AIRE

Europa Press 29/06/2011 – El Economista
El consejero delegado de BBVA, ́ngel Cano, ha afirmado que es necesario proteger «a toda costa» el mercado hipotecario español y no adoptar medidas que «puedan estropearlo» por presiones populistas.
«Responder a presiones populistas está bien, pero hay que tener cuidado de no estropear un mercado hipotecario de referencia a escala mundial», dijo Cano al término de su discurso en la escuela de negocios Esade.
Cano respondía de esta manera al ser preguntado por el anuncio que realizó ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Congreso de los Diputados sobre la próxima aprobación de medidas de protección para las personas que afrontan una ejecución hipotecaria por imposibilidad de pago.
El consejero delegado de BBVA sostuvo que, a falta de conocer el desarrollo específico de la iniciativa, es fundamental proteger la seguridad jurídica en el mercado hipotecario español y respetar lo acordado por las partes en este tipo de contratos.
«Sería complicado que el país empezara a violar, a saltar por encima de la seguridad jurídica», porque esto podría provocar una falta de confianza adicional en la economía española, dijo el ‘número dos’ del BBVA, para quien «hay que evitar esto a toda costa».
Cano incidió en que España es el país desarrollado que cuenta con los menores precios y las mejores prácticas en el mercado hipotecario, y que la protección jurídica del cliente y de la entidad hacen que este sistema sea «sólido».
El consejero delegado de BBVA recalcó que el mercado hipotecario español es «muy fiable» y una referencia a escala internacional.
El precio de la vivienda caerá entre un 5 y un 10% adicional
En cuanto al mercado de la vivienda, consideró que se podrían registrar caídas adicionales de precio en los próximos años de entre el 5% y el 10%, si bien insistió en que la evolución es muy diferente en función de la región geográfica de que se trate, ya que en 15 provincias el precio de la vivienda ya ha empezado a subir.
Cano sostuvo que los bancos han registrado una caída media de los precios de los activos inmobiliarios que tienen en balance del 30%, y que podría haber un descenso adicional del 10% en los próximos años.
A medida que se produzca el deterioro de activos se liberarán más provisiones, recalcó Cano, para quien la cuantía total podría elevarse a entre el 3% y el 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
El consejero delegado resaltó en este punto que BBVA realiza una «rabiosa» valoración de activos a precios de mercado.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha concretado esta tarde los cambios en la ley hipotecaria, anunciados en su intervención matutina en el Debate sobre el estado de la nación: el Ejecutivo elevará el límite de renta inembargable en procesos de ejecución hipotecaria hasta el 150% del salario mínimo interprofesional, es decir 961 euros mensuales.

Borja Guerrero / CincoDías.com – Madrid – 28/06/2011
Esta medida tiene como objetivo evitar que las familias que se encuentran inmersas en un proceso de ejecución hipotecaria entren en una situación «insostenible», según ha manifestado el jefe del Ejecutivo, quien ha calificado la iniciativa de «audaz y contundente».
El nuevo límite establecido se elevara hasta un 30% adicional del salario mínimo interprofesional por cada miembro del hogar que no tenga ingresos. Lo que supone que en una familia donde haya dos miembros sin renta, la riqueza mensual inembargable en una ejecución hipotecaria llegaría a 1.350 euros.
Por otra parte, Zapatero ha anunciado que se adoptarán medidas adicionales para acabar con «los abusos en las subastas hipotecarias».
Con el debate caliente sobre la dación en pago (la entrega de la vivienda al banco para saldar la deuda), el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba esta mañana medidas de protección para los hipotecados con problemas para afrontar sus pagos.
Zapatero hacía, así, un guiño a la creciente demanda social de cambios en la legislación sobre ejecución hipotecaria. El presidente del Gobierno afirmaba que «en las próximas semanas» aprobará «nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias», aunque en ese momento no precisó dichas medidas.
«El gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca», declaró Zapatero.

E. Sanz 28/06/2011 – Cotizalia
“No sabemos si la vivienda ha tocado suelo pero objetivamente no vemos indicadores que digan lo contrario”. Quien pronuncia estas palabras es Juan Fernández-Aceytuno, director general de ST-Sociedad de Tasación, la segunda tasadora de España por cuota de mercado. En su opinión es difícil saber el precio justo de una vivienda debido a la heterogeneidad del mercado inmobiliario español -primera residencia, costa, vivienda nueva, segunda mano”¦- aunque asegura que los precios de los inmuebles que se anuncian se encuentran como promedio un 15% por encima de los precios a los que finalmente se cierran las operaciones.
Según los datos de la tasadora, desde los máximos de otoño de 2006, la vivienda nueva ha caído un 20% en términos nominales y un 25% en términos reales, es decir, teniendo en cuenta la inflación. Y aunque no hacen previsiones, el coeficiente corrector de riesgos que están obligados a incluir en sus tasaciones por la metodología que el Banco de España impone en sus tasaciones, se mueve en un rango entre el -1%y el -7% en función del municipio del que se hable.
Para Fernández-Aceytuno , el precio es sólo la derivada de tres variables que sí marcarán el devenir el futuro inmobiliario en España. “La primera X de la ecuación es el empleo que genera renta y confianza en las personas. La segunda es la falta financiación bancaria y la tercera, unos tipos de interés al alza”. Otros factores, como el de la fiscalidad -desaparición de la deducción por la compra de vivienda o el aumento del IBI- “se neutralizan rápidamente por el mercado”.
No basar decisiones de compra en estadísticas
Ante la variedad de estadísticas en torno al precio de la vivienda que se publican en España -desde los datos oficiales de Fomento, pasando por los suyos propios o de otras tasadoras y los de los portales inmobiliarios- no se pronuncia, aunque sí advierte sobre el peligro de utilizar estadísticas para la toma de decisiones individuales. “No lo aconsejo”, apunta.
También destaca la importancia de una valoración bien hecha.“Es fundamental que la gente sepa lo que está hipotecando. Comprobar que la identificación física del inmueble coincide con la registral, con la realidad”. En este sentido advierte, por ejemplo, cómo en el 40% de los anuncios de inmuebles, la superficie no se corresponde con la realidad. Este es un dato esencial para la tasación, que puede pesar tanto como los datos de mercado, y a los que prácticamente no se les presta la menor atención.
“Si yo fuera vendedor, lo primero que haría sería dar al comprador potencial una tasación independiente para tranquilizarlo. Y a partir de esa tasación y teniendo en cuenta las condiciones de financiación actuales, fijar el precio de venta”. Valor y precio no deben ser confundidos, afirma. Un consejo también aplicable al futuro comprador quien, tras la modificación de la Ley Hipotecaria en 2007, puede solicitar una tasación independiente a la que realiza la entidad. El banco puede no aceptarla pero no puede cobrar por una segunda tasación.

En el 2010, un 62% más de desempleados que el año anterior recuperaron sus ahorros por la crisis
En el primer trimestre del 2011, los partícipes aportaron el 17% menos que un año antes
26 de junio del 2011 – Mercedes Jansa / Max Jiménez Botías (Madrid / Barcelona) – El Periódico
La prolongada crisis está obligando a los ciudadanos a tirar de sus ahorros. Así lo confirman los datos sobre el rescate de los planes de pensiones individuales en el 2010, que muestran que muchos desempleados han recuperado el dinero invertido en estos productos. El año pasado aumentó el 62,04% el número de beneficiarios que se acogieron al rescate de pensiones, 26.925 personas más que en el 2009, que fueron 43.428. En total, más de 70.000 parados rescataron sus ahorros.
Según el informe anual del Consejo Económico y Social (CES), la reforma del reglamento de planes y fondos de pensiones de julio del 2009 ha facilitado el rescate por parte de los desempleados. La reforma suprimió la exigencia de un plazo continuado de 12 meses en desempleo para hacer efectivos los depósitos. El requisito es estar inscrito como demandante de empleo. También se permite a los autónomos que hayan estado integrados como tales en un régimen de la seguridad social.

Según el informe del CES, durante el 2010 se registraron un total de 10.855.528 cuentas de partícipes, lo que supone un incremento del 1,6% respecto del año anterior. La modalidad que más creció –el 6,3%– fue la del plan individual. Sin embargo, las aportaciones fueron escasas, la mayoría por debajo de los 900 euros. Durante el primer trimestre del 2010, la tendencia se mantiene a la baja, según los datos de la patronal del sector inversor, Inverco.
Los inversores muestran su preocupación. Los partícipes aportaron en los primeros tres meses del año un 17% menos que en el 2010. Aunque el primer trimestre del año suele ser el que registra el volumen más bajo de aportaciones, el descenso es considerablemente más sensible al del mismo periodo del año anterior. Una parte de la caída es atribuible a la reforma fiscal del 2007. Desde entonces, la aportación ha ido en descenso, pero nunca hasta ahora había sido tan intenso.

Fitch denuncia la opacidad y las prácticas de riesgo en la renegociación de estos créditos
El crédito concedido para la compra de vivienda no ha descendido desde 2007 pese a la crisis gracias a la renegociación de las condiciones hipotecarias. Fitch alerta de la opacidad de estos procesos y de las prácticas de riesgo que se llevan a cabo, como alargar su duración 80 meses de media, un plazo que para la agencia equivale a estar en situación de impago.
Juan de Portillo – Madrid – 23/06/2011 – Cinco Días
A la hora de gestionar deudores morosos, los bancos y cajas están comportándose de forma demasiado flexible», advertía hace unas semanas en un foro inmobiliario el director del departamento de estructurados financieros de Fitch, Juan David García, en alusión a la renegociación de créditos hipotecarios y a promotoras. Hace unos días, la agencia de calificación de riesgo emitió un informe en el que mostraba su «preocupación sobre la falta de información y de sostenibilidad en el medio plazo» que conllevan «las soluciones de refinanciación a disposición de los prestatarios en dificultades». Entre otras prácticas de riesgo, Fitch detalla que las hipotecas que se alargan lo hacen de media en 80 meses, casi siete años.
«Es un plazo excesivo», expone García a este diario. «Está bien que se ofrezca flexibilidad ante los problemas, pero un plazo tan largo demuestra una debilidad manifiesta del deudor» que hace poner en duda la recuperación de la deuda, continúa el analista. «Si te comprometes a mantener un préstamo tienes que ser sensato, no lo puedes alargar siete años», dice, aconsejando una política más conservadora a entidades que estarían dando préstamos a 40 años.
El número de renegociaciones hipotecarias ha ido in crescendo en paralelo al aumento del paro. Del informe de Fitch, sin embargo, se desprende que la banca está manteniendo artificialmente vivo parte del crédito hipotecario para evitar reconocer impagos. Una práctica que ya se venía dando con las promotoras inmobiliarias y que se estaría extendiendo ahora a las familias. Las cifras del Banco de España reflejan que, pese a la crudeza de la crisis, el volumen de crédito para la compra de vivienda no ha descendido desde 2007. De hecho, ha aumentado. De los 591.546 millones de euros de inicios de 2008 se ha pasado a 614.432 millones en 2011.
Fitch, que basa su estudio en las hipotecas titulizadas, desconfía de los datos que recibe. De ellos se desprende que solo un 3,2% de ellas ha sufrido modificaciones en sus condiciones de partida. Un 2,3%, reduciendo los tipos de interés y un 0,9%, alargando los plazos. Además, solo un 0,3% de las renegociaciones se habría producido tras una mora superior a 90 días. El analista de Fitch denuncia que algunas entidades estarían «concediendo préstamos en paralelo» para que los deudores con problemas puedan hacer frente al crédito original.
Desde el propio sector reconocen que en el caso de préstamos hipotecarios la adjudicación de la vivienda se intenta evitar a toda costa. «Nos tenemos que ajustar a las posibilidades y necesidades de las familias siempre que podamos y estas tengan voluntad de resolver el problema. Como entidad, nos haríamos un flaco favor ejecutando la finca para volver a colocarla en el mercado con unas pérdidas añadidas», dice el director general adjunto de Unnim, Enrique Lizaso.
Por eso, aunque cada caso es dramático, los 118.000 embargos registrados en 2010 son una gota en el océano de 15 millones de créditos hipotecarios que los expertos estiman que hay en España. Fitch teme, sin embargo, que la subida de tipos iniciada por el Banco Central Europeo multiplique los embargos y las renegociaciones en los próximos meses.
Las cifras
614.000 millones es el saldo vivo de crédito hipotecario a día de hoy.
2,4% es el porcentaje de mora hipotecaria que está reconocido por las entidades financieras.
15 millones es el número total de créditos para la financiación de vivienda que hay vigentes en España, según estiman los expertos.

