AIRE

26.02.2012 Michela Romani / Ana Antón La noticia en Expansión
Las principales entidades financieras españolas tienen a la venta, sólo en sus páginas web, casi 85.000 pisos, 24.000 trasteros y párking, y 2.800 parcelas. En el último año, el stock inmobiliario en manos de la banca, lejos de reducirse, ha crecido.

De hecho, los bancos se han convertido en las mayores inmobiliarias de España y el número de inmuebles a su cargo supera ya los 118.000, según el recuento realizado por EXPANSIÓN visitando los portales de las entidades.
Del total de estos inmuebles, la gran mayoría, 84.380 son viviendas (pisos, chalets, apartamientos y casas). En algunos casos, como Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell o CatalunyaBank, en esta oferta también se incluyen pisos de otros promotores: los bancos les otorgaron la financiación para la construcción de las viviendas y ahora les ayudan a venderlas.
En la oferta de los bancos también hay unos 24.000 garajes y trasteros; 4.300 locales; más de mil naves industriales; más de 500 oficinas y unos 2.800 terrenos, entre parcelas urbanas y rústicas y fincas.
La cantidad de suelo en venta, sin embargo, es muy superior a la que aparece en estas cifras, ya que hay varias entidades (como Santander o NovaGalicia Banco) que no ofrecen este activo en sus webs. Finalmente, en la oferta bancaria no faltan otros tipos de activos menos comunes, desde piscinas y hoteles hasta polígonos industriales y fábricas de pienso.
Los pisos que venden los bancos no suelen ser más baratos que los de los particulares, al menos en las grandes ciudades y para la vivienda de segunda mano. Aun así, los pisos de los bancos tienen una ventaja sobre los demás: que la entidad financiera está más dispuesta a conceder una hipoteca cuando el cliente quiere comprar un inmueble de su stock. En este caso, la financiación llega hasta el 100% del valor de tasación, el plazo se prolonga hasta los 40 años y los diferenciales aplicados sobre el euribor son menores que en el resto de hipotecas. Una facilidad a tener en cuenta.
Santander
La página www.altamirasantander.com tiene en venta unos 3.350 inmuebles, de los que unos 2.000 son de otros promotores. Las viviendas representan cerca del 80% de la oferta y se concentran principalmente en Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga, Valencia, Toledo, Zaragoza y Cantabria, donde todas las viviendas son de terceros. La entidad financia hasta el 100% a un tipo de interés de 1,25% sobre euribor. Ofrece descuentos que varían en función de la zona. En Seseña, por ejemplo, el banco vende las casas a precio de coste.
BBVA
www.bbvavivienda.com pone al alcance de los particulares 23.045 inmuebles, de los cuales, 14.150 no son suyos, sino que proceden de mandatos de venta de promotores. En los primeros 11 meses de 2011, la entidad logró vender 3.533 activos. La Comunidad de Valencia es la que cuenta con mayor número de pisos, 1.433. La entidad, que facilita el 100% de la financiación a 40 años, cuenta con una campaña de saldos que incluye viviendas que pueden adquirirse desde 71 euros al mes. Algunas viviendas presentan descuentos de hasta el 56%.
Bankia
En www.hogares.es, Bankia presenta su oferta inmobiliaria que en estos momentos cuenta con 13.516 inmuebles. Hay un apartado destinado a ofertas especiales con inmuebles rebajados hasta el 50%, además de una selección de pisos que cataloga como “Viviendas para enamorados y niditos de amor”. La entidad, que ofrece casas desde 45.000 euros, concede las hipotecas a euribor más 0,90%.
