AIRE

Garantiza al ciudadano la máxima información de la vivienda que realmente adquiere
29-01-2011 (13:42:59) por Redacción de Inmodiario
Valencia. La secretaria autonómica de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, Mª ́ngeles Ureña, ha asegurado que «el Libro del Edificio, que en los próximos meses será aprobado por el Consell, garantiza al ciudadano la máxima información de la vivienda que realmente adquiere y de cuáles son las acciones que debe realizar para mantenerla en sus características iniciales y prolongar su vida útil».

«La regulación de este libro pone en manos del usuario un protagonismo del que ahora carece, una mayor responsabilidad hacia el edificio y unas obligaciones de mantenimiento que nos permitirán contar con ciudadanos más exigentes pero también más responsables con su vivienda», ha destacado la secretaria autonómica.

Mª ́ngeles Ureña ha explicado que «a partir de la entrada en vigor del Libro del Edificio, en la Comunitat Valenciana se vinculará la construcción o rehabilitación de un edificio de vivienda o alojamiento a la existencia de un libro que recoja toda la documentación administrativa, técnica y de uso y mantenimiento, que informe de forma exhaustiva del producto inmobiliario que se adquiere y que dé instrucciones y pautas claras para su uso y mayor durabilidad».

Medida del Proyecto Impuls

El Libro del Edificio es una nueva medida de simplificación que forma parte del Proyecto Impuls para la reducción de la burocracia que está desarrollando esta Conselleria, ya que permite unificar y agrupar toda la documentación inmobiliaria que necesita el ciudadano, lo que hace más fácil su consulta y le ahorra tiempo y desplazamientos.

Mª ́ngeles Ureña ha realizado estas declaraciones durante la clausura de la jornada ‘Aspectos de interés común entre la administración de fincas y el Registro de la Propiedad’, que han organizado los responsables de estos dos colegios profesionales de la Comunitat. La secretaria autonómica ha participado en el acto junto al presidente del Colegio de Administradores de Fincas, José Vázquez Mayans, y la decana autonómica del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mª Emilia Adán García.

Los abogados de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca están estudiando las posibilidades que abre la decisión judicial
La agencia internacional de calificación de crédito afirma que el auto contraviene la legislación
Jueces de diferentes asociaciones creen que la decisión de la Audiencia navarra podría repetirse

Diario de Navarra / Europa Press . Pamplona / Londres 29 de enero de 2011.
La onda expansiva del revolucionario auto de la Audiencia Provincial de Navarra cada día llega más lejos.
Ayer, desde Londres, la agencia de calificación crediticia Fitch Ratings afirmaba que el auto de la Audiencia Provincial de Navarra que reconoce que la adjudicación de la vivienda en subasta debe bastar para saldar la deuda hipotecaria «contraviene» la legislación española en materia hipotecaria y el Código Civil, por lo que confía en que la apelación de la entidad acreedora (BBVA) anule esta sentencia.
«Fitch espera que la apelación del prestamista anulará la sentencia inicial. Sin embargo, si la apelación fracasa, daría lugar a un importante precedente material que potencialmente forzaría a Fitch a revisar sus actuales valoraciones del mercado», advierte.
No obstante, Fitch Ratings considera que esta decisión de la Audiencia Provincial de Navarra «no tiene un impacto inmediato» en los «ratings» de finanzas estructuradas existentes. «Tradicionalmente, el pago en especie en España sólo es posible si existe un acuerdo con el acreedor», señala la agencia, que recuerda que el recurso a todos los bienes e ingresos presentes y futuros del deudor se emplea sistemáticamente por las entidades para garantizar el recobro completo de los impagos hipotecarios cuando la propiedad subastada no cubre el importe de la deuda pendiente.
Podría no ser la única
El auto de la Audiencia navarra, que ratificó la decisión del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Estella, ha sorprendido por su singularidad, pero en el ámbito judicial comienzan a oírse voces ya de que podría repetirse.
Ayer, el diario El Economistarecogía la opinión de magistrados de distintas asociaciones de la judicatura española. Joaquín González Casso, miembro del Comité Nacional de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, afirmaba en el artículo: «Sí, va a provocar que otros magistrados hagan lo mismo». Y añadía que el fallo responde a «una interpretación posible y muy interesante que habría que estudiar». Este juez apuntaba que la noticia le había «sorprendido». «Todos los magistrados que llevamos a cabo ejecuciones hipotecarias nos hemos encontrado con este problema» y nunca se había emitido un auto similar».
José Luis Ramírez Ortiz, de la Asociación de Jueces para la Democracia, también creía posible que se repitan autos similares.
«Es un escándalo», comentaba a El Economista Luis Fernández del Pozo, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Registradores de España: «En primer lugar, es un auto singular, nada habitual en el panorama de los tribunales en España. Pero a partir de ahora es imaginable que se den más casos».

Por 20 euros puede hacerla
Las sociedades de tasación le ayuda a valorar la casa que quiere comprar o vender
29/01/2011 – Cristina Vallejo- Finanzas.com
¿Cuánto vale su vivienda? Busque en Internet la tasación de su piso.
Los analistas consideran que, desde el valor de tasación, debería aplicar una rebaja del 20%
Cada vez más sociedades de tasación ofrecen herramientas potentes para calcular cuánto vale un piso. Este tipo de valoraciones no le servirá a efectos jurídicos o hipotecarios, pero le puede ser útil para saber cuánto pedir por su piso o cuánto sería razonable pagar por él.

Una de las principales recomendaciones que los analistas realizan, tanto para los compradores como para los vendedores, es que tasen la vivienda que desean adquirir o que quieren vender. Para el propietario, es una herramienta útil por dos razones: en primer lugar, porque tendrá una primera aproximación sobre el precio al que le será más fácil vender su vivienda. Los analistas consideran que, desde el valor de tasación, debería aplicar una rebaja del 20 por ciento. Ése es el nivel en el que, hoy por hoy, oferta y demanda se encuentran. En segundo lugar, con ese documento y la rebaja correspondiente aplicada sobre ese valor de tasación, el vendedor tendrá más autoridad para cerrar la operación. Y para el comprador también puede ser una herramienta útil. Seguramente se tope con muchas viviendas que le interesen, pero con precios desorbitados. En ese caso, puede proponerle al vendedor la tasación de la vivienda para demostrarle que ese piso no vale lo que pide por él. Al fin y al cabo, para un inmueble medio de entre 300.000 y 350.000 euros, la tasación cuesta entre 300 y 350 euros. Seguro que merece la pena. Dada la gran oferta existente, es prácticamente imposible que un propietario tase todas las viviendas que vaya viendo. Algún comprador sí está dispuesto a, por ejemplo, realizar la tasación de los dos o tres inmuebles que más le interesan. Pero, ¿qué hacer con el resto de los pisos también le interesan? Internet puede ser una herramienta muy útil.

Valoraciones «on line»

En estos momentos, varias plataformas de internet le permiten realizar una valoración aproximada del inmueble que le interesa. Una de ellas es la que ofrece Sociedad de Tasación. Desde hace ya unos meses, en su página web funciona el canal “on-line” de valoraciones inmobiliarias stvalora.com. En esta página, el interesado tendrá que rellenar una serie de datos sobre el inmueble en cuestión y, con un mensaje de móvil, le llegará su valoración aproximada. La operación le costará sólo 4,06 euros en total.
La página web de Tasaciones Hipotecarias, una sociedad que también está registrada en el Banco de España, ofrece este servicio, aunque la respuesta se obtiene por correo electrónico. La operación cuesta 23,60 euros. En la propia página web de esta tasadora se informa del intervalo de confianza de la valoración, así como de su “robustez”, en función de la existencia de inmuebles de similares características en la zona, tanto en tamaño como en antigͼedad. Si la tasadora considera que no hay pisos suficientes de referencia para hacer la tasación, no la realizará y, por tanto, tampoco le cobrará el importe correspondiente. Lo mismo sucederá si en la zona en la que se encuentra ubicado el inmueble hay mucha heterogeneidad en la tipología de las viviendas. O si las características del piso en cuestión lo convierten en un inmueble muy singular, que lo haga difícilmente comparable con los que existen a su alrededor. Éstas son las mismas advertencias realizadas por Instituto de Valoraciones, otra tasadora registrada en el Banco de España. Si realizamos un ejercicio de valoración de un inmueble ubicado en una calle céntrica de Burgos, el servicio afirma que al fiabilidad de la valoración es de un 80 por ciento. Si el cliente está de acuerdo con ese nivel de precisión, da su conformidad y la plataforma sigue adelante con la petición de la tasación, que le costará 8,50 euros, con el IVA incluido.

La tasadora Euroval, previendo que en estos momentos hay muchas dudas e incertidumbres sobre la valoración de los inmuebles, ha diseñado “paquetes” de valoraciones. Así, si la solicitud de un informe cuesta 5 euros, el precio de un paquete de 50 valoraciones cuesta 150 euros.

Y hasta una red social

La red social financiera Impok también le proporciona este servicio. Y gratis. Lo primero que tiene que hacer es crearse un perfil. A continuación, pinchar en la pestaña de inmuebles y, una vez en esa pantalla, indicar las características del piso en particular que le interesa. Además, como el servicio es gratis, podrá comparar la valoración del piso en particular con el de otros de esa misma zona o de otras ubicaciones que le resulten interesantes. En todos los casos, esta herramienta proporciona datos tales como la referencia catastral, los metros construidos, los útiles, los de las zonas comunes. También, la fecha de construcción e, incluso, el valor razonable de un seguro y de una reforma en la zona. Muchas referencias que, en ocasiones, las páginas web de los tasadores no llegan a proporcionar.

Pero nada como una tasación de verdad

La página web de Instituto de Valoraciones alerta de que este tipo de “tasaciones” no tienen validez oficial. Según explican, son idóneas sólo para obtener una evaluación rápida y aproximada de cualquier inmueble, como primer paso en un proceso de toma de decisiones. Y, por eso, alertan: “El valor podría verse incrementado o disminuido dependiendo de una serie de características que sólo podrán apreciarse y cuantificarse mediante una visita a la vivienda”. Es decir, realizando una tasación en toda regla que, a diferencia de las anteriores, sí tenga validez para actuaciones económicas y judiciales, así como para fines hipotecarios.

Para que tenga validez a todos estos efectos, según describen en Pisos.com, los tasadores, que deben trabajar para una sociedad de tasación aceptada por el Banco De España, deben tener la titulación de Arquitectura técnica o superior y tienen la obligación de realizar una inspección ocular, es decir, deben visitar la vivienda para comprobar su estado de conservación y localización. Y, a partir de ahí, para establecer la valoración, utilizar un método, por ejemplo, de comparación con otras viviendas de similares características. Y aquí también hay normas: debe haber, como mínimo, seis testigos, y referencias acumuladas durante al menos dos años.

