros de longitud y potenciar las conexiones viarias y ferroviarias con los puertos de interés general.
Se modifica la normativa vigente del transporte interurbano regular colectivo de viajeros (autobuses), con el fin de facilitar la entrada de nuevos operadores al sector.
3.- Ahorro y eficiencia energética . Se establecen los principios de la política energética: garantía de la seguridad del suministro, la eficiencia económica y el respeto al medio ambiente.
Para la Administración General del Estado y organismos públicos vinculados se adelanta al año 2016 el objetivo de ahorro energético del 20 por 100 con relación al año 2005. Dentro de los programas que se aprueben, se establecerán requisitos mínimos de calificación energética de los edificios y vehículos que integran el patrimonio de las Administraciones Públicas.

Compromiso de elaboración de una planificación integral del sistema eléctrico, con el fin de asegurar la sostenibilidad económica, energética y medioambiental del mercado eléctrico. Esta planificación desarrollará, entre otros, los siguientes principios: maximización de la participación de las energías renovables en la cesta de generación eléctrica, reducción de la participación de las energías con mayor potencial de emisiones de CO2, y garantía de la seguridad de suministro y estabilidad de la red.
Se establece la Conferencia Sectorial de Energía como órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de preparación, desarrollo y aplicación de la planificación estatal sobre energía.
Se establece la vida útil de cuarenta años para las centrales nucleares. El Gobierno remitirá una ley para actualizar el régimen de responsabilidad civil nuclear.
4.- Rehabilitación y vivienda .
Impulso a la renovación y rehabilitación de núcleos urbanos.
Reforma en la Ley hipotecaria, en relación con la regulación del crédito refaccionario. El objetivo es que este tipo de créditos puedan utilizarse para la financiación de obras de rehabilitación contando con sistemas de garantía similares a los de la hipoteca, frente a la que ofrecen la ventaja de una tramitación más simple, ya que permite la firma electrónica y no requiere de escritura pública.
MEDIDAS FISCALES
Más impulso a la I+D+i
Siguiendo la política de apoyo a la I+D+i que el Gobierno inició en el año 2004, la Ley de Economía Sostenible incluye el incremento del porcentaje de deducción en el Impuesto sobre Sociedades para las actividades de innovación, pasando del 8 por 100 actual al 12 por 100.
El pasado mes de abril, en el Real Decreto-Ley 3/2009, ya se aprobó el mantenimiento indefinido de la deducción por actividades de I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades para potenciar la inversión en I+D+i en nuestras empresas.
Además, en la nueva Ley se incrementa el límite máximo de deducción, que pasa a ser el 60 por 100 de la cuota íntegra minorada (hasta ahora el 50 por 100), en los casos en los que la inversión en I+D+i sea significativa (de importe superior al 10 por 100 de la cuota íntegra del ejercicio).
Estas medidas se aplicarán a los ejercicios que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley.

