AIRE

La nueva Cátedra CRV de Derecho e Innovación de la Universidad de Cantabria ha organizado una jornada formativa que abordará los retos y realidades relacionados con la modernización de la justicia, proceso en que las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental para mejorar la eficacia, calidad y eficiencia de la justicia.

Europa Press. 30.05.2010 – 20 minutos
El foro sobre «Modernización de la justicia y registros electrónicos» tendrá lugar el próximo martes, 1 de junio, en el Paraninfo Universitario (c/ Sevilla, 6, Santander) y la asistencia será libre para cualquier persona interesada.
La actividad está pensada principalmente para los profesionales del Derecho y para técnicos y universitarios interesados en el funcionamiento y desarrollo de la justicia por medios electrónicos.
La inauguración de la jornada tendrá lugar el martes a las 10 horas y contará con la presencia de la vicerrectora de Difusión del Conocimiento y Participación Social, Consuelo Arranz, el consejero de Justicia del Gobierno de Cantabria, José Vicente Mediavilla, el decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Alfonso Candau, y el secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Ignacio Sánchez Guiu.
Este último impartirá a las 10.30 horas la primera ponencia, titulada «Modernización de la justicia: retos y realidades».
A las 11.30, Joaquín Rodríguez, director del Servicio de Sistemas de Información del Colegio de Registradores, hablará sobre «Registro de la Propiedad y funcionamiento electrónico».
El director de Justicia del Gobierno regional, Juan Carlos Mediavilla, ofrecerá la tercera y última ponencia de la mañana, que será a las 12.30 horas y girará en torno al tema «La modernización de la justicia en la Comunidad Autónoma de Cantabria».

ElConfidencial.com

Se queja de que quieren involucrarle en Astapa

Amparo de la Gama.- 30/05/2010
El candidato del PP por Estepona para las elecciones municipales de 2011, José María García Urbano, el notario en cuyo despacho se firmó la moción de censura que derrocó al ex alcalde marbellí Julián Muñoz en agosto de 2003, se ha convertido en un blanco fácil en la ciudad costasoleña.

Cansado de que le critiquen por esta circunstancia, en una entrevista concedida a El Confidencial señala que “me parece un desacierto esa denominación que me dan. Tal vez dicen eso porque no pueden decir nada de mí. Soy funcionario del Estado y estoy al servicio de cualquiera que lo requiera. No somos notarios de unos ni de otros, sino de quienes acuden a la notaría. En el caso de la moción, sólo fue la legitimación de las firmas de un documento que trajeron hecho”.

Nadie se creía que este notario de Estepona, nacido en Málaga, sería el elegido para encabezar las listas del Partido Popular de Estepona en 2011. Nadie y menos los miembros de la ejecutiva del PP de Estepona, que piensan que hay “personas más cualificadas dentro de la ejecutiva local para representar los intereses locales”. Pero José María García Urbano es el hombre de Elías Bendodo, presidente popular en Málaga, y Bendodo a su vez es el hombre de Javier Arenas. Con eso está dicho todo.

Con acierto y buenas maneras y obviando los dardos que le llueven a espalda y que algunos provienen de su propio partido, García Urbano destaca la labor que hasta el momento ha hecho el presidente del partido Ignacio Mena: “Para mí, es meritoria porque ha conseguido que no haya disensiones en el centro derecha que representa el Partido Popular”. A preguntas de si piensan que le están haciendo «la cama” desde el propio PP local, recalca que “no tendría sentido, ya que existe un proyecto común y una idea común y eso se nota en la sede del partido”.

En Astapa pidió el desglose para un cliente

La última noticia en la que aparece de nuevo su nombre es en el sumario del Caso Astapa, operación en la que declaró como testigo. Según la Unidad de Inteligencia Financiera Española para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), José María García Urbano, en calidad de notario, pidió el desglose de las notificaciones que había realizado sobre un cliente, para que no constaran “en el caso de ser posible” en el momento del levantamiento del sumario.

García Urbano declaró como testigo en el juzgado que se encarga del caso el pasado 9 de diciembre de 2008 y basó su petición en que, de lo contrario, «lo iba a dejar en una situación complicada en una sociedad pequeña como Estepona». La jueza que instruía entonces esta investigación, Isabel Conejo, dio traslado de la petición al Ministerio Fiscal.

Según ha declarado García Urbano a este diario, “me ha molestado que se saque de contexto algo que queda en el estricto ámbito de la confidencialidad”. Según el notario, la jueza le dijo que tras tomar una decisión le avisaría, “pero nunca más se puso en contacto conmigo y ahora veo esto en el sumario”. El fiscal Anticorrupción, Valentín Bueno, consideró que “no hay razón” que justifique la petición de desglose, pues en su condición de notario se ha limitado a cumplir con la obligación legar de dar cuenta al Sepblac de determinadas «operaciones sospechosas». Una circunstancia que el fiscal considera además que puede ser de interés en la causa y que “necesariamente debe quedar reflejada en sus declaraciones”.

Dardos para Arenas

Desde la presentación de su candidatura, en el que el PP elogió a su candidato como alguien «muy bien valorado», «muy reconocido por su gran valor profesional», al notario alcaldable le han llovido palos por todos los lados. El portavoz del grupo socialista en el Parlamento Andaluz, Mario Jiménez, le acusó de «ser el notario de Jesús Gil» en pleno parlamento y censuró a Javier Arenas por lo poco acertado que está en sus fichajes para las próximas elecciones.

El cruce de descalificaciones estaba servido y la portavoz del grupo popular en el Parlamento, Esperanza Oña, reprochó al PSOE-A que estaba «injuriando» a un profesional como el notario José María García Urbano, por el simple hecho de ejercer su trabajo, mientras que el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, pasó por la cárcel por el Caso Astapa. Oña criticó que el PSOE hable del PP en Estepona olvidándose de que la Operación Astapa contra la presunta trama de corrupción urbanística en el municipio se llevó a cabo bajo el mandato de un alcalde socialista.

La portavoz del PP insiste en el argumento de que los socialistas están «aterrados porque saben que van a perder las elecciones en Estepona y que en la mayoría de municipios andaluces se va a producir un cambio en beneficio del PP». Sin embargo, lo que Oña no puede obviar es que las presiones del propio PP esteponero ya obligaron en su día a la popular a Silvia Cabrera a abandonar las filas populares por “no poder soportar la presión de la ejecutiva y considerarla una imposición del partido”.

García Urbano, según ha sabido El Confidencial de fuentes cercanas al PP malagueño, «podría estar en una situación delicada porque quieren ponerse delante de él cargos del partido que no podrían hacerle sombra nunca a Valadez. Si alguien puede ganar las elecciones en Estepona es García Urbano”.

Desde el PSOE se instó al notario a que hiciera pública su declaración de bienes, poniendo como ejemplo de esta medida dirigida a la transparencia de gestión municipal al propio David Valadez. García Urbano ha explicado a este diario que “el listado de sus propiedades esta en el registro de la propiedad y que cualquier Esteponero puede consultarlo porque nada tiene que esconder”.

29-05-2010 , J. J. M. / M. T. / J. M. L. – Expansión
La reacción de los mercados a la pírrica victoria lograda por el Ejecutivo en la aprobación de su recorte de gastos no se ha hecho esperar. La agencia de calificación Fitch siguió ayer la estela de Standard&Poor’s y rebajó la calificación crediticia de España (de AAA a AA+).
Castiga así a la deuda soberana española en un momento muy delicado en los mercados. Y asesta un golpe sobre la credibilidad del Gobierno y su capacidad de liderazgo aunque, al contrario que sus competidores, deja al país con una perspectiva “estable”.
Entre otros argumentos, la agencia de ráting señala al “inflexible” mercado laboral español, a la pendiente reforma de las cajas de ahorros y a los problemas que sufrirá el Ejecutivo para imponer las medidas de austeridad a las comunidades. Incluso recomienda recortes en las transferencias a las regiones.

También señala el informe (titulado Sluggish Recovery Key Risk for Spain) que sus previsiones reflejan “una recuperación del consumo privado más lenta que la del Gobierno español, ya que la actividad económica será lastrada por el elevado desempleo, el fuerte endeudamiento del sector privado y las secuelas del boom de la construcción”.
Otras previsiones
Fitch recalca que el escenario de la recuperación de España será mucho más lento y tortuoso que en el resto de países de gama alta (AAA). Muestra cierto escepticismo en cuanto a las grandes cifras del Gobierno español. Así, prevé una caída mayor del PIB este año (0,5% frente al 0,3% oficial), dada la agónica situación del consumo privado.
Aguarda una losa del desempleo aún más pesada que el Ministerio de Trabajo, ya que prevé un aumento constante del paro hasta llegar en 2011 a una cifra anual del 19,6% (frente al 18,9% oficial). Denuncia el estudio la falta de flexibilidad del mercado laboral español en comparación con el resto de economías avanzadas y avisa de que el impacto de las reformas legales, si se llegan a producir, tardará en dejarse notar.
Todos estos factores llevan a los analistas a restar credibilidad a la “abrupta” recuperación del consumo a la que apunta el Ejecutivo de Zapatero.
También discrepa la agencia en las previsiones de deuda pública, y apuesta por un 78% del PIB en 2013, frente al 74,1% del Gobierno. Sin embargo, apunta a un escenario en el que se puede llegar al 83%: una utilización masiva del Frob en el corto plazo.
Con todo, Fitch da durante todo su análisis diversos palazos de arena y otros tantos de cal. Señala, por ejemplo, que el perfil del crédito soberano mantiene una posición fuerte, con una economía diversificada, un sector financiero cuyo núcleo es sólido, una tasa de ahorro relativamente alta y un historial de finanzas públicas “responsable”.
A la hora de analizar el perfil del país, Fitch recuerda que buena parte del crecimiento español de la década pasada se basó en factores demográficos, por el aumento de la población de activa; un escenario que tiende a declinar. Por este motivo, avisa de que las mejoras tienen que venir por una mayor productividad.
Por el contrario, apunta a una mejoría en el saldo comercial español. Prevé que España pierda la presión sobre su competitividad que era una inflación mayor que la del resto de la UE, dado el escenario de bajos precios por el que apuesta. Pronostica que el déficit comercial seguirá menguando, aunque no lo suficiente para dejar de necesitar financiación exterior.
Consecuencias
El ICO
La decisión de ayer se trasladó en cascada. La calificación crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO) también pasó a ”˜AA+”™ por ser un organismo perteneciente al Estado español.
La banca
También afectó a la deuda a largo plazo avalada por el Estado emitida por bancos españoles. Asimismo, como consecuencia de la rebaja de la nota de España, revisó de ”˜A+”™ a ”˜A”™ el llamado soporte mínimo de calificación del BBVA y del Santander.
El anuncio cambia al alza la tendencia del riesgo país
Con la Bolsa cerrada, el anuncio de rebaja de la calificación de Fitch a España llegó de inmediato a los mercados de deuda soberana y de seguros contra el impago (CDS). El diferencial de la deuda española a 10 años en relación a la alemana -la de referencia- se mantuvo con una ligera subida. Más acusado fue el efecto sobre los CDS.
Según los datos de CMA Market Data, a las 16.30 horas España era uno de los países cuyos seguros antiquiebra estaban cayendo más ayer (un 6,9%). Pero la tendencia cambió pocos minutos después del varapalo de Fitch, así que antes de las 19.00 horas los CDS se revalorizaron de golpe otro 7%, eliminando toda la caída del día, tras a la aprobación in extremis del recortazo, según la actualización de Bloomberg a esa hora.