CaixaBank
La inmobiliaria de La Caixa, ofrece en www.servihabitat.com unos 14.200 inmuebles, de los que casi 12.000 son viviendas. La mayoría pertenecen a la entidad, aunque hay algunos de promotores. Entre sus estrategias de comercialización, es destacable la campaña “En Servihabitat lo propones tú”, donde el cliente es el que fija el precio que está dispuesto a pagar. Para la compra de pisos propios, la entidad catalana ofrece hipotecas sobre el 100% del importe, con carencia (es decir, el periodo en que el cliente sólo paga los intereses) de hasta cinco años.
Banco Popular
Aliseda Gestión Inmobiliaria (www.gesaliseda.es), perteneciente a Popular, cuenta con 7.594 activos, en todas las comunidades autónomas, de los que cerca de 4.000 son viviendas. Para estos inmuebles, que tienen descuentos muy distintos en función de la zona, el banco ofrece unas condiciones de financiación muy favorables: los primeros dos años 0,50% sobre euribor. Después, el diferencial sube al 0,75%.
Banco Sabadell
De los 8.500 inmuebles que se pueden adquirir en la página web de Sabadell, www.solvia.es, unas 8.000 son viviendas y casi la mitad pertenece a promotores que han sido financiados por el banco. Madrid es la capital con más oferta, seguida por Barcelona. Este mes de febrero, Sabadell ofrece descuentos adicionales sobre algunas promociones para celebrar San Valentín. El banco ofrece condiciones de financiación ventajosas para la venta de sus activos.
Banesto
La agencia online de Banesto, casaktua.com, pone al alcance del público más de 8.400 activos inmobiliarios, de los que casi 5.400 son viviendas y, la mayor parte de éstas, de segunda mano. Una de sus campañas más sonadas es la de “1.000 casas por menos de 9 euros al día”, una selección de inmuebles que pueden adquirirse con letras inferiores a 270 euros.
CatalunyaCaixa
La página www.cxinmobiliaria.com tiene en venta más de 11.500 inmuebles, de los que unos 8.000 son de su propiedad, con descuentos de hasta el 52%. Ofrece el 100% de la financiación a 40 años y la posibilidad de reducir el importe de las cuotas durante los primeros años. Una de sus principales campañas promociona la venta de pisos por 300 euros al mes. La entidad no utiliza su portal para vender el suelo que tiene acumulado.
Bankinter
Bankinter es una de los bancos españoles que menos se involucró en la burbuja inmobiliaria. Aun así, en su web corporativa www.bankinter.com se pueden comprar unos 1.160 inmuebles, de los que 580 son viviendas. La mayoría se encuentran en Murcia, Alicante, Valencia o Madrid. A los compradores de sus inmuebles -algunos con descuentos de hasta el 40%- ofrece una hipoteca con un diferencial de 0,90% sobre euribor.
NovaGaliciaBanco
En www.escogecasa.es, el portal inmobiliario del banco de las dos cajas gallegas fusionadas, hay unos 1.940 inmuebles en venta con descuentos máximos del 40%. La entidad no incluye el suelo en su oferta por Internet. Se puede financiar el 100% de la vivienda con un plazo de hasta 40 años. La web presenta una selección de hogares desde 35.000 euros.
Banco Pastor
El portal inmobiliario de Pastor es www.inmoseleccion.com. Vende unos 680 inmuebles, el 77% viviendas, concentrados en Pontevedra, la costa valenciana y Barcelona, con una rebaja de hasta el 40%. La oferta hipotecaria es muy agresiva, al ofrecer un diferencial de 0,25% sobre euribor el primer año y del 0,50% después.
Caja EspañaDuero
En www.giasainversiones.es, Caja España Duero ponen al alcance del particular viviendas con hasta un 49% de descuento. En total, 3.400 activos, de los que 1.870 son obra nueva y 1.400 segunda mano. La mayoría, casi 3.300, son para venta. El resto, de alquiler. La caja financia hasta el 100% del importe a un plazo de 40 años y un diferencial del 1% sobre el euribor.
Unicaja
Unicajainmuebles.com es el escaparate en el que la caja andaluza ofrece un millar de activos inmobiliarios: 656 viviendas, 352 garajes y 64 oficinas. La mayor parte están situados en Andalucía, Murcia y Valencia.
