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Archivo de abril de 2010

Las constructoras, obligadas a hacer un contrato fijo al 30% de sus empleados

martes, 20 de abril de 2010

La modificación de la norma entra en vigor a partir de mañana

Servimedia – Madrid – 19/04/2010 – Público
Las empresas que operen en la construcción deberán tener al menos un 30% de su plantilla con contrato indefinido a partir de mañana, según obliga la Ley Reguladora de la Subcontratación en el sector.
En nota de prensa, la Federación de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT) recuerda que esta ley estableció un mínimo de empleo estable para poder operar en este sector.
Este requisito se fijó en el 10% de la plantilla con contrato fijo y estable durante los primeros 18 meses de vigencia de la norma.
A partir del primer año y medio y hasta que se cumpliesen 36 meses desde la aprobación de la ley el porcentaje mínimo pasó a ser del 20%.
Este martes se cumplirán los tres años desde la entrada en vigor de la ley, por lo que las empresas deberán contar con un mínimo del 30% de empleados con contrato indefinido.

La morosidad en los bancos y cajas vuelve a subir en febrero

martes, 20 de abril de 2010

Sector financiero – Los créditos de dusoso cobro aumentan levemente hasta el 5,38% con 98.010 millones de euros
El País | Agencias – Madrid – 19/04/2010
La morosidad de los créditos concedidos por los bancos y cajas ha subido ligeramente en febrero hasta el 5,38%, su nivel más alto desde abril de 1996, según los datos hechos públicos hoy por el Banco de España. Con respecto a 2009, la tasa aumenta en 1,17 puntos porcentuales.
Por tipo de entidades y tras los establecimientos financieros de crédito, que presentan una mayor mora sobre el 10%, las cajas son las que más créditos de dudoso cobro tenían a cierre del segundo mes del año con un 5,43% de su cartera. Por detrás, los bancos registran una mora del 5,29%. En valores absolutos, los créditos totales concedidos por las entidades cerraron el mes de febrero en 1,81 billones de euros, mientras que los dudosos alcanzaron los 98.010, frente a los 78.398 millones de hace un año.

Sindicatos y patronal, dispuestos a llegar a un acuerdo antes de final de mayo

martes, 20 de abril de 2010

El Gobierno propone rebajar 1,5 puntos las cuotas para «ganarse» a la CEOE

19 Abril 10 – Inmaculada G. de Molina – La Razón
Los empresarios creen clave para crear puestos de trabajo que los costes laborales disminuyan en la reforma laboral.
Madrid- La negociación sobre la reforma laboral entra hoy en una fase decisiva. Sindicatos, patronal y Gobierno se reúnen con el objetivo de analizar punto por punto las propuestas de las tres partes e ir cerrando acuerdos. Se trata de llegar a un pacto global sobre los cambios a introducir en el mercado de trabajo antes de que concluya mayo. La CEOE y los sindicatos acuden a la cita con la voluntad de estampar sus rúbricas en ese acuerdo. Para ello, todos están dispuestos a ceder parte de sus reivindicaciones.

De entrada, el Gobierno no descarta rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social 1,5 puntos para «ganarse» a la CEOE. No obstante, esperará hasta última hora para poner encima de la mesa esta oferta, que supondrá, de llevarse a cabo, una merma para las arcas de la Seguridad Social de 4.500 millones de euros. El Ejecutivo ya ofreció a los empresarios en 2009 esta rebaja de cotizaciones. Sin embargo, la ruptura de las negociaciones por el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en julio pasado impidió su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado de 2010.

Clave para el empleo
La patronal considera clave para crear empleo abaratar los costes empresariales. En estos momentos, las empresas españolas pagan cinco puntos más de cuotas que sus competidores europeos. Además, demandan la creación de un contrato indefinido con un despido más barato.

En esta cuestión, el documento del Gobierno satisface en parte a la CEOE y a los sindicatos, con su propuesta de igualar la indemnización del despido improcedente y por causas objetivas a 20 días por año trabajado en los contratos de fomento de la contratación indefinida. Además, propone que el Fondo de Garantía Salarial se haga cargo del 40% de estos 20 días de indemnización en caso de despido en cualquier empresa, con independencia del número de trabajadores. Ahora sólo se aplica esta medida en las de menos de 25 trabajadores.

Las centrales, y, concretamente, UGT, no ven con malos ojos esta posibilidad, basada en rebajar el despido y en que el Estado financie parte del mismo. Es más, las organizaciones sindicales están dispuestas a asumir esta medida para nuevos contratos en un eventual acuerdo, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes de la negociación. Los empresarios, por su parte, tampoco la rechazan. De esta manera, el Gobierno pretende relanzar el contrato de fomento, por el que el año pasado fueron sólo contratados 181.217 trabajadores, según un informe de CEOE.

La mesa tripartita del diálogo social analizará hoy el modelo austríaco, que consiste en crear un fondo para costear las indemnizaciones en caso de despido. El trabajador se lo podrá llevar si cambia de empresa. Empresarios y sindicatos no se muestran convencidos plenamente con la idea de trasladar a España este modelo, pero no lo rechazan del todo.

Improcedente por necesidad
La legislación laboral actual fuerza a los empresarios a optar por el despido más caro, el improcedente, con una indemnización de 45 días por año trabajado, en lugar de por el más barato, el de causas objetivas por razones económicas, tecnológicas y organizativas, de 20 días. Así lo confirman los datos de 2009. Según la CEOE, el 76,7% de los despidos de fijos fue improcedente y tan sólo el 1,99% se tramitó a través del juzgado de lo social. Para la patronal, es muy significativo que en un contexto histórico de crisis como el actual sólo el 15,45% de los despidos en 2009 fuera por causas objetivas. De ahí que los analistas crean necesario unificar los tipos de indemnizaciones o aclarar la legislación.

El mayor plan de formación en la historia de la justicia instruirá a 14.000 funcionarios de la nueva oficina judicial

lunes, 19 de abril de 2010

Consejo e Ministros. !6 abril 2010

El proceso, iniciado en febrero, formará a todo el personal de la Administración de Justicia en el nuevo modelo de organización judicial.
El plan formativo, con un coste cercano a los tres millones de euros, va dirigido a 4.000 secretarios judiciales y 10.000 funcionarios a través de 1.300 cursos
El Consejo de Ministros ha adoptado un Acuerdo por el que se ratifica el proceso de formación que está llevando a cabo el Ministerio de Justicia con todo el personal al servicio de la Administración de Justicia para su adaptación al nuevo modelo de organización judicial, tal y como lo contempla el Plan estratégico para la Modernización del sistema de Justicia 2009-2012.
Se trata del plan de formación más ambicioso y el de mayor magnitud de cuantos se han llevado a cabo en la historia de la Administración de Justicia española.
Se inició en el mes de febrero y alcanzará aproximadamente a unos catorce mil servidores públicos de la Administración de Justicia, con un coste total estimado cercano a los tres millones de euros. Elaborado por el Ministerio de Justicia en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos, prevé que se impartan conocimientos en Nueva Oficina Judicial y reformas procesales mediante unos 1.300 cursos de formación a lo largo de los meses de marzo y abril.
El Plan se divide en dos grupos formativos, uno dirigido a las casi cuatro mil personas que integran el Cuerpo de Secretarios Judiciales en España y otro a los cerca de diez mil funcionarios de los cuerpos de Gestores Procesales, Tramitadores Procesales y Auxilio Judicial, que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas cuyas competencias corresponde al Ministerio de Justicia: Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Murcia, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
Contenidos
La materia objeto de este Plan de Formación está compuesta por tres partes bien diferenciadas.
Modelo organizativo de la Nueva Oficina Judicial.
Reformas Procesales de la Ley Orgánica de 3 de noviembre de 2009.
Nuevas Tecnologías que acompañan dichas reformas, y que se concreta en la aplicación informática Minerva NOJ y la nueva Agenda de Señalamientos.

Métodos de formación
El Plan recoge tres tipos de acciones formativas genéricas destinadas a usuarios implicados en los procedimientos judiciales: modalidad presencial, formación e-learning y formación para formadores (sistema de certificaciones). Todos los cursos que se desarrollen en el seno de este Plan durante el año 2010 se impartirán en horario laboral, siempre y cuando las necesidades del servicio y el número de horas lectivas lo permitan.
Formación presencial
Los novecientos secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas sin competencias en materia de Justicia recibirán, además, formación en nuevas tecnologías asociadas a la Nueva Oficina Judicial, en salas habilitadas para impartir dicha formación. Los cursos impartidos dentro de estas Comunidades están centralizados en Madrid.
Los restantes 3.200 secretarios judiciales que trabajan en aquellas Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia sólo recibirán formación en materia de Nueva Oficina Judicial y reformas procesales. Los cursos se impartirán de manera descentralizada en las principales capitales de provincia.
En ambos casos la asistencia es obligatoria para todos los secretarios judiciales debido a la importancia de la reforma, cuyos contenidos deben conocer íntegramente ya que afecta directamente a su trabajo.
Además, en una segunda fase el Centro de Estudios Jurídicos tiene diseñado un plan para dar formación a todo el colectivo de secretarios judiciales (tanto los del territorio Ministerio como los de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas) en dos materias que se consideran muy importantes debido a las nuevas funciones atribuidas por el legislador al Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales. Se trata de “Mediación y conciliación” y “Ejecución civil”. Los cursos sobre estas dos materias se impartirán a partir de mayo.
Los aproximadamente diez mil funcionarios del considerado territorio Ministerio recibirán formación descentralizada y obligatoria en los tres bloques.
Formación on-line o “ e-learning ”
Aunque la formación será primordialmente presencial, el Ministerio de Justicia, con ánimo de lograr la inclusión de todos sus funcionarios, así como para que sirva de material de refuerzo y herramienta de consulta, pondrá a disposición de éstos una plataforma de formación “e-learning”, con unos contenidos equivalentes a los impartidos en dicha formación presencial.
De esta manera, los funcionarios, bien sean secretarios judiciales o de los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal o Auxilio Judicial, que no puedan asistir a los cursos presenciales, o que se encuentren en regiones geográficas en las que la asistencia a la formación presencial no sea posible, puedan recibir una preparación equivalente y beneficiarse de estos conocimientos.
Formación de formadores (Sistema de Certificaciones)
Con el fin de lograr una sinergia de esfuerzos por parte de los actores implicados en este proyecto global, se plantea una red de funcionarios formadores, a través de un sistema de certificaciones en las diversas materias objeto de este plan de formación. Este sistema permitirá constituir una red de funcionarios especialistas que, a su vez, junto a formadores del Servicio de Formación de Nuevas Tecnologías del Ministerio, participen como dinamizadores en esta nueva etapa de cambio y adaptación.
Estos cursos de certificación o de formación de formadores se diseñan para dos perfiles diferentes. Por un lado, los secretarios judiciales, actores protagonistas en el cambio que implica la Nueva Oficina Judicial y, por otro, el personal de los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial. En ambos casos el objetivo final es el mismo: capacitar a los asistentes para su participación activa como docentes o expertos de apoyo en las acciones formativas que durante este año 2010 y antes de la entrada en vigor de la Ley se realizarán por todo el territorio nacional.