La nueva fusión fría se acerca a La Caixa en el liderazgo por activos del sector
La unión recoge a las instituciones que se habían quedado descolgadas
P. A. -Madrid – El Periódico
Las cajas de ahorro con necesidad de fusionarse pero que se han ido desmarcando de varias de las operaciones en marcha anunciaron ayer que han iniciado «conversaciones» para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP), el instrumento conocido como fusión fría. El proceso lo lidera Caja Madrid, la segunda entidad de ahorro tras La Caixa.
La institución madrileña está inmersa en un exigente proceso de gestión de la morosidad y reforzamiento de la solvencia. No precisa de una unión, pero ha apuntado repetidamente su intención de protagonizar fusiones. Y el Banco de España le tenía reservado el papel de hacerse cargo de las entidades que quedasen descolgadas.
Así, la institución presidida por Rodrigo Rato ha dado los primeros pasos para integrar a Caixa Laietana -que rompió hace meses sus conversaciones con Penedͨs-, Caja Segovia y Caja ́vila -que rechazaron unirse al SIP dirigido por Caja Navarra- y Caja Rioja y Caja Insular de Canarias (que estaban en contacto con la sevillana Cajasol).

Mantener la marca – La figura del SIP permite a las cajas consolidar sus cuentas, integrar sus políticas de riesgo y financiación, y mejorar sus niveles de solvencia y liquidez. Pero al tiempo mantienen su personalidad jurídica, actividad comercial, marca, oficinas y gestores.
La ventaja es que no genera oposición del Gobierno autonómico, pues no pierde su tutela sobre la entidad. Sin embargo, ha generado polémica que la figura central que se está imponiendo en las fusiones frías sea un banco cuyo capital sea propiedad de las cajas. Hay quien ve en ello un riesgo para su naturaleza semipública.
Fuentes de Caja Madrid confirmaron que esperan cerrar la operación antes del 15 de junio, fecha tope fijada por el Banco de España. No descartan, además, que otras entidades se sumen al proceso.
El grupo resultante tendrá un activo de unos 227.000 millones de euros, apenas 50.000 millones menos que el de La Caixa tras integrar a Caixa Girona, con lo que Caja Madrid recortará a la mitad la distancia que le separa de la líder del sector. Además, contará con 2.975 oficinas y más de 19.000 trabajadores.

El acuerdo supone crear un nuevo ente para gestionar la obra social conjunta en la provincia
El consejo de la caja gerundense se pronunciará el lunes sobre el proyecto de integración

Pablo Allendesalazar – Madrid – El Periódico
La Caixa y Caja Madrid protagonizaron ayer dos iniciativas en paralelo con las que se da un importante paso en la reordenación del sector de las cajas. La Caixa absorberá a la díscola Caixa Girona, mientras que Caja Madrid avala la fusión fría de Caixa Penedͨs, Caja Insular de Canarias, Caja Segovia, Caja ́vila y Caja Rioja.
Las direcciones de La Caixa y de Caixa Girona ultimaron ayer el acuerdo por el que la primera absorberá a la segunda. Aunque ambas entidades emitieron lacónicos comunicados en los que hablaban de fusión, las diferencias de dimensión y de solvencia entre ambas -el volumen de negocio de la segunda representa el 3% de la primera- hacen imposible un acuerdo entre iguales.
En los medios financieros catalanes se tiene la certeza de que la integración es una verdadera operación de rescate a la que ha accedido la primera caja del país para contribuir de forma directa al proceso de concentración y racionalización del sector. Los responsables de La Caixa se habían referido en alguna ocasión a que sus objetivos no pasaban por movimientos dentro de España, sino que trabajaban en la expansión internacional. Nunca rechazaron, sin embargo, la posibilidad de contribuir al proceso.
Tanto el Banco de España como la Generalitat están al corriente de las negociaciones, con las que han manifestado su conformidad. La operación no requerirá fondos del FROB.
Caixa Girona había rechazado participar en las otras dos fusiones. Primero no quiso entrar en la de las cajas públicas (Caixa Catalunya) -Catalunya, Tarragona y Manresa- y luego rehusó participar en la que ha dado lugar a Unnim -Terrassa, Sabadell y Manlleu-. Las razones nunca fueron del todo satisfactorias.

«Una lástima» El presidente de Unnim, Salvador Soley, hacía referencia ayer a esas negativas. Considera una «lástima» lo que ha ocurrido: «Se fueron porque querían más protagonismo, y ahora lo perderán por completo; habrían salido ganando en Unnim», dijo a Europa Press. Lamentó que los directivos de la caja gerundense no consiguiesen trasladar al consejo de administración la necesidad de buscar socios y de que no podían continuar en solitario dada la situación.
Las negociaciones se desarrollaron con total sigilo, hasta el punto de que la mayor parte de los miembros del consejo de administración de Caixa Girona se enteraron el jueves por la tarde. Jordi Blanch, su director general, fue el encargado de pilotar las conversaciones fuera de la entidad, con La Caixa y las autoridades financieras, y dentro, sobre todo con los sindicatos.

El Director General Blanch había sido el gran defensor de una fusión con datos sobre la mesa. Y, de hecho, había convencido a su consejo de administración para las integraciones frustradas. En la votación de la última intentona, la de las cajas comarcales, terminó por abstenerse, apoyando así de forma indirecta a quienes habían cambiado de opinión y decidido ir en solitario contra viento y marea.
La diferencia salarial entre los trabajadores de ambas entidades es de un 24% de media. Los sindicatos aplauden la integración y la equiparación paulatina de salarios, aunque no alcanzará a todo el mundo. Aproximadamente, un millar de empleados podrá participar en la integración al ritmo que se pacte; sin embargo, los que están destinados a los servicios centrales -unos 125- tendrán que tomar una decisión: o se trasladan a vivir a Barcelona, donde está el cuartel general de La Caixa o se incorporan a un plan de recolocaciones fuera de la nueva caja. Algunos de los grandes proveedores de servicios de La Caixa podrían hacerse cargo de parte de esa plantilla.
Otra de las cuestiones que se ha negociado a plena satisfacción es la obra social, uno de los argumentos que esgrimían quienes desde el consejo de Caixa Girona se oponían a las fusiones. En principio, un nuevo organismo -en el que no tiene por qué estar duplicado ningún cargo del consejo- se encargará de gestionar la obra social que las dos entidades emplean en la provincia de Girona. Se trata de un acuerdo que beneficia de forma clara a la caja más pequeña, que lógicamente tiene mucho menos presupuesto que la grande.

Entrevista a miembros de Fedeca
28-05-2010 , V. Martínez-Vares / M. Serraller – Expansión
Son los defensores del Estado. Dedican su vida profesional al servicio público, al que acceden como premio al esfuerzo y al mérito, y a sabiendas de que su retribución será mucho menor que en una empresa, despacho o consultora. Expansión entrevista a Edmundo Bal y María Luisa Cano.
Sin entrar en consideraciones políticas, la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), que cuenta con 12.000 afiliados del Grupo 1, como abogados del Estado, Inspectores de Hacienda del Estado, etc., entiende que su deber es denunciar un recorte de salarios y de recursos vía Real Decreto Ley (RDL) cuya legalidad les plantea serias dudas, y en el que no se les ha escuchado.
Así lo hacen Mª Luisa Cano de Santayana, presidenta de Fedeca e inspectora de Trabajo y de la Seguridad Social, y Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados del Estado y vicepresidente 2º de Fedeca. No van a secundar la huelga de los sindicatos mayoritarios “por responsabilidad”, pero se van a concentrar el próximo 7 de junio a las 17.00 horas en el Palacio de Congresos de Madrid. Allí presentaran sus propuestas y, con toda probabilidad, recurrirán el RDL.
¿Se va a producir una fuga de talentos del sector público que agrave la situación?
Mª Luisa Cano. El RDL quebranta uno de los principios de la Constitución sobre mérito y capacidad. Es injusto porque, además de asestar el mayor recorte a los más débiles, sesga el esfuerzo, cuando en cualquier sociedad desarrollada se premia. Atenta contra la forma de redistribución de la riqueza, que se hace en el sistema impositivo, no de la retribución salarial. Presentan como justo lo que es perverso, quitan cualquier ánimo contra el esfuerzo, cuando una oposición superior significa muchos años de estudio. Aquí no hay ningún tipo de discriminación. ¿Quién va a querer estudiar ahora, renunciar a su vida un tiempo para sacar la oposición, con el único interés del servicio al interés general? En épocas de bonanza nadie entiende nuestra vocación. Todos podríamos ir al sector privado y cobrar mucho más. Tenemos una vocación de servicio público que nos compensa la vida, pero ahora se nos va a punir. Dudo que se mantenga un cuerpo que garantice el servicio público.
Estos cuerpos se dedican a garantizar la solvencia del Estado. ¿Qué va a pasar ahora?
Edmundo Bal. Es un golpe psicológico. La Administración va mejorando y el trabajo es muy satisfactorio, pero nos encontramos con que se nos corta la oferta de empleo, no entra gente y nos recortan el salario, por lo que muchos aceptarán la oferta privada.
¿Qué consecuencias tendrá para el país?
M. L. C.: Es el mayor ataque al sector público de toda la Historia de la democracia, va a deteriorar al sector público a corto, medio y largo plazo. Los inspectores de Hacienda del Estado prepararon un documento de medidas contra el fraude fiscal que mandaron a Salgado, por el que se incrementaría la recaudación 100.000 millones de euros, y ni siquiera se tuvo en consideración. Ofrecemos trabajar más por menos dinero y no nos escuchan.
¿Les parece racional la descentralización administrativa en las CCAA?
M. L. C.: La oferta de empleo público es de 731 plazas y en el primer cuatrimestre se han ofertado en el BOE 1.131 para consolidar puestos de interinos que no han tenido que acreditar su mérito y capacidad. La reforma de la Administración es urgente, se debe recortar en Vicepresidencias, Ministerios o Secretarías de Estado, se duplican gabinetes y hay en torno a 10.000 asesores. Hay que adoptar medidas que eviten la duplicidad, hay una estructura territorial que ningún país del G-8 se puede permitir.
¿La descentralización del Estado es reversible?
E. B.: Es una decisión de naturaleza política que decide el Gobierno. El que se dé marcha atrás o no depende de lo que los ciudadanos elijan. Fedeca no asume posiciones políticas. Pero es necesario que el Estado recupere la real y efectiva dirección de la política económica y social de este país. Que no haya 17 Españas.
El 7 de junio van a presentar sus propuestas…
M. L. C.: No vamos a apoyar la huelga porque el país es lo que menos necesita y hay que arrimar el hombro. Preparamos un documento de propuestas de medidas para recortar el déficit público y controlar el gasto. Añadir una crítica: quienes convocan la huelga deberían renunciar a sus subvenciones de aquí a 2012 y que los 17.000 liberados aporten parte de trabajo. Estas organizaciones sindicales han olvidado el motivo por el que existen. Deberían representar a los funcionarios del Estado y aportar iniciativas que redunden en bien de la Administración.
E. B.: Nosotros tenemos muchos representantes sindicales en las administraciones y ningún liberado.
¿La Administración se ha casado con los poderes políticos?
E. B.: No lo creo. Como técnicos siempre nos hemos portado lealmente con el Gobierno y hemos dado consejos valiosos. El político se rodea de personas que le dicen que siempre tiene razón. Y Fedeca no lo hace. El Ejecutivo en nosotros tiene al asesor fiel, el que le dice cómo lo tiene que hacer para que su propuesta sea imbatible, para que salga adelante.
Recurso contra el Decreto
Los servicios jurídicos de Fedeca tienen muy avanzado el estudio de las posibles acciones legales a emprender en contra del Real Decreto Ley del Gobierno, convalidado ayer por el Congreso. Su presidenta advierte de que “las llevarán a término todas”.
La decisión última la acordarán el 7 de junio pues, según dicen, “hay que valorar muchas cuestiones de Derecho y de estrategia”. Edmundo Bal, vicepresidente 2º de Fedeca, indica que “el Gobierno ha creído que todo se puede hacer por Decreto Ley”. Asimismo, señala que “muchas normas que colgarán del Decreto podrán ser atacadas”. Para Fedeca, el recorte es “discriminatorio” y “viola las normas de negociación del Estatuto del Empleado Público”.

