AIRE

29.05.2011 Victoria Martínez-Vares – Expansión
La Audiencia de ́lava declara abusivo que los bancos fijen un interés de demora del 18% en préstamos con garantía hipotecaria. Ello permite al tribunal reducir su cuantía protegiendo así a los consumidores.
La Audiencia Provincial de ́lava abre una vía para poder reducir los intereses de demora pactados por los bancos y sus clientes en hipotecas en una reciente sentencia.
El tribunal considera que fijar un interés de demora del 18% anual es abusivo. Por ello, aplicando la normativa de protección al consumidor, modera su cuantía a 2,5 veces el interés legal del dinero al firmarse el préstamo.
La entidad crediticia -Bankoa- se oponía a la pretensión de su cliente de reducir los intereses. En su recurso, señalaba que la cláusula suscrita había sido pactada libremente entre ambas partes. Asimismo, indicaba que no merecía el calificativo de abusiva, pues fue avalada por el Registrador al inscribirse la hipoteca. Finalmente, el banco alegaba que el interés fijado tampoco podía ser considerado usurario como pretendía el cliente en su demanda. La Audiencia, sin embargo, tumba sus pretensiones. El órgano judicial parte de la base de que los intereses moratorios tienen naturaleza de pena, es decir, de sanción al incumplidor que se encuentra en mora. Por este motivo, “es posible acudir al artículo 1.154 del Código Civil, que permite al juez modificar equitativamente la pena”.
Respecto de la libertad contractual por la que el banco se oponía a la moderación judicial, la Audiencia señala que la libre disposición de las partes no autoriza a superar ciertos límites. A juicio de la Sala, si una estipulación es abusiva, contraría la ley, la moral y el orden público no sanando tal vulneración “el acuerdo de las partes”. Con este argumento, la resolución concluye que “no existe impedimento alguno para analizar si la fijación de un interés de demora del 18% merece la calificación de abusiva”.
Más tutela
En este punto, la Audiencia recuerda que la legislación pretende cada vez una mayor tutela de los consumidores. En su opinión, son fiel reflejo de ello la Ley de Créditos al Consumo, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación o la de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Sin embargo, reconoce que “ninguna de ellas pone límite a los intereses moratorios”, aunque sí “revelan una cada vez más amplia preocupación institucional frente a los abusos en la concesión del crédito, disponiendo límites para atajarlos”.
Con esta línea argumental de fondo, la Sala señala que no puede aplicar al caso la Ley de Condiciones Generales de la Contratación porque “no se ha acreditado que la cláusula que contiene el interés moratorio sea general”. Sin embargo, no ve reparos para aplicar la normativa de protección al consumidor vigente en el momento de firmar el crédito con garantía hipotecaria.
Dicha norma puede aplicarse “por ser la apelante persona física que adquirió un bien inmueble, sobre el que recae la garantía”, explica.
Todo ello lleva a la Sala a concluir que “un interés sancionador que supera en más de 4 veces el interés legal del dinero merece la consideración de desproporcionadamente alto, atendiendo a la condición de consumidor del prestatario”.
Por este motivo, declara la cláusula nula, moderando el interés de demora a 2,5 veces el interés legal del dinero al firmarse el préstamo, lo que supone un 10,62%. (AP de ́lava, 13/04/11, Rº 672/2010)

UGT dice que el acuerdo es más difícil que nunca
La reforma de la negociación colectiva a punto de saltar por los aires
Carlos Sánchez.- 30/05/2011 – El Confidencial
La reforma pactada de la negociación colectiva tendrá que esperar. Al menos, esa es la opinión más extendida en estos momentos. Nadie da un euro por la posibilidad de acuerdos, salvo milagros de última hora. La causa de este giro drástico en la marcha de las negociaciones tiene que ver con la actitud de la patronal CEOE, que ha puesto sobre la mesa nuevas exigencias inasumibles por los sindicatos. En particular, en lo relacionado con la flexibilidad interna en las empresas, la ultraactividad de los convenios (prórroga automática tras su vencimiento) y las formas de contratación.
Pero lo que hay, sobre todo, es un nuevo escenario político tras el 22-M que algunas organizaciones empresariales (las más cercanas al Partido Popular) intentan rentabilizar, como publicó este periódico. No es un juicio de intenciones, La patronal madrileña, CEIM, remitió el pasado miércoles a la junta directiva de COE un documento en el que sugiere la necesidad de “aprovechar el momento”. Y, en concreto, recomendaba a los empresarios aferrarse a una “posición de mínimos que pueda servir de referencia para futuros cambios legislativos, que sin duda deberán venir en nuestro país”.
CEIM, incluso, sugería que un hipotético acuerdo con los sindicatos “no sólo va a defraudar a nuestras empresas”, sino que “limita la capacidad legislativa de quien, a futuro, deba afrontar las riendas de las necesarias reformas que han de llevarse a cabo en España en los próximos tiempos”.
O dicho de manera más directa, los empresarios madrileños -muy cercanos al PP- abogan porque sea el próximo Ejecutivo quien legisle, se supone que en la misma dirección de sus demandas. En ese documento, la CEIM reclamaba, por ejemplo, un contrato único con 20 días de indemnización aunque el despido fuera improcedente, y con un tope de una anualidad.
Esta propuesta tenía sólo un objetivo: desbaratar la posibilidad de un acuerdo, y a tenor de lo declarado este lunes por algunos de los negociadores, todo indica que ha logrado sus objetivos. En declaraciones a Efe, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, explicó que el nuevo documento entregado este lunes recupera antiguas aspiraciones de la patronal en materia de prórroga de los convenios o estructura de la negociación colectiva que ya habían sido discutidas y superadas.
‘Esto pinta mal’
«CEOE ha venido con un papel claramente inspirado por las tesis que abandera CEIM (patronal madrileña) y por aquellos sectores empresariales que no está por acordar nada», señaló, Ferrer «Queda una reunión pendiente, pero esto pinta mal», añadió, en referencia al nuevo encuentro que este próximo miércoles mantendrán Toxo y Méndez con Rosell. El acuerdo es “más difícil que nunca”, recalcó el número dos de la Unión General de Trabajadores.
Su homólogo en CCOO, Ramón Górriz, insistió en que el documento supone un “paso atrás muy fuerte que no se corresponde para nada con los avances logrados hasta el momento”. La visión de CEOE es muy distinta. Fuentes de la patronal dijeron a El Confidencial que en realidad quienes han retrocedido a posiciones de hace varios meses son las centrales sindicales. El miércoles, 1 de junio, será en todo caso la fecha clave. Ese día o se rompen las negociaciones o se decide apurar una última oportunidad, aunque esta posibilidad es remota y tiene mucho de voluntarista.
La reunión, convocada para este lunes tenía como objetivo iniciar la redacción del acuerdo de forma detallada y definitiva, pero, de forma “inesperada”, según los sindicatos, la patronal ha entregado un nuevo documento en el que recoge las posiciones defendidas antes del comienzo de la negociación. “La única explicación es la posición de la CEIM y el cambio de ciclo político”, dijo Górriz, quien añadió que, con este giro en la negociación, la CEOE “pierde su legitimidad como interlocutor social”.
A la vista de cómo están las cosas, todo indica que el Gobierno tendrá que legislar. Probablemente, en el Consejo de Ministros del día 10 de junio. En este caso, el Ejecutivo se mueve en una situción difícil. Si lo hace contra la opinión de los sindicatos, se alejará todavía más de las bases de apoyo socialistas, algo particularmente complicado en unos momentos políticos como los actuales. Pero si introduce escasos cambios en la legislación vigente, se encontrará enfrente con los mercados financieros, partidarios de cambios radicales en las relaciones laborales.
Una reforma ‘light’ o neutral tampoco arreglaría nada, ya que muchos expertos consideran la negociación colectiva un factor clave para dinamizar el mercado de trabajo. Como dice una fuente que prefiere no revelar su identidad, «Valeriano [Gómez] siempre es temeroso de sus actos», y eso hará que la reforma que haga el Gobierno será “moderada”.

Rambla y Cotino acudirán en representación del Gobierno valenciano
Redacción. El periódico de aquí
El vicepresidente primero y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla, y el Vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, se reunirán el próximo lunes con el sector empresarial, asociaciones de promotores de viviendas y colegios oficiales vinculados a la actividad urbanística y de la construcción para analizar la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avala la legislación urbanística valenciana.
Asistirán a la reunión el presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), Rafael Ferrando, el Presidente del Consejo y de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, los presidentes de las asociaciones de promotores de las tres provincias, Jose Luis Miguel Belenguer de Valencia, Fermín Renau de Castellón y Francisco Murcia de Alicante, y el presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda de la Comunidad Valenciana (FECOVI), Vicente Diego.
También estarán presentes los representantes de la Asociación de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios (GECOPI) y los decanos de los colegios oficiales de arquitectos, ingenieros de caminos, notarios y registradores de la Comunitat Valenciana.

asuapedefin
Aportamos hoy 4 sentencias contra Bankinter, entre las que destaca la primera de la Audiencia Provincial de Valladolid y la del Juzgado de Primera Instancia nr. 5 Denia por tratarse del caso de un Notario. Bankinter suma 81 sentencias en contra, 19 de ellas de Audiencia Provincial.
Un notario es un cliente minorista según la juez del JPI 5 de Denia
El notario, ejerciente en Denia, mantenía una relación fluida con Bankinter pues su apoderada acudía a notaría a firmar préstamos, pólizas, etc”¦ casi todos los días. Cuando en enero 2006 contrata una póliza de crédito por un nominal de 360.000 €, la apoderada acompaña el contrato con un CLIP de 700.000€ que el notario firmó en la creencia de que “le ofrecía la cobertura frente a las subidas de interés sin ser informado de las consecuencias negativas que la bajada de interés producía.” La juez Marisa Fayos Bonell, en esta excelente sentencia, considera “acreditado que la información ofrecida del producto iba dirigida únicamente a orientar de la protección frente a la subida de interés y por ello fue sesgada”. Así mismo, hace una distinción entre clientes minoristas y profesionales para afirmar con rotundidad que “debemos concluir que el actor deberá ser incluido en el grupo de ”˜clientes minoristas”™ y ello aún cuando tenga la condición de Notario y por ello estará sometido a lo dispuesto en el artículo 79 bis, estando acreditado en autos que la información obtenida fue la obtenida de la publicidad del banco y la suministrada por Doña C”” en los términos ya indicados más arriba, sin que se haya aportado a autos prueba alguna de mayor información al actor siendo obligatoria en el presente caso como hemos indicado.”
Supone un avance importante que cada vez haya más sentencias en las que se aplique estrictamente la normativa que clasifica a los clientes en minoristas o profesionales, resultando que, en España, estos productos han sido colocados mayoritariamente a clientes minoristas, independientemente de su formación y, por ello, el banco está obligado a informar de todos las características de los productos sin omisiones significativas. Es una satisfacción observar que los argumentos que venimos defendiendo desde el principio y que se han visto reflejados fielmente en la sentencia del TS Alemán se estén recogiendo cada vez más en las sentencias españolas.
Damos nuestra más sincera enhorabuena a los letrados, Juan Carlos Pérez Nadal y Ma Teresa Fornés Blanques del Despacho Pérez Nadal Abogados y su equipo, defendida por por esta sentencia que sin duda abrirá camino para muchos afectados.