Conclusiones de la comisión de expertos para adaptar a la España actual la ley de demarcación y planta judicial

lunes, 19 de abril de 2010

Consejo de Ministros. 16 abril 2010
Recomienda la superación del partido judicial como base del nuevo modelo, la extensión de la organización colegiada, la creación de tribunales de base o primer grado, la creación de tribunales de instancia y la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Expertos para adaptar a la España actual la Ley de Demarcación y Planta Judicial. Esta iniciativa se enmarca también en el ambicioso Plan de Modernización de la Justicia, puesto ya en marcha, que conducirá a la transformación general de esta administración para mejorar definitivamente su servicio al ciudadano.
L a Comisión de Expertos se creó en septiembre del pasado año con el objetivo de realizar un estudio previo que sirva de base para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial, adaptada a la realidad demográfica y a la configuración actual del sistema de justicia, que sustituya a la actual, que data de 1988 y que, a su vez, se basó en el modelo establecido en el Siglo XIX. Presidida por el secretario de Estado de Justicia, han formado parte de la misma: Silvia Barona Vilar, José Luís Bueren Roncero, Landelino Lavilla Alsina, Fernando Ledesma Bartret, Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, Victoria Ortega Benito, Herminia Palencia Guerra y Juan Antonio Xiol Ríos.
Durante los más de veinte años de vigencia de la actual Ley, en los que ha sido necesario modificar su texto en catorce ocasiones y se han creado 2.557 nuevas unidades judiciales, la planta judicial se ha duplicado y se han creado órganos judiciales de nuevo cuño que no estaban contemplados en el diseño original. Es el caso, por ejemplo, de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, de lo Mercantil, de Menores o de Violencia de Género.
La opinión generalizada hoy es que el sistema vigente ha agotado todas sus virtualidades. La creación de más de setecientas unidades judiciales entre 2001 y 2009 no ha impedido el incremento porcentual anual de la pendencia de asuntos, que en 2008 alcanzó el 15,80 por 100 interanual. En términos generales, la tasa de crecimiento anual promedio (2002-2008) de la pendencia (4.95) ha sido el doble de la de creación de nuevos órganos (2.70). El problema no se circunscribe, por tanto, sólo a la dotación de medios, sino también a la inadecuación de la organización judicial a los nuevos tiempos, realidades y necesidades sociales.
La Administración de Justicia está, al fin, inmersa en un proceso de transformación en el que las nuevas tecnologías permiten un funcionamiento más ágil de todos los servicios y determinan modelos más eficientes de organización. El paradigma de unidades aisladas y autosuficientes está siendo sustituido por el trabajo en Red y la interoperabilidad. La reciente reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial supone un cambio estructural para ajustarse a este nuevo modelo organizativo.
Por todo ello, la Comisión de Expertos ha optado, de manera unánime, por presentar un informe de conclusiones y recomendaciones que sirvan de guía maestra para la elaboración de la futura Ley, en la que habrán de participar todos los sectores y actores implicados.
Reorganizar la demarcación y planta de la Justicia es una cuestión de Estado, por lo que es imprescindible abrir un proceso debate público y de diálogo constructivo para la formación del mayor consenso posible, que sin duda requerirá máxima responsabilidad y generosidad por parte de todos.
Principales recomendaciones de la Comisión
Superación del partido judicial como base del modelo: El partido judicial responde a un contexto histórico caracterizado por grandes deficiencias en las infraestructuras públicas y por las consiguientes dificultades de comunicación y desplazamiento. En la actualidad, el recto entendimiento del derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, obliga a conciliar la garantía de fácil acceso de todos los ciudadanos a los órganos judiciales y la necesidad de evitar una dispersión excesiva de medios personales y materiales que quebrantaría los principios de racionalidad, economía y aprovechamiento de los recursos públicos por los que se rige toda organización eficaz. En este sentido, deben estudiarse nuevas fórmulas encaminadas a superar la desfasada división en partidos judiciales propia de otras épocas y diseñar estructuras territoriales más homogéneas y acordes con la España actual.
Extensión de la organización colegiada : La nueva ordenación de la planta permitiría trasladar las ventajas del sistema de organización colegiada a los tradicionales ”˜juzgados”™, que podrán estructurarse como un único tribunal con el número de jueces que sea preciso, con un presidente y con una oficina que preste servicio a todos ellos.
Creación de tribunales de base o primer grado : Es necesaria la creación de un primer escalón en la organización del poder judicial encargado de conocer de aquellos asuntos que no revisten una especial complejidad y pueden recibir un tratamiento más ágil. Estos tribunales se distribuirían de acuerdo con variables objetivas como la población, la carga de trabajo o la accesibilidad geográfica. Las plazas de estos órganos se han de cubrir con los primeros escalones de la carrera judicial, favoreciendo el acopio de experiencia por parte de los jueces de nuevo ingreso como paso previo a su promoción profesional.

Creación de tribunales de instancia : Los órganos judiciales de instancia, en cuanto tribunales especializados situados en núcleos urbanos importantes, responden a la necesidad de establecer un sistema moderno de organización judicial, más ajustado a la realidad de los países de nuestro entorno, en los que este tipo de unidades judiciales especializadas y concentradas ha permitido alcanzar mayores cotas de eficacia. Estos tribunales permitirían implantar un nuevo modelo que atienda principalmente a la naturaleza del asunto a enjuiciar.
Atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal: La superación del actual “partido judicial” y la concentración de la instancia están íntimamente ligadas a la necesidad de cambiar el sistema actual de investigación penal. Aprovechando la especial fisonomía del Ministerio Fiscal, como órgano dotado de una mayor movilidad territorial y capacidad de especialización dentro del orden penal, cabe establecer un nuevo modelo de investigación penal más ágil, flexible y adaptado a los distintos tipos de delincuencia.

Vuelve la emigración: el número de españoles residentes en el extranjero se acelera

domingo, 18 de abril de 2010

Más de 120.000 trabajadores han abandonado España en busca de empleo desde 2008
Carlos Sánchez.- 15/04/2010 El Confidencial
La emigración ha vuelto. Desde luego no con los tonos dramáticos que tuvo durante los años 50 y 60, pero emigración al fin y al cabo. Lo dicen los últimos datos del censo de españoles que viven en el extranjero, y que reflejan que en los últimos dos años nada menos que 123.815 españoles se han dado de alta en las distintas oficinas consulares que tiene la Administración en el exterior. En total, y según ese censo, 1.325.348 millones de españoles residen fuera de forma oficial, la cifra más alta en décadas. Todos ellos mayores de 18 años.
Lo más significativo no es sólo la cifra, sino su evolución. Si en 2008 el número de españoles residentes en el extranjero crecía a un ritmo de 36.399 ciudadanos respecto del año anterior; en 2009, el aumento fue de más del doble. En concreto, de 74.814 personas. Tan sólo durante los dos primeros meses de este año, el número de altas se ha incrementado en 12.602 personas, lo que significa que no se trata de un fenómeno puntual ligado a un movimiento no representativo de la población, sino que comienza a tener algo de estructural. O dicho en otros términos. El número de españoles que sale del país para trabajar está creciendo un 6% en términos anuales, el doble de lo que ha sido habitual en la media histórica. Y desde luego muy por encima de lo que está creciendo la población.
La cifra de españoles que han tenido que salir del país en busca de trabajo es probablemente mayor. No todos los nacionales se inscriben en los registros consulares. Los datos corresponden al censo electoral, y por eso se sabe que cuentan con más de 18 años. Es habitual que a medida que se acerca un proceso electoral crece el número de inscritos, por lo que cabe suponer que ese efecto se dejará notar en los próximos trimestres.
En total, y según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 1.471.691 españoles forman parte del llamado PERE (Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero), pero de esta cifra algo más de 902.000 ciudadanos tienen entre 16 y 64 años.
Crisis económica
La causa principal del fuerte aumento del número de españoles residentes en el extranjero tiene que ver con la crisis económica, lo que ha obligado a muchos trabajadores a buscar empleo fuera del país, pero también con el creciente grado de internacionalización de la empresas española, que ha tenido que salir fuera en busca de nuevos mercados. En la actualidad, algo más de 97.000 empresas españolas exportan, pero con un importante sesgo. Tan sólo las 50 empresas más exportadoras controlan el 31,77% de las ventas al exterior, y son éstas las que desplazan a una parte de sus plantillas en busca de nuevos mercados.
La mayor presencia de España en instituciones multilaterales (FMI, Naciones Unidas o Banco Mundial), junto a la proliferación de actividades relacionadas con políticas de solidaridad (ONGs) o la fuga de científicos para poder seguir investigando, explica también el crecimiento del número de españoles que residen en el extranjero. Además de actividades profesionales en las que hay déficit en otros países, en particular en sanidad o educación.
La gran diferencia con las emigración de los años 50 y 60 es, por lo tanto, que no se trata de una salida forzada por razones de extrema necesidad, sino que afecta sobre todo a trabajadores cualificados que buscan cumplir en el extranjero sus expectativas laborales.
Para hacerse una idea de este fenómeno hay que tener en cuenta que en 2002 el censo electoral de españoles en el extranjero era de 1.025.346 ciudadanos, lo que significa un 30% menos que ahora.