Deducción por compra de vivienda habitual
Tal y como anunció el Presidente del Gobierno en el último Debate sobre el Estado de la Nación, a partir de enero de 2011 se modifica la deducción por adquisición de vivienda habitual, limitándola a las rentas inferiores a 24.107,20 euros. Cuando la base imponible sea inferior a los 17.707,20 euros, se mantiene la situación actual, lo que permite una deducción en cuota del 15 por 100 de las cantidades pagadas en un año, con un límite de 9.040 euros al año. Entre los 17.707,20 y los 24.107,20 euros de base imponible se aplicará una reducción gradual de forma lineal.
Los contribuyentes que adquirieran su vivienda habitual antes del 31 de diciembre de 2010 podrán continuar con las deducciones del sistema actual.
Equiparación fiscal del alquiler y compra de vivienda
La equiparación fiscal de la deducción por alquiler respecto de la deducción por compra de vivienda es otra de las medidas que se anunció durante el Debate del Estado de la Nación y que se han incorporado a la Ley de Economía Sostenible.
Se elevan, por tanto, los importes de bases imponibles que otorgan derecho a la deducción por alquiler de forma análoga a la deducción por inversión en vivienda habitual. De esta forma, actualmente el arrendatario se puede deducir el 10,05 por 100 de los pagos de alquiler hasta un máximo de 9.040 euros anuales si su renta es inferior a 12.000 euros. A partir del 1 de enero de 2011, este límite de 12.000 euros pasará a ser de 17.707,20 euros. Entre 17.707,20 y 24.107,20 euros se reducirá gradualmente la base de la deducción, y los contribuyentes con bases imponibles superiores a 24.107,20 euros no podrán aplicarse la deducción.
Por otra parte, para impulsar el alquiler, también a partir de 2011 se mejorará el tratamiento fiscal de las rentas obtenidas por los arrendadores de inmuebles incrementándose del 50 por 100 al 60 por 100 el porcentaje de reducción en la declaración de la renta. Además, se reduce de 35 a 30 años la edad del arrendatario a efectos de la exención del 100 por 100 de las rentas de alquiler. Es decir, si hasta ahora se puede aplicar esta exención cuando se alquila a menores de 35 años, desde el 1 de enero de 2011, se aplicará a los alquileres a menores de 30 años, aunque aquellos propietarios que alquilen a un menor de 35 años antes del 31 de diciembre de 2010, conservarán la exención del 100 por 100 hasta que cumplan los 35 años.

Impulso a la rehabilitación
Una de las principales novedades de la Ley de Economía Sostenible es la mejora de los incentivos fiscales a la rehabilitación.
A partir de la entrada en vigor de la Ley, se ampliarán los casos en los que se puede aplicar el IVA reducido en las obras de rehabilitación de viviendas. Actualmente, únicamente se puede aplicar el IVA reducido a los trabajos de albañilería. Con esta ampliación se incluirían las reformas que tengan por objeto la eficiencia energética, el ahorro de agua o la accesibilidad de las viviendas para las personas con movilidad reducida. Esta medida conlleva que en la Ley de Economía Sostenible también se incluya la ampliación del concepto de rehabilitación en el IRPF para que se puedan incluir, tanto las rehabilitaciones estructurales de viviendas, como las rehabilitaciones funcionales para mejorar la eficiencia energética, el uso del agua y la accesibilidad de las viviendas.
Además, también a partir de la entrada en vigor de la Ley se establece una nueva deducción en el IRPF del 10 por 100 para las obras relacionadas con la eficiencia energética, el uso del agua o la adaptación a personas con movilidad reducida que se realicen en las viviendas antes del 31 de diciembre de 2012. La base anual máxima de deducción será de tres mil euros y estará limitada en función de la base imponible del contribuyente, siguiendo los mismos tramos establecidos en la deducción por compra de vivienda habitual. Además, el límite máximo plurianual por vivienda será de diez mil euros.
Mantenimiento de la deducción medioambiental
La nueva Ley de Economía Sostenible incorpora el mantenimiento con carácter indefinido de la deducción medioambiental en el Impuesto sobre Sociedades. Esta deducción estaba prevista que desapareciera en el año 2011. El porcentaje de deducción pasará del 4 por 100 al 8 por 100 y se incluyen las inversiones que eviten la contaminación acústica.
Por otra parte, el Gobierno se compromete, durante la Presidencia española de la Unión Europea, a impulsar la redefinición de la tributación energética para reforzar su carácter medioambiental.
Más progresividad en las retribuciones plurianuales
La nueva Ley introduce mayor progresividad en la tributación de las retribuciones plurianuales al establecer un límite absoluto de 600.000 euros para aplicarse la reducción del 40 por 100 de la que se benefician los rendimientos con período de generación superior a dos años. De esta forma, hasta dicho importe se tendrá derecho a la reducción, pero ésta no se aplicará al exceso.
Por otra parte, se mantiene el tratamiento fiscal de los rendimientos derivados del ejercicio de opciones de compra sobre acciones concedidas a los trabajadores, si bien se les aplica también el límite de 600.000 euros.
Fomento del transporte público
También a partir de la entrada en vigor de la Ley, se establece la exención en el IRPF del cheque-transporte hasta un máximo anual de 1.500 euros.
Enlace aquí a (Resumen Anteproyecto)

