AIRE

La ministra de Vivienda destaca que la norma “se enmarca en una serie de políticas que desarrolla el Ministerio de Vivienda y que pretenden promover una transformación real de nuestro modelo de crecimiento urbano”
29 de septiembre de 2010. La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha señalado hoy que “el Anteproyecto de Reglamento de la Ley del Suelo contribuye directamente a mejorar el funcionamiento del mercado del suelo para hacerlo más transparente y eficiente combatiendo, además, en la medida de lo posible, eventuales prácticas especulativas y fortaleciendo la lucha contra la corrupción”.
La ministra, que ha hecho estas declaraciones en respuesta a una pregunta parlamentaria, ha destacado que estas finalidades, es decir mayor transparencia en el mercado y lucha contra las prácticas especulativas, se van a alcanzar “mediante el desarrollo del nuevo régimen de valoraciones que dejó establecido la Ley, y que el Reglamento concreta y detalla en sus aspectos técnicos”. “También mejora -ha explicado Corredor- el funcionamiento del mercado de suelo gracias a la inclusión de medidas que refuerzan la constancia y el reflejo en el Registro de la Propiedad de la actividad urbanística”.
En su respuesta, Beatriz Corredor ha detallado las principales aportaciones del Anteproyecto de Reglamento. En primer lugar, ha destacado que la norma aportará al mercado del suelo mayor transparencia, ya que “proporciona un elenco claro y detallado de las técnicas y métodos de valoración que serán de aplicación a este marcado”.
Asimismo, el Reglamento aporta mayor rigor, puesto que “se diversifican los métodos empleados en la valoración del suelo, de modo que se obtiene el valor más justo para cada inmueble”.
En última instancia, la ministra ha señalado que el texto aporta más seguridad jurídica, que se alcanza, no sólo por facilitar mayor transparencia, sino porque, además, permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos. Sobre este punto, la ministra ha expuesto que “todos conocemos que el mercado incorpora expectativas y factores especulativos y con este Reglamento vamos a disponer de las reglas que especifican cómo podrán evitarse y qué condiciones deben cumplirse para la aplicación de los distintos métodos”. A su juicio, “todo ello determinará que no puedan producirse valoraciones muy diferentes para inmuebles similares, que es lo que ha venido sucediendo en el pasado”.
La ministra ha recordado que “los aspectos los criterios, reglas y métodos de valoración del suelo han sido un aspecto que nunca se había abordado con el suficiente detalle mediante normativa reglamentaria. El Reglamento, siguiendo los criterios fijados en la Ley de Suelo, los desarrolla técnicamente”.
Beatriz Corredor ha destacado que “el futuro Reglamento de la Ley del Suelo se enmarca en una serie de políticas que desarrolla el Ministerio de Vivienda y que pretenden promover una transformación real de nuestro modelo de crecimiento urbano, tan necesitado de ser afrontado con rigor”. La intención del Ministerio en este aspecto es “superar definitivamente la etapa de desregulación en la que la tensión ejercida por la especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo virtualmente imposible para muchos el acceso a una vivienda”.

8.09.2010 Mercedes Serraller – Expansión
A la espera de que el Ministerio publique en su página web el Proyecto de Reforma de la Ley de Justicia gratuita, la Abogacía y los letrados del turno acercan posturas sobre la libre designación del abogado.
La reforma de la Ley de Justicia Gratuita debe conciliar intereses y sensibilidades muy diversos. El Ministerio de Justicia se enfrenta, por un lado, a las comunidades autónomas, que ven cómo cada año se incrementa el coste de este servicio; y, por otro, a los letrados del turno de oficio, que sienten amenazado un sistema que, a su juicio, funciona, y garantiza el derecho de defensa. En este escenario juega un papel fundamental el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Y es el propio Consejo el que está consiguiendo acercar posturas y ha logrado que los letrados den el visto bueno a la libre elección del abogado.
Tradicionalmente, los abogados del turno de oficio han criticado con vehemencia la libre designación del letrado. Consideraban que contribuía a privatizar este servicio y lo desnaturalizaba. Sin embargo, la necesidad de buscar puntos de encuentro y las matizaciones que hace el CGAE han ablandado a los letrados del turno. Además, este modelo ya se ha probado en Galicia y Ponferrada y no ha trascendido que haya causado problemas.
La fórmula que a los abogados del turno no les gusta es que entren en el cupo grupos como Legálitas con su propia lista de letrados. Este extremo supondría la privatización total del servicio. Y, aunque recuerdan que el justiciable ya puede rechazar a un abogado que no le convence, estos letrados consideran que la introducción en la reforma de la libre elección dará más seguridad al ciudadano: “Se avanza en este derecho”, certifican. Además, las matizaciones que hace el CGAE y su intención de que esta fórmula se aplique en casos concretos les tranquiliza, según explican fuentes consultadas.
Otra de las fórmulas que ha barajado el CGAE y que propuso el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid el pasado febrero es la corresponsabilidad del justiciable que no sea indigente. Sin embargo, el CGAE prefiere que esta última posibilidad la analicen al detalle las administraciones.
Luis Nieto, decano del Colegio de Salamanca y presidente de la Comisión del turno de oficio del CGAE, constata que el aumento del coste del servicio, -un 160% según la Comunidad de Madrid- se debe, no tanto a la crisis, sino al incremento de los derechos de los ciudadanos que se ha conseguido con la introducción de los servicios de asesoramiento al menor, de violencia de género o de Extranjería, además de los juicios rápidos y de la acusación particular.
La Justicia gratuita supone a las administraciones cerca de 200 millones de euros anuales. Pero los abogados del turno recuerdan que 35.000 letrados de los 122.000 que hay en España se dedican a diario a este servicio, que se ofrece los 365 días del año, las 24 horas del día, a veces en guardias de hasta tres días.
De esta forma, aunque los abogados del turno acogen ahora sin recelo la libre elección, mantienen sus críticas contra algunas CCAA, sobre todo, Madrid y Valencia, y ante los Decretos que preparan con el fin de restringir el acceso al turno de oficio, en concreto, a los inmigrantes.
Por su parte, Paula Sánchez de León, consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana, considera que “probablemente no sea ni necesario realizar una modificación de la propia Ley de Justicia Gratuita, tal vez con aprobar un nuevo decreto de desarrollo que establezca el marco general común, al menos en cuestiones básicas, como la unificación de módulos que retribuyen las actuaciones profesionales sea suficiente”.
La Asociación Profesional de Abogados de Extranjería en Madrid (Apaem), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (Altodo) rechazan que se emitan Decretos que traten de sortear la ley y piden que la reforma sea “consensuada y transparente”.
Sánchez de León reclama los fondos de depósitos por recurrir previstos en la Ley Orgánica 1/2009, el 40% de los cuales va destinado, según marca la ley, a las autonomías. Los consejeros piden al Ministerio que comunique a las comunidades autónomas las previsiones de las cuantías a transferir, el calendario de pago previsto y el procedimiento para hacerlo efectivo.
Pero hasta que no se conozca el Reglamento de la Ley de Extranjería quedan muchos aspectos de la reforma por concretar. El artículo 22 de la citada norma se relaciona con la Justicia gratuita y puede, en la práctica, limitar el acceso de los inmigrantes al turno.
Interlocución
Los abogados de oficio lamentan la escasa interlocución que tienen con las CCAA y con el Ministerio. Justicia asegura que, en breve, lo enmendará, ya que va a colgar el borrador del proyecto de reforma de la ley en su web para que hagan sugerencias.
A pesar de que algunas voces dudan de que la reforma del turno de oficio culmine en esta legislatura, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado que se está trabajando para tener un anteproyecto de ley “lo antes posible”, “racionalizar” los procesos, “simplificar algunos trámites y ahorrar costes burocráticos en su tramitación”.

El Economista- 29/09/2010

Una huelga general es una ruptura de la vida cotidiana. No es un día feriado ni un día laborable normal, no hay la movilidad habitual ni tampoco el acceso expedito al comercio, y muchas actividades, docentes, lúdicas o de otra índole se evitan o se realizan a medias o con inquietud.
Cuando es verdaderamente general, lleva a la paralización de la actividad productiva, crea dificultades en el tránsito y las personas afectadas y no acordes con la movilización se ven privadas, mientras dura, de parte de sus derechos, lo que pone de relieve el reto que plantean los convocantes: ¿quién manda aquí?
Derecho a la huelga y al trabajo
La autoridad debe garantizar el derecho a la huelga de quien opta por ella, pero también el derecho de quienes prefieren mantener su actividad habitual en plena calma. Si la autoridad acepta las limitaciones que buscan los convocantes, especialmente las que son impuestas sobre el terreno, ha renunciado a la defensa de los demás derechos.
Incluso cuando pacta con los organizadores suele adoptar puntos medios cuando sólo debería tener un pie en cada lado: defender el derecho a la huelga y el de trabajar sin posiciones intermedias ni renuncia a parte de uno por parte de otro. Si se considera que los derechos de algunos son de mayor rango que los de otros, se hace un flaco favor al Estado de Derecho.
Es normal que una proclamación de huelga, aunque cuente con vocación de generalidad, tenga un seguimiento limitado, de ahí el intento de los organizadores de reforzar su incidencia, sea limitando las posibilidades de acceso a los centros de trabajo o instando a que cesen en su actividad los medios de transporte, comercios, centros de estudio, etc. Para esto se recurre al bloqueo previo o al cierre. El que tiene interés puede informarse, si se da el supuesto de que no lo estuviera.
Frustación sindical
Los piquetes informativos añaden su contundencia práctica a las explicaciones de quienes han hecho el llamamiento. Lo que podría tener sentido hace un siglo, esto es la explicación que no se pueden encontrar por otra vía, es irrelevante cuando la televisión, la radio y los periódicos -muchos gratuitos- lo explican debidamente.
La frustración sindical tiene una base real. Se prometieron más derechos sociales, tales como mejora de las pensiones, aumento del sueldo de los funcionarios -incluso en 2009-, ayuda a la emancipación juvenil, redistribución, ayudas cuantiosas a iniciativas en los países pobres?
Se apuntó por una economía inexistente, hecha de innovación y sostenibilidad, que se financiaría con aumentos del Producto Interior Bruto que permitirían superar la renta per cápita de Francia en pocos años. En realidad, cuando se esfumó el espejismo del crédito barato que trajo el euro, se hundió el castillo de naipes dejando a las familias con viviendas depreciadas, pero con hipotecas que mantenían su valor nominal y con un coste de la energía que cuestiona la competitividad, que verá la decadencia de los huertos solares y la minería del carbón. Muchos jóvenes que habían encontrado empleo -temporal, pero real y remunerado- volvieron a su casa a continuar con sus estudios.
Los sindicatos alegan que la culpa no es ni suya ni de los trabajadores. Es verdad, pero no puede derivarse que las empresas tiran piedras a su tejado voluntariamente. Tampoco se justifica la pérdida de un día de producción, que frena el PIB, reduce ingresos de las familias y deteriora la imagen del país.
Afirmar la inocencia propia no capacita para cualquier tipo de iniciativa, aunque se haya pactado tras escenificar las duras negociaciones que garantizan algunas prestaciones de mínimos. Hubieran podido encabezar la consolidación real de empleos en lugar de mantener la dualidad de temporales y fijos.
¿De quién es la culpa?
Si el Gobierno y los sindicatos alegan inocencia, es obvio que la culpa es de otros. El número de empresas que entran en el concurso de acreedores es superior al de crisis pasadas, pero con algunos agravantes asociados a la dificultad de reflotarlas, por dos motivos: la dificultad de obtener financiación o la de encontrar comprador. Los planes de viabilidad deben hacerse con más oficio y cuidado del que se usó en el pasado y, además, con menos medios.
Los empresarios, especialmente los que más habían invertido en los dos años anteriores al reconocimiento de la crisis, se encontraron endeudados, agobiados por intereses, sin pedidos y sin acceso a nuevo crédito. Lo más que consiguieron fue una moratoria en el pago, pero afectando todo su patrimonio a la devolución de los créditos alargados. Así apareció una forma de hipoteca subprime, por la que no se recibe dinero y que no podrá ser satisfecha al momento del vencimiento.
Muchas empresas redujeron sus plantillas manteniendo a las personas de más antigͼedad, que eran las más caras en cuanto a indemnización y, presumiblemente, las de mayor implicación en la empresa, lo que no significa que fueran las más eficientes ni las mejor formadas. Muchas de ellas han debido proceder a nuevas reducciones, con pérdida de personas probadas, dinero y capital, clientes y deterioro de imagen. Otras estaban en mejor situación, o tuvieron mejor vista o más suerte. ¿De qué son culpables las primeras?, ¿qué puede criticarse en las otras?, ¿qué pueden alegar en contra las Administraciones Públicas, cuyos efectivos han crecido y luego han visto recortados sus ingresos, aunque sus empleos perduran?
El que se ve en el centro siempre encuentra algo culpable en los demás. Al día siguiente, habrá más de lo mismo, la misma gloria efímera y la misma caída en el olvido. Lo que no habrá es lo que se dejó de hacer.
Joaquín Trigo Portela, director ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.