Gobierno y promotores tratan de calentar la vivienda

domingo, 18 de abril de 2010

Los promotores claudican: «Venderíamos perdiendo dinero»
14-04-2010 , J. M. Lamet – Expansión
Los promotores y el Gobierno trataron de calentar el mercado agarrándose a las asideras del Instituto Nacional de Estadística (INE), que constató un ascenso del 18,7% en las ventas de pisos. Además, la patronal de los promotores afirmó que, ahora sí, muchos de ellos han asumido que no les queda otra que vender pisos a un precio menor del coste de construirlos.
En concreto, se comercializó un 14,4% más de casas nuevas y 23,7% más de usadas. Tanto la patronal de las empresas, APCE, como el Ministerio de Vivienda proclamaron que el actual es un gran momento para comprar un piso. La ministra Beatriz Corredor llegó, incluso, a decir que 2010 es “uno de los mejores años” para lanzarse a adquirir una vivienda, “si se encuentra una casa adecuada a las necesidades del comprador y con un precio razonable”. Y el G-14, lobby que aglutina a las principales compañías del sector, advirtió de que la temporada de rebajas en el ladrillo está llegando a su fin. No en vano, la caída de precios fue de sólo el 5,3% anual en marzo, según Tinsa.
El presidente de APCE y de la patronal madrileña Asprima, José Manuel Galindo, cree que los descensos de precio son “generalizados”. Y señala a Expansión: “De media acumulada, los promotores hemos ajustado un 20%-25% el precio de los pisos”, desde que se rompió la resistencia a la baja de la vivienda. La mayoría de las veces, esos descuentos se sitúan “en torno al 20%”, que es el umbral psicológico para las inmobiliarias. El G-14 añade que “todas las viviendas que se están vendiendo actualmente, tanto nuevas como usadas, han registrado un ajuste medio no inferior al 20%”.
Vender a pérdidas
Pero Galindo también apunta un dato hasta ahora tabú, asegurando que ya hay una corriente de inmobiliarias que asumen la venta en números rojos: “Muchos promotores están dispuestos hasta a perder dinero”. Sobre todo si tienen una relación muy arraigada con la entidad financiera prestadora, o varias operaciones con financiación. El problema es que algunos ni siquiera tienen ese dinero que perder, y que otros promotores prefieren tirar la toalla, optar por la dación en pago y derivar el problema a la entidad financiera.
Así que “a partir del 20% de rebaja, los promotores tienen las manos atadas a la hora de bajar el precio, por la dependencia que tienen del banco”, asegura Galindo. Es decir, necesitarían un empujón de la entidad prestadora. Por ejemplo, “rebajar un 30% los pisos supondría una quita por parte del banco o que el promotor recurriese a su caja, normalmente, pero ahora mismo no hay tesorería”.
Pero, pese a la bancarización de la vivienda, los empresarios y el Ejecutivo han comenzado a tañer las campanas de la recuperación y el optimismo. Y lo hacen con datos. Galindo señala que “ahora se están dando unas condiciones inmejorables para comprar”. A saber: “Precio ajustado, tipos muy bajos, financiación a largo plazo, una oferta importante de inmuebles para elegir y, por último, la eliminación de la desgravación fiscal en 2011 [a las rentas superiores a 24.000 euros]”. Esto está haciendo un “efecto tirón” en las ventas, al contrario que el IVA: “Creo que ha habido muy poco tiempo para que la demanda valore el IVA, y un 1% de aumento es muy poco a nivel global.”
“No habrá más rebajas”
Ha habido “mucha demanda embalsada que no se había decidido a comprar porque las condiciones económicas no son buenas y los precios debían ajustarse”. Pero los compradores, según Galindo, “se han dado cuenta de que no va a haber muchas más rebajas. Así, con los tipos en mínimos, si tienes trabajo y la entidad te puede subrogar, compras seguro”, arguye Galindo. Entretanto, el G-14 considera que la recuperación de las ventas continuará su suave recuperación en marzo.
Pero los analistas ven apresurados estos brotes: “Sin crédito y con los precios por encima de Estados Unidos, es un momento espectacular para comprar”, ironiza el director del departamento Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra, José García Montalvo. “Los datos no cuadran”, agrega. “No hay más número de interesados en comprar pisos, sino que ahora se está empezando a dar algo más de crédito”, apunta Lucio Rivas, socio de la plataforma inmobiliaria Admentum.
Corredor añadió a todo esto que el Ministerio otorga ayudas para pagar la entrada de la vivienda y la hipoteca a las familias con rentas anuales inferiores a 50.000 euros, lo que ayuda a decidir comprar.
“Sin desgravación, pagas un 10% más”
“En los últimos dos o tres meses se han roto las barreras de precios que había, sobre todo en la vivienda usada”, aseguró director del departamento Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra. Además, la eliminación de la desgravación en el IRPF por la vivienda habitual a quienes cobren más de 24.000 euros “puede estar jugando también un papel importante, ya que pesa un 9%-10% del precio total en todo el periodo del préstamo, y el comprador ve que sin deducción a la larga paga más”. “Y encima” con la resistencia a la baja de los precios “y con un IVA más elevado”, arguye García Montalvo.
Pero “los números no cuadran, porque no puede ser que la hipoteca media caiga un 15% y los precios bajen tan poco como dice Tinsa (5,3%), mientras que se vende un 19% más”, apostilla. Por su parte, José Luis Martínez, estratega de Citi en España, opina que hay un factor importante que se debe considerar a la hora de evaluar los datos positivos de compraventas de viviendas conocidos ayer: “La presión de la banca por liberar su balance de real estate, lo que también se percibe en los indicios de mejora de crédito para la compra de vivienda frente a la caída del crédito empresarial”.

EEUU acusa a Goldman Sachs de ‘fraude’ por vender hipotecas alto riesgo

sábado, 17 de abril de 2010

Acusación – Caen más de un 11% sus acciones
La Comisión de Valores demanda al grupo por defraudar a sus clientes
No informó a clientes que compraron instrumentos ligados a hipotecas basura
El grupo se habría aprovechado de la caída del mercado de la vivienda
Las acciones de Goldman caen estrepitosamente, consecuencia de la demanda
Agencias | Nueva York 16/04/2010 – El Mundo
La Comisión de Valores de EEUU (SEC por sus siglas en inglés) acusa a Goldman Sachs y a uno de sus vicepresidentes de un presunto fraude relacionado con instrumentos de deuda vinculados a hipotecas ‘subprime’, según informó el regulador bursátil de EEUU, lo que hunde a más de un 10% la cotización de las acciones del coloso de Wall Street y a los principales valores de la bolsa.
En concreto, la SEC alega que Goldman Sachs estructuró y comercializó obligaciones de deuda colateralizada (CDO) dependientes de la evolución de valores respaldados por hipotecas residenciales ‘subprime’ (RMBS) sobre los que no proporcionó «información vital» a los inversores, especialmente en lo que se refiere al papel del ‘hedge fund’ Paulson & Co. en la selección de dicha cartera y en la circunstancia de que dicho fondo estaba ‘corto’ respecto a los CDO.
«El producto era nuevo y complejo, pero el engaño y el conflicto son antiguos y simples», dijo el director de la división de vigilancia disciplinaria de la SEC, Robert Khuzami, mientras que el jefe de la unidad de productos estructurados de la institución, Kenneth Lench, señaló que la SEC sigue investigando las prácticas de los bancos de inversión y otras entidades involucradas en la titulización de complejos productos financieros vinculados al mercado inmobiliario estadounidense.
El engaño detrás del ‘hedge fund’
La SEC alega que el ‘hedge fund’ dirigido por John Paulson, que alcanzó relevancia internacional por su fructífera apuesta contra los valores ‘subprime’, tuvo una «relevancia significativa» a la hora de seleccionar la cartera de estos RMBS, sobre los que obtendría beneficios en caso de depreciación, sin que estos hechos fueran puestos en conocimiento de los inversores.
«Goldman Sachs no reveló (a los inversores) las posiciones cortas de Paulson & Co. ni su papel en el proceso de selección de los colaterales», señala la SEC, que destaca el papel desempeñado por el vicepresidente de Goldman Sachs Fabrice Tourre, quien estructuró la transacción, preparó los materiales para su comercialización y se encargó de las relaciones con los inversores.
Una vez que fue presentada la demanda, las acciones de Goldman Sachs caían un 11,4% en la bolsa. La noticia hundió a los tres principales índices de Wall Street.
La decisión marca la primera vez que SEC toma medidas contra un acuerdo de Wall Street que ayudó a los inversores aprovechar la caída del mercado de la vivienda.

Detenido un promotor inmobiliario en Murcia por una estafa masiva

sábado, 17 de abril de 2010

La empresa de Antonio Martínez, Trampolin Hills Resort, tenía previsto construir 2.500 viviendas
Javier Ruiz – Murcia – 15/04/2010 – El País
La Guardia Civil ha detenido esta mañana al propietario de la promotora inmobiliaria murciana Trampolín Hills, Antonio Martínez. La detención se produce en el marco de las indagaciones de un juzgado de la región que investiga el presunto fraude denunciado por los 2.000 compradores de sus viviendas que, con la empresa en concurso de acreedores, han perdido los anticipos a cuenta que entregaron al constructor.
Conocido como El Gitano, su empresa que nació con un capital social de 5.000 euros en 2005, promovió en los últimos años una urbanización en el municipio murciano de Campos del Río de la que no llegó a levantar ni una sola casa. Con sólo 2.000 habitantes, el equipo de gobierno municipal había aprobado la construcción de otras tantas viviendas y un campo de golf, que finalmente no ha llegado a realizarse.
Los clientes que hicieron entrega de cantidades a cuenta -en algunos casos superiores a los 50.000 euros- se han constituido en asociación y en los últimos meses han planteado una denuncia colectiva por estafa e incumplimiento de contrato contra Martínez y su socio. El abogado de la mayoría de los afectados, Joaquín Guzmán, ha cifrado esa estafa en más de 60 millones de euros y alertó recientemente de la posibilidad de que Martínez y su socio «podrían huir de España o hacer desaparecer pruebas» si seguían en la calle. La investigación sigue abierta y se ha decretado el secreto de sumario.
Retrasos en las obras
Trampolin Hills golf Resort es actualmente, y según los compradores, «un páramo abandonado donde sólo quedan algunos carteles y varias palmeras secas». Añaden que «no se ha construido ni una casa y faltan 80 millones de euros». Es el testimonio de alguno de los afectados que recuerda que en 2009, meses antes de que llegara el concurso de acreedores, las obras acumulaban ya un retraso de tres años porque el Ayuntamiento no sacaba adelante el plan parcial dado el importante revuelo político que generó una denuncia del PP de Campos del Río y que vinculaba al actual alcalde con algunas compraventas de fincas del resort.
Además del concurso de acreedores, la empresa constructora tenía sobre la mesa un auto de un juzgado de Mula que dice que «la promoción se puso en marcha sobre terrenos rústicos que no cuentan con licencia». Mientras tanto, la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno murciano le había impuesto a Trampolín Hills una sanción de 350.000 euros «por no garantizar a todos los adquirentes de la urbanización la devolución de las cantidades entregadas a cuenta». Y, por último, el Ministerio de Hacienda anunció que la empresa Swiss Financial Corporation, la supuesta avalista de Trampolín, no existía como tal ni tenía nacionalidad ni estructura empresarial en España.

750 jefes de equipo de inspección de Hacienda han enviado una carta a Elena Salgado rechazando que se les reduzca el sueldo si no recaudan más

viernes, 16 de abril de 2010

14 de abril de 2010 El Confidencial Digital
Los inspectores de Hacienda han enviado, el pasado 16 de marzo, una carta a la ministra de Economía, Elena Salgado. En ella, los funcionarios declaran su malestar por la medida que entró en vigor el pasado 1 de enero y que contempla un aumento de los objetivos recaudatorios de más del 15%. Hasta el momento, no han obtenido respuesta.
Este escrito incluye la firma de 750 jefes de equipo de inspección. La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) explica a El Confidencial Digital que, además, durante el mes de marzo han recurrido judicialmente los criterios fijados por la Agencia.
Las reivindicaciones de este colectivo no son nuevas. Se remontan al pasado mes de febrero. Entonces, la IHE destacó que “el incremento de objetivos es inasumible y absolutamente incompatible con un trabajo de calidad”. En cuanto al ciudadano el sindicato de inspectores señalaba que esta medida supone una “mayor presión sobre el contribuyente inspeccionado”. Los funcionarios destacaban que con estos cambios se les obliga a realizar un trabajo precipitado y de escasa profundidad.
Los inspectores resaltaron que supeditar un 20% su sueldo a la consecución de esos objetivos creará presión en su trabajo. A esta queja añadían que desde el Ministerio se les presionó para que el profesional de la inspección actúe de manera precipitada para cerrar los expedientes tratando de obtener la mayor deuda posible. En estos momentos sus peticiones siguen maniéndose.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda está constituida por 1.400 inspectores. La IHE agrupa a tres asociaciones: APIFE (Asociación Profesional de Inspectores de Finanzas del Estado), APIHA( Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda de Aduanas) y al Sindicato de Inspectores de Hacienda constituido en 2004.

