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Archivo del 21 de abril de 2010

Competencia propone al Gobierno que evite el monopolio de los notarios

miércoles, 21 de abril de 2010

X. G. P. – 20/04/2010 – El Economista
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha propuesto al Gobierno que modifique el artículo 41 del anteproyecto de la Ley de Economía Sostenible (LES) para evitar que la remisión telemática de escrituras de constitución de sociedades limitadas se convierta en un monopolio de los notarios.
En su informe sobre el articulado del anteproyecto, la Comisión defiende que únicamente pueda enviar las escrituras de constitución de sociedades el notario cuando cuente con autorización del interesado y de no recibirlas, que sea el interesado o un tercero (un gestor administrativo) quien lo remita.
La recomendación de la CNC va más allá y le dice al Gobierno que, cuando el interesado de su autorización al notario, que éste le entregue en el mismo día una copia electrónica de la constitución.
El informe considera que estas modificaciones son congruentes con la posibilidad que tienen los particulares de aportar copias electrónicas de documentos notariales ante las Administraciones Públicas y los órganos jurisdiccionales.
También, alega que de acuerdo con la legislación vigente, cuando se realiza en soporte papel corresponde al solicitante, quien puede decidir realizar esa inscripción por sí mismo o a través de cualquier tercero cuya actividad consista en realizar este tipo de gestiones, además del notario.
Con la redacción actual, afirma que «se restringen por tanto, de manera injustificada, las posibilidades de elección del particular, en caso de desear la tramitación telemática y no el papel, y con ello la posible competencia en la prestación de dicho servicio.
Licencias municipales
En los casos en que exista una licencia o autorización concurrente entre las entidades locales y cualquiera de las demás Administraciones Públicas, el anteproyecto de la LES respeta la normativa local, sin embargo la CNC propone que municipios, diputaciones y similares deban motivar expresamente la necesidad que para el interés general que se trata de proteger tiene esa autorización.
En caso de poder justificarlo, por encontrarse ya cubierta la defensa del interés general, se considerará improcedente su vigencia.
Negativa a ser un regulador
En su informe al Gobierno, la CNC muestra su «absoluta discrepancia con la voluntad de incluir a la CNC dentro del catálogo de organismos reguladores afectados por la futura LES». Considera que no es ni organismo regulador ni sectorial, y en consecuencia no debería estar incluido en la LES y que su inclusión «puede generar graves consecuencias no sólo sobre el funcionamiento de la CNC, sino sobre la coherencia del sistema español de defensa de la competencia como tal».
También muestra su extrañeza que el articulado de la LES haya incluido a la CNC entre los reguladores sectoriales y, sin embargo, no lo haya hecho con la Agencia de Protección de Datos, que es un organismo similar.
Discute la prevalencia de la regulación establecida en el anteproyecto con referencia a la Ley de Defensa de la Competencia. Y estima que su dependencia de Economía acabaría con su independencia.

El crédito para rehabilitar se cae de la Ley Sostenible

miércoles, 21 de abril de 2010

Tal y como había sugerido el Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido retirar de la norma la regulación del crédito refaccionario, fórmula inicialmente escogida para financiar la rehabilitación de viviendas.
Victoria Martínez-Vares. Madrid – Expansión
El Gobierno ha eliminado del proyecto de Ley de Economía Sostenible cualquier referencia al crédito refaccionario, fórmula que recogía el anteproyecto para financiar la rehabilitación de viviendas. El Consejo de Estado en su informe al Anteproyecto -ver Expansión de 27 de marzo de 2010- recomendó la “supresión en bloque” de la regulación que incluía las ayudas que las Administraciones Públicas pudieran conceder para obras de rehabilitación y reforma de edificios.
Ahora, las medidas de impulso a la rehabilitación de vivienda que contiene el proyecto de ley presentado al Congreso de los Diputados se han limitado, por tanto, a cuestiones de carácter fiscal deI VA e IRPF, desapareciendo cualquier alusión al crédito refaccionario.
Sobre esta fórmula, no sólo el Consejo de Estado había expresado sus reparos por la inseguridad jurídica que podía introducir en el mercado hipotecario. También el Consejo General del Notariado había advertido de que resucitar esta figura, alterando su naturaleza, suponía “dar acceso al Registro de la Propiedad a un documento privado con los mismos efectos que una hipoteca pero sin sus garantías”.
Por este motivo, han aplaudido su no inclusión, ya que “habría podido generar inseguridad jurídica a los consumidores”.
Fuentes registrales consultadas por este periódico señalan que “ha faltado pedagogía” o ha habido “excesivo temor a la novedad”, ya que “no se trata de sustituir la hipoteca tradicional por un sucedáneo, como se ha dicho, sino reactivar los créditos de rehabilitación removiendo los obstáculos que existían”.
Tutelar la posición débil
Pese a todo, las mismas fuentes insisten en que “antes o después tendrá que darse cobertura normativa a la tutela de ciertas posiciones jurídicas muy débiles en el mercado y que no se documentan en escritura pública”. Éstas se refieren a las de compradores de pisos sobre plano o las de los mismos acreedores en operaciones de rehabilitación de viviendas. Por este motivo, consideran que, a lo largo del trámite parlamentario de la Ley de Economía Sostenible, “habrá que estudiar la conveniencia de reintroducir medidas análogas [a la ampliación del ámbito de la anotación preventiva de crédito refaccionario] si el interés público lo reclama”.
Lo que sí se ha mantenido en la futura ley son las reducciones arancelarias en la constitución telemática de sociedades anónimas y limitadas, pese a las advertencias hechas por el Consejo del Notariado respecto a que esta rebaja podía poner en peligro la futura viabilidad de algunas oficinas notariales. Los mecanismos de coordinación entre el Catastro, Registros de la Propiedad y las Notarías tampoco han sido retirados del proyecto de ley. En este punto, los fedatarios opinaban en su informe al anteproyecto que tales medidas eran positivas“ pero poco ambiciosas”.