Los sectores de la construcción e industria pararon en las primeras horas de huelga, según UGT.- Dos piquetes arrollados en Madrid y Barcelona.- Los sindicatos exigen una rectificación al presidente, como ocurrió en otros paros
EL PA͍S – Madrid – 28/09/2010

La séptima huelga general de la democracia arrancó a las doce de la noche con piquetes bloqueando los mercados centrales de abastos de las principales ciudades, dos huelguistas arrollados en Madrid y Barcelona, y declaraciones de euforia de los sindicatos convocantes. Recién estrenada la protesta, comenzaban a llegar a las centrales sindicales los primeros datos, que hacían aflorar las primeras sonrisas de la noche.
En UGT se anunciaba que el paro era total en las grandes fábricas del metal y obras de infraestructura, mientras que en CC OO recontaban 150 ciudades sin recogida de basura, interrupción de la programación de Telemadrid y CanalSur, la factoría de General Motors no había arrancado, a la de Seat habían asistido sólo 70 de los 1.200 trabajadores y en el turno de noche Opel había parado, en Andalucía no había salido la pesca de bajura y Mercamadrid estaba cerrado.
Se vivieron los primeros momentos de euforia, convertida en satisfacción dos horas más tarde por aquello de la prudencia, ya que el arranque oficial de la jornada se sitúa en las seis de la madrugada. «Va todo muy bien», decía el secretario general de Metal y Construcción de UGT, Manuel Fernández, Lito, en la sede de Madrid. Los sectores de la construcción e industria habían echado el cierre en las primeras horas de huelga, según sus datos.
El secretario de la Federación de Industria de CC OO, Felipe López, se muestra satisfecho de las primeras horas de la huelga. Desgrana satisfecho el seguimiento de los turnos nocturnos de las grandes industrias. Ahora apunta al siguiente turno, el que empieza a las seis.
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid ha asegurado que en las primeras horas se han cumplido los servicios mínimos -fijados en el 20% a esta hora- tanto en el metro (que cerró a la 1.30) como en los autobuses nocturnos (popularmente conocidos como búhos)
La convocatoria general, la «más necesaria» de todas las convocadas hasta ahora en España, según UGT y CC OO; la más «inoportuna y lesiva», según la patronal, pone a prueba la firmeza del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la hora de mantener su nueva política económica para escapar de la crisis.
Los sindicatos mayoritarios, que también ponen a prueba su capacidad de movilización y su sintonía con los trabajadores, advierten de que «la vida no será igual» después del 29-S y exigen la derogación de la reforma laboral para recuperar la paz social.
El Ejecutivo promete a UGT y CC OO negociar los reglamentos laborales que desarrollarán la reforma pero insiste en que no habrá marcha atrás aunque la huelga paralice España.
Tras dos años de la peor crisis económica, el Gobierno socialista ha aprobado una reforma laboral al margen de los sindicatos que recorta derechos de los trabajadores, ha impuesto una agresiva reducción del gasto público que ha perjudicado a funcionarios y pensionistas, y ha impulsado una reforma del sistema de pensiones basada en retrasar la jubilación de los 65 a los 67 años.
Nunca en la historia de la democracia se habían acumulado en tan poco tiempo tantas malas noticias para los intereses de los asalariados. Pero nunca en la historia de la democracia hubo una recesión tan pronunciada, capaz de provocar dos millones de nuevos parados en dos años y elevar la tasa del desempleo por encima del 20%. España tiene, según la última Encuesta de Población Activa, 18,4 millones de ocupados, dos millones menos que hace dos años; y 4,6 millones de parados, 2,3 millones más que en 2008.
Esta «secuencia de hechos», según Cándido Méndez, líder de UGT, convenció a los sindicatos para convocar la primera huelga general de la era Zapatero, el presidente que durante seis años presumió de paz social en España y descartó cualquier reforma laboral que provocara un abaratamiento del despido. Forzado por la presión de los mercados financieros y de los gobiernos europeos, Zapatero acabó imponiendo aquello que con tanto ahínco había rechazado antes.
Las razones de los sindicatos para la séptima huelga general de la democracia son un compendio de las razones que provocaron los seis anteriores paros en España. Hoy se protesta contra el desempleo, como el 5 de abril de 1978. Hoy se protesta contra la reforma del sistema de pensiones que alarga la edad de jubilación e intenta cambiar el periodo de cálculo de las mismas, como el 20 de junio de 1985. Hoy se protesta contra la política económica del Gobierno, como el 14 de diciembre de 1988. Hoy se protesta contra el recorte de las prestaciones por desempleo, como el 28 de mayo de 1992. Hoy se protesta contra la reforma laboral, como el 27 de enero de 1994. Hoy se protesta contra los cambios en la protección del desempleo, como el 20 de junio de 2002.
De todas esas huelgas generales (cuatro con Felipe González, una con Adolfo Suárez y otra con José María Aznar), sólo la de 1988 logró paralizar España, sin transporte público, con las emisiones de televisión interrumpidas y con el cierre generalizado de comercios e industrias.
Y aunque hoy también se espera que varias televisiones públicas hagan paro, será muy complicado que los sindicatos paralicen España porque en la inmensa mayoría de comunidades autónomas ha habido un acuerdo sobre servicios mínimos que garantizan que al menos un tercio del transporte público y otros servicios esenciales ?colegios abiertos, hospitales con turnos de día festivo? funcionen con relativa normalidad. Será, en las horas punta del día, como una jornada de domingo con menos transporte público del habitual.
Sólo la Comunidad de Madrid, una de las principales referencias para calibrar el éxito de la huelga general, corre peligro de quedarse sin servicios básicos como el Metro o los autobuses urbanos, dado que el Gobierno de Esperanza Aguirre (PP) y los sindicatos no llegaron a ningún acuerdo. «Los servicios mínimos que no acordamos, que no pactamos, no los vamos a cumplir. No nos responsabilizamos de las consecuencias», avisaron ayer los líderes de UGT-Madrid y CC OO-Madrid, José Ricardo Martínez y Javier López.
Aguirre, al tanto de la amenaza, puso deberes al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba: «Debe garantizar el derecho al trabajo de los madrileños que no hagan huelga». Y el ministro, con tono pausado, declaró: «Intentaremos hacer compatible el derecho de huelga con el derecho al trabajo».
La patronal lleva días denunciando el ejercicio de piquetes violentos como una forma de coacción intolerable a los trabajadores con la que los sindicatos pretenden garantizar el éxito de la convocatoria. Los sindicatos acusaron ayer a la patronal de ejercer de «piquete del miedo» amenazando a los trabajadores con despedirlos si secundan el paro.
Nunca hubo una huelga general tan publicitada ?los cuadros sindicales han organizado en el último mes hasta 6.000 asambleas informativas en centros de trabajo de toda España y difundido decenas de vídeos explicativos sobre las consecuencias de la reforma laboral a través de la web?. Nunca hubo una huelga general tan atacada desde la derecha política y mediática. Ni siquiera en el paro de 2002 contra un Real Decreto aprobado por el Gobierno de José María Aznar, los sindicatos recibieron tantas descalificaciones desde distintos ámbitos próximos al PP y por parte de dirigentes de este partido. Hoy, los sindicatos contestan con 100 manifestaciones en toda España como colofón de la jornada.
Con información de Manuel V. Gómez, Lluís Pellicer y Pablo de Llano.

25.09.2010 Jaime E. Navarro – Expansión
La banca privada ha optado en los últimos meses por apostar por un producto para sus clientes con liquidez, con el que obtienen más rentabilidad y más a largo plazo que con los depósitos: las oficinas bancarias. No se trata de la simple compra del local de oficinas, sino de la venta con posterior arrendamiento de una o un paquete de las sucursales de la entidad (sale & leaseback).
La rentabilidad media de este tipo de productos, en ubicaciones de calidad, es del 6% anual, según CB Richard Ellis. El precio medio de este tipo de inmuebles oscila entre los 600.000 euros y el millón de euros, según estimaciones de mercado.
La operativa no es sencilla. La entidad pone en valor locales que tiene en su cartera de inmuebles y logra liquidez al venderlos gracias a que afloran las plusvalías latentes de estas sucursales, muchas de ellas adquiridas mucho antes del boom inmobiliario en España. A cambio, el banco o caja se mantiene como arrendatario del inmueble durante un periodo medio de 10 ó 20 años, con una renta de alquiler de la que se deriva la rentabilidad de la operación.
«Este tipo de operaciones podrían compararse con comprar la rentabilidad de un bono pero con el nominal siempre en poder del inversor, ya que con independencia de lo que pase siempre será el propietario del inmueble», señala Carlos Portocarrero, socio de Clifford Chance y asesor en las grandes ventas a través de sale & leaseback de redes de BBVA y Santander.
Las grandes entidades bancarias españolas ya han realizado este tipo de operaciones con grandes fondos de inversión, que han logrado mejores rentabilidades que las que pueden lograr los clientes de banca privada.
Esto es así porque este tipo de compradores tienen mayor poder de negociación para arrancar mejores precios. «Suelen ser operaciones complejas que tienen un período de maduración alto, por lo que la rentabilidad exigida es ligeramente superior a la que se podría obtener si se venden de forma individualizada», señala Luis Nuño, director nacional de inversión de BNP Paribas Real Estate.
Portocarrero da varios consejos a aquellos inversores que quieran adquirir mediante este tipo de operativa una o un pequeño grupo de oficinas bancarias. «En las grandes operaciones, la rentabilidad de unos inmuebles se promedia con la de otros. Cuando se compra uno a uno, es importante que discriminen en función de la calidad de los inmuebles, ya que se pierde este efecto». También indica que el pequeño inversor en estas operaciones debe decidir si desea equilibrar el riesgo geográfico o concentrar los inmuebles en un área de su elección. También apunta que debe considerarse el valor del inmueble en mercado, por si se queda desocupado.
En estos procesos, «se han cerrado operaciones con una rentabilidad de alrededor del 5% o incluso por debajo para las mejores sucursales, en las mejores zonas», apunta Nuño. En oficinas bancarias con peores ubicaciones la rentabilidad puede llegar a alcanzar el 7,5% o el 8%. Hasta el momento, han llevado a cabo este tipo de operaciones a inversores privados Banesto, Caja Madrid, Barclays, Banco Popular y Guipuzcoano

27/09/2010 iustel

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia con el objeto de ajustarse a las líneas de austeridad del gasto público aprobadas en el Consejo de Ministros del 30 de abril de 2010.
Dentro de esa línea de austeridad se suprimen la División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos, la Subdirección General del Registro y Relaciones Institucionales y la Subdirección General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa, pasando las funciones de estas dos últimas a la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones. Además, se modifica el Real Decreto de 10 de octubre de 2003, por el que se aprobó el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos para adecuarlo a la eliminación de la Dirección General del Centro, cuyo responsable tendrá rango de subdirector general.
Por otro lado, la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado pasa a depender del titular del Ministerio de Justicia, la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones se adscribe a la Secretaría de Estado de Justicia y la Dirección General de los Registros y del Notariado se ubica en la Subsecretaría.
Las modificaciones que se recogen en este Real Decreto suponen un ahorro de 167.686,38 euros anuales, cantidad que se añade al recorte que supuso la supresión por el Real Decreto de 30 de abril de 2010, de las Direcciones Generales del Centro de Estudios Jurídicos y de Cooperación Jurídica Internacional, que ascendió a 247.949,28 euros. En total, el ahorro alcanza los 415.635,66 euros.