Joaquín Trigo Portela 28/01/2011 – El Economista
Las decisiones deben tomarse en frío, con tiempo y capacidad de evaluar las implicaciones, los costes y las opciones en presencia.
Parece que el sino de España empuja a lo contrario y, así, decidimos crear autonomías pordoquier cuando sólo unas pocas comunidades las reclamaban, mantenemos todos los niveles administrativos preexistentes y, creamos otros nuevos, al punto que en algunos lugares un ciudadano tiene hasta siete niveles superpuestos.
Las prisas llevan a errores que exigen rectificación y desacreditan a los reguladores. El debate sobre la modificación de las edades de retiro, aunque apunta a situaciones futuras, se realiza con urgencia bajo pretexto de dar una imagen externa de rigor y anticipación cuando, precisamente, se requiere serenidad.
Las fábricas de motocicletas en España no se deslocalizan yendo al Magreb o a Vietnam, sino hacia Italia y Francia, que son países con niveles de renta ?y costes de producción? superiores a los de España, y eso parece no chocarle a nadie a pesar de que es un hecho consumado que evidencia nuestra pérdida de competitividad.
Mover a las personas es más complicado, especialmente cuando no tienen la preparación ni el hábito de cambiar de residencia y actividad. El tránsito de una posición activa a una pasiva también genera dificultades, aún cuando se puede anticipar y preparar con tiempo.
El cambio en las expectativas puede desorientar y generar tensiones, por lo que es aconsejable que las modificaciones se preparen, se justifiquen y se adecúen a la situación presente y la venidera.
El aumento en la esperanza de vida es incontestable, como también lo es el hecho de que la mayor parte de los empleos están en servicios y actividades que, en general, vienen siendo menos accidentadas y con clara mejora en la prevención de riesgos laborales.
La capacidad de trabajar se alarga, pero la satisfacción por la tarea bien hecha, la voluntad de aportar y aprender o la capacidad de ganar diaria y directamente el sustento propio y de la familia no crecen en la misma proporción.
Así, la experiencia de tener veteranía en tal o cual actividad y la satisfacción de aportar y poner al día esos conocimientos parece una característica rara. Al tiempo, la proporción de personas que ahorran poco o nada para prevenir contingencias futuras o legar algo a la familia es pequeña.
Esa doble combinación, junto con la convicción de la capacidad del país para generar cotizaciones y de la administración correspondiente para repartirlas lleva a creer que el futuro está controlado, cuando éste, en realidad, está sujeto a azares e incertidumbres que no pueden descartarse dificultades sobrevenidas como la crisis actual.
Hoy es compatible trabajar algo más, tener un retiro más dilatado y mejor pagado. Algo así evidencia sensibilidad para con las próximas generaciones, a las que no se traspasan cargas. Para apreciar debidamente el coste actual de las aportaciones conviene que cada uno conozca su aportación al fondo común, lo que ignora la mayor parte de la población que percibe un sueldo porque la hoja de salarios no recoge la parte de aportación a la seguridad social a cargo de la empresa.
Con datos de 2009, para una persona con sueldo anual bruto de 28.000 euros el coste para la empresa sería de 49.740, de los que el 23,6 por ciento, esto es 11.740.3 euros, serían aportaciones de la empresa a coberturas sociales y de éstas 8.966,7 euros irían a la Seguridad Social mientras que el resto va a desempleo, Fogasa, accidentes de trabajo y formación profesional.
En la hoja del trabajador, las deducciones adicionales son 2.412,6 euros de las que van al régimen general de Seguridad Social 1.785,7 euros, para desempleo 588,9 euros, y para formación profesional 38 euros.
Los contribuyentes informados podrían preguntar qué se hace con sus impuestos, presionar a la reducción de algún gasto, suavizar la carga de algún concepto y reforzar otros. Ni lo saben ni se lo explican y así, en estos casos, puede ser que el que haga más ruido se salga con la suya sin que el ciudadano de a pie haga nada, simplemente porque no puede hablar de lo que desconoce.
Joaquín Trigo Portela. Director Ejecutivo. Fomento del Trabajo Nacional.

Sentencia pionera
Respecto del tipo de interés que se toma de referencia para las revisiones
Europa Press | Madrid 27/01/2011 – El Mundo
El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad por abusiva de la cláusula de redondeo al alza incluida en las hipotecas a interés variable de Caixa d’Estalvis de Tarragona, que tendrá que devolver la diferencia cobrada de más a sus clientes, según la sentencia dictada el pasado 1 de diciembre.
La sentencia ordena a la entidad eliminar la cláusula que establecía «un redondeo por exceso al cuarto punto superior», respecto del tipo de interés que se toma de referencia para las revisiones anuales del interés aplicable al préstamo hipotecario.
La Sala de lo Civil del Supremo desestima así el recurso de casación presentado por Caixa d’Estalvis de Tarragona contra la sentencia dictada Audiencia Provincial de Barcelona, que confirmó una del Juzgado de Primera Instancia número 44 de Barcelona.
La sentencia condena a la caja de ahorros a «eliminar dicha condición general» incluida en sus contratos hipotecarios y a «abstenerse de utilizarla en el futuro».
Además pide a la entidad que proceda a la «devolución de las cantidades cobradas en exceso» respecto al dinero que correspondería haber cobrado sin la aplicación de la cláusula de redondeo y con el interés legal del dinero, desde cada una de las respectivas fechas en las que se pagaron importes superiores por su aplicación.
De esta forma, el Supremo confirma también una sentencia anterior, dictada en noviembre de 2010 contra Caja de Ahorros de Jaén que consideró el redondeo al alza como una cláusula que perjudicaba al consumidor al establecer un desequilibrio entre los derechos y obligaciones del cliente y la entidad.
El Supremo reconoce en la sentencia la legitimidad de Ausbanc y de las demás asociaciones de consumidores para pedir la nulidad de una cláusula contractual en nombre del interés colectivo, aunque que no estén inscritas en el Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) y en el Registro del antiguo Ministerio de Sanidad y Consumo.
Entrega de las listas
El abogado de Ausbanc encargado del caso, Sebastián Rodet, explicó que esta sentencia del Supremo es «pionera» porque avala la obligación que tienen las entidades financieras de entregar el listado de todos sus clientes del producto sobre el que recae el fallo.
Rodet anunció que pedirá al Juzgado de Primera Instancia número 44 de Barcelona que ejecute la sentencia dictada en abril de 2005 y que condenaba a la Caja de Tarragona a «entregar un listado con todos los clientes afectados» por este contrato hipotecario «para el buen fin de la ejecución», según la sentencia, confirmada por las dos instancias superiores.
En estos casos, las entidades financieras están manteniendo ante los tribunales que las asociaciones carecen de legitimidad para defender intereses colectivos y están pidiendo que cada caso se juzgue de forma individual.
Al respecto, el Supremo considera que, en este caso, «la acción del caso se refiere a intereses colectivos, y no difusos, no ofrece duda». Además, el alto tribunal reprende a la entidad por no entregar el listado de los afectados al concluir que «produce perplejidad que la entidad, mediante su sistema informático, no pudiera determinar plenamente a los afectados».
Por último, añade que «carece de consistencia» la pretensión de la entidad de calificar la acción de la asociación como «difusa», «pues por mucho que pueda transcender -indirectamente- al mercado, lo cierto es que los consumidores o usuarios interesados son facilmente determinables».

Un juzgado obligó a abonar la expropiación para hacer un parque urbano en San Francisco -P El Ayuntamiento no confirmó quién era el dueño de las fincas
Antonio José Fernández – Telde – laprovincia.es » Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde abonó 1,87 millones de euros a un particular por la expropiación de unos terrenos en San Francisco que no eran íntegramente de su propiedad. El dato lo dio a conocer ayer en el pleno el concejal de Patrimonio Histórico y Municipal, Ildefonso Jiménez, quien alertó de que el consistorio se percató de esta irregularidad cuando intentó escriturar a su nombre las seis fincas anexas que supuestamente había adquirido en la trasera del centro de especialidades médicas de San Juan, donde el Plan General contempla desde 2002 un parque urbano.

El caso en sí nace en 2006, cuando se inicia un litigio entre un vecino, Fernando Naranjo, y el consistorio. Al no haberse desarrollado el sistema general contemplado en la normativa urbanística y no producirse acuerdo alguno entre ambas partes, el particular consigue que la Junta Provincial de Precios tase en 1,426 millones de euros el valor de los 5.307 metros cuadrados afectados por la operación. Posteriormente, una sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas obliga al pago de esta cantidad y de otros 453.475 euros en concepto de intereses legales y de demora, abonos que se producen en septiembre de 2009 y enero de 2010.

El problema surge cuando el consistorio requiere al particular para que se persone con la escritura, el DNI y otros documentos en sus dependencias con vistas a cambiar la titularidad de los solares. «Se le llamó por distintas vías y de forma reiterada, hasta cinco veces, y nunca apareció entre septiembre y diciembre últimos», apuntó Jiménez en el pleno, «por lo que terminamos dirigiéndonos al Registro de la Propiedad para pedir una nota simple y fue ahí donde detectamos que este señor sólo posee una de las seis fincas y un tercio de otras dos, mientras que las otras tres son de terceros».

El actual grupo de gobierno (NC, PSOE y CCN) no quiso hacer leña del árbol caído ni culpar al pacto anterior, pero todo apunta a que la irregularidad podría haber tenido su origen en una presunta falta de control del consistorio durante el proceso llevado a cabo entre 2006 y 2007 en las distintas instancias. El consistorio aspira ahora a recuperar el dinero para repartirlo entre los propietarios correctos.

28.01.2011 E.P. – Expansión
BBVA ha presentado un incidente de nulidad contra el auto que considera suficiente la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda hipotecaria.
El banco alega que los razonamientos jurídicos son «arbitrarios», según el escrito presentado hoy por la entidad, al que tuvo acceso Europa Press.
La entidad considera que el auto «lesiona el derecho fundamental de BBVA a la tutela judicial efectiva» porque sus argumentos para desestimar su recurso «resultan irrazonables o arbitrarios, en el sentido técnico-jurídico».
El banco ha presentado ante la Audiencia Provincial de Navarra este incidente de nulidad del auto, que es firme y previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
BBVA considera que esta resolución hecha pública ayer «no tiene como base el ordenamiento jurídico, sino una valoración moral subjetiva» por parte del tribunal. El auto concluye que la actuación de BBVA se ajusta a la ley pero es «moralmente rechazable», dentro del contexto actual de la crisis económica y de la «mala gestión» de los bancos del sistema financiero.
El auto determina que la actuación de BBVA «no constituye un abuso de derecho», pero considera que la disminución de valor del inmueble no sirve como garantía a la entidad para seguir reclamando los pagos mensuales de la hipoteca al cliente, después de tener que quedarse con la vivienda tras una subasta que quedó desierta.
El banco alega que, en caso de que se llevara esta resolución «hasta las últimas consecuencias», habría que derogar o considerar inaplicables los artículos 579 y 681 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que regulan las ejecuciones hipotecarias y el procedimiento para exigir el pago de estas deudas.
No se podrían celebrar subastas
Esto supondría que «dejaría de tener sentido la celebración de una subasta para la ejecución de bienes hipotecados», ya que bastaría con adjudicarlos por su valor de tasación inicial al acreedor hipotecario.
En concreto, la ley atribuye la facultad al acreedor hipotecario para que pueda elegir la adjudicación a su favor por un 50% del valor de tasación, un sistema que «dejaría de tener sentido alguno».
La ley establece que el bien pueda adjudicarse por el 50% de su valor de tasación y no por el 100% de ese valor, a elección libre del acreedor ejecutante. La entidad considera que el auto «niega esa posibilidad» legal y le obliga a adquirir el inmueble por el 100% de su valor.
Además, el BBVA presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por una presunta infracción del artículo 24 de la Constitución Española (CE) en su vertiente de derecho de la ejecución de lo resuelto y respecto a la intangibilidad de las resoluciones judiciales.
La entidad recurre, en este caso, el auto dictado el 24 de septiembre de 2009 por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Estella, que acordó la adjudicación del inmueble al BBVA por 42.895 euros, donde se reconoce que «el precio de adjudicación es inferior al de las cantidades adeudadas».
La entidad considera que el auto de la Audiencia Provincial ha prescindido de dicha resolución «desconociendo de modo directo su parte dispositiva que, en consecuencia, deja de surtir efecto alguno», salvo en la parte de la adjudicación. Esto supone también una lesión del artículo 24.1 de la CE por haberse desconocido la fuerza de «cosa juzgada».
Según el auto, el comprador, además de perder la vivienda, debía pagar 30.000 euros más, de los que 8.000 correspondían a intereses y gastos, para saldar la deuda, de más de 70.000 euros. La Justicia ha dado la razón al consumidor, entendiendo que el inmueble cubre el capital prestado, lo que jurídicamente se conoce como ‘dación en pago’, una figura no reconocida en la Ley Hipotecaria española.