El Confidencial Digital. Los ”˜indignados”™ del 15-M pasan a la acción. Su próximo objetivo son los bancos. Han convocado para el próximo lunes 30 de mayo una retirada masiva de fondos de las entidades financieras para protestar contra el sistema. Lo definen como un “ataque no violento” a los banqueros y especuladores, a los que consideran los principales causantes de la actual crisis económica.
Según explica un portavoz de la plataforma convocante consultado por El Confidencial Digital, los responsables del movimiento piden a todas aquellas personas que deseen apoyar esta iniciativa contra el sistema financiero que retiren este lunes, a través de un movimiento bancario, 155 euros de su cuenta corriente.
Las mismas fuentes comentan que, preferiblemente, la operación debería realizarse acudiendo a la ventanilla de una entidad o a través de los cajeros. De esta manera, además de intentar desestabilizar el sistema bancario podrían originarse importantes colas en las sucursales, que magnificarían, aún más, los ecos de la protesta.
También, en un comunicado que algunos miembros de la plataforma han hecho circular por Internet, señalan la importancia de la participación ciudadana en este llamamiento para que el “ataque no violento” sea lo más efectivo posible “contra la voracidad de los bancos, contra el sistema económico instaurado, contra la especulación y a favor del interés general”.
En la convocatoria no se ha dejado ningún aspecto a la improvisación. La cifra de capital que se propone retirar de las entidades (155 euros) se ha hecho coincidir con la fecha de inicio de la movilización en el centro de Madrid (15-5, 15 de mayo). Además, el próximo lunes se cumplirán 15 días desde el comienzo de las protestas.
Asimismo, se está debatiendo en algunas de las asambleas repartidas por numerosas plazas de España, la posibilidad de trasladar durante esa jornada las acampadas a las puertas de las entidades financieras. Incluso, se ha planteado realizar ”˜sentadas”™ en señal de protesta en la entrada de las sedes centrales de los principales bancos españoles.
Los ”˜indignados”™ ya ocuparon pacíficamente la semana pasada la oficina central del Banco de Valencia en la capital del Turia. Entraron en el vestíbulo de la sucursal, al grito de «manos arriba esto es un atraco». Una vez dentro, los manifestantes se sentaron en el suelo durante 10 minutos clamando sus consignas. Antes de la ocupación del Banco de Valencia los manifestantes protestaron ante la puerta del Banco Santander en la misma calle, aunque en este caso no llegaron a entrar.

El Confidencial Digital. De 13 a 29 millones de euros en siete años. Los sindicatos han visto aumentar espectacularmente las ayudas procedentes del Gobierno desde la llegada de Zapatero. El ”˜boom”™ en las subvenciones llegó en 2006, después de una reforma legislativa impulsada por el Ejecutivo socialista, y que se ha mantenido pese a la crisis.
El ”˜silencio”™ de los sindicatos mayoritarios a las últimas medidas llevadas a cabo por el Gobierno Zapatero ha levantado toda clase de interpretaciones por parte de los trabajadores, que ya no se fían de CCOO y UGT. Una de las más ”˜explicaciones”™ más extendidas sobre la política de pactos protagonizada por ambas centrales es el aumento del número de subvenciones recibidas por parte del Ejecutivo.

En las últimas semanas, ha circulado por Internet una tabla y un gráfico que recogen las ayudas del Estado a los sindicatos desde el año 2000 a la actualidad.
El Confidencial Digital se ha puesto en contacto con voces autorizadas de las principales centrales sindicales para contrastar los datos expuestos en las gráficas anteriores. Todas las fuentes consultadas coinciden en señalar la autenticidad de las cifras.

Se trata de las ayudas otorgadas exclusivamente por el ministerio de Trabajo a las centrales en función de su número de delegados sindicales. Se dan anualmente, independientemente de las demás subvenciones procedentes de otros ministerios por actividades de fomento al empleo o formación.

Los sindicatos reconocen que, en la última legislatura de José María Aznar vieron incrementadas las ayudas en apenas dos millones de euros, pasando de 11 a 13 millones. En los dos primeros años de Zapatero en La Moncloa, el aumento fue mayor, pasando de la cifra antes citada a los 18 millones.

Una reforma legislativa provoca el ”˜boom”™

No obstante, el 2006 es el considerado por los sindicatos como la ”˜clave”™ para explicar la subida de las ayudas por parte del Ejecutivo. Ese año, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo una reforma legislativa de los criterios de pago a los sindicatos que cambió considerablemente las retribuciones de las centrales.

Según las fuentes consultadas por ECD, la nueva norma, además de premiar a los sindicatos con más delegados en la Administración General del Estado, garantiza más subvenciones a los que participan en la llamada Mesa General de la Función Pública.

No obstante, para poder asistir a ese foro, es necesario tener una representatividad del 10 por ciento y garantizar presencia autonómica y local, algo que no alcanzan algunos sindicatos nacionales como USO o CSIF.

Por este motivo, CCOO y UGT han sido los que más se han beneficiado de esta reforma, al obtener aún más subvenciones que en época de Aznar. Las fuentes antes citadas apuntan que, del total de las ayudas otorgadas por el ministerio de Trabajo, “el 40 por ciento se lo llevan estos dos sindicatos mayoritarios”.

Senado | Dice que la vivienda vacacional lastra al sector financiero
Agencias | Madrid 24/05/2011 – El Mundo
El ministro de Fomento, José Blanco, ha afirmado que el peso excesivo de la vivienda vacacional sobre el sector financiero ha provocado una «asfixia de crédito» que impide financiar «nuevas construcciones allí donde hay demanda potencial». Unas declaraciones que llegan horas después de publicarse el dato sobre la concesión de hipotecas en marzo, que se contrajo un 20,2%.
En el Pleno del Senado, el ministro respondía así al popular José Manuel García Ballestero, quien ha preguntado sobre el ‘road show’ de Fomento para vender el ‘stock’ de viviendas entre inversores extranjeros. García Ballestero ha apuntado que la prensa británica ha calificado de «insulto» la gira del Gobierno español que, en su opinión, está dando «una mala imagen». Además, el senador del PP ha apuntado que «son miles de ciudadanos británicos los que se han sentido engañados y estafados por el Gobierno y por las inversiones realizadas en España».
Blanco ha acusado al PP de impulsar durante sus años de Gobierno una legislación que convirtió «España en un solar», con un exceso de segunda residencia que se concentra en autonomía gobernadas por los populares, como son la Comunidad Valenciana y Murcia.
Las leyes del PP, según el ministro de Fomento, «han llevado a que el sector de vivienda vacacional pese de forma excesiva sobre nuestro sector financiero, y con ello no pueda fluir el crédito ni para nuevas construcciones allí donde hay demanda potencial, ni para empresas ni familias porque hay una asfixia de crédito».
«Ustedes no se han enterado de un exceso y de una ‘burbuja’ inmobiliaria a la que quieren volver para favorecer a los especuladores en lugar de apostar por los emprendedores», ha agregado Blanco.
Por otro lado, Blanco ha explicado que las reclamaciones que hay de ciudadanos de Reino Unido de viviendas en España son transacciones o promociones realizadas durante los gobiernos del PP.

Hipotecas | Mayoría de sentencias a favor desde 2009
Acumulan 35 sentencias a favor de los clientes frente a estas cláusulas bancarias
Sólo en ocho sentencias adicionales se han posicionado del lado de la banca
Europa Press | Madrid 27/05/2011 – El Mundo
Las Audiencias Provinciales de toda España han dictado desde 2009, un total de 35 sentencias a favor de particulares y pymes de anulación de ‘swaps’ o cobertura de intereses en los préstamos, frente a 8 resoluciones favorables a las entidades financieras, según las sentencias publicadas en los registros jurídicos, recogidas por BBS Advocats.
Las entidades financieras «son cada vez más proclives a negociar y pactar con los clientes para evitar los juicios»
La mayoría de los tribunales de segunda instancia concluyeron que los ‘swaps’ son productos financieros complejos, que no se adaptaban al perfil de los clientes demandantes, y que las entidades financieras no cumplieron con su deber de información.
La tendencia favorable a los clientes registrada por los tribunales de segunda instancia creció a partir de 2009, año en el que las entidades financieras y los clientes empataron con 3 sentencias favorables cada uno.
En 2010 se registraron tres fallos judiciales a favor de las entidades financieras, frente a 17 sentencias que avalaron las reclamaciones de pymes y particulares.
Las cantidades a devolver son menores de 150.000 euros, el mínimo que establece la ley para la presentación de recursos de casación
Dos sentencias de 2011
En lo que va de 2011, las Audiencias Provinciales han dictado 2 sentencias que dan la razón a los bancos, frente a 15 resoluciones dictadas en su contra.
Por su parte, algunas de las entidades financieras afectadas, consultadas por Europa Press, han renunciado a recurrir ante el Tribunal Supremo, dado que las cantidades que tienen que devolver al cliente son menores a los 150.000 euros de mínimo que establece la ley para la presentación de recursos de casación. Esto hace que las sentencias de las Audiencias Provinciales sean firmes.
Las entidades negocian
El abogado Arcadi Sala-Planell de BBS Advocats explicó a Europa Press que, tras la sucesión de sentencias desfavorables de los últimos tres años, las entidades financieras «son cada vez más proclives a negociar y pactar con los clientes para evitar los juicios».
En este sentido, Sala-Planell declaró que «existen motivos suficientes como para mantener el optimismo y la esperanza» de los clientes de la banca perjudicados por estos productos «abusivos».
Los ‘swaps’, también llamados ‘clips’, ‘bono clip’ o cuota segura, entre otras denominaciones comerciales, son productos financieros legales que se aplicaban en su mayoría a los créditos a empresas para referenciar el préstamo a un tipo de interés fijo durante un plazo establecido.
Sin embargo, a partir de 2007 comenzaron a aplicarse a los préstamos hipotecarios de particulares y pymes cuando el Euríbor superaba el 4%, lo que ha impedido que se beneficien de la caída del tipo de interés y que, además, los clientes tengan que devolver la diferencia al banco.

T. B. – 27/05/2011 – El Economista

Existen graves dificultades procesales a la hora de recabar los datos de posibles afectados de infracciones de competencia por parte de las empresas para llamarles a que se sumen a acciones legales colectivas, según denunciaron ayer varios expertos del mundo de la Justicia durante la jornada relativa a Las acciones judiciales colectivas en defensa de los consumidores, organizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, ́ngel Vicente Illescas, reclamó que en materia de petición de datos en diligencias preliminares, para individualizar a los sujetos resarcibles en una acción colectiva, si estos se hayan en posesión del sujeto contra quien se va a interponer la demanda «debería ser un deber ineludible que los faciliten, si es un juez quien lo solicita, con independencia de que haya o no presunción delincuencial».
En la misma línea, el director de los servicios jurídicos de Adicae (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros), Agenor Gómez, criticó una Ley de Protección de Datos demasiado estricta, al tiempo que denunció los fallos contradictorios de distintas secciones de una misma Audiencia Provincial, en orden a establecer o no la exigencia «de ofrecer visos de prosperabilidad de la acción».
Defensa preventiva
Por otro lado, Illescas explicó que las acciones de carácter colectivo deben sustanciarse a través del procedimiento verbal por lo que mostró su preocupación «por la reciente Ley de Medidas de Agilización Procesal que suprime todo recurso de apelación para estos procesos».
Por su parte, la subsecretaria de Justicia, Purificación Morandeira, apeló a una efectiva legitimación activa de las organizaciones de consumidores así como a la participación activa del Ministerio Fiscal en las acciones colectivas, con el fin de «configurar un derecho de protección eficaz teniendo en cuenta la situación de desequilibrio entre ciudadanos y empresas».
En la jornada, se reclamó, asimismo, la necesidad de potenciar una defensa preventiva del usuario en materia de calificación registral. Así, Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil, apuntó las dificultades de los registradores a la hora de calificar una cláusula de abusiva, a efectos de su inscripción, «aún cuando existe una sentencia firme que las declare nulas».
Instrumento europeo
También intervino en la jornada Augusta Maciuleviciute, de la Organización Europea de Consumidores, que apeló a «un instrumento vinculante a nivel europeo que garantice acciones colectivas tanto para casos nacionales como transfronterizos».
Eddie De Smijter, miembro de la Comisión Europea, se sumó a la necesidad de que Europa intervenga, si bien, dijo, «determinando las salvaguardas necesarias para evitar toda posibilidad de litigación abusiva, como la que existe en Estados Unidos». Lamentó, además, «que sólo 14 de los 27 países de la Unión Europea contemplen sistemas de acciones colectivas». Algo, dijo, que se traduce en un problema de derecho de acceso a la Justicia, «al privar de la posibilidad de ser compensados a quienes han sido per- judicados por infracciones de competencia».