Y un techo de gasto para las CC AA
23-06-2011 La Gaceta – Intereconomía
Europa ha pedido a Zapatero que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido este jueves a España que introduzca una regla de control de gasto para las Comunidades Autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.
La cumbre de la UE ha aprobado las recomendaciones dirigidas a cada uno de los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses, según ha anunciado el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. El objetivo es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.
En el caso de España, el Gobierno ha logrado que se retire la recomendación más polémica que había formulado la Comisión: reducir las cotizaciones sociales para rebajar los costes salariales y compensar la pérdida de ingresos subiendo el IVA y los impuestos sobre la energía. El objetivo de esta medida era impulsar la creación de empleo, pero las autoridades españolas alegaron que pondría en riesgo las pensiones.
Los líderes europeos sustituyen esta petición por otra más genérica: «estudiar el margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal, haciendo por ejemplo recaer el peso de la fiscalidad sobre el consumo y el medio ambiente, en lugar de sobre el trabajo, al tiempo que se garantizan los planes de saneamiento fiscal».
En materia de consolidación fiscal, el Consejo Europeo ha pedido al Gobierno español garantizar el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit para los años 2011 y 2012 y «adoptar nuevas medidas (de ajuste) en caso de que los resultados presupuestarios y económicos no se ajusten a lo previsto».
Los Veintisiete reclaman además a España «una norma vinculante de gasto para todas las administraciones» que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Y solicitan que se apliquen «estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales» y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.
En cuanto a las reformas, los líderes europeos exigen al Gobierno completar la reforma de la negociación colectiva y del sistema de indexación salarial «para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa y proporcionar a las empresas la flexibilidad suficiente para adaptar internamente las condiciones laborales a los cambios en el entorno económico».
La UE solicita además al Gobierno que evalúe antes de que acabe el año el impacto de la reforma laboral de 2010 y que, si es necesario, haga más reformas en el mercado de trabajo «para reducir la segmentación y mejorar las oportunidades de empleo para los jóvenes».
España debe también «adoptar la propuesta de reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años trabajados para calcular las pensiones como está previsto». Y tendrá que revisar «regularmente» los parámenos de las pensiones para ajustarlos a la evolución de la esperanza de vida y adoptar más medidas para aumentar la edad de jubilación real.
Reforma de cajas
Los jefes de Estado y de Gobierno piden finalmente a España «supervisar estrechamente la reestructuración en curso del sector financiero, en particular de las cajas de ahorro, a fin de que concluya a más tardar el 30 de septiembre de 2011».
A petición de España, se ha eliminado también de las recomendaciones la referencia a que «los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente». El Gobierno ha alegado que ya se habían adoptado los cambios legales necesarios para reducir la interferencia del poder local y regional.

Xavier Gil Pecharromán – 22/06/2011 – El Economista

Los Registros de la Propiedad han comenzado a rechazar como cláusulas abusivas las incluidas en las escrituras hipotecarias por algunas entidades financieras, preferentemente pequeñas cajas de ahorros, en las que se incluye un valor de tasación para el mercado hipotecario y otra valoración bastante más baja para el caso de que se llegue a la subasta judicial en un proceso de ejecución de la vivienda por impago.
De esta forma, mientras que el certificado de tasación incluido en la escritura da un valor determinado, el clausulado del documento notarial de préstamo hipotecario incluye una segunda valoración o lo hace mediante la inclusión de un valor denominado Total Responsabilidad, que supone una cantidad bastante menor que el valor ratificado por la tasadora.
En alguno de los casos a los que ha tenido acceso elEconomista, la discrepancia de valores queda patente en la escritura en el apartado titulado Procedimiento Judicial-Jurisdicción en el que se indica que «a efectos de la ejecución hipotecaria las partes intervinientes tasan cada una de las fincas hipotecadas, como precio de las mismas a fin de que sirvan de tipo en la subasta las cantidades antes consignadas como total responsabilidad».
La entidad siempre gana
De esta forma, la entidad financiera cuenta con un valor del inmueble muy elevado para incluirlo en la emisión de bonos, células o participaciones en el mercado hipotecario y otro bastante más bajo por el que en caso de ejecución hipotecaria del cliente, la entidad financiera puede hacerse con la vivienda por el 50% de una cantidad mucho más baja que la tasación oficial, si como está sucediendo en la actualidad en multitud de casos, el procedimiento se declara desierto.
Esta reducción al 50% sobre el valor de tasación de la vivienda está regulado en el artículo 671.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene su origen en la garantía de que la vivienda no sea adjudicada por un precio desproporcionadamente bajo sobre el valor del inmueble, lo que supondría un enriquecimiento injusto del acreedor, puesto que de otra forma el precio de la vivienda podría llegar a cantidades ridículas.
Sin embargo, en la práctica se ha convertido en el precio generalizado de adjudicación de las subastas, lo que ahora se agrava por efecto de la doble tasación.
Un posible error
En otros de los casos, la caja de ahorros incluye en el clausulado un valor bastante inferior al que consta en la tasación protocolizada que acompaña a la escritura, lo que podría ser interpretado como un simple error a la hora de inscribir el valor de tasación incluido en el articulado, un error que se repite en otras escrituras de las mismas entidades financieras.
En estos casos, la hipoteca puede ser inscrita parcialmente en el Registro de la Propiedad, con excepción del procedimiento de ejecución directa sobre los bienes hipotecados, es decir, el procedimiento de subasta por impago.
Otro asunto es el de los intereses moratorios, sobre los que los registradores no pueden calificar y que en gran parte de los casos superan el 18%, últimamente declarados abusivos por los jueces.

Tax Free, Lecciones a aprender del ‘caso Botín’
Luis Trigo .-Es socio y Director Nacional del ́rea Fiscal de Broseta Abogados. Lleva 23 dedicado al asesoramiento fiscal en despachos nacionales e internacionales y en empresas multinacionales, labor que ha compatibilizado con la docencia universitaria como profesor de derecho financiero y tributario, así como impartiendo clases en diversos master y cursos de posgrado. En unos momentos en los que las políticas fiscales han vuelto a tomar protagonismo seguirá con mirada crítica las propuestas, decisiones de la Administración y cambios normativos en materia tributaria y de gasto público.

23/06/2011 Cotizalia
En contra de lo que mucha gente pueda pensar, comparándola con la de otras jurisdicciones, la legislación española es especialmente benévola con quienes no habiendo cumplido en tiempo sus obligaciones tributarias, deciden ponerse al día de las mismas voluntariamente.
Cuando un contribuyente autoliquida o declara un tributo fuera de plazo sin que haya sido requerido para ello por la Administración, no se le imponen sanciones y tan sólo le es exigible una prestación accesoria consistente en un recargo de entre el 5% y el 20%, en función del tiempo transcurrido desde que debió hacer efectivo el tributo, además, lógicamente, de la cuota del mismo que en su día no satisfizo y de los intereses de demora, si es que ha transcurrido más de un año desde aquella fecha.
Si el comportamiento fuese constitutivo de delito contra la Hacienda Pública, la responsabilidad penal no resulta exigible cuando el cumplimiento tardío se produce antes de que la Administración tributaria haya comunicado el inicio de actuaciones de comprobación tendentes a determinar la deuda tributaria objeto de regularización.
Esta exención de responsabilidad se justifica en el interés en incentivar el cumplimiento voluntario y espontáneo, aunque sea tardío.
Disponiendo nuestra normativa de esta posibilidad cabe preguntarse por qué la familia Botín no había hecho uso de ella hasta el momento en que fue requerida por la Agencia Tributaria (AEAT).
Como es conocido, Don Emilio y Don Jaime Botín Sanz de Sautuola García Rios y los respectivos hijos de ambos a finales de julio del año pasado presentaron declaraciones del IRPF y del IP correspondientes a los años 2005 a 2009 para incorporar bases imponibles no declaradas hasta esa fecha, derivadas de elementos patrimoniales que mantenían ocultos.
La regularización realizada no fue espontánea, sino que fue consecuencia del requerimiento recibido de la AEAT, en el que se comunicaba que a través de la Inspección Financiera se había obtenido información sobre ciertas cuentas en la sucursal suiza del Banco HSBC disponibles a nombre de una de los requeridos.
Personalmente ignoro si los Botín se plantearon en algún momento anterior a estos acontecimientos regularizar espontáneamente su situación tributaria, pero el caso es que no lo hicieron. Puedo imaginarme sus razones, entendiendo que son comunes a las de otras personas que están en la misma o semejante situación.
Pensarán muchos de ustedes que debo andar un poco despistado, pues parece obvio que cuando el dinero se oculta a la mirada de la Hacienda Pública suele ser para no pagar impuestos.
No quiero que me tengan por más ingenuo de lo que soy y no voy a negar que instalándose en la opacidad, al amparo de un jurisdicción que desfiscalice el ahorro del no residente, el atractivo fiscal cuenta como un buen motivo para no ir “ a peor”.
Siendo esto cierto, hay circunstancias que hay que tener muy presentes y que especialmente en los últimos tiempos están cobrando importancia y que tienen que ver con la incertidumbre.
El propósito de cerrar página, finiquitar situaciones de esta naturaleza y salir a la luz está empezando a manifestarse por personas instaladas en este problema, especialmente desde que el riesgo de que el mismo llegue a ser conocido ha aumentado considerablemente. Pero circunstancias de diversa índole les han venido frenando hasta la fecha, siendo las tres que quizá en mayor medida consideren, la expectativa de una amnistía fiscal, la escasa predisposición de los gestores a facilitar que se dé ese paso, ofreciendo alternativas y cuestionando la entidad de los riesgos valorados y por último, el miedo a las consecuencias de la regularización.
La posibilidad de una amnistía fiscal no tiene muy buena acogida entre ninguna de las fuerzas políticas y cuando se ha suscitado el debate sobre la misma rápidamente se ha rechazado. Desde mi punto de vista hay bastante de irracional tanto en la postura de quien se parapeta en esta expectativa para justificar su pasividad como en los que la consideran políticamente inconcebible. Como hemos comentado al principio, la normativa española es muy benévola con quien regulariza voluntariamente, tanto que en muchos casos, y en la coyuntura actual, el coste de la misma para el contribuyente podría resultar menor que el que se derivaría de acordar una amnistía fiscal en los términos del scudetto italiano. Por tanto, las razones económicas pueden no ser argumento válido para ninguna de las dos posturas. Valoro, en cambio, positivamente la seguridad jurídica que aporta este tipo de medidas pues crean un cauce procedimental que permite afrontar con plenas garantías el proceso. Pero el carácter excepcional de la medida y su aplicación universal, excusando cualquier tipo de incumplimiento, constituyen un obstáculo que entiendo políticamente difícil de salvar.
Obviamente, por parte de las entidades financieras que gestionan este tipo de fondos no cabe esperar una actitud hacia el cliente propicia a que regularice su situación, y es lógico que le planteen otras alternativas. Lo malo es que en muchas ocasiones, estas huidas hacia adelante aparentemente reforzadoras de la opacidad, suelen tener corto recorrido y pueden venir a dificultar mucho más un planteamiento regularizador futuro. Cabe decir por otra parte, que la actitud de muchas entidades financieras está cambiando y cada día ven más claro que el negocio off shore con residentes de países de la OCDE es una actividad a extinguir, facilitando cada vez más la regularización voluntaria.
Pero, si la regularización voluntaria y espontánea se presenta como una alternativa tan favorable, ¿por qué los Botín no se acogieron a ella? La respuesta está en el procedimiento. La Ley española efectivamente invita a ponerse a bien con la Hacienda Pública pero nadie ha pensado en regular un procedimiento que establezca el cauce por el que la misma deba discurrir.
Esta falta de forma provoca inseguridad en quien se plantea dar este paso y el riesgo, en la mayor parte de los casos, es de naturaleza penal. Las consecuencias que ello conlleva, tanto en el plano patrimonial como personal y reputacional frenan extraordinariamente la iniciativa y curiosamente hay más freno a moverse hacia donde la Ley nos marca, por miedo a los baches del camino que a permanecer en donde la Ley nos reprocha estar confiando en que las dificultades de acceso aquí las tiene la Hacienda Pública. Pero las cosas están cambiando y en breve plazo a la Inspección le resultará fácil llegar a cualquier destino.
Pero ¿Cuál es el riesgo de regularizar?. En muchos supuestos, escaso. En otros, en cambio, tener certeza sobre que se están haciendo correctamente las liquidaciones complementarias es difícil, por razones de prueba y de valoración jurídica de instituciones extrañas a nuestro Derecho, entre otras circunstancias. Pero ¿estás dificultades son insalvables?. Desde luego que no. Fundamentalmente es cuestión de trabajar con rigor y de justificar adecuadamente cada paso que se de.
¿Qué ha pasado entonces en el caso de los Botín?. ¿Por qué habiendo regularizado con anterioridad al inicio de un procedimiento de comprobación han acabado denunciados por delito contra la Hacienda Pública ante la Audiencia Nacional?.
A lo mejor a muchos la respuesta que les voy a dar les parecerá increíble. Desde mi punto de vista tienen mucho que ver las prisas con las que se ha tenido que hacer la regularización y la falta de práctica en lidiar con este tipo de asuntos por la Inspección y el miedo a su responsabilidad. Igual me equivoco, pero el Auto del Juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ofrece muchas pistas que me llevan a esta conclusión.
Esta no ha sido una regularización normal, sino excepcional, puesto que ha sido provocada por un requerimiento de la AEAT. La propia forma de actuar de la Administración en este caso, pone de manifiesto que en su inicio estuvo presidida por un marcado carácter pragmático. La prueba de la información de que disponía podía ser cuestionada y se optó por “invitar” a los afectados a que regularizasen sin consecuencias penales. Pero había que actuar muy deprisa, pues la “oportunidad” que se ofrecía tenía plazo de caducidad, que terminaba en el momento en que se iniciasen procedimientos de inspección
En el caso de los Botín tuvo que realizarse un trabajo ingente, por lo que se deduce del Auto, en poco más de veinte días. Lo que se debió presentar fue lo que se pudo y las pruebas que se pudieron conseguir a lo mejor eran insuficientes para justificar alguna de las muchas decisiones de esta difícil labor de recomposición.
En uno de los escritos que acompañó a las declaraciones complementarias se manifestó por los interesados que “a la vista de la dificultad de imputación de los activos y sus rentas a los declarantes, se compensasen por la Administración entre ellos las cuotas a devolver e ingresar que pudieran resultar a unos y otros en las comprobaciones que pudiesen llevarse a cabo”. Es decir, no se tenía certeza sobre si las imputaciones de activos y rendimientos a cada uno de las doce personas que regularizaban era correcta, por lo que se pidió a la Administración que, cuando se comprobase si no se estaba de acuerdo, se compensase lo pagado por uno con lo dejado de pagar por otro. Parece, por tanto, que la voluntad de regularizar de forma completa y veraz era obvia y manifiesta, pero las dificultades para hacerlo impidieron realizar un trabajo incuestionable.
La Administración cuando se tuvo que enfrentar a la comprobación se vio superada por la complejidad de la misma. Aunque pueda parecer increíble, los razonamientos de la Inspección reproducidos en el Auto de forma expresa no dejan lugar a duda. La Inspección se vio incapaz de calificar el expediente por su volumen, complejidad, número de contribuyentes y la dificultad para defenderse en lenguas extranjeras.
La prescripción del año 2005 y el miedo a incurrir en responsabilidad, parece ser que pudieron ser los motivos para comunicar el expediente al Ministerio Fiscal, que procedió a denunciar los hechos ante la Audiencia Nacional y a solicitar la designación de dos peritos de la Inspección para ultimar en sede judicial el trabajo de comprobación.
Hay bastantes pistas que hacen pensar que la imputación penal pueda no prosperar, en primer lugar, porque la voluntad de los imputados parece claro que fue la de regularizar de forma completa y veraz.
En fin, este expediente se ha conformado a partir de un conjunto de hechos bastante desafortunados de los que personalmente espero que se puedan sacar muchas lecciones. A pesar de lo que se ha podido leer, confío en que va a servir para aprender de los muchos errores cometidos. Espero que quienes están fuera de juego y tienen voluntad de resolver su problema y abandonar la exposición a un riesgo que la Administración debe gestionar sin dar más oportunidades que las que se derivan de la Ley entiendan que el camino es necesariamente la regularización y espero también que la Administración sea consciente de que ésta situación ha de afrontarse con equipos especializados y cauces procedimentales seguros. Aunque quizá no sea uno de los problemas mas graves que tenemos, aquí también esta en juego nuestra credibilidad.