La Voz de Galicia

José Manuel P. L. ha sido condenado a año y medio de prisión por un delito de alzamiento de bienes. El juzgado de lo penal de Ferrol que se ocupó del asunto entiende que una operación de donación de una finca a su hijo pretendía, en realidad, evitar la ejecución del embargo sobre la misma, por el impago de una deuda.
La sentencia dice que la deuda era de doce mil euros. El afectado expidió letras de cambio que vencían en septiembre del 2001. Como consecuencia de la falta de pago, el acreedor inició entonces el juicio cambiario que conllevó el embargo preventivo de sus bienes. Con fecha de abril del 2004, el juez civil hizo requerimiento del pago y luego el embargo preventivo de una finca situada en Vilacornelle, O Val, Narón. No obstante, dos meses antes el acusado había otorgado escritura pública de donación en favor de un hijo, ante el notario de Pontedeume, con el único ánimo de eludir el pago, dice el fallo.
La sentencia declara también la nulidad de la donación y se ordena la cancelación de su inscripción en el Registro de la Propiedad en favor del hijo.
El fallo le impone también quince meses de multa a razón de seis euros diarios (2.700 euros). Absuelve, no obstante, al hijo que también había sido acusado del alzamiento de bienes.

La reordenación del sector financiero
El Banco de España ha decidido al final penalizar las provisiones de los activos inmobiliarios adjudicados que bancos y cajas tienen en sus carteras por impagos, y que ascienden a 59.700 millones de euros. Elevará estas provisiones del 20% al 30% del valor de estos inmuebles cuando lleven más de dos años en sus balances. Este cambio normativo incrementará un 2% las coberturas y reducirá un 10% el resultado en España del conjunto del sistema financiero.
́. Gonzalo – Madrid – 27/05/2010 – Cinco Días
No será probablemente hasta el tercer o cuarto trimestre cuando la nueva modificación de la circular 4/2004 entre en vigor, pero la decisión ya está tomada. La institución que dirige Miguel ́ngel Fernández Ordóñez publicó ayer los nuevos cálculos de provisiones por morosidad, que han sido sometidos a consulta pública. La principal novedad es que eleva la provisión del 20% actual al 30% del valor de los inmuebles que tienen que hacer los bancos y cajas por las propiedades con las que se quedan como pago de deudas de sus clientes, siempre que haya transcurrido más de 24 meses desde que los adquirieron, como adelantó CincoDías el pasado 19 de mayo.
El supervisor justifica esta medida al afirmar que la antigͼedad en balance de los activos recibidos por impagos es «un inequívoco indicio de deterioro», por lo que «su reconocimiento no debe retrasarse». Ordóñez pretende con esta medida que bancos y cajas se desprendan rápido de su cartera vinculada al ladrillo.
La modificación también incluye la unificación de los diferentes calendarios de provisiones existentes actualmente para cualquier crédito moroso. Pasa de cinco calendarios con seis años de plazo para cubrir el 100% del valor de un préstamo moroso -en función de su riesgo y garantías-, a uno sólo con dos años para provisionarlo en su totalidad. De esta forma, se recorta sustancialmente el periodo para cubrir un préstamo moroso. A cambio se recoge una reivindicación del sector, que se tenga en cuenta el valor de las garantías aportadas, ya que hasta ahora se obligaba a cubrir el 100% del crédito a pesar de la existencia de garantías.
Así, si el tipo de garantía inmobiliaria es una vivienda terminada, residencia habitual del prestatario, el recorte es del 20%, mientras que para fincas rústicas, oficinas, locales y naves polivalentes terminadas es del 30%. En el caso de viviendas terminadas (no primera vivienda), el recorte es del 40%, y en el de parcelas, solares y resto de activos inmobiliarios, del 50%. El Banco de España ha realizado tests entre las entidades para conocer el impacto de esta medida. Y, según reconoce, los resultados «son muy heterogéneos», pero el impacto en conjunto será de un incremento del 2% de las coberturas y de un descenso del 10% en los resultados en España.
La nueva norma penalizará a las entidades con mayor cartera de inmuebles adjudicados. Las cajas en su conjunto son las que más activos vinculados al ladrillo tienen.
Para las entidades más conservadoras, con carteras de créditos concedidos por el 80% del valor de tasación de primera vivienda con garantías, la medida es favorecedora.

El delegado de Urbanismo de Marbella explicó ayer a los propietarios los procesos de normalización de las 16.500 viviendas que entran en el nuevo PGOU
Bárbara Rodríguez / Málaga-hoy | 27.05.2010 –
No fue una reunión fácil para el delegado de Urbanismo de Marbella, Pablo Moro. Aproximadamente un centenar de representantes de comunidades de propietarios, entre presidentes, administradores e incluso abogados, se dieron cita ayer con Moro en el Salón Azul del Palacio de Congresos, donde el edil de Urbanismo explicó qué procesos se abren ahora para normalizar la situación de 16.500 viviendas que entran en el nuevo ordenamiento urbanístico de la localidad. Sin embargo, las noticias no llegan a ser del todo halagͼeñas para los propietarios: tal y como declaró el edil, «la carga pende sobre la promoción».

Es decir: se vuelve al punto de partida, aunque «no vamos a exigir que paguen los propietarios» de las viviendas. Por ello, el mensaje clave no es otro que pedir a las diferentes comunidades que acudan a la Delegación de Urbanismo a «informarse». Sobre todo, porque las cargas establecidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para estas comunidades de propietarios puede ser que no sean tales: «Hay que elaborar la cuenta neta de cada una de las comunidades, porque puede que previamente se hayan realizado cesiones de suelo o bien ingresos en caja del Ayuntamiento que pueden hacer que se disminuya la cantidad a compensar». De hecho, «en muchos casos se ha reducido la compensación».

Sin embargo, y hasta que no se lleve la mencionada compensación a cabo (ya sea por parte de los propietarios, aunque luego éstos busquen al promotor para que les abone lo que ellos han adelantado; o bien por parte de los propios constructores), las viviendas quedan en un limbo legal, en el que sigue pesando la carga en cualquier registro de la propiedad. Por ello, «antes de que las comunidades tomen ninguna decisión, les pedimos que se reúnan con nosotros en Urbanismo para poder saber cuál es la cuenta neta, la situación real, y que sepan qué les puede beneficiar más». Lo que sí quiso dejar claro Moro es que «en ningún caso el Ayuntamiento va a obligar a los propietarios a que ejecuten las compensaciones. En todo caso se pedirá a los promotores».

Una de las preguntas más repetidas por los representantes de comunidades presentes es saber qué pasa en aquellos casos en los que las empresas promotoras ya han desaparecido. En este caso, Moro (que estuvo acompañado por los responsables de Obras y Participación Ciudadana, Javier García y Baldomero León respectivamente) explicó que «transcurrido el año de compensación voluntaria, desde luego no se irá detrás de los propietarios y compradores de buena fe, pero la carga seguirá presente».

Otro de los aspectos cuestionados es saber qué sucede en las comunidades en las que hay viviendas que quieran regularizar y otras que no. En este caso, el concejal reconoció que es un asunto «complejo»: «No se podrá quitar la carga genérica sobre la urbanización, pero sí se podrá instaurar un documento que pueda incluirse en el registro de la propiedad», algo que se negociará con los registradores.

Ahora comienza la gestión del plan, la parte que el Ayuntamiento aventuraban como «más complicada». Y esto es sólo el principio.

26 mayo 2010

Estadística de Hipotecas (Base 2003)
Marzo 2010. Datos provisionales
El importe medio de las hipotecas constituidas en marzo desciende un 0,6% en tasa interanual y alcanza los 142.034 euros
El número de hipotecas que cambian sus condiciones crece un 2,2% y las cancelaciones registrales un 5,1%
Durante el mes de marzo el importe medio por hipoteca constituida se sitúa en 142.034 euros, cifra un 0,6% inferior que la del mismo mes del año anterior y un 5,1% superior a la registrada en febrero de 2010.
En el caso de hipotecas constituidas sobre viviendas, el importe medio es de 116.345 euros, un 2,6% menos que en el mismo mes de 2009 y un 1,6% inferior al registrado en febrero de 2010.

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

25-05-2010 , V. Martínez-Vares/ M. Serraller Expansión
Los miembros de la carrera judicial y fiscal verán recortados su sueldo base un 9,7%, en virtud del Real Decreto de medidas de ajuste publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial del Estado. Además, el recorte afectará también a las retribuciones especiales en un 5% y a las complementarias en un 6% en el caso de magistrados y fiscales, y en un 5% para jueces y abogados del Estado.
A la espera de la reunión que hay hoy programada en el Ministerio de Justicia para aclarar la situación, las asociaciones de jueces muestran su rechazo al recorte. «Dudamos de la legalidad constitucional del RD, por lo que estamos analizando ya la viabilidad jurídica y procedencia de promover reclamaciones judiciales en defensa de nuestros derechos», asegura la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Asimismo, añade la APM, «la merma retributiva agranda la lesión económica que supone nuestra degradación salarial».
En esta línea, MarcelinoSexmero, portavoz de la Francisco de Vitoria, se pregunta «por qué se nos trata a jueces y fiscales de forma desigual al resto de funcionarios ya que en complementos se nos baja el 6% cuando al resto le reducen el 5%». Aunque descarta una huelga ahora «porque nos tacharían de insolidarios», destaca que «el malestar es generalizado, máxime cuando desde hace 7 años a los jueces no se nos actualiza el sueldo».
Por último, Rafael Coloma Ojeda, vicepresidente 3º de Fedeca (Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado), indica que también estudian recurrir el RD pues creen que «tiene muchos huecos legales». No se van a sumar a la huelga de UGT y CCOO «pues el país no está para huelgas». Y Edmundo Bal, presidente de la Asociación de Abogados delEstado y vicepresidente 2º de Fedeca, cuenta que se concentrarán el 7 de junio en el palacio de Congresos.

Cotizalia Carlos Hernanz – 26/05/2010
Valencia teme por el futuro de Bancaja. La entidad presidida por José Luis Olivas había pasado desapercibida durante los últimos meses, a pesar del ruido provocado por el baile de fusiones. Nadie incluía su nombre en ninguna quiniela salvo para recordar la opción de una operación con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Sin embargo, una vez que su vecina ha optado por una fusión virtual, donde está en minoría política (60% PSOE – 40% PP) y el poder ejecutivo lo tiene Cajastur, la atención se centra en la capital del Turia.

Hoy miércoles, Bancaja celebra consejo de administración. En principio, según las fuentes oficiosas consultadas, el orden del día no incluye ningún punto sobre el estudio de eventuales operaciones. Aunque como es previsible, se informará sobre lo ocurrido con CAM y se reflexionará sobre las repercusiones que pueda tener esta operación para el futuro inmediato de la entidad. Como algunos asistentes adelantan, “nos ha sorprendido a todos la celeridad del proceso y la poca resistencia política ofrecida por el presidente Camps”.

El peor de los escenarios sitúa a Caja Madrid como la contraparte para una eventual operación: por la dimensión de la madrileña, la dilución correspondería a Bancaja. Además, el rechazo de CAM a integrarse bajo la órbita de la caja presidida por Rodrigo Rato ha estrechado el margen de elección de Caja Madrid, dado que para el posterior acceso a las ayudas del FROB la segunda caja del país necesita asociarse con alguien que represente un tamaño significativo respecto a su balance. Y el comodín de Caixa Galicia ya desapareció.

Precisamente, tras el acuerdo entre Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria que se anunció por sorpresa el lunes por la tarde, Bancaja pierde un puesto en el ranking de cajas de ahorro, pasando del tercero al cuarto lugar, hasta que nuevas fusiones no modifiquen la clasificación. Un paso para atrás que a pesar de todo “no implica nada para la entidad”, deslizan de manera lacónica desde Valencia. “No nos obliga a hacer nada”. De momento, la voluntad es seguir en solitario, el mismo argumento repetido por otros sin éxito.

En la Comunidad de Valencia, el desencanto con la “fuga” de CAM es notorio. La opción más apoyada por el tejido empresarial era la fusión con Bancaja o, en su defecto, con Caja Murcia, perteneciente otra región vecina gobernada por el PP. “Espero que no hayan faltado altura de miras”, reconocía ayer con pesadumbre un empresario local. “En todos los procesos de integración debe haber sacrificios a la hora de repartir las cuotas de poder. No me gustaría pensar que se han descartado otras alternativas por no ceder competencias”.