Consejo de ministros | Política de alquiler
El Ejecutivo estima que ahorrará 200 millones con el fin de las deducciones fiscal por compra de vivienda, a partir de enero de 2011
El Gobierno incentiva a los caseros que alquilen a los menores de 30 años
El Mundo | Madrid 24/09/2010 – Madrid
A partir de 2011 tributarán igual quienes alquilen una casa que quienes pagan una hipoteca. A la eliminación ya conocida de las deducciones por adquisición de vivienda habitual para los contribuyentes con rentas superiores a 24.170 euros, el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 añade que los inquilinos con rentas de hasta 24.170 euros podrán deducirse el 15% de lo abonado por el alquiler ese año.
La medida ha sido anunciada por Elena Salgado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además, el Gobierno quiere premiar a los propietarios que sacan sus viviendas al mercado del alquiler y, a partir de 2011, los caseros que cumplen sus obligaciones con el fisco -un millón no lo hacen- sólo tributarán por el 40% de la renta percibida -rendimientos por arrendamiento-, en lugar del 50% actual. Es decir, si un propietario de un piso que obtenía 10.000 euros al año por arrendarlo tenía que tributar por 5.000 euros (el 50%), a partir de 2011 sólo deberá responder ante el fisco por 4.000 euros, un 10% menos.
El Gobierno reduce un 10% -del 50% al 40%- lo que los propietarios tendrán que tributar por los pisos que alquilen
Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno pretende animar los propietarios a alquilar sus pisos a los menores de 30, por lo que, a partir de 2011 reducirá de 35 a 30 años la edad del arrendatario
Ahorros de 200 millones
Por otro lado el Gobierno prevé ahorrar hasta 200 millones de euros en 2011 con la supresión, a partir del 1 de enero, de la deducción por compra de vivienda habitual para todos los contribuyentes, una de las deducciones más habituales.

Europa Press 27/09/2010 El Economista
El G-14, grupo de las grandes inmobiliarias, considera que los datos sobre constitución de hipotecas del pasado mes de julio constatan que las ventas de pisos se han frenado a partir del pasado mes de junio, una vez finalizado el efecto de la subida del IVA que entró en vigor el 1 de julio. Tercer descenso consecutivo: las hipotecas sobre viviendas bajaron un 6,8% en julio.
«A partir del pasado mes de junio se frenó la mejora de la compraventa de viviendas que se venía registrando en los primeros meses del año, lo que indica que la recuperación no está clara», indicó el secretario general del grupo, Pedro Pérez, en declaraciones a Europa Press.
«El efecto anticipación ante la subida del IVA ha terminado», aseguró Pérez, tras explicar que el número de hipotecas concedidas en julio (un 6,8% menos que un año antes, según el INE) es indicador de las ventas que se cierren ese mes y el siguiente.
Asimismo, el G-14 señala que el repunte del 5,9% del volumen medio por hipoteca que revela la estadística también indica que, tal como viene avisando el sector, «los precios de los pisos se están estabilizando».
El grupo de las grandes inmobiliarias espera una nueva recuperación en la compraventa de viviendas en los próximos meses, esta vez inducida por el efecto de la desaparición de la desgravación por la compra de un piso que entrará en vigor en 2011.
No obstante, el G-14 considera que todo ello no es indicador de una recuperación del sector. «La información acumulada hasta ahora no lleva a concluir que la recuperación se esté registrando sobre bases naturales. No se puede decir que el sector se esté recuperando. Se ve una suave recuperación, pero al hilo de los cambios fiscales», explicó Pedro Pérez.
Por ello, mostró su preocupación ante la evolución a medio y largo plazo del sector y advirtió de que «lo que sí está claro» es que «la eliminación de la desgravación fiscal es una mala noticia porque puede ahogar la incipiente recuperación».
Según sus datos, la supresión de esta rebaja fiscal es equivalente a un encarecimiento medio del 10% en el precio de un piso de un precio de entre 300.000 y 350.000 euros.

A Coruña/la voz de Galicia 27/9/2010
Para otorgar la licencia de primera ocupación de edificaciones se exige un certificado final de obra de un técnico competente en el que debe constar que las obras están completamente terminadas y se ajustan a la licencia otorgada, así como la previa visita de comprobación de los servicios técnicos municipales.
La reciente modificación de la legislación, operada por ley en el 2007, parecía suponer un avance significativo en lo referente a las licencias de primera ocupación, al vincular el cumplimiento de las cargas y obligaciones urbanísticas como requisito para acceder al registro. De este modo, para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, se obligaba a los notarios a exigir la licencia de primera ocupación. Pero aquello generó un conflicto con numerosos registradores de la propiedad, que se vieron obligados a denegar la inscripción de escrituras por el hecho de no contar con las licencias de primera ocupación. Posteriormente, como consecuencia de los recursos presentados por parte de algunos notarios frente a las calificaciones negativas de los registradores, la Dirección General de los Registros y del Notariado fijó su propia doctrina sobre la cuestión. Así, en enero del 2009 determinaron que la licencia de primera ocupación «no es exigible» para autorizar escrituras.

25.09.2010 Rocío Ruiz -Expansión
Edificios centenarios, poco o nada actualizados y con miles de metros cuadrados infrautilizados. Así es gran parte del patrimonio inmobiliario que el Gobierno posee en Madrid, cuya gestión depende de Economía tras la creación este año de la Agencia patrimonial del Estado.

Una situación que se encuentra muy lejos de la estrategia que han puesto en marcha las grandes empresas españolas para rentabilizar con éxito sus inmuebles. Mientras el Gobierno anuncia nuevos impuestos para recuperar las arcas vacías del Estado, acumula un tesoro inmobiliario que ha renunciado a explotar y por el que podría ingresar hasta 8.400 millones de euros.
Tan sólo en Madrid, el Gobierno Central cuenta con 208 edificios, donde distribuye las oficinas dependientes de las carteras ministeriales. La mayoría de estos inmuebles (147) están en régimen de propiedad, y sólo un pequeño porcentaje (el 13,2%) son en alquiler. El Gobierno mantiene en su cartera 2,57 millones de metros cuadrados (equivalentes a 340 campos de fútbol) que, en algunos casos, ni siquiera están siendo utilizados.
Vacío
Éste es el caso de un palacete ubicado en Marqués de Salamanca, antigua sede del Ministerio de Exteriores y que, con un valor actual de 239 millones de euros, se encuentra vacío desde hace casi siete años, a la espera de una reforma que le permita ser habitable.
Según un informe elaborado por la consultora Aguirre Newman sobre el patrimonio inmobiliario del Estado, al que ha tenido acceso Expansión, la gestión de estos inmuebles, aún teniendo en cuenta la situación actual del mercado, liberaría ingresos superiores al último Plan E que puso en marcha el Gobierno de más de ocho mil millones de euros. Esta cantidad supera gran parte de los presupuestos ministeriales. La cartera de Economía, por ejemplo, cuenta con una partida de 2.816 millones de euros para 2010.
La venta de sus edificios en Madrid supondría sólo una pequeña parte del total con que cuenta la Dirección General del Patrimonio del Estado, que tiene censados más de 40.000 inmuebles en toda España. Otros Gobiernos europeos, como el francés y el británico, ya han incluido en sus respectivos planes de contención económica el reajuste de su patrimonio inmobiliario.Según Aguirre Newman, tras la venta, la Administración podría alquilar oficinas más modernas, con unas rentas mensuales de 20 euros por metro cuadrado, una cantidad que podría verse sensiblemente reducida, gracias al cierre de contratos de larga duración y su perfil de inquilino seguro.
La arquitectura de los actuales edificios de la Administración, algunos construidos hace más de cinco siglos, provoca que tengan muchos metros cuadrados sin aprovechar. Según el ratio de eficiencia utilizado por la consultora -que sitúa el espacio medio de metros cuadrados por empleado en 20, frente a más de los 35 actuales-, el Estado podría prescindir del 34% de la superficie de sus edificios. La Administración podría ahorrarse 775.000 metros cuadrados (una superficie equivalente a más de la mitad del parque de El Retiro) si llevase a cabo un proceso de optimización como el que están implantando las grandes empresas. Este espacio sobrante, que incluye edificios vacíos así como salas sin uso, podría generar fuertes ingresos, ya sea a través de su venta o alquiler.
Si el Gobierno optase por vender la superficie desocupada, obtendría unos 2.865 millones de euros. En esta cantidad, se incluirían los gastos de rehabilitación de los edificios singulares, para facilitar su venta, y la renta de ocupar nuevas oficinas. En el caso de alquilar el espacio desaprovechado, el Estado ingresaría 186 millones anuales y recuperaría la inversión en la rehabilitación de los inmuebles en 4,6 años.
Otra de las opciones para optimizar los 147 inmuebles que mantiene en propiedad es incluirlos en una sociedad Socimi (vehículo creado en plena crisis inmobiliaria para sacar a Bolsa carteras de activos en patrimonio). De esta forma, se obtendrían unos ingresos recurrentes y se daría impulso a estas sociedades, que no ha generado el interés esperado por el Gobierno para paliar la crisis inmobiliaria.
Casos de éxito
La venta de activos inmobiliarios no es una fórmula exclusiva de la industria privada. Muchos países europeos han llevado a cabo políticas de optimización de inmuebles.
– Francia: Mantiene, desde 2005, un proceso de desinversión de su patrimonio que ha generado 3.000 millones de euros.
– Reino Unido: Traspasó, a través de una concesión, 1,7 millones de metros cuadrados de activos, propiedad de la seguridad social, por 4.000 millones de libras. El Gobierno británico puede recuperar su propiedad en 30 años.
– Italia: Ha realizado un inventario de los inmuebles que no cumplen su función. Éstos podrán ser trasferidos a las regiones y venderlos para reducir su déficit.

Riesgo de caída de precios y de la debilidad económica

22.09.2010 F. R. Checa Expansión
La Reserva Federal ha mostrado su preocupación por el posible riesgo de deflación al reconocer que la inflación subyacente, aquella que descuenta los precios de la energía y de los alimentos, está en un nivel más bajo que el deseado. La institución monetaria ha vuelto a remarcar que está preparada para añadir más liquidez al sistema para apoyar la recuperación.