05.2011 Victoria Martínez-Vares0 – Expansión
Fedatarios y registradores, que se acusan mutuamente de atascar el proceso, serán sancionados con multas si obstaculizan la constitución telemática.
El Gobierno se ha visto obligado a intervenir para paliar la disputa que desde hace meses mantienen notarios y registradores mercantiles respecto a la creación de empresas por vía electrónica. Ambos colectivos se acusan de torpedear una de las medidas anticrisis del Ejecutivo para facilitar la afloración rápida y sencilla de compañías (ver Expansión del pasado 25 de abril). Una medida que, aunque lleva aprobada desde 2010, no ha acabado de dar los resultados que se proponía.
La directora general de los Registros y el Notariado, María ́ngeles Alcalá, ha dictado una instrucción con la que se pretende zanjar este enfrentamiento, en el que el el Consejo General del Notariado achacaba al Registro Mercantil incluir trámites burocráticos “de espaldas a la realidad”, mientras que los segundos replicaban que “son los notarios los que no tienen ningún interés en aplicar” el Real Decreto de 2010 que hacía posible el poceso de constitución exprés. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer el documento elaborado por Alcalá, que advierte de que tanto uno como otro colectivo será sancionado si no cumple dicha norma.
La instrucción señala que las sociedades de capital se constituirán preferentemente por medios telemáticos. En especial, las de responsabilidad limitada cuyo capital social no supere los 30.000 euros, que tengan entre sus socios sólo personas físicas y con administrador único. El plazo para ello es de cinco días máximo.
El Ministerio de Justicia señala que los notarios “deberán informar a sus clientes sobre el procedimiento de creación online de empresas” cuando quieran constituir una sociedad con las características que describe el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de diciembre. Asimismo, señala que deberán “indicar expresamente los plazos y la reducción de costes” que lleva aparejada esta fórmula.
Procedimiento
Según el documento, los notarios deberán seguir este procedimiento telemático, salvo que sus clientes le indiquen expresamente lo contrario. En este punto, se enfatiza que deberán cumplir “con especial observancia los plazos previstos para la autorización de la escritura pública de constitución y la aplicación de los aranceles reducidos”. Para evitar reticencias del colectivo en esta materia, la instrucción advierte de que el incumplimiento de estas obligaciones “podrá desencadenar para el notario responsabilidad disciplinaria”.
Por su parte, los registradores mercantiles, cuando reciban la copia de la escritura pública por vía telemática, deberán calificar e inscribir “en los plazos” fijados en el Real Decreto, así como “aplicar los aranceles reducidos” que el mismo establece.
Sin denegar
Según la Instrucción, los incumplimientos del fedatario no “podrá ser causa” para que el registrador deniegue la inscripción, ni “impedirá la continuación del proceso constitutivo”. Si el registrador incumple estas pautas también podrá ser sancionado disciplinariamente.
Alcalá también aclara otro de los puntos de conflicto, el relativo a la exención del Impuesto de Operaciones Societarias. Así, “no será necesaria la presentación del documento de autoliquidación con alegación de la exención”, sino que la sociedad se inscribirá en el Registro Mercantil “de forma inmediata”.

Polémica | Sentencia contra Caixa Galicia
La caja deberá además abonar lo abonado por el demandante y los intereses
Europa Press | Sevilla 25/05/2011 – El Mundo
El Juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla ha dictado sentencia por la que declara nulo un acuerdo básico sobre la prestación de servicio sobre productos de inversión y el contrato de cobertura sobre hipoteca -conocido como ‘swap’- suscrito en julio de 2008 entre un particular, que actúa como demandante, y Caixa Galicia, que actúa como demandada ante la «falta de información» sobre dichos contratos y acuerdos.
El demandante presentó demanda pidiendo la nulidad de contrato de permuta financiera
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado de Primera Instancia condena a la entidad financiera a anular los cargos hasta la interposición de la demanda y de aquellos que se hayan podido producir posteriormente en la cuenta corriente asociada a dicho contrato del demandante, que está representado por el abogado Alfonso Fuentes.
La caja deberá además abonar las cantidades al demandante así como sus intereses desde su cargo en cuenta hasta la completa devolución de las mismas, con imposición a la parte demandada de las costas procesales.
Recurrible
Contra dicha resolución cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia.
Según indica la defensa, el demandante presentó demanda pidiendo la nulidad de contrato de permuta financiera ante la «falta de información precontractual por parte de Caixa Galicia».
El abogado asegura que esta demanda es la primera que se dicta en Sevilla sobre este tipo de productos financieros.
‘Cada vez mayor protección’
Según la nota, la resolución comienza en sus fundamentos de derecho afirmando de manera expresa «la tendencia del legislador hacia una cada vez mayor protección de los clientes a través de la información previa a la forma de cualquier contrato financiero, máxime si el cliente está categorizado como minorista», tras lo que ha señalado que la carga de la prueba respecto a este requisito «debe recaer sobre la entidad demandada».
El juez entienda igualmente que ante la «falta de información precontractual» se produce «un verdadero error inexcusable en el consentimiento prestado, que invalida el contrato al recaer sobre el elemento esencial del mismo y la relación de superioridad que existe entre cliente y entidad financiera por tratarse de una persona inexperta que entra en negociación con un experto, máxime cuando el experto coadyuvó con su conducta al acto que se concluyó».

Europa Press / elEconomista.es 24/05/2011
El presidente del grupo de las grandes inmobiliarias españolas (G-14), Pedro Pérez, ha asegurado que «se ha agudizado el carácter restrictivo» del crédito en los últimos meses y ha denunciado que «una buena parte de esta poca financiación es para la venta de viviendas de la banca».
Así lo aseguró en declaraciones a Europa Press para valorar la caída del 20,2% de las hipotecas en el mes de marzo, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para el presidente del G-14, otras razones explican también estos datos «negativos», como el efecto de la subida de tipos hasta el 1,25%, que, ya avisa, podría no haber acabado ahí.
Desde el grupo de las principales inmobiliarias españolas se cree que el dato de marzo se inscribe dentro de una tendencia «peor de la esperada». Así, Pérez avanza que, según la información que maneja el G-14, la venta de viviendas «ha ido mal» también en abril.
Hay que bajar los precios
Por otro lado, el jefe de Estudios de Idealista.com, Fernando Encinar, aseguró que la única vía a corto plazo para recuperar las actividad hipotecaria, tras el descenso del 20,2% en marzo, según datos del INE, es bajar aún más los precios de la vivienda, ya que «demanda hay».
En declaraciones a Europa Press, Encinar afirma que, una vez terminado el ‘efecto fiscal’ que animó las compraventas en 2010, y que se ha dejado ver en los datos hasta febrero dado el decalaje que existe entre el momento de la compra y el de su registro, los datos de marzo «han consolidado» la caída de las compraventas.
A su juicio, «si no se bajan los precios, no se reanimará el crédito a corto plazo», ya que el resto de los factores que mantienen la sequía en el sector, el endurecimiento de las condiciones de financiación y el paro, necesitarán más tiempo para resolverse.
Por otro lado, Encinar argumenta también que el vendedor particular sólo cuenta con el arma de los precios para competir con la banca, que está concediendo financiación «preferentemente» para vender parte de su ‘stock’ y que ya están ajustando mucho sus precios.

Xavier Gil Pecharromán 25/05/2011 – El Economista
A partir de hoy, ya no se presentará en el Registro Mercantil el documento de exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando se proceda a constituir una sociedad exprés.
Así, se reconoce en una Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (Dgrn) ha emitido una Instrucción, de 18 de mayo de 2011 (publicada hoy en el BOE), en la que establece la preferencia de la constitución telemática de las sociedades que no superen los 30.000 euros, siempre que tengan entre sus socios sólo personas físicas y la estructura del órgano de administración sea un administrador único, dos con facultades mancomunadas o varios solidarios.
En estos casos, una vez practicada la inscripción, el registrador remitirá de oficio por vía telemática a la comunidad autónoma correspondiente, la notificación de que ha practicado la inscripción, sin perjuicio de las comunicaciones que, realicen los notarios. Así, se trata de acabar con el cuello de botella que hacía inviable el procedimiento de constitución de estas sociedades de responsabilidad limitada (SL) en los plazos establecidos.
En las SL en las que el capital social no supere los 3.100 y los estatutos se adapten a los aprobados por el Ministerio de Justicia, los plazos previstos permiten completar el proceso constitutivo en un solo día hábil, se reducen adicionalmente los aranceles notariales y registrales y se mantiene la exención de las del Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme).
Los notarios deberán informar sobre los plazos y los aranceles reducidos y enviar por vía telemática, al Registro Mercantil la copia de la escritura. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionable, pero por ello, el registrador no podrá denegar la inscripción ni impedir el proceso constitutivo.
El registrador también habrá de cumplir los plazos de calificación, con aplicación de los aranceles reducidos establecidos en el mismo y el acto estará exento de las tasas de publicación en el Borme. La constitución de la sociedad no se someterá a este régimen, únicamente cuando no reúna las características de sociedad exprés o los otorgantes renuncien a ello, quedando constancia en la escritura.
A pesar de las ventajas de esta medida, aún queda pendiente agilizar las licencias municipales, que tardan meses en ser concedidas.
Estatutos sociales
En el caso de sociedades exprés cuyos estatutos se adapten a los aprobados por Justicia, deberán contener el texto íntegro de las disposiciones estatutarias, indicando el objeto social, estructura del órgano de administración, número de administradores cuando sea preceptivo, carácter retribuido y forma de retribución, etc. Pero, en ningún caso será suficiente la mera remisión, total o parcial, a los Estatutos aprobados por Justicia.
Por otra parte, en los casos en los que se opte por la publicación de la convocatoria de la junta general en la página web de la sociedad, la sociedad deberá o bien determinar la cual será, en los estatutos de la sociedad, o bien notificar a todos los socios la existencia y dirección electrónica de dicha página web y el sistema de acceso a la misma.