Tomás Delclós 21/01/2011
Cuando se habla de mercados, de fortunas y de inversiones todo el mundo piensa en la Bolsa. Pero hay otros parqués millonarios. El de derechos de CO2, solo en las operaciones al contado, mueve cinco millones de toneladas al día y la cotización actual de una tonelada ronda los 15 euros.

Su parálisis, por tanto, es una catástrofe económica y, sin embargo, este mercado muestra una vulnerabilidad alarmante y permanente.
El año pasado, por la conocidísima vía del engaño (phishing) unos ladrones se hicieron con contraseñas de registros que les permitieron robar toneladas de derechos en este mercado digital. Ahora ha vuelto a repetirse el episodio. No se sabe si por un nuevo engaño o porque un intermediario ha empleado las contraseñas en su propio provecho.
La Comisión Europea lleva tiempo preocupada por la fragilidad demostrada por esta importante red de compraventa digital. De hecho, recomendó que para cerrar una transferencia de derechos tuvieran que usarse dos claves en manos de personas distintas. Esta cautela, sin embargo, no ha sido implantada en todos los mercados. Lo ha hecho, por ejemplo, Holanda y lo está haciendo Italia. En España, no.
Es una temeridad de las autoridades permitir el desamparo informático de este mercado. Nunca se conseguirá una seguridad total, pero la repetición de estos episodios demuestra una negligencia asombrosa. Llevamos años en un mundo digital pero, por lo que parece, todavía se custodian mejor los átomos que los bits. Unos bits que, por cierto, valen millones.

28.01.2011 Victoria Martínez-Vares – Expansión
El CGPJ da su visto bueno a que se eleve en un 500% la cuantía mínima para recurrir en casación. Impulsa un pacto para que la reforma se apruebe en breve.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio ayer su aval a dos anteproyectos de ley que, según explicó su portavoz, Gabriela Bravo, “son esenciales para el proceso modernizador de la Justicia”. Se trata de la futura ley de medidas de agilización procesal -cuyo objetivo es eliminar recursos superfluos- y la dirigida a regular el uso de las nuevas tecnologías en la Justicia.
El CGPJ quiere, entre otras cosas, frenar el alud de recursos que llegan al Supremo. También, que ambas normas estén aprobadas antes del verano. Para ello, están ya trabajando en impulsar un acuerdo de Estado para la Justicia. El objetivo: lograr que, antes de que concluya la legislatura, el Parlamento las apruebe.
Brusco incremento
Las reformas que contiene el anteproyecto de Ley de Medidas de Agilización Procesal afectan a los procesos civil y contencioso-administrativo. A juicio del CGPJ, los cambios que introduce resultan positivos pues “permitirá mejorar la repuesta de los juzgados, al suprimir trámites procesales innecesarios o sustituirlos por otros más breves”. Asimismo, la reforma prevé descargar de asuntos al Supremo con el fin “de que pueda llevar a cabo su labor prioritaria, que es la unificación de doctrina”, señala Bravo.
Para poner freno al número de asuntos que llegan al Alto Tribunal, el anteproyecto eleva la cuantía mínima para recurrir en casación de 150.000 a 800.000 euros. Este incremento del 533% ha sido criticado por los vocales Concepción Espejel y Claro José Fernández-Carnicero, a través de un voto particular.
Para ambos miembros del CGPJ, esta brusca elevación de la cuantía “parece excesiva” y “hará a las sentencias prácticamente irrecurribles en casación”. Por ello, entienden que hubiera sido más correcto fijar el umbral en 300.000 euros. Espejel y Fernández-Carnicero sostienen, en su voto particular, que la reforma “busca reducir los tiempos de resolución a costa de privar de la vía de recurso a los justiciables”.
Por otra parte, el CGPJ también aprobó ayer instar al Gobierno a que impulse una reforma para agilizar el proceso penal.
Respecto del anteproyecto de ley que regula el uso de las nuevas tecnologías, el órgano de gobierno de los jueces lo valora positivamente. Sin embargo, recalca el esfuerzo presupuestario que deberán afrontar las administraciones para cumplir con las obligaciones que impone. Asimismo, pide que se realicen modificaciones en algunos preceptos que “menoscaban” las competencias del CGPJ. En este sentido, advierte al legislador que si no se producen dichos cambios “se alteraría el consenso alcanzado en materia tecnológica por el Ministerio de Justicia, el Consejo General, la Fiscalía y las comunidades autónomas”.

Rubén J. Lapetra / Covadonga García – 27/01/2011 – Cotizalia
Nada ha cambiado, pero el titular ha corrido como la pólvora: entregar la casa salda la deuda. La Audiencia Provincial de Navarra ha respaldado un auto judicial «pionero», «que pone en cuestión la ley hipotecaria española y a todo el sistema financiero español», en opinión de varias fuentes judiciales consultadas por Cotizalia. Los magistrados de la sala José Francisco Cobo, Francisco José Goyena y Eduardo Valpuesta que ha desestimado el recurso de BBVA, y la condena a pagar las costas del juicio, en un caso de ejecución hipotecaria.

El resumen de los hechos, que se remontan al año 2009, es simple. El ganador anónimo de esta batalla ante el gigante bancario español hipotecó su vivienda por un importe de 79.000 euros y, tras varios impagos en las cuotas -a partir de tres meses se activa el proceso-, fue ordenada la ejecución de la garantía. Hasta aquí todo normal. BBVA, que financió el crédito, se adjudicó el inmueble en una subasta que quedó desierta por apenas 48.000 euros. La caída del precio de la vivienda frente al valor de la hipoteca contraída arrojaba un saldo negativo para el banco del orden de 30.000 euros que debía saldarse.

En cumplimiento de la Ley Hipotecaria española, BBVA activó la segunda fase de la ejecución que consiste en invocar la garantía personal del hipotecado y reclamar otros de sus bienes inmuebles, financieros o ingresos. Pero ahí se desata un enfrentamiento judicial con dos asaltos: el juzgado de primera instancia de la localidad de Estella realizó el primer fallo, que ahora ha sido ratificado en el proceso de apelación en la corte judicial navarra con un argumento de peso: fue el banco quien realizó la primera tasación para conceder el crédito sobre el inmueble. El tribunal califica de «circunstancial» el precio de la subasta que quedó desierta.

Lo relevante del caso es que la autoridad judicial considera suficiente la devolución de una propiedad para cancelar la deudas contraída con el banco y lo califica «moralmente rechazable», a pesar de que el banco solo cumplió con la norma. Según el auto, la resolución es firme y no cabe recurso, de manera que BBVA deberá recurrir al Tribunal Constitucional para evitar la condena. «El banco va a presentar recurso de nulidad previa al de amparo ante el Tribunal Constitucional porque entiende que el auto vulnera el principio constitucional de tutela judicial efectiva, según el artículo 24», explicaron a Cotizalia fuentes de la entidad que preside Francisco González.

El auto contradice la ley

«El banco ha actuado correctamente conforme a la ley. Pero el juez ha realizado una sentencia justa, que es lo que esperamos todos de la justicia: que adapte la ley a la situación. Sin embargo, es una sentencia aislada. Desde el punto de vista moral es loable, pero otros jueces no se van a atrever a hacerlo», apunta Luis María Grande, experto inmobiliario de Ernst & Young Abogados. El auto pone en cuestión algo básico del sistema hipotecario español: que es la garantía personal de quien contrae un crédito quien responde en caso de impago y no la propiedad como en otros países.

Un funcionamiento que descubrió un diario de la talla del New York Times hace escasas fechas, calificándolo de «condena de por vida para el comprador de una vivienda». En EEUU, en líneas generales, la devolución de las llaves de una casa al banco provoca la cancelación de la deuda. Es el conocido ‘efecto sonajero’, que muchos han querido traer a España. El pasado 14 de diciembre, una votación en el Congreso de los Diputados aprobó estudiar cambios en la legislación, pero no de gran calado, según explicaron entonces fuentes del sector financiero. Lo que parecía incuestionable, el funcionamiento de la Ley Hipotecaria española, seguiría sin cambios.

«El auto contradice principios básicos y tradicionales de nuestro sistema de garantías hipotecarias. Cuando desde todas las instancias se habla de la necesidad de reactivar el crédito para agilizar la recuperación económica es muy difícil que las entidades financieras se animen a facilitar más crédito si se pone en duda su derecho a recuperar todo el importe que han prestado», asegura Lorenzo Clemente, socio del área Inmobiliaria del despacho Garrigues. Sin embargo, la emisión de la citada sentencia por el tribunal navarro puede hacer temblar a más de uno.

La opinión entre los bancos y cajas de ahorros españolas es unánime sobre la cuestión: su adopción supondría la «quiebra masiva» de entidades españolas ya que constituye su sostén y fortaleza frente a la actual crisis. Entre 2009 y 2010 se han registrado en España cerca de 240.000 ejecuciones hipotecarias por parte de la industria de bancos y cajas, procesos en los que se ha ejecutado al pie de la letra la Ley Hipotecaria y, en muchos casos, además del inmueble el juez ha dictado embargos de otros bienes. Cambiar este marco jurídico ha sido una de las reclamaciones de la Plataformas de Afectados de la Hipoteca, que ha impulsado decenas de recursos en colaboración otras asociaciones consumidores como la OCU.