La Vanguardia – Reggio,s -Tribuna
En varios países de la Unión Europea el fin del crecimiento impulsado por el dinero fácil y barato facilitó el incurrir en una deuda abultada, mientras los ingresos, fiscales y otros, se reducían drásticamente. La UE se ha visto obligada a saltarse el principio (no bail out) por el que cada país respondía de sus obligaciones para ayudar a algunos países incapaces de pagar sus deudas. Esa ayuda tiene un componente solidario pero, también, trata de recuperar lo posible de los créditos otorgados, sanear esos países y recuperar sus mercados. Ese triple interés exige que los beneficiarios se ayuden a sí mismos evitando malas prácticas, corrigiendo errores y volviendo a una sobriedad que nunca debieron abandonar.
Los gobiernos beneficiarios de la nueva ayuda, obviamente, la agradecen, pero, al tiempo, tienen incentivos para ocultar una parte del problema porque reduce su responsabilidad y les permite rebajar la prima de riesgo. Eso es posible porque las cifras reales y completas se desconocen en el extranjero y algunos creen, erróneamente, que esa ocultación puede mantenerse durante mucho tiempo. Por su parte, los acreedores tratan de que el nuevo crédito se utilice mejor que el anterior y contribuya a superar las dificultades en presencia.
Así, la lógica del rescate busca eliminar duplicidades, evitar derroche y nepotismo, frenar las rutinas que incrementan el gasto, verificar si las subvenciones son adecuadas, si las entidades públicas y parapúblicas son útiles etcétera, así como simplificar las exigencias y costes que comporta el cumplimiento de las normas”¦ con el fin de incentivar la actividad productiva y el empleo y evitar que las administraciones públicas arrastren a sus proveedores y agobien a los contribuyentes.
Cuando alguien ha gestionado mal y está siendo observado con microscopio lo mejor que se puede hacer es optar por la transparencia, reconocer los errores y comprometerse a una actuación coherente y profunda con explicaciones claras. Escudarse en la mala suerte, echar la culpa a los rivales o a los acreedores es una salida tan mala como no explicar nada o hablar de otras cosas.
Es una paradoja que haya administraciones públicas que exijan transparencia y adveración externa de las cuentas de las empresas privadas mientras las suyas se emiten con demoras y son supervisadas por políticos de su mismo partido. La exigencia ha de ser igual para todos y la evidencia debe presentarse en el mismo registro en que se depositan las privadas. Así cualquier contratista o proveedor podría saber de antemano a qué se expone, especialmente frente a quien no cumpla o lo haga mal.
Gracias al rescate, las autoridades pueden tomar decisiones apelando a la presión o la conveniencia común, al mejor conocimiento externo y al recordatorio de que cualquier otra opción sería peor, desechada por los expertos y no podría contar con ayudas financieras. Por otra parte es la evidencia de una gestión subóptima que pocos políticos consiguen convertir en lo contrario, entre otras cosas porque elimina los privilegios de quienes disfrutan de canonjías obtenidas por la proximidad al poder y no por méritos o conocimientos propios.
Lo importante es acabar con las malas prácticas, reducir la financiación a lo necesario, facilitar la actividad económica y la creación de empleo. Frente a esto sobran los efectos escaparate, las normas apresuradas y las demoras que sólo sirven para retardar la recuperación.
Joaquín Trigo Portela. Economista. Fomento del Trabajo Nacional.

La muerte no es nada.
No he hecho más que pasar al otro lado.
Yo sigo siendo yo. Vosotros seguís sigues siendo vosotros.
Lo que éramos el uno para el otro, seguimos siéndolo.
Dadme el nombre que siempre me disteis, habladme como siempre me hablasteis, no empleéis un tono distinto.
No adoptéis una expresión solemne ni triste.
Seguid riendo de lo que nos hacía reir juntos.
Rezad, sonreíd y pensad en mí y rezad conmigo.
Que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue.
Sin énfasis alguno, sin huella alguna de sombra.
La vida es lo que siempre fue, el hilo no se ha cortado.
¿Por qué habría de estar yo fuera de vuestros pensamientos?
¿Sólo porque estoy fuera de vuestra vista?
No estoy lejos, sólo a la vuelta del camino”¦
Lo veis, todo está bien”¦
Volveréis a encontrar mi corazón.
Volveréis a encontrar su ternura acendrada.
Enjugad vuestras lágrimas y no lloréis si me amáis.
No lloréis si me amáis,
Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo.
Si pudierais oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos.
Si pudierais ver desarrollarse ante vuestros ojos, los horizontes, los campos y los nuevos senderos que atravieso.
Si por un instante pudierais contemplar como yo, la belleza ante la cual las bellezas palidecen.
Vosotros me habéis visto, me habéis amado en el país de las sombras ¿y no os resignáis a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Creedme.
Cuando la muerte venga a romper las ligaduras como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue un día que Dios ha fijado y conoce, y vuestras alma vengan a este cielo en que os ha precedido la mía, ese día volveréis a verme, sentiréis que os sigo amando, que os amé, y encontraréis mi corazón con todas sus ternuras purificadas.
Volveréis a verme en transfiguración, en éxtasis, feliz ya no esperando la muerte, sino avanzando conmigo, que os llevaré de la mano por senderos nuevos de luz y de vida, bebiendo con embriaguez a los pies de Dios, un néctar de cual nadie se saciará jamás.
Enjugad vuestro llanto y no lloréis si me amáis.

San Agustín / Santa Mónica

22.06.2011 Europa Press – Expansión
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas cayó un 38,2% en abril en relación a igual mes de 2010, hasta situarse en 31.358, con lo que experimenta la mayor caída desde abril de 2009, cuando retrocedieron un 41,6%, según el INE.
Con este descenso interanual, las viviendas hipotecadas encadenan un año de caídas consecutivas y parecen haber entrado en una senda bajista tras haber experimentado repuntes en los cuatro primeros meses del pasado año.
El descenso de abril es más pronunciado que el de marzo, 18 puntos más de caída, ya que en el tercer mes del año, el número de hipotecas retrocedió un 20,2%.
En tasa intermensual, las viviendas hipotecadas bajaron un 27,4%, que se suma al descenso mensual del 14,3% en marzo, tras registrar subidas del 1,4% de febrero y del 26,1% en enero.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en el cuarto mes del año los 106.889 euros, un 6,1% menos que en igual mes de 2010, mientras que el capital prestado bajó un 42% en tasa interanual, hasta los 3.351 millones de euros.
En abril se constituyeron 50.089 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de estas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un retroceso del 37,5% respecto a igual mes de 2010 y del 27,6% en tasa intermensual.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 45,1% en el cuarto mes de 2011 en tasa interanual, hasta situarse en 5.681 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 113.425 euros, un 12,1% menos que en abril de 2010.
Las cajas de ahorros fueron las entidades que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios, con el 49,2% del total, seguidas de los bancos (37,5%) y otras entidades financieras (13,3%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 43,4% del total, los bancos el 44% y otras entidades financieras el 12,6%.
El tipo de interés medio en abril fue del 4,04%, lo que supone un aumento del 3,1% en tasa interanual y del 2,5% respecto al mes anterior.
En abril, el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de las cajas de ahorros fue del 4,04% y el plazo medio de 22 años. En cuanto a los bancos, el tipo medio de sus préstamos hipotecarios fue del 4,24% y el plazo medio de 21 años.
El 94,2% de las hipotecas constituidas en el cuarto mes del año utilizó un tipo de interés variable, frente al 5,8% de tipo fijo. Entre los variables, el Euribor es el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas, en concreto figura en el 84,1% de los nuevos contratos.
En el cuarto mes del año, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones fue de 22.827, con un descenso interanual del 40,1%. En el caso de viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones fue de 13.050, un 44,1% menos que en abril de 2010.
Cambios en las condiciones de las hipotecas
Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, en abril se produjeron 18.887 novaciones (o modificaciones producidas con la misma entidad financiera), con un descenso interanual del 40,9%.
Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad fue de 2.790, un 34,6% menos en tasa interanual. Por su parte, en 1.150 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone una bajada del 38,9%.
De las 22.827 hipotecas con cambios en sus condiciones durante el mes de abril, el 35,5% se debieron a modificaciones en los tipos de interés.
El porcentaje de hipotecas a tipo de interés fijo se redujo después del cambio de condiciones (desde el 5,2% hasta el 1,8% del total), ya que la mayoría de estos préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo variable.
Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euribor fue la principal referencia. El interés medio más bajo antes del cambio fue el correspondiente al IRPH bancos (4,44%), mientras que después del cambio, el tipo medio más bajo fue el otros tipos de interés (3,72%). Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos cayó 0,97 puntos en las hipotecas a tipo fijo y 0,71 puntos en las hipotecas a tipo variable.
Además, en abril se cancelaron registralmente 40.048 hipotecas, un 13% menos que en el mismo mes de 2010. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas se redujeron un 4,3%, mientras que canceladas sobre fincas urbanas cayeron un 13,3%. Las cancelaciones de hipotecas constituidas sobre viviendas retrocedieron un 12,9% en tasa interanual.
Así se han comportado por comunidades
El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en Murcia (186). En abril ninguna comunidad registró una tasa de variación positiva, al tiempo que las evoluciones más negativas se dieron en Aragón (-60,3%) y Castilla-La Mancha (-58,9%).
La comunidad autónoma con mayor importe medio hipotecado fue Navarra (208.793 euros). La Rioja fue la comunidad que presentó la mayor tasa de variación interanual positiva (94,3%), seguida de Aragón (46%).
Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Castilla-La Mancha (137) y Murcia (125). Las que tienen mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes fueron Murcia (123) y Comunidad Valenciana (120).

Xaver Gil Pecharromán – 21/06/2011 elEconomista.es
Las entidades particulares, no financieras, que conceden créditos hipotecarios pueden desarrollar su actividad sin estar inscritos en el Registro Estatal de In- termediarios hasta que éste no entre en funcionamiento.
Así lo establece una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) que considera que este tipo de entidades si bien están obligadas a cumplir todos los requisitos establecidos por la Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos hipotecarios, no lo está en lo referente a la inscripción obligatoria en el Registro Estatal.
La DGRN, en esta resolución de 5 de febrero de 2011, concluye que «es lógico entender que al exigir el artículo 3 de la Ley que, con carácter previo al inicio de su actividad, la empresa prestamista se inscriba en el Registro Público especial -de carácter meramente administrativo-, no impide que mientras no se cree dicho Registro siga desarrollando dicha actividad una sociedad preexistente como la del presente caso».
Además, explica que, mediante una interpretación sistemática se llega a la misma conclusión si se repara en que la propia disposición transitoria única de la Ley 2/2009 distingue entre: por una parte, las exigencias relativas a las obligaciones de transparencia en relación con los contratos, información previa al contrato, los requisitos de forma y contenido de los mismos, así como las obligaciones en materia de tasación y servicios accesorios, régimen de compensación por amortización anticipada, comisión de apertura en los préstamos o créditos hipotecarios sobre viviendas y oferta vinculante, que resultan exigibles en las relaciones previas al contrato y en los contratos que se celebren a partir de la entrada en vigor de la Ley.
Por otro lado, las exigencias impuestas a las empresas que a la entrada en vigor de la misma no cumplan con los requisitos sobre comunicaciones comerciales y publicidad, que debían adaptarse como máximo en tres meses desde su entrada en vigor. Y, por último, la exigencia de inscripción en los Registros del apartado 3 de la disposición determina que sólo será aplicable «una vez constituidos los registros públicos de empresas a que se refiere el artículo 3».
En este caso, el registrador denegó la inscripción porque, porque a su juicio, el artículo 18.1 de la Ley 2/2009 le obligaba a ello por «no cumplirse uno de los requisitos especialmente establecidos en ella, de modo que si tal registro no existe lo que sucede es que, por incumplimiento de la Administración Pública de su obligación de constituir el registro público, no puede realizarse la actividad prevista».
Por otra parte, el notario recurrente consideraba que, por no existir el citado Registro público por incumplimiento de la Administración Pública «las empresas y particulares no pueden realizar la actividad prevista en la Ley es tanto como querer favorecer el cierre de la productividad y acceso al crédito de los particulares y usuarios, que no tienen posibilidad con las entidades financieras».
La Ley 2/2009 daba a la Administración el mandato de crear el Registro en un plazo de tres meses. El 2 de febrero de 2011 se publicó en el BOE el reglamento por el que se crea y regula el Registro, con un nuevo plazo para su entrada en vigor de tres meses.