E. Sanz 23/05/2011 Cotizalia
España cuenta con más de un millón de viviendas en stock. Una cifra que varía al alza o a la baja según cuál sea la fuente de información. La demanda se ha retraído y promotores, constructores, agencias inmobiliarias, entidades financieras y particulares apenas consiguen cerrar operaciones de compraventa. ¿Por qué?
1.- No hay ahorros. Con el grifo del crédito cerrado a cal y canto, los españoles no tienen ahorros suficientes para afrontar la compra de una vivienda. «El cliente no tiene el concepto de ahorro porque hasta el estallido de la burbuja el mensaje de las entidades financieras era el de disfrute ahora y pague después», reconocen a Cotizalia.com desde Básico Homes, empresa especializada en la venta de pisos de bancos y cajas.
En el mejor de los casos, el cliente puede dar con un inmueble propiedad de una entidad financiera y conseguir mejores condiciones de financiación que si aquél no formara parte de sus balances. De hecho, tanto los bancos como las cajas de ahorro llevan meses concediendo préstamos al 100% y a 40 años -en condiciones muy similares a las que se concedían antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria- cuando se trata de inmuebles de su propiedad. Sin embargo, incluso en este caso, los ahorros son imprescindibles.
Los expertos señalan que sería necesario tener ahorrado como mínimo en torno al 10% del importe del inmueble. Este porcentaje incluye los gastos derivados de la propia operación de compraventa -gastos del notario, del registro, de la gestoría, impuestos- así como gastos de la constitución de la hipoteca, muy similares a los anteriormente descritos. Sin olvidar los impuestos: el 8% del IVA en caso de nueva construcción y el de Transmisiones Patrimoniales si la vivienda es de segunda mano.
La situación se complica a la hora de hacer número cuando la vivienda no está en los balances de las entidades. En estos casos, han dejado de prestar más allá del 80%, de tal manera que el potencial comprador debería tener unos ahorros muy superiores: entre el 25% y el 30%, calculan los expertos consultados. Sin contar otros gastos como la compra de muebles, gastos de luz, agua, comunidad de vecinos…
Por poner un ejemplo, para un piso de 180.000 euros propiedad de un banco el cliente debería tener ahorrados al menos 18.000 euros, mientras que en caso contrario, la cifra se ampliaría hasta el entorno de los 45.000 euros.
2.- Los precios no han tocado suelo. Aunque fuentes oficiales aseguran desde hace meses que los precios de los pisos no pueden caer más, diferentes estudios y organismos oficiales apuntan a que estos todavía siguen inflados. Un 50% según al ex ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, un 40% según The Economist o porcentajes algo inferiores, entre el 20% y el 10% según RR de Acuña y Asociados, la Comisión Europa o Fitch.
El hecho de que muchos potenciales compradores de vivienda piensen que los precios van a seguir bajando está retrasando su decisión de compra.
3.- El miedo. Las cifras de compraventa de viviendas en el mes de marzo -correspondientes a operaciones que se cerraron a principios de año- muestran una caída brutal de las operaciones. Algunos expertos achacan el descenso al fin de la desgravación fiscal por la compra de vivienda ya que aseguran que se adelantó la decisión de compra a los meses finales del ejercicio pasado. Sin embargo, quienes están más cerca del cliente, los vendedores de viviendas, aseguran que detrás de este fuerte retraimiento en las ventas se encuentra el miedo de los potenciales compradores a quedarse sin empleo. Con una tasa de paro superior al 20% y cerca de 5 millones de parados se ha generado una gran inestabilidad laboral lo que está echando para atrás y retrasando muchas decisiones de compra hasta que el panorama económico mejore.
«La caída de las ventas en los primeros meses del año ha sido brutal», comenta una agencia inmobiliaria a Cotizalia.com. Es cierto que el año pasado, quienes tenían en mente comprar una vivienda adelantaron esta decisión ante la subida del IVA antes del verano, o ante la desaparición de la desgravación por compra de vivienda. Sin embargo, lo que realmente está pesando sobre las ventas es la incertidumbre brutal de la gente por su situación laboral».
4.- Falta de oferta apropiada. Hoy en día hay en España una gran oferta de inmuebles -1,5 millones de viviendas nuevas en stock-. Sin embargo, oferta y demanda no siempre se encuentran y cuando lo hacen, los inmuebles no se ajustan a las necesidades de los futuros compradores o siguen siendo demasiado caros.
En el centro de Madrid, por ejemplo, se están agotando las viviendas nuevas, lo que está frenando la caída e incluso presionando los precios al alza en algunas zonas. Algo parecido sucede con la tipología de los inmuebles. También en Madrid, en pleno boom inmobiliario se disparó la construcción de viviendas relativamente pequeñas (1,2 dormitorios). “Como los precios eran tan altos, se construyeron pisos más pequeños para que la gente pudiera comprárselos”, comenta a Cotizalia.com uno de los comerciales de Básico Homes. “Apenas encuentras pisos nuevos de tres o cuatro dormitorios. No se construyen y los que quedan, al ser escasos, no han bajado tanto de precio y siguen siendo caros”.
5.- Los bancos siguen sin prestar dinero. El grifo hipotecario sigue cerrado en España a pesar de que, como se comenta en el primer punto, las entidades se muestran mucho más activas a la hora de conceder hipotecas cuando se trata de inmuebles de su propiedad. Los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) reflejan una caída del crédito hipotecario del 3,06 % en marzo respecto al mismo periodo de 2010. Se trata del noveno mes consecutivo de descensos.

24.05.2011Ramón Lavín. Bruselas – Expansión
En respuesta a una serie de recursos por incumplimiento, que la Comisión Europea (CE) interpuso contra seis Estados miembros, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Luxemburgo y Austria, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), ha dictaminado que “los Estados miembros no pueden reservar el acceso a la profesión notarial exclusivamente a sus ciudadanos nacionales”.
El TJUE señala que aunque las actividades notariales, tal como se encuentran actualmente definidas en los Estados miembros a los que se refieren las sentencias, persiguen objetivos de interés general, no están relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del Tratado de la UE.
La CE denunció a esos seis países por reservar exclusivamente a sus propios nacionales la profesión de notario, lo que consideraba como una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado de la UE. Además la CE imputaba a Portugal y a los Estados mencionados, excepto a Francia, de no aplicar a los notarios la Directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.
La principal cuestión en litigio era determinar si las actividades propias de la profesión de notario están relacionadas o no con el ejercicio del poder público en el sentido del Tratado. En efecto, éste dispone que las actividades que estén relacionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder público quedan excluidas del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a la libertad de establecimiento. Pues bien, los Estados miembros a los que se refieren los asuntos citados sostienen que, si bien el notario ofrece por lo general sus servicios en su territorio en el marco de una profesión liberal, éste es un funcionario público que participa en el ejercicio del poder público y cuya actividad no está sometida a las normas en materia de libertad de establecimiento.
El TdJ señala que la principal función del notario, en su calidad de funcionario público, consiste en la formalización de documentos auténticos. Mediante esta intervención ””obligatoria o facultativa, en función de la naturaleza del acto””, el notario constata que se reúnen todos los requisitos legalmente exigibles para la realización del acto, así como la capacidad jurídica y de obrar de las partes. Por otra parte, los documentos intervenidos notarialmente gozan de un especial valor probatorio y de fuerza ejecutiva.
De igual modo, el hecho de que la actividad de los notarios persiga un objetivo de interés general consistente en garantizar la legalidad y la seguridad jurídica de los actos celebrados entre particulares no basta por sí mismo para considerar que esta actividad está directa y específicamente relacionada con el ejercicio del poder público. En efecto, las actividades realizadas en el marco de diferentes profesiones reguladas implican frecuentemente la obligación de que las personas que las ejercen persigan tal objetivo sin que por ello estas actividades se consideren como una manifestación del poder público.
Además de la actividad de autentificación de actos, el TJUE analiza las demás actividades encomendadas a los notarios en los Estados miembros en cuestión ””como la participación en embargos de bienes inmuebles o la intervención en materia de Derecho de sucesiones”” y llega a la conclusión de que tampoco éstas implican una relación con el ejercicio del poder público, ya que la mayor parte de tales actividades se ejercen bajo la supervisión de un juez o conforme a la voluntad de los clientes.
En estas circunstancias, el Tribunal de Luxemburgo considera que las actividades notariales, tal como se encuentran actualmente definidas en los Estados miembros en cuestión, no están relacionadas con el ejercicio del poder público en el sentido del artículo 45 del Tratado de la UE. En consecuencia, el requisito de nacionalidad exigido por la normativa de dichos Estados para acceder a la profesión notarial constituye una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado.

La venta de pisos protegidos de segunda mano con la mediación de una agencia es un intercambio legal
21.05.11 -J. M. Velasco – San Sebastián. Diario Vasco
Quizás a mucha gente le sorprenda que las viviendas públicas de protección oficial se vendan en las inmobiliarias junto a pisos de lujo y bungalows de veraneo en Torrevieja. Pero la práctica no es nueva. El anuncio realizado por una inmobiliaria de Vitoria, que desde esta semana vende VPO de segunda mano en su oficina, ha puesto de actualidad una práctica que ya se realizaba hace años, antes de que el ‘boom’ inmobiliario disparara los precios de las viviendas libres y revolucionara el mercado.
La venta de VPO de segunda mano con la mediación de una inmobiliaria es un intercambio totalmente legal y tutelado por la Administración, que siempre tiene el derecho de tanteo para quedarse con el piso. Una práctica que ahora propietarios de VPO e inmobiliarias se han visto obligados a retomar ante un mercado atenazado por la crisis económica.
Si hace poco tiempo, a los propietarios de VPO que decidían poner en venta su casa «se la quitaban de las manos», la actual coyuntura, en la que los bancos controlan a cuentagotas el grifo de los préstamos, hace que los aspirantes a esa VPO que cumplan los requisitos legales no lo tengan tan fácil. El resultado es que el propietario tiene que buscar la ayuda de un intermediario para poder vender el piso.
Asimismo, como explica Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda, las inmobiliarias han retomado esta práctica en busca de clientes. «Hace muchos años era normal ver VPO en las inmobiliarias, cuando la diferencia de precios no era tan alta», recuerda. Pero llegó el ‘boom’ inmobiliario. «La VPO dejó de ser un producto atractivo para las agencias, que cobran un porcentaje de hasta un 3% en la intermediación, porque empezó a haber una diferencia de precio muy grande entre una VPO y una libre. Las inmobiliarias se centraron en el mercado de vivienda libre, con el que se ganaban importantes beneficios». Y llegó la crisis. «El año pasado fue dramático para la vivienda libre. Las VPO iniciadas en Euskadi fueron el doble que las libres. El mercado libre quedó muy tocado y las inmobiliarias han vuelto la vista a la VPO, aunque con ello tengan menos margen», añade Mario Yoldi. En las intermediaciones, las inmobiliarias cobran un porcentaje por la venta de la VPO de segunda mano, «a cargo del propietario, que no se puede contemplar en el precio».
Desde el Gobierno Vasco, recuerdan que la intermediación en la compraventa de VPO se realiza únicamente en los casos de segundas transmisiones. «El primer mercado y las primeras adjudicaciones siempre están en manos de Etxebide y los ayuntamientos».
Supervisión
La venta de VPO de segunda mano es un mercado que ha existido siempre y que no es muy conocido. «Un particular puede vender su VPO, pero a precios limitados por la normativa». En el Gobierno Vasco supervisan el contrato de compraventa y que el nuevo comprador cumpla con los requisitos de los aspirantes a VPO. En último lugar, antes de formalizar la venta, el notario está obligado a informar del proceso al Gobierno Vasco y éste puede decidir en el último momento quedarse con la vivienda. «Eso lo hacemos cuando presumimos que pueda haber dinero negro por detrás o cuando se trata de promociones muy golosas, como algunas de Donostia, que por sistema nos quedamos nosotros», añade el director de Planificación.
La inmobiliaria Trinosa de Vitoria, que desde esta semana vende VPO, ofertará una veintena de viviendas situadas en los barrios de Lakua, Zabalgana y Salburua.

Dice que Grecia, Irlanda y Portugal «no pueden y no podrán»
El Nobel de Economía Paul Krugman se ha mostrado muy crítico con los rescates financieros en la Unión Europea y con los programas de austeridad que estos conllevan, y ha asegurado que «está claro» que Grecia, Irlanda y Portugal «no pueden y no podrán pagar sus deudas en su totalidad», aunque cree que España «podría lograrlo».