Reyes y dragones

viernes, 27 de noviembre de 2009

José A. Miquel Silvestre – 26/11/2009 – Cinco Días
Cuenta la fábula que las ranas vivían tranquilas en una anárquica charca sin nadie que las importunase. Pero se aburrían. Sentían la falta de autoridad. Necesitaban normas y un gran Leviatán. Clamaron por un rey. El cielo, apiadado de su candidez, les mandó un leño que cayó con estrépito. Ya tenían rey. Pero las ranas pronto comprobaron que tras el alboroto inicial, aquel monarca indolente se limitaba a flotar en su propia indiferencia. Era un soberano demasiado bueno. Rompieron a croar indignadas. Querían un verdadero rey. Desde el cielo se oyó el jaleo y la piedad se trocó irritación. Se arrojó entonces un fiero dragón que nada más amerizar se dedicó a satisfacer su gula con menú exclusivo de súbditos. Despavoridos, los monárquicos batracios suplicaron piedad, pero en el cielo se les había terminado tan donosa mercancía. «¿No queríais un verdadero rey? Pues tomad rey», tronaron las alturas, desentendiéndose de la suerte de aquellos alimenticios mortales.
La fábula ilustra perfectamente cómo cualquier Gobierno, incluso el mejor posible, siempre deja descontentos, pero también permite intuir que siempre será deseable que los gobernados participen en la elección de sus gobernantes para que, si a éstos les da por comportarse como leños indolentes o como furiosos dragones, al menos aquéllos puedan hacer uso del anestésico consuelo de decirse: «Tenemos lo que nos merecemos».
Sólo por eso soy de los que participan del típico tópico que reza que la democracia es el menos malo de los sistemas. Y lo es para la más alta magistratura estatal o la más oscura comunidad de vecinos. Ni que decir tiene que también lo es para un colegio profesional.
Viene este largo rodeo porque está cercano el proceso electoral del mío: el de registradores de la propiedad y mercantiles. Y viene también al caso la fábula por la enorme diferencia que hay entre su sistema electoral y el de otra entidad pareja: el Consejo General del Notariado.
La diferencia es la que hay entre el sufragio censitario y el universal. O sea, toda la del mundo. Al presidente del Consejo General del Notariado lo eligen los presidentes de los respectivos colegios autonómicos, mientras que al decano del Colegio de Registradores lo elige el voto directo e igual de los colegiados, iguales entre sí sin que ninguno valga más que el otro. Ello implica que éste sea siempre primus inter pares y aquél un sumo sacerdote de sanedrín.
Lo paradójico se da cuando a éste lo elige una mayoría de presidentes autonómicos que representan a menos notarios que los de las autonomías disidentes, como parece ser el caso ocurrido con don Antonio Ojeda, el de las ruedas de prensa, de quien se dice no apoyaron ni Madrid ni Cataluña ni Aragón, comunidades con elevado número de fedatarios, muchos muy sensatos y que alucinarán con las cosas que hace y dice en su nombre.
El otro protagonista de la película, Eugenio Rodríguez Cepeda, un registrador de pueblo, tuvo el respaldo de la mayoría de los colegiados, quienes en las últimas elecciones votaron en un porcentaje superior al 90%.
Rodríguez Cepeda ha realizado un mandato de suaves formas aunque decidido en el fondo. Pero ha renunciado a presentarse a la reelección a pesar de éxitos como la celebración del 75 aniversario del Colegio con la presencia de todos los ministros de Justicia de la democracia, o la sentencia del Tribunal Supremo anulando varios artículos ilegales de un reglamento notarial hecho a medida de los reglamentados. Quiere ver crecer a sus dos nietos y nadie le negará ese derecho.
No habrá vacío de poder. Han salido cuatro candidatos con sus respectivos equipos. Uno procede del equipo gobernante actual y es responsable del exitoso modelo tecnológico y de intercomunicación de los registros con la sociedad. Sorprende tanto voluntario a una silla que da más sinsabores que otra cosa, pues el cargo no es remunerado y supone un importante desgaste personal. Cualquiera de ellos puede hacerlo bien.
Sin embargo, ni ellos ni los votantes deberían olvidar que en la charca vecina, a cuenta precisamente de estos relucientes sistemas tecnológicos, ruge un dragón dispuesto a aprovechar cualquier retraso en su implantación definitiva, aunque en el empeño termine devorando incluso a sus propios súbditos.