Los mercados reaccionan de momento con optimismo ante el mensaje de la Fed. El S&P 500 sube un 0,43%, hasta 1.147 puntos, el Dow Jones avanza un 0,72%, hasta 10.831 puntos; y el Nasdaq Composite sube un 0,38%, hasta 2.365 puntos.
En el comunicado posterior a la reunión celebrada esta tarde, el banco central ha puesto de manifiesto que está preparada para proveer de más instrumentos de expansión monetaria adicionales para apuntalar la recuperación económica en EEUU. El organismo ha advertido de que el ritmo de recuperación se ha reducido en los últimos meses, por lo que cree que el crecimiento será modesto en el corto plazo.
Uno de los aspectos que más preocupación ha despertado entre los oficiales de la Fed en este último encuentro es el estado de la inflación. En el texto, el banco central liderado por Ben Bernanke ha especificado sus temores sobre el bajo nivel en el que se encuentra la inflación subyacente. Para el banco central, se encuentra en «niveles algo inferiores» a los considerados como consistentes respecto a la estabilidad de los precios.
«El comité abierto de la Fed continuará revisando las previsiones económicas y el desarrollo de las condiciones financieras y está preparado para añadir nuevas medidas acomodaticias si la recuperación económica necesita apoyo y para devolver a la inflación a niveles consistentes con el mandato», ha destacado la Fed en el comunicado.
Se mantiene la expresión «por mucho tiempo»
Por otro lado, el otro punto esperado en el texto posterior al encuentro de los oficiales de la Fed es el estado de los tipos. Como estaba previsto, la Fed ha vuelto a mantener el precio del dinero entre el 0% y el 0,25%, su nivel histórico más bajo y en el que llevan instalados desde diciembre de 2008. Y como ha venido haciendo desde entonces, ha acompañado a esta decisión la expresión de «por un periodo prolongado de tiempo», algo que ha vuelto a provocar que no hubiera unanimidad en el seno de la Fed a la hora de la votación.
Una vez más, el presidente de la Fed de Kansas City, Thomas Hoenig, ha votado en contra del comunicado al mostrarse contrario una vez más de incluir en el texto la expresión «por un periodo prolongado de tiempo», para no garantizar a los inversores que el dinero casi gratis vaya a continuar en este estado durante meses. Asimismo, el banquero cree que ya no es necesario que la Fed siga comprando bonos del Tesoro para mantener los tipos de interés.

Estas sociedades tributan al 1% en su impuesto de sociedades
EP 24/09/2010 – ABC
El secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, ha asegurado que la subida del IRPF para rentas superiores a los 120.000 euros «afectará a menos gente todavía de la que se ha hablado», unos 170.000 declarantes. En declaraciones a Onda Cero recogidas por Ep, De la Torre explicó que una persona que gana 120.000 euros anuales, 20.000 de ellos en intereses, no se verá afectada por el incremento del tramo más alto del IRPF (43%), ya que su base general es de 100.000 euros, porque los otros 20.000 euros proceden del ahorro y, por tanto, tributan al 21%. Por tanto, «de cara a la recaudación del Estado, el incremento es muy poco significativo», según el máximo representante de los inspectores de Hacienda, quien indicó también que a la gente que declara estos importes le afectó más la subida de la tributación del ahorro el año pasado, que pasó del 18% al 21%.
«Las Sicav tributan al 1% y es fácil ver casos en que nunca han repartido dividendos»
Por otro lado, De la Torre señala que el IRPF «es casi el único tributo que aporta progresividad al sistema». «Hace unos años, gente como el ministro de Industria, Miguel Sebastián, abogaba por un tipo único del IRPF. Ahora parece que estamos en una situación contraria. Se van a crear nuevos tipos para un número muy escaso de declarantes, con una declaración prevista, en principio poco significativa», añadió. En opinión de Francisco de la Torre, «si uno no quiere tocar a la clase media, es prácticamente imposible recaudar una cantidad significativa que ayude en estas magnitudes». Sin embargo, subrayó que las Sicav tributan al 1% y que «es bastante habitual encontrarse con casos en las que estas sociedades no han repartido nunca dividendos» entre los participantes porque éstos tributan al 21%.
«Este es un problema de falta de tributación, pero lo más grave es que se está utilizando una institución que debería ser colectiva para la gestión de un patrimonio puramente personal», añadió. A juicio de De la Torre, el grueso de la factura fiscal la va a pagar la clase media. «Eso es evidente. Casi no existe otra solución. Además, no tenemos capacidad para deslocalizarnos e irnos a un paraíso fiscal», sentenció.

Según estimaciones de Aviva
Cuatro de cada diez españoles siguen confiando en que el sistema público de pensiones financie enteramente su jubilación
22/09/2010 – José J.Martin – Finanzas.com
Cuatro de cada diez españoles siguen confiando en que el sistema público de pensiones financie enteramente su jubilación
En España se deberían ahorrar 170.000 millones de euros más, cada año, para mantener el nivel de vida tras la jubilación

“El déficit en el ahorro de las pensiones en España es de 170.000 millones de euros anuales, equivalente al 18% del PIB”, según un estudio a nivel europeo realizado por Aviva en colaboración con Deloitte. Se trata de una de las investigaciones de mayor alcance en materia de ahorro y de pensiones hasta el momento, y de las pocas llevadas a cabo desde la óptica del ciudadano. En Europa, la cifra asciende a 1,9 billones de euros anuales, en torno al 19% del PIB estimado para 2010.
Según se desprende del estudio, España es uno de los países con mayor desajuste en las pensiones. Sólo en Alemania, Rusia, Reino Unido y Francia el déficit es aún mayor.
El Objetivo del studio era calcular cuánto tendrían que ahorrar adicionalmente los europeos que se jubilen entre 2011 y 2051 para mantener el 70% de su nivel de vida actual (último salario).
El estudio revela a su vez que en España cuatro de cada diez personas creen que el sistema público cubrirá el 100% de sus necesidades de ingresos tras la jubilación, frente a dos de cada diez personas en Francia, Italia, Reino Unido o Irlanda.
En los próximos 40 años, 24 millones de personas se jubilarán en España, lo que representa más de la mitad de la población actual. En este momento el ahorro en productos financieros de previsión social es de 266.203 millones de euros* y según el estudio deberíamos destinar al menos 170.000 millones de euros más al año. En nuestro país, un hombre de 40 años con un sueldo de 30.000 euros netos, debería ahorrar unos 4.500 euros al año hasta jubilarse.
Ante estos datos, Aviva considera que todavía estamos a tiempo para, con las medidas necesarias, evitar que la mayoría de los trabajadores tengan que afrontar reducciones en su nivel de vida cuando llegue el momento de su jubilación.
El informe indica que las personas que no cuenten con suficientes ahorros destinados a la jubilación en el momento de retirarse, deberán recurrir a diferentes fórmulas para afrontar el futuro:
A. Trabajar después de la jubilación
B. Recurrir a otros activos distintos a pensiones, tales como acciones o depósitos. Aviva estima que estos activos sólo podrían llegar a cubrir en torno a un 25% del déficit.
C. Retrasar la edad de jubilación: en algunos países se espera que el número de jubilados que sigan trabajando después de la edad de jubilación se duplique durante los próximos diez años. Aunque retrasar la edad de la jubilación hasta los 70 años reduciría este déficit en un 30%, no se solucionaría el problema a largo plazo.
D. Aceptar un nivel de vida inferior al de antes de la jubilación.
Conclusiones del estudio
Conclusiones parecidas se extraen del último Libro Verde sobre las pensiones publicado por la Comisión Europea, que también trata la necesidad de abordar soluciones que permitan un equilibrio sostenible entre los fondos privados y las pensiones públicas.
“Estos datos deben servir como un llamamiento al Gobierno, partidos políticos y agentes sociales. Si no se adoptan medidas urgentes lo antes posible, los ciudadanos tendrán que reducir de forma considerable el nivel de vida que han tenido antes de llegar a la jubilación”, comenta Ignacio Izquierdo, consejero delegado de Aviva España.
“No existe fórmula mágica y todos los actores tienen que afrontar sus responsabilidades. Tanto el Gobierno y el sector privado, así como los ciudadanos deberíamos tomar conciencia de la problemática y adoptar soluciones rápidamente. Ninguna medida aislada solucionará la situación y cualquier reforma legislativa deberá tener en cuenta una amplia combinación de medidas para hacer frente a la situación actual”, continúa Izquierdo.
Propuestas de Aviva
́mbito europeo: Creación de un estándar europeo que permita demostrar la calidad y seguridad de los productos de ahorro. De este modo se facilita la comparación entre los distintos productos y aumenta la confianza de los consumidores. Por otra parte, establecer un objetivo de ahorro en función de cada país de forma que incentivaría a los gobiernos a impulsar medidas de ahorro en sus países.
́mbito nacional: Emisión de informes periódicos para los ciudadanos con una estimación de su pensión de jubilación. Esta medida llevaría a los ciudadanos a tener en cuenta que la pensión pública es un elemento más dentro de una estrategia combinada para obtener ingresos en el futuro, lo que les impulsaría a tomar posibles medidas de ahorro. Otra medida es la de incentivar fiscalmente el ahorro, “algo que es posible y necesario ahora”, según Izquierdo.
El sector privado: Trabajar de forma permanente para que la oferta de productos de ahorro y previsión sea cada vez más sencilla, clara y fiable, de forma que incentiven el ahorro de los ciudadanos.
Los ciudadanos: Asumir una mayor responsabilidad respecto a sus ahorros de jubilación y hacerlo de forma más temprana. Deberían ser conscientes de su situación financiera tanto actual como futura para una adecuada planificación.
La adopción de estas medidas propuestas debería contribuir a la creación de una plataforma de ahorro más segura con la que los ciudadanos podrán planificar con suficiente antelación el nivel de vida del que disfrutarán cuando llegue el momento de retirarse.

24.09.2010 E. S. Mazo / D. Gracia – Expansión
Nuevo golpe al contribuyente. El Ejecutivo socialista ultima sus reformas y está barajando hacer hueco a un invitado de honor: la fiscalidad del ahorro, que ya subió en 2007 y en 2009.
Entre las propuestas que estudia Salgado, gana fuerza la de elevar los dos tramos actuales para las rentas del capital. De un lado, subir del 19% actual al 22% la tributación para rendimientos del ahorro inferiores a los 6.000 euros anuales. Y, por otro, elevar del 21% a cerca del 24% el de plusvalías superiores a este importe. Tres puntos en los dos casos.
Es el resultado que revelan a Expansión fuentes cercanas a las negociaciones tributarias, que supone mantener dos tramos en el ahorro -no se descarta todavía del todo un tipo único en el entorno del 24%-.
Pero no sería la única novedad. La diferencia entre los dos tramos es ese límite de 6.000 euros, que se baraja retocar para limitar el número de beneficiarios del tipo más reducido, de forma que esa cifra quede en 3.000 euros. Este punto, sin embargo, está más confuso.
Las cifras finales dependerán de la hucha necesaria para sacar a España del déficit más elevado de su historia. Según el simulador de Funcas, la subida del 21% al 24% del segundo tramo aportaría unos 700 millones extra a las arcas. No hay otros cálculos.
En uno u otro caso, la conclusión es la misma: Zapatero no sólo volverá a subir la tributación de las rentas del capital por tercera vez desde que gobierna -cuando llegó a Moncloa había un tipo único del 15%, que pasó en 2007 al 18% y posteriormente al doble tramo del 19% y el 21%-. Además, lanzará la mayor subida al ahorro de la democracia.
Sicav
En su programa para llegar a Moncloa prometió rebajas fiscales argumentando aquello de que bajar impuestos es de izquierdas. Y el PNV -salvador ahora previo pago de los Presupuestos- aseguraba en agosto que un nuevo castigo fiscal unido a los ajustes en el gasto público podría provocar una recaída económica “muy importante”. Estas cifras están todavía en cuarentena, pues el Gobierno sigue en negociaciones con los equipos técnicos. Y también con el PNV, que, por ahora, ve con buenos ojos esa propuesta que está ahora sobre la mesa. Lo que sí queda descartada es la subida hasta el 25% (similar a la tributación alemana) que proponían los asesores de Zapatero en una etapa inicial.
Hay dos opciones: elevar la tributación a las sicav o un tramo extra en el IRPF al 49%
Puede haber un invitado más al festín: las sicav, sociedades de inversión colectiva, favoritas de las grandes fortunas, que gozan de una tributación privilegiada al 1% en Sociedades. En las últimas reuniones entre los técnicos y Hacienda se ha barajado la opción de elevar su tributación del 1% al 5%. Pero esta propuesta de los asesores no convence a la propia Salgado. En vez de elevar la tributación de las sicav, en las negociaciones se ha debatido crear otro tramo adicional en el IRPF (se añadiría al anunciado el jueves para rentas de más de 120.000 euros). Ese tramo extra estaría gravado al 49% y afectaría a quienes ingresen más 200.000 euros, es decir, cerca de 68.000 contribuyentes, según la Memoria de la Administración Tributaria.
Esta última opción sería difícil de poner en práctica. “Hay que repartir la escala con las autonomías… No merece la pena para tan escasa recaudación”, aseguran fuentes de las negociaciones.
¿Cuándo llegará esta reforma?
“Ni confirmamos, ni desmentimos, no decimos nada”. Era la escueta respuesta de ayer del Ministerio de Economía a las preguntas sobre la reforma que afectará al ahorro. Tampoco quiere pronunciarse sobre las reuniones que mantuvieron ayer los técnicos con los asesores de Salgado, donde les cuesta acordar las muy distintas posturas. Ante la falta de acuerdo, el Ejecutivo ya ha advertido de que se reserva el derecho a negociar estas reformas durante la tramitación parlamentaria.