El Congreso estudiará elevar un 2% la cuota de plazas públicas para discapacitados

viernes, 16 de abril de 2010

Propuesta de CIU
15-04-2010 , Expansión.com/Servimedia
El Congreso de los Diputados ha resuelto estudiar la proposición de ley del Grupo Catalán-CiU para elevar del 5 al 7% la reserva para personas con discapacidad en el acceso al empleo público. La propuesta significa modificar la vigente Ley del Estatuto del Empelado Público para establecer la reserva a favor de personas con discapacidad en un 7%, creando una subcuota específica del 2% para personas con discapacidad intelectual.
El cambio normativo supondría extender esta obligación a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica y local), al considerarse el Estatuto del Empleado Público, una legislación básica vinculante para todos los estamentos públicos.
Desde 2009, el Gobierno central, a través de la oferta de empleo público anual, ya realizaba esta reserva del 7%, pero con la reforma legal, una vez aprobada, abarcaría, así, a todas las Administraciones Públicas.
CiU apostó el martes por reformar el artículo 59 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que «en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad». La ampliación del 2% que propone CiU estaría destinada a las personas con discapacidad intelectual, «severamente excluidas del mercado laboral», según apunta el Grupo Catalán en su iniciativa.
Además, la proposición de ley incorpora otros avances como es que, en todas las convocatorias, las plazas reservadas para trabajadores con discapacidad se tienen que realizar en turnos independientes. El Comité Español de Representes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha valorado de forma positiva este acuerdo.
Por otra parte, CiU plantea otras medidas legislativas que considera de interés para estimular el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, homogeneizándolo en todas las administraciones. Entre estas medidas figura la realización de pruebas independientes, como indica ya el decreto que regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. Igualmente, sugiere que la convocatoria de turnos independientes sea siempre obligatoria, en lugar de facultativa, como establece dicho decreto.
La iniciativa aboga también por que se dé preferencia y mayor cupo de reserva a las vacantes en cuerpos, escalas o categorías cuyos integrantes normalmente desempeñen actividades compatibles en mayor medida con la posible concurrencia de una discapacidad. Además, CiU propone que si las plazas reservadas y cubiertas por las personas con discapacidad no alcanzaran el cuatro por ciento del total de las convocadas, las no cubiertas se acumulen al cupo del siete por ciento de la oferta siguiente, con un límite máximo del 15%.

Recordando una noticia de octubre del año pasado

viernes, 16 de abril de 2010

Jueves, 22 de octubre de 2009 – El Confidencial Digital

El trasfondo del sorprendente ataque de Solchaga a Zapatero: el ex ministro había solicitado ser consejero de Telefónica o Endesa pero el presidente no lo ha aceptado

Las duras críticas de Carlos Solchaga al presidente del Ejecutivo y a su modo de manejar el Gobierno sorprendieron a destacados dirigentes del PSOE, pero no tanto en Moncloa. El entorno cercano de Rodríguez Zapatero conoce el motivo del enfado del ex ministro: no ha atendido sus peticiones.
La andanada de Solchaga llamó mucho la atención a varios notables del PSOE, porque estaban al tanto de la buena relación que, desde hace tiempo, existía entre el político navarro y el presidente. Una sintonía forjada antes incluso de que el actual inquilino de La Moncloa llegara a la secretaría general del partido.
De ahí que hayan asistido atónitos a la cascada de reproches del ex ministro de Felipe González en la entrevista publicada por la revista Vanity Fair. En ella acusa al jefe del Ejecutivo de vivir en un “mundo presidencialista”, de concentrar la actuación política en su persona, de tratar “como secretarios” a los ministros, de minusvalorar el papel del Gobierno y la Administración, de utilizar “ciertos toques populistas”, de gobernar “sólo para que le quieran”.
Según datos recabados por El Confidencial Digital en ambientes del Gobierno, el origen último de esa ofensiva se debe a su frustración por no haber visto cumplidas sus expectativas personales. Las fuentes consultadas explican que Carlos Solchaga esperaba del Gobierno socialista “un puesto bien remunerado”, como consejero de alguna de las grandes compañías del país.
Pero no se trataba, advierten, de un deseo genérico. Él pensaba en dos empresas fundamentalmente. Su primer deseo era acceder a uno de los puestos de relieve en Telefónica. Como segunda opción, manejaba formar parte del consejo de la eléctrica Endesa.
El entorno del presidente lo tiene muy claro. Al no haber visto satisfechas sus aspiraciones, en la entrevista Solchaga dio rienda suelta al resentimiento acumulado.

Economía responde al Banco de España: el problema de la banca no es el paro

jueves, 15 de abril de 2010

Campa dice que es encontrar otras vías de crecimiento
14/04/2010 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
Madrid.- El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, ha discrepado con el Banco de España y ha afirmado que para el sistema financiero español el paro no es el problema sino encontrar una nueva senda de crecimiento.
«Para el sistema financiero, para la estabilidad de las cuentas públicas, no es que el paro sea un problema, es un síntoma peculiar de la economia. El problema es buscar otra senda de crecimiento a medio plazo», ha afirmado en la segunda jornada del ‘XVII Encuentro del sector financiero’ organizado por Deloitte, ABC y la Sociedad de Tasación.
El gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, afirmó el martes en el mismo foro que el «paro masivo» era el principal problema de la banca.
A juicio del secretario de Estado, el desempleo es la principal preocupación de todos, «especialmente del Gobierno», pero en el caso de la banca, Campa cree que el reto será que las entidades puedan financiar a la economía real, esto es familias y empresas.
De esta forma se conseguirá volver a la senda de crecimiento y a la creación de empleo. Para ello, Campa ha instado a la banca a hacer llegar el crédito a «nuevos sectores, más desconocidos», que han de sustituir parte de la aportación que la construcción realizaba al PIB y que cifró en el 4%.
El secretario de Estado ha minimizado también los riesgos existentes en el sector financiero. «Falta capital en algunas entidades, pero ninguna de ellas es sistémica», ha afirmado. En este sentido, ha añadido «el Frob [el fondo de ayuda estatal para fomentar las fusiones en el sector] está totalmente preparado para dar apoyo a la reestructuración».
Sobre la nueva regulación que se avecina en el sector financiero, ha dejado claro que «los errores y abusos del pasado no van a volver a ocurrir».

La deducción del 10% por rehabilitación de vivienda entra hoy en vigor

jueves, 15 de abril de 2010

Estará en vigor hasta 2012
Para las rentas inferiores a 53.000 euros.
14/04/2010 – Madrid (Europa Press) – Finanzas.com
Los contribuyentes con rentas inferiores a los 53.007,20 euros podrán deducirse en el IRPF hasta el 10% de las cantidades satisfechas por la rehabilitación de viviendas a partir de hoy y hasta el 31 de diciembre de 2012, con un máximo de 12.000 euros por vivienda habitual.

Así consta en el real decreto publicado ayer en el BOE que entra en vigor hoy, donde se explica que la deducción estará sujeta a obras que tengan por objeto la mejora energética, la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros o la mejora de la accesibilidad al edificio.

Esta medida, que beneficiará al 95% de los contribuyentes siempre y cuando las obras no se abonen en efectivo, será asumida íntegramente por el Estado, con un coste de 1.400 millones, según los cálculos del Departamento de Economía.

A la nueva deducción hay que unir la aplicación de un IVA reducido para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de la vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012 y la ampliación del concepto de rehabilitación estructural a efectos del impuesto.

Estas dos medidas forman parte del primer capítulo de los seis que contempla el real decreto, que pretende recuperar la actividad en el sector de la construcción. El segundo capítulo, por su parte, incluye un conjunto de reformas «necesarias» para favorecer la actividad empresarial, mientras que el tercero se dedica íntegramente a la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

El cuarto contiene medidas destinadas a moderar el impacto negativo de la crisis en los ciudadanos, como el aumento del umbral de inembargabilidad, la aplicación de un IVA superreducido a los servicios de atención a la dependencia o el ‘vale transporte’, que supone la exención de la tributación en el IRPF de las cuantías satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el lugar de trabajo.

Finalmente, el capítulo quinto se centra en el sector energético, mientras que el sexto contiene un conjunto de medidas en el ámbito del sector financiero de urgente implantación ante las necesidades de encarar con la máxima eficacia la evolución de la crisis financiera.

Con esa intención, se reducen los plazos previstos agilizando la operativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y se realizan una serie de ajustes en su regulación.

El texto contempla además la posibilidad de que se puedan intervenir bancos o cajas con dificultades cuando aparezcan circunstancias sobrevenidas que, para el Banco de España, hagan que no sea previsible encontrar una solución viable para su situación sin el apoyo del FROB.

Cambios en las fusiones frías

También en este capítulo se clarifica el régimen aplicable a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) que se creen entre entidades de crédito con objeto de garantizar la máxima seguridad jurídica en operaciones de este tipo, más conocidas como ‘fusiones frías’.

Fondos de titulización

miércoles, 14 de abril de 2010

El 27 de marzo anunciamos el documento de síntesis en cuyo punto 30 se decía:

30.- Permitir que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de los préstamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

Hoy es ya una realidad: Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Artículo 27. Consideración de los fondos de titulización como titulares registrales.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero, con la siguiente redacción:

«Los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de Titulización de Activos podrán ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito; en particular y sin ánimo limitativo, por producto del remate de procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenación o explotación de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecución. La inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulización en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podrá efectuar a nombre de los mismos.»