Zurcidos invisibles a módico precio para nuestra industria financiera

miércoles, 21 de abril de 2010

Juan Manuel Moreno-Luque – 20/04/2010 – Cotizalia. Tribuna libre
La normativa que prepara el Ministerio de Economía sobre fondos inmobiliarios en liquidación, que ha de someterse al dictamen del Consejo de Estado, me ha recordado un excelente ensayo del premio Príncipe de Asturias, Enzensberger, en el que evoca el letrero de una tienda del Chicago de los años 20 donde podía leerse: “Zurcidos invisibles y a precio módico para los agujeros de bala de su traje”.

Pienso que el asunto que se consulta al Consejo de Estado es una oportunidad única para valorar el pésimo funcionamiento de los servicios públicos destinados a proteger el ahorro popular y hacer las sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para el mejor funcionamiento de la Administración.

No hacía falta ser adivino para pronosticar la imposibilidad de validar en el mercado las “plusvalías latentes” del fondo Santander Banif Inmobiliario (que se siguen contabilizando bajo la hipótesis fundamental de negocio en marcha) y, por tanto, el fracaso del “plan ordenado de enajenación de activos” del fondo, que es el origen de la nueva normativa que pretende, al parecer, ampliar sine die el plazo para la liquidación y aplazar la restitución de los ahorros, y el reconocimiento de los quebrantos patrimoniales ocasionados a 43.000 partícipes.

Bien al contrario, la Ley Concursal permite a cualquier interesado solicitar al juez del concurso, por prolongación indebida, la separación de los administradores transcurrido un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que hubiera finalizado ésta.

El RD permitiría, además, que durante el proceso de liquidación del fondo la comisión de gestión de la Gestora fuera del 1,5% del patrimonio durante el primero año, del 1% durante el segundo año y del 0,5% a partir del tercer año. Es decir, que sobre un patrimonio de 3.000 millones de euros la retribución de la gestora podría alcanzar los 90 millones de euros, mientras que la retribución de los administradores concursales por el periodo de liquidación no llegaría a 4 millones de euros.

Este fracaso, así como el fracaso de otros planes ordenados como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria), demuestra la dificultad de gestionar las crisis financieras, especialmente en países como el nuestro en que los poderes públicos carecen de autoridad por ser más lobbistas que los propios lobbies que protegen a la industria financiera. Resulta patético el último informe de Estabilidad Financiera en el que el Banco de España se esfuerza por delimitar la dimensión y la naturaleza de nuestro polvorín financiero y las probabilidades de que no estalle, mientras que la industria financiera no mueve un dedo a pesar de que se han puesto a su disposición, incluso, fusiones virtuales, las llamadas SIP.

El caso del Santander Banif Inmobiliario, un caso de escuela de permisividad de supervisores y reguladores, puede resumirse en pocas palabras. El Grupo Santander, cuando por las cornadas de la crisis inmobiliaria se sintió incapaz de mantener un modelo de negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes los ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo, no sin antes haber facilitado la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de su historia, a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,90% del patrimonio. Conforme al guión, obtuvo en unas horas de la CNMV la autorización para suspender los reembolsos y “carta blanca” para iniciar al día siguiente, sin control alguno, un proceso de liquidación, sin previa disolución del fondo, algo que hubiera escandalizado a los ilustres tratadistas españoles del siglo XVII, pioneros en el tratamiento de las situaciones concursales y, claro está, a cualquier tratadista de nuestro tiempo, conocedores de que este tipo de situaciones pueden acabar en soluciones injustas, frecuentemente propiciadas en la práctica por maniobras de mala fe, abusos y simulaciones.

Desconcierto absoluto

Por si fuera insuficiente y, en contra de lo proclamado por Jeremy Bentham, quien, como es sabido, afirmó que “la publicidad es el alma de la justicia” y “dique contra el arbitrio”, la CNMV ha obtenido el respaldo, por el momento, de la Audiencia Nacional para mantener secretos cinco, incluida la solicitud, de los siete documentos que integran el expediente administrativo de autorización. Los documentos se mantienen secretos, al parecer, para no revelar el famoso “plan ordenado de enajenación de activos” para el que ahora se solicita una prórroga. En fin, una historia que ni Kafka hubiera imaginado, como dije con ocasión de la última junta de accionistas de Banco Santander a quienes, como diría Aristóteles, “hasta de un difunto sacan provecho”.

