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Archivo del 22 de abril de 2010

Los notarios usan la Ley Sostenible para atacar a los registradores

jueves, 22 de abril de 2010

Apoya los objetivos, pero critica la norma
Los notarios usan la Ley Sostenible para atacar a los registradores
El Notariado aplaude y critica, al mismo tiempo, la Ley de Economía Sostenible del Gobierno. Admite que no impulsará la creación de empresas y que mantendrá la opacidad en el mercado inmobiliario, pero dice apoyar los «objetivos». Todo con tal de cargar contra los registradores.

La ley no impulsa la creación de empresas ni la transparencia en el sector inmobiliario.
22 04 2010 Libertad Digital
El Notariado apoya los objetivos que persigue el Gobierno en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, aunque considera que se queda corto en las medidas para agilizar la constitución de sociedades y para aumentar la transparencia del mercado inmobiliario. Así lo señala el Consejo General del Notariado (CGN) en el editorial del último número de su revista Escritura Pública.
El Proyecto de Ley de Economía Sostenible afecta a la función notarial en dos grandes ámbitos: la simplificación de los trámites en la constitución de sociedades y abaratamiento de costes; y la mejora de las bases de datos del Catastro y necesidad de que la realidad catastral sea conforme con la realidad física de los bienes inmuebles.
La constitución de sociedades
El Notariado insiste en que no hay que confundir constitución de sociedades -proceso en el que intervienen notarios y registradores mercantiles- y puesta en funcionamiento de la empresa -en la que participa la Administración (local y autonómica)- encargada de otorgar las preceptivas licencias.
El Consejo General del Notariado subraya, no obstante, que «la dilación en la constitución de sociedades en España no viene dada por la intervención del notario -que tarda un solo día en concluir este proceso-, sino que se produce en el ámbito del Registro Mercantil -que tarda una media de 33 días- (Informe Doing Bussiness, del Banco Mundial) y en su puesta en funcionamiento, con una media de más de tres meses».
Sin embargo, en opinión del CGN, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible «sólo incide en el ámbito registral de forma tímida», porque si bien «ha establecido plazos más reducidos para el registrador, no soluciona la raíz del problema», que se solucionaría -señala el Notariado- introduciendo algún «tipo de coerción para el caso de que el registrador incumpliera el plazo», o acudiendo a las experiencias de otros países de Europa.
En lo que sí incide el Gobierno en su Proyecto de Ley es, primero, en exigir de notarios y registradores que se maximice el uso de las nuevas tecnologías. Sobre esta cuestión, el Notariado asegura que el Proyecto de Ley no significa modificación alguna para el colectivo notarial, sino que más bien reconoce, ampara y potencia el uso que vienen haciendo los notarios de las nuevas tecnologías.
Para el Notariado, los servicios que presta un notario en este ámbito van más allá de la mera constitución de la sociedad, que son poco conocidos pero «de enorme valor para la Administración», como es la labor de este colectivo en la prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales.
Mejora de las bases de datos del Catastro
El segundo aspecto del Proyecto de ley sobre el que el Notariado llama la atención es el que se refiere a la mejora de las bases de datos del Catastro en lo relativo «a algo tan importante como que la realidad catastral sea conforme con la realidad física de los bienes inmuebles», según se recoge en este editorial.
El CGN insiste en que España es una rara avis en este tema porque, al contrario de lo que sucede en Europa, en nuestro país existe una dualidad en los sistemas de información de bienes inmuebles con dos instituciones distintas, sin datos comunes y sin coordinación entre ellas:

«Un sistema jurídico a cargo del Registro de la Propiedad, que es voluntario y se encarga de dar certeza jurídica de las titularidades, y un sistema fiscal y obligatorio que compete al Catastro y que se encarga de la descripción física de las fincas. Así, se puede dar el caso de que un bien inmueble puede estar recogido en el Catastro de forma distinta a como se describe en el Registro».
No obstante, el Notariado cree que el texto del Gobierno avanza en el objetivo de pretender «mejorar la coordinación de la realidad física con la catastral, dejando al margen la registral». Así, en el caso de una operación de transmisión de una finca, el Proyecto de Ley articula un procedimiento en el que los afectados manifiestan ante un notario si esa finca es la que consta en Catastro y si se corresponde con la realidad física, pero no con la registral o jurídica.
Es por ello que el CGN entiende que el Proyecto de Ley es «una oportunidad perdida» porque no se aborda el «fondo del asunto que es tan simple como solucionar la dualidad de instituciones (Registro y Catastro) para publicitar lo mismo, esto es, la titularidad y descripción física de la finca». Esta dualidad afecta directamente a los ciudadanos, que «no tienen por qué acudir a «n» ventanillas para resolver un sinfín de discrepancias entre cómo describen un mismo bien Registro y Catastro, cuando ambas instituciones dependen de la misma Administración».
Asimismo, esta divergencia en las descripciones de los inmuebles fomenta la falta de transparencia en el mercado inmobiliario, lo que puede provocar distorsiones en el precio que afecten al buen funcionamiento de mercado. El Notariado considera que una información real y on line desde todos los puntos de vista -físico y jurídico-, incluido el urbanismo, ayudaría a evitar opacidades en el mercado de la vivienda.
Atender las demandas sociales
Analizando los dos objetivos previstos en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, resultan muy significativas las opiniones que sobre la actuación notarial aportan la sociedad en general y los profesionales jurídicos en una reciente encuesta realizada por Metroscopia. Así, un 73% de los profesionales jurídicos consultados opina que la dilación en la constitución de sociedades viene dada por los trámites registrales y por las licencias autonómicas y locales.
Igualmente, y respecto al Catastro, la mayoría de los encuestados (59%) considera que la posibilidad de que el notario pudiera conocer on line el contenido registral de la información acerca de la titularidad de un bien supondría un ahorro significativo de costes, mientras que un 79% opina que les resultaría más seguro el sistema si el notario pudiera acceder al contenido del registro al tiempo de la autorización de la escritura de venta.

Los gestores administrativos rechazan el monopolio de los notarios en las escrituras públicas

jueves, 22 de abril de 2010

Madrid, 21 Abr.2010 (Europa Press) –

El Consejo General de Gestores Administrativos de España mostró hoy su apoyo al informe emitido por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en contra de que los notarios cuenten con el monopolio de la tramitación de escrituras electrónicas, según informaron hoy en un comunicado.
Los gestores administrativos se unen así a la CNC para solicitar al Gobierno que modifique el artículo 41 del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, al objeto de evitar que la tramitación de escrituras de constitución de sociedades limitadas se convierta en un monopolio de los notarios.
La CNC concluyó en su informe que la futura Ley «restringe de manera injustificada las posibilidades de elección del particular, en caso de desear la tramitación telemática y no el papel, y con ello la posible competencia en la prestación de dicho servicio».
En esta línea, los gestores administrativos consideran «esencial» que el notario sólo pueda enviar a los registros las escrituras de constitución de sociedades cuando cuente con autorización del interesado.
En caso de no recibir este permiso, los gestores piden que sea el interesado o un tercero por él designado, como un gestor administrativo, quien defienda sus derechos y lo remita incluso a través de medios telemáticos.
Por otro lado, los gestores administrativos comparten el objetivo que el Gobierno impulsa en este anteproyecto de agilizar la constitución de sociedades limitadas.
En este sentido, ofrecen la implantación en toda España de sus redes telemáticas para la tramitación ‘on line’ y su capacidad como asesores de personas físicas, autónomos, pymes y grandes empresas, así como su interlocución con Hacienda, la Seguridad Social, Tráfico, los registros y el catastro, entre otros.

Problemas de inseguridad jurídica en las medidas ya aprobadas del paquete Zurbano

jueves, 22 de abril de 2010

Problemas de inseguridad jurídica en las medidas ya aprobadas del paquete Zurbano
Javier Ardalán – Capital news
El Gobierno, a través de la primera oleada de medidas acordadas con el resto de grupos parlamentarios, ha incluido una importante batería de medidas que tratan de facilitar la transición por la crisis económica a las empresas, aunque alguna de estas medidas van a plantear serios problemas jurídicos en el futuro, justo lo contrario de lo que se pretende.