Ep – Nueva York – 23/05/2011 – Cinco Días
«El hada de la confianza no ha aparecido. Las naciones deudoras con problemas en Europa están, como debíamos haber esperado, sufriendo un mayor retroceso económico gracias a estos programas de austeridad y la confianza se está hundiendo, en vez de aumentando», asegura en una columna de opinión en The New York Times.
Por este motivo, cree que, siendo realistas, Europa debe prepararse para algún tipo de reestructuración de deuda, que incluya una combinación de ayuda de las economías más fuertes y «recortes» a los acreedores privados. «El realismo, sin embargo, parece ser escaso», apostilla.
El economista destaca que en Europa se ha insistido en que mantener el valor de la moneda y unos presupuestos equilibrados son la respuesta a todos los problemas. «Detrás de esta insistencia ha habido fantasías económicas, en particular la creencia del hada de la confianza, es decir, la creencia de que recortar el gasto realmente va a crear puestos de trabajo, porque la austeridad fiscal aumentará la confianza del sector privado», subraya.
Sin embargo, añade que, desafortunadamente, «el hada de la confianza sigue negándose a hacer acto de presencia» y la disputa sobre cómo manejar una «realidad inconveniente» amenaza con crear en Europa el punto de inflexión para una nueva crisis financiera».
Krugman señala que, tras la creación del euro en 1999, las naciones europeas que anteriormente se había considerado que estaban en riesgo comenzaron a experimentar unos grandes influjos de capital. «Después de todo, los inversores pensaron, dado que Grecia, Portugal, Irlanda y España eran miembros de la unión monetaria europea, ¿qué puede salir mal?», señala.
En este sentido, explica que la respuesta a esta pregunta es ahora «aparentemente dolorosa». Así, apunta que el Gobierno griego, debido a los bajos tipos de interés, se endeudó demasiado, mientras que, en el caso de Irlanda y España, aunque los gobiernos no lo hicieron, los bancos sí y, cuando estalló la burbuja, los contribuyentes se encontraron con la deuda bancaria.
Así, recuerda que los líderes europeos ofrecieron préstamos de emergencia a países en crisis, pero sólo a cambio de prometer que se iban a imponer «salvajes» programas de austeridad, basados principalmente en amplios recortes del gasto. Así, se defendió que mejorarían la confianza y serían expansionarios, y se rechazaron las críticas sobre el dolor que crearían y el empeoramiento de la crisis en estos estados.
Asimismo, se muestra muy crítico con la postura de Alemania, por sus reticencias a ayudar a sus vecinos con problemas, y en especial, con el Banco Central Europeo (BCE), a quien acusa de no estar dispuesto a afrontar el fracaso de sus fantasías. «Esto puede sonar increíblemente tonto, pero, quién dijo que la sabiduría rige el mundo», matiza.

Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros
Les acusa de ‘indiferencia’ y ‘pasividad’ ante este grave problema
Ha conseguido que 20 programas recojan algunas de sus propuestas
A favor de reconvertir la VPO de propietarios que no puedan pagar en alquler
Demanda que las cláusulas suelo sean consideradas como improcedentes
Europa Press | Madrid 20/05/2011 La Asociación de Usuarios, Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) ha pedido a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales medidas concretas para hacer frente a los problemas hipotecarios de los ciudadanos, según ha informado en un comunicado.
Adicae ha acusado a los políticos de «indiferencia» y «pasividad» ante estos graves problemas de los consumidores con las entidades financieras en sus programas electorales de las elecciones municipales y autonómicas 22 de mayo.
Desde el mes de febrero, la asociación ha remitido sus propuestas a 259 candidaturas y ha mantenido más de un centenar de reuniones con 17 formaciones políticas distintas, consiguiendo que 20 programas recojan algunas de sus propuestas y que 66 candidaturas incorporen determinadas reivindicaciones.
Las propuestas de Adicae pasan por la paralización inmediata de los embargos hipotecarios por parte de las entidades que hayan recibido o solicitado financiación pública a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La asociación reclama también regular la dación de la casa en pago al préstamo hipotecario y que en los procedimientos de ejecución de la hipoteca se mantenga la primera tasación de la vivienda.
Por otro lado, las propuestas pasan por la reconversión de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) cuyos propietarios no puedan hacer frente a los pagos del préstamo hipotecario, ofreciéndoselas en alquiler en condiciones asumibles.
En cuanto a los ciudadanos que ya han sufrido un embargo y desalojo, que carezcan de otros bienes y tengan rentas inferiores a 20.000 euros anuales, la asociación pide que sean realojados en las casas que forman parte de la bolsa de vivienda para alquiler, en inmuebles propiedad del ayuntamiento o de la comunidad autónoma, etc.
Incluir como ‘abusiva’ la cláusula suelo
Asimismo, Adicae solicita incluir como abusiva la cláusula suelo con compromiso de reparación de las pérdidas ocasionadas y la aprobación de una ley que establezca mecanismos de información, prevención y mediación ante situaciones de insolvencia de las familias endeudadas, para las que solicita la creación de un fondo de ayuda.
Además, reclama ampliar y mejorar el acceso a la vivienda digna, con líneas de financiación justas y sin condiciones abusivas, así como fomentar el alquiler social de vivienda.

Izquierda unida sería la tercera fuerza política
Elecciones 2011 | resultados
El PSOE, a un paso de perder todas las comunidades donde gobierna
Más de 550.000 españoles han votado en blanco, cifra récord de la democracia
El PP logra 19 concejales en Sevilla capital, el PSOE 12 e IU 2
Elecciones | Carlos Camino.- 22/05/2011 El Confidencial
Clara mayoría del PP en las elecciones locales. Con el 98,31% escrutado, el PP obtiene casi diez puntos más que el PSOE en las municipales. Se trata del resultado más abultado desde la refundación del partido en Sevilla en 1990. Los socialistas pierden el poder en dos de su feudos históricos, como Barcelona y Sevilla, que caen en manos de CiU y de los ‘populares’ respectivamente, precisamente, el PP renueva sus mayorías absolutas en Madrid y Valencia, donde Alberto Ruiz-Gallardón y Rita Barberá repetirán como primeros ediles.
En concreto, según los datos del Ministerio del Interior, el PP habría obtenido el 37,58% de los votos depositados para elegir alcaldes, mientras que el PSOE se conforma con el 27,81%. En las elecciones de 2007, la distancia entre ambos partidos fue de apenas siete décimas (35,62 frente a 34,92). Eso significa que con la práctica totalidad del voto escrutado, el PP tiene 5.000 concejales más que los socialistas.
Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, reeditó su mayoría absoluta en la capital, aunque perdiendo tres concejales (31), a pesar del hundimiento del PSOE, que perdió tres concejales y se quedó con 15. En la capital destacó la entrada de UPyD, que entró en el pleno con cinco concejales. Por otro lado, en Valencia, Rita Barberá también perdió un escaño (20), aunque el PSPV se hundió con cuatro concejales menos (8) que en 2007.
El tercer partido más votado es Izquierda Unida con el 6,32% de los votos, casi un punto más que en los pasados comicios, cuando cosechó el 5,48%. Sin embargo, la coalición que comanda Cayo Lara ha recibido un duro varapalo en su habitual feudo de Córdoba, donde el Partido Popular logró la mayoría absoluta con 16 concejales. IU baja hasta los cuatro escaños y se ve superada incluso por Unión Cordobesa, el partido encabezado por Rafael Gómez Sandokán, que ha conseguido un edil más.
Por detrás de la coalición está CiU con el 3,50%, que además de aumentar su porcenaje en 0,25%, logró arrebatar por primera vez en la historia de la democracia la alcaldía de Barcelona al PSC. El socialista dará paso al convergente Xavier Trías que conseguiría 15 concejales, tres más que en 2007.
El huracán Bildu
En la escena electoral irrumpe Bildu-EA-Alternatiba que obtiene un 1,42 de los votos en el conjunto del Estado. De hecho, Bildu es la primera fuerza en número de concejales (953), seguida del PNV que ha cosechado casi 100 menos (872).
Sin embargo, la formación que lidera Iñigo Urkullu vence en número de votos. Mientras que el PNV consigue 325.968 votos (30,05%), Bildu logra 276.134 (25,45%).
Por otro lado, el voto en blanco ha superado el récord de hace cuatro años y logra convertirse en la ‘cuarta fuerza’ política, al superar los 550.000 votos, un 2,57%. Por otra parte, los votos nulos también experimentaron un repunte notable, 360.179, lo que supone un 1,67%, cinco décimas más que en las anteriores municipales.

Telón de Fondo,

Victor Alvargonzález 21/05/2011 Cotizalia
Un país puede funcionar razonablemente bien aunque tenga políticos incompetentes. Pero hay ocasiones en las que el precio de una clase política incompetente y/o corrupta es el propio desarrollo económico del país.Y eso ya son palabras mayores.
Para que luego no digan nuestros políticos que no les avisaron: tenemos un ejemplo claro de lo que no se debe hacer si no se quiere que el destino económico de España sea el estancamiento estructural. Y ese ejemplo se llama Japón.
Como decía el principio, si la estructura económica de un país es sana, ese país puede tener malos dirigentes y aún así funcionar razonablemente bien en lo económico. Lo hemos visto en EE.UU. con algunos de sus presidentes y en Europa tenemos un caso casi cómico, que es el de Bélgica,que lleva más de un año sin gobierno y se están planteando que así funcionan mejor que si lo tuvieran (literalmente), hasta el punto de que no muestran mucha prisa en buscar una solución al problema. Inmersos en la Unión Europea, con una estructura económica relativamente sana y más dentro de la estela alemana que de la griega, Bélgica, pese a sus problemas con los nacionalismos, está saliendo razonablemente bien de la crisis, especialmente si se compara con España.
Porque mucho me temo que nuestro caso se parece más al japonés que al belga. Y ahí tenemos un problema serio.
Veamos qué pasó en Japón. Allí, como aquí, se produjo una burbuja inmobiliaria de proporciones dantescas. Se decía entonces que los terrenos que ocupaba el palacio presidencial en el centro de la capital valían más que toda California. Cuando finalmente explotó la burbuja, ocurrió como en España: no se hizo nada por romper la burbuja financiera que había financiado la burbuja inmobiliaria. Aquí no se deja quebrar ninguna entidad aunque se multipliquen los créditos impagados, y como no quiebran pero son auténticos “zombis”, no están en condiciones de prestar dinero a empresas y familias, con lo que privan al sistema del flujo de crédito necesario para el desarrollo empresarial y la recuperación económica. Y encima, para captar dinero (pasivo), pagan extratipos que generan todavía más perdidas, que luegose cubren con el dinero de los españoles (el FROB), dinero que bien podría dedicarse a cuestiones mucho más productivas. Y si no se liquidan entidades financieras “zombis” es porque el resultado sería que los juzgados se llenarían de políticos de todos los colores y, lógicamente, se protegen entre ellos. Asíde simple. Así de triste.
¿Y qué pasó en Japón? Pues algo muy parecido. El flujo de crédito se secó porque bancos, empresas y políticos habían creado una conjunción de intereses tal que, si una empresa no pagaba un crédito, el banco no ejecutaba porque el propio banco era el principal accionista de la empresa, y además había puesto a un político en el consejo de administración para devolverle algún favor. Políticos, banqueros y grandes empresas se habían enredado de tal manera que era imposible cambiar nada; es decir, los bancos no daban créditos, las empresas no se reestructuraban y los políticos, atrapados en esa maraña de intereses y/o por simple incompetencia, eran incapaces detomar decisiones para realizar reformas estructurales de calado, ¿no les suena a algo?
Nos guste o no, llegados a un determinado punto es imposible regenerar y modernizar el modelo productivo de un país sin el concurso de la clase política. España hizo del Monopoly su modelo de negocio durante más diez años y por eso está metida en el agujero en el que se encuentra. Salir de él requiere sacrificio y toma de decisiones audaces orientadas al largo plazo, características propias de los grandes políticos -aquí hemos tenido algunos- pero que obviamente no es fácil encontrar en nuestra clase política actual.
Si Japón, que encima no se dedica solo al ladrillo, sino que es un gran exportador, un líder tecnológico y está pegado a la Asia emergente, no ha sido capaz de desenredar su maraña de intereses y reformar su estructura económica y política, motivo por el que lleva años sin crecer, no quiero ni pensar en que la que nos espera siendo, como somos, el país del ladrillo y la demanda interna. Pero no pierdo la esperanza. En la transición, y en años posteriores tuvimos buenos políticos. Algunos brillantes. La mayoría eran incluso honestos. Y España es un país de buenos trabajadores. Mal organizados y peor dirigidos, pero “currantes”, que no tienen mucho que envidiar al resto de europeos. Y tenemos grandes empresarios (les sugiero la lectura de mi “post” titulado “Las dos Españas”), además de un país enormemente atractivo para trabajar y vivir, que no ha conseguido todavía ser la California europea -excepto en lo de urbanizar la costa-, pero que podría serlo si contara con los dirigentes adecuados. Parafraseando el poema del Mío Cid, el español es “un buen vasallo, si tuviera buen señor”. Ya solo nos falta cambiar a los “señores