23.09.2010 J. M. Lamet – Expansión
Los ayuntamientos podrán expropiar suelo urbanizable a precio más barato que el rústico. Así se desprende del Anteproyecto de Reglamento de la Ley de Suelo, al que ha tenido acceso Expansión. El documento sale a la luz más de tres años después que la norma que desarrolla, y va aún más lejos que ésta.
Si la normativa estatal, refundida en un solo texto en 2008, permitía expropiar un solar urbanizable a precio rural (casi un 90% más barato, normalmente), ahora el reglamento toma como referencia de la valoración del activo inmobiliario en cuestión el potencial de explotación del mismo.
Así, se daría la paradoja de que podría resultar más caro expropiar un suelo rural -generalmente, en explotación agraria- que otro solar urbanizable y listo para ser edificado, según el dictamen sobre el Anteproyecto que ha realizado Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores Jurídicos y técnico urbanista, y al que también ha tenido acceso este diario.
“El suelo no urbanizable o incluso el protegido, que generalmente se encuentran afectos a explotaciones agropecuarias, obtendrían, en determinados casos, un mayor valor que aquellos suelos clasificados como urbanizables que incluso cuenten con un planeamiento de desarrollo aprobado, dado que éstos se encuentran ajenos a cualquier explotación”, apunta Rivas en su informe.
Y no es un asunto baladí, ya que las valoraciones son “el verdadero eje central de la nueva Ley de Suelo”, como reconoce el preámbulo del reglamento. Además, la propia memoria del Anteproyecto señala que no se valoran las expectativas urbanísticas, “ignorando que, por ejemplo, la aprobación de un planeamiento de desarrollo no constituye una expectativa, sino que otorga unos derechos”, agrega el jurista.
Este reglamento es un texto muy esperado por el sector urbanístico, tras la inseguridad con respecto a las expropiaciones que impera desde 2007. La Ley de Suelo fue redactada en época de boom inmobiliario para frenar la especulación, pero se aplica en pleno reventón del ladrillo.
Además, el Anteproyecto de Reglamento tiene otras tres patas cojas: incumple la propia ley que desarrolla, invade competencias autonómicas (ver información adjunta) y contiene un precepto declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en 1997, según el análisis de Urbe Asesores Jurídicos.
Infracciones
¿Por qué incumple la Ley de Suelo? “Para la declaración de obra nueva terminada, el Texto Refundido de 2008 exige, en su artículo 20, entre otras cosas, el otorgamiento expreso o presunto de la licencia de primera ocupación, extremo que incomprensiblemente omite el reglamento”, enfatiza Rivas. Esta exigencia se impuso en la ley estatal para garantizar que el ayuntamiento controlaba la obra ejecutada. “Evidentemente, el director de las obras nunca certificará en contra de sus intereses, y el ayuntamiento s픝, aclara Rivas. Al obviar esta premisa se da vía libre para que una edificación que no se ajustara a la licencia -es decir, una infracción urbanística- acceda impunemente al registro de la propiedad.
Además, el Anteproyecto define, en el artículo 7.4, el concepto de ruina física de la edificación, “que no es competencia del Estado. El artículo 247 del Refundido de la Ley del Suelo de 1992 ya lo reguló, y fue declarado inconstitucional por la sentencia 67/97 de 20 de marzo”, apostilla Rivas.
”˜Invade”™ a las CCAA
El artículo 9 del Anteproyecto de Reglamento de la Ley de Suelo señala que serán nulas las cláusulas de los convenios o negocios jurídicos suscritos entre la administración y los promotores que establezcan obligaciones más gravosas que las que procedan legalmente. Esto afectaría también a los PAU de Castilla-La Mancha y a los PAI valencianos. La jurisprudencia ha declarado unánimemente que son verdaderos contratos administrativos. “Así, el reglamento está regulando aspectos de figuras de ordenación urbanística, que es competencia exclusiva de la normativa autonómica”, apunta Lucio Rivas, socio de Urbe Asesores Jurídicos.
Antecedentes
– ¿Qué polémica desató la Ley de Suelo de 2007?
La norma estatal permitía a los ayuntamientos expropiar suelos urbanizables a precio de rurales, si aquéllos no se edificaban en el tiempo estipulado por el Plan General local, ya que se consideraba que la demora se debía a un intento especulativo de encarecer los terrenos.
– ¿Y qué ha pasado?
Como se esperaba, la construcción residencial está en caída libre, y este tipo de expropiaciones se han convertido en medidas recaudadoras o de coacción. Así, ya hay consistorios que conminan a los promotores o a la banca a construir ya en sus terrenos, bajo amenaza de expropiación (ver EXPANSIÓN del 14 de julio).
– ¿Se rectifica esto con el reglamento de la ley?
No. De hecho, el Anteproyecto de dicho reglamento va más allá, y toma como punto de partida de la valoración de los suelos el “potencial de explotación de los mismos”. De esta forma, los solares urbanizables se podrían tasar más baratos aún que los rurales (que normalmente se dedican a explotaciones agrarias). Para expropiarlos, claro, más baratos.

Los datos de Vivienda y AEAT no son ‘homologables’
«Bajo ningún prisma» se pueden cruzar datos para concluir semejante afirmación
Europa Press | Madrid21/09/2010 El Mundo
La Agencia Tributaria ha negado que la mitad de los alquileres no se declaren y ha recordado a los Técnicos de Hacienda (Gestha) que no se pueden comparar sus datos con los del Ministerio de Vivienda y hacer una afirmación de este tipo, porque las cifras no son homologables.
Fuentes de la Agencia Tributaria han señalado que «bajo ningún prisma» se pueden cruzar estos datos y concluir que la mitad de los alquileres no se declaran, ya que ambas magnitudes son «imposibles de homologar».
AEAT: No se pueden comparar los datos de Hacienda con los del Ministerio de Vivienda
En este sentido, han explicado que los datos de Vivienda se refieren a una estimación de viviendas alquiladas, mientras que los datos de la Agencia Tributaria recogen los declarantes de IRPF que se deducen por arrendamiento de viviendas habituales.
A estudiantes y vacaciones
Según las fuentes, esto implica que todos los alquileres de viviendas no habituales, como las viviendas que se alquilan a estudiantes o durante periodos vacacionales, no están incluidos en la estadística de la Agencia.
Además, las mismas fuentes recuerdan que los declarantes de IRPF pueden tener una o varias viviendas en alquiler y que no solo los declarantes de IRPF alquilan viviendas en España, ya que también existe un amplio sector empresarial y público que se dedica al alquiler.
La AEAT limita sus estadísticas a los declarantes de IRPF que se deducen por arrendamiento de vivienda habitual
De hecho, con respecto al alquiler de vivienda, los incentivos generados en los últimos ejercicios a arrendadores y arrendatarios y las obligaciones formales hacen que las conductas defraudatorias en ese sector difícilmente puedan haber aumentado en los últimos años, más bien lo contrario.

Nuevo tramo en el IRPF
No se descarta alguna novedad fiscal más
22/09/2010 – Europa Press – Finanzas.com
Salgado afirma que los que ganan más quieren contribuir
El Gobierno incluirá en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 un nuevo tramo en el IRPF para las rentas a partir de 120.000 ó 130.000 euros, que serán gravadas con un tipo superior al 43%, el actual tipo máximo, según confirmaron en fuentes de Moncloa.

Las mismas fuentes, que no descartaron que las cuentas públicas del próximo año vayan a incluir alguna novedad fiscal más, indicaron que este tramo de renta verá incrementada su tributación, pero no precisaron si el nuevo tipo se situará en el 45%, o bien algo por encima.
Tras la última reforma fiscal, aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el IRPF cuenta con cinco tramos: del 24% para las rentas de entre 5.050 y 17.360 euros, del 28% para los ingresos de entre 17.360 y 32.360 euros, del 37% entre 32.360 y 52.360 euros y del 43% para los ingresos a partir de este importe.
El Gobierno aprobará este viernes el proyecto de Ley de los Presupuestos de 2011 y será entonces cuando dé a conocer todos los detalles del aumento fiscal, dado que todavía está barajando diversas posibilidades.
Lo que sí parece claro, según ha reiterado en varias ocasiones la vicepresidenta económica, Elena Salgado, es que la medida no tendrá un fuerte impacto recaudatorio, ya que el porcentaje de contribuyentes del IRPF con rentas anuales superiores a la cifra barajada no es muy cuantioso.
Según cálculos de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), elevar al 45% el último tramo del IRPF para rentas a partir de 100.000 euros supondría una recaudación adicional de 185 millones de euros (el 0,017% del PIB), que disminuye a 104 millones de euros si el tipo se aplica a partir de unos ingresos de 150.000 euros.
Con los últimos datos disponibles, recogidos en la Memoria de la Administración Tributaria de 2008, el número de declaraciones del IRPF con rentas superiores a 120.000 euros asciende a 165.638, el 0,9% del total.
Hoy mismo, durante la sesión de control en el Congreso, la vicepresidenta económica ha descartado la posibilidad de que el Gobierno incluya modificaciones fiscales «sustantivas» en los Presupuestos del año que viene, aunque no «algún pequeño ajuste» dirigido a las rentas más altas.
Salgado ha confiado en que las personas con mayor capacidad estén dispuestas a realizar un esfuerzo para contribuir a la reducción del déficit. «Si les preguntáramos, seguro que dirían que sí», ha señalado la titular de Hacienda.
Fue el propio Zapatero el que anunció en el Congreso este incremento del impuesto para los contribuyentes con más capacidad económica, con la finalidad de mejorar la equidad del tributo y que las rentas más altas hicieran un esfuerzo mayor en asumir el coste de la crisis, tras el recorte del sueldo de los funcionarios y la congelación de las pensiones, que afectan principalmente a los sectores más desfavorecidos.