Uno de los argumentos para rechazar la fusión Bancaja-CAM ha sido el del coste social (y político) que tendría, dados los recortes de plantilla y cierre de oficinas que implicaría. Sin embargo, “este ajuste es el que vienen realizando los bancos desde hace dos años”, subraya un financiero valenciano. “Es de necios pensar que eso no ocurrirá con las fusiones virtuales. En la que abandera Caixa Cataluña, por ejemplo, van a suprimirse 400 oficinas. Es lo que toca hacer cuando caen tus márgenes y también tu volumen de negocio”.

Los notarios rechazan el recorte de los aranceles
25/05/2010 C. García – La Voz de Asturias
El Real Decreto de medidas de recorte de gasto aprobado por el Gobierno para atajar el déficit público introduce una rebaja arancelaria del 5% para los documentos de cuantía de notarios y registradores. El Ejecutivo atribuye esta decisión al «carácter de funcionarios públicos de notarios y registradores de la propiedad y mercantiles», según se establece en el texto del Real Decreto que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La medida ha caído como un jarro de agua fría en Asturias. El Decano del Colegio de Notarios, José Luis Fernández Lozano, echa por tierra los argumentos del Gobierno central. Primero, porque es un colectivo que «no recibe su retribución del Estado, con lo que no incide en el déficit» y segundo, explica, porque la «afectación para el ciudadano será mínima, de un 0,01% sobre lo que pagaba hasta ahora». Por ello, Lozano entiende que se trata de una medida «hecha de cara a la galería, para ganar votos» y que «lo único que hace es perjudicar aún más a un sector que ya ha visto reducidos sus ingresos en un 40% debido a la crisis». «Nos llueve sobre mojado», puntualiza el decano.
En Asturias, hay 350 notarios y el temor de Lozano es que, al «tratarse de un momento económico muy difícil», el recorte traiga consigo «despidos» lo que, insiste, «iría en contra de uno de los objetivos del Gobierno central de fomentar el empleo».
Así las cosas, recuerda que ya en 2008 se planteó un recorte del 20% que quedó en el aire tras una huelga de los notarios. Nada que ver con esta decisión que «nos ha cogido por sorpresa ya que no sabíamos nada con lo que no podemos hacer nada».

Mantienen conversaciones, según fuentes del sector
CajaMurcia, CajaGranada, Sa Nostra y Caixa Penedés, las cuatro cajas descolgadas de las conversaciones de Caja Cantabria, Cajastur y Caja Extremadura -que junto a CAM acordaron integrarse mediante una »fusión fría»- están manteniendo conversaciones para intentar llegar a un acuerdo en torno a la constitución de un nuevo Sistema Integrado de Protección (SIP) o ‘fusión fría’.
Ep – Sevilla / Granada – 25/05/2010
Fuentes del sector indicaron a Europa Press que estas cuatro cajas «tienen un tamaño muy dimensionado, son muy parecidas entre sí y tienen arraigo regional».
La unión de estas cuatro entidades podría convertirlas en la cuarta o quinta entidad por volumen de negocio, con más de 100.000 millones de euros, o la sexta o séptima entidad por volumen de activos, con unos 80.000 millones. Además concentrarían su actividad en la zona de Levante y Madrid, según las fuentes consultadas.
Desde CajaGranada no quisieron confirmar esta posibilidad y se limitaron a apuntar a Europa Press que la caja granadina mantiene conversaciones con otras entidades con el fin de «lograr la mejor alianza estratégica posible».
Asimismo, apuntaron las «limitaciones» y condiciones que la caja granadina mantiene a la hora de afrontar conversaciones con otras cajas, como es «el mantenimiento de la marca, la absoluta lealtad con el territorio y el respeto a la plantilla». CajaGranada destacó el «rigor y la seriedad» de su actuación en estas conversaciones.
Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria se integrarán en una »fusión fría» para reforzar la solvencia y patrimonio de cada una de ellas, según informaron ayer lunes las entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esta fusión dará lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a 135.000 millones de euros, un volumen de negocio de unos 177.000 millones de euros, y un ratio de solvencia del 12,1%.

J. Alfonso / C. Larrakoetxea / F. Llera 25/05/2010 El Economista
El Grupo Cajastur vuelve a ponerse la camiseta de socorrista y sale al rescate de otra entidad amenazada por el Banco de España: la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). Aunque eso sí, con el oxígeno que le pueden aportar los 1.600 millones de euros de límite máximo que puede solicitar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para liderar una fusión fría con la alicantina y en la que también participarán Caja Extremadura y Caja Cantabria.
Para engrasar la operación, la entidad ha empezado a hacer números. Saben que puede pedir hasta 1.600 millones de euros atendiendo al límite del 2% de los activos poderados por riesgo y lo más probable es que agoten ese saldo que se pone a su disposición. Desde una de las cajas reconocen que «es una oportunidad que pensamos aprovechar».
Tercera caja española
En cualquier caso, y tras varias semanas de incertidumbre sobre la pareja que CAM iba a elegir para no quedarse fuera del baile de fusiones, el grupo Cajastur, junto con la entidad extremeña y la cántabra, han sido quienes se han atrevido a dar el paso. Pero eso sí, un paso de gigante a través del que darán lugar a la tercera caja española, con 135.000 millones de euros en activos, tan sólo por detrás La Caixa y Caja Madrid.
La magnitud de la operación es tal que la nueva entidad contará con unos recursos propios de 9.000 millones de euros y se colocará como la segunda caja española por solvencia con unos ratios de 12,1 % de solvencia conjunta, del 9,4% de Tier1 y del 7,6% de core capital.
La fórmula elegida por las cuatro entidades es la del Sistema Institucional de Protección (SIP) a través del que cada una de las cajas conservará su marca en el territorio en el que operan y por la que crearán una nueva sociedad que estará participada al 40% por Cajastur, al mismo porcentaje por CAM, con el 11% estará Caja Extremadura y con el 9% Cantabria.
Según explicaron fuentes conocedoras de los detalles del acuerdo, en una segunda fase se estudiará si las comunidades en las que se solapen oficinas se adoptará la enseña de la caja originaria de la comunidad. Sin embargo, CCM mantendrá su operativa como banco dentro de la nueva estructura en la que también se integrará una vez que la asamblea de la manchega de luz verde a la operación.
Aunque aún no se ha elegido emplazamiento concreto, la nueva entidad tendrá su domicilio en Madrid.

La crisis fiscal en Europa
El Ibex cae un 3,05% y marca su nivel más bajo del año, aunque logra mantener por poco los 9.000 puntos.- La prima de riesgo de España se acerca a sus máximos
́lvaro Romero – Madrid – 25/05/2010 El País

Observar hoy las pantallas de los principales mercados -Bolsas, euro y deuda soberana- provocaba cierta congoja ante el resultado uniforme que arrojaban los gráficos: mucho rojo, fuertes descensos y quebradas en caída libre marcando nuevos mínimos. Este escenario, resultado de una conjunción de malas noticias a la que hoy se ha sumado el conflicto entre las dos Coreas y los problemas en el sector financiero español, solo permite llegar a una conclusión: que el pánico y los nervios ante todo lo que huela a euro y déficit ahuyenta a los inversores. En los parqués, la incertidumbre se ha traducido en una fuerte caída del sector financiero y la vuelta de los principales índices a los niveles más bajos del año; en las divisas, en un acelerón en la tendencia bajista de la moneda única al mismo tiempo que en los mercados secundarios de deuda, la prima de riesgo de España se acercaba a sus máximos de principios de mes.
En la Bolsa española, el Ibex 35 ha acabado la sesión con un descenso del 3,05%, lo que le ha llevado a su nivel más bajo al cierre en lo que llevamos de año y de los últimos doce meses con 9.004 puntos. Aunque podía haber sido peor, ya que a media jornada ha llegado a caer más de un 5% marcando un mínimo intradía en 8.818 enteros. Con todos sus valores en rojo, las cotizadas que más han caído han sido las financieras, sobre todo el banco Popular, que se ha situado al frente de las pérdidas con un recorte del 5,34%. El BBVA se ha dejado un 4,48% y otro 3,93% ha bajado el Santander, cuyo peso conjunto en el selectivo supera el 30%. Otros valores importantes del índice como Telefónica, Iberdrola y Repsol han registrado caídas de entre el 2 y el 3,5%. En lo que va de año, el Ibex ha perdido casi un cuarto de su valor.
En el resto de Europa y con Wall Street por debajo del nivel psicológico de los 10.000 puntos por primera vez desde principios de febrero, las principales Bolsas han caído, en el caso del Dax alemán, hasta los mínimos de principios de marzo. No obstante, Londres, París y Milán han regresado a los niveles que tenían en otoño, por lo que respecta al FTSE 100 londinense, o el pasado verano para los parqués de Francia e Italia. Al cierre, Francfort ha cedido un 2,34%, Londres un 2,54%, París un 2,90% y Milán un 3,40%. En todos ellos, al igual que en España, el sector más castigado ha sido el financiero.
Las razones que exponen los analistas para explicar este nuevo correctivo no varía mucho de las que están detrás de los descensos de las últimas semanas y que, por orden cronológico se pueden resumir en: la crisis fiscal que se ha contagiado por Europa tras el desbordamiento de los problemas de deuda en Grecia, la falta de consolidación fiscal, las dudas sobre la capacidad de los Estados de poner en marcha sus recortes, el riesgo de que se extienda a otras economías, la falta de coordinación y, finalmente, la posibilidad de que los reclamados planes de ajustes lasten la recuperación económica. «Estamos en una fase de plena incertidumbre», ha señalado desde Inversis su director general, Juan Luis García Alejo.
Clima de pesimismo
Noticias como la crisis entre las dos Coreas o la intervención de Cajasur son «elementos que ayudan a reforzar el clima de pesimismo», ha añadido García Alejo al tiempo que ha comentado que la aparición de la entidad cordobesa en los artículos de la prensa internacional «es una causa, no un efecto» de la crisis y que debido al escenario de dudas y aversión al riesgo existente cualquier detalle cobra interés. «Cuando el mercado se pone a apretar, lo hace de forma muy dura», ha explicado en relación a la volatilidad e hipersensibilidad que están mostrando los inversores y que convierten cualquier signo de un futuro empeoramiento de la situación en fuertes descensos. Y viceversa.
Pero hoy ha tocado caer y deshacer posiciones, sobre todo en la banca. En el análisis que hacen los expertos sobre este extremo también se incluye la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) retire hasta 26.500 millones de euros de liquidez del mercado durante la semana para evitar un repunte de la inflación tras la compra de bonos y las propuestas que anunciará mañana la UE para reforzar la regulación del sector. Unas medidas que a buen seguro llevarán acarreadas la necesidad de aportar más reservas a las entidades financieras.
Ante este panorama de incertidumbre y con los inversores tratando de cubrirse ante un eventual empeoramiento de la situación, la salida de papel del mercado ha llevado al euro a marcar un nuevo mínimo intradía de los últimos cuatro años en 1,21 dólares. No obstante, luego ha moderado el recorte y, a media tarde, se estabiliza sobre los 1,22 unidades del billete verde. También se ha reavivado la presión sobre la deuda española, que ha acaparado la atención fuera de nuestras fronteras por los problemas en la reestructuración del sistema financiero y la intervención de Cajasur. La salida de los bonos españoles a diez años y el aumento de la demanda de los alemanes, muy codiciados en estos momentos de volatilidad por su condición de valor refugio, han motivado un repunte de la prima de riesgo de España hasta los 155 puntos, cerca del máximo de principios de mes (164).
Antes de la apertura en Europa, las Bolsas de Asia han registrado fuertes caídas que han llegado a superar el 3% en el caso de Hong Kong, Tokio y Bangkok, mientras que los parqués de Seúl y Singapur se han quedado cerca de esa cifra.