Precios, empleo y crédito son claves
El mercado inmobiliario ha profundizado su ajuste en lo que va de año y el panorama para los próximos meses se presenta sombrío. ¿Qué debería hacer cada agente del sector para contribuir a la recuperación? ¿Cuál es la receta mágica para volver a vender viviendas?

Miriam Calavia – Madrid – 19/06/2011 – Cinco Días
Al igual que no existen las dietas milagro, tampoco hay una fórmula mágica para vender viviendas. Si alguien supiera el secreto para reanimar el mercado inmobiliario ya lo habría puesto en marcha; y más de tres años de crisis demuestran que no es nada fácil encontrar una solución. Pero los expertos sí tienen claro qué circunstancias tendrían que confluir en la economía española para mejorar la situación. Hablan de tres dinamizadores: precios, empleo y crédito.
Asimismo, y aunque parezca obvio, cobra importancia el papel que debe jugar cada agente del sector. Si cada eslabón de la cadena actuara debidamente por separado, el problema conjunto remitiría. No hay una receta mágica, pero sí los ingredientes adecuados y en su justa medida.
Estabilización de los precios
Los precios son la variable más relevante. Para poder ver la luz al final del túnel es necesaria la estabilización de los precios de la vivienda. Los ciudadanos deben percibir que los precios no van a bajar más para lanzarse a comprar. «Nadie compra si sabe que puede ser más barato», asegura Alfonso Arnaiz, director del área de gestión y asesoramiento inmobiliario de Arnaiz Consultores.
Pero el hecho es que se publican estudios que indican no solo que los precios de las casas siguen cayendo, sino que además lo hacen con más fuerza. Los últimos, el de Tinsa y el del INE. La tasadora arroja un descenso en mayo más intenso que el registrado en abril, del 5,9% frente al 4,4%. Estadística, por su parte, revela que los descuentos se aceleraron un 4,1% en el primer trimestre frente al 1,9% del trimestre precedente. El propio Banco de España prevé más caídas adicionales.
Esta tendencia bajista responde al desplome de las operaciones tras la desaparición de la deducción fiscal por compra de vivienda. No se venden casas y es necesario el ajuste de precios hasta que haya un punto de encuentro entre la oferta y la demanda.
Por el lado de la oferta, los vendedores, tanto particulares como promotores, «deben ser conscientes de que existe una «enorme demanda que solo reacciona cuando los precios son atractivos», sostiene Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.com. Explica que diariamente constatan cómo las viviendas que ajustan más sus precios son las que se venden más rápidamente. «Los precios de ahora son las ofertas de hace un año y si no se vende es porque siguen siendo caros. Tendrán que bajar otro 15%», asegura. «Comprar ahora una vivienda a precio de mercado es comprar una vivienda sobrevalorada», asevera.
Por su parte, los compradores «deben buscar los productos más competitivos, además de tener confianza», afirma Alfonso Arnaiz, director del área de gestión y asesoramiento inmobiliario de Arnaiz Consultores. El mercado inmobiliario se mueve en gran parte por expectativas. ¿Es un buen momento para comprar una casa? Es una de las preguntas estrella. A esto se suman las necesidades y la situación personal de cada uno. «Lo que está en sus manos es informarse y buscar bien porque hay oportunidades», piensa Carlos Smerdou, consejero delegado de Foro Consultores. Con todo, Encinar aconseja «garantizarse la hipoteca en el banco lo primero y acudir a una agencia, lo segundo».
Vuelta a la confianza
La percepción del mercado de que la economía va a mejorar. Una situación de crisis afecta a la confianza, al ahorro de las familias y a los beneficios de las empresas. Si las previsiones de futuro no son halagͼeñas, lo normal es posponer la decisión de compra.
Además de en la evolución del PIB, la atención recae en indicadores como el euríbor y los tipos de interés, que repercuten directamente en el nivel de endeudamiento. Unos intereses más altos encarecen las hipotecas y desequilibran la contabilidad familiar.
«El crecimiento de España depende en gran parte del crecimiento del resto de Europa y de la evolución de los precios del petróleo», explica Fernando Rodríguez Acuña, presidente de RR Acuña y Asociados y analista inmobiliario. En la misma línea, Arnaiz ve muy importante la recuperación del sector turístico, que ya muestra síntomas de mejoría, «porque son muchos los turistas franceses y alemanes que compran inmuebles en España».
Seguridad laboral
Es necesaria la estabilidad en el empleo. España sufre un elevado desempleo que no permite inversiones a largo plazo, como es el caso de un producto inmobiliario. Además de rozar los cinco millones de parados, las últimas previsiones macroeconómicas del Gobierno elevan la tasa de paro para los próximos años -al 19,8% en 2011 y al 18,5% en 2012-.
«El paro y la inseguridad en el empleo contraen las ventas de casas», sostiene Rodríguez Acuña, que prevé signos de estabilidad en el segundo semestre de este año. Por su parte, el jefe de estudios de Idealista.com advierte que «aunque los datos de paro mejoren ligeramente estos meses de verano, nadie espera una recuperación sostenida del empleo hasta dentro de varios años». La OCDE calculó recientemente que España no volverá a tasas de paro previas a la crisis hasta el año 2026.
Flujo de crédito
La banca tiene la llave del crédito y todo apunta a que va a estar restringido a corto-medio plazo. Los expertos coinciden en que las instituciones financieras tienen que solucionar sus problemas y normalizar el sector para volver a dar financiación.
«El mercado inmobiliario no puede reactivarse si no hay dinero», sentencia Arnaiz. Pero el dilema es que en plena reestructuración del sistema financiero, bancos y cajas no tienen el dinero necesario para poder prestarlo. «Hasta que las entidades, y sobre todo las cajas, no resuelvan su reestructuración y se limpien, habrá contracción del crédito», destaca Rodríguez Acuña, que estima que en tres o cuatro años el sector quedará regularizado.
«El crédito está prácticamente cerrado y es muy difícil conseguir una hipoteca, pero las entidades no pueden dar porque no tienen», dice Encinar. «El sector financiero español está digiriendo el coste de la reestructuración de las cajas», reitera.
Absorción del stock
La mejora de las variables anteriores contribuiría a absorber el excedente de viviendas sin vender. «Si se redujera el stock habría nueva demanda de construcción y la actividad remontaría poco a poco», alega Arnaiz. «Si el constructor no construye es porque el promotor no vende y se genera stock», expone Rodríguez Acuña, que augura la absorción del stock entre 2014 y 2017.
El experto de Foro Consultores cree que «para que el sector vuelva a crear riqueza hacen falta nuevos proyectos. Para empezar a producir hay que acabar con el stock».

Europa Press 19/06/2011 – El Economista
La morosidad de los préstamos para la rehabilitación de viviendas se situó en el 2,7% en el primer trimestre del año, por encima de la registrada en las hipotecas para adquisición, que no pasó del 2,4%, según datos del Banco de España.
Las entidades financieras concedieron créditos por valor de 30.010 millones de euros para realizar obras de rehabilitación de viviendas entre enero y marzo de este año, lo que supuso un 1,1% menos que en el trimestre anterior. Además, la morosidad registrada en este periodo se situó en 814 millones de euros, un 0,8% menos.
En el caso de los créditos para la adquisición de viviendas, la concesión ha disminuido un 0,6% en el primer trimestre respecto al cierre de 2010. Si bien, la morosidad, siendo más baja que la de la rehabilitación y se sitúa en el 2,4%.
Mejora tu calidad de vida. Revaloriza tu vivienda’
Pese a estos resultados, el Gobierno ha puesto en marcha la campaña publicitaria ‘Mejora tu calidad de vida. Revaloriza tu vivienda’ sobre las ayudas del Gobierno para la rehabilitación de viviendas.
Entre ellas, destaca la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora, aplicable a cualquier tipo de vivienda propiedad del contribuyente, ya sea la residencia habitual o cualquier otra, incluidas las que se ponen en alquiler, con la única excepción de que no estén afectas a actividades económicas por parte del contribuyente.

E. Segovia / C. Hernanz 20/06/2011 Cotizalia
Una familia con más de 2.000 millones ocultos en Suiza no puede confiar su suerte a un cualquiera. Por eso, Emilio Botín cuenta con el asesoramiento de quien, según dicen sus colegas, es posiblemente el mejor asesor fiscal de España: César Ortega, ex de Garrigues y de la extinta Arthur Andersen, miembro de la secretaría general del Santander y también asesor de otras grandes fortunas españolas, como Esther Koplowitz.

Ortega es de las poquísimas personas en el mundo a quien don Emilio confía sus más íntimos secretos, ya que despacha directamente con él con asiduidad. El banquero lo fichó de Garrigues, donde era su fiscalista más destacado después de 12 años en la firma, en el año 2000 para llevárselo con él. E incluso le permitió mantener otros clientes entre los VIP españoles, algo muy poco habitual en un mundo donde se suele exigir dedicación exclusiva.

El fichaje se produjo a raíz del escándalo de las cesiones de crédito, porque Botín quería incorporar al mejor «costara lo que costara» para blindar al banco de nuevos casos similares. Y le concedió plenos poderes, hasta el punto de que cualquier nuevo negocio, adquisición, producto o servicio tenía que recibir su visto bueno. «Si Ortega arrugaba la nariz, el negocio no se hacía», afirman fuentes no oficiales del banco.

Como premio a sus servicios, Botín lo nombró en 2006 director general y miembro de la secretaría general del banco, donde comparte responsabilidad con Ignacio Benjumea y Jaime Pérez Renovales. Esto le convirtió en miembro de la alta dirección con su consiguiente inclusión en los grandes paquetes retributivos de la entidad: bonus, acciones, plan de pensiones, etc. La memoria de 2010 no indica su remuneración individual, sólo que los 22 miembros de la alta dirección se repartieron 67 millones.
Este cargo le permite ser miembro también de los consejos de las filiales de Grupo Empresarial Santander, S.L., Bancos Latinoamericanos Santander, S.L., Santusa Holding, S.L., Santander Holding Gestión, S.L. y Santander Investment, S.A., que también devengan los emolumentos correspondientes.
Su más destacada clienta fuera del Santander es Esther Koplowitz, principal accionista de FCC, quien también debe de estar muy satisfecha con sus servicios, puesto que lo nombró consejero de la constructora en 2007.

Ortega se incorporó a Garrigues como consecuencia de la integración de la antigua Arthur Andersen, esa cantera de donde han salido algunos de los más reputados profesionales españoles (los ‘Arturos’), a pesar de que el grueso del equipo de fiscal prefirió marcharse a Deloitte. Es licenciado en Económicas y Empresariales y Master en Asesoría Fiscal por el ICADE.

No ha podido evitar el escándalo

Pero ni siquiera esta eminencia del asesoramiento fiscal -que ha contado con el apoyo de sus ex colegas de Garrigues para el caso HSBC, según fuentes del sector- ha conseguido librar a la familia Botín de las acusaciones de delito fiscal y falsedad documental y, sobre todo, del escándalo correspondiente, que monopolizó la junta de accionistas del banco el viernes pasado.

Como ha explicado El Confidencial, Ortega tuvo que elegir entre dos opciones para resolver el asunto de las cuentas en Suiza. Podría haber optado por negar que tuvieran ese patrimonio y, dado que la prueba son unos datos robados por un ex empleado del HSBC, es casi seguro que ningún tribunal la habría aceptado. De hecho, ya ha ocurrido en Francia en varios juicios sobre este mismo caso.
Pero claro, eso implicaba llegar a juicio y, por tanto, que el nombre de Botín saliera en los medios asociado al HSBC, aunque ellos lo negaran. Esa razón pesó mucho a la hora de optar por la otra opción: regularizar el patrimonio oculto en respuesta al requerimiento a Hacienda, en la confianza de que con eso evitarían el escándalo. Pero al final no lo han evitado y, además, con el reconocimiento por su parte de poseer ese patrimonio. Es decir, la jugada no podía haberles salido peor. A pesar de contar con Ortega.

La mitad de los hipotecados aún paga la cláusula suelo
16/06/2011 oaquín Cabanillas – VivaHuelva
Más del 50% de los hipotecados onubenses pagan la cláusula suelo, una condición que ponen los bancos a la hora de conceder préstamos hipotecarios, cuestionada judicialmente, que impide que los tipos de interés bajen hasta donde marca el euribor. Son datos ofrecidos ayer por Antonio Olaya, delegado en Huelva de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).

Fue uno de los temas principales puestos sobre la mesa en el almuerzo informativo que representantes de Ausbanc mantuvieron con periodistas onubenses para presentar el V Foro de la Justicia que ayer se celebró en la localidad de Punta Umbría.

Las nombradas cláusulas suelo, las permutas financieras y las comisiones bancarias se debatieron en este foro a través de las ponencias de Florentino Ruiz, magistrado de la Sala 2ª de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Jiménez, fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Huelva; Santiago García, magistrado de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de la Audiencia Provincial de Huelva y Carlos Toledo, notario de Punta Umbría. Refiriéndose a las cláusulas suelo, Hermenegildo García, director de Relaciones Institucionales de Ausbanc, valoró que “esto no puede ser, va en contra de los intereses de los consumidores, de los principios generales del derecho y en contra de toda lógica”.

Por su parte, Antonio Olaya, valoró a Ausbanc como una de las entidades que pueden ayudar a la “regeneración democrática”. Olaya recordó que “el derecho sólo beneficia a quien lo usa”, animando a los ciudadanos a “perder el miedo” a demandar a las entidades bancarias:”ˆ“El banco va a intentar metérsela al cliente cada vez que pueda, y os lo dice una persona que ha estado 16 años trabajando en la banca. Los bancos engañan a los clientes, sólo buscan su lucro y beneficio”, concluyó en su intervención Antonio Olaya.