Víctor Alvargonzález es consejero delegado de PROFIM, Asesores Patrimoniales EAFI, empresa que fundó en 1995 y que ha sido pionera en España en ofrecer servicios de asesoramiento financiero independiente a inversores particulares e institucionales. Inició su carrera profesional en FG Inversiones Bursátiles y luego fue director general de uno de los primeros “Family Office” españoles.

Nuestra más cordial enhorabuena

Los Servicios de Consumo de las Delegaciones Provinciales de Salud y la Dirección General de Consumo han levantado 247 actas positivas, lo que supone un 53 por ciento (54% en 2009) de incumplimiento dentro de la campaña de control de empresas de compraventa y arrendamiento de viviendas del año 2010.
20 de mayo de 2011 Qué. Sevilla, 20 (Europa Press)
Los Servicios de Consumo de las Delegaciones Provinciales de Salud y la Dirección General de Consumo han levantado 247 actas positivas, lo que supone un 53 por ciento (54% en 2009) de incumplimiento dentro de la campaña de control de empresas de compraventa y arrendamiento de viviendas del año 2010.
Así de las 467 actuaciones para analizar el grado de cumplimiento de la normativa de consumo, ya se han iniciado hasta la fecha 104 expedientes sancionadores, con una sanción total propuesta de 309.358 euros (unos 2.974 euros de media por sanción).
En cuanto a los datos obtenidos de los protocolos cumplimentados en la ejecución de la campaña, según una nota de la Administración andaluza, las irregularidades más relevantes han sido que el 14 por ciento de los establecimientos carecían de hojas de reclamaciones y el 21 por ciento carecía del cartel informativo con la leyenda «El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del correspondiente documento informativo abreviado de la vivienda (D.I.A.)», un documento que los promotores, intermediarios y arrendatarios de viviendas deben poner a disposición del público y que tiene que recoger de forma exhaustiva los datos más relevantes del inmueble y de la oferta económica.
Otro de los aspectos donde se observa un mayor incumplimiento es en el capítulo de la publicidad. El 32 por ciento de la publicidad no indicaba el periodo de validez de la información suministrada, el 20 por ciento no indicaba también los tributos y otros gastos que debía pagar el consumidor cuando se aludía al precio de venta, y el 25 por ciento de la publicidad de ofertas en que estaba prevista la entrega de cantidades a cuenta no informaba que estarían garantizadas o no indicaba el nombre de la entidad garante, número de póliza y número de cuenta destinada a ello o no se aclaraba en qué conceptos se realizaría la entrega.
En cuanto al documento informativo abreviado de la vivienda, el D.I.A., el incumplimiento es también elevado ya que en el 19 por ciento de los casos no se suministraba. En otro 15 por ciento el D.I.A. de viviendas construidas en primera transmisión no incluía alguno de los datos fundamentales, como la fecha de recepción de la obra por el promotor, si se dispone de la licencia de primera ocupación (o en su defecto, compromiso de obtenerla) y los datos de inscripción de la vivienda en el Registro de la Propiedad.
Analizando los contratos, un once por ciento obliga al comprador a subrogarse en la hipoteca del profesional o le impone penalizaciones si las subroga y en un 25 por ciento se detectó alguna clase de cláusula abusiva. Además, el 31 por ciento de las empresas no ponía a disposición de la persona consumidora una nota explicativa sobre el precio y las formas de pago.
Finalmente, se debe reseñar que en el 19 por ciento (26% en 2009, 44% en 2008) de las promociones donde se recogen cantidades a cuenta, éstas no estaban avaladas o aseguradas individualmente para cada comprador. Si bien es cierto que el número de promociones en proyecto o en construcción en el mercado es muy bajo, este porcentaje ha bajado desde el 44 por ciento en 2008 y el 26 por ciento en 2009.
Campaña 2011
La campaña de 2011, que se desarrollará hasta septiembre, está dirigida a inspeccionar a empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas, independientemente de que éstas se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas. En el caso de las que se encuentren en proyecto o construcción, los inspectores de Consumo controlarán fundamentalmente las viviendas de protección oficial.
Los objetivos de este plan de inspección pasan por conocer la situación del sector y las características de las ofertas, promociones y publicidad que en materia de compraventa y arrendamiento de viviendas se están llevando a cabo. Se quiere saber el grado de cumplimiento de las preceptivas autorizaciones y control de documentos administrativos (inscripción en el Registro Mercantil, licencias de obra o de primera ocupación, etc.) y en qué grado se está cumpliendo la normativa en cuanto a la información que se les facilita a los consumidores.
Además, se quiere comprobar que el contenido de los contratos de compraventa firmados se ajusta a las exigencias de la normativa y verificar que el bien que se pretende vender corresponde efectivamente a la oferta que se está realizando, así como que la coincidencia de sus características se refleja debidamente en la información previa y en los contratos de compraventa.
Para todo esto, la Dirección General de Consumo realizará, al menos, 450 inspecciones por toda Andalucía, sin menoscabo de que esta cifra se vea aumentada si se detecta un elevado índice de incumplimiento.
Recomendaciones
La Dirección General de Consumo recomienda al consumidor verificar que, cuando esté prevista la entrega de dinero antes de iniciar la construcción de la vivienda o durante la misma, en la oferta, promoción y publicidad para la venta o arrendamiento de viviendas se mencione expresamente que las cantidades anticipadas se garantizarán conforme a ley, el nombre de la entidad garante, número de la póliza correspondiente, la existencia de una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos y su código cuenta cliente, y que se indique si el dinero se entregará como señal, como parte del precio o como parte del precio y señal.
Es conveniente pedir el Documento Informativo Abreviado (D.I.A.) en viviendas nuevas o la ficha informativa en viviendas de segunda mano, donde le deben indicar, de una forma estructurada y comparable con otras ofertas, toda la información necesaria para que cualquier persona pueda hacer una compra segura.
Es recomendable también guardar la publicidad de las ofertas, las condiciones relativas a la construcción de la vivienda, ubicación, servicios e instalaciones, adquisición, utilización y pago que se incluyan en la publicidad: serán exigibles en todo caso por el consumidor, incluso aún cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado. Cuando firme la escritura de una vivienda, conserve junto a ella toda la documentación que le hayan facilitado antes de la compra. La venta de Viviendas de Protección Oficial también debe cumplir con todos los requisitos que se han enumerado anteriormente.
Hay que solicitar siempre la nota explicativa sobre el precio y formas de pago: incluye la información sobre el precio total de la vivienda, e indica los tributos y otros gastos, formas de pago, entre otros, y en ella tiene que quedar constancia escrita de que se le ha entregado, ya que constituye el documento de prueba de que se le ha facilitado dicha documentación.
El consumidor tiene que asegurarse, antes de escriturar una vivienda nueva, de que dispone de la licencia de primera ocupación, que le permitirá realizar los contratos de suministros básicos (electricidad, agua). Antes de comprometerse a comprar una vivienda de segunda mano a través de una inmobiliaria, el consumidor debería comprobar el precio final con todos los gastos, especialmente las posibles comisiones de gestión de la agencia.
Antes de comprometerse a la compra de una vivienda, hay que asegurarse que está inscrita en el Registro de la Propiedad, que el vendedor es el que figura como propietario en la nota simple, así como las cargas que pesan sobre la vivienda. Si la persona consumidora y usuaria propone para la vivienda que va a adquirir reformas no incluidas en el proyecto inicial, deberán incorporarse al contrato los datos de dichas reformas, así como el incremento que supone sobre el precio previsto en el contrato.
Por último, antes de firmar el contrato de compraventa, el consumidor tiene que prestar atención a que no se le cargue el pago de la plusvalía, y que no le repercuten los fallos o errores administrativos o bancarios.

18.05.2011 M.Valverde – Expansión
La cúpula de la patronal muestra su desacuerdo con el estado de la negociación con los sindicatos. Muchos empresarios reivindican un nuevo contrato fijo con despido más barato.
La mayoría del Comité Ejecutivo de la patronal CEOE rechazó ayer la reforma de la negociación colectiva, tal y como está planteada en estos momentos en la discusión con los sindicatos. Muchos de los cincuenta empresarios que se reunieron ayer con el presidente de la Confederación, Juan Rosell, insistieron en “que no se puede firmar ningún acuerdo con CCOO y UGT que no tenga una reforma profunda de los convenios”.
Incluso, y según las diversas fuentes empresariales consultadas por EXPANSIÓN, algunos aprovecharon la ocasión para insistir en la rebaja del despido. Es decir, en un contrato indefinido único, con una indemnización por despido para el trabajador de veinte días por año de servicio hasta una cuantía máxima equivalente a un año de salario. “Un contrato que nos equipare en este terreno a nuestros competidores europeos”.
A iniciativa de Arturo Fernández, vicepresidente Primero de la CEOE, todos coincidieron en ofrecer su respaldo a Rosell para que continúe negociando con los sindicatos, pero se quejaron de la “falta de concreción” que tiene el documento que Rosell les presentó ayer y, a su juicio, la falta de avances en la negociación que demuestra.
En efecto, salvo en el punto de las mutuas de accidentes de trabajo y la lucha contra el absentismo laboral, del documento presentado ayer por Rosell se desprende que, cinco meses después de iniciadas las negociaciones todavía persisten importantes desacuerdos con los sindicatos. Sobre todo en los puntos más reformistas. El documento, al que ha tenido acceso Expansión se titula Estado de situación de la reforma de la negociación colectiva, dice lo siguiente:
Salarios: la patronal defiende que los salarios deben fijarse de acuerdo con tres criterios: el objetivo de “estabilidad de precios del Banco Central Europeo”, situado en una inflación del 2%, y la productividad, “que en el ámbito de la compañía debe estar relacionada con la marcha de la empresa”. En tercer lugar, “una parte del crecimiento de la productividad debe destinarse a favorecer la creación de empleo”. En este punto, los sindicatos no quieren saber nada hasta 2013, cuando termine la vigencia del actual acuerdo 2010-2012.
Flexibilidad interna: Según la patronal, en esta cuestión, la gran diferencia está en que, frente a la petición de libertad para el empresario en la modificación de las condiciones de trabajo de la plantilla, los sindicatos insisten en tener la última palabra sobre las decisiones de la compañía mediante la Comisión Paritaria del Convenio.
Descuelgue salarial: la petición sindical de la Comisión Paritaria del convenio es también la razón por la que hay diferencias en la posibilidad de que la empresa pueda incumplir el acuerdo del sector si ello le perjudica.
El control sindical frena una empresa más flexible
La patronal creía haber dado un gran paso hacia la defensa del convenio de empresa cuando arrancó a los sindicatos la posibilidad de que una compañía pueda hacer su propio acuerdo, incluso estando vigente el del sector. Sin embargo, ha comprobado que CCOO y UGT “no renuncian a sus principios tradicionales de articulación y vertebración de la negociación colectiva”.
Así, los sindicatos “intentan controlar” al comité de empresa con la tutela de sus representantes sectoriales. La patronal se queja también “de la pretensión sindical” de que, en el caso de que se contradigan el acuerdo del sector y el de la empresa, “se aplicará el convenio más favorable” a los trabajadores. Los empresarios también rechazan que desaparezcan los llamados convenios franja. Es decir, aquellos acuerdos laborales que se firman con colectivos profesionales determinados. Por ejemplo, el de los controladores aéreos de AENA o el de los pilotos de Iberia.