Salva la presión del banco de españa
Da lugar a la tercera caja española con activos de 110.000 millones de euros
La CAM y CajAstur tendrán mayor peso en la entidad con un 40% cada una
El Banco de España había dado un ultimátum a Caja Mediterráneo
24/05/2010 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
Madrid.- Caja Mediterráneo ha vencido la presión del Banco de España y, por fin, tras el rechazo de la BBK, ha logrado cerrar un acuerdo con CajAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido en el sector como ‘fusión fría’.
Los SIP consisten en crear un ‘holding’ -conglomerado- bancario en el que las entidades tendrán que integrar al menos el 40% de su negocio aunque pueden mantener sus marcas locales. Las cajas deben mantener la sociedad conjunta al menos durante 10 años e integrar en ella todas las oficinas que se encuentran fuera de su comunidad autónoma.
La CAM y CajAstur tendrán el mayor peso en la institución que aglutinará a las cuatro con un 40% cada una. Mientras, Caja Extremadura tendrá un 11% y Caja Cantabria, un 9%.
El presidente de la entidad resultante será el presidente de la CAM, Modesto Crespo, mientras que el consejero delegado será Manuel Menéndez, de Cajastur.
El Banco de España había dado un ultimátum a Caja Mediterráneo para que buscara una salida a su maltrecha situación financiera.
La CAM se ha sumado al SIP que ya tenía en marcha CajAstur -que está integrando por su parte a Caja Castilla la Mancha (CCM)- con las cajas extremeña y cántabra.
Las cuatro suman unos activos de casi 110.000 millones de euros, pero, si se incluyen los derivados de la adquisición de CCM por CajAstur, podrían superar los 130.000 millones. De confirmarse -el acuerdo debe ser aprobado por los consejos de administración de cada entidad-, el grupo resultante sería la tercera caja española y la quinta entidad del sector con 2.300 oficinas y 14.000 empleados.
El acuerdo de fusión se produce después de que este fin de semana el Banco de España interviniera la andaluza Cajasur después de su rechazo a una fusión con Unicaja.

Carmen Larrakoetxea 24/05/2010 – El Economista
BBK ha confirmado hoy la ruptura de las negociaciones que en los últimos días habían establecido con Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), con vistas a crear un (SIP) Sistema Institucional de Protección, que le permitiría a CAM reforzar su solvencia y a BBK ganar tamaño en el conjunto del sistema financiero español.
Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que la asturiana Cajastur estuviera en las negociaciones, tal posibilidad no se planteó y se centró en una negociación a dos bandas. Este SIP o fusión fría es uno más de los que intenta CAM, entidad que vive una situación algo delicada y que trata de evitar actuaciones más decididas del Banco de España.
¿Tamaño o solvencia?
El corto «noviazgo» entre BBK y CAM se ha roto al discrepar totalmente sobre el reparto de pesos dentro de la futura SIP. Fuentes de la caja vizcaína indicaron que ninguna de las dos estaba dispuesta a ceder la mayoría en dicha operación. CAM trataba de hacer valer su tamaño y BBK su mayor solidez financiera.
El verano pasado BBK anunció que estaba en disposición de comprar negocio financiero o plantearse operaciones corporativas, no por debilidad de sus cuentas, al contrario es la caja más solvente del sistema financiero español y la que mayor crecimiento tuvo en resultados el año pasado. La caja vizcaína lo que quiere es ganar tamaño en el nuevo mapa financiero que habrá de configurarse tras la reestructuración del sector.
Pero ante cualquier negociación, ya en octubre pasado, el presidente de BBK, Mario Fernández, dejó muy claro cuales serían las premisas básicas: no poner en riesgo la solvencia de BBK, no acudirían allá donde no se les quiera y preservar el control vizcaíno de BBK.
Queda patente que la pretensión de CAM de liderar la SIP resultante chocaba de lleno con las exigencias mínimas de la caja vizcaína.

Insta acometer una reforma ‘radical’ del mercado laboral
Urge a una reforma drástica de las cajas de ahorros en España
24/05/2010 El Mundo | Agencias
Washington.- Tras el ‘tijeretazo’ del Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a meter presión a España y pide que acometa medidas económicas «urgentes y decisivas» para hacer frente a una «débil y frágil recuperación».
«La economía española necesita reformas de amplio calado y exhaustivas», señala el fondo en las conclusiones iniciales de su última visita a España, como parte de la revisión anual que la entidad hace de la economía del país.
«Los desafios son importantes», ya que España tiene «un mercado laboral disfuncional, una burbuja inmobiliaria que se desinfla, un elevado déficit fiscal, un endeudamiento exterior y del sector privado fuerte, un crecimiento de la productividad anémica, una baja competitividad y un sector bancario con señales de debilidad».
Entre las medidas está una reforma «radical» del mercado laboral, consolidación fiscal y la reestructuración del sistema bancario.
En concreto, la institución reclama una «ambiciosa y amplia» reforma laboral que reduzca la dualidad existente mediante el abaratamiento del despido de los trabajadores indefinidos y que impulse la flexibilidad salarial mediante la descentralización de la negociación de convenios.
«Hay que tener cuidado de que ninguna reforma incremente los costes fiscales del sistema o dificulte a corto plazo la contratación temporal», advierte el FMI, que recomienda al Gobierno tomar la iniciativa en este aspecto si los agentes sociales no logran un acuerdo rápido sobre la reforma laboral.
Gobierno, sindicatos y patronal tienen previsto cerrar las negociaciones esta semana. UGT y CCOO han amenazado con una huelga general si el Ejecutivo saca adelante una reforma sin su consentimiento.
Medidas ‘ambiciosas’ en materia fiscal
El organismo que dirige Dominique Strauss-Kahn destaca que la economía española necesita reformas amplias y de largo alcance, que favorezcan el crecimiento, aunque reconoce que las medidas de austeridad aprobadas por el Gobierno son «ambiciosas» y refuerzan la consolidación fiscal.
Así, el Fondo «respalda plenamente» el paquete de medidas adoptado por el Gobierno, incluyendo el recorte aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, que fortalece «significativamente» el planeado ajuste fiscal y mejora la credibilidad por la asunción de medidas concretas y audaces, como el recorte de salarios en el sector público.
Urge a una reforma drástica de las cajas
Pese a destacar la solidez del sector bancario español, el FMI critica la lentitud de los procesos de fusión en el país y sugiere que las operaciones de concentración deberían acelerarse antes de que expire el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), previsto para finales de junio.
El Fondo Monetario Internacional urge a España a aprobar una reforma profunda de las cajas de ahorro para permitirles captar capital «lo antes posible», que debe incluir la reducción de la influencia política y la transformación de su capital social en acciones.

Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público.

Disposición adicional octava. Aranceles notariales y registrales.

Uno. Se rebajarán los aranceles notariales y registrales en operaciones de cuantía, del siguiente modo.

1. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos notariales resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del arancel de los notarios, aprobado por Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los notarios. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

2. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores de la propiedad resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 2.1 del Real Decreto 1427/1989, de 17 de noviembre, por el que se aprueba el arancel de los registradores de la propiedad. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

3. Se aplicará una rebaja del 5% al importe de los derechos de los registradores mercantiles resultantes de la aplicación de lo previsto en el Número 5 del Decreto 757/1973, de 29 de marzo, por el que se aprueba el adjunto Arancel de los Registradores Mercantiles. Esta rebaja es adicional respecto de la aplicación de los demás descuentos o rebajas previstos en la normativa vigente.

Dos. Se establecen las siguientes obligaciones de información a los interesados que debe contenerse en la minuta.

1. Las minutas de los Notarios y Registradores de la Propiedad, Mercantiles y bienes muebles, además de cumplir la normativa aplicable, expresarán separadamente, y con la debida claridad:

a) Cada uno de los conceptos por los que se hayan devengado derechos arancelarios, con expresión individualizada del número y apartado de arancel aplicado.

b) El concepto minutable.

c) La aplicación o no, de rebajas de acuerdo con las normas aplicables al caso.

d) En el caso de los notarios la aplicación de descuentos de acuerdo con la normativa aplicable.

e) La aplicación o no, de bonificaciones o reducciones de cualquier clase.

2. Las minutas de los Notarios y Registradores también expresarán la base aplicada o expresión de que es sin cuantía, honorarios que comporta cada concepto, y total de honorarios, sin que por ninguna razón se puedan agrupar globalmente los números y cantidades correspondientes a distintos conceptos. También expresarán la forma en la que se han obtenido los valores para la aplicación del arancel y los suplidos si los hubiere.

Este excedente formará parte de la cartera de la Sociedad Pública de Alquiler
El organismo del Ministerio de Vivienda ha cerrado 13.277 contratos desde 2005
Ya, a finales de año, los promotores también comenzaron a confiarle sus pisos
Elmundo.es | Madrid 21/05/2010
Si las casas en manos de las cajas de ahorro no se pueden vender, al menos se intentarán alquilar… con ayuda del Gobierno. La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) firmará (lunes, 24 de mayo) un convenio marco de colaboración que pondrá las bases para facilitar que la entidad dependiente del Ministerio de Vivienda gestione parte del parque de pisos en ‘stock’ en manos de las debilitadas y endeudadas cajas de ahorro.
Si a finales de 2009, el departamento que dirige Beatriz Corredor salió al rescate de los promotores, incorporando sus inmuebles a la bolsa de pisos en alquiler de la SPA, ahora socorre -en la medida que la demanda lo asuma- a las entidades financieras, que cuentan por miles las viviendas de sus carteras inmobiliarias.
El acuerdo servirá para engordar la oferta de la SPA y aliviará la ansiedad comercial de algunas cajas relamente necesitadas de liquidez y preocupadas por sacar rentabilidad a unas casas embargadas -en dos años se han ejecutado cerca de 170.000- o terminadas y no utilizadas. El último dato conocido respecto a los inmuebles que los promotores privados habían confiado a la SPA superaba los 25.000 pisos.
La SPA, balance y gestión
Según los últimos datos oficiales publicados por Vivienda hasta marzo de 2010, desde que se creó la SPA en 2005, 16.742 arrendadores le han confiado su casa para que la ponga en alquiler y 26.880 arrendatarios se han interesado por alguna de las viviendas que ofrece. Desde entonces, este organismo ha cerrado 13.277 contratos de alquiler, lo que supone que ya ha encontrado inquilino para el 80% de las viviendas que ha gestionado hasta la fecha.
El inquilino se ahorra un 12,1% respecto al mercado y el casero accede a cambio a varias garantías
Antes de firmarse estos contratos, la SPA acuerda con el propietario la renta mensual a pagarle durante la vida del contrato. Una cantidad que para el inquilino supone ahorrarse un 12,1% respecto al mercado. Así, la renta media abonada por arrendatario asciende a 562 euros. Por su parte, los caseros que confían su vivienda a la SPA tienen asegurado, entre otras garantías, el ingreso de una renta mensual (491 euros de media). Actualmente, es un 23,1% inferior a la del mercado, mientras que en 2008 esta diferencia llegó a ser del 28%.
Incluir una vivienda en la cartera de la SPA significa que ésta se encarga de evaluarla y buscarle inquilino. Una vez firmado el primer contrato, la Sociedad paga directamente al propietario la cuota mensual acordada. La SPA le garantiza el ingreso de esta renta mensual -incluso en caso de impago por parte del inquilino-, además de la restitución de la vivienda en buenas condiciones y la resolución de todo tipo de incidencias, como averías, desperfectos y reclamaciones. El arrendador cuenta también con un seguro multirriesgo y asistencia letrada.

21-05-10 Miguel Portilla -ABC
Madrid. Hoy se agotan varios plazos impuestos por el gobernador del Banco de España, Miguel ́ngel Fernández Ordóñez, a cajas de ahorros en dificultades. La primera que tendrá que rendir cuentas ante el supervisor es Caja del Mediterráneo (CAM), que tiene que presentarle cuáles son sus planes de reestructuración y decir con quién está negociando una posible fusión.
Una vez que el Banco de España conozca hoy las intenciones de la CAM, esta caja dispondrá hasta el próximo 15 de junio para presentarle un plan económico en el que incluya qué cantidad de dinero necesitara pedir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
Un SIP con BBK y Cajastur
La CAM rompió las negociaciones que mantenía con Caja Murcia porque el presidente de esta entidad, Carlos Egea, exigió ser presidente de la caja resultante de la fusión durante cinco años, en lugar de los tres acordados en principio. Posteriormente ha emprendido contactos con la BBK, la entidad que tiene los mejores ratios del sector, para realizar una alianza mediante un Sistema Institucional de Protección (SIP) con el fin de evitar las reticencias de sus respectivas autonomías. Además, se pretende que Cajastur -que está en el proceso de integrar a Caja Castilla-La Mancha- se sume al SIP.