Economía
Sevilla, 21 Sep. (Europa Press) –
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha destacado la relevancia que adquieren, en el nuevo escenario generado por el Reglamento de Disciplina Urbanística, agentes como los registradores de la propiedad y los notarios en la prevención de irregularidades en el territorio andaluz.
En la clausura de la Jornada sobre el Reglamento de Disciplina Urbanística de Andalucía, organizada por el Decanato Territorial de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores de la Propiedad, Aguilar ha puesto de manifiesto que la colaboración y el diálogo con estos profesionales, y en general, con el conjunto de agentes implicados redundará en la generación de más seguridad jurídica y garantía de legalidad, «en definitiva en la consecución de resultados más eficaces».
Según indicó la Junta en una nota, durante su intervención, la titular de Obras Públicas ha incidido en que en materia de prevención el Reglamento «refuerza la seguridad jurídica en el otorgamiento de licencias y en la información y publicidad de los actos urbanísticos, a lo que ha añadido que la herramienta faculta, además, a los alcaldes a adoptar medidas de suspensión cautelar de actos urbanísticos».
De igual modo, Aguilar se ha referido, además de a la prevención, a otros dos ejes fundamentales que sustentan el Reglamento, esto es, el elemento sancionador y los procedimientos para restablecer la realidad física alterada, en los que ha asegurado que «premia la colaboración y la rápida ejecución de los dictámenes que se realicen».
Asimismo, en este último punto, la consejera de Obras Públicas ha destacado la importancia de algunas medidas, como los planes municipales de inspección, a través de los cuales los ayuntamientos, con el asesoramiento y apoyo de la Junta de Andalucía, velan por el cumplimiento de la legalidad urbanística, contribuyendo así a que todas las construcciones de su término municipal se adecuen a lo establecido en el planeamiento urbanístico.
A lo largo de su discurso, Aguilar ha explicado que el Reglamento constituye la pieza «práctica» que faltaba en materia de disciplina urbanística, un campo en el que desde 2005 Andalucía ha ido reforzando los mecanismos a su alcance para el desarrollo de las competencias tanto municipales y como autonómicas en materia de disciplina urbanística.
Además, ha resaltado que el Reglamento es «una herramienta útil en el quehacer diario que tiene la voluntad decidida de que todos los agentes juntos contribuyamos a su desarrollo». «El urbanismo necesita una mirada común y conjunta, por lo que es necesario aunar criterios», ha matizado.
En ese sentido, ha añadido que en la búsqueda de respuestas, desde la Consejería de Obras Públicas y Vivienda se ha venido trabajado en una doble dirección, que se concreta en la propuesta de actuaciones y líneas de trabajo para dar respuestas a la realidad actual; así como en el establecimiento de nuevas formas de actuación que impidan que se continúe dando en la comunidad circunstancias como las que acontecen en estos momentos y a las que desde el Reglamento se darán las respuestas adecuadas.
Finalmente, Aguilar, que ha agradecido la «decisiva» contribución al Reglamento de los registradores de la propiedad, también ha recordado en la clausura que Andalucía es pionera en el ámbito nacional al hacer realidad una iniciativa de este calado para impulsar «un urbanismo sostenible para una Andalucía de excelencia desde el punto de vista urbanístico».

Carlos Sánchez – 22/09/2010 CotizaliaNo es ningún secreto la elevada progresividad del Impuesto sobre la Renta. Pero nunca antes se habían alcanzado tales niveles. Dos datos. El 67% de los contribuyentes que declaran el IRPF soportan únicamente una carga fiscal equivalente al 14% de la recaudación. Por el contrario, el 4% de los contribuyentes más ricos aporta nada menos que el 38,7% de los ingresos.
Los datos aparecen en la Memoria Tributaria que ayer publicó Hacienda (ver página 128), y ponen de relieve como el IRPF se ha consolidado a lo largo de los años como el principal -y casi único- mecanismo de redistribución de la renta.Sólo hay que tener en cuenta que ese 67% de los contribuyentes con ingresos inferiores a 21.000 euros anuales acapararon el 32,6% de la base imponible del impuesto (lo que realmente se grava), pero sólo soportaron una carga equivalente al 14% de sus rentas. Es decir, entre una y otra cifra una distancia de casi 19 puntos.
Por el contrario, el 4% de las declaraciones aportó nada menos que el 23,7% de la base imponible, pero su aportación al Fisco se sitúa cerca del 39%. Por lo tanto, esos contribuyentes pagan más de quince puntos por encima de lo que les correspondería si el impuesto sobre la renta fuera de carácter lineal. Los datos son todavía más elocuentes si se tiene en cuenta que el 0,1% de los declarantes que se encuentran dentro del tramo más elevado (rentas superiores a los 600.000 euros) aporta nada menos que el 6,3% de los ingresos por IRPF. O lo que es lo mismo, los 10.605 ”˜ricos”™ a la luz del IRPF pagan cada año, como media, 382.001 euros al Fisco.
Esos ‘ricos’ son los que ahora sufrirán una nueva vuelta de tuerca si, finalmente, el Gobierno decide crear un nuevo tramo en el IRPF que podria llegar al 45% para rentas superiores a 100.000 euros. Los últimos datos de Hacienda indican que en 2007 un total de 264.040 contribuyentes declararon unos ingresos superiores a los 96.000 euros anuales. Ellos serían los afectados por la subida de la presión fiscal.
No son ellos, desde luego, los únicos ‘ricos’ La propia Memoria Tributaria refleja la existencia de 1.618 contribuyentes que declaran tener un patrimonio superior a los 10 millones de euros. Otros 3.971 declaran entre cinco y diez millones y 13.749 más de 2,5 millones y menos de cinco millones. Todos estos colectivos son los que han quedado libres de pagar impuestos por este concepto tras la eliminación del impuesto sobre el patrimonio.
La progresividad del impuesto es, por el contrario, casi nula en el segundo tramo con menores niveles de renta, del que forman parte aquellos contribuyentes con ingresos situados entre 21.000 y 30.000 euros. En este caso, suponen el 18,2% de la base imponible, pero tan sólo aportan el 16,5% de la carga impositiva. Por el contrario, la progresividad comienza a manifestarse a partir de los 30.000 euros de ingresos. Aportan un 30,8% de la recaudación pese a que su base imponible representa el 25,6% del total.
‘Ricos’ que pagan menos
Según la información de la Memoria Tributaria, el tipo efectivo medio del IRPF (el que realmente se aplica una vez descontadas las deducciones y desgravaciones) se situó en 2008 -ultimo año conocido- en el 16,2%. Pero mientras la mitad de los contribuyentes -los más ”˜pobres”™- paga menos del 10% a Hacienda por sus ingresos, en el caso de los tramos más elevados ese nivel sube a cerca del 30%. En todo caso, muy por debajo del 43% que de forma nominal se aplica en el IRPF. Lo más relevante en este caso es que el tipo efectivo es superior al medio -ese 16,2%- a partir de 28.500 euros, nivel sobre el que realmente comienza a operar la progresividad del impuesto.
Una progresividad, sin embargo, matizada por las cifras. Los contribuyentes con rentas situadas entre 144.000 y 216.000 euros son realmente quienes pagan más dinero a Hacienda, toda vez que soportan una carga fiscal del 28,8%. Incluso por encima del 25,3% que se aplica en el tramo de rentas más elevadas, las superiores a 600.000 euros.
De hecho, y aquí está los sorprendente, la carga fiscal de los más ricos es equivalente a la que soportan los contribuyentes con ingresos comprendidos entre 60.000 y 66.000 euros. Un 25,3% en ambos casos en términos efectivos. La causa de esa aparente paradoja tiene que ver con el juego de las deducciones en cuota, que permite a las mayores rentas del país achatar la presión fiscal. Las rentas más elevadas deducen más por inversión en fondos de pensiones o en adquisición de vivienda. Pero, sobre todo, por el hecho de que en la composición de los ingresos en las rentas más altas juegan un papel fundamental la base imponible del ahorro, gravada con un 18%. Por debajo del marginal máximo. Dicho en otras palabras, la baja tributación de las inversiones financieras reduce la presión fiscal de las rentas más elevadas.

Según los técnicos de la Agencia Tributaria

La Agencia Tributaria niega el dato porque los datos no se pueden comparar
21/09/2010 El Mundo| Europa Press
Madrid.- Los técnicos de la Agencia Tributaria (reunidos bajo el colectivo Gestha) han alertado de que más de la mitad de los alquileres de vivienda esconden un fraude a Hacienda.
El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados «medianamente aceptables», ya que si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior.
Asimismo, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.
Sin embargo, la Agencia Tributaria niega que la mitad de los alquileres no se declaren y ha advertido a los Técnicos de Hacienda (Gestha) de que no se pueden comparar sus datos con los del Ministerio de Vivienda porque las cifras son «imposibles de homologar».
En este sentido, fuentes de la Agencia Tributaria apuntan que los datos de Vivienda se refieren a una estimación de viviendas alquiladas, mientras que los datos de la Agencia Tributaria recogen los declarantes de IRPF que se reducen por arrendamiento de viviendas habituales.
Según las fuentes, esto implica que todos los alquileres de viviendas no habituales, como las viviendas que se alquilan a estudiantes o durante periodos vacacionales, no están incluidos en la estadística de la Agencia.
Los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los «alquileres negros» aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).
Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor.
Esta norma recoge como «medida estrella» la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder «fichar» aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.
Rentas ocultas
El estudio de los Técnicos cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.
En opinión de los Técnicos de Hacienda, el hecho de que el fraude por alquiler de viviendas siga creciendo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.
Más alquileres ‘negros’ en Cataluña y Madrid
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8% del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan. En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros, respectivamente.
En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en Archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.

La ley de morosidad permite a los contratistas reclamar la deuda y los intereses de demora en 60 días
Economía
Víctor Romero Valencia – Levante EMV
Sea como consecuencia de la sequía presupuestaria, sea por un gestión ineficiente de los recursos públicos, la cuestión es que el Consell está jugando con fuego. La nueva ley de morosidad que entró en vigor el pasado 6 de julio con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, recorta y define sustancialmente los plazos de pago por parte de las Administraciones Públicas. Marca 30 días como tope a partir de 2013 y fija un período transitorio de 55 días en 2010, 50 en 2011 y 40 en 2012.
Además de fijar plazos la novedad de la nueva ley es que permite al contratista reclamar al juez, mediante recursos contencioso administrativo, como medida cautelar inmediato de la deuda y los correspondientes intereses de demora. Para formular la acción judicial, el reclamante sólo debe esperar un mes a que la Administración conteste a su petición de pago.
Estos cambios sitúan a la Administración autonómica que dirige Francisco Camps al borde de la legislación y con la perspectiva de enfrentarse a un aluvión de reclamaciones. La media de pago de la Generalitat a sus contratistas se sitúan en 200 días, mucho más lejos incluso del período de gracia que la ley da en concreto para los contratos de obra civil: 120 días hasta el 31 de diciembre de 2011; 90 días hasta el 31 de diciembre de 2012 y 60 días hasta el 31 de diciembre de 2013.
La entrada en vigor de la nueva y la estrategia a la hora de llevarla a la práctica está en el debate de las quejas que organizaciones empresariales como los contratista de Fecoval, la CEV, Cierval o AVE han expresado en público por la elevada morosidad de la Generalitat. Alarmado por el grado de belicosidad del mundo empresarial, el jefe del Consell, Francisco Camps reunió el jueves a la plana mayor del empresariado para tratar de abortar las hostilidades y frenar el efecto sobre su imagen de un alejamiento del mundo patronal.
Pero la nota de prensa emitida el pasado viernes por la patronal de la construcción Fevec (desautorizada a posteriori por su presidente Juan Eloy Durá por considerarla inoportuna) ponía el dedo en la llaga de algo que Camps no puede sortear por más rondas de empresarios sin corbata que convoque: El cumplimiento de la ley. «La legislación ha surgido de la misma administración y, por tanto, tiene que ser ésta la que cumpla con todos los requisitos que se exigen».
El problema para la Generalitat es que la ley limita mucho el margen de maniobra a la hora de imponer su criterio en el alargamiento de plazos o la refinanciación de deudas. La disposición transitoria tercera que fija los plazos máximos de pago en los contratos de obra con las Administraciones Públicas advierte que no pueden cerrarse pactos entre las partes por encima de los plazos fijado en el texto.
La falta de liquidez de la Generalitat es asfixiante. En 2009 cerró con 9.642 millones de euros de deuda a acreedores a corto plazo, pero tan sólo contaba con 1.736 millones de euros disponibles en caja. Apretados a su vez por sus proveedores, los contratistas del Consell parecen cada vez menos dispuestos a comulgar con el dicho de que la Administración paga parte, pero paga.
Los impagos están comenzando a extenderse por todos los rincones de la Generalitat. Empresas públicas como Canal 9 o Ferrocarrils (FGV) negocian la refinanciación y aplazamiento de facturas de telefonía con Telefónica y de la luz con Iberdrola respectivamente. Los contratistas agrupados en Fecoval sostienen que la media de cobro es de 200 días y que trabajan desde hace dos años con la Administración para buscar soluciones. Los proveedores sanitarios esperan hasta catorce meses para cobrar.