Europa Press 18/05/2011 El Economista
El saldo total del crédito hipotecario de las entidades financieras se situó en marzo en 1,061 billones de euros, lo que supone un descenso interanual del 3,06%, la mayor caída desde que comenzó a publicarse la serie histórica en 1992, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
Estas cifras ponen de manifiesto la progresiva contracción de la actividad hipotecaria en España desde que en julio de 2010 se anotó la primera bajada, tras la desaceleración que venía experimentando con el estallido de la crisis subprime en Estados Unidos en agosto de 2007.
Asimismo, este descenso de más del 3% contrasta con los crecimientos de más del 20% que se llegaron a producir durante la fase más aguda del boom inmobiliario. En marzo de 2010, el saldo subía un 0,7% en tasa interanual y marcaba 1,095 billones de euros.
Concretamente, el saldo hipotecario en marzo ha disminuido en 3.588 millones de euros si se compara con el mes de febrero (-0,34%), y experimenta una merma de 33.523 millones de euros en relación al mismo mes de 2010.
La mayor caída, en las cajas
Por tipos de entidades, el saldo vivo del crédito hipotecario de las cajas de ahorros registró el mayor recorte (-7,13%) y se estableció en 561.895 millones de euros, mientras que en el caso de los bancos se elevó un 2,73%, hasta 413.803 millones de euros.
El saldo hipotecario total también disminuyó en las cooperativas de crédito y se estableció en 70.419 millones (-1,21%), mientras que en los establecimientos financieros de crédito (EFC) se estableció en 15.740 millones, lo que significa un 3,15% menos.

Los acusan de frenar las investigaciones ”˜in situ”™
Carlos Sánchez.- 16/05/2011 – El Confidencial
Malestar entre los inspectores del Banco de España. ¿La causa? La falta de criterio del regulador a la hora de inspeccionar las entidades de crédito. Critican, en concreto, el abandono de las “inspecciones in situ” y la obsesión de los altos ejecutivos del banco central por cerrar el análisis “cuanto antes”.
En palabras de alguien que conoce bien el mundo de la inspección por dentro, se ha llegado al ridículo de rechazar la elaboración de informes sobre alguna entidad financiera simplemente “para no conocer la realidad de las cosas”.
“No quiero más datos”, le llegó a decir a un inspector su jefe después de que aquél le planteara la necesidad de continuar con la inspección en una determinada entidad de crédito. La situación es rayana “con la dejación de funciones”, aseguran las fuentes, que al mismo tiempo recuerdan que la inspección “nunca se ha hecho as픝.
Desde el Banco de España se niega la mayor y se achacan las críticas a un problema de carácter estrictamente laboral. Los inspectores pretenden lograr un estatuto propio y el regulador siempre se ha negado a esta posibilidad.
Otras fuentes de la inspección del Banco de España no oficiales, sin embargo, confirman el malestar. “Estamos ante un problema que comenzó ya en la época de Caruana”, aseguran. “Las cosas no funcionan bien debido a que las inspecciones no se hacen de abajo a arriba sino al contrario, y así no puede funcionar la inspección”.
En su opinión, el problema surge por falta de voluntad del supervisor a la hora de conocer la verdadera situación de las entidades financieras. “Cada vez hay menos inspectores que acuden a las oficinas, y así no hay manera de conocer lo que realmente sucede”, añaden.
Normativa compleja
En su lugar, se ha optado por ampararse en una normativa cada vez más compleja que “no entiende ni Dios”, pero que luego no se aplica por falta de voluntad política. Y así es como se ha llegado a tener un conocimiento ficticio del balance de algunas entidades -mediante modelos- en lugar de real. “No se está haciendo una proyección realista de las cuentas de resultados”, se asegura, y eso al final ha contribuido a que el mercado interbancario -donde se financian las entidades- continúe paralizado por falta de credibilidad.
“Sobra regulación”, aseguran las fuentes, que insisten en que la historia ha demostrado que la mejor forma de evitar las crisis financieras es hacer “inspecciones in situ”. En el Banco de España, por el contrario, insisten en que el trabajo no ha variado y que se siguen haciendo inspecciones ”˜a pie de obra”™ con información de primera mano. “Los inspectores están trabajando como nunca ante lo había hecho”, aseguran las fuentes oficiales
La situación es tal que ha acabado por enrarecer el ambiente en la inspección, donde se acusa a los responsables de la supervisión de actuar con discrecionalidad, como publicó este periódico. Entre otras cosas por ausencia de criterios de selección objetivos, lo que ha provocado enfrentamientos en los tribunales.
Se critica, en concreto, que se hayan sustituido las oposiciones -el cuerpo lo forman unos 250 inspectores- por sistemas de selección directos, en los que tienen mayor importancia criterios subjetivos. “La oposición es lo que mejor garantiza la independencia de los inspectores”, sostienen las fuentes consultadas. Y en este sentido, aseguran que son precisamente quienes acceden a la profesión por esa vía quienes se están beneficiando en mayor medida de la promoción interna. El asunto, incluso, ha llegado a los tribunales, lo que ha obligado al Banco de España a suspender alguna convocatoria de selección de personal.

Con los inmigrantes que regresan a su país de origen
La dación en pago se ha convertido en una solución relativamente común que las entidades utilizan para saldar las hipotecas de los inmigrantes que regresan a su país de origen, debido a la dificultad y el coste de cobrar la deuda y a la necesidad de la banca de contener la morosidad.
Juande Portillo – Madrid – 18/05/2011 – Cinco Días
La entrega del inmueble no es suficiente en España para cancelar una hipoteca. Esta solución, que sí es común en otros países como EE UU, ha cobrado protagonismo desde que la crisis multiplicara el número de embargos: solo en 2010 ascendieron a 118.000. La sentencia favorable a la dación en pago de un Tribunal de Navarra, o las inciertas promesas electorales de algunos candidatos -como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre- han vuelto a poner sobre la mesa un método que la banca se niega a generalizar. Las entidades, no obstante, lo están aceptando en el caso de miles de inmigrantes que retornan a su país de origen, para evitar que su tasa de mora se dispare.
«Para los españoles la prioridad es conservar la vivienda y su red familiar les ampara. Pero los extranjeros sin familiares en España que pierden el empleo y agotan el paro terminan regresando a su país. Y ahí la entidad les suele comprar la vivienda», admiten fuentes de una gran entidad. «Se hace por el lío legal y el coste que supondría reclamar el pago del resto de la deuda» en el extranjero, explican desde otro banco.
«Es un proceso costoso en dinero y en tiempo», agrega Gustavo Kolschinske, abogado de Sentencia, un bufete especializado en la atención a extranjeros. «Hay países, como Ecuador que protegen a sus ciudadanos. Aunque tengan otra vivienda allí, si la constituyen ante notario como ‘patrimonio familiar’, se convierte en inembargable aunque la familia tenga deudas en España», ilustra. La embajada de este país ha remitido peticiones específicas al Banco de España para que facilite la dación en pago. Su embajador en Madrid declaró a CincoDías que estos acuerdos han aumentado en el último año.
Desde Sentencia relatan que han logrado acuerdos de dación en pago para unas 6.000 familias desde que comenzó la crisis. Sin embargo, Kolschinske alerta de que ser extranjero no supone una garantía de que se acepte. «Otra cosa son sus circunstancias, que ambos cónyuges estén en paro de larga duración y sean incapaces de hacer frente a los pagos…». Con todo, aclara, la decisión corresponde a la entidad, y dependerá de sus intereses. «Hemos visto un cambio de ciclo desde que comenzó la crisis. Al principio, con los tipos de interés altos, los bancos optaban por renegociar las hipotecas. Cuando los tipos bajaron y el desempleo subió, empezaron a ser más propensos a la dación en pago», cuenta. «Depende, sobre todo de que a la entidad le interese para contener la tasa de morosidad o para cuadrar sus números al final del año», aseveran en Sentencia.
La mora se encuentra ya en el 6,19%, cuando en 2006 no llegaba al 1%. Y los expertos coinciden en que seguirá subiendo, al menos, hasta el tercer trimestre de 2011. Si bien la mora hipotecaria es menor (del 2,4%) incluir como morosos a los inmigrantes que vuelven a su país sin haber saldado la hipoteca, eleva la tasa a largo plazo, pues la ejecución se alarga. Por contra, aceptar las llaves como pago y adjudicarse la vivienda directamente mantiene intacta la mora, ahora que la banca busca demostrar su solvencia.
«Depende también de cada entidad», añade Gustavo Fajardo, asesor jurídico de la ONG Aesco (Asociación América España Solidaridad y Cooperación). «Caja Madrid, La Caixa, Banco Santander y la Caja de Ahorros del Mediterráneo han sido de las entidades más sensibles a este tema», expone Fajardo que ha gestionado miles de acuerdos de dación en pago para familias con problemas. Durante 2010, señala, su asociación logró que estas cuatro entidades saldaran 3.700 hipotecas con la entrega de las llaves, asegura. «Eso es un 85% del total de peticiones que presentamos», acota.
Desde la banca admiten que la práctica es común, aunque todas las entidades eluden retratarse y dar cifras. Desde el Colegio de Registradores de la Propiedad sugieren, no obstante, que este fenómeno ni siquiera se circunscribe al segmento de inmigrantes. Su decano, Alfonso Candau Pérez, sostuvo ayer que el porcentaje de casos de hipotecas impagadas en los que la banca termina actuando contra el resto del patrimonio del deudor no alcanza el 0,5% del total, informa Raquel Díaz Guijarro.
Alquiler o quitas
La dación en pago sigue siendo el último recurso de la banca. Antes de ello, algunas entidades optan por cambiar el contrato hipotecario por uno de alquiler, o aceptan la casa como parte del pago y hacen una quita del 50% sobre el restante.