El fin del ‘eterno opositor’ a juez, notario o registrador

miércoles, 14 de abril de 2010

Acceso a la función pública
Expertos de Fedea proponen una reforma del acceso a los cuerpos de élite que limite el número de veces que el candidato puede presentarse
El 42% de los opositores a juez y fiscal se presentan cinco veces
N. Sanmartin Fenollera – Madrid – 13/04/2010 Cinco Días
Cuatro de cada diez candidatos a jueces y fiscales se han presentado a la oposición cinco veces. La cifra desciende al 23% en el caso de los diplomáticos, al 16% en el de los inspectores de hacienda, al 13% cuando se trata de abogados del Estado, al 12% de notarios (aunque al tratarse de oposiciones bianuales, ello implica un plazo de diez años) y al 10% de registradores. Los datos se refieren a las oposiciones celebradas durante el último decenio y forman parte de un documento que recoge 25 propuestas a la Ley de Economía Sostenible y reformas estructurales, publicado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) que la entidad ha decidido facilitar a los diputados de todas las formaciones políticas.
El informe contiene un análisis sobre el acceso a la función pública, realizado por los economistas Manuel Bagͼés (Universidad Carlos III) y Berta Esteve-Volart (York University) con cuatro grandes medidas que pretenden optimizar la selección de profesionales como los abogados del Estado, jueces y fiscales, notarios, registradores e inspectores de Hacienda, entre otros.
La primera de esas reformas aboga por limitar el número de años que un opositor puede presentarse a una misma plaza. Según Bagͼés y Esteve-Volart, «esto sería positivo en términos de calidad de los seleccionados y también facilitaría la selección de candidatos con características socioeconómicas más cercanas a las de la población en general». Ambos economistas sostienen que la larga preparación y el esfuerzo económico que requieren las oposiciones a ciertos cuerpos de élite excluye a candidatos con peores perspectivas económicas.
Además, explican ambos, la medida ayudaría a resolver «el problema de consistencia temporal» a que se ven sometidos los eternos opositores: la imposibilidad de abandonar cuando se ha invertido ya demasiado tiempo y energía en el proceso.
Los autores consideran que los tribunales de oposición «deberían dedicar más tiempo a la evaluación de aquellos candidatos con posibilidades reales de obtener plaza». Según Bagͼés y Esteve-Volart, se deberían introducir exámenes preliminares eliminatorios «tipo test» en las oposiciones con una nota de corte que eliminase a los candidatos con escasas posibilidades. Ambos recuerdan que en el caso de jueces y fiscales, los datos demuestran que «sólo los opositores que obtienen en el texto una nota situada en el 40% superior de la distribución tienen opciones a conseguir plaza».
Como medida complementaria a las anteriores, defienden también la fusión de los procesos de selección para cuerpos del Estados que exigen un perfil similar. El objetivo sería exigir conocimientos más generales «que podrían después ser complementados con una formación específica adecuada mediante la realización de cursos de formación selectivos para los opositores elegidos».
Tras afirmar que en las oposiciones a abogados del Estado de 2008, tres de los candidatos «incluyendo el hijo de un abogado del Estado», fueron suspendidos por el tribunal ante la sospecha de que habían tenido conocimiento previo del contenido del examen, el documento de Fedea propone que los exámenes sean corregidos de forma anónima, en lugar de en lectura pública. Además, señalan, el examen escrito «debería ser sometido a una doble corrección independiente y en caso de discrepancia, a una tercera evaluación».

MAFO: «La guerra de depósitos de la banca es inevitable»

miércoles, 14 de abril de 2010

Agencias 13/04/2010 El Economista
El gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, afirmó hoy que la guerra de depósitos emprendida por las entidades financieras es «inevitable» porque la financiación externa «todavía no está normalizada». La guerra del depósito de la banca puede causar el colapso de las cajas, según Financial Times.
«La oferta a los ahorradores me parece que es algo casi inevitable porque la financiación externa de los bancos todavía no está normalizada y se ha encarecido», declaró Fernández Ordóñez, tras su intervención en el XII Encuentro Financiero organizado por Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación.
El gobernador del Banco de España señaló que «lo normal» ante la actual situación del sistema financiero es que las entidades busquen ampliar la financiación mediante la captación de recursos y que esto sólo responde a «decisiones empresariales».
Fernández Ordónez matizó que «no todas» las entidades financieras han optado por la captación de depósitos y que, algunas de ellas, han apostado por vender «fondos de inversión por comisiones». «Es evidente que es una decisión empresarial que debe entenderse dada la situación de la financiación mayorista», concluyó.
Tanto bancos como cajas de ahorros han comenzado a ofrecer depósitos con remuneraciones que ascienden hasta el 4%, con el fin de incrementar la proporción de financiación procedente de la red minorista y ante las dificultades para captar recursos de los mercados mayoristas.
Por su parte, el diario Financial Times estimó hoy que la guerra de depósitos que han empezado a librar las entidades en España puede poner en una situación delicada a determinadas cajas de ahorros, algo que Fernández Ordóñez evitó comentar.
La banca puede ser un obstáculo
El gobernador también alertó hoy de que el sistema bancario puede convertirse en un «obstáculo» para conseguir la recuperación económica si España sigue manteniendo por un periodo prolongado millones de trabajadores en paro.
«El sistema financiero podría pasar de haber sido un soporte de la economía durante a la crisis a convertirse en un obstáculo para conseguir la recuperación», subrayó Fernández Ordóñez.
El gobernador insistió en que junto a la reestructuración, el otro riesgo al que se enfrenta el sistema financiero es el «desempleo masivo» ,y resaltó que o se diseña y se aprueba pronto y «con el mayor consenso posible» una reforma de las instituciones laborales que «afronte con decisión este gravísimo y españolísimo problema, o muchas entidades sufrirán sus consecuencias».
En este sentido, recalcó que el sistema podría sufrir más morosidad, menor negocio, mayor endeudamiento público y, en consecuencia, encarecimiento de la financiación mayorista.

El 90% de los seguros de las constructoras no cubren los defectos en viviendas nuevas

martes, 13 de abril de 2010

Muchas de las pólizas no se adaptan a la normativa e incluyen cláusulas que dejan desprotegidos a los propietarios.
Eso concluye un estudio realizado por ́rea Group Consulting para la correduría de seguros GTG.
20minutos.es. 12.04.2010
El constructor está obligado por ley a suscribir un seguro que cubra, en caso de producirse, las reparaciones de los defectos y las indemnizaciones por los daños personales o materiales que hayan podido sufrir los propietarios.
Este seguro es imprescindible para la actividad de la promotora, ya que sin él no se podrá autorizar la construcción de ninguna obra ni inscribir las escrituras públicas del inmueble en el Registro de la Propiedad. El seguro de daños que afecten al acabado también puede sustituirse por una retención del 5% del importe de las obras por parte del promotor.
Para reclamar cualquier desperfecto, basta con contactar con el profesional responsable en cada caso. Si se desentiende, lo mejor es acudir directamente al Juzgado de Primera Instancia para tramitar una denuncia. Para que se produzcan las reparaciones e indemnizaciones, no hay que relajarse.
Las acciones para exigir responsabilidades prescriben a los dos años.
El 90% de los seguros incluyen claúsulas que dejan a los propietarios desprotegidos, según un reciente informe El problema es que el 90% de los seguros de responsabilidad civil para constructores y promotores inmobiliarios en España no cubren los defectos de construcción o de estructura que puedan surgir en las viviendas nuevas y que puedan provocar la ruina, según un reciente estudio realizado por ́rea Group Consulting para la correduría de seguros GTG recogidopor el portal inmobiliario Fotocasa .

El estudio desvela que muchas de las pólizas suscritas no se adaptan a la normativa vigente, por lo que no cumplen con las obligaciones exigidas a los promotores y constructores por la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) de 1999.

En este sentido, el informe revela que en muchos de los contratos firmados aparecen cláusulas que dejan a los propietarios desprotegidos frente a la posibilidad legal de reclamar por los desperfectos que se pudieran producir en periodos de entre uno y diez años, desde la fecha de la entrega de la obra y dependiendo de su naturaleza.

Así, estos seguros incluyen cláusulas del tipo «quedan excluidas las reclamaciones derivadas del artículo 1.591 del Código Civil» o «no se garantizan las reclamaciones reguladas en la LOE 38/1999», que dejan al usuario atado de manos frente a futuras reclamaciones.
Las presuntas vulneraciones del artículo 1.591 del Código Civil ocupan el quinto lugar de las que más pleitos generan ante los tribunales españoles.

El precio de los seguros para vivienda crece un 3,4%

martes, 13 de abril de 2010

Febrero | Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Estas pólizas cubren incidencias como incendios, inundaciones, robos, etc.
Los costes de los servicios de conservación de los inmuebles se mantienen
Servimedia – Madrid 12/04/2010 El Mundo Los seguros de vivienda se encarecieron un 3,4% en el último año, más de dos puntos por encima del IPC general, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de febrero.
Las pólizas para casas, en función de lo firmado, cubren incidencias como incendios, inundaciones, daños en la instalación eléctrica o robos, entre otras contingencias.
Por su parte, los costes de los servicios de conservación de los inmuebles se mantuvieron sin variación en el último año, mientras que los materiales para la conservación aumentaron un 1,3%.

La inversión de los extranjeros en inmuebles en España se desplomó un 32,1% en 2009

martes, 13 de abril de 2010

Crisis | Datos del Banco de España
En 2008 las inversiones extranjeras en vivienda se incrementaron en un 1 %
El año pasado se produjo un desplome en el sector de 3.659 millones de euros
Europa Press | Madrid – 12/04/2010 – El Mundo
Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se desplomaron en 2009 hasta los 3.659 millones de euros, con una caída del 32,1%, después de haberse incrementado un 1% en 2008, según datos del Banco de España.
Estas inversiones se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005, y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.
Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.
En esta línea, se recontaron 5.392 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. Si bien, en el último trimestre de 2008 experimentaron un descenso del 21%.
La inversión de los españoles sigue en caída libre
Por su parte, la inversión de los españoles en bienes inmuebles en el extranjero se situó en 986 millones de euros en 2009, lo que supone un descenso del 44,6% respecto al pasado año, cuando alcanzó los 1.783 millones de euros.
Desde 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas han ido creciendo
Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, han crecido progresivamente, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.369 en 2007.
Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.784 millones de euros, un 46,9% menos que un año antes, marcando una tendencia que se ha agudizado en 2009.

Los notarios han pedido ayuda a Carlos Solchaga y su despacho de influencias

lunes, 12 de abril de 2010

El Confidencial Digital 12 abril 2010

Desde que dejó el Gobierno, Carlos Solchaga desarrolla una intensa, aunque muy discreta, labor de asesoramiento de todo tipo, a través del despacho de influencias que comparte con Claudio Aranzadi y José Aureliano Recio.

Y cobra por ello minutas sustanciosas.

Los últimos en recurrir al ex ministro de Economía han sido los notarios. Este colectivo se muestra muy crítico con la Ley de Economía Sostenible, y han solicitado su amparo y ayuda. Y así, Solchaga ha sido el primer ponente del Ciclo sobre Economía Sostenible que ha organizado el Observatorio del Notariado.