Europa Press19/06/2011 – El Economista
La recaudación neta por ingresos tributarios del Estado ascendió a 16.009,25 millones de euros hasta el 30 de abril, lo que supone una caída del 32% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, y una tasa de realización del 65,9% sobre unos derechos reconocidos que sumaron 24.303,15 millones de euros, un 22,9% menos que hace un año.
Según el último Boletín Parlamentario de Economía y Presupuestos remitido a las Comisiones de Economía y Hacienda y de Presupuestos del Congreso de los Diputados, la recaudación neta de impuestos directos y cotizaciones sociales cayó un 30,2%, hasta los 7.966,22 millones de euros, mientras que la de los indirectos lo hizo en un 34,4%, hasta los 10.537,98 millones de euros.
La recaudación del IVA sobre operaciones interiores alcanzó los 6.839 millones de euros, un 47,4% menos que hace un año, si bien el aplicado a las importaciones creció un 14,7%, hasta los 2.500,23 millones. Por su parte, la de los Impuestos Especiales se desplomó un 76%, hasta los 346,31 millones.
La recaudación neta obtenida por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) descendió un 33,8%, hasta los 6.572,35 millones de euros, mientras que los derechos reconocidos netos lo hicieron en un 27,5%, hasta los 8.416,95 millones.
El Impuesto de Sociedades se desploma un 92%
Por contra, la recaudación neta por el Impuesto de Sociedades cayó un 32,5%, hasta los 283,26 millones de euros, con unos derechos reconocidos que alcanzan los 1.557,25 millones de euros, un 9,2% menos respecto a los cuatro primeros meses de 2010. Estas cifras suponen una tasa de ejecución del 18,2%.
Sucesiones y Donaciones subió su recaudación un 17,5%, hasta los 22 millones de euros, mientras que el Impuesto sobre la Renta de No residentes subió un 6,2%, hasta los 728,83 euros. Por su parte, las tasas, precios públicos y otros ingresos retrocedieron en su recaudación un 30,3%, hasta los 1.360,64 millones.
En el primer cuatrimestre del año, el total de la recaudación neta por ingresos no financieros del Estado ascendió a 19.420,93 millones de euros, sobre unos derechos reconocidos netos que sumaron 27.728,97 millones de euros. Estas cifras suponen un descenso del 25,6,8% en la recaudación y del 18,7% en el caso de los derechos reconocidos sobre igual período de 2010.
Por su parte, los derechos reconocidos por operaciones financieras crecieron un 12%, hasta los 39.482,16 millones de euros, mientras que la recaudación neta creció en el mismo porcentaje, hasta 39.561,52 millones de euros.La recaudación neta por activos financieros hasta el 31 de marzo fue de más de 4.317,9 millones de euros, frente a los 247,83 millones del mismo periodo de 2010, y la de los pasivos financieros ascendió a 35.164,26 millones de euros, un 0,4% más que en el mismo periodo de 2010.
Por debajo de las previsiones del Gobierno
El PP pretende llevar el descenso de la recaudación a la sesión de control al Gobierno del este miércoles en el Congreso, centrando en ella el rifirrafe semanal entre su líder, Mariano Rajoy, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
«Por qué la recaudación total del Estado está pro debajo de las previsiones del Gobierno», reza la pregunta registrada por los ‘populares’, y que el Rajoy vinculará además con la necesidad de implantar techos de austeridad en todas las Administraciones Públicas, incluyendo comunidades autónomas y ayuntamientos.

El banco no le comunica por carta certificada que procedería a la ejecución
‘Sé que estoy sin casa en febrero y el embargo, puja y venta fue en octubre’
La afectada, ‘vilipendiada’ y ‘humillada’, acudirá al Tribunal Constitucional
Europa Press | Ferrol 09/06/2011 El Mundo
La gallega Begoña VC ha denunciado que una entidad bancaria, que ha rechazado identificar, le embargó su piso, situado en la calle Dolores número 14, de Ferrol, y después se procedió a su subasta sin que ella tuviese conocimiento hasta pasados cinco meses. Fue entonces cuando afirma que se le comunicó que se le había cancelado la cuenta en la que se ingresaba el dinero de la hipoteca.
Según asegura ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado de oficio, Manuel López, la mujer dice sentirse «vilipendiada» y «humillada» y anuncia que presentará recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y es que, según una sentencia aportada por su abogado, se resolvió que no cabía la petición de nulidad de actuaciones que formuló contra todo el proceso.
Hacienda había embargado sus cuentas, pero le seguián llegando notificaciones
Según su relato, sus cuentas habían sido embargadas en 2010 por Hacienda, pero numerosas notificaciones llegaban a su domicilio, desde el «impuesto de vehículos» hasta «multas de tráfico». Por este motivo, asegura que no entendía por qué el banco no le comunicó con una carta certificada que se iba a proceder a la ejecución presupuestaria.
«Se trata de una ejecución hipotecaria en la que yo soy consciente de que estoy sin casa en el mes de febrero -de este año 2011- cuando la casa se ha embargado, subastado y vendido en el mes de octubre -de 2010-, y me entero en febrero porque la inquilina me llama para decirme que no puede ingresar en la cuenta, como todos los meses, porque la cuenta está cancelada», afirma Begoña CV.
Solicita una ‘nulidad de actuaciones’ porque apunta que ‘no se le había notificado de ninguna forma’
Tras llamar a Atención al Cliente del banco correspondiente, dice que le informaron de que el piso «ya no era suyo desde octubre». Por este motivo, solicita una «nulidad de actuaciones» porque apunta que «no se le había notificado de ninguna forma ni manera, ni a través del banco ni del Juzgado». «No hubo ningún tipo de notificación», asevera.
En el auto judicial, sin embargo, se hace referencia a un correo electrónico, de mayo de 2010, en el que figura el apellido de la mujer, y en el que se interesaba por el saldo pendiente de la deuda, comunicando que había sido judicialmente reclamada. Begoña CV sí que admite que había impagos en la cuenta de la hipoteca.

Plantea que el Senado audite el gasto de las comunidades

El presidente de la CEOE pidió ayer un duro ajuste de personal también en la Administración pública, ya que, en su opinión, no es suficiente con la reducción de salarios actual.
Ajustes de personal también en la patronal
Raquel Pascual – Madrid – 16/06/2011 – Cinco Días
Las empresas ya han despedido y ahora les toca a las Administraciones públicas. Esta es la síntesis de la idea lanzada ayer por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su intervención ante la asamblea general de la patronal. Según su balance de la situación económica, el actual ajuste sobre la inversión «se puede mantener uno o dos años», pero a partir de ahora se debe sustituir «por una reducción del gasto corriente si no se quiere comprometer la recuperación económica».
Según recordó el líder patronal, las cifras que maneja el FMI indican que el déficit público estructural de España asciende a 50.000 millones de euros (cinco puntos del PIB). «Solo se puede reducir con una reforma profunda de la Administración en todos los niveles», insistió. Para ello, «no basta una reducción horizontal del salario durante un año» de los empleados públicos, como se ha hecho en 2011, sino que será necesario «reducir» en «miles» el número de trabajadores del Estado central y «otros tantos» de las comunidades que, según dijo, «no tienen competencias», tras la descentralización.
«Hay que reducir el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones», continuó.
En esta línea, consideró que se deben abordar las pérdidas del sector público empresarial. Por ejemplo «los elevados déficit de las televisiones públicas que aconsejan su privatización», señaló. En definitiva, consideró imprescindible para la recuperación un adelgazamiento general del sector público, «con mucho músculo y poca grasa». Y con mejores instrumentos de control de gasto en las autonomías y municipios. Así, lanzó la idea de que el Senado se convierta en «órgano auditor y evaluador» de las regiones.
En cuanto al resto de recetas para reanimar la economía, Rosell reiteró la necesidad de dotar de más flexibilidad al mercado laboral. Algo que espera que se produzca en el trámite parlamentario de la reforma de los convenios. Y apuntó a los efectos nocivos de las cláusulas de revisión salarial, que están elevando el alza retributiva al 2,8% este año. Asimismo, volvió a exigir un abaratamiento de las cotizaciones sociales y de la fiscalidad del ahorro para crear empleo y atraer a los inversores.
Ajustes de personal también en la patronal
La asamblea general de los empresarios aprobó ayer también aplicar su propia medicina a esta organización, por lo que el responsable de las cuentas patronales, Jesús Morte, anunció que recortará su presupuesto un 10% en 2011 (tras registrar un déficit de 97.000 euros en el año 2010).
Además, impondrá «nuevas medidas de control del gasto y racionalización de infraestructuras, incluidas las de personal». Sin embargo, esta racionalización no la aplicará, al menos en sus vicepresidencias. De esta forma, la asamblea general aprobó ayer el nombramiento del presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, como nuevo vicepresidente de CEOE, con lo que la organización eleva a diez el número de vicepresidencias. Herrero compitió con Rosell para suceder a Gerardo Díaz Ferrán.

Un inspector no logró inicialmente la documentación que pretendía
17/6/2011 – La Voz de Galicia
La instructora de la operación Campeón sigue buscando documentación relativa a las empresas pertenecientes o vinculadas al empresario Jorge Dorribo, actualmente encarcelado en Bonxe. Ayer, la jueza Estela San José tuvo que enviar una comisión judicial a una notaría de la ciudad para requisar varias escrituras que inicialmente no le habían sido entregadas a un inspector del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Las investigaciones para poner al descubierto las empresas de Dorribo y las presuntas irregularidades que éste pudo haber cometido con las mismas prosiguen. Estos días se centran, sobre todo, en la procura de información. La jueza dio orden por escrito a uno de los inspectores que trabaja en la operación de que acudiese ayer por la mañana a la notaría de Manuel Ignacio Castro Gil, ubicada en el cuarto piso del número 1 de la rúa da Raíña y solicitase la entrega de varias escrituras, algo más de media docena, según diversas fuentes.
Se trataba de documentos relativos a la constitución de diversas empresas vinculadas al empresario encarcelado. El funcionario policial pidió la documentación, pero no le fue entregada. El notario, al parecer, no se encontraba en Lugo y fue avisado de lo que estaba sucediendo.
El hecho de que al inspector no le fuese entregada la documentación que pretendía, a pesar de ir provisto del correspondiente documento judicial, motivó que la instructora del caso tuviese que adoptar una medida urgente. Ordenó que una comisión judicial, integrada por la secretaria de su juzgado, un representante del ministerio fiscal y también el inspector del Servicio de Vigilancia Aduanera se presentase en la notaría con la finalidad de requisar la documentación solicitada.
De esta vez la comisión sí obtuvo la documentación. Según diversas fuentes, uno de los integrantes del grupo abrió los protocolos (son los volúmenes que agrupan las escrituras) y cogió los documentos y también los números de protocolo.
Todo apunta a que las escrituras intervenidas ayer pueden resultar de vital importancia para la investigación. De su análisis se podrá saber qué personas constituyeron las sociedades, cuántas forman parte de las mismas y qué participación tiene cada una de ellas. Además, permitirá saber si se fueron produciendo sucesivas ampliaciones de capital, según expresaron diversos expertos en este tipo de cuestiones.
Secreto de sumario
Mientras las investigaciones prosiguen y, dada su gran trascendencia, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José, acordó seguir manteniendo el secreto del sumario. En las últimas horas comunicó a las partes que prorrogaba el secreto por un mes más.
La medida, como sucedió reiteradamente con la operación Carioca, motiva la contrariedad de algunos abogados que entienden que la situación genera indefensión entre sus patrocinados. Uno de los letrados dijo ayer que, la situación, motivaba que ni tan siquiera pudiera disponer de una copia de la declaración de su cliente.
El secreto de sumario puede extenderse en el tiempo cuando se trata de investigaciones de gran calado. De hecho, a pesar de las quejas de los letrados, alguno de los cuales recurrió a la Audiencia, la jueza que dirige la operación Carioca, lo prolongó bastante más de un año.

16.06.2011Expansión.com
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron hoy el «trato de favor» que, a su juicio, se ha dispensado a la familia Botín en relación a una presunta comisión de delitos de fraude fiscal y falsedad documental, ya que «se les ha dado una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos, pues son investigados y sancionados en cuanto se descubre una discrepancia con los datos declarados».
Así, este grupo subraya que la Agencia Tributaria (AEAT) «ha perdido un tiempo precioso» al permitir a 300 contribuyentes regularizar voluntariamente su situación tributaria pagando únicamente recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, ahorrándose las sanciones.
Gestha cita el «caso Botín», donde cree que «ha quedado patente la incapacidad de la AEAT para valorar en un año el fraude y las declaraciones complementarias presentadas, viéndose obligada a presentar in extremis la denuncia a la Audiencia Nacional antes de que el posible delito prescriba».
Los Técnicos de Hacienda recalcan que la aplicación de amnistías fiscales u otros tratos de favor para hacer aflorar la economía sumergida no son la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, tal y como se ha demostrado en el pasado
En su opinión, este tipo de actuaciones suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de capital sujetas a retención que se encuentran bajo el control exhaustivo de la Agencia Tributaria.

La familia Botín defiende que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Emilio Botín y sus cinco hijos, así como contra Jaime Botín y sus respectivos cinco hijos, por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental. La familia Botín, por su parte, ha defendido que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales.