Sin embargo, en opinión de Clemente, la alusión al artículo 3 del Código Civil -que permite interpretar la ley según la realidad del tiempo en que deben ser aplicadas-, «es utilizar un mecanismo de interpretación legal para cambiar el contenido y el sentido de las leyes, ya que considera que un banco no puede reclamar la diferencia entre el valor por el que se adjudica un bien en subasta y la totalidad de la deuda, porque asumió que el bien tenía una valoración superior cuando dio la hipoteca. Y eso, más allá de que haya quien pueda compartir la justicia material del fallo, genera más incertidumbre e inseguridad, que es algo que, a la larga, acaba perjudicando al conjunto de la sociedad»

Los piratas sustraen derechos de emisión por 30 millones – El escándalo enfría el sueño de un comercio mundial – Ataque coordinado en cuatro países
Rafael Méndez – Madrid – 21/01/2011 – El País
La Comisión Europea ha suspendido el sistema de comercio de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) tras un robo en la República Checa y un intento de pirateo en Austria, como mínimo hasta el 26 de enero. El caso sacude a un mercado ya de por sí cuestionado, que ha sufrido un fraude de miles de millones en el impuesto del IVA en la UE y ha obligado a los Veintisiete a sentarse a analizar hoy en Bruselas cómo mejorar la seguridad.
En 2009, Europol denunció un fraude del IVA de 5.000 millones
Los derechos de emisión de CO2, como las acciones, son virtuales. Los Gobiernos los asignan a unas 12.000 grandes instalaciones europeas, que comercian con ellos. La idea del sistema, creado en 2005, es que las empresas más eficientes vendan derechos a las más contaminantes. A la larga esto debe fomentar el ahorro de energía y la reducción de emisiones. La tonelada de dióxido de carbono ronda actualmente los 15 euros. El cortafuegos está en Iberclear, de bolsas y mercados.
En noviembre pasado, un pirata informático ya robó 1,6 millones de derechos de emisión (a 15 euros cada uno, el equivalente a 24 millones de euros) a la cementera Holcim en Rumanía. De ellos, 600.000 fueron recuperados en Liechtenstein. «El otro millón se ha comprado y vendido tantas veces que está muy fragmentado», explicó Ismael Romeo, director de Sendeco2, bolsa española de CO2.
Los ataques se han sucedido con más o menos éxito los últimos meses. La Comisión Europea admitió que los sistemas nacionales de derechos de emisión están muy mal protegidos. La portavoz responsable de Cambio Climático, Maria Kokkonen, explicó que no descarta que se trate de acciones coordinadas. El sistema europeo de comercio de emisiones tuvo el año pasado un volumen de negocios de 90.000 millones de euros.
Austria, Grecia, la República Checa y Polonia han sufrido intentos de pirateo esta semana. En Chequia consiguieron llevarse el martes 475.000 derechos (unos siete millones de euros). En este caso recuperar los derechos será mucho más complicado, porque proceden de muchos países, no de un único Estado como en el caso rumano. Según Point Carbon, «los derechos fueron transferidos a una cuenta en Polonia, de ahí a Estonia, después a Lichtenstein», donde se les perdió el rastro.El Ministerio de Medio Ambiente español afirmó ayer que el Registro Nacional de Derechos de Emisión (Renade) no ha sufrido ningún ataque informático. El Renade lo gestiona Iberclear, la empresa que gestiona la bolsa y la deuda pública. «Tiene un cortafuegos potente, aunque es cierto que todos los sistemas están interconectados y la Comisión ha decidido cerrarlo todo», según una portavoz del ministerio.
Las implicaciones del robo van más allá de lo económico. La UE considera que el mercado de CO2 es clave para combatir el cambio climático y cada vez otras regiones del mundo se acercan a la UE. California ha creado un sistema similar para 2012 y China ha anunciado que estudia un sistema de intercambios parecido.
Los escándalos amenazan el sueño de crear un mercado mundial del dióxido de carbono. No son solo los robos. En diciembre de 2009, Europol destapó un fraude del IVA de 5.000 millones de euros en Europa. En marzo, la Audiencia Nacional ordenó 14 registros en empresas por la evasión de 50 millones por este sistema.
La inmensa mayoría del mercado no son ya instalaciones contaminantes, sino especuladores: agentes de bolsa y fondos de inversión que compran derechos esperando que suba.

6.01.2011 M.R./Agencias – Expansión
La ministra de Economía ha afirmado esta mañana que la ratio de ‘core capital’ que se exigirá a las entidades financieras que no cotizan se situará entre el 9% y el 10%.
En una entrevista televisiva, Elena Salgado ha dejado claro que las entidades que no cuentan con inversores privados en su capital por no cotizar tendrán que satisfacer exigencias más elevadas de solvencia.
El decreto que prepara el Gobierno, en colaboración con el Banco de España, prevé que el requerimiento de core capital (capital básico y reservas sobre activos ponderados por riesgo) para los bancos cotizados será del 8%. Pero, para las entidades no cotizadas estará entre el 9% y el 10%, según ha anunciado la ministra.
El pasado lunes, cuando anunció que el Ejecutivo estaba preparando un plan para acelerar la reestructuración del sector, y especialmente de las cajas, Salgado había dejado entender que el 8% de capital básico sería un mínimo y que, en algunos casos, se podría exigir más. Sin embargo, no había concretado hasta cuánto podrían subir las exigencias.
Ayer, algunas cajas ya han reconocido que tendrían dificultades para superar un 8% de core capital. Unnim (resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Terrassa y Manlleuy) explicó que con los 200 millones de nuevas ayudas que ha solicitado al FROB (en su momento, ya recibió 380 millones) podría alcanzar un 8%. Para superarlo, se vería obligada a crear un banco y sacarlo a cotizar.
CatalunyaCaixa, que también tenía planes para solicitar más recursos al FROB a cambio de más recortes de personal y oficinas, también estudia la posibilidad de crear un banco.
En las últimas semanas, había en el mercado muchos rumores sobre la posibilidad de que el Gobierno impusiera por ley a las cajas renunciar a su forma jurídica y transformarse en banco. Finalmente, el Ejecutivo ha optado por no obligar por la vía legal a esta reconversión. Aunque, al exigir más capital a las cajas que no salgan a cotizar, prácticamente las está obligando de facto.

Los 20.000 millones, suficientes
La ministra de Economía también ha asegurado esta mañana que los 20.000 millones de euros previstos para recapitalizar al sector serán «suficientes». Ls estimaciones de los analistas a este respecto varían mucho, desde poco más de 15.000 hasta más de 80.000.
No obstante, Salgado ha informado de que esta cifra, que sale de cálculos realizados por el Banco de España, no aparecerá en el decreto ley.

Bankimia 24/01/2011 – El Economista
Según el comparador online de productos financieros para particulares Bankimia, esta semana, se han realizado fuertes incrementos en los tipos de interés de préstamos e hipotecas. Es destacable el caso de Caja de ́vila, que ha subido sus diferenciales sobre el euribor por encima del 2,50%.
En el mercado de depósitos, la banca, en su intento por captar pasivo a largo plazo, ha rebajado la rentabilidad de algunos plazos fijos con periodos inferiores a un año y a su vez, ha incrementado la de los plazos fijos con periodos más largos.
iBanesto e ING Direct, las enternas rivales online, han modificado también sus productos de ahorro rebajando la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo.
Hipotecas
IberCaja ha encarecido la Hipoteca Bonificada Plus. Con el cambio, para financiaciones de hasta el 80% del valor de tasación, el diferencial sobre el euribor se sitúa en el 1,80% si se cumplen las condiciones de vinculación.
Bancopopular-e ha subido los tipos de la Hipoteca Premium, Joven y 2ª Vivienda, situando sus diferenciales sobre el euribor en el 0,69%, 0,79% y 1,00% respectivamente.
Caja de ́vila ha incrementado notablemente el tipo de interés de sus hipotecas, llegando a cobrar más del 2,50% por encima del euribor.
Depósitos
La Caixa ha bajado del 3,00% hasta el 2,95% TAE la rentabilidad del Depósito In, un plazo fijo anual exclusivo para nuevos clientes que se den de alta a través de Internet.
Por otra parte, la entidad ha subido el tipo de interés de su Depósito Creciente a tres y cinco años hasta un 2,50% y un 3,50% TAE respectivamente.
ING Direct ha bajado 0,25 puntos porcentuales la rentabilidad de sus depósitos a plazo fijo a 12 meses.
IBanesto ha dejado de ofrecer el depósito a plazo fijo a 3 meses y ha disminuido la rentabilidad de los plazos fijos a 6 y 12 meses.
Banca Cívica ha lanzado una nueva emisión del Depósito Campeón, un producto que invierte una mitad del capital en un plazo fijo al 4,00% TAE y el resto, en un referenciado al Ibex-35.
Caja Mediterráneo ha rebajado la rentabilidad del Depósito Mediterráneo On Line desde el 2,75% al 2,50% TAE.
Bankinter ha lanzado al mercado el nuevo Depósito Estructurado Multivalores garantizado, referenciado a las acciones de Wal-Mart Stores, AT&T y Telefónica, S.A.
Banco Caixa Geral ha dejado de ofrecer el Depósito Platino, un plazo fijo anual al 3,50% TAE.
Cajasol ha subido la rentabilidad del Depósito Creciente a dos años desde el 2,00% hasta el 3,51% TAE.
Caja Murcia ha lanzado un nuevo depósito con remuneración en especie, el Superplazo Cubertería Benetton, con un 1,36% TAE.
Cuentas
IBanesto ha alargado desde el 1 de mayo hasta el 1 de junio el periodo de remuneración al 3,60% en su Cuenta AZUL. El banco modificado también el tipo de interés que se aplicará después, bajándolo desde el 1,60% hasta el 1,30% TAE.
Préstamos
IberCaja ha subido 0,10 puntos porcentuales diferencial sobre el euribor del Préstamo Consumo con Garantía Hipotecaria. Ahora, si se garantiza una primera hipoteca el diferencial es del 2,70%.
Bancopopular-e ha incrementado desde el 8,50% hasta el 9,50% el tipo de interés nominal del Préstamo Personal.

22/01/2011 – El País
Primero llegaron los especuladores. Ahora, los ladrones. El bien que se disputan es, paradójicamente, algo de lo que se abomina: emisiones de dióxido de carbono. Para reducirlas se puso en marcha en 2005 un mercado europeo con el que Bruselas se las prometía felices porque ayudaría a la UE (más Noruega, Islandia y Liechtenstein) a contaminar menos y a cumplir con su compromiso de Kioto de reducir las emisiones en un 8% para este año con respecto a 1990.
Como se ha visto, ese ingenioso mercado de emisiones sortea con dificultades los ataques de los especuladores y los ladrones a los que, para colmo, la crisis está beneficiando. Porque una vez que los poderes públicos adjudicaron a las 10.000 instalaciones industriales más contaminantes (muchas relacionadas con la construcción) los derechos de emisión, la crisis desaceleró su producción y estas se vieron con un nuevo valor en sus manos que podían vender a quien necesitase contaminar más, compensando, en parte, sus pérdidas.
El sistema europeo registró el año pasado un volumen de negocio de 90.000 millones de euros; demasiado dinero como para pasar inadvertido a intermediarios y listos emprendedores. Ahora, Bruselas ha tenido que cerrar el mercado por unos días (hasta el próximo miércoles) ante los robos detectados de derechos de emisiones, que ascienden en total a 30 millones de euros. Ventas fraudulentas o, más probablemente, ataques informáticos (el mercado de emisiones es virtual) son los sistemas utilizados para hurtar a las empresas toneladas de CO2, que se están cotizando a 15 euros la tonelada.
Ya en noviembre pasado se detectó el robo de 1,6 millones de derechos a la cementera rumana Holcim. Esta semana otros (o los mismos ladrones; nunca se sabe) se llevaron 475.000 derechos (siete millones de euros) de la República Checa, lo que ha demostrado de manera palpable que la seguridad de los sistemas informáticos deja mucho que desear.
Es crucial resolver el problema. Europa está reduciendo sus emisiones (quizá también por la crisis), pero que este mercado resulte tan atractivo es la prueba de que funciona. Solo falta más control; que este comercio de objetivo ecológico sea doblemente limpio.