Al euro lo que es del euro

lunes, 12 de abril de 2010

Joaquín Trigo – Director Ejecutivo Fomento del Trabajo Nacional.-
El Economista 10/04/2010
Con el euro se esperaba obtener ventajas sustantivas y elevadas que compensaran con creces los inconvenientes de la adaptación a una moneda que no era la de ninguno de los países que la adoptaron. También se sabían los errores a evitar, entre otras cosas gracias a los fallos del sistema monetario europeo que entró en crisis a principios de los años 90 afectando básicamente al Reino Unido y a España. Con esa expectativa y experiencia, se suponía que el aprendizaje era suficiente, lo que no ha sido cierto, a pesar de que el euro ha cumplido.
Una ventaja era la de desviación y creación de comercio. La primera consistía en que la sencillez operativa del euro hiciera más atractivas las compras en los países de la Unión Monetaria Europea (UME), en lugar de países terceros. Al tiempo, la eliminación de trabas fronterizas y otras barreras al intercambio, facilitaría que parte de las compras domésticas se hiciera en el marco de la UME ampliando así la competencia e impulsando el comercio transfronterizo.
El segundo aspecto era el ahorro en los costes de transacción, esto es los pagos y tiempo que se necesitan, además del precio, para culminar una transacción. De súbito desaparecieron: a) las comisiones de cambio, b) las diferencias en los tipos comprador-vendedor, c) el coste de los seguros de cambio, d) el floating (intereses no cobrados por los fondos remansados durante el período que media entre el envío de un documento al cobro y su abono efectivo), e) el coste y la incertidumbre de apreciar la competencia o no de una operación sujeta al albur de modificaciones en los tipos de cambio.
La tercera ventaja era la estabilidad del poder de compra atribuida al euro, pensado a imagen del marco, o sea, como una moneda sana que aportaba bajo coste del crédito, control del IPC y la contribución al crecimiento derivada de la facilidad y seguridad en el cálculo de rendimiento de la inversión.
En cuarto lugar y dada la amplitud del área de la UME, el euro sería una moneda vehículo, en la que se expresaría el valor de las transacciones en toda el área de la UE y área cercana, desde Suiza hasta Marruecos, lo que se ha logrado con creces, como puede experimentar cualquier turista que se mueva por el mundo. En quinto lugar y ligado a lo anterior, se convertiría en moneda de reserva, con lo que el volumen de divisas sobre países de la UME detentado por terceros países excedería con mucho el que representaba la suma de las correspondientes a los mismos países en sus monedas propias. Esto daría lugar a los correspondientes beneficios por señoriaje, por la ampliación de la dimensión del mercado financiero europeo y de su liquidez, con el consiguiente descenso de la prima por falta de liquidez de algunos títulos, lo que supone menor coste del crédito y más financiación.
En ese momento se daba por cierto que habría mayor estabilidad en el comportamiento de las Administraciones Públicas que en su política económica, dado que la política monetaria se basaba en criterios de estabilidad y el gasto público deficitario se veía restringido por el Pacto por la estabilidad y el crecimiento firmado en Dublín en 1996. Esto último estaba en la mano de los gobiernos y, como es obvio, se ha incumplido. Éste es un riesgo interno no imputable a la moneda sino a prioridades y decisiones administrativas.
Los riesgos que se oteaban comenzaban con la posibilidad de apreciación debido a que el conjunto del área euro tenía superávit en su balanza comercial y sus precios serían más estables que la media mundial. Esto se impulsaba, además, por la mayor demanda de su uso como moneda reserva, así como por la menor necesidad de reservas en los países del sistema y porque se instaba a la Comisión Europea a que cualquier cambio de partidas debería tener en cuenta el informe preceptivo del BCE, cuya prioridad es la estabilidad de precios. Ese riesgo, de origen externo, se materializó desde el segundo año del nacimiento de la nueva moneda. Un segundo problema era la evolución de los costes laborales que en España, aun siendo inferiores a la media, eran mayores que la productividad, lo se ha ido incrementando paulatinamente desde que se inició la andadura de la nueva moneda. El tercer problema radicaba en la evolución del ahorro, dado que la retribución del ahorro -al menos el nominal- retrocedería y facilitaría una mayor propensión al gasto y al endeudamiento, que ganaba en atractivo, como así ocurrió en España.
Al euro se le criticaba porque se perdían herramientas de política económica y de soberanía monetaria. Por lo que se ha visto, el incumplimiento del objetivo de estabilidad se hace sin mayores problemas. Las devaluaciones las imponía el mercado, no los gobiernos, dejando de lado que propiciaban comportamientos que requerían más dosis de la misma medicina. Se lamentaba que se reducía la competencia entre monedas (como si la peseta, el escudo o la lira compitieran con alguien en el mundo y no fueran un monopolio estatal en su casa), cuando la competencia entre monedas relevantes (dólar, euro, yen, yuan, franco suizo) es constatable. Se criticaba la dependencia de la burocracia monetaria, que efectivamente ha mostrado debilidades, pero también ha tenido más sensatez que los gobiernos. Se habló de shocks asimétricos, especialmente desde EEUU, cuando se logró más hipersimetría que antes y se lamentaba la oportunidad del momento alegando que se debía conseguir antes el pleno empleo y otros hitos, cuando la moneda única ha evidenciado su contribución positiva a éste y otros logros.
El euro ha demostrado ser una buena herramienta. El problema está en que las manos que la usan y las cabezas que la dirigen desconocen su manejo, sus posibilidades y límites, sus ventajas y, especialmente, la prevención e incompatibilidades que requiere.

Iranzo: «Hay que crear un »banco malo» para el suelo y vender con minusvalías»

lunes, 12 de abril de 2010

«Bajarían los precios y se acelerarían las ventas»
9 Abril 10 – E. M. La Razón
La economía mundial se está recuperando y esto tiene efectos positivos y negativos en la economía española.
Madrid – Para Juan Iranzo, director general del Instituto de Estudios Económicos y catedrático de Economía Aplicada de la UNED, nuestra economía presenta una serie de problemas internos, que se están viendo agravados por los efectos negativos que está teniendo sobre nosotros una recuperación económica más rápida del resto de países. A pesar de los efectos positivos que tiene esta recuperación en factores como nuestras exportaciones, la mejora de la confianza de los consumidores, los resultados de nuestras empresas multinacionales o el turismo, la mejora del resto de economías trae consigo otros efectos que nos perjudican.
La modificación de las condiciones monetarias del Banco Central Europeo (BCE) adaptándose a la nueva situación de recuperación, así como una probable y próxima subida de los tipos de interés y del precio del petróleo, se traducen en forma de inflación y de empobrecimiento de la economía española.
Respecto a los problemas estructurales de nuestra economía, el catedrático afirmó que uno de ellos es el sistema financiero, donde «los márgenes se han hundido y viene un año más complicado todavía, en el que las cajas de ahorros van a dar pérdidas por valor de entre 5.000 y 6.000 millones de euros». Señaló que la solución a este problema pasa por «crear un ”˜”˜banco malo”™”™ para el suelo, y empezar a vender con minusvalías las 100.000 viviendas que están en manos de las instituciones finacieras, lo que generaría una bajada de precios que aceleraría la venta de viviendas en general». Apostó por realizar fusiones entre instituciones financieras, siempre y cuando «sean racionales desde el punto de vista económico e interregionales para evitar el control político».
Otros problemas graves para Iranzo son el sobreendeudamiento de las familias, las empresas y del sector público (270% del PIB), la baja competitividad, especialmente en el sector industrial, y la reforma del sistema asistencial. La sanidad está «estrangulando» a las Comunidades Autónomas, habría que retrasar la edad de jubilación y alargar el cómputo de vida de las pensiones. Asimismo, el problema de la construcción se va a agravar este año, ya que aunque no va a seguir aumentando el stock de viviendas, no se va a restaurar la normalidad en el ritmo de construcción de unas 400.000 o 450.000 viviendas al año antes del 2013.
Según Iranzo, existe un problema fiscal creciente por la falta de pago y el déficit público, el más alto desde 1850, lo cual exige una «verdadera austeridad por parte de las administraciones públicas. Hay que reducir los gastos un 10% y congelar el sueldo de los funcionarios por lo menos dos años».

Las ejecuciones hipotecarias marcan un nuevo récord

lunes, 12 de abril de 2010

8 Abril 10 – La Razón
Madrid- La crisis económica provocó que los juzgados españoles recibieran 93.319 solicitudes de ejecuciones hipotecarias en 2009, una cifra récord que creció el 59% respecto al ejercicio anterior, cuando estas peticiones se duplicaron ampliamente, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Las ejecuciones hipotecarias, que solicitan sobre todo las entidades financieras y que afectan tanto a particulares como a empresas, alcanzaron un nuevo máximo en el último trimestre de 2009, cuando se registraron 26.941 peticiones.
Insolvencias
Por otra parte, el CGPJ contabilizó 7.762 concursos de acreedores -antigua suspensiones de pagos- en 2009, una cifra que es un 31% superior a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística.
Según datos de este organismo, que tiene encomendada la elaboración de las estadísticas judiciales, el número de insolvencias entre empresas y particulares se elevó un 61,3% el año pasado, después de haberse triplicado en 2008, datos que superan ampliamente sus expectativas, ya que esperaba 4.378 concursos para 2009.

El Tribunal Superior de Madrid ordena el cese del titular del Registro Mercantil de Santiago

domingo, 11 de abril de 2010

A. Mahía La Voz de Galicia: 10/4/2010
El titular del Registro Mercantil de Santiago tendrá que abandonar su puesto, y para ocupar su lugar se deberá convocar una plaza para su sustitución. Así lo ordena una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entiende que «debe declararse nula la resolución que se refiere a la provisión de la plaza por tratarse de un acto viciado de nulidad de pleno derecho».
El fallo sostiene que el decreto que motivo la segregación del Juzgado de lo Mercantil de Santiago del de A Coruña «no reunía los requisitos exigidos para sacar a concurso ordinario la plaza» de la capital de Galicia.
Este asunto judicial comenzó en marzo del 2007, cuando fue creado oficialmente el Registro Mercantil de Santiago, segregándolo del de A Coruña. Desde entonces se produjeron decenas de movimientos procesales.
Detrás de todos ellos estuvo y está María Jesús Torres Cortel, titular del Registro Mercantil de A Coruña, que califico el proceso de «cacicada» y considera que la decisión «fue un capricho personal del ministro Juan Fernando López Aguilar, que lo aprobó en un Consejo de Ministros sin los informes preceptivos».
Una vez resuelto por la Dirección General de Registros y Notariado el concurso para ocupar la plaza de Santiago, el 31 de enero del 2008, la Xunta hizo el nombramiento de Santiago Blasco para el puesto, pero María Jesús Torres impugnó el nombramiento ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Afirmó entonces que el nuevo registrador, que dejó la plaza que tenía en Arzúa, «está por el puesto 900 del escalafón, y yo le dije si no le extrañaba eso cuando una plaza como la de Santiago, como mucho, no llegaría al seiscientos». María Jesús Torres se pregunta además por qué no van a tener registro otras ciudades gallegas, como por ejemplo Vigo, «allí tendría más razón, porque reúne al 80% de la población de la provincia», asegura.