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Ep – Madrid – 16/06/2011 – Cinco Días
En concreto, los hechos denunciados se remontan al 24 de mayo de 2010, cuando las autoridades fiscales francesas informaron a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) sobre una serie de clientes españoles, entre los que se encontraban los denunciados, de la entidad bancaria HSBC Private Bank Suisse con fondos en determinadas cuentas en el citado banco suizo, y que no habían presentado las autoliquidaciones del IRPF y/o del impuesto sobre el patrimonio de los ejercicios de 2005 a 2009.
El caso de las cuentas ocultas de HSBC se inició en mayo de 2010, cuando la Agencia Tributaria recibió de parte de las autoridades francesas el listado de españoles con cuentas en la filial suiza de la entidad, después del robo de los datos por parte de un empleado del banco británico con información entre los ejercicios fiscales de 2005 y 2009.
Este auto no es firme y cabe la opción de interponer recurso de reforma ante el propio juzgado número 4 de la Audiencia Nacional en el plazo de tres días o directamente recurso de apelación en el plazo de cinco días. Además, dada la condición de perjudicado que por los hechos denunciados pudiera tener el Estado, el juez acuerda que se le ofrezca a través de la Abogacía del Estado la posibilidad de personarse en el procedimiento.
En concreto, a requerimiento de la Agencia Tributaria, los denunciados procedieron a la presentación de declaraciones de 2005 a 2009, en la mayor parte complementarias de las previamente presentadas en el plazo voluntario de la declaración.
Además, en sus escritos indicaron que aunque las cuentas bancarias abiertas en HSBC no eran titularidad de Emilio Botín, se había decidido presentar las correspondientes declaraciones complementarias, describiéndose, en segundo lugar, la evolución histórica del patrimonio (que tiene su origen en el patrimonio existente fuera de España, a su fallecimiento en 1993, de Emilio Botín Sanz de Sautuola y López, padre y abuelo de los denunciados).
El pasado 15 de abril, la Administración Tributaria recoge en sus informes que, debido a la ingente documentación presentada por los denunciados, es incapaz de determinar si las regularizaciones realizadas han sido completas y veraces y envía el expediente a la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente presentó denuncia en la Audiencia Nacional, «ya que al prescribir el ejercicio de 2005 en la fecha de 30 de junio de 2011, la labor de verificación de las regularizaciones realizadas por el conjunto de contribuyentes, no puede concluir en la de la sede de la Fiscalía Especial y se hace necesaria la interposición de la presente denuncia».
Además, añade que en «el supuesto de que las regularizaciones practicadas por los contribuyentes sean completas y veraces, será de aplicación, en sede de jurisdicción penal, la excusa absolutoria prevista en el artículo 305.4 CP y el archivo de las diligencias incoadas».
En su auto de admisión, el juez Andreu explica que el objeto inicial de la investigación se debe a «la imposibilidad reconocida por dicha Administración para realizar una valoración en plazo sobre la corrección o no de las declaraciones complementarias practicadas por los denunciados, lo que hace necesario que, mediante el presente procedimiento se determinen, previamente, qué conductas aparecen como exigibles a cada uno de los denunciados a fin de regularizar, o de poner en orden, su situación tributaria relacionada con aquellas deudas que tendrían su origen en la presunta y previa defraudación consumada de una cuota tributaria en cuantía superior a los 120.000 euros».
Así, el magistrado admite a trámite la denuncia y designa a dos peritos destinados en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria para determinar, en primer lugar, si los denunciados han regularizado adecuadamente su situación fiscal, algo que, al no hacerlo la Administración, se debe hacer «en el proceso penal, con las garantías y derechos que en el mismo se reconocen, y que deba ser declarada por un juez o tribunal».

La familia Botín ha defendido que está al corriente de todas sus obligaciones fiscales y que en 2010 regularizó voluntariamente la situación de las cuentas suizas reclamada por la Agencia Tributaria, según confirmó un portavoz de la familia.
«La familia Botín ha realizado una regularización voluntaria y completa de estos bienes, está al corriente de todas sus obligaciones fiscales, y espera que muy pronto todo este asunto se aclare satisfactoriamente en sede judicial», declaró el portavoz.
En concreto, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime y los 5 hijos de cada uno de ellos, abonaron el pasado año 200 millones de euros por la declaración patrimonial de los bienes domiciliados en Suiza procedentes de parte de patrimonio acumulado por el patriarca de la familia, Emilio Botín Sanz de Sautola, padre del actual presidente de la entidad cántabra.
Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936, el patriarca de la familia Botín salió de España con parte de su patrimonio, que fue depositado en una fundación creada en Suiza con su nombre y gestionada desde entonces y hasta la actualidad por varios administradores profesionales.
En 2010 y tras la petición de regularización enviada por la Agencia Tributaria, a Familia Botín tuvo la oportunidad de regularizar las cuentas y los bienes de su patriarca. Según el artículo 305 del Código Penal, no incurren en delito fiscal las personas que pagan sus deudas con el fisco de forma voluntaria.

Madrid, 15 jun. 2011. (Europa Press) –

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han mostrado su respaldo a las medidas que abogan por fijar el importe de adjudicación de las hipotecas hasta el 80% del valor de tasación utilizado.
Según ha señalado el colectivo en un comunicado, esta medida haría que se evitasen los préstamos por el 100% del valor de tasación «que muchos bancos y cajas concedieron durante los años de bonanza sin respetar los criterios de prudencia necesarios».
Gestha ha defendido la necesidad de modificar la legislación vigente para conjugar «adecuadamente» la situación de las familias desahuciadas con los intereses de las entidades de crédito, «que deben mostrar un elevado ratio de solvencia ante los mercados financieros internacionales».
En este sentido, los técnicos de Hacienda han mostrado su respaldo al proyecto de Ley de medidas de agilización procesal que se debate este miércoles en el Congreso, ya que, en su opinión, supone una oportunidad de regular de forma adecuada las nuevas hipotecas que se suscriban a partir de su entrada en vigor y puede contribuir a mejorar la situación de las familias afectadas por desahucio.
Por último, Gestha ha apoyado la idea de que las entidades de crédito puedan ceder bajo una fórmula de arrendamiento las viviendas a sus antiguos inquilinos, de forma que éstos puedan recomprarlas una vez recuperen su empleo comprometiéndose a ello ante notario.

Europa Press 16/06/2011 – elEconomista.es
El presidente de BBVA, Francisco González, ha advertido de que «no es posible modificar con efectos retroactivos los sistemas de ejecución bajo los que se concedieron los créditos hipotecarios» sin «perjudicar aún más» la confianza en la economía española.
Asimismo, indicó que tampoco se debe «cuestionar de forma retroactiva» cláusulas avaladas por el ordenamiento jurídico, respaldadas por el supervisor financiero» y en línea con las prácticas «de cualquier país desarrollado en el mundo».
Al hilo del debate suscitado sobre la regulación hipotecaria, que ha motivado incluso la creación de una subcomisión en el Congreso de los Diputados, González ha remarcado que «un inversor internacional no entiende por qué es abusivo, como se ha dicho en España, prestar a un coste mínimo del 3% en España cuando la media del coste de hipotecas en Europa está en el 3,6%» es inferior al coste de financiación del Estado. «Esto significa que se está trabajando a pérdida», ha incidido.
A su juicio, si se pretende que las siguientes generaciones sigan disfrutando de financiación adecuada a un «coste muy, muy competitivo», hay que mantener este «principio de seguridad jurídica». Pese a que son momentos difíciles para «muchos españoles», González ha remarcado que hay que tener claro lo que sucede cuando se cambia un sistema «en contra de cómo funciona el mundo mundial».
1,1 billones en créditos hipotecarios
Así lo ha defendido al recibir el premio Gumersindo de ́zcárate que otorga el Colegio de Registradores de la Propiedad, en una edición que coincide con el 150 aniversario de la Ley Hipotecaria, remarcando que el precio de las hipotecas a más de 10 años es el más barato de toda la Unión Europea gracias la seguridad jurídica y de la altísima competencia del sector financiero en España, por lo que los legisladores tendrán que ser «especialmente cuidadosos».
González ha destacado que el crédito hipotecario español alcanza los 1,1 billones de euros, equivalente al PIB español, de los que 620.000 millones corresponden a financiación de la compra de la residencia habitual y otros 580.000 millones están cedidos a terceros a través de la comercialización de cédulas y la titulización de préstamos, «una inversión vista desde siempre por los inversores internacionales como segura y fiable».
En este sentido, ha destacado la «solidez y buen funcionamiento del sistema hipotecario español incluso durante la crisis», ya que su índice de morosidad se sitúa en el 2,4%, porcentaje muy inferior al de otros sectores como el crédito al consumo y muy inferior al de otras economías como la estadounidense, que se sitúa en un 3,6%, y el 87% de las familias han podido comprarse una casa.
No queremos las propiedades
Esto significa que el 97% de las personas con prestamos hipotecarios «no tiene ningún problema» para abonar puntualmente las letras, si bien ha remarcado que él es consciente de las muchas dificultades de muchas familias, aunque en estos caso el ordenamiento jurídico español reconoce muchos mecanismos para la renegociación de deudas o las prórrogas en los pagos. «No es nuestro negocio ni interés quedarnos con las propiedades», ha remarcado.
Durante el acto, al que asistieron la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la secretaria de estado de Vivienda, Beatriz Corredor y el decano del Colegio de Registradores, Alfonso Candau, González ha destacado que el BBVA tiene una cartera de 81.000 millones de euros de crédito para la compra de vivienda, una cuota de mercado del 13% y más de 1,2 millones de clientes. En 2010 concedió 75.000 nuevos créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda, financiando un importe de casi 11.000 millones de euros.
Aguirre elogia su responsabilidad
Corredor ha suscrito las palabras de González alertando de las consecuencias que tendría implantar un sistema de «dación en pago pura» para las familias, pues se restringiría el crédito, subirían los tipos de interés, se reclamarían más avales y seguros, por lo que es necesario que la subcomisión hipotecaria analice pormenorizadamente esta cuestión.
Por su parte, Esperanza Aguirre, en su primer acto público tras tomar posesión como presidente de la Comunidad de Madrid, ha elogiado a González como un ejemplo tanto en el mundo de la banca como en el conjunto de la sociedad, «muy consciente de su responsabilidad como ciudadano» y de que la salida de la crisis para España requiere no sólo reformas urgentes, sino «un líder con altura de miras» para acometerlas «cuanto antes mejor».

Europa Press 15/06/2011 – El Economista

El Banco de España ha recomendado la aplicación de reglas de gasto en las comunidades autónomas que incorporen mecanismos que obliguen a su cumplimiento, como podría ser el establecimiento de sanciones para aquellos territorios que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Además, ha abierto la puerta a nuevas subidas de impuestos y ha señalado a la vivienda y el consumo. El repunte salarial y los subsidios son un lastre, según el BdE.
El Banco de España resalta en el ‘Informe Anual de 2010’ la necesidad de ahorrar por la vía del gasto en determinadas partidas como las transferencias y pagos corrientes o las inversiones que no sean productivas, al tiempo que apuesta por moderar el gasto sanitario y del sistema de pensiones.
Sin embargo, tampoco descarta la posibilidad de que sea preciso introducir nuevas modificaciones impositivas dada la magnitud del ajuste fiscal. A su parecer, el cambio en el tamaño y composición de los programas públicos de gasto debería completarse con reformas tributarias que combinen el incremento de la capacidad recaudatoria con la mejora de la eficiencia.
Así, afirma que, cuando las subidas fiscales sean necesarias, deberán recaer sobre las figuras tributarias con menos efectos distorsionadores sobre el crecimiento, como los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y sobre el consumo, ya que España tiene menos presión fiscal que otros países por el peso más reducido de estos impuestos.
De hecho, pone como ejemplo al IVA que, pese al incremento, sigue estando por debajo de la media de la OCDE, y cree que podría optarse por una ampliación de la base del impuesto, al tiempo que se refiere a los impuestos especiales y medioambientales, que con un peso significativamente menor en España que en otros países desarrollados.
Eliminar las deducciones
Por otra parte, apuesta por la racionalización de los denominados ‘gastos fiscales’, derivados de la existencia de deducciones y exenciones en las distintas figuras tributarias, que representan un «importante coste» en términos de recaudación, añaden complejidad a la estructura tributaria y tienen, en algunos casos, «efectos negativos significativos» sobre la eficiencia y sobre la equidad.
En concreto, el supervisor bancario recuerda que estos ‘gastos fiscales’ representan en España alrededor de un 42% de los ingresos por IVA, asociados a la aplicación de tipos reducidos en determinados bienes; cerca de un tercio del IRPF por el trato preferencial de la inversión en vivienda, aportaciones a planes de pensiones y deducciones sobre los rendimientos del trabajo; y un quinto de lo recaudado por el Impuesto de Sociedades, debido a incentivos a la inversión, sobre todo.
Las reglas de gasto, muy positivas
En relación a las reglas de gasto, el emisor dice que estas sanciones no existen en la legislación española más allá de las limitaciones a las emisiones de deuda a los territorios que no cumplen los objetivos marcados que, aunque no son de aplicación automática, se deben valorar «muy positivamente».
Sin embargo, asegura que la posibilidad de establecer este tipo de sanciones podría plantearse de cara al futuro como mecanismo adicional de disciplina, aunque admite que la evidencia muestra que no es fácil definir estas sanciones de manera que su aplicación sea «efectiva».
El Banco de España asevera que los países con marcos presupuestarios más exigentes tienden a presentar mayor disciplina fiscal y recuerda que, según las experiencias de algunos países, los marcos de reglas fiscales más exitosos son aquellos que combinan una regla de déficit público con límites explícitos al gasto público.
Dejando a un lado los límites para el déficit en los tres niveles de la administración y dada la efectividad del límite al crecimiento de gasto en el Presupuesto del Estado, cree que este tipo de reglas debería extenderse a las administraciones territoriales, sobre todo a las comunidades, donde las desviaciones del gasto en relación a las previsiones han tenido un carácter sistemático.
Además, cree que se puede aprovechar la ocasión para mejorar la definición del límite de gasto del Estado, de forma que no solo se efectúe en términos de Contabilidad Presupuestaria, sino también en términos de Contabilidad Nacional y se ancle en algún indicador macroeconómico como el crecimiento tendencial del PIB nominal.
Pide más transparencia a las administraciones públicas
Por otro lado, el supervisor resalta la importancia de la transparencia en las reglas fiscales y considera «deseable» una publicación regular de la ejecución presupuestaria del conjunto y cada una de las comunidades, con la misma periodicidad, el mismo grado de detalle, desfase y facilidad de acceso que las del Estado. «También sería conveniente la disponibilidad de alguna información, posiblemente de carácter más agregado, para las principales ciudades», añade.
Asimismo, cree que la planificación presupuestaria a medio plazo debería adquirir más relevancia, ya que analizar periódicamente la dinámica estructural de las distintas partidas de ingresos y gastos para ver donde se pueden hacer más ajustes puede resultar «especialmente apropiado» cuando se requieren medidas de ajuste que van más allá de una corrección transitoria de los desequilibrios. Así, recuerda que es «positivo» la aplicación de marcos presupuestarios plurianuales.
De la misma forma, recuerda que la delegación total o parcial de ciertas decisiones de política fiscal a un organismo independiente también ha sido discutida recientemente como mecanismo para incrementar la disciplina, aunque su diseño y efectividad no están exentos de controversia.
Finalmente, el Banco de España resalta la importancia de aumentar la corresponsabilidad fiscal, contar, en el futuro, con una mayor estabilidad en el sistema de financiación y algún método de cálculo objetivo de las necesidades reales de gasto de las comunidades para evaluar el gasto efectivo actual, dotarlo de mayor objetividad y eliminar los incentivos a replantear periódicamente acuerdos que tomen como base el nivel de financiación previamente alcanzado.
A modo de resumen, señala que las reglas de gasto son un instrumento «muy útil» para garantizar la disciplina fiscal, aunque deben cubrir la totalidad del gasto público, incluyendo los gastos fiscales, aplicar a todos los niveles de gobierno, enmarcarse en un marco presupuestario de medio plazo, establecer un mecanismo de corrección de las desviaciones y anclarse en estimaciones prudentes del crecimiento potencial y la inflación de la economía.
En definitiva, el Banco de España cree que la política fiscal debe priorizar en los próximos ejercicios la realización de un ajuste enérgico que permita sanear las finanzas públicas de manera «rápida y sólida», mientras que las políticas que se adopten tanto del lado del gasto como de los ingresos deben reforzar la contribución de la política fiscal al crecimiento potencial de la economía, lo que exige una mejora de la eficiencia en la acción pública.