El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia decidió ayer imponer una sanción de 50.000 euros al Colegio Notarial de Asturias (ICNA) al infringir la prohibición de acuerdos restrictivos de la competencia.
Cinco Días – Madrid – 26/01/2011
El detonante de este expediente ha sido la denuncia de un notario del mismo colegio, que se quejó del acuerdo adoptado por la junta directiva el 17 de diciembre de 2003, en el que se establecían las normas de funcionamiento de un fondo de compensación para las poblaciones con dos o más notarías.
De acuerdo a esta resolución, todos los notarios de una población están obligados a aportar al fondo el 35% del importe íntegro de los honorarios percibidos por su intervención en los documentos otorgados por entidades financieras. La totalidad de lo ingresado en este fondo de compensación se reparte, a partes iguales, entre todos los notarios de la población.
El acuerdo fue aplicado en Gijón en 2004 y en Oviedo, entre 2004 y 2009.
El Consejo de la CNC, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha considerado que el fondo de compensación creado por el ICNA es «anticompetitivo porque limita la libertad de acción de los notarios en la intervención de pólizas y escrituras financieras». Además, desde su punto de vista, «desincentiva la competencia» por conseguir cuotas crecientes de dicho mercado que conllevan, si se aplica tal mecanismo, contribuciones crecientes al fondo de compensación, que interfieren y distorsionan la libertad de negociar descuentos con los clientes.
Por este motivo, el consejo resuelve fijar la sanción de 50.000 euros, siguiendo a otros expedientes sancionadores precedentes, relativos a fondos de compensación creados por los colegios notariales de Madrid y Bilbao, aunque en estos casos no tuvieron multa.

¿Casa por hipoteca?, vuelve el debate
Desde 2008, casi 300.000 personas han perdido su casa y siguen endeudados
La OCU pide cambios legales para que la vivienda baste para saldar la hipoteca
La dación en pago endurecería los préstamos y bajaría los precios de las casas
Jose F. Leal | Madrid 26/01/2011 – El Mundo
La sentencia judicial N111-2010 ( leala aquí )que defiende el canje de vivienda por hipoteca (dación en pago) para saldar la deuda con el banco, en contra de lo que dicta la Ley Hipotecaria, abre de nuevo el debate: ¿por qué las hipotecas tienen dos garantías y no una como cualquier otro crédito? ¿qué cambiaría si en España existiera la dación en pago, como ocurre en países como Estados Unidos?
El modelo español de concesión de hipotecas es el más seguro del mundo para los bancos y el más perverso para los compradores. En caso de no poder pagar el crédito, el endeudado debe devolver la vivienda al banco y, además, abonarle la parte del crédito que quede por pagar una vez que se subaste la casa y el banco recupere así parte de lo prestado.
La OCU ha solicitado hoy una modificación del sistema normativo para que sea suficiente el embargo de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria, después de que la Audiencia Provincial de Navarra se haya pronunciado en este sentido.
El sistema español de concesión de hipotecas es el más seguro del mundo para los bancos y el más perverso para los compradores
Esta plataforma recuerda, en una nota de prensa, que la actual situación económica y laboral de España, y la depreciación del mercado inmobiliario, han llevado a bastantes ciudadanos a una grave situación.
«No sólo no pueden pagar la vivienda que en su momento compraron -e hipotecaron-, sino que su valor es ahora muy inferior al préstamo que pidieron para pagarla», explica, lo que hace que el embargo y la subasta del inmueble no basten para saldar su deuda.
El efecto sonajero
En Estados Unidos, a la dación en pago se conoce como ‘el efecto sonajero’, pues con el estallido de la ‘crisis subprime’, los propietarios insolventes metían en un sobre las llaves de las casas impagadas y las enviaban por correo a los bancos. La fórmula es mucho más dinámica, pues esos pisos han vuelto al mercado con suma rapidez y a precios más competitivos, obligando a los bancos a medir sus pasos y a la administración Obama a tomar medidas serias.
La doble garantía legal que defiende el sistema crediticio español es la fórmula que se ha aplicado a los hipotecados particulares en los miles de embargos inmobiliarios y subastas celebrados en los últimos tres años. Pero la dación en pago también ha sido una práctica real estos años, sobre todo en los casos de endeudados insolventes en los que la entidad financiera sabía que jamás recuperaría el total del préstamo.
Algunas asociaciones de consumidores, como Aesco, han negociado con éxito daciones en pago conjuntas de centenares de hipotecados. También los promotores han recurrido con suma frecuencia a ella, al canjear sus activos inmobiliarios por deuda.
300.000 embargos
Desde 2008, en España se han embargado en torno a 290.000 viviendas: 58.688 pisos en 2008, 114.000 en 2009 y 118.000 previstos en 2010. Para algunos expertos, si los recursos que interpondrá la banca a la sentencia de la Audiencia Navarra no prosperan, los cimientos del sistema quedarán tocados.
En el Congreso, que en diciembre pasado votó la medida, sólo CiU e IU defendieron su aplicación, mientras que la ministra de Economía, Elena Salgado, apelaba a la doble garantía hipotecaria como ejemplo de fortaleza del modelo económico español.

Así, hace dos meses, la dación en pago pasó de opción ‘estudiable’ a desecho para el cajón de los descartes, merecedor de expeditivas maneras por parte de miembros del Gobierno, como José Blanco, que zanjó el debate con inapelable «bajo ningún concepto».
¿Y si fuera posible?
La posibilidad de la dación en pago obligaría a los bancos a medir su estrategia crediticia, a las tasadoras a no inflar las valoraciones inmobiliarias y a los vendedores a rebajar los precios.
Además, las entidades financieras dejarían de conceder créditos por el 100% de la tasación, tal y como siguen haciendo, y endurecerían las condiciones del préstamo. Además, para asegurarse el reembolso del crédito, reducirían los tiempos de amortización y las cantidades prestadas y, finalmente, a los propietarios a rebajar los precios.
Otra de sus ventajas sería la revitalización del mercado del alquiler, una de las premisas del Gobierno. Ante la imposibilidad de acceder a una vivienda, muchos ciudadanos se verían obligados a alquilar y los propietarios con altas pretensiones optarían por sacar sus viviendas en alquiler.

Europa Press 25/01/2011 – El Economista

El precio de la vivienda en España sigue estando sobrevalorado un 24% tres años después del estallido de la burbuja inmobiliaria y mientras no se ajuste no volverá a la normalidad al sector, avisa el Observatorio Económico de Coyuntura Económica (OCE) del Instituto Juan de Mariana, que asegura que la recapitalización de las cajas retrasará ese proceso.
El instituto considera que el ritmo de ajuste de precios en España ha sido inferior al de otros países porque, a su juicio, los bancos y las cajas se han dedicado a refinanciar a promotores y a retener su stock de viviendas a la espera de que el precio de los inmuebles aumente.
Por eso, el Instituto considera que «si el Gobierno continúa refinanciando y recapitalizando las cajas, las entidades no sentirán ninguna presión para liquidar su stock de viviendas y poner fin a esta dinámica», de modo que, «la ayuda pública sólo retrasará la necesaria liquidación y el ajuste de precios».
Un proceso inevitable
La institución señalaba en 2007 que los precios debían bajar un 40%, por lo que a día de hoy el ajuste del precio de la vivienda no habría llegado ni siquiera a la mitad de su recorrido.
El estudio toma como referencia el número de años que se necesitaría alquilar un inmueble para recuperar el monto inicial de la inversión, un indicador (el PER de la vivienda) que para el cierre de 2010 se situó en 25,6 años, aún lejos de los 19,5 años que refleja la media histórica.
El Instituto cree que el mercado residencial no alcanzará esa media al menos hasta 2014. Según explica, la velocidad de ajuste se ha ido reduciendo año a año, puesto que este indicador se redujo un 10,5% en 2008, 7,3% en 2009 y solo un 4,1% en 2010.
«Si el ajuste prosigue a este ritmo, se necesitarían alrededor de cuatro años más (2014) para completarlo», señala, para añadir que incluso «si el ajuste continúa ralentizándose, podría terminar la década sin haber concluido».
En este contexto, la institución considera que «es necesario que los inmuebles se liquiden y los precios regresen a sus fundamentales» para que sea mucho más fácil encarar la recuperación, en línea con lo sucedido en EEUU, donde el precio de la vivienda ha descendido hasta un 33%.

Qué piensa Joan Rosell
Joaquín Estefanía 23/01/2011 – El País

A mediados de los noventa, recién llegado a Fomento del Trabajo Nacional (FTN), Joan Rosell envió por Navidad a sus conocidos un libro: Capitalismo, de Arthur Seldon, presidente del Institute of Economic Affairs, uno de los think tanks más cercanos al thatcherismo. El texto es una glorificación sin matices del sistema capitalista que, siguiendo la estela de lo que fue la tesis del fin de la historia, se había alzado, al fin, con la victoria. «El capitalismo no pide defensa, sino alabanza», se dice, y se defiende que para que las cosas funcionen «el objetivo no debe ser el Estado limitado, basado en el impreciso principio de las funciones propias del Gobierno, sino el Estado mínimo».
El nuevo patrón de patronos es partidario de un pacto social entre lo público y lo privado, sobre la austeridad
Enviar un obsequio así solo podía significar que Rosell, que venía de unas posiciones antaño más «fraguistas», avalaba entonces los contenidos ultraliberales de Capitalismo y era partidario del minimalismo público en la economía. En 2010, poco antes de ser elegido presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rosell publicó un libro en colaboración con Joaquín Trigo, un excelente economista proveniente también de las filas de FTN: ¿Y después de la crisis, qué? (Deusto). Siendo tan reciente, sus ideas pueden servir para iluminar el pensamiento del nuevo patrón de patronos, en relación a una coyuntura que se caracteriza porque no solo no se ha crecido, sino que se ha ido hacia atrás.
Hay un párrafo que podría explicar las diferencias en los énfasis entre aquella hagiografía que Rosell avaló en 1995 y lo que ahora defiende: todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, especialmente cuando este mundo ha dado varios saltos mortales en poco tiempo. No pasa nada; que nadie tenga miedo por haberse equivocado mucho y por mucho tiempo. Nadie podía prever lo que sucedería. Ahora es difícil reivindicar el Estado mínimo, ya que los problemas están en uno y otro lado, en los impuestos y en el gasto, en «el mercado como en el Estado», en la deficiente regulación y el exceso burocrático de lo público como de lo privado.
Rosell enumera las reformas que hay que hacer (educativa, laboral, el sistema tributario y legal, justicia, mejora de la eficacia de las Administraciones públicas y el Estado de las autonomías, energía, tecnología, la sanidad y gasto público), pero no incluye la financiera, que es la prioridad de nuestros días. Sobre las pensiones destaca que existe casi un millón de pensionistas por invalidez, «lo cual es absolutamente imposible porque el país no sale de una guerra ni ha soportado una catástrofe reciente», luego existe una bolsa de fraude pagada y consentida por todos a cargo de los impuestos.
Pero el eje del libro está en su apuesta, muy vehemente, de la necesidad de un gran pacto social entre todos los grupos sociales, entre el sector público y el privado, ya que no habrá dinero para todo ni para todos, y habrá de consensuarse una austeridad compartida. Esta opinión estimula la posibilidad de que ahora pueda llegarse a algo. Veremos.