«El registro de los alquileres agilizaría el desahucio exprés»

sábado, 10 de abril de 2010

El decano de los Registradores, Alfonso Candau, apuesta por equiparar los contratos de alquiler a los de propiedad
Inmaculada G. Mardones 09/04/2010 El País

En los autos y sumarios judiciales que desvelan estos días especulaciones urbanísticas no aparecen los registradores. Pero son la clave para identificar a los delincuentes. No tienen que moverse del sillón ni hurgar en los libros. Sus potentes medios informáticos cruzan datos registrales y los sirven en segundos a la policía judicial, fiscales, la brigada antiblanqueo o el Banco de España.
Alfonso Candau (Madrid, 1960), decano del Colegio de Registradores desde diciembre pasado, está dispuesto a que esa poderosa herramienta no sólo sirva para luchar contra la delincuencia. Tiene utilidades que podrían beneficiar a los ayuntamientos, urbanistas y los propios usuarios.
Pregunta. Ha desafiado a las instituciones para que saquen más rendimiento de sus bancos de datos.
Respuesta. Nos hemos ofrecido a los ayuntamientos para gestionarles los tributos. Ya lo hacemos con los tributos cedidos a las autonomías, como los de transmisiones y actos jurídicos documentados. En muchos municipios ya tramitamos las plusvalías. Podríamos llevar las notificaciones de impagos, recaudar las tasas de las licencias, la basura y el IBI; hasta el impuesto de circulación. Estamos infrautilizados. Nuestra dotación de medios informáticos se montó a gran escala. Al desinflarse la actividad, seguimos transitando por la misma autopista de ocho carriles con la mitad de circulación.
P. ¿En qué pueden beneficiarse los ayuntamientos de su propuesta?
R. Seríamos muy rentables en la gestión de sus tributos. Podríamos hacerlo a precio de coste o coste cero. Los ayuntamientos suelen tener una burocracia lenta que consume muchos recursos. Donde funciona bien no pintamos nada, pero en el mundo rural hemos conseguido hasta un 200% de eficiencia en la recaudación. Para que se haga una idea, con lo que ahorró nuestra gestión un municipio de Valencia construyó un polideportivo.
P. ¿Qué receptividad han encontrado entre los grandes municipios?
R. Todo lo que sea ahorrar costes lo ven con buenos ojos. Lo que nos ponen de manifiesto es la angustiosa situación económica en la que viven, porque no pueden hacer frente a los pagos contratados, pero no pueden dar una respuesta conjunta a través de la FEMP porque cada ayuntamiento es autónomo. Estamos negociando con el de Madrid (tiene más funcionarios que Soria) y otros grandes para que nos encomienden gestionar sus tributos. A cualquier ayuntamiento que se dirija a nosotros podríamos darle una respuesta en una o dos semanas y ponernos a funcionar.
P. En su intervención en el Club Siglo XXI presentó una catarata de iniciativas para salir de la crisis. ¿Qué papel pueden desempeñar los registradores?
R. Contribuir a reducir costes al Estado. Además de ahorrar a las administraciones la gestión de tributos, hemos pedido hacernos cargo del Registro Civil de manera que todas las gestiones puedan hacerse telemáticamente por los propios usuarios.
P. ¿Tan sobredimensionado está el colectivo?
R. Somos unos 1.000 registradores y 15.000 empleados. Asumiríamos esas tareas y muchas más. En la anterior legislatura se hizo una demarcación desproporcionada, brutal y técnicamente desastrosa por impulso personal de la directora general de registros y notariados, Pilar Blanco Morales. Particularmente grave es la situación en zonas del interior, despobladas y sin actividad económica. En vez de reducir registros esta mujer creó más. El colegio está subvencionando algunos porque no cubren gastos, ni para pagar a los empleados.
P. También se ofrecen a colaborar en las listas de demandantes de VPO.
R. Podemos hacerlo a través de varias actuaciones. A fecha de hoy se hace constar en el registro que una vivienda es protegida y colaboramos para evitar que se trafique con ellas o registrando que determinado suelo está destinado a estas viviendas. Y ya que el plan estatal exige un registro de demandantes y cuesta crearlo, en lugar de hacer crear un registro más, lo lógico es que la gente se apuntara en los registros mercantiles. Podrían hacerlo online, sin necesidad de desplazarse.
P. Y ¿qué pueden aportar a los planes de vivienda?
R. En algunas autonomías, como Andalucía y Cataluña, se están elaborando planes municipales a través de equipos interdisciplinares de profesionales a los que podemos facilitar mucha información sobre cómo crecen las ciudades. Nosotros sabemos los niveles de renta de cada barrio, lo que se paga por los pisos, las hipotecas que hay, si son viviendas sociales o no, cuánto tiempo tardan en venderse. Si bajan o suben los precios. Son datos muy interesantes que los tenemos informatizados y que podríamos facilitarlos agregados para mostrar las tendencias de cada zona.
P. ¿Cederían también esos datos a una empresa privada?
R. Nuestra estadística inmobiliaria, en colaboración con la Universidad de Zaragoza, la ponemos a disposición pública para toda España, por ley, sin ánimo de lucro. Se la cedemos a las comunidades autónomas mediante convenios en los que a veces, por motivos institucionales lo hacemos a coste cero. Depende, pero cederlos a una empresa privada no me parece correcto.
P. Ha mencionado las estadísticas. En materia de vivienda, todo el mundo desconfía de ellas.
R. Las nuestra contienen el valor del registro, el dato final. Lo que dice el comprador que paga, lo que dice el vendedor y el valor de la hipoteca del banco. Se me podrá decir que si uno compra a diez suele poner siete para pagar menos impuestos y, si bajara, pondría seis. Lo importante son las tendencias. En los planes parciales se reflejan el coste real porque se repercute el del suelo y el de urbanización. Todo el material que sale de las concejalías de urbanismo va directamente al registro y no necesariamente a los notarios.
P. Con ese colectivo han mantenido duros lances últimamente.
R. Siempre vamos a tener un nivel de desacuerdo mínimo con las notarías porque nuestra tarea consiste en depurar las escrituras. Y a veces denegamos su inscripción en el registro. Pero eso forma parte de las reglas del juego. Lo que ocurre es que en los últimos años el nivel de conflicto se ha exasperado porque la anterior directora general siempre les daba la razón a los notarios. La subdirectora era hermana del presidente de los notarios y no es bonito que el árbitro de un conflicto sea un hermano. Ahora los tribunales nos están dando la razón. No podemos inscribir una escritura sin que se hayan pagado los impuestos ni cancelar las anotaciones de embargo. Esa actuación, completamente nefasta, generó todo un terremoto financiero.
P. Los tribunales también están fallando contra las cláusulas abusivas de las hipotecas.
R. Algunas eran completamente lesivas. Otro ejemplo de actuación de la anterior directora general. La sentencia del Tribunal Supremo de noviembre pasado considera lesivo que se pueda embargar una vivienda no por impago de la cuota sino por no usar la tarjeta de crédito, asociada a la hipoteca. Ese fallo lo vamos a resolver pronto porque estamos todos de acuerdo. Este mes tendremos una reunión con los asesores de los bancos y los consumidores que se traducirá en la firma de un protocolo de buenas prácticas.
P. También se postulan a incentivar el alquiler de la vivienda, que en España está bajo mínimos.
R. El alquiler está muy poco profesionalizado y se rige por un montón de regímenes legales que se han sucedido unos tras otro, al contrario que el régimen de propiedad. Los contratos son muy opacos y nunca se sabe hasta dónde llegan las prórrogas. Proponemos elevar (voluntariamente) los contratos de alquiler a escritura pública e inscribirlos en el registro para que exista asesoramiento imparcial y se sepa si un piso está alquilado o no. Existe una regla de la propiedad que lo que no está inscrito no perjudica a terceros. De esa manera y ante un impago el procedimiento de ejecución sería tan expeditivo como el de las hipotecas y saldría más barato. Se ha sobreprotegido al inquilino y por eso hay muchas viviendas vacías.
P. ¿Cuánto más barato saldrían este tipo de contratos?
R. Para el caso de un alquiler de unos 1.000 euros al mes por 10 años, costaría unos 300, mucho menos de lo que se paga ahora, y los propietarios se ahorrarían un viacrucis con los impagados. Ahora bien, todo se haría por lo legal, nada de economía sumergida. Habría que pagar IVA, pero en el momento de un impago no habría que ir a juicio para discutir si echan o no al inquilino moroso. Para detener la comisión judicial de desahucio con pagar bastaría, como con las hipotecas. El problema del alquiler no se resuelve con más juzgados ni más juicios rápidos. Habría que cambiar el procedimiento y evitar casos sangrantes de gente que paga rentas ruinosas e impiden a los propietarios mantener el buen estado de las viviendas.
P. Cada vez es más frecuente ver a particulares acogerse al concurso de acreedores por no poder pagar la hipoteca.
R. La crisis ha generado un aluvión de concursos ante los juzgados de lo mercantil. Aunque no somos jueces podrían encomendarnos algunos trámites para aliviar su carga de trabajo y caminar por esta vía con más ambición. Como las sociedades están obligadas a presentar sus cuentas anuales evitaríamos el concurso con sistemas de alerta de riesgos. Pero eso de que una persona física se acoja al mismo procedimiento que una empresa es matar moscas a cañonazos. La ley no está pensada para casos personales.
P. El urbanismo, especulación y opacidad son moneda común. ¿Cómo podrían impulsar su transparencia?
R . Mediante la protección de la fe pública y la coordinación con los ayuntamientos. Les descargaríamos de trabajo si en el registro tuviéramos la ficha urbanística para conocer en cada momento online la calificación de las fincas, si están en suelo protegido o no, si se pueden edificar tres pisos de altura o levantar una nave agrícola. Algo tenemos en los registros y estamos negociando con los ayuntamientos, pero nos falta normativa para ponerlo a disposición de los usuarios.

‘The Economist’ critica las «generosas» prestaciones de paro en España

sábado, 10 de abril de 2010

Aumenta la economía sumergida
Explica que muchos parados son «reacios» a volver a trabajar hasta haber finalizado el periodo para percibir la ayuda por desempleo
09/04/2010 – Europapress
La prestigiosa publicación británica ‘The Economist’ asegura que las «generosas prestaciones» españolas basadas en los ingresos previos de los ciudadanos han desencadenado una «fuerte y creciente» economía sumergida, ya que el mercado negro es «especialmente atractivo» para aquellos que aún reciben subsidios de desempleo.
Así lo pone de manifiesto ‘The Economist’ en su último número, donde explica que muchos parados son «reacios» a volver a trabajar hasta haber finalizado el periodo para percibir la ayuda por desempleo y recuerda que el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) cifra actualmente la economía sumergida en el 23% del PIB y asegura que creció un 0,7% en 2009.

La publicación asegura que los españoles «están preocupados» por el desempleo, puesto que un 42% admite que el paro ha afectado a su vida, mientras que unos 3,2 millones de personas están actualmente cobrando el paro y más de 400.000 desempleados reciben la ayuda de 426 euros.

En este sentido, recuerda que los partidarios del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, alegan que merece que se le reconozca el mérito de haber ampliado las prestaciones por desempleo, aunque esto haya incrementado el déficit presupuestario y la economía sumergida.

En su último número, la revista considera que las colas de las oficinas españolas de desempleo «nunca habían sido tan largas» y asegura que por primera vez desde que el servicio militar fue abolido en 2001, la Armada está a «su máxima capacidad», por lo que «coger un arma y arriesgarse en carreteras con bombas en Afganistán es una de las respuestas al problema al que se enfrentan los cuatro millones de españoles que están sin trabajo».