Teresa Blanco / Mercedes H. Gayo 13/06/2011 – El Economista
Proteger al consumidor y evitar los abusos en los contratos es una materia que cada vez toma más relieve en el ámbito jurídico. Dentro de él, las llamadas cláusulas abusivas juegan un papel especialmente relevante. Los órganos judiciales, a través de sus sentencias, han venido perfilando qué condiciones son gravemente perjudiciales.
Definidas en el artículo 82 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, este tipo de cláusulas han ido apareciendo en todos los ámbitos de la actividad económica, por lo que han tenido que ser los jueces y tribunales quienes, a través de sus diferentes sentencias, han establecido qué cláusulas son abusivas y cuáles no.
Créditos hipotecarios
Uno de los ámbitos más afectado tradicionalmente por este tipo de cláusulas es el de los contratos de préstamo hipotecario. Y es que, por mucho temor que se pueda tener a solicitarlo, es algo a lo que antes o después se tienen que enfrentar la mayoría de las personas. Se trata de una importante decisión financiera que, adquirida bajo condiciones no acertadas, puede acarrear graves perjuicios.
En este contexto, el consumidor podría contraer con la entidad financiera unas condiciones de préstamo que, a largo plazo, podrían resultarle perjudiciales, dando lugar a importantes desequilibrios entre partes.Unos riesgos que pueden derivar de la inclusión en la oferta vinculante -y posterior contrato de préstamo hipotecario- de determinadas cláusulas que pueden considerarse abusivas.
Cabe hacer referencia al problema concreto de las cláusulas del suelo que las entidades bancarias obligan en muchos casos a firmar a los solicitantes de un préstamo hipotecario, y que impiden al hipotecado beneficiarse de las bajadas de los índices de interés a los que está referenciado el préstamo -generalmente el euribor-.
Ante esta situación, diferentes asociaciones como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), o la organización Facua, han denunciado que la presencia en un contrato de una de estas cláusulas podría ser considerada como abusiva por el desequilibrio que su aplicación supone para las partes. A este respecto, especial relevancia tiene el hecho de que el pasado mes de mayo, la OCU presentó una demanda contra 51 cláusulas consideradas abusivas en contratos de hipotecas, cuentas corrientes y tarjetas de dos entidades financieras. El juicio, que está visto para sentencia, es el primero que se celebra en España con la presencia del Ministerio Fiscal, de forma que el resultado de la sentencia se aplicará a todas las cláusulas contractuales similares de las entidades financieras y no sólo a las de los dos bancos demandados.
Precedente del Supremo
Ya el Tribunal Supremo, en su histórica sentencia de 16 de diciembre de 2009, impulsada por un recurso de la OCU, declaró abusivas un total de 13 cláusulas entre las que destaca la que impide al consumidor conocer qué comisiones le van a cobrar, acudir a tribunales distintos a los que corresponderían en función de su domicilio u otros fueros que les reconoce la ley o a hacerse cargo de todos los gastos que suponga un proceso judicial, es decir, tanto las facturas de su abogado y procurador como las del banco, sea cual sea el resultado; la que traslada la responsabilidad al consumidor en el caso de que alguien falsifique un cheque y lo cobre, sean cuales sean las circunstancias, etc… Incluso se anuló una cláusula por la que se hace vencer un préstamo hipotecario cuando se deniega la inscripción de la escritura, aunque la no inscripción sea culpa de la entidad financiera.
Además, el pasado 2 de febrero el Supremo declaró asimismo nula, por abusiva, la cláusula contractual que exime al banco de la obligación de notificar al cliente la variación del interés a imponer con carácter previo a su aplicación.
Subcomisión de control
Y parece que existe cada vez una mayor concienciación. El pasado martes, 7 de junio, el Congreso de los Diputados aprobaba la creación de una subcomisión de análisis y posible reforma del sistema hipotecario español, para estudiar los «elementos de mejora en el sistema y, en particular, respecto a aquellas condiciones que puedan ser consideradas como abusivas en los contratos de créditos hipotecarios como las tasaciones, los elevados intereses que se cobran por la demora en el pago o las cláusulas abusivas como el suelo».
Se prevé que este nuevo órgano pueda tener cerrado un paquete de recomendaciones en el mes de diciembre, ya que deberá finalizar sus trabajos en el plazo de seis meses. El informe, que enviará a la Comisión de vivienda y al Pleno de la Cámara para su aprobación y representación al Gobierno.
¿Fin de las necrocláusulas?
Otro importante hito en materia de cláusulas abusivas es la reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, del pasado 1 de abril, que, estimando un recurso presentado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, determinó que el registrador de la Propiedad puede denegar la inscripción de las cláusulas de vencimiento anticipado de un contrato de préstamo hipotecario cuando obliguen a pagar lo que falte por abonar de la hipoteca si fallece alguno o algunos de los avalistas (conocida como necrocláusula), si se produce un incendio en la vivienda, cuando se produzca una desvalorización del inmueble en una cuarta parte o en caso de expropiación
de la finca.
La sentencia anula una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) que prohibía a los registradores que calificasen de abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado incluidas en las escrituras notariales, salvo en el caso de encontrarse en el Registro de Condiciones Generales -que reúne las sentencias favorables a los consumidores que han anulado alguna cláusula impuesta por la entidad bancaria-, o haber sido rechazada por la propiaDGRN.Concretamente, la resolución anulada por la Audiencia Provincial era de 25 de marzo de 2008.
Límites a las aseguradoras

Tampoco el sector de los seguros es un ámbito libre de cláusulas abusivas. A pesar de que la propia Ley de Contrato de Seguro prohíbe las cláusulas lesivas y exige que las cláusulas limitativas -aquellas que restringen o limitan la cobertura en principio contratada- sean expresamente destacadas en la póliza y estén específicamente firmadas por el tomador asegurado en señal de conocimiento y aceptación, numerosas sentencias han decretado la ilegalidad de algunas condiciones impuestas por las compañías aseguradoras.
En una sentencia de 1 de julio de 2010, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ratificó la prohibición de incluir una decena de tipos de cláusulas que se venían utilizando de manera generalizada en los contratos tipo de diversas aseguradoras. Las cláusulas anuladas hacen referencia a: la exigencia del asegurado entregar el original, y no una copia, de su póliza para poder solicitar el pago de la indemnización; la omisión del método de cálculo del valor del rescate del seguro; la omisión del método de cálculo de la revalorización del capital; la falta de definición del llamado interés técnico garantizado. También se refiere a la falta de información sobre modificación de la tarifa de siniestralidad en el seguro del automóvil. Al mismo tiempo, se declararon abusivas, la falta de información sobre el límite de la cobertura del seguro de defensa jurídica; fijación de la indemnización del vehículo asegurado conforme a su valor venal; la atribución de la aseguradora de la facultad de cumplir o no la prestación en el seguro de defensa jurídica; la negativa unilateral de la aseguradora de cumplir la prestación en la defensa jurídica si la parte contraria es condenada en costas; y facultad de resolución del contrato por la compañía al acaecer el riesgo cubierto.
Lucha contra la morosidad
Uno de los principales efectos de los estragos de la crisis es el incremento de la morosidad. Esto es, el aumento de los impagos o retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas. En este contexto, el pasado 17 de junio se aprobó la modificación de la Ley 3/2004, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y en la que se introducía por primera vez la regulación de las cláusulas abusivas en este ámbito.
Así, una de las conquistas de la nueva regulación fue conseguir suprimir la cláusula -salvo acuerdo de las partes-, que permitía ampliar los plazos de pagos por encima de los legalmente establecidos, asfixiando a la parte más débil del contrato, y que, desde entonces, se considerará abusivo y, por tanto, nulo. Concretamente el artículo 9, su apartado 1, establece que «serán nulas las cláusulas pactadas entre las partes sobre la fecha de pago o las consecuencias de la demora que difieran en cuanto plazo de pago y al tipo legal de interés de demora establecidos con carácter subsidiario».
Pero, además, la Ley también añade que para determinar si una cláusula es abusiva para el acreedor se tendrá en cuenta, entre otros factores, si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del plazo de pago y del tipo legal del interés de demora. Asimismo, continúa la Ley, se tendrá en cuenta si, considerando todas las circunstancias del caso, dicha cláusula sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas. Bajo estos supuestos, las diferentes cláusulas serán abusivas.
Pero, además, la regulación añade que el juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1.258 del Código Civil -o lo que es lo mismo, conforme a la buena fe, al uso y a la ley- y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia. Yendo aún más lejos, esta preocupación por la morosidad y las posibles cláusulas abusivas que se den en este ámbito es también una preocupación de la Unión Europea: la Directiva 2011/7/UE, del pasado 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, propone que «la exclusión del derecho a cobrar intereses sea siempre considerada una práctica o una cláusula contractual manifiestamente abusiva».
E introduce, además, una importante novedad: insta a los Estados miembros a que reconozcan a las entidades oficialmente reconocidas como representantes de empresas, su derecho a ejercer acciones ante los tribunales, para que estos resuelven si las cláusulas o las prácticas comerciales son abusivas, inclusivas aquellas que estén pactadas en contratos individuales.

Otros sectores

Por otra parte, los tribunales se han pronunciado recientemente, en esta materia, en el ámbito de la aeronavegación. Así, se han dictado dos sentencias que han puesto entre las cuerdas a la compañía aérea Ryanair. En primer lugar, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona ha dictado una sentencia pionera que declara nula por abusiva la cláusula que obliga a los pasajeros a realizar la facturación online e imprimir la tarjeta de embarque para evitar pagar 40 euros por su emisión en el aeropuerto.
Pero el pasado 27 marzo ya se dictaba un precedente contra la aerolínea: el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona declaró nula por abusiva la obligación que impone Ryanair a los menores de 14 años de portar el DNI o el pasaporte para poder viajar entre aeropuertos españoles.
Y los ejemplos jurisprudenciales en relación a la anulación de cláusulas declaradas abusivas es extenso. Por ejemplo, una sentencia de 8 de marzo de 2010 declaró nula la cláusula contractual que anticipe la cuantía de la indemnización por clientela a favor del agente comercial para los casos de resolución de un contrato de agencia.
Tampoco las Viviendas de Protección Oficial (VPO) han quedado al margen de este tipo de cláusulas: una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 14 de julio dictaminaba que el alquiler de este tipo de viviendas no podría ser superior al fijado por la normativa administrativa aplicable en el momento de firmar el contrato. Por ello, determinaba la nulidad del desahucio de un inquilino por no pagar el total del alquiler pactado, dado que esa renta era superior al mencionado máximo autorizado.
Incluso, dentro del ejercicio de la profesión de la abogacía pueden darse este tipo de cláusulas: en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 8 de abril, se declaró nula una cláusula incluida en un contrato de arrendamiento de servicios – en este caso, de asesoría jurídica – que imponía una penalización desproporcionada al consumidor por ejercer su facultad de rescindir el contrato.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Cáceres declaró el 19 de julio de 2010 que es abusiva una cláusula en los contratos privados o en las escrituras públicas de compraventa, que obliga a los compradores al pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana cuyo sujeto pasivo es el vendedor.