El plazo dado por el organismo regulador para que los consejos de ambas entidades dejaran encarrilada la fusión finalizó ayer.

Tres administradores dirigirán Cajasur
El Fondo de reestructuración Bancaria (Frob), el organismo en el que el Banco de España había delegado la administración de Cajasur, ha nombrado a los tres expertos que administrarán provisionalmente la entidad.
Según una resolución que se recoge hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los designados son José Antonio Iturriaga Miñón, Tomás González Peña y Francisco Orenes Bo, quienes actuarán mancomunadamente en todas y cada una de las funciones que le corresponden al Frob.
Se trata de expertos con una amplia trayectoria en el sector bancario y en el de la auditoría, lo que será clave dada la delicada situación de Cajasur.
José Antonio Iturriaga,fue inspector del Banco de España entre 1984 y 1989, cuando saltó al sector privado y fue nombrado director de Auditoría Interna del Banco Zaragozano. Presidente del Instituto de Auditores Internos entre 1999 y 2004, Iturriaga dirige en la actualidad su propia consultora.
Tanto Tomás González Peña como Franciso Orenes han desempeñado también puestos directivos en el sector bancario, ya que el primero llegó a ser director de banca corporativa para España y Portugal del Santander Central Hispano, mientras que el segundo ejerció cargos de relevancia en el Banco de Murcia y participó en su fusión con el Banco de Valencia en 2002.
Las funciones de los administradores provisionales, según el BOE, serán dirigir, controlar y ejecutar la actividad diaria de la caja, nombrar el equipo de dirección que consideren oportuno para cumplir sus funciones y conceder y revocar poderes, incluidos los que estén vigentes en la actualidad.
F.J. Poyato / M. Portilla | Córdoba / Madrid, 22-05-10 – ABC
El Banco de España ha intervenido esta madrugada Cajasur después de que la entidad cordobesa rechazase su fusión con la malagueña Unicaja, la mayor por activos de Andalucía, informó el instituto emisor. Los administradores de CajaSur han sido sustituidos por el Banco de España, que ha nombrado a tres administradores para dirigir la entidad.
La decisión del Banco de España se producía apenas tres horas después de que se frustrase la fusión entre ambas entidades andaluzas. Las posturas maximalistas, el soterrado mal de fondo que ha guiado la operación, la falta de cesión por todas las partes y los recelos de la Iglesia a las garantías que ofrecía el presidente de Unicaja, Braulio Medel, terminaron derribando anoche esta aventura financiera.
A lo largo del día de ayer, hasta en dos ocasiones estuvo a punto de cerrarse un preacuerdo laboral con los sindicatos dentro de los parámetros conocidos de excedentes (unos 650), prejubilaciones (se apuró la negociación hasta el 85% de remuneración) y bajas incentivadas; sin embargo, la rebaja salarial se convirtió en el vaso comunicante que dinamitó la mesa laboral, donde CC.OO. ””mayoritaria en Unicaja”” y Aspromonte ””en Cajasur”” no se ponían de acuerdo y salían y entraban de la reunión con Medel de forma alterna hasta que mediada la tarde se rompió del todo el diálogo.
La Junta empujó hasta el final
En ese momento, y con la Junta de Andalucía siguiendo al detalle los acontecimientos y empujando para salvar la operación, Unicaja decidió tirar por la calle de enmedio aprobando en su consejo el proyecto de fusión con un principio de acuerdo verbal externo a la mesa laboral con cuatro de los cinco sindicatos. Faltaba Aspromonte.
La pelota pasaba al tejado de Cajasur. El consejo aguardaba las noticias desde Málaga en medio de una tensión brutal. En la sesión fue cuando la baraja se cortó por el centro. Los seis canónigos, cuatro de cinco impositores y el representante de Aspromonte apoyaban el «no» ””los ocho políticos y el otro impositor dijeron «sí»”” a la operación con Unicaja y optar por el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) como única salida a su crítica situación financiera.
La noticia es un mazazo para todas las partes. El Gobierno se topa con la segunda entidad intervenida en una autonomía socialista. La gran caja andaluza se va al garete. Medel aglutina su segundo fracaso en una fusión financiera, con el agravante del futuro laboral de los 3.110 empleados.
Además, el BOE ha publicado este sábado una resolución del Banco de España en el que se anuncia que las medidas de intervención sobre la caja cordobesa se mantendrán hasta que se concrete el plan de reestructuración de la misma, y aclara que contra esta resolución se puede interponer recurso de alzada ante la ministra de Economía y Hacienda.

Almudena Vigil – 21/05/2010 – El Economista

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, pidió ayer la fusión de las profesiones de abogado y procurador, en declaraciones a la prensa tras la inauguración del Primer Encuentro de Abogacías Iberoamericanas y Europeas organizado desde ayer y hasta el sábado en el Colegio de Abogados de Málaga.
«No entendemos cómo es posible que no se pueda constituir una sociedad de abogados en la que también haya un procurador. Parece extraño y nos crea muchos problemas. ¿Cómo se puede concebir que Garrigues, por ejemplo, no pueda tener un socio procurador?», protestó. De hecho, el presidente de los abogados españoles calificó este tema como «una patata caliente» a la que hay que buscar una solución.
Este tema se abordó en relación con la esperada la Ley de Servicios Profesionales, cuyo borrador había prometido el presidente del Gobierno para el primer trimestre de este año, pero aún no se sabe nada.
Lista de peticiones
El presidente de los abogados detalló lo que espera de esta ley, que debería ser aprobada antes del 27 de diciembre, según el plazo establecido por la Ley Omnibus. Así, entre su lista de deseos figura, fundamentalmente, que se aclare el tema de la colegiación obligatoria para todas las profesiones, de la que hizo una defensa contundente, al menos en lo que respecta a los colegios profesionales que existían en el momento en que se redactó la Constitución.
Lo que se tiene que hacer, según Carnicer, es dictar normas que, de alguna manera, protejan la existencia de esos colegios, garanticen su funcionamiento democrático, potencien su actividad, sobre todo en materia formativa para garantizar una buena prestación de servicios a los ciudadanos, y otorguen capacidad disciplinaria para que se pueda suspender o incluso expulsar a quien no cumpla con las normas deontológicas. «Esto es lo que esperamos de la ley si de verdad se pretende que sean buenos servicios profesionales. Así es como se defiende a los consumidores y usuarios», sentenció.
Otras peticiones a los legisladores con respecto a la citada norma pendiente de redacción siquiera de su borrador fueron que se aclare también el tema de la reserva de actividad, «que es una cuestión importante», y que se clarifique de alguna manera, en cuanto a la abogacía, cuál es la tipología de abogado que necesita en este momento la sociedad.
Incompatibilidades
Especialmente tajante se mostró ayer Carnicer con respecto a las incompatibilidades entre abogados y auditores, llegando a afirmar que estos últimos estaban presionando al poder legislativo.
«Lo que nos parece una barbaridad es que se permita a las compañías de auditoría concertar contratos de asesoría jurídica con empresas que pueden llegar a ser clientes. Yo no quiero acusar a nadie de nada, pero verde y con asas», dijo el presidente del CGAE. Recordó que mientras que el auditor tiene la obligación de evidenciar todas las irregularidades que detecte en las cuentas de una sociedad, la misión de los abogados es justamente la contraria porque tienen el deber de secreto profesional.

26-04-2010 , Mercedes Serraller. Madrid – Expansión
Una sentencia anula una sanción de 300.000 euros de la Agencia Española de Protección de Datos a Metrovacesa por ceder el teléfono móvil de un cliente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El Tribunal entiende que no es una infracción continuada.
Una promotora inmobiliaria que cede el teléfono móvil de un cliente a una caja de ahorros no comete una infracción de protección de datos continuada y, por lo tanto, no puede ser sancionada. Así lo entiende el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que anula una sanción de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Metrovacesa de 300.000 euros, que confirmó posteriormente la Audiencia Nacional. Todo ello, en un momento de crisis en que las promotoras afinan sus estrategias comerciales.

La sentencia, de la que es ponente Luis María Díez-Picazo, es pionera ya que establece la doctrina de la infracción continuada en el campo de la protección de datos. Este concepto es habitual en el ámbito penal, por ejemplo. Además, es una de las muy escasas ocasiones en que el Alto Tribunal admite un recurso contra una sentencia de la Audiencia Nacional que ratifica una sanción de la AEPD. Y, además, la anula.

Los hechos atañen a un ciudadano que recibió llamadas a su teléfono móvil de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) sin que él les hubiera facilitado su número. Le ofrecían servicios relacionados con la compra de un inmueble construido por Metrovacesa. El denunciante había suscrito con esta promotora dos contratos. En ambos la CAM figuraba como avalista de Metrovacesa.
Asimismo, estaba acreditado que ni la CAM ni Metrovacesa tenían en sus ficheros automatizados el dato del móvil del denunciante. Pero en la documentación de Metrovacesa estaba el citado teléfono, en concreto, manuscrito en la cabecera de uno de los contratos.

Además, el número constaba en la relación de compradores de uno de los inmuebles que entregó la CAM asociados a los datos del ciudadano. La caja reconoce que llamó al teléfono móvil del denunciante y le ofreció productos hipotecarios, y le visitó.

Basándose en estos hechos, la AEPD sancionó a la CAM por una infracción del artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), que consiste en tratamiento de datos sin consentimiento del afectado, y a Metrovacesa por una infracción del artículo 11 de la LOPD, que se refiere a la cesión de datos personales a un tercero.

El Supremo, en cualquier caso, recuerda que está acreditado que el número del móvil fue apuntado a mano en el contrato y que la CAM tuvo acceso a este dato en su condición de avalista y que el citado teléfono no figuraba en los ficheros automatizados de Metrovacesa ni de la CAM, por lo que el conocimiento del número por parte de la Caja provino del apunte manuscrito por Metrovacesa.
Por su parte, la sentencia de la Audiencia Nacional entendió que sí existía infracción continuada “mientras se mantengan los efectos lesivos de la infracción”.

El Alto Tribunal también destaca que la cesión de datos personales a un tercero, que sanciona el artículo 11 de la LOPD, es la posibilidad que Metrovacesa dio a la CAM de ver el apunte a mano del número de teléfono móvil del recurrente. Esto pudo ocurrir en el momento de celebración de los contratos.
Según el Supremo, este hecho no puede ser caracterizado como una infracción continuada del artículo 11 de la LOPD, “fundamentalmente porque no hay pluralidad de acciones”. Y, destaca el Alto Tribunal, “sin pluralidad de acciones no cabe hablar de infracción continuada, como destacan, entre otras, las sentencias de esta Sala atinadamente citadas por la recurrente”.
En esta línea, la sentencia recuerda el artículo 74 del Código Penal, que regula el delito continuado, “cuya precisa definición es trasladable al ámbito del derecho administrativo sancionador”.

El citado artículo establece que “el que en la ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión, realice una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos e infrinjan el mismo precepto penal o preceptos de igual o semejante naturaleza, será castigado, como autor de un delito o falta continuados, con la pena señalada por la infracción más grave, que se impondrá en su mitad superior”.

Por último, el Supremo recalca que “la infracción continuada exige una pluralidad de acciones ilícitas de naturaleza semejante” y concluye que “nada de esto se da en el presente caso, sino simplemente la puesta en conocimiento de un tercero del dato personal. Ello ocurrió en un momento determinado del tiempo. Que esa acción pudiera tener consecuencias lesivas en un momento posterior no la convierte en una infracción continuada”.