Ocho décimas menos de lo previsto
El déficit del Estado cierra el año en 53.444 millones, el 5,1% del PIB
Esto dará margen a las autonomías para poder cumplir el límite del 9,3%
25/01/2011 – Europa Press – Finanzas.com
El déficit del Estado ha cerrado el año 2010 en 53.444 millones de euros, el 5,1% del PIB, según los datos provisionales facilitados por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.

La cifra es ocho décimas menor que el 5,9% que había planteado el Gobierno en el plan de consolidación fiscal que presentó a Bruselas y con el que pretende reducir el déficit público al 3% en el año 2013.
Así, permite compensar la desviación del 0,3% en el Servicio Público de Empleo. Además, proporciona un margen de garantía para el objetivo del 9,3% planteado para el total de las administraciones públicas.

Lne.es » Gijón Una práctica irregular en compraventa de viviendas

Worldpisos pidió 9.319 euros a una vecina de Pablo Iglesias que adquirió un inmueble a través de otra agencia con una rebaja en el precio

M. Castro – La Nueva España
La titular del Juzgado de primera instancia número 4 de Gijón ha desestimado una demanda de la agencia inmobiliaria gijonesa Worldpisos, que reclamaba 9.319,44 euros como comisión a una mujer -defendida por la abogada Esther Morandeira- por haberle enseñado un piso. La mujer y su marido adquirieron el inmueble, en la calle Pablo Iglesias, a través de otra agencia inmobiliaria de la ciudad, que negoció con sus anteriores propietarios una rebaja en el precio. La juez ha impuesto el pago de las costas judiciales a Worldpisos, que no ha recurrido la sentencia.

Tras enterarse, a través del Registro de la Propiedad, de que la mujer había comprado el inmueble, la agencia, con oficina en la zona de Los Campos, le envió mensajes de teléfono móvil y un burofax reclamándole la comisión. Luego la llevó a los tribunales, apoyándose en un documento que había hecho firmar a la mujer para enseñarle el piso, que incluía una cláusula para comprometerla a pagar a la inmobiliaria si compraba el inmueble al margen de la agencia.

La juez estima que este tipo de cláusulas son abusivas y por tanto nulas, salvo que se interpreten como un compromiso del comprador de no aprovecharse de la gestión de la agencia para contactar directamente con el vendedor, ahorrándose el pago de la comisión.

No fue este el caso, según los hechos que relata la sentencia: Worldpisos ofreció a los compradores el inmueble de la discordia por 267.000 euros, pero éstos ya habían visto ese piso con anterioridad en otra agencia por 250.000 euros. Al final fue esta segunda agencia quien realizó todas las gestiones, mediando entre propietarios y compradores para cerrar la venta en 228.000 euros y llevarse la consiguiente comisión.

La juez señala que lo único que hizo la mujer fue optar por la agencia que le ofrecía mejores condiciones y desestima la demanda de Worldpisos dado que el comprador no tenía ninguna obligación por el mero hecho de que la agencia le hubiera enseñado el piso, dado que no basta con que haya venta, sino que la misma debe ser fruto de las gestiones de la inmobiliaria y en este caso esas gestiones las efectuó una agencia de la competencia.

Esther Morandeira apuntó ayer que en este caso hubo un «abuso de la buena fe» de su cliente y que el origen de este tipo de problemas se debe a la liberalización del sector en el año 2000, lo que permite que ejerzan como agentes inmobiliarios personas que no están colegiadas, con lo que «algunas agencias inmobiliarias escapan a la disciplina colegial, que tiene unos códigos de ética y deontología que sancionan este tipo de conducta, pero sólo pueden actuar con colegiados».

El propietario de Worldpisos declinó ayer dar su versión, remitiendo a su abogada, que no pudo ser localizada por diversos medios.

Comparecencia de Salgado y Campa
(24-01-2011) La Gaceta
El Gobierno entrará como accionista en las cajas de ahorros y en los bancos que no cumplan los nuevos requisitos mínimos de capital, que podrán intentar alcanzar hasta otoño de este año con aportaciones del mercado para evitar la ayuda pública.

Según anunció hoy la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado, las cajas que requieran la ayuda del Ejecutivo, que se instrumentará a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), tendrán que convertirse en bancos, con lo que perderán así su especial naturaleza jurídica.
Esa entrada del Estado en el capital será «temporal y limitada», ya que no podrá superar los cinco años, y conferirá al Ejecutivo los mismos derechos que el resto de accionistas, con lo que podrán nombrar representantes en los órganos de administración.
Además, obligará a las entidades a acometer una fuerte reestructuración organizativa, ya que las cajas (las probables receptoras de ayuda) deberán modificar sus órganos de gobierno para atraer al capital privado, además de presentar un plan de viabilidad que contemple la entrada de inversores privados en sustitución del FROB.
Salgado insistió en que las nuevas exigencias de capital que se impondrán al sector buscan «restaurar la confianza eliminando cualquier duda que pudiera haber en el mercado sobre la solidez» del sistema financiero, así como «garantizar la canalización del crédito hacia nuestra economía, familias, y empresas».
Las nuevas exigencias supondrán que las entidades financieras deberán tener un mínimo de capital básico del 8% de los activos ponderados por riesgo, que será superior para las entidades que no cotizan y que no tienen una presencia significativa de inversores privados, como ocurre en las cajas de ahorro.
Ese porcentaje superior, que también será aplicable a las entidades con fuerte dependencia de los mercados mayoristas (más del 20% de sus activos), se fijará en las próximas semanas.
Los nuevos requisitos de capital tienen como objetivo elevar la capacidad de resistencia del sistema financiero español «en circunstancias difíciles y escenarios adversos, por mucho que éstos sean muy improbables», señaló Salgado.
Según el calendario establecido, las entidades tendrán que adaptarse en los próximos meses a las nuevas exigencias con las medidas que consideren oportunas.
En cualquier caso, el Banco de España elaborará en septiembre un informe sobre las entidades que no tienen posibilidades de alcanzar las nuevas exigencias de capital por no poder atraer a inversores privados, lo que dará el pistoletazo de salida para la toma de participaciones del FROB en cajas y bancos.
«Cada caja tiene su plan y no vamos a interferir hasta que el Banco de España diga que no tienen posibilidades de conseguir el capital», aseguró la vicepresidenta segunda.
Con las nuevas exigencias, el Gobierno adelantará además para las entidades financieras españolas los requisitos de capital que establece la nueva normativa bancaria Basilea III, que será de obligado cumplimiento en 2013.
Las nuevas medidas, que obligarán a cambiar la normativa del FROB y la de recursos propios de las entidades financieras, se harán mediante un Real Decreto Ley que el Gobierno aprobará en febrero y que espera consensuar con el respeto de partidos políticos.
Elena Salgado insistió en que la toma de participaciones en cajas o bancos se hará «en condiciones de mercado» con el asesoramiento, en su caso, de expertos independientes.
Asimismo, aseguró que la posible ayuda pública no supondrá un incremento del déficit público, ya que sólo tendrá un impacto de dos puntos sobre el ratio de deuda pública sobre el PIB, que en cualquier caso se mantendrá por debajo de la europea.
Respecto a la reacción de las cajas de ahorros, Salgado dijo que «no cree que el sector vaya a reaccionar mal», ya que se mantienen otras vías para la reconversión de las cajas, como la emisión de cuotas participtivas con derechos políticos, que ya estaba contemplada en la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) pero que no ha tenido éxito alguno.

La crisis inmobiliaria y financiera
La patronal de la construcción reclama «un esfuerzo adicional» a las entidades financieras asturianas – Las cajas frenan la concesión de hipotecas en la región y ceden el liderazgo del negocio a los bancos
Oviedo, L. Gancedo – La Nueva España
La edificación de viviendas volverá a registrar este año niveles históricamente bajos en Asturias y el sector seguirá perdiendo empleo, según el pronóstico de la patronal regional de la construcción (CAC-Asprocon). El paro, la falta de confianza en la economía y la muy reciente supresión de la deducción fiscal por compra de piso para las rentas medias y altas lastran el negocio inmobiliario, pero los empresarios están amplificando también sus quejas por la falta de crédito. Sostienen que las restricciones en la concesión de préstamos, tanto a los promotores como a los compradores, bloquea la edificación residencial, la actividad constructora que genera más puestos de trabajo. La cúpula de la CAC-Asprocon demanda que las cajas de ahorros y bancos de raíz asturiana hagan un «esfuerzo adicional» de apoyo al sector.

Los promotores asturianos tramitaron el pasado año proyectos para iniciar 2.548 viviendas. Como ya explicó este diario, son los peores números que reflejan las estadísticas sobre edificación en al menos dos décadas y contrastan con los de los años más intensos del «boom» inmobiliario: los más de 15.000 pisos y casas edificados en 2004 o 2005. «El de 2011 va a ser otro mal año para la edificación que puede llegar a repercutir en los precios», señala Apolinar Cuesta, presidente el gremio asturiano de promotores, que reúne a 172 empresas. La tesis sobre el impacto en los precios es la siguiente: a pesar de que la compraventa de pisos sigue en un tono muy modesto por la crisis, el recorte en la edificación, combinado con una presumible disminución del «stock», terminará por reducir la oferta y, a la postre, por encarecer la vivienda. De hecho, destaca la patronal, las más recientes cuentas del Ministerio de Fomento indican que el precio medio de los pisos nuevos ya está subiendo en Asturias (4,4% interanual en el cuatro trimestre de 2010).

La CAC-Asprocon pone el acento en las dificultades que encuentran las empresas para financiar sus proyectos. Tales problemas y tales quejas coinciden ante un año en el que, dentro y fuera de Asturias, vencen acuerdos de refinanciación que numerosas compañías constructoras alcanzaron con bancos y cajas para resolver transitoriamente sus problemas de endeudamiento. Deudas a menudo contraídas por las compras de suelo anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria. La renegociación de esos acuerdos llega además cuando el sector financiero trata de reducir su propio apalancamiento (nivel de deuda) y buena parte de las entidades, singularmente las cajas de ahorros, están restringiendo de forma severa la concesión de crédito inmobiliario para reducir su exposición al riesgo de impagos. Algunas entidades españolas han reconocido ya que la tasa de morosidad en ese tipo de préstamos supera el 20%.

A decir de la cúpula directiva de CAC-Asprocon, «no hay crédito ni para el promotor ni para el cliente». Bancos y cajas condicionan la financiación de nuevas promociones de vivienda libre a que el empresario tenga comprometida la venta, al menos, del 50% de los pisos antes de empezar, «algo casi imposible en las actuales circunstancias del mercado». La política de riesgos es mucho más rigurosa que años atrás y también se impone a los promotores el pago de intereses notablemente más altos (euribor más cuatro o cinco puntos, señalan las empresas). Algunas entidades, añaden, incluso se están descolgando de los compromisos con el Gobierno central para financiar la edificación de viviendas protegidas.