Internet | Medio millón de inmuebles
El Catastro comunicará por Internet la actualización del valor de los inmuebles
Los nuevos valores catastrales serán efectivos a partir del próximo 1 de enero
Europa Press | Madrid 21/09/2010 – El Mundo
Los titulares del medio millón de inmuebles inscritos en el Catastro pueden obtener desde el pasado 15 de septiembre la notificación electrónica de los nuevos valores catastrales de sus inmuebles, los cuales serán efectivos a partir del próximo 1 de enero, a través de Internet, en la dirección https://www.sedecatastro.gob.es, informó el Ministerio de Economía y Hacienda.
El objetivo de esta iniciativa es que el sistema de notificación electrónica sea de uso preferente frente al tradicional reparto de notificaciones catastrales por correo certificado, que, en ocasiones, exige al ciudadano acudir personalmente a la oficina de Correos.
El objetivo es que el sistema de notificación electrónica sea de uso preferente frente al tradicional
Además, el gabinete dirigido por Elena Salgado explica que la medida supondrá, además, una relevante reducción de costes tanto para el Catastro como para las entidades locales en el ejercicio de su obligación legal de entrega individualizada de estas notificaciones.
Experiencia piloto
Adicionalmente, el Catastro ha puesto en marcha una experiencia piloto con la colaboración de los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid (Madrid), Manilva (Málaga) y La Villa de Don Fadrique (Toledo), que permitirá a los vecinos de estos municipios acceder a este nuevo servicio de notificación por vía telemática sin necesidad de certificado digital o DNI electrónico, a través de una clave personal concertada.

7.09.2010 David Reilly – Expansión
Los mercados giran en torno a la valoración del riesgo. Pero mientras la Administración Obama intenta poner a punto a Fannier Mae y Freddie Mac, la pregunta es si los inversores están dispuestos, o pueden, valorar el riesgo inmobiliario en ausencia de una garantía gubernamental.
Desde que estallara la crisis inmobiliaria, no han podido. Ese es el motivo de que el 95% de las hipotecas estén respaldadas en la actualidad por Fannie, Freddie, u otras agencias gubernamentales, frente al 45% en 2005. Algunos inversores creen que los mercados hipotecarios nunca volverán a funcionar sin algún tipo apoyo del Gobierno.
Existen buenos motivos para hacer que los inversores vuelvan al terreno de juego y enviar al Gobierno al banquillo. Edward DeMarco, el director en funciones de la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda, resumió algunas de ellas en su declaración en el Congreso esta semana.
Para empezar, DeMarco señaló que era un error pensar que el Gobierno hará una mejor evaluación del riesgo que los inversores. Esto es lo que sucedió durante el boom inmobiliario, ya que Fannie y Freddie tasaron por debajo de su valor las garantías para las hipotecas. Desde luego, los inversores también calcularon mal el riesgo, confiando demasiado en las imperfectas agencias de ráting.
Cuando los inversores se equivocaron, ellos perdieron dinero. Sin embargo, cuando Fannie y Freddie fallaron, fueron los contribuyentes los que tuvieron que inyectar cerca de 150.000 millones de dólares (114.862 millones de euros) en las firmas.
El respaldo ininterrumpido del Gobierno al este mercado puede mezclar la política con las decisiones sobre las hipotecas, como por ejemplo qué regiones o grupos étnicos merecen el apoyo. Esta toma de decisiones sesgada podría suponer un riesgo aún mayor para los contribuyentes.
DeMarco también señaló que un respaldo generalizado “desviaría aún más inversiones de nuestra nación hacia el sector inmobiliario”. Eso se suma a los actuales subsidios como la deducción de impuestos o los intereses hipotecarios. Dado que la vivienda es un activo improductivo, esto no ayudará a estimular el crecimiento.
Por todo ello, no existe una forma sencilla de reactivar la actividad en el mercado hipotecario. Si el Gobierno retirase su garantía mañana, los inversores necesitaría una sustancial prima sobre los tipos de los bonos gubernamentales antes de plantearse la compra de valores hipotecarios. Las tasas hipotecarias aumentarían y el precio de la vivienda caería. No es un escenario que la Reserva Federal o el Gobierno estén dispuestos a contemplar.
Otro reto para los inversores es la ausencia de información oportuna, estipulada y verificada sobre las hipotecas. También son necesarios estándares nacionales mínimos de financiación.
No son problemas insalvables. El Gobierno podría hacer que los inversores se olviden de forma gradual de las garantías hipotecarias dentro de la propuesta para reformar Fannie y Freddie que se espera para el próximo mes de enero. El Gobierno también debería introducir una infraestructura de mercado que permita a los inversores evaluar el riesgo.
A algunos inversores podría parecerles más sencillo que el Gobierno ofrezca ayudas limitadas. Pero teniendo en cuenta la historia de Fannie y Freddie, los mercados asumirían de nuevo que el apoyo implícito se haría explícito de forma inmediata en una crisis.
Y pese a que la ausencia de garantías gubernamentales terminaría por provocar el encarecimiento de más préstamos hipotecarios, es una opción mejor que un sistema que obligue a los contribuyentes a subvencionar indefinidamente a los propietarios de viviendas.
Lea el artículo original publicado en The Wall Street Journal Europe Mortgage Investors Need to Step Up

Cotino asegura que es «inaceptable» que el Gobierno central recorte las ayudas sociales «en un momento de crisis y desempleo»
Valencia, 20 sep. (Europa Press) –
El Consejo Asesor de Vivienda de la Comunitat Valenciana ha acordado por unanimidad solicitar al Ministerio que retire el nuevo Real Decreto y que garantice «al menos» todas las ayudas acordadas para la región en el convenio del Plan de Vivienda que está en vigor hasta el 31 de diciembre de 2012.
El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, ha asegurado este lunes tras la reunión de este órgano que es «inaceptable» que el Gobierno central «recorte unilateralmente las ayudas sociales para vivienda en un momento de crisis y desempleo como el que vivimos, ya que supone la pérdida de más de 160 millones de euros en ayudas estatales para la Comunitat Valenciana y un perjuicio para más de 23.000 familias con dificultades en el acceso a la vivienda».
En el transcurso de la reunión se ha abordado como único punto del orden del día el borrador del Real Decreto que el Ministerio de Vivienda ha remitido a la Conselleria y que supone «un recorte en las ayudas del Plan de Vivienda para los ciudadanos que acceden a la primera vivienda, para los promotores de suelo y viviendas protegidas en alquiler y para la financiación de las oficinas de atención al ciudadano», según la Generalitat.
El Consejo Asesor de Vivienda considera que el nuevo Real Decreto del Plan de Vivienda que prepara el Gobierno central supone un «perjuicio a la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los promotores y de la administración autonómica, al incumplir todos los compromisos adquiridos, poniendo en quiebra la confianza de todo el sistema».
A la reunión del Consejo Asesor de Vivienda han asistido, entre otros, representantes de los sindicatos CCOO y UGT, de la patronal Cierval, de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de Valencia, Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Castellón (APECC), y de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la provincia de Alicante (PROVIA), entre otras entidades.
Según la Generalitat, el borrador del Real Decreto por el que se modifica el anterior, de 12 de diciembre de 2008, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 implica «una modificación unilateral de las condiciones del Plan con un recorte drástico de la mayor parte de las líneas de financiación».
En este sentido, Cotino ha subrayado que «cualquier cambio en el Plan de Vivienda se debería negociar con las comunidades autónomas y con el sector para buscar las mejores soluciones entre todos a la nueva realidad social».
El Consejo Asesor de Vivienda considera que el texto perjudica a la Comunitat porque, en primer lugar, elimina la ayuda estatal directa a la entrada, con lo que afecta a más de 13.500 familias de la Comunitat que en los dos próximos años hubieran podido obtener esta ayuda. En este caso, se estima una pérdida de la aportación económica del Ministerio de Vivienda de más de 115 millones de euros.
En segundo lugar, denuncia que el Gobierno central «pretende reducir en un 40% las ayudas a los promotores de vivienda en alquiler y alojamientos protegidos, lo que bloquea promociones ya planificaciones con la consiguiente parálisis del sector y la generación de desconfianza en el sector empresarial».
Puestos de trabajo sin crear
En la Comunitat el convenio suscrito comprometía ayudas para incentivar la construcción de más de 5.200 viviendas en 2011 y 2012 con una inversión estatal de 33 millones de euros. La reducción de la aportación del Ministerio provocará, además, «una caída en la inversión por parte del sector empresarial de más de 400 millones de euros que hubieran generado más de 20.000 puestos de trabajo».
Por otra parte, el nuevo Real Decreto también incluye la «eliminación» de las subvenciones para adquirir y urbanizar suelo para vivienda protegida, aspecto en el que el recorte estatal asciende en la Comunitat a siete millones de euros y paraliza las más de 4.400 viviendas previstas en el convenio inicial para los dos próximos años.
Además, el borrador elimina la subvención estatal para los gastos de gestión del Plan de Vivienda, entre ellos, el coste de las más de 30 oficinas de ventanilla única que tramitan las ayudas en la Comunitat Valenciana y que asciende a 2,4 millones de euros al año. Asimismo, asegura que el Ministerio pretende suprimir un 20% de las ayudas del Plan de Vivienda al «eliminar el fondo de reserva de eficacia y aumentar el diferencial del tipo de interés en un 60% en los préstamos al promotor».
Para el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Juan Eloy Catalá, el decreto «lo único que puede hacer es perjudicar al sector una vez más», considera que «no tiene sentido» en el tiempo actual de crisis y advierte de que paralizará la construcción de VPO y provocará más paro.
El presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunitat y vicepresidente español y delegado del Cooperativismo de Viviendas en UE, Vicent Diego, cree que la modificación «debe retirarse» porque en Valencia es «una tradición el poder hacer VPO». La decana del Colegio de Registradores, María Emilia Adan, califica de «preocupante» que, a mitad de un marco normativo que daba «estabilidad» al Plan de Vivienda durante «unos años», se cambie la regulación, lo que considera que no es positivo para las inversiones que tengan que practicarse en el sector.
El responsable de Vivienda y Territorio de CCOO PV, José de la Casa, ha apuntado por su parte que el real Decreto es «una aberración que no tiene ningún sentido que lo justifique», además de que lamenta que perjudica a los ciudadanos porque hay «un recorte de carácter social», que es la ayuda a la entrada de la vivienda

Hasta los 1,093 billones de euros
El saldo vivo hipotecario cayó en el mes de julio por primera vez en la historia hasta los 1,093 billones de euros, lo que supone un descenso del 0,32% si se compara con el mismo mes del 2009, según los últimos datos publicados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
Andrea Pérez-Bouzada – Madrid – 20/09/2010 – Cinco Dias
Aunque según los expertos el mercado se encuentra todavía plano y en lo que respecta al saldo vivo de este tipo de préstamos las nuevas operaciones se compensan con las amortizaciones, el cambio de signo supone una muestra de la difícil recuperación del sector inmobiliario debido a la crisis financiera y económica que viven los mercados.
El importe total de los préstamos concedidos por las entidades financieras españolas para la adquisición de vivienda crece por debajo del 1% desde mediados del pasado ejercicio. «La actividad del mercado en términos de saldo es plana», señalan desde la AHE.
El saldo de los activos hipotecarios titulizados cayó un 3,44% hasta los 218.292 millones de euros.