Ordóñez tiene a 50 técnicos vigilando de forma permanente a Santander y BBVA
El Banco de España mandó técnicos a trabajar mesa con mesa con los directivos de 15 entidades el año pasado, cuando en 2009 fueron 10. Los controles a los que somete a los dos mayores grupos bancarios del país son máximos: requieren la atención a tiempo completo de 50 personas.

P. M. Simón – Madrid – 13/06/2011 – Cinco Días
El Banco de España siempre ha vigilado muy de cerca a las entidades financieras españolas, pero en los últimos tiempos su atención se ha elevado. El año pasado, marcó el récord en actuaciones de supervisión, al llevar a cabo 179, de las que 39 aún no habían concluido a finales de año. En 2009, efectuó 135, según la memoria de la supervisión bancaria en España correspondiente a 2010, publicada hoy. El incremento es del 32,6%.
El Banco de España explica que entre las actuaciones de supervisión se cuentan, fundamentalmente, las visitas tradicionales de inspección in situ (en la propia entidad) y las actuaciones enmarcadas en los seguimientos continuados. Estos implican el desplazamiento de forma permanente de técnicos del Banco de España a las entidades financieras; es decir, trabajan mesa con mesa con los directivos y el resto de la plantilla de las entidades vigiladas. Los inspectores disponen así de acceso de primera mano a la información y pueden tomar medidas para evitar riesgos.
En referencia a BBVA y Santander, el Banco de España explica que el sistema de seguimiento continuado «es especialmente intenso en los dos principales grupos bancarios, a los que estaban asignadas más de 50 personas solo para desarrollar esta función». Esta atención detallada a los dos grandes bancos se presta debido a «su mayor dimensión y complejidad», facilitando así «una mayor anticipación en la adopción de medidas supervisoras», según documentos del supervisor.
Fuentes financieras explican que este método de supervisión ha sido puesto de ejemplo en Europa y que es una prueba del exhaustivo control al que el organismo presidido por Miguel ́ngel Fernández Ordóñez somete a las entidades lideradas por Emilio Botín y Francisco González. «Son extremadamente seguras, porque siempre tienen encima la lupa del supervisor», señalan fuentes del sector.
La atención, en cualquier caso, no es nueva: en 2009, el número de técnicos destinados de forma permanente a BBVA y Santander también ascendió a 50. Sí es una novedad el número de entidades financieras bajo supervisión permanente, que creció un 50% el año pasado, hasta 15, frente a las 10 de 2009. «El incremento se debe principalmente al cambio del sector, tras las fusiones efectuadas entre las cajas de ahorros, que ha dado como resultado grupos financieros de mayor tamaño. La crisis y los datos de algunas entidades también han contribuido al incremento», explican fuentes financieras.
Una de las misiones principales del organismo gobernado por Miguel ́ngel Fernández Ordóñez es vigilar de cerca el perfil de riesgo de las entidades financieras. «Este proceso se basa en la obtención de un conocimiento actualizado y profundo de la situación y evolución de cada entidad supervisada, incluyendo sus perspectivas de negocio y viabilidad futuras», explica el supervisor. Y, en algunos casos, solo puede cumplir este cometido desplazando a sus propios técnicos a trabajar a los centros de toma de decisiones de los bancos.

E. Sanz – 11/06/2011 Cotizalia
El Gobierno quiere dar salida al ingente stock de viviendas que se ha acumulado en las zonas costeras españolas tras los excesos del boom inmobiliario.
Consciente de que estos inmuebles apenas tendrán salida entre los españoles -las condiciones económicas, el paro y la falta de financiación han provocado la parálisis de las operaciones-, el Ministerio de Fomento que dirige José Blanco inició a principios de mayo un ‘road show’ por Europa para vender las bondades del mercado vacacional español a ingleses, franceses, alemanes, holandeses, rusos y suecos.
Blanco aterrizó en Londres con las manos vacías, sin inmuebles concretos de entidades financieras o promotores a la venta, y fue duramente criticado por la prensa y diferentes sectores del país que calificaron de «insulto» la vista española para promocionar «un mercado donde unos 50.000 británicos han perdido su dinero porque sus viviendas se han declarado ilegales o no han recuperado la señal que dieron para pisos que nunca se construyeron».
La prensa británica acusó al Gobierno español de ofrecer grandes descuentos en lugar de solucionar los problemas de inseguridad jurídica que plantea España a los inversores extranjeros. Y precisamente es lo que pretende Fomento con una guía sobre cómo comprar vivienda en nuestro país, disponible en inglés en su página web en la que, entre otros consejos, recomienda estar alerta ante cualquier abuso por parte de los promotores o vendedores de viviendas, las agencias inmobiliarias e incluso las entidades financieras en el proceso de compraventa del inmueble. Unos consejos que bien valen también para cualquier español que se plantee la compra de un inmueble en España. Estos son algunos de los consejos a tener en cuenta:
Sobre el vendedor
– Antes de firmar ningún acuerdo o avanzar el pago de cualquier cantidad, el Gobierno aconseja, por ejemplo, comprobar la situación legal del inmueble en cuestión. «Asegúrate a quien pertenece y quién o quiénes son los propietarios». Aconseja, por ejemplo, comprobar el nombre del vendedor o de la compañía, la dirección de ambos, si la empresa vendedora está inscrita en el Registro Mercantil…
Cuando la vivienda está construida, recomienda comprobar si el inmueble en cuestión está sujeto a embargos o cargas como hipotecas o requerimientos judiciales, si tiene inquilinos o arrendatarios o si se trata de una vivienda de protección oficial (VPO).
Si el inmueble todavía está sin construir los consejos pasan, por ejemplo, por comprobar que su construcción ha sido autorizada y cuenta con las licencias necesarias. Fomento también pide cautela a la hora de adelantar cantidades o dar señales, exigiendo algún tipo de comprobante que pueda demostrarlo así como, una vez construida la vivienda, compra, comprobar que la construcción se ha terminado de acuerdo con los planos y que cuenta con un seguro que cubre posibles daños en la vivienda.
Sobre la agencia inmobiliaria
– Si acuden a un agente inmobiliario, recuerda al potencial comprador que se trata de un intermediario entre el vendedor que les pone en contacto para que puedan decidir si quieren llegar a un acuerdo. «Debes tener en mente que la persona que te vende la cas no es la agencia sino el propietario o el promotor”.
Generalmente es el vendedor quien contrata los servicio de la agencia y, por tanto, quien debe pagar sus comisiones. Además, el potencial comprador, señala la guía, no está obligado a contratar y a pagar los diferentes servicios que pueda ofrecerle la agencia como una plan de financiación, la contratación de un determinado notario… «Como comprador no estás obligado a usar estos servicios. Puedes negarte a contratarlos», señala la guía.
Sobre la entidad financiera
– La guía contempla, además, algunos consejos a la hora de contratar la hipoteca. «Los préstamos hipotecarios generalmente no son negociables e incluyen condiciones que en algunos casos podrían ser abusivas». Recuerda que si sobre el inmueble en cuestión ya pesa una hipoteca, el comprador no está obligado a subrogarse y que puede pedir al vendedor que cancele dicha hipoteca mientras él contrata una hipoteca con otra entidad financiera. En caso de subrogación, el comprador puede solicitar a la entidad mejores condiciones en el préstamo. Si ésta se niega, puede cancelar dicha hipoteca y contratar otro préstamo con otra entidad sin que eso suponga grandes comisiones.

Alejandra Ramón / Javier Romera 13/06/2011 elEconomista.es
La España de las autonomías se ha convertido en un pozo sin fondo que amenaza la estabilidad de las cuentas públicas. Pese a ser uno de los países europeos más castigados por la crisis económica, el gasto de las Administraciones Públicas no tiene freno y el dinero se dilapida a lo largo y ancho de la piel de toro sin que nadie ponga remedio.
Con un presupuesto en conjunto de 175.000 millones de euros y una deuda del 10% del PIB -115.000 millones-, las 17 comunidades autónomas tienen a su cargo 1,8 millones de funcionarios, con un coste anual de más de 60.000 millones. Pero ni cortos ni perezosos siguen, por ejemplo, manteniendo casi 1.500 vehículos oficiales, inaugurando aeropuertos sin rutas y sin aviones y abriendo embajadas, pese a no tener competencias, por todo el mundo. Son ya 170 delegaciones, con un coste anual de casi 500 millones.
Y eso por no hablar de los ayuntamientos, que con compromisos financieros por valor de 35.000 millones, han tenido que renunciar ya a asumir nuevas competencias.
En plena crisis, España suma ya 3,1 millones de funcionarios, 26.119 empresas públicas autonómicas y municipales -entre ellas 118 cadenas de televisión, con un déficit de más de 1.500 millones tan sólo en el caso de las de carácter regional-, 5.000 coches oficiales, 40.000 teléfonos móviles… Suma y sigue.
Sobrecoste de 32.300 millones
La Fundación Progreso y Democracía, un organización vinculada a UPyD, ha elaborado un estudio sobre el actual sistema administrativo que cifra el sobrecoste derivado de las duplicidades y redundancias entre las Administraciones en cerca de 32.300 millones de euros entre ayuntamientos y comunidades autónomas.
El estudio realizado mide la eficiencia y la eficacia de autonomías y ayuntamientos en función del gasto de personal de cada comunidad autónoma y el Estado y los gastos de funcionamiento y externalización de servicios en relación con el total del presupuesto y con los resultados económicos que cada administración consigue en términos de incremento de PIB. La conclusión es que Cataluña y Valencia son las más gastadoras y, sin embargo, el incremento que logran en el PIB es menor, lo que las hace menos eficientes.
El autor del estudio, Ramón Marcos Allo, miembro del consejo de dirección del partido y nuevo diputado de la Asamblea de Madrid, explica que «el sobrecoste autonómico se eleva a 26.108 millones, a los que hay que sumar otros 6.211 millones por los municipios». Las Administraciones autonómicas tienen más de la mitad del personal público y gestionan el 35% del presupuesto. Las entidades locales, con un 23,8% del personal, gestionan el 15% del presupuesto.
Ser ‘miniestados’
¿Y cuál es el problema? Según Marcos Allo, «motivadas por su voluntad de convertirse en miniestados, las autonomías se han dedicado a reproducir la estructura del Gobierno del Estado con múltiples consejeros y miles de cargos sin saber diferenciar entre su función de administración dirigida a prestar servicios, y la que tiene el Estado para planificar la política general del país».
Han surgido así tribunales de cuentas regionales, organismos de la competencia, defensores del pueblo autonómicos y decenas y decenas de empresas, fundaciones, organismos e instituciones con competencias duplicadas. Para él, la forma más eficiente de utilizar el dinero público sería unificar servicios y tener, por ejemplo, en lugar de 17 hospitales medio buenos en alguna especialidad, tener dos o tres buenísimos que sean una referencia.
Pero no sólo es eso. Se estima que en España existen más de 100.000 leyes y reglamentos en vigor, sin contar con las normas europeas, que con una ámbito potencial de aplicación de apenas 46 millones de habitantes, solo encarece aún más el sistema debido al enorme coste burocrático.
En la misma línea se pronuncia también Federico Castaño, autor del libro El Despilfarro, la sangría de la España autonómica. Según cuenta, en Andalucía, por ejemplo, el Ejecutivo regional ha vuelto a ocupar el Palacio de San Telmo después de haber invertido en su rehabilitación 50 millones, montante que incluye 38.000 euros en estores y 45.000 en la cocina.
Otro de los ejemplos que claman al cielo son los 144.000 euros que costó la cartelería para publicitar el Plan E en Logroño. Un coste que, en muchos casos, fue superior al de las propias obras que anunciaban. Según Castaño, «los ejemplos relacionados con Madrid son los que se llevan la palma» y cita los 72 millones que el consistorio que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha hipotecado para los próximos diez años para mantener unas ciberpapeleras que, equipadas con un chip, informan sobre si están llenas o vacías. El anterior contrato sumaba 23 millones para el mismo periodo. En definitiva, son dispendios que principalmente perjudican al ciudadano y a los servicios públicos que se le ofrecen.

La cartera ganó un 0,57% en el primer trimestre
BBVA ha tomado la decisión de transformar BBVA Propiedad en una sociedad de inversión inmobiliaria. Sus activos a cierre de marzo ascendían a 1.370 millones de euros.
P. M. Simón – Madrid – 13/06/2011 – Cinco Días
La CNMV autorizó el pasado viernes la transformación de BBVA Propiedad en una sociedad de inversión inmobiliaria. Al cierre del primer trimestre de 2010, el fondo contaba con un patrimonio de 1.370 millones de euros, y ya estaba controlado al 100% por la entidad financiera presidida por Francisco González. Entre enero y marzo, la cartera se revalorizó un 0,57%.
BBVA Asset Management ha tomado esta decisión después de vaciar de pequeños inversores el producto. Toda la historia se remonta a noviembre de 2008, cuando BBVA compró la mayoría de las participaciones de los inversores del fondo, mediante la apertura de una ventana de liquidez extraordinaria. El banco destinó cerca de 1.600 millones de euros a la operación.
La gestora cerró el fondo durante dos años a nuevos reembolsos, y el pasado verano creó la cartera Ahorro II. Las participaciones de los pequeños inversores del BBVA Propiedad se convirtieron automáticamente en participaciones del nuevo fondo, de bajo riesgo, pues invierte en renta fija a corto plazo. Una vez que el banco ya es el único dueño de los activos del fondo ha decidido transformar este en una sociedad de inversión inmobiliaria.
Fuentes financiera señalan que el objetivo de la entidad sería disponer de más libertad para gestionar activamente los inmuebles. La figura jurídica de un fondo de inversión tiene muchas limitaciones y restricciones, si bien las sociedades de inversión inmobilaria también son instituciones de inversión colectiva y están sometidas a la mayoría de las limitaciones de los fondos. Ningún portavoz de BBVA estaba disponible para explicar esta medida.