«Las entidades asturianas deberían hacer un esfuerzo adicional», sostiene Apolinar Cuesta, en alusión a Cajastur, Banco Herrero o Caja Rural. Los directivos de CAC-Asprocon muestran reservas sobre la estrategia de negocio que seguirá Cajastur hacia el sector regional de la vivienda, toda vez que la caja asturiana ha cerrado su fusión con Caja Mediterráneo, Caja Cantabria y Caja Extremadura y lidera un nuevo banco de ámbito nacional.

En su conjunto, las cajas de ahorros españolas se están replegando del sector inmobiliario después de haber estado en la primera línea financiera del «boom» constructor de los últimos quince años. Esa exposición ha sido de menor intensidad en Asturias, una de las regiones donde el auge constructor fue más contenido. En ese contexto, el riesgo inmobiliario asumido por las dos grandes marcas financieras asturianas, Cajastur y Banco Herrero, es moderado en comparación con otros grupos, sean cajas o bancos.

Aun así, el mercado hipotecario se ha dado la vuelta. Datos del Colegio de Registradores de la Propiedad indican que las cajas de ahorros, durante años líderes en la concesión de hipotecas para vivienda en toda España, han pisado el freno. En un año, las cajas pasaron de controlar casi el 48% del nuevo crédito hipotecario asturiano a quedarse en el 26% y ceder el liderazgo a la banca tradicional (ver gráfico superior).

«La baja edificación de viviendas puede llegar a encarecer los precios»
Apolinar Cuesta. Presidente de los promotores

El hombre que incendió la vivienda, detenido por la policía localLa aparejadora municipal está denunciada por cohecho y prevaricación
Ignacio Zafra – Turís – 22/01/2011 – El País

A las 2.30 de ayer un hombre se acercó a la casa de la alcaldesa socialista de Turís (Valencia), vertió dos botellas de gasolina en la puerta principal y le prendió fuego. En su interior dormían Pilar Blasco, que gobierna el municipio desde 2003, su marido y sus tres hijos. La mujer se despertó al oír ruido y dio la voz de alarma. El fuego fue sofocado rápidamente y el presunto agresor fue detenido en cuestión de dos minutos, gracias a que el retén de la policía local se encuentra a pocos metros de la casa. Lo de presunto puede parecer, en este caso, un formalismo: un agente le vio salir corriendo del lugar y las cámaras instaladas en el exterior de la comisaría grabaron su acción con todo detalle, según explicó la alcaldesa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación.
La secretaria municipal sufrió un ataque similar el 23 de diciembre
La hipótesis más consistente apunta al urbanismo como causa del ataque. Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.
El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.
El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. «Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz», afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: «Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos». Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina.»La suerte», siguió Blasco, «es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar». El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.
El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.
Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.
El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.
¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.
No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.

Diario de Noticias, 19 Ene. 2011, Editorial La Ley
Creen conveniente que se valore el conocimiento de idiomas y que los opositores se sometan a una prueba psicológica
Madrid.- Las principales asociaciones de jueces se han pronunciado a favor de la posibilidad de exigir un máster y una prueba psicológica para el acceso a la carrera judicial ya que consideran que el título de Derecho «se queda muy corto» y que el temario de la oposición está en ocasiones desactualizado.
Así se han pronunciado los portavoces de las asociaciones, en declaraciones a Europa Press, después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordara ayer abrir el debate sobre el modelo de acceso a la Judicatura ante el descenso de opositores que se presentan a las pruebas. Con el objetivo de «atraer a los mejores», el Consejo cree que puede ser necesario reformar la legislación para pedir un máster añadido a la carrera de Derecho, una prueba psicológica y la comprobación del conocimiento de idiomas.
El portavoz de la asociación Jueces para la Democracia (JpD), José Luis Ramírez, ha resaltado que el sistema actual es «defectuoso» porque acredita que los opositores «conocen de memoria los códigos» pero no demuestran sus capacidades para ejercer la jurisdicción. A su juicio, el temario es ahora demasiado «extenso» y alberga «muchos temas que carecen de sentido».
Además, JpD considera conveniente que se valore el conocimiento de lenguas extranjeras del opositor aunque no cree que deba ser «un requisito indispensable» para acceder a la Judicatura.
La asociación ha visto «razonable» que los aspirantes se sometan a una prueba psicológica, aunque ha instado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fijar un catálogo de las enfermedades que inhabiliten para el ejercicio de la jurisdicción.
Tanto Jueces para la Democracia como el Foro Judicial Independiente (FJI) han visto razonable que se exija un máster a los aspirantes a juez, de la misma manera que se solicita para el ejercicio de la abogacía.
En este sentido, el presidente del FJI, Javier Varona, ha admitido que no le parece «descabellado» pedir un máster de contenidos jurídicos a los opositores ya que el grado de Derecho «se queda muy corto». «El problema de la carrera es que no se puede comprimir más», ha añadido.
Piden que el CGPJ proporcione ayudas
Ante la posibilidad de que la instauración de un máster encarezca el proceso, el Foro Judicial Independiente ha propuesto que el CGPJ instaure una bolsa de ayudas dirigido a los opositores que carezcan de recursos y así evitar que se retiren del proceso de selección. «Ya existe en otros países como Alemania», ha agregado.
En opinión de Varona, los jueces deberían someterse a pruebas psicológicas periódicas tanto en el ingreso como en el ejercicio de la profesión. Asimismo, ve necesario el conocimiento de idiomas, esencialmente del inglés, para el acceso a la carrera.
Por su parte, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llanera, ha defendido la necesidad de adoptar modificaciones en el sistema dirigidas a reducir el tiempo destinado a la preparación de las oposiciones, fijado actualmente en más de cinco años.
No obstante, ha puesto de manifiesto que este recorte temporal no debe en ningún caso suponer una renuncia a «un sistema que prospeccione a conciencia» los conocimientos jurídicos de los aspirantes a juez. «No se debe acudir en esta cuestión a soluciones imaginativas», ha concluido. Informó Europa Press.

Banqueros, empresarios y abogados formaban la red, que obtuvo dos millones
J. Martín-Arroyo – Sevilla – 21/01/2011 – El País

La crisis económica y las deudas desesperaron a numerosas víctimas que no supieron o pudieron asimilarlas. Ese defecto fue el gancho de una banda que puso en práctica un fraude masivo a 60 víctimas en Sevilla, Córdoba y Huelva, a través de préstamos hipotecarios. La policía detuvo a 27 miembros de la red que están acusados de asociación ilícita, estafa y falsificación.
Fraude masivo
– La policía ha desmantelado una red de 27 miembros que cometió fraudes a través de préstamos hipotecarios. En total fueron detenidas 42 personas, 15 de ellas víctimas de la trama.
– Entre los detenidos hay empresarios sevillanos, directores de un banco y de una caja de ahorros, informáticos y abogados. La red defraudó unos dos millones entre 2009 y 2010.
– Una tasadora está implicada, ya que los créditos se suscribían por precios muy superiores a los reales.
Las 60 víctimas tenían problemas financieros para pagar sus deudas
En la organización hay empresarios sevillanos, directores de un banco y de una caja, informáticos y abogados. Otras 15 personas detenidas son víctimas acusadas de estafa que aceptaron la falsificación de sus datos. Todos se encuentran en libertad provisional de orden del Juzgado 16 de Instrucción de Sevilla.
La organización defraudó unos dos millones de euros entre 2009 y 2010, a través de la empresa Carcap 2007 S. L., dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado. «Jugaban con la desesperación de la gente a través del dinero fácil», explicó ayer el inspector jefe Fernando Sevillano, de la unidad de Delitos Económicos de la policía.
La banda contactaba con personas de escaso nivel de formación, que tenían deudas y les ofrecían saldarlas a cambio de un préstamo hipotecario obtenido con documentación falsa. Las víctimas se veían obligadas a vender a los acusados su vivienda a través de un contrato ficticio. «Si no conseguían el préstamo, la casa estaba ya en propiedad de la organización. La víctima estaba a su merced», matizó Sevillano.
Un director de un banco y otro de una caja de ahorros eran la llave para obtener los créditos y dar apariencia de solvencia a espaldas de su propia entidad. El importe íntegro del préstamo se traspasaba a la banda. «A una víctima le dio un derrame cerebral en la notaría, y el notario posteriormente acudió al hospital para culminar el fraude», subrayó el inspector jefe sobre la crueldad de la red. Tras abonar la banda a sus víctimas las deudas de unos 50.000 euros, estas afrontaban préstamos con los bancos «fáciles de pagar» por unos 300 euros mensuales los primeros años. Con el tiempo, el fraude sería destapado pero los directores de las entidades ya se habrían jubilado.
Una tasadora también está implicada, ya que los créditos se suscribían por precios muy superiores a los reales del inmueble. A uno de los responsables bancarios se le intervino un sobre con 5.000 euros que recibió en mano en una cafetería. La denominada Operación Capital, que permanece abierta, comenzó por una denuncia verbal el pasado septiembre y la policía destacó ayer la dificultad que implicó el desmantelamiento de la trama. Los investigadores registraron la sede social de Carcap 2007 S. L., la casa del responsable de la empresa, así como del falsificador de documentos y de la persona que fabricó los sellos.

Carburantes y tabaco explican casi la totalidad del incremento mensual. La inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles del índice, sube tres décimas hasta el 1,5%.
14 de enero de 2011. Página web del Ministerio de Economía y Hacienda. El ͍ndice de Precios de Consumo (IPC) aumentó siete décimas en diciembre respecto al mes anterior, de forma que en tasa interanual el IPC se sitúa en el 3%. A lo largo de 2010, el IPC ha subido una media del 1,8% dejando atrás una caída de precios acontecida en 2009 del 0,3%
El alza de carburantes y combustibles por un lado, y del tabaco por otro, explican la práctica totalidad del incremento de la inflación experimentado durante el mes de diciembre. Así, las subidas mensuales más destacadas correspondieron a Bebidas alcohólicas y Tabaco (+6,1%) y Transporte (+1,9%), motivada esta última por la evolución mensual de los carburantes y comestibles que subieron un 3,8%. El descenso más importante se ha producido en Vestido y Calzado, con una caída del 1,2% tras tres trimestres consecutivos liderando los avances.
Por componentes, el incremento de la tasa interanual se debe igualmente a los Productos energéticos y a los Carburantes y combustibles (+15,6% y +18,4%, respectivamente) junto con los Alimentos no elaborados (+10,5%).
En lo que se refiere a la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles que influyen en la evolución del IPC, como los alimentos no elaborados o la energía, la tasa aumentó tres décimas en diciembre hasta el 1,5%. El dato mantiene la tasa interanual moderada que se ha ido observando en los últimos meses en los componentes que están menos sujetos a la volatilidad de los mercados internacionales.
El INE ha publicado también el IPC armonizado correspondiente al mes de noviembre, que recoge un aumento de seis décimas con respecto al mes anterior, al situarse en el 2,9% interanual, y establece por tanto en siete décimas la diferencia con respecto al dato de Eurostat para el conjunto de la zona euro, que se sitúa en el 2,2%. Sin embargo, el diferencial en tasa subyacente es menor, ya que en el área euro se ha situado en el 1,1%.