Entrevista Alfonso Candau. Decano del Colegio de Registradores de España
«Es falso que tardemos un mes en inscribir las sociedades»
El decano anuncia un acuerdo con el catastro para impulsar la coordinación con los registros y responde con datos estadísticos a la acusación de retrasos por parte de los notarios.
Natalia Sanmartin Fenollera – Madrid – 21/05/2010 – Cinco Días
Alfonso Candau hace una pausa en una reunión con su junta de gobierno para hablar de las aportaciones de los registradores al proyecto de Ley de Economía Sostenible, de las ofertas para ampliar sus funciones a otros ámbitos -como la gestión del Registro Civil- y de las acusaciones del notariado sobre una posible responsabilidad registral en los retrasos en la constitución de sociedades en España. Casado con una notaria, el decano de los registradores asegura no entender la críticas del notariado. «Yo siempre digo que el presidente del notariado, Antonio Ojeda, y yo sólo tenemos algo en común: tanto él como yo hablamos continuamente del registro».
¿Puede adelantar algo de lo que ha tratado hoy en la junta?
Estamos tratando el tema de la coordinación con el catastro. Tanto los registradores como el catastro hemos llevado a cabo conversaciones para presentar de común acuerdo una enmienda al proyecto de Ley de Economía Sostenible dirigida a fijar el procedimiento para coordinar ambas instituciones. Hay la mejor de las disposiciones y yo tengo la confianza de que salga adelante y se apruebe.
¿Cómo se articularía esa coordinación?
Sería un procedimiento que permitiría que aquel ciudadano cuyas parcelas catastrales no coincidan con la información del registro pueda solicitar que se coordinen ambos datos. Antes esto se hacía con ocasión de algún negocio, pero nuestra intención es que se pueda llevar a cabo como operación específica. Por supuesto se articularía con todas las garantías, con citación de los interesados que puedan tener objeciones para no perjudicar a terceros.
¿Cuanto le costaría al particular?
El procedimiento en sí no tendría ningún coste. Naturalmente si se acaba llegando a una inscripción registral habría el coste normal de ésta. Pero todo el proceso se llevaría a cabo por el catastro y el registro, ambas instituciones intervendrían.
En el último editorial de su revista los notarios aseguran que la dilación en la constitución de sociedades en España se produce en el Registro Mercantil, que tarda de media 33 días. ¿Qué tiene que decir a esto?
Yo no comparto en absoluto las apreciaciones del notariado y de su presidente, Antonio Ojeda. Ahora bien, lo que quiero transmitir no son juicios de valor, sino datos, porque sin datos es imposible entablar un debate sereno. Los datos del Centro de Procesos Estadísticos, que son los que se envían al Ministerio de Economía y al INE, muestran que desde que se obtiene la certificación negativa de una sociedad hasta que el notario otorga la escritura pasan 31,91 días si hablamos de presentación telemática y 33,79 si es en ventanilla. Dicho esto, desde que se presenta esa escritura en el registro hasta que el registrador realiza la inscripción el plazo es de 5,94 días telemáticamente y 7,45 en ventanilla. Ésos son los datos reales. Podrá parecer mucho o poco, pero los datos son lo que son.
En la última conferencia que usted pronunció en el Club Siglo XXI afirmó que los registradores podrían ayudar a los empresarios a detectar situaciones preconcursales. ¿Cómo lo harían?
Las cuentas de las empresas se depositan en el registro informatizadas y esto posibilita su tratamiento informático. Estadísticamente, se sabe que determinados síntomas llevan a determinados efectos, por eso estamos en condiciones de detectar las denominadas situaciones preconcursales y advertir de ellas a los pequeños empresarios para que adopten las medidas pertinentes. Nosotros proporcionaríamos simplemente información estadística y, por supuesto, sólo se le daría a la empresa. Pero para eso hace falta una legislación que regule esta posibilidad.
Ustedes se han ofrecido para llevar a cabo la gestión del Registro Civil. ¿Sigue en pie esa oferta?
Sigue en pie, aunque lo cierto es que sabemos que se están valorando otras opciones, además de la nuestra.

La entidad cordobesa, al borde de la bancarrota, rechazó fusionarse con Unicaja
Lourdes Lucio / Iñigo de Barrón – Sevilla / Madrid – 22/05/2010
El consejo de administración de Cajasur ha optado por el suicidio. Por una mayoría de 11 votos a favor, ocho en contra y una abstención, el consejo de la caja fundada por la Iglesia católica ha rechazado la fusión con Unicaja y opta por ser intervenida por el Banco de España.

«Esto es otra cosa», «no hay lógica empresarial», «prefieren que les intervengan a la fusión». Desde que comenzaron las negociaciones entre la arruinada Cajasur -596 millones de euros de pérdidas en 2009, 114 millones acumulados ya en el primer trimestre de este año-, todos los interlocutores de la entidad cordobesa advertían de la irracionalidad con la que los representantes de la Iglesia católica seguían en la negociación. Anoche, esa «locura» -como la denominó un miembro del consejo- cruzó un punto de no retorno. El presidente de Cajasur, el sacerdote Santiago Gómez Sierra, defendió en el consejo la intervención del Banco de España en vez de la fusión con Unicaja. Su principal argumento que no se fiaba del presidente de Unicaja, Braulio Medel, con quien ha mantenido constantes enfrentamientos en los meses que ha durado la negociación entre las dos cajas andaluzas. También justificó la decisión en que no se había llegado a un acuerdo laboral con los sindicatos y, por tanto, no se habían cumplido los compromisos pactados.
Los 11 votos que optaron por la intervención fueron los de los seis sacerdotes que están en el consejo, los de cuatro impositores y el del representante Aspromonte, el sindicato de la caja y afín a la Iglesia. Los contrarios a la intervención intentaron disuadir a los partidarios de una decisión que puede suponer la liquidación de la caja cordobesa, que se encuentra al borde de la bancarrota, pero sus argumentos fueron desoídos.
Córdoba, Málaga, Sevilla y Madrid. Desde esas cuatro ciudades se vivió ayer de manera agónica el penúltimo capítulo del proyecto de fusión entre la cordobesa Cajasur y la malagueña Unicaja. Con la espada de la intervención del Banco de España sobre la cabeza de la entidad controlada por la Iglesia católica y también sobre la de sus gestores. Así trabajaron los dos consejos de administración a lo largo del día.
Previamente, el consejo de administración de Unicaja, la mayor entidad de Andalucía, había aprobado la fusión con Cajasur. El Banco de España amenazó con intervenir inmediatamente Cajasur hace unas semanas. Y por carta. El mar de fondo del rechazo está relacionado con las estructuras salariales de ambas cajas: los empleados y sobre todo los directivos de la entidad cordobesa tienen salarios más elevados que los de Unicaja, que ha reclamado su reducción. De lo contrario, la fusión podía disparar los costes laborales de Unicaja.
Fuentes de Unicaja insistieron ayer en la necesidad de alcanzar el ahorro de 57 millones en costes laborales ya que la plantilla y, sobre todo, los directivos de CajaSur cobran más que los de Unicaja.
Desde primera hora de la mañana, Medel se empleó a fondo para intentar conseguir un acuerdo con los sindicatos. Desde la entidad malagueña siempre se ha defendido la necesidad de cumplir a rajatabla el plan estratégico que implica un ahorro de costes laborales al año de 57 millones de euros. «Peor que la no fusión es una mala fusión», insistían desde la entidad malagueña.
BBK y CAM negocian
La Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) y la Caja del Mediterráneo (CAM) negocian un acuerdo para crear un Sistema Institucional de Protección (SIP), conocido como fusión fría. Este modelo permite mantener los actuales consejos de administración y las redes de oficinas con las marcas, mientras se crea un holding que consolida las cuentas de las dos entidades. La caja resultante sería la tercera de España, por delante de Bancaja y tras La Caixa y Caja Madrid. Hasta ahora, los holding creados han sido bancos. El modelo similar más avanzado es el de Caja Navarra, Caja Canarias y Caja Burgos, cuyo banco se llama Banca Cívica.
La operación de CAM-BBK pasa por un consenso político entre el PP de Alicante y el PNV, que domina el consejo de administración de la entidad vizcaína. El Banco de España apoya la operación.

Xavier Gil Pecharromán – 21/05/2010 – El Economista

Las empresas comunitarias ahorrarán 161 millones de euros anuales gracias a la interconexión de los registros comunitarios, según anunció ayer la directora general de los Registros y del Notariado, ́ngeles Alcalá.
El objetivo de esta operación es que el sistema registral del ámbito europeo permita el intercambio de información estandarizada y reconocible (notas simples) entre los 27 estados miembros de la Unión Europea, lo que supondrá un importante descenso de los costes.
Alcalá dijo que la modernización del sistema registral incrementará la transparencia de los mercados financieros y de los operadores económicos, por lo que es un importante elemento para la recuperación de la confianza económica en los mercados europeos.
Intereses de mercado cada vez más internacionalizados
Durante su intervención en el Consejo de la Eurpean Business Register (EBR), Alcalá explicó que el gran escollo que es necesario salvar es el actual ámbito nacional de las regulaciones y apostó porque su desarrollo posterior sea rápido.
«Las demandas actuales de información entre países son ingentes, tanto de acreedores, socios, trabajadores, consumidores, sistema financiero, Administraciones Públicas y tribunales de justicia, puesto que los intereses del mercado cada vez son más internacionalizados», señaló la directora general de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Esta información cada vez se hace más necesaria en operaciones de reestructuración empresarial de carácter multinacional. Además, la creación de la sociedad anónima europea y las exigencias legales impuestas a las filiales de los grupos internacionales, serán el gran estímulo para lograr el impulso definitivo en la interconexión de los Registros comunitarios.
Interconexión de los Registros comunitarios
Hasta el momento, se han realizado diversas experiencias previas de interconexión de los Registros comunitarios, como ha sido el Registro de Empresas, pero han tenido únicamente carácter parcial y voluntario, por lo que estas experiencias no han dado los frutos esperados.
Alcalá afirmó que «no se trata de uniformar la normativa de cada país, sino de mantener las tradiciones jurídicas de cada país. De no ser así, sería imposible poder avanzar en este proyecto».
La EBR, que agrupa a registradores de 24 países, trabaja en la actualidad sobre los procedimientos de interconexión para hacer que el proyecto sea viable con rapidez.

Economía y Hacienda

Plan de medidas extraordinarias para reducir el gasto público en quince mil millones más en dos años
El Real Decreto Ley aprobado hoy permitirá cerrar el año 2011 con un déficit del 6 por 100 del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas frente al 7,5 por 100 previsto anteriormente
Las medidas aprobadas tratan de distribuir el esfuerzo de forma equitativa entre toda la sociedad e implican al conjunto de las Administraciones Públicas
El plan reducirá el gasto público en 5.250 millones de euros adicionales este mismo año y en otros 10.000 millones más en 2011
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley y tres Acuerdos por los que se adoptan medidas urgentes para reducir el déficit público. Se trata de un conjunto de iniciativas en distintos ámbitos de la Administración, diseñado con el objetivo principal de acelerar la senda de consolidación fiscal prevista en el Programa de Estabilidad y Crecimiento y que permitirá cerrar el ejercicio de 2011 con un déficit público del 6 por 100 del PIB, frente al 7,5 por 100 previsto inicialmente.
Este plan extraordinario de ajuste subraya la contribución española a la estabilidad de la moneda única y a la respuesta coordinada que los países miembros de la Unión Monetaria han decidido dar a las turbulencias que han afectado en las últimas semanas a las economías del euro, y que han aconsejado acelerar los planes de consolidación fiscal previstos en buena parte de los países del área.
Del mismo modo, se enmarca también dentro del compromiso firme del Gobierno con la sostenibilidad de las finanzas públicas, que ya se concretó en los Presupuestos del Estado de 2010, con un recorte del gasto corriente equivalente al 0,8 por 100 del PIB, y en el que se profundizó aún más con la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento que se remitió a Bruselas el pasado mes de enero y que dejó sentado el objetivo de reducir el déficit público español al 3 por 100 del PIB en 2013.