Más de la mitad de los alquileres no se declara

viernes, 27 de noviembre de 2009

Según un informe de los técnicos de hacienda (gestha)
Las rentas sumergidas están cifradas en más de 2.450 millones de euros anuales
Cataluña, Andalucía y Madrid, las comunidades que encabezan el fraude
La Agencia Tributaria afirma que estos datos ofrecidos por Gestha son falsos

26/11/2009 Europa Press – El Mundo
Madrid.- El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) calculan que existen más de un millón de arrendamientos de viviendas no declarados en España, lo que representa el 54% del total, según refleja el ‘Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España’, realizado por este colectivo con motivo de su IX Congreso Nacional y elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda.
Este estudio cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del alquiler de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables, pero excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares.
El informe revela que, aunque la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%

Gestha denuncia además que, tres años después de que entrara en vigor la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de su «medida estrella», que obligaría a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de las casas con el fin de identificar los inmuebles que aparentemente permanecen desocupados y, sin embargo, esconden un alquiler sumergido.
El hecho de que la mayor parte de las rentas del alquiler no estén declaradas significa que en el seno de la Agencia Tributaria algo está funcionando «muy mal», según afirma el secretario general de Gestha, José María Mollinedo. «Debemos considerar que no es un mérito de la lucha contra el fraude que aumente la media declarada por arrendador, impulsada por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos», añade.
Cataluña, Andalucía y Madrid encabezan el fraude
Por zonas geográficas, más de dos tercios de las viviendas alquiladas cuyos arrendamientos no están declarados, lo que supone el 68% del total, se concentran en Cataluña, Andalucía y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que presentan menos arrendamientos ilegales.

Cataluña lidera el ‘ranking’ de la cuantía defraudada, con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de Madrid y Andalucía, con 709,7 millones de euros y 404,4 millones de euros, respectivamente. Por su parte, en el Archipiélago Canario el fraude estimado es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 millones de euros y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Los propietarios de inmuebles que más defraudan a la Hacienda Pública se localizan en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente, seguida de Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%). Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, con un 16,27%, seguida de La Rioja y Castilla y León, con el 16,71% y el 36,31%, respectivamente.
Resulta ‘imprescindible’ adoptar nuevas medidas
Ante esta situación, Gestha considera «imprescindible» que se cumpla la disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.