Recuerda que cuando el desempleo comenzó a incrementarse hace 18 meses Zapatero predijo que el mercado de trabajo empezaría a recuperarse a finales de 2009 y que, desde entonces, ha pospuesto la recuperación a finales de 2010. En este sentido, recuerda también que el Banco de España pronostica que el cambio no vendrá hasta la segunda mitad de 2011 y después de que la tasa de paro supere el 20%.

La revista asegura que las cosas son «especialmente desalentadoras» para los inmigrantes y los jóvenes, ya que un 40% de las personas menores de 25 años son desempleados, dos veces más que en otros países europeos que se han visto también afectados por la crisis.

También recuerda que un sindicalista alertó hace tiempo de la posibilidad de vivir una revolución social cuando el desempleo superara los cuatro millones de parados, aunque cuando esto sucedió no se produjeron «amotinamientos». «Incluso las tasas de crímenes son relativamente bajas» añade.

España, alta tolerancia al desempleo

En este sentido, explica que España tiene una alta tolerancia al desempleo, aunque tiene el mercado «más volátil» de Europa y ha destruido empleos «muy rápidamente», ya que ha visto crecer el paro más rápidamente incluso que América e Irlanda, donde los despidos son relativamente baratos.

De hecho, afirma que un estudio del Banco de España sugiere que se ha llegado a un mercado laboral de dos niveles, que condena a un tercio de los trabajadores a un «carrusel de empleos inestables» y temporales, mientras que el resto disfruta de contratos blindados y permanentes, motivo por el que pide insistentemente una reforma laboral.

Aún así, ‘The Economist’ destaca que Zapatero ha dejado claro que no impondrá esta reforma a unos sindicatos reacios, que demuestran «poco interés» por otra cosa que el «poco utilizado» contrato de fomento del empleo, que reduce los costes del despido a 33 días por año trabajado.

Los bufetes de abogados y los “think-tanks” españoles reciben presiones de la UE para que hagan pública su condición de “lobbies” en las instituciones europeas

sábado, 10 de abril de 2010

El Confidencial Digital 07 de abril de 2010

Los bufetes de abogados y los “think-tanks” españoles reciben presiones de la UE para que hagan pública su condición de “lobbies” en las instituciones europeas

Las instituciones europeas están presionando a los “think-tanks” y a los bufetes españoles para que hagan pública su condición de “lobbistas” en Bruselas y Estrasburgo. Los bufetes se resisten alegando razones de confidencialidad.
En España, la práctica de “lobby” no está regulada por ley, pero aun así se lleva a cabo. Tras el escándalo desvelado en Gran Bretaña, donde el Sunday Times descubrió que cuatro diputados llegaban a cobrar hasta 4000 euros al día por ejercer labores de “lobby”, la falta de regulación de esta materia se ve como una amenaza de corrupción.
Recuérdese que, en España, los “lobbies” han estado y siguen estando muy presentes en torno a la polémica reforma de las leyes de Auditoría, Mercado de Valores y Sociedades Anónimas, para variar el límite de voto por paquete accionarial en los Consejos de Administración de las grandes empresas.
Es precisamente esta falta de regulación lo que se le ha reprochado a España desde distintos ámbitos del entramado institucional de la Unión Europea. Según las fuentes consultadas por El Confidencial Digital, desde las instituciones europeas se está presionando a las autoridades españolas para que sigan los pasos que están dando Alemania y Gran Bretaña de cara a una mayor transparencia y regulación.
Además de esta reclamación, una reciente reunión de “lobbistas” europeos en Bruselas, con presencia de autoridades comunitarias, ha servido para incidir sobre estos puntos:
Actualmente, el problema del registro de “lobbies” ante la Comisión Europea tiene que ver ante todo con los bufetes de abogados españoles, que alegan su perfil de confidencialidad para no registrarse en una lista que es, en todo caso, voluntaria. Sin embargo, lo que se les dice desde las instituciones europeas a los bufetes es que sus “lobbistas” ejercen como tales en la práctica, y no como abogados. Además, la confidencialidad quedaría en todo caso garantizada, también en su labor de “lobby”.
A los “think-tanks” españoles también se les ha insistido en que se registren como “lobbistas”. Actualmente, de los 2613 “lobbies” registrados ante la Comisión, 126 son españoles, pero se trata más de grupos de interés (ASAJA, Club Español del Arbitraje, Foro Español de la Familia, y sobre todo el sector pesquero) que de bufetes, “think-tanks” o consultoras de asuntos públicos.
Además de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, con un papel de importancia creciente tras la puesta en marcha del Tratado de Lisboa, también va a poner en marcha su propio registro.
Los partidos de izquierda, eminentemente Los Verdes, piden que el registro de los “lobbies” no sea voluntario sino obligatorio.

El Gobierno da luz verde al paquete de medidas para reactivar la economía

viernes, 9 de abril de 2010

Las ‘fusiones virtuales’ de cajas deberán durar al menos 10 años.- El decreto incluye los créditos del ICO a las pymes pese a caerse del pacto de Zurbano
El País 09/04/2010
El paquete de medidas para reactivar la economía ya tiene la luz verde del Consejo de Ministros. Las entidades financieras que opten por aliarse en sistemas institucional de protección (SIP), una suerte de fusión virtual que permiten compartir riesgos y solvencia sin proceder a la integración efectiva, deberán suscribir una compromiso de permanencia de al menos 10 años. Además, cada unos de estos acuerdos deberá contar con una entidad central con personalidad jurídica, que puede ser de nueva creación o uno de los integrantes del SIP, pero es difícil que pueda ser una caja de ahorros debido a su naturaleza.
El Gobierno ha intentado poner orden con esta medida en la maraña que suponen estas alternativas a las fusiones entre entidades, dentro del Decreto ley que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros.
El decreto ley aprobado también recoge varias modificaciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes), como la que permitirá a aquellas firmas en concurso de acreedores de forma voluntaria (antigua suspensión de pagos) o con acuerdos con sus acreedores obtener contratos del Estado o beneficiarse de subvenciones.
Son acuerdos resultantes del llamado Pacto de Zurbano entre los partidos, un acuerdo que ha dejado fuera otras actuaciones de calados para las empresas pequeñas y autónomos como los préstamos directos del Instituto de Crédito Público (ICO) de hasta 200.000 euros -asumiendo el ICO el 100% del riesgo-, pero que se han aprobado igualmente esta mañana.
El Gobierno también ha dado su visto bueno a las ayudas fiscales a la rehabilitación de viviendas y otras como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en caso de impago de una hipoteca de sobre la vivienda habitual. En concreto, lo sube del Salario Mínimo Interprofesional -que ahora no se puede embargar hasta un 10% más y un 20% por cada miembro de la familia que no trabaje

Guerra abierta: BBVA ofrece el 4% a los clientes de Santander

viernes, 9 de abril de 2010

09-04-2010 Ana Antón – Expansión
La batalla entre entidades por captar nuevos clientes se está librando, más que nunca, en la sombra y con armas difícilmente justificables en términos de eficiencia financiera.
Hace unos días, Grupo Santander sorprendió al mercado con una agresiva oferta de depósitos a un año remunerados al 4%. La respuesta de la competencia no se ha hecho esperar y varias entidades están contraatacando -y defendiendo su pasivo- con imposiciones a plazo fijo a tasas similares. Eso sí, la publicidad brilla por su ausencia y es necesario acercarse a las oficinas bancarias para conocer de primera mano los productos más interesantes.

BBVA ha sacado la artillería pesada. Remunera al 4% el dinero procedente de Santander, sin exigir ningún tipo de vinculación al nuevo cliente y sin fijar importe mínimo, según pudo saber ayer Expansión, tras solicitar información a cuatro oficinas. Los intereses pueden llegar al 5% si los fondos traspasados desde Santander son muy elevados.
Con esta estrategia, el banco que preside Francisco González pretende atraer a los miles de clientes de Santander que no se pueden beneficiar de los depósitos al 4% que ofrece la firma cántabra sólo a nuevos usuarios. Al mismo tiempo, BBVA está forzando al primer banco español a elevar los intereses de aquellos clientes que no esté dispuesto a perder, algo que juega en contra de la cuenta de resultados de Santander.
El primer banco en romper el mercado con una imposición a plazo fijo que desconcertó al sector financiero fue Popular. A mediados de marzo, lanzó el depósito Gasol a una TAE del 3,75%.
Las cajas también se han abierto paso en esta guerra sin tregua para atraer clientes con el gancho de productos altamente remunerados. Caja de Ahorros del Mediterráneo da un 4% (pagando los intereses por anticipado), para imposiciones a plazo de un año, a partir de 15.000 euros.
La remuneración puede incrementarse hasta el 4,25%, si el nuevo cliente adquiere 1.000 cuotas participativas de CAM, bien contrata un seguro de vida, o un plan de ahorro desde 600 euros. Un empleado de una oficina de Madrid apunta que, transcurrido el año, se podría cancelar el plan de ahorro y rescatar los 600 euros, con una penalización del 1%, es decir, de sólo 6 euros. Para optar al 4,25%, la inversión mínima es de 25.000 euros.
La batalla por captar clientes se libra en la sombra. Las mejores ofertas se conocen sólo en las oficinas
Otra caja valenciana, Bancaja, tiene un depósito al 3,5%.
La Caixa también está jugando fuerte sus cartas. Para importes superiores a 30.000 euros ofrece una TAE del 3,75%, sin que el cliente tenga que adquirir ningún otro producto. Los intereses suben al 4% si se contrata un plan de pensiones de, como mínimo, 8.000 euros.
Caja Madrid es menos generosa. Remunera con un 3% el dinero nuevo sin exigir vinculación y eleva esta tasa al 3,5% si el cliente domicilia su nómina, recibos, contrata tarjetas y un seguro con Mapfre.
En un momento en el que el precio oficial del dinero está en mínimos históricos (1%), remunerar el ahorro a plazo muy por encima de estos niveles pesa sobre el margen de interés de la banca. Aun así, cada vez más entidades están dispuestas a sacrificar sus balances para incrementar su base de clientes.
Por otro lado, varias fuentes del sector coinciden en que el motivo por el que los mejores depósitos no se estén publicitando obedece al interés de bancos y cajas por evitar enfadar a los antiguos clientes que no pueden acceder a estos productos. Al mismo tiempo, impiden que la fuerte captación de recursos se interprete como una posible debilidad en sus cuentas.
Barclays estrena cuenta
Algunas entidades, como Barclays, prefieren poner el foco en la captación de clientes a través de cuentas. La firma británica lanzó ayer un nuevo producto integral, Cuenta Nada Corriente, que permite a los clientes ahorrar el 3% de todos los recibos, incluye tarjetas de crédito y débito gratuitas y un descuento del 3% en las compras efectuadas a crédito durante seis meses hasta 2.000 euros. Permite beneficiarse de la hipoteca bonificada (euribor +0,33%). La entidad prevé captar 35.000 clientes en tres meses.