Así, el Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, creará numerosas tensiones los casos en que las sociedades concursadas tengan importantes contratos con las Administraciones Públicas, tengan que percibir pagos anticipados de éstas por sus obras o servicios o perciban destacadas subvenciones, puesto que a partir de ahora para mantenerlos será necesario que alcancen un convenio con sus acreedores y que se haga efectivo.
Basta hablar con quienes han pasado por esta experiencias o son administradores concursales para saber que esta normativa, que puede tener unas buenas intenciones sobre el papel, llegará a generar una importante vulnerabilidad en muchas de las empresas necesitadas de ese acuerdo para poder sobrevivir, puesto que las coloca en manos de la buena voluntad de los acreedores, fundamentalmente de las entidades de crédito. No hay más que conocer un poco como se las gastan las partes en este tipo de situaciones para que no se tarde nada en hablar de situaciones de ‘chantaje’. Una situación muy peligrosa para el ánimo de quien a pesar de las circunstancias aún aspira a salvar su empresa.
También, el texto del Real Decreto-Ley afirma que dentro del conjunto de reformas del ámbito financiero y con el objetivo de facilitar la operativa de los fondos de titulización,» incrementando la seguridad jurídica», se modifica la legislación vigente para permitir que los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos puedan ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito.
El problema surge a la hora de registrarlos ya que la norma indica que «la inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulización en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podrá efectuar a nombre de los mismos». Sin embargo, ignora el texto que se ignora la legislación hipotecaria y plantea serias dudas de si son inscribibles a su nombre los inmuebles siempre o tan solo cuando se hayan adquirido a través de los títulos y procedimientos que se enumeran.
Se abre un interrogante importante, puesto que estas entidades no tienen personalidad jurídica independiente, puesto que el artículo 9.4 de la Ley Hipotecaria y 11 de su Reglamento que dice textualmente: “No serán inscribibles los bienes inmuebles y derechos reales a favor de entidades sin personalidad jurídica». Por esta vía se puede abrir, a partir de ahora, la posibilidad de que otros tipos de patrimonio de entidades sin personalidad jurídica también puedan acceder a los registros con total independencia.

Los propios registradores ya consideran que este asunto dará mucho que hablar a la Dirección General de los Registros y del Notariado y a los tribunales en un futuro próximo

Corredor constata el respaldo de CEOE a la rehabilitación como pieza clave para reactivar el sector y crear empleo en la construcción

jueves, 22 de abril de 2010

Considera que «no podemos subestimar los efectos que tendrán la deducción fiscal por obras y el IVA reducido, que ya suponen un paso importante y un impulso decidido a la rehabilitación»
El Ministerio promovió en 2009 la mejora de 135.000 viviendas a través del PEVR y el Plan E

20 de abril de 2010- La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha constatado hoy el respaldo de la CEOE a la rehabilitación como «pieza clave para reactivar el sector de la construcción e industrias auxiliares, generar empleo de calidad y avanzar hacia un modelo urbano más cohesionado y sostenible».
La ministra ha trasladado a la Comisión de Infraestructuras y de Urbanismo de la CEOE en su reunión de hoy las actuaciones que el Gobierno de España viene desarrollando para acompañar al sector residencial en su necesaria reconversión, «tarea que requiere la máxima colaboración y participación de los agentes, tanto políticos como económicos y sociales, incluidos los empresarios», ha expresado.
En ese sentido ha valorado «el creciente consenso político, económico y social» a las iniciativas creadas para fomentar la rehabilitación, como es el caso de aquellas que se recogen en el decreto ley que el Congreso de los Diputados convalidará hoy y que son fruto a su vez del apoyo mayoritario de las fuerzas políticas alcanzado en la Comisión Zurbano.
Entre estas medidas se halla la deducción en el IRPF por obras en la vivienda realizadas antes del 31 de diciembre de 2012 y la aplicación del IVA reducido para todo tipo de mejoras también antes de esa fecha. A juicio de la ministra, «no podemos subestimar los efectos que tendrán estas medidas, que ya suponen un paso importante y un impulso decidido a la rehabilitación. ¿Quién iba a pensar hace años que los ciudadanos podrían desgravarse por mejorar la accesibilidad o eficiencia energética de sus viviendas, por sustituir las instalaciones de electricidad, agua o gas o por instalar infraestructuras que permitan el acceso a Internet o a la televisión digital? Pues bien, ahora ya podrán beneficiarse de esta deducción el 95% de los contribuyentes», ha recalcado y añadido que junto a estas actuaciones y las obras para elevar la eficiencia energética de los edificios del Estado, se generarán 350.000 puestos de trabajo en dos años.
El objetivo, ha recordado Corredor, es que la rehabilitación alcance en 2020 el 35% de total de la actividad de la construcción, tal como recoge la Estrategia de Economía Sostenible. Para lograrlo, además de la nueva deducción fiscal o de la aplicación del IVA reducido, el Gobierno ha desarrollado otras iniciativas. Se trata del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y el Plan E, con los que el Ministerio ha promovido la rehabilitación de 135.000 viviendas sólo en 2009, siendo 92.056 a través del PEVR y 43.000 mediante el Plan E.
No obstante, ha transmitido a la CEOE que aún se puede ir más allá y avanzar en cuestiones como la formación de los trabajadores, agentes, técnicos y empresas en las nuevas tecnologías y técnicas constructivas vinculadas a la rehabilitación y en la aplicación del Código Técnico de la Edificación. A este respecto ha anunciado que en otoño estarán ya las guías que se elaboran con las Comunidades Autónomas para adaptar los edificios del siglo XX al CTE.