19.09.2010 A. Monzón. Madrid – Expansión
La banca no duda en utilizar todas las armas a su alcance para poner coto a los elevados índices de morosidad -en sus niveles más altos desde 1996- que lastran sus cuentas. En este empeño, muchas entidades financieras han recurrido a los servicios de investigación de detectives para perseguir a los clientes en mora, con el fin de recuperar los créditos impagados.
Un informe de la agencia Detectys resalta que durante 2009 recibieron el encargo de más de 150.000 investigaciones para entidades financieras, el triple que el año anterior. El presidente de la agencia, Manuel Rosa, asegura que durante el presente ejercicio el volumen de consultas se mantiene en niveles similares a los de 2009.
El estudio de Detectys, que trabaja actualmente para siete entidades financieras españolas, señala que los bancos suelen recurrir a los servicios de investigación para solicitar informes de localización y solvencia de sus deudores, principalmente en el caso de particulares o pequeñas empresas. También, los informes de uso de bienes hipotecados suponen más de un tercio de las consultas. Mediante la contratación de detectives, las entidades tratan de agilizar la búsqueda y recuperación de los activos en mora, evitando procesos judiciales que suelen resultar más costosos en tiempo y recursos.
Manuel Rosa destaca que son más los bancos y cajas de ahorros grandes los que contratan detectives en su lucha contra la mora, que las entidades de menor tamaño. Además, el presidente de Detectys asegura que esta labor de búsqueda de los morosos permite a estas entidades financieras situar sus índices de impagos entre los más bajos del sector.
Con estos servicios, la banca trata de evitar los altos costes de los procesos judiciales
Rosa cree que las entidades deberían recurrir a los servicios de detectives especializados desde el mismo momento en que no logran contactar con un cliente en mora, “cuando el impago está más fresco”, ya que de este modo es más fácil obtener resultados satisfactorios de la investigación.
Resultados
En más del 50% de las consultas que recibió Detectys para localizar a deudores de la banca, la agencia logró comunicar a la entidad un nuevo domicilio del cliente en mora, tras comprobar que el que éste había facilitado era incorrecto. En cambio, casi en el 10% de los casos las investigaciones no lograron localizar a los morosos.
La solvencia de los clientes con créditos en mora es otra de las preocupaciones para la banca. Un tercio de la investigaciones llevadas a cabo por Detectys da pruebas de que el deudor cuenta con bienes o ingresos susceptibles de embargo. En estos casos, un 13% de los deudores investigados tiene propiedades libres de cargas y un 37,6%, las tiene aunque con cargas a favor de alguna entidad.
En cuanto a los clientes con deudas sobre créditos hipotecarios, Detectys resalta que cerca del 20% de éstos mantiene vacío el inmueble hipotecado, mientras que otro 20% lo tiene alquilado, lo utiliza como segunda residencia o cedida a algún familiar. Recurso al alza 1-Detectys realizó el año pasado más de 150.000 investigaciones para entidades financieras, el triple de las hechas en 2008. 2- Los bancos y cajas de mayor tamaño recurren a estos servicios con mayor asiduidad que las entidades más pequeñas.

Supone el 56,7% del PIB
17/09/2010 – Juan E. Maíllo – El Mundo
Madrid.- La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se colocó al cierre del primer semestre del año al borde de los 600.000 millones de euros.
En concreto, la Administración Central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos sumaban un endeudamiento de 598.764 millones a 30 de junio, tras haber subido en 21.875 millones en un trimestre y en 95.824 millones en los 12 últimos meses.
El Gobierno ha situado su deuda en 458.268 millones de euros, 12.075 millones más que en marzo y 70.293 más que un año atrás. Suponen subidas del 2,7% y el 18,1%, en cada caso.
En cuanto a las comunidades autónomas, su deuda ha engordado en 9.462 millones en el último trimestre, un 10%; y en 21.804 millones, un 26,5%, desde junio de 2009.
Por último, los ayuntamientos han cerrado el primer semestre con 36.413 millones de deuda. Se incrementa un 0,9% (338 millones) en tres meses y un 11,4% (3.728 millones) en un año.
En relación con el PIB, la deuda del conjunto del Estado alcanza ya el 56,7%. El porcentaje se reparte en un 43,4% para el Gobierno; un 9,8% para las comunidades autónomas y un 3,4% para los ayuntamientos.
Un año atrás el ratio deuda/PIB era del 47%, desglosado en el 36,3% de la Administración Central, el 7,7% de las regiones y el 3,1% de los municipios.

Eurostat – La actividad se desploma un 36,5% en julio
La construcción ha descendido un 3,1% en Europa en el último mes. | El descenso interanual es cinco veces superior al de la media de la Eurozona
La actividad en el ‘ladrillo’ español cae un 10,3% con respecto al mes de junio
Vuelta a la tendencia de bajadas experimentada en la primera parte del año
Europa Press | Bruselas (Bélgica) 17/09/2010 El Mundo
La producción en el sector de la construcción se ha desplomado en el mes de julio. Según la oficina estadística europea Eurostat, España registra el mayor descenso interanual de la zona euro, con un 36,5% menos de actividad que en julio de 2009, cinco veces por encima de la media, que se ha situado en un 7,5%.
Sólo Reino Unido, Suecia, Alemania y Polonia han visto crecer la actividad con respecto a hace un año
España se coloca así a la cola de sus vecinos europeos, seguida por Rumania, con una caída interanual del 24,9%, y Bulgaria (-19%). Tan sólo Reino Unido, Suecia, Alemania y Polonia han visto crecer la actividad con respecto a hace un año.
En términos intermensuales, el batacazo europeo también ha sido considerable. La producción descendió, de media, un 3,1% con respecto a junio. Mientras, en España la caída ha alcanzado el 10,3%.
Regreso al pasado
Estos datos contrastan con los referentes al mes de junio, cuando toda la Eurozona vivió un fuerte repunte del sector y nuestro país se situaba a la cabeza de ese crecimiento. Por el contrario, parecen retomar la tendencia experimentada en mayo y en abril pasados, cuando el sector retrocedió en España un 18,9% y un 18,5%, respectivamente.
España lideró la producción en el sector en el mes de junio
Entre los países que se libran de las malas noticias se encuentra Reino Unido, que, siguiendo la estela de junio, continúa registrando importantes incrementos. La construcción creció un 4,4% con respecto al mes anterior y un 13% más que hace un año. Suecia, Alemania y Polonia también experimentan subidas con respecto a junio.
Por sectores, la construcción de edificios descendió un 3,3% en los países de la moneda única, dejando también atrás los incrementos de junio, mientras que la obra civil menguó un 0,9%. En términos interanuales, ambas áreas se encuentran de capa caída. Si la construcción cayó un 7,9%, la obra civil, por su parte, lo hizo un 6%.

17-09-2010 por Tamara Vázquez. Madrid.Expansion
Los opositores de elite ofrecen un perfil profesional muy codiciado en la empresa privada. Bufetes de abogados, consultoras y entidades financieras rastrean candidatos a una plaza pública, seducidos por su alto nivel de formación, su disciplina y el demostrado afán de superación.

Cuando Miguel ́ngel Araque suspendió la oposición que preparaba para Inspección de Hacienda, hacía tres años que su vida se había convertido en una rutina fácilmente reconocible para cualquier opositor: nueve o diez horas de estudio diario, durante seis días por semana, sin apenas vacaciones ni tiempo de ocio. Para entonces tenía 27 años, una doble licenciatura cursada en ICADE y ninguna experiencia profesional.

«Comprendí que me había dado el tiempo suficiente para sacar la plaza, pero que debía buscar otras fórmulas para continuar mi carrera laboral», explica. Decidió probar suerte en la empresa privada y, en menos de un mes, tenía trabajo en el departamento fiscal del bufete Landwell. Desde entonces hasta ahora su trayectoria no ha abandonado la línea ascendente. Con 36 años, hoy trabaja como senior manager del despacho de abogados Mazars y Asociados donde, entre otras funciones, participa en procesos de selección de otros opositores que actualmente se encuentran en la misma situación que él afrontó.
El caso de Araque no es excepcional. De hecho, como confirma Luis Bravo, socio del despacho de abogados Cuatrecasas, entre un 10% y un 20% de las incorporaciones que su bufete realiza cada año se cubren con opositores del Grupo A1 -titulados universitarios que preparan el acceso a las plazas con más categoría- que no han conseguido un puesto en la Administración Pública, sobre todo con abogados del Estado, inspectores de Hacienda y, en menor medida, jueces, fiscales, notarios y registradores. «Se trata de personas muy disciplinadas, con un elevado nivel de formación y una enorme capacidad de concentración y de sacrificio», describe Bravo.
Retribución
El salario de entrada del ex opositor que entra en esta empresa es de 34.000 euros brutos anuales (el mismo que cualquier abogado recién licenciado), aunque normalmente su ascenso dentro de la compañía es más rápido que el de otros perfiles, «porque cuenta con herramientas que otros jóvenes abogados no poseen como, por ejemplo, su férrea capacidad de estudio, que es imprescindible para investigar sentencias y actualizar constantemente sus conocimientos». Como curiosidad, ́lvaro Mendiola, el socio de Cuatrecasas que dirige el área contenciosa en Madrid, también intentó hacer carrera como opositor antes de saltar al ámbito privado.
José Ignacio Jiménez, socio responsable del departamento fiscal de Clifford Chance, también estudió una oposición antes de su etapa en el despacho y, periódicamente, contrata candidatos con este tipo de formación. Reconoce que el principal inconveniente que presentan es el nivel de idiomas que, por lo general, resulta bastante insuficiente. Bravo coincide con esta apreciación e insiste en que es fundamental que «todos los opositores tengan un plan B que incluya el aprendizaje del inglés», sobre todo porque, según observa en su experiencia diaria, «en pocos años, el profesional de la abogacía que no hable con fluidez esa lengua apenas tendrá una oportunidad laboral. La cosa es muy seria, porque se considera que, en el futuro, podrá toparse con un nivel de tolerancia cero respecto a este tema», insiste.
Marta Pinto, directora del área legal de Michael Page, afirma que el opositor es un profesional muy «reconocido y valorado» en ciertos sectores, aunque observa otros tantos atolladeros en su transición a la empresa privada. Por ejemplo, «la integración en una firma en la que normalmente tienen que reportar a perfiles de menos edad o la remuneración que, en ocasiones, se les antoja inferior a la que merecen», explica.
Roque de Las Heras, presidente del Centro de Estudios Financieros, apunta un problema más: «Son personas que tuvieron un buen expediente académico en su fase universitaria y que poseen un gran afán de superación. En su caso, el hecho de no haber superado una oposición a veces les imprime cierta sensación de fracaso, aunque suelen superarlo en pocos meses». Afortunadamente, esto no fue lo que sintió Sandra Núñez -una de las alumnas de la institución académica que dirige- cuando dos años y medio después de haber empezado a prepararse como inspectora de Hacienda, le faltó paciencia para terminar el proceso. «Me había fijado un plazo de tres años para conseguir la plaza, pero no pude esperar tanto», recuerda esta joven. Así que empezó a buscar empleo y la jugada le salió bien. En apenas tres meses ya tenía un contrato de prueba en Caja Madrid, entidad en cuyo departamento fiscal sigue trabajando cinco años después y en la que ejerce como profesora de fiscalidad. Y es que, como concluye De Las Heras, aunque el refrán diga que «el que la sigue, la consigue», en la carrera profesional hay ocasiones en las que «una retirada a tiempo también puede convertirse en una victoria».

En junio había 43.944 oficinas
17/09/2010 Juan Emilio Maíllo – El Mundo
Madrid.- Los bancos y cajas de ahorros españoles cerraron en el último año cerca de 1.200 oficinas. Continúa así el proceso de ajuste de la banca, que debe adaptar sus redes a la crisis que vive el país, que ha afectado notablemente al negocio bancario.
Según los últimos datos del Banco de España, la red de oficinas en España ascendía a 43.944 a 30 de junio, frente a las 45.137 de un año antes. En los tres últimos meses, de abril a junio, se echó el candado a otras 191 oficinas.
El ajuste está siendo mucho más intenso entre las cajas que entre los bancos. No en vano, la red de las primeras es mucho más tupida. A 30 de junio las cajas contaban con 23.903 sucursales, 704 menos que un año antes.
En el caso de los bancos, por su parte, se ha echado el cierre a 356 oficinas, con lo que cuentan en la actualidad con 14.715.
Mientras, las cajas rurales tienen hoy 5.019 sucursales, tras haber cerrado 62 desde junio de 2009. Y las financieras, entidades que dan créditos pero no captan depósitos, tienen 306, que son 71 menos que un año atrás. En términos relativos, las financieras son las que han hecho el ajuste más intenso.