Pero hay más. En el caso del Santander Banif Inmobiliario no sólo el nivel de la publicidad y de la seguridad jurídica se halla bajo mínimos sino que el desconcierto financiero es absoluto. Los partícipes han dejado de tener referencias fiables sobre su estado de posición. El empleo del concepto y la publicación del valor liquidativo en una situación de suspensión de suscripciones y reembolsos es un absurdo lógico que contribuye más a la confusión, pues se trata de un concepto falso (pues no expresa ningún valor, y menos liquidativo) y una magnitud inútil (salvo para el cobro de comisiones), y pone de relieve hasta qué punto ha llegado la huída hacia delante, la impostura y el artificio financiero, y el respaldo de los poderes públicos a la economía financiera del sablazo. Una aberración financiera y un disparate jurídico fuera de todo control.

La economía del Reino de España, que es objeto de escarnio en la prensa internacional por los think tanks, neoconservadores y no conservadores (v. WSJE de 6 de abril de 2010), merece una reforma en profundidad de la insostenible regulación y supervisión del ahorro bajo gestión de la industria de la inversión colectiva, y la desaparición de los fondos de inversión, tal como están concebidos.

Cuesta creer que con los datos disponibles sobre el expolio del ahorro popular en el siglo XXI, alguien tome en serio la protección de los inversores modestos, y que alguien crea en la importancia del ahorro popular como infraestructura esencial de los mercados de capitales. Los fondos de inversión han desempeñado una función crucial en la última crisis financiera en los Estados Unidos como instrumentos privilegiados para la estabilidad financiera, la cohesión social y el progreso económico.

Creo que, aunque el caso Santander Banif Inmobiliario es un caso límite, confirma lo que se ha venido observando en lo que va de siglo: que la suerte de los partícipes en nuestro país se ha ido agravando día a día, que la capacidad de los mecanismos y de las instituciones que tienen encomendada la protección de los inversores no ha mejorado, que toda esta situación, que ha durado demasiado tiempo y ha ido demasiado lejos, es incompatible con el más elemental sentimiento de justicia y contraria a toda lógica y eficiencia económica, y que ya es hora de que las instituciones financieras que promueven los fondos entiendan, y quienes las regulan y supervisan hagan respetar, el principio de prioridad de los intereses de los partícipes que se viola sistemáticamente, invocando paradójicamente, como cobertura, el régimen jurídico de las Instituciones de Inversión Colectiva y de los Mercados de Valores que precisamente consagran este principio esencial.

En efecto. No es solo el caso del Santander Banif Inmobiliario. El ahorro popular ha pagado en el siglo XXI (2000-2008) a la industria de la inversión colectiva por la gestión y depositaría de los fondos financieros 25.609,6 millones de euros (más de diez veces lo que merecía) mientras que los pequeños inversores, que han aportado todo el capital, asumido los riesgos y soportado una importantísima inflación, han obtenido unos ridículos rendimientos nominales de 16.755,4 millones de euros que han podido compensar a duras penas un tercio de la erosión producida por la inflación. Es decir, que el conjunto de los partícipes no ha recibido un solo euro de rentabilidad real. Y, además, ha tenido que pagar el 15% o el 18% de impuestos sobre los rendimientos nominales.

El Consejo de Estado se lamentó en 2003 de que el Consejo de Ministros solicitara que el dictamen sobre el anteproyecto de ley de IIC fuera emitido en el increíble plazo de 9 días por su especial complejidad y envergadura y, advirtió, asimismo, con razón, que debía haberse dado audiencia a las organizaciones y asociaciones de consumidores tal y como establece el art. 105.a) de la Constitución Española.

No hizo falta mucho tiempo para dar la razón al Consejo de Estado. Si solo se pide la opinión de los lobbies financieros es difícil que se frenen los abusos de las gestoras. Al Consejo de Estado no se le informó de cuestiones fundamentales y, en consecuencia, no hubo sobre ellas la necesaria discusión y debate.

La Asociación Activa, que agrupa a cerca de 500 afectados por el diseño, autorización, comercialización, gestión, supervisión, suspensión de reembolsos, y liquidación sin disolución (y, si prospera la nueva normativa, disolución sin liquidación) del fondo Santander Banif Inmobiliario, no cree que los zurcidos invisibles sean la mejor solución para los agujeros de bala y ha hecho saber al Consejo de Estado su enorme interés en conocer y dar su opinión sobre el expediente que se someta a su dictamen.

Además, ha informado al supremo órgano consultivo del gobierno de que tiene interpuesta una querella, admitida a trámite, contra los responsables del fondo y dos recursos contencioso administrativos contra decisiones de la CNMV. Todo ello un año antes de que la SEC se decidiera a entablar una acción penal contra la todopoderosa Goldman Sachs y contra un “artista financiero” de 31 años que confesó que no entendía bien los productos que vendía.
*Juan Manuel Moreno-Luque, es presidente de Activa, asociación creada por partícipes del fondo Santander Banif Inmobiliario, y autor de El desgobierno de los fondos de inversión.