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Archivo del 8 de abril de 2010

Cae una red que defraudó casi 4 millones en la compra de una finca

jueves, 8 de abril de 2010

La Agencia Tributaria ha desarticulado una red -en la que hay 22 personas imputadas- que defraudó más de 3,7 millones de euros en concepto de los impuestos generados en una operación de compra-venta de unos terrenos en La Molineta, en Molina de Segura. Entre los imputados hay compradores, vendedores, intermediarios y un notario
David Canellada. La Opiniónde Murcia
La Agencia Tributaria ha desarticulado una red que defraudó 3,7 millones de euros en la compra de unos terrenos en Molina de Segura. En la operación -denominada Lila y desarrollada con la colaboración de la Policía Nacional de Murcia y la Fiscalía Anticorrupción- hay un total de 22 personas imputadas pertenecientes a varias empresas de la Región y a una promotora con sede en Almería y en Madrid.

En concreto, según fuentes próximas a la investigación, los supuestos estafadores eludieron el pago de 2.581.000 euros correspondientes al impuesto de sociedades y 1.182.000 euros de IVA generados por una operación de compra-venta de unos terrenos en La Molineta, en Molina de Segura. Para ello, la red habría creado una sociedad ‘pantalla’ que debía asumir el pago de los impuestos generados por esa operación.

La investigación se inició en el año 2007, cuando la Agencia Tributaria reclamó a la sociedad Sotos Herreros S.L. el pago de los impuestos generados por la venta de unos terrenos en La Molineta y descubrió que se trataba de una sociedad ficticia. Dicha empresa había comprado, el ocho de noviembre de 2005, tres parcelas en La Molineta a la empresa Provisol Resort S.L. por un valor de 15.337.828 euros. Ese mismo día, Sotos Herreros vendió esas mismas fincas -calificadas como suelo urbanizable sin consolidar en el PGOU de Molina- a la sociedad Nozar Promobys -con sede en Almería y perteneciente al grupo Nozar-, por un total de 23.913.069 euros.

Esa operación ficticia, por tanto, generó una plusvalía de 7.392.449 euros que recaía sobre la sociedad Sotos Herreros. Al ir a reclamar los impuestos correspondientes a esa plusvalía, sin embargo, Hacienda descubrió que Sotos Herreros era, en realidad, una tapadera a cuyo frente habían colocado a un toxicómano sin recursos. La investigación posterior permitió descubrir que, para crear esa sociedad pantalla, los empresarios habían contado con la ayuda de una red especializada en eludir el pago de impuestos a través de la creación de sociedades fantasma o la emisión de facturas falsas.

17.320 billetes de 500 euros para blanquear

jueves, 8 de abril de 2010

Desmantelada una red que pretendía ‘limpiar’ más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa inmobiliaria en Murcia
Javier Ruiz – Murcia – 05/04/2010 El País

Una red delictiva trató de limpiar 8,6 millones de euros de dinero negro pagando en efectivo esa cantidad en una compraventa de terrenos en la localidad murciana de Molina de Segura. La operación levantó las sospechas de la Agencia Tributaria ya que se utilizaron 17.320 billetes de 500 euros, que fueron transportados en sacas desde una entidad bancaria hasta una notaría el mismo día de la compra. Los integrantes de la red se encuentran ahora imputados por un delito de blanqueo de capitales.
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, dentro del marco de la operación Lila, dan por desmantelada la red que llevó a cabo la maniobra fraudulenta de blanqueo de capitales. Tenía ramificaciones en Murcia, Almería y Madrid. Fuentes de la Agencia en Murcia reconocen que durante la crisis «han intensificado los controles sobre este tipo de fraudes porque el dinero negro está aflorando en grandes cantidades». Sin embargo, el inicio de esta investigación se remonta a 2007, cuando la operación inmobiliaria «con apariencia de legalidad» llamó la atención a los investigadores.
Para eludir los impuestos de la operación, la red simuló que una empresa «administrada por un testaferro sin recursos» compraba las fincas por 15 millones de euros y las vendía a los compradores finales por 24 millones. Además, el día de la formalización de las escrituras los integrantes de la trama llevaron a la notaría, en efectivo, 8.660.000 euros en billetes de 500. Este importe se repartió entre mediadores y vendedores, que utilizaron esa misma tarde más de 3 millones de euros para comprar otra finca en el municipio costero de ́guilas.
Las investigaciones realizadas a partir de esta operación han descubierto una trama de empresas -casi todas pequeñas y del sector de la construcción- dedicadas al fraude fiscal mediante la emisión de facturas falsas. Los imputados, cuyas identidades no han trascendido, son los empresarios que actuaron como vendedores y compradores, los intermediarios y varios empleados de entidades financieras y de notarías.