Los Técnicos de Hacienda confían en las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler, y de la eficiencia energética de los edificios, que se aprobará el viernes, sea un «primer paso» para una reforma que logre delimitar los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario.
Gestha también sostiene que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, , que entrara en vigor en un mes, con el fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.
Hacienda afirma que los datos son falsos
La Agencia Tributaria ha asegurado que estos datos ofrecidos por Gestha son falsos, ya que las cifras que maneja Hacienda sobre los declarantes de rentas de arrendamiento y el número de hogares que aseguran vivir de alquiler, según el Ministerio de Vivienda, no cuadran
El organismo tributario asegura que, basándose en la estadística de declarantes de 2007 (datos en los que se basan los Técnicos de Hacienda), el número total de contribuyentes que declararon ese año rentas por alquiler ascendió a 1.451.932, mientras que el número de hogares que afirmaron vivir en alquiler, según el Ministerio de Vivienda, se situó en 1.866.617. Por tanto, esto indica que no es posible que en España existan más de un millón de alquileres sin declarar.
Además, la Agencia Tributaria subraya que hay contribuyentes del IRPF que declaran rendimientos de más de un inmueble alquilado y que hay empresas que alquilan inmuebles que no declaran a través de este impuesto, sino en el Impuesto sobre Sociedades, por lo que la estadística del IRPF no recoge a todos los declarantes de rendimientos inmobiliarios.

Los problemas económicos de España son «insostenibles», según ‘The Economist’

viernes, 27 de noviembre de 2009

El «nuevo hermano pobre de Europa»
Los problemas económicos de España, como el paro y el déficit, son «insostenibles» y el país se ha convertido en el «nuevo hermano pobre de Europa», según pone de manifiesto la publicación inglesa ‘The Economist’ en un artículo publicado esta misma semana.
Ep – Madrid – 26/11/2009 – Cinco Días
‘The Economist’ explica que, mientras que muchos otros países de la Unión Europea han comenzado a reflotar de la recesión en el tercer trimestre, España siguió en descenso por sexto trimestre consecutivo, aunque la caída haya sido menor que la media de la UE.
Subraya que España ha sido el país que más ha sufrido la crisis, ya que la tasa de desempleo ha alcanzado el 19%, la segunda más alta de la UE después de Letonia, lo que refleja, a su parecer, una «resaca estructural» de un país «que se emborrachó» a base de ladrillos y cemento.
Según la publicación, esto provocó que España llegara a la recesión económica en una posición «debilitada» y hará que, mientras que otros se recuperan lentamente, el país necesite «más tiempo y cuidados» para superar el ajuste.
‘The Economist’ arremete una vez más contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por seguir mostrando «aversión al pesimismo», tal y como demuestran sus declaraciones en el Foro organizado por la propia publicación el pasado lunes en Madrid, donde dijo que la recuperación ya ha comenzado.
También hace referencia a la nueva Ley de Economía Sostenible y asegura que se basará, en gran medida, en «buenas intenciones a falta de medidas duras». En este sentido, señala que las energías renovables, liberalización modesta y otros temas estarán presentes en la ley, mientras que las reformas del mercado laboral quedarán fuera «para agradar a los amigos sindicalistas». UN MERCADO LABORAL «INEFICAZ E INJUSTO».
En este sentido, recuerda que la dualidad laboral convierte al mercado español en «ineficaz e injusto», ya que la mitad de los trabajadores tienen contratos indefinidos y resultan caros a la hora de despedir, mientras que el resto de la fuerza laboral pasa entre contratos por obra y servicio, subsidios por desempleo y el mercado negro.
«Los trabajadores ineficientes con contrato indefinido están protegidos», señala la revista, que considera «posible» que se produzca un nuevo aumento del desempleo por parte de empresas más pequeñas por las leyes laborales y falta de crédito, que hacen que las compañías sufran el riesgo de quiebra debido al proteccionismo de empleados indefinidos y la flexibilidad limitada para nominas.
‘The Economist’ sí valora que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, esté «pisando el freno» a la expansión fiscal de cara al 2010 a través de un incremento de impuestos y del recorte de gastos públicos, aunque considera «alarmante» el deterioro de las cuentas públicas que supone «limitaciones» para España.
Ante este panorama, la publicación se plantea de dónde vendrá el crecimiento en la economía española con menos gasto público y sin reformas radicales en perspectiva, y cree que un «salvador» a corto plazo puede ser el resto de la UE, que se lleva dos terceras partes de las exportaciones del país. «España debe hacer mucho más por poner sus asuntos en orden», sentencia.