Un solo notario daba fe de las operaciones
Aún no ha sido detenido porque está siendo investigado por la Policía
Amalia F. Lérida / Sevilla 21/01/2011 – ABC

Qué duda cabe de que para dar presunción de verdad a todo el engranaje que la organización estaba construyendo hacía falta un notario así que también hay un fedatario público dentro de la trama que aún está siendo investigado por la Policía, «por lo que no ha sido detenido», dijo ayer el inspector Fernando Sevillano. El jefe del grupo de Delitos Económicos narró ayer un episodio que forma parte de estos meses de pesquisas y que llamó poderosamente la atención a los efectivos que trabajan en el asunto por la «deshumanización» del notario.
Según contó el inspector, una de las víctimas, que ya ha muerto, sufrió el pasado mes de diciembre un derrame cerebral por lo que tuvo que ser hospitalizada en un centro sanitario.
Postrada en la cama y casi sin conocimiento recibió la visita de «un notario para que le diera un poder a un familiar con el objeto de que pudiera actuar en su nombre» dada la incapacidad del enfermo.
El inspector no ha dado ningún dato que pueda ofrecer alguna seña de identidad del notario, ni las iniciales ni la notaría ni la sede donde radica. De los detenidos tampoco se ha dado información alguna a pesar de los requerimientos de los periodistas, solo las edades de los cabecillas, entre 25 y 35 años, y la sede en Sevilla de una de las empresas.
Y es que la operación aún no está cerrada y puede que salga mucho más a flote en unos meses pues, suponen los investigadores. Además, hay que resaltar la complejidad del asunto hasta para los propios policías. Ayer reconoció Sevillano que les ha costado cuatro meses entender este asunto y desenredar la madeja a partir del hilo que les mostró «una víctima que llegó aquí poniendo una denuncia verbal».
«Han sido muchos días sin almorzar y muchas noches sin cenar», apostilló.
Adriano . Cuellos duros
Nuevos tiempos, nuevos delitos, para los mismos delincuentes. Esos que siempre han sido capaces de hurgar en la ruina, en la desesperación, para conseguir su botín. La Policía ha dado un buen golpe y hacía falta para el orgullo del Cuerpo en Sevilla. Porque además engancha con el sentimiento general de que se necesitan manos blancas para acabar con la corrupción en todos sus extremos, con independencia de la dureza del cuello de las camisas de los delincuentes.

Desciende un 3,7% en tasa interanual
El número de nuevas sociedades mercantiles bajó un 3,7% en noviembre de 2010 respecto a igual mes de 2009, con un total de 6.678 nuevas empresas, lo que supone sin embargo un 21,6% más que en octubre, según los datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Ep – Madrid – 20/01/2011-Cinco Días
Este descenso interanual en el número de sociedades mercantiles creadas en noviembre es el tercero consecutivo tras las caídas del 2,5% y del 12,7% registradas en septiembre y octubre tras ocho meses de subidas.
Para la constitución de las sociedades creadas en el undécimo mes del año pasado se suscribieron más de 558 millones de euros, un 64,8% más que en igual mes de 2009, mientras que el capital medio desembolsado registró un aumento interanual del 71,2%, hasta los 83.579 euros.

Detenidas 42 personas en Sevilla, entre ellas dos directores de banco, por estafar 2 millones en créditos
Sevilla, 20 Ene. (Europa Press) –
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un total de 42 personas, entre las que se incluyen un director de una sucursal bancaria y el director de una oficina de caja de ahorros, por su presunta pertenencia a una red organizada dedicada a la obtención de préstamos bancarios utilizando documentación falsa, medio a través del cual han defraudado en torno a dos millones de euros a un total de 60 afectados, 15 de los cuales se encuentran entre los detenidos.
La operación, denominada ‘Capital’ y que se inició el pasado mes de septiembre de 2010, ha sido dada a conocer este jueves en rueda de prensa por el inspector jefe del Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional, Fernando Sevillano, quien ha explicado que, como resultado de la investigación, se ha procedido a la detención de 42 personas, 27 de ellas miembros de la organización y a quienes se imputa los presuntos delitos de asociación ilícita, estafa y en algunos casos falsificación de documentos, mientras que las 15 restantes forman parte de los afectados y están imputados por haber colaborado en la falsificación de los documentos.
Pues bien, el responsable policial ha detallado que la presunta estafa la lideraba una empresa mercantil, con sede social en el edificio Fórum enclavado en la avenida Luis de Morales de la capital hispalense, dedicada a la compraventa inmobiliaria y al préstamo de capital privado. Según ha explicado, al frente de esta empresa se encontraba un administrador único y «máximo» responsable de la misma, con quien colaboraban fundamentalmente un informático y dos falsificadores, uno dedicado a la elaboración de la documentación falsa y el segundo de ellos dedicado a la fabricación de los sellos de empresas y organismos públicos y privados.
Sobre el ‘modus operandi’, Sevillano ha precisado que la organización entraba en contacto con personas de escaso nivel de solvencia económica y de formación, fundamentalmente ciudadanos en paro o con un empleo pagado con dinero ‘negro’, a quienes llegaban a conocer «gracias a través de directores bancarios que conocían la problemática de sus clientes, de agentes externos y a través de las listas de viviendas a subastar publicadas». De esta manera, les ofrecían la posibilidad de saldarles todas las deudas a cambio de realizar un contrato de compra-venta «ficticio» de sus viviendas, que pasaban a ser propiedad de la empresa y contra las que pedían un préstamo hipotecario.
Sin préstamo y sin vivienda
Así, era la propia organización la que presentaba en las entidades bancarias implicadas documentación «falsa» consistente en nóminas –en la investigación se ha dado con una nómina de Lipasam–, informes de vida laboral, contratos de conversión en trabajadores indefinidos y declaraciones de la renta, todo ello al objeto de «poder justificar unos ingresos solventes con los que hacer frente al futuro préstamo». «Si la empresa no conseguía el préstamo, la casa ya estaba a su nombre, y la víctima se quedaba sin préstamo y sin vivienda», ha apostillado Sevillano.
Según ha añadido, el préstamo se conseguía «en connivencia» con los directores bancarios detenidos, los cuales «miraban para otro lado» y concedían préstamos a personas con escasos recursos económicos, para lo que «engañaban» al banco o a la caja de ahorros, ya que «daban solvencia a personas que no eran solventes». El responsable policial ha dado a conocer que, por cada crédito hipotecario concedido en estas circunstancias, los directores bancarios cobraban unos 5.000 euros. Una vez concedido el crédito, se retiraba el dinero y la empresa se quedaba con el mismo, mientras los afectados se hacían cargo de la hipoteca.
La tasadora de la vivienda también formaba parte de la organización, tasando por encima de su valor y consiguiendo la máxima tasación posible, incrementando con ello el préstamo hipotecario conseguido. Por tanto, las ganancias se encontraban entre el crédito concedido y el valor real de la casa. Es decir, y en resumen, la estafa se producía cuando la empresa revendía la vivienda a las víctimas –15 de las cuales han sido detenidas por autorizar la falsificación–, una vivienda que con anterioridad se había puesto a nombre de la empresa responsable de la estafa a cambio de que ésta se hiciera cargo de las deudas.
Registros domiciliarios
Dentro de esta «laboriosa» operación, que se ha desarrollado entre septiembre y diciembre de 2010 y que continúa abierta ya que se conoce que la empresa ha operado también en Cádiz y en Córdoba, se han realizado registros domiciliarios en la propia sede social de la empresa, en el domicilio particular del responsable de la misma, en el de la persona dedicada a falsificar documentos y en el de la persona que fabricaba los sellos.
Aunque por el momento hay 42 detenidos, diez de los cuales han sido puestos a disposición judicial quedando en libertad con cargos, la Policía está investigando al notario que firmó el 95 por ciento de estas operaciones fraudulentas .

20-01-2011- La Gaceta
Llenar el depósito del coche, ahora por 70 euros. El precio del litro de gasolina ha alcanzado los 1,285 euros, lo que supone un incremento del 1,6% en apenas una semana y un récord histórico, según datos recogidos por Europa Press a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
El nivel de esta semana supera el anterior máximo, de 1,276 euros el litro, marcado en julio de 2008, sólo dos meses antes de la quiebra de Lehman Brothers y cuando los precios de los combustibles se encontraban en plena escalada al abrigo del encarecimiento del crudo, que marcó aquel verano su récord de 147 dólares el barril.
En el caso del gasóleo, el litro ha superado esta semana los 1,2 euros por primera vez desde el segundo semestre de 2008 y se ha situado en 1,217 euros, aún por debajo del máximo histórico, de 1,329 euros el litro.
En la actualidad, el precio del barril Brent de petróleo, de referencia en Europa, cotiza a 96,20 dólares, por debajo de los 98,4 dólares de la semana pasada, mientras que el barril de Texas se cambia en el mercado norteamericano por 88,35 dólares, más de tres dólares por debajo de los 91,57 dólares de hace una semana.
Tras haber caído en 2009 a sus niveles más bajos en cinco años, los precios de la gasolina y el gasóleo se encarecieron un 13,4% y un 18%, respectivamente, durante 2010, y han seguido en máximos durante el primer mes del año.
De hecho, la gasolina cuesta en la actualidad un 2,3% más que a comienzos de mes, mientras que el gasóleo, que se ha encarecido un 2% en apenas una semana, acumula subidas del 2,5% desde el comienzo del año.
70 euros por llenar el depósito
Con el actual escenario de precios, llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros supera por primera vez desde 2008 los 70 euros y se sitúa en 70,6 euros, esto es, casi 10 euros más que en la misma semana del año pasado. En el caso del gasóleo, el llenado del depósito tiene un coste de 66,9 euros, 11,9 euros más que los 55 euros de la misma semana de 2010.
La escalada de los precios de la energía se aprecia ya no sólo en la cotización de crudo, sino también en productos como la electricidad, el gas y el butano. Este mes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió de que, con el crudo en niveles cercanos a los 100 dólares el barril, la economía global está entrando en una «zona de peligro».
Esta semana, un informe de Ernst & Young advertía de que un barril de petróleo a 100 dólares hará que durante 2011 el crecimiento económico de la zona euro se ralentice en 0,1 puntos, la inflación se acelere en 0,6 puntos y el desempleo aumente en 16.115 trabajadores con respecto a un entorno con un barril de 85 dólares.
Más caro sin impuestos
Los precios de los combustibles antes de impuestos en España siguen siendo más caros que en la UE. Así, el precio sin impuestos del litro de gasolina alcanza los 0,646 euros en España, frente a los 0,608 euros en la UE de los 27 y los 0,619 euros en la eurozona. En el caso del gasóleo, alcanza los 0,685 euros en España, frente a los 0,660 euros en la UE de los 27 y los 0,667 euros en la zona euro.
Sin embargo, los precios de venta al público de los carburantes en España se encuentran por debajo de la media europea. Así, la gasolina alcanza los 1,456 euros el litro en la UE de los 27 y los 1,464 euros en la zona euro. En el caso del gasóleo, el precio se sitúa en 1,316 euros en la UE de los 27 y en 1,293 euros en la eurozona.