La Marina
El Ayuntamiento tiene constancia de un expediente abierto en el litoral sur y tres modificaciones puntuales en el norte
18.05.11 R. González | Denia – Las Provincias.
El tema de los deslindes en el litoral de la capital comarcal no ha quedado en el olvido. La Asociación Playas Norte de Dénia teme que en un año, antes de las elecciones generales, desde Costas se vuelvan a intentar actas de apeo en las zonas de Deveses, l’Almadrava y l’Estanyó.
Este colectivo de afectados por la Ley de Costas celebró una reunión en la noche del lunes. En ella decidieron esperar a dar nuevos pasos hasta que se resuelvan los cambios en los ayuntamientos tras los comicios municipales y a que se aborde el tema en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que tendrá lugar el 23 de mayo en Bruselas.
Uno de los miembros de la asociación, Pere Cardona, insistió en la necesidad de reformar la Ley de Costas del 88. Aunque reconoció que «estamos en un punto de inflexión», todo apunta a que el cambio que pueda sufrir sea «muy leve», lamentó Cardona.
En el Consistorio de Dénia tienen constancia de que la dirección general de Costas mantiene abierto un expediente en el litoral sur y cuatro expedientes puntuales en la zona norte.
El más reciente, el de 2010, afecta a 6.800 metros de la costa de Dénia, en el tramo comprendido entre el barranco del Regatxo (excluido) y el límite con el término municipal de XÍ bia. A él se le suma la zona que le sigue hasta el sur del barranco del Alter.
El área de este primer expediente está afectada por una suspensión de licencias en un tramo de 100 metros. Allí no se puede hacer obra mayor, solo están permitidas obras de reforma y mantenimiento, siempre con permiso de Costas. Además, en el caso de que los propietarios que quieran vender, el Estado tendrá preferencia.
Litoral norte
Los tres expedientes puntuales del deslinde afectan al litoral norte de Dénia, entre la Punta de l’Estanyó y Deveses, y está aprobado por Orden Ministerial del 9 de diciembre de 1977.
Entre la zona sur y la norte existe una franja que abarca desde el barranco del Alter hasta la Punta de l’Estanyó. En este espacio hay vigente un deslinde que incluye tres modificaciones, todas ellas aprobadas, aunque el Ayuntamiento no tiene la Orden Ministerial.
Pese a que el Consistorio tiene conocimiento de que Costas mantiene abiertos cuatro expedientes, desde la Asociación Playas Norte de Dénia subrayan que solo hay uno notificado. El de 2010, que afecta al litoral sur de Dénia. Según Pere Cardona, el resto no están notificados «pero están avisando al Registro de la Propiedad de las propiedades que está afectadas por el deslinde». «Y lo hacen sin alertar al dueño, que luego se lleva la sorpresa», añadió.
Cardona relató que tienen un caso de una persona a la que tras tener aprobada una operación bancaria luego se la denegaron porque apareció una nota adscrita a su parcela en la que figuraba que estaba afectada por un deslinde. Aspecto que el dueño desconocía.

El PIB crecera un 0,9 este año y un 1,6% el próximo

Carlos Sánchez.- 11/05/2011 -Cotizalia
La noticia buena es que la economía crecerá este año un 0,9% -frente al -0,1% del año pasado-; la mala es que ese crecimiento no vendrá acompañado de puestos de trabajo. Al contrario, según el Servicio de Estudios del BBVA, en 2011 el nivel de empleo caerá un 0,7%. O lo que es lo mismo, se perderán unos 126.000 puestos de trabajo, lo que significa que la fuerza laboral bajará hasta el entorno de los 18 millones de ocupados.
El informe Situación del BBVA refleja con toda nitidez la debilidad del crecimiento económico español. Hasta el punto de que en 2012 la economía crecerá un 1,6%, tasa insuficiente para crear puestos de trabajo de forma relevante. Según sus estimaciones, el año próximo -cinco años después de comenzar la crisis- la economía sólo será capaz de crear unos 90.000 empleos, muy poco para vaciar un gigantesco embalse formado por casi cinco millones de parados.

La escasa capacidad de la economía española para crear puestos de trabajo tiene que ver con la pobre evolución del consumo de los hogares, que apenas crecerá en 2011 un 0,4%, lastrado sobre todo por la pérdida de empleo y el retroceso de la renta disponible de las familias. En particular debido al previsible aumento de los tipos de interés y del encarecimiento del petróleo.
El BBVA estima que el tipo de interés oficial se situará dentro de un año -en abril de 2012- en un 2%, frente al 1,25% fijado actualmente por el Banco Central Europeo (BCE).
El mayor crecimiento de España, por el contrario, vendrá de la mano de las exportaciones, que crecerán, según sus estimaciones, un 10,6% este año y un 6,2% el próximo. Por el contrario, las importaciones apenas aumentarán un 3,7% este año y un 3,6% el próximo, lo que pone de relieve la debilidad de la demanda interna. Empresas y familias compran menos al exterior por sus dificultades económicas, y eso alivia el déficit comercial.
Los datos del BBVA reflejan, igualmente, que el sector de la construcción continúa siendo el gran lastre de la economía española. Hasta el extremo de que si no fuera por el ”˜ladrillo”™, según sus estimaciones, el PIB crecería este año un 2,1%. O un 1,3% sin inversión sólo en vivienda. En todo caso, la tasa de paro se mantendrá tanto en 2011 como en 2012 por encima del 20%, lo que da idea de las dificultades de la economía española para crear empleo.
Según el BBVA, hay argumentos económicos para pensar que el Gobierno podrá cumplir su objetivo de situar el déficit público en el 6% del PIB, aunque hay sombras sobre la capacidad de algunas comunidades para reducir su desequilibrio fiscal. En todo caso, los economistas del banco estiman que el actual proceso de consolidación fiscal hace sostenible tanto el nivel de deuda pública como el de prima de riesgo, pero siempre que el Gobierno no afloje en sus objetivos.

Informe de RR de Acuña & Asociados
Las necesidades de capital de las entidades financieras españolas por su exposición al riesgo inmobiliario ascienden a unos 21.000 millones de euros, según un informe realizado por RR de Acuña & Asociados, que estima que se pueden cubrir en tres años.

Miriam Calavia – Madrid – 10/05/2011 – Cinco Días
El sector financiero español está poco a poco saneando su exposición al riesgo inmobiliario y podría culminar su ‘limpieza’ en unos tres años, según un informe realizado por RR de Acuña & Asociados, que estima que las necesidades de capital de la banca se sitúan en unos 21.000 millones de euros.
El estudio calcula que los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades financieras ascienden a 118.500 millones de euros, frente a los 180 millones computados por el Banco de España. Con unas provisiones por valor de 77,5 millones, las pérdidas esperadas no cubiertas alcanzan los 61.000 millones -incluyendo inmobiliarias y empresas constructoras y de materiales-, de los que 40.000 millones son «perfectamente asumibles por las cuentas de resultados», señala el informe. De este modo, quedarían pendientes 21.000 euros que habría que aportar mediante las ayudas del FROB o ampliaciones de capital. Esta cantidad podría estar cubierta en unos tres años, lo que permitiría activar de nuevo el flujo del crédito y restaurar la confianza internacional en España, detalla, y añade que hasta el momento el saneamiento del sector ha costado a la banca en torno a 125.000 millones de euros.
El problema del suelo
Fernando Rodríguez de Acuña Rodríguez, director de proyectos de la firma de asesoramiento y consultoría económico-financiera, asegura que «hasta que no se solucione el impacto inmobiliario sobre la banca, el crédito no volverá a fluir en el mercado».
Dependerá además de la evolución del suelo, donde existe una sobreoferta todavía mayor que el stock de viviendas. La consultora calcula que el stock de suelo y viviendas en distintas fases de desarrollo y construcción suma un total de 2,85 millones de inmuebles, que se unen a los 1,52 millones terminados al cierre de 2010, lo que elevaría el exceso de oferta a más de 4 millones de viviendas.
Asimismo, la mayor parte (el 39%) de las garantías crediticias de las instituciones financieras están en suelo, y es ese «crédito otorgado al suelo donde se encuentra el mayor riesgo de pérdidas», advierte. No obstante, apunta que existen diferencias en la exposición al suelo de bancos y cajas. Mientras que para los bancos el 37% del el crédito total al sector inmobiliario tiene como garantía el suelo, en las cajas el porcentaje se eleva al 41%.
«Desconocemos el volumen total de suelo disponible, pero podemos suponer que las cifras reales de suelo son incluso mayores que las utilizadas en el análisis», añade el presidente de RR de Acuña & Asociados, Fernando Rodríguez y Rodríguez de Acuña. «Además, una parte importante del suelo se encuentra situado en áreas regresivas, esto es, nunca tendrá demanda», asevera.
El estallido de la crisis del ladrillo, que disparó el endeudamiento de los hogares y de las empresas del sector, afectó directamente a una banca que había apostado por el crédito a promotoras y constructoras, las más castigadas por el ajuste.
El crédito total concedido por las instituciones financieras a inmobiliarias y constructoras asciende a 417 millones de euros, incluyendo las empresas participadas por las propias entidades, lo que supone el 42% del crédito global otorgado a las sociedades no financieras, indica el informe.
El volumen de crédito ha experimentado un descenso del 14% entre 2007 y 2010, y la morosidad se sitúa en el 17% en el caso de las inmobiliarias y en el 40% en las constructoras.
Posibles soluciones
Entre las posibles medidas para mejorar la solvencia del sistema financiero e inmobiliario, el estudio destaca la creación de ‘bancos malos’ que absorba los inmuebles en manos de la banca a valor real, de forma que dichos activos salgan del balance.
Además, propone una compensación fiscal de plusvalías y minusvalías de la banca, «al menos con carácter temporal, en los diferentes ejercicios fiscales.

El Confidencial Digital – 15 mayo 2011

El ministerio del Interior ha remitido a la Jefatura de la Guardia Civil de Tráfico un nuevo RAI Valorado, en el que se establece una ”˜puntuación”™ de las diferentes actuaciones de los agentes a lo largo del mes para cobrar un ”˜extra”™ en la nómina.
Tal y como informó El Confidencial Digital, los beneméritos que trabajan en Tráfico tienen la posibilidad de cobrar unas primas en función de unos baremos establecidos por el ministerio que, según los propios agentes, prioriza la recaudación a la seguridad: “Premia, por encima de cualquier cosa, las multas que pongas”.
Pues bien, según ha podido saber este diario, el último RAI Valorado enviado por Interior -posterior a la nueva limitación de velocidad a 110 kilómetros por hora- ha provocado un aluvión de quejas en los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico, al considerar los agentes que sus retribuciones “están condicionadas a las infracciones que puedan realizar los conductores, sin tener en cuenta dispositivos de seguridad realizados para prevenir accidentes”
ECD ha conseguido los últimos baremos establecidos por el ministerio del Interior y remitidos a la Jefatura de la Guardia Civil. Estas son las acciones de los beneméritos más ”˜premiadas”™ por el organismo dirigido por Alfredo Pérez-Rubalcaba:
— Sanciones en los controles de alcoholemia: De 9 a 3 puntos por intervención, en función del grado de ebriedad del detenido y la necesidad de llamar a una grúa para trasladar el vehículo o al equipo de Atestados para detener al individuo.
— Detenciones: 5 puntos. El RAI valora el riesgo de la integridad física del agente, la espera del Equipo de Atestados, o la instrucción de diligencias.
— Denuncias por exceso de velocidad: 4 puntos. Según las fuentes consultadas por este diario, “el baremo ha subido en los últimos años”, pasando “al doble de puntos” en la actual legislatura.
— Multas por no llevar el cinturón o el casco: 3 puntos.
— Denuncias por no tener los ”˜papeles”™ en regla: 3 puntos.
En contraste con estas puntuaciones, destaca el poco rédito obtenido por los agentes que informan a los conductores (0,10 puntos), protegen de accidentes (1 punto), recuperan un coche robado (1 punto), o que acuden como testigos a juicios (también 1 punto).