Ese mismo documento detallaba los instrumentos con los que se alcanzaría ese objetivo: el Plan de Acción Inmediata 2010, que supuso una reducción de cinco mil millones de euros, a través de acuerdos de no disponibilidad, en los gastos presupuestados por el Estado para el presente ejercicio; los Acuerdos Marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las entidades territoriales en el senda de consolidación fiscal; y el Plan de Austeridad 2011-2013, que plantea un recorte generalizado de las partidas del gasto público para alcanzar un ahorro equivalente al 2,6 por 100 del PIB. También definía una senda de reducción del déficit para cada una de las Administraciones Públicas, según la cual el déficit del conjunto del sector público seguiría el siguiente camino: 11,2 por 100 en 2009; 9,8 por 100 en 2010; 7,5 por 100 en 2011; 5,3 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013.
Las medidas aprobadas hoy modifican esta senda, concentrando casi dos terceras partes del ajuste entre 2010 y 2011 y dejando para los dos últimos años del programa apenas un tercio de la consolidación total, de modo que ahora quedaría establecida en 9,3 por 100 en 2010; 6 por 100 en 2011; 4,4 por 100 en 2012; y 3 por 100 en 2013. Para conseguirlo, el Gobierno ha aprobado en este Real Decreto Ley y en uno de los acuerdos una serie de medidas de ajuste en diferentes ámbitos. Y, por otra parte, plantea a comunidades autónomas y corporaciones locales nuevos acuerdos marco, para que las entidades territoriales también cooperen en este nuevo objetivo, más ambicioso, de consolidación fiscal.
Medidas incluidas en el Real Decreto Ley
El contenido del Real Decreto Ley concreta las medidas de ajuste que se adoptarán en las próximas semanas para conseguir esa reducción adicional de 1,6 puntos del PIB del déficit público en 2011. El ahorro previsto en el gasto público es de 5.250 millones adicionales en 2010 y otros 10.000 millones en 2011.
Reducción de un 5 por 100 de los salarios públicos
El Real Decreto Ley establece una reducción media del 5 por 100 en términos anuales de los salarios de los empleados públicos, que se aplicará con criterios de progresividad para minimizar sus efectos sobre los salarios más bajos. La escala oscilará entre el 0,56 por 100 y el 7 por 100 en función del nivel de ingresos del grupo profesional, afectará al personal de todas las Administraciones Públicas y se aplicará tanto sobre las retribuciones básicas, como sobre las complementarias. Los altos cargos verán reducidos sus salarios entre un 8 por 100 y un 15 por 100.Esta reducción se hará efectiva en las nóminas a partir del mes de junio, y los salarios quedarán congelados para el año 2011.
El ahorro que supone esta medida para la Administración General del Estado se cuantifica en 535 millones de euros en 2010 y en 1.035 millones en 2011. Para las Administraciones Territoriales supondrá un ahorro de 1.765 millones este año y 3.465 millones, el próximo.

Suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011
En segundo lugar, queda suspendida excepcionalmente la revalorización de las pensiones durante el año 2011, con la excepción de las prestaciones más bajas del sistema, es decir, las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras. En 2010, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, procediéndose a su revalorización en los términos que establece la ley en el caso de que el ͍ndice de Precios al Consumo de noviembre supere la subida prevista del 1 por 100. Esta medida aportará 1.400 millones de euros al ajuste en el régimen de Seguridad Social y otros 130 millones en el de Clases Pasivas del Estado.
Suspensión del régimen transitorio de la jubilación parcial
El texto aprobado hoy adelanta, asimismo, con efectos a partir del próximo 1 de junio de 2010, la eliminación del régimen transitorio de jubilación parcial previsto en la Ley de Medidas en Materia de Seguridad Social, cuya suspensión estaba prevista para el 1 de enero de 2013 y que preveía unos requisitos menores en el acceso a la jubilación parcial hasta esa fecha. Así, para acceder a la jubilación parcial habrá que tener un mínimo de 61 años, haber cotizado un mínimo de treinta años y haber trabajado un mínimo de seis años en la última empresa. La reducción en el número de pensiones que se derivará de esta medida generará un ahorro total de 400 millones de euros en el conjunto de los dos años, de los cuales 250 millones ya se restarán este mismo año, sumándose a esta cifra 150 millones adicionales en 2011.
Eliminación de la retroactividad en prestaciones por dependencia
A partir del próximo 1 de junio, se fijará un tiempo máximo de seis meses para la resolución de las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación a recibir. Esta medida permitirá eliminar retrasos en la recepción de los servicios y prestaciones por parte de los beneficiarios y aportará una mayor eficacia en el gasto público, ya que eliminará la cuenta por pagos derivados de la aplicación del principio de retroactividad cuando este reconocimiento se retrasaba. El Real Decreto Ley establece, asimismo, la posibilidad de aplazar hasta un máximo de cinco años el pago de los derechos de retroactividad generados hasta ahora. La aplicación de esta medida originará un ahorro de trescientos millones de euros en 2011, de los que doscientos millones corresponderán al Estado y cien millones a las Administraciones Territoriales.
Eliminación del “cheque-bebé ”
El Real Decreto Ley también dejará sin efecto, a partir del 1 de enero de 2011, la deducción de 2.500 euros por nacimiento y adopción en el IRPF, también conocida como “cheque-beb锝, así como la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento y adopción que se estableció simultáneamente. El ahorro estimado por la supresión de este régimen será de 1.250 millones de euros.
Recorte del gasto farmacéutico
Esta medida tiene el objetivo de avanzar en la optimización del gasto sanitario, que ya recibió un notable impulso como consecuencia del Real Decreto Ley de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud. El texto aprobado hoy establece un descuento obligatorio del 7,5 por 100 al Sistema Nacional de Salud en las ventas de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, una rebaja en los precios de los productos sanitarios del 7,5 por 100 general y del 20 por 100 en los absorbentes, y la adecuación del número de unidades de los envases de medicamentos a la duración estandarizada de los tratamientos, así como la dispensación de medicamentos en unidosis. El Gobierno estima el ahorro total de estas medidas en 1.300 millones de euros. En torno a 275 millones ya se podrán detraer del gasto público este mismo año.
Acuerdo de no disponibilidad y plan de revisión
El Consejo de Ministros también ha aprobado en el día de hoy un acuerdo que concreta, por una parte, la no disponibilidad de créditos por valor de 2.425 millones de euros dentro de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 para dar cumplimiento al ajuste adicional aprobado hoy y, por otra, el Plan de Revisión del Gasto del Estado para el periodo 2011-2013, que prevé un recorte de 2,4 puntos del PIB del gasto público.
El acuerdo por el que se declara la no disponibilidad de créditos por 2.425 millones en los Presupuestos de 2010 instrumenta el recorte adicional de gasto público aprobado en el día de hoy, que se corresponde a una reducción de 2.125 millones de euros en inversiones y de 300 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo.
El Plan de Revisión del Gasto 2011-2013 concreta la estrategia que seguirá la Administración del Estado para, junto a las medidas adoptadas para 2010 tanto en los Presupuestos como en el Plan de Acción Inmediata y en el Real Decreto Ley aprobado hoy, reducir el déficit del Estado desde el 6 por 100 del PIB previsto para este año hasta el 2,1 por 100 fijado como objetivo para 2013 dentro de la Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento.
Por el lado del gasto son tres los factores esenciales que contribuirán a este ajuste: la retirada de las medidas transitorias, el menor gasto por prestaciones por desempleo, como consecuencia de un escenario de progresiva recuperación económica, y, por último, las medidas de ajuste que el Gobierno va a aplicar en los próximos tres ejercicios. Son las siguientes:
Congelación de las retribuciones del personal al servicio del sector público estatal durante 2011, tras la rebaja del 5 por 100 prevista para 2010.
Aplicación de la tasa de reposición del 10 por 100 en las ofertas de empleo público durante 2011, 2012 y 2013
Reducción en un 15 por 100, en términos nominales, en los gastos en bienes corrientes y servicios
Aplicación de acuerdos de no disponibilidad a la inversiones de infraestructuras en 2010 y 2011, y ajuste a las necesidades de consolidación en los dos ejercicios siguientes. Reducción en un 25 por 100 del resto de inversiones en el periodo 2011-2013.
Reducción en quinientos millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2011, adicionales a los trescientos millones recortados en 2010.
Reducción de otros gastos de la Administración General del Estado en el volumen necesario para hacerlos compatibles con los objetivos de estabilidad acordados
Además, el Plan de Revisión del Gasto Público establece una serie de directrices generales a las que se deberán someter todos los departamentos a la hora de definir sus programas de gasto y que obligarán, por ejemplo, a destinar a la reducción del déficit cualquier incremento adicional de los ingresos, a que cualquier nueva actuación de gasto se supedite a los objetivos de consolidación fiscal o a adoptar nuevas medidas de control del gasto público en el caso de que se produzcan desviaciones al alza respecto del objetivo previsto.
Modificación de los acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Entidades Locales
La Actualización del Programa de Estabilidad y Crecimiento remitido a Bruselas el pasado mes de enero ya establecía que, para dar mayor eficacia y alcance al Plan de Austeridad previsto en el marco de la Administración General del Estado, se suscribieran sendos acuerdos marco con Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales para implicar a las administraciones territoriales, que gestionan más de dos terceras partes del gasto público, en el objetivo de consolidación fiscal para 2013.
Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales suscribieron hace unas semanas, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera y de la Comisión Nacional de Administración Local respectivamente, dichos acuerdos marco, formalizando así su compromiso con la senda de reducción del déficit establecida en el Programa de Estabilidad y Crecimiento.
En línea con el ajuste de gasto para la Administración General del Estado contenido en el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias para acelerar la reducción del déficit público, el Consejo de Ministros ha aprobado, paralelamente, nuevas propuestas para modificar estos acuerdos marco aprobados, con el objetivo de obtener un ahorro adicional de 1.200 millones de euros en los gastos de las administraciones territoriales en 2011, de los cuales mil millones se asignarían a las Comunidades Autónomas y doscientos millones a las entidades locales.
Esta nueva propuesta reforzará la condicionalidad para autorizar las operaciones de endeudamiento de las Comunidades Autónomas que supongan un incremento de la deuda pública. En el ámbito de las Entidades Locales, se mejorará el control económico financiero y se aplazarán las operaciones de endeudamiento a largo plazo hasta 2012.

19-05-2010 , Expansion.com/Agencias
Los jueces decanos consideran «necesario» su participación en los protocolos de desarrollo de la nueva oficina judicial y aprecian fallos en su aplicación práctica, según las conclusiones del encuentro de decanos que se ha celebrado en Burgos durante tres días.
En la presentación de las conclusiones, que se trasladarán a la reunión nacional prevista para noviembre, los decanos han insistido en que no están en contra de la oficina judicial. Sin embargo, el decano de Valencia, Pedro Luis Viguer, ha apuntado que se está aplicando con una «tremenda indefinición, muchísima improvisación y escasísima dotación presupuestaria».
La decana de Burgos, Blanca Subiñas, ha explicado que ésa es una de las provincias españolas donde primero se implantará la oficina judicial y ha advertido de «fallos técnicos en la aplicación informática», que pueden ser «asumibles como algo provisional», pero ha asegurado que «son preocupantes y si no se solucionan en un plazo prudencial llegarán a plantear un problema de difícil solución». Además, ha destacado el riesgo de que se implante este sistema a diferente velocidad porque «no hay un calendario definido» y puede haber diferencias entre comunidades en función de que tengan o no transferidas las competencias en medios humanos y materiales de la Administración de Justicia.
Subiñas también ha apuntado que los puestos de trabajo en la nueva oficina judicial todavía no están delimitados y tampoco hay manuales que aclaren las labores que tendrá que realizar cada puesto.
El decano de Zaragoza, ́ngel Dolado, ha advertido del riesgo de futuras regulaciones que no sean efectivas si no se dotan los medios suficientes. También ha recordado que la mediación puede ser una de las vías para reducir una «litigiosidad» creciente en España. De hecho, en los últimos diez años el volumen de asuntos que ha llegado a los juzgados ha crecido un 60%, al pasar de los 6 millones registrados en 1999 a unos 10 millones el año pasado.