Una red falsificaba traducciones del árabe de juzgados y administraciones

jueves, 8 de abril de 2010

La policía acusa a cinco personas de hacer documentos oficiales fraudulentos
Jesús García – Barcelona – 01/04/2010 – El País
«Â¡Alabado sea Alá, el Todopoderoso, el Clementísimo, el Misericordioso!». Esta encendida proclama encabeza los documentos civiles del Reino de Marruecos, como actas de matrimonio o nacimiento, certificados de penales… Los inmigrantes magrebíes necesitan a menudo estos papeles en castellano para resolver trámites con la Administración y acuden a intérpretes jurados para lograrlos. Pero no siempre quien traduce es quien dice ser. La policía ha destapado ahora un supuesto chiringuito en Barcelona que cuenta con franquicias en Sevilla, Almería, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia, y que ha expedido, sólo en la oficina barcelonesa, un millar de traducciones fraudulentas.
El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a cuatro personas por falsificación de documentos e intrusismo profesional. Según la investigación, los cuatro -que carecen de la habilitación del Ministerio de Asuntos Exteriores- elaboraban las traducciones y daban al cliente un documento que acreditaba que aquello era una copia «fiel e íntegra» del original. Para dar una pátina de legitimidad a las traducciones, estampaban en ellas el nombre del único traductor acreditado, el saharaui nacionalizado español Mohamed Brahim, que hasta hace unas semanas ni siquiera estaba en Barcelona. Él, que es dueño de la oficina investigada, también está imputado, a la espera de juicio, por falsificación y usurpación de estado civil.

La oficina, situada frente al Consulado General de Marruecos en Barcelona, funciona desde hace años. Allí se han confeccionado, siempre según la policía, alrededor de 1.000 documentos que ahora andan en juzgados y administraciones públicas. Por cada traducción, la oficina cobra entre 25 y 30 euros. En el registro del local, los agentes hallaron folios en blanco ya sellados y rubricados por Mohamed Brahim.

La Asociación de Traductores e Intérpretes Jurados de Barcelona interpuso la denuncia que ha desembocado en la operación policial. También ha solicitado a la Generalitat que inhabilite al traductor. «Nuestra función es personal e intransferible. ¡Nadie se imaginaría a un notario delegando su trabajo en otro!», dice su portavoz, Josep Peñarroja. Según la denuncia, la figura del traductor jurado es importante «por las implicaciones de los documentos». «Una simple traducción jurada no veraz de un certificado de penales puede permitir la entrada en territorio español con cobertura legal de un terrorista o de delincuentes de todo tipo».

La asociación señala que el volumen de traducciones en la oficina es «inmenso» y que se les da salida «con una rapidez extraordinaria». Además, como los trabajadores no tienen la formación necesaria, las traducciones son «de muy baja calidad». El juez responsable del registro civil de Mataró, por ejemplo, acordó «no admitir las traducciones efectuadas» por Brahim por apreciar en ellas «continuas omisiones y errores».El traductor bajo sospecha sólo puede trabajar con el árabe y, en cambio, en su oficina se elaboraban documentos de Senegal en francés. El acusado se defiende alegando una conspiración contra él. «La asociación me ha implicado porque atacar a un árabe, a un moro, es muy fácil», afirma Brahim, que atribuye la denuncia a «envidias mezquinas». «Ante la torpeza de la competencia, estoy haciendo mi agosto. Ellos siguen como escribanos y yo me he modernizado, uso Internet y trabajo mucho». Brahim admite que algunas traducciones las «revisa» a distancia. «Viajo y salgo fuera de Barcelona, pero en todo momento llevo mi ordenador». Pese a admitir el «ingente volumen» de trabajo que tiene, alega en su defensa que algunos textos son «documentos tipo» y que dispone de «plantillas» porque son «invariables en su textura legal».

Peñarroja replica que las traducciones hay que firmarlas «de propia mano» e insiste en que estos documentos oficiales «no pueden realizarse a distancia, por teléfono, dejando hojas selladas y firmadas, y verificándolas por Internet». Brahim también reconoce que ha elaborado traducciones del francés, pero replica que fue para ayudar a unos senegaleses sin recursos. Sobre la resolución del juzgado de Mataró, insinúa que es un «chantaje» y que allí hay «alguien compinchado». Y sobre las franquicias, insiste en que sólo son «puntos de recogida de trabajo» y los documentos se envían a su oficina de Barcelona por correo electrónico. «Tengo un gabinete respetable y 25 años de profesión. No había motivo para que la policía irrumpiera aquí. Les han engañado», proclama.

Las traducciones juradas tienen valor por sí mismas. No hace falta que nadie las valide. Sin embargo, el Consulado de Marruecos estampa su sello en algunas de ellas y cobra una pequeña cantidad. El cónsul general en Barcelona, Ghoulam Maichane, matiza que si se hace es porque «las administraciones españolas lo requieren para tener más garantía» y que se informa al ciudadano de que no es obligatorio.