Sin pujadores en las subastas públicas y privadas de inmuebles

jueves, 22 de abril de 2010

El número creciente de embargos las dispara
La inmensa mayoría de las subastas públicas se quedan desiertas y los bancos se hacen con pisos por un 50% de su valor.
21/04/2010 – Cristina Vallejo – Finanzas.com

El número de embargos continúa en aumento. En 2009, la crisis provocó un incremento del 59 por ciento en el número de ejecuciones hipotecarias, hasta las 93.319. Aunque el aumento fue inferior al registrado en el ejercicio anterior, cuando llegó a un 126,2 por ciento. ¿Dónde van todas esos pisos? Tras el embargo y desahucio, estos pisos se someten a una subasta judicial pública.

¿Y qué está ocurriendo con estas subastas? Están siendo un completo fracaso. Según las estadísticas de los juzgados, entre el 80 y el 90 por ciento de ellas se quedan desiertas. ¿Por qué?

A juicio de Jaime ́lvarez, director de Pública Subasta, por dos razones. En primer lugar, porque en estas operaciones se toma como referencia el valor de tasación del piso. Y como la mayor parte de los bienes embargados fueron adquiridos hace dos o tres años, justo en el momento del pico del ciclo, las valoraciones siguen siendo muy elevadas. «En el mercado se pueden encontrar ofertas mucho más interesantes», comenta ́lvarez. Aunque el precio de referencia que se emplea es el valor de tasación de la escritura, quien puja puede ofrecer la cantidad que estime oportuna. Aunque, para poder acudir a una subasta, se ha de depositar un 30 por ciento de ese precio de referencia.

En el caso en que el interesado en el inmueble ofrezca en la puja menos de un 70 por ciento del valor de tasación, tanto el deudor como el acreedor tienen prioridad y podrían quedarse con el piso por ese mismo precio. Por tanto, para los particulares, las subastas públicas en este momento son incómodas, además de poco interesantes. Y eso que en 2009 se subastaron las viviendas más baratas: su precio medio era de 280.000 euros, distorsionado al alza por algunos inmuebles muy caros, como uno que se subastó en Valencia por más de tres millones de euros.

Pero según apunta ́lvarez, lo más probable es que siga aumentando el número de bienes subastados. Para 2011, prevé que ronden los 150.000, de los que el 75 por ciento sean activos inmobiliarios. De hecho, según sus cálculos, en el primer trimestre del año, se habrían duplicado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Y si no son interesantes para los particulares, sí lo son para los acreedores, es decir, para los bancos, dado que, de quedarse desierto el proceso de subasta pública, pueden hacerse con la vivienda por un 50 por ciento de su valor de tasación. A continuación, los bancos venden esas viviendas con descuentos de entre un 20 y un 40 por ciento. Así, por ejemplo, en el portal de internet de Servihábitat, la sociedad inmobiliaria de La Caixa, hay un apartado dedicado a los inmuebles procedentes de subastas judiciales.

Los bancos no venden

Las entidades financieras también utilizan el procedimiento de las subastas para dar salida a los inmuebles que tienen en cartera. Dado que son operaciones privadas, los requisitos antes comentados en relación con las subastas públicas ya no se aplican. ¿Y están funcionando mejor? Según comenta Jiménez, en los años 2008 y 2009 no ha habido demasiadas operaciones de compraventa utilizando este mecanismo de comercialización. «En general, el mercado ha estado bastante seco», apunta. Y el motivo principal es que los precios continúan siendo elevados. En cambio, sí ha observado un aumento del interés de los particulares en las subastas privadas en los primeros meses del año 2010.

Desde BNP Paribas Real Estate, líder en España de este tipo de operaciones, Marisela González, directora de recuperación de activos inmobiliarios, señala que durante 2010 se van a activar aún más las subastas como canal de venta y con mejores resultados. Aunque, por el momento, a su juicio, aún no estamos en la fase en la que el inversor utilice este canal para comprar: está esperando a un proceso de liquidación, que no tendrá lugar hasta finales de este año. «Aún existe mucho producto en manos de banco sin salida con las rebajas actuales», asegura González. En su opinión, los descuentos deberían ser del 50 por ciento. En general, son productos de segunda mano, de baja calidad, en localizaciones secundarias y, en el caso de las viviendas nuevas, en ubicaciones de poco interés.