Unnim
El grupo catalán expone en su portal inmobiliario www.unnimcasa.es 4.074 activos. De éstos, menos de 1.500 son viviendas, con una rebaja sobre el precio de hasta el 40%. El banco ofrece un tipo de interés para estas viviendas de euribor más 0,99%. Pone al alcance de sus clientes viviendas desde 20.000 euros, con una cuota mensual de 71 euros.
BMN
La web de BMN, www.bmnviviendas.com, muestra algo más de 8.400 activos inmobiliarios, de los que más de la mitad son viviendas. La web vende tanto inmuebles del grupo como de otros promotores. BMN mantiene en marcha una campaña sobre 5.070 viviendas para vender pisos nuevos sin IVA y está a punto de lanzar descuentos de entre el 25% y el 40% sobre otros 2.000 pisos. La hipoteca para sus pisos ofrece un diferencial de 1,25% sobre Euribor que se puede rebajar en función de la vinculación.
Liberbank
El banco propiedad de Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria aún no ha creado un portal inmobiliario conjunto. Sin embargo, sí se pueden buscar ofertas en la web de la caja extremeña, w3.cajaextremadura.es y la de Banco CCM, www.portal.ccm.es. De hecho, el banco filial de CajAstur, heredero de la extinguida CCM, tiene más de 4.150 inmuebles en venta. Hay más de 2.000 pisos, además de varios edificios, polígonos, promociones en construcción y hasta una piscina.
Banca Cívica
www.banclic.es es el portal inmobiliario de Banca Cívica, en el que hay algo más de 2.000 inmuebles, prácticamente todos, viviendas. Los descuentos pueden llegar a un máximo del 70%. Para sus pisos, Banca Cívica tiene una hipoteca de hasta el 100% del valor, a 40 años. Si el préstamo es inferior al 80% del valor de tasación, el interés es de Euribor más 0,75%, si no el diferencial aumenta al 1,25%.
¿Van a abaratarse los pisos?
M.L.V./M.G.M
¿Será más fácil para la banca vender sus pisos en los próximos meses? La reforma financiera podría tener efectos positivos sobre el mercado inmobiliario, siempre y cuando fluya el crédito, que es mucho más fácil conseguir cuando se adquieren inmuebles de la banca. Los expertos coinciden en que las medidas del Gobierno, junto con la nueva fiscalidad sobre vivienda, abaratarán los precios.
Las provisiones de los bancos les obligarán a bajar los precios de sus activos inmobiliarios para darles salida. Pero, en las grandes ciudades “donde la demanda en determinadas zonas no ha sufrido tanto y el producto es escaso, los precios no bajarán más”, dice José Luis Marín, director de Residencial y Activos Adjudicados de CBRE. En su opinión, estas medidas “han sido tomadas para solucionar el problema de los bancos, no el inmobiliario”. En ese sentido, considera que solo van a bajar las viviendas en manos de las entidades.
En cualquier caso, la gran duda reside en que fluya el crédito. Nos encontramos “en un círculo vicioso: los bancos no dan créditos y no venden sus pisos porque los compradores no tienen acceso al crédito, así que las entidades no reciben liquidez y por eso no dan créditos”, explica María Jesús Fernández, analista de Coyuntura de Funcas. Y es que mientras la rueda del dinero no gire “no tendrá un impacto muy profundo sobre los precios”, asegura ́ngel Berges, consejero delegado de AFI.

Movistar ha dicho basta. La presión sobre sus resultados indica que no puede seguir subvencionando terminales y a la vez atender a la guerra de tarifas. Desde el jueves aplicará una nueva estrategia en la que prioriza los precios bajos.
S. MIllán / A.R. del ́rbol / M. Jiménez – Barcelona – 28/02/2012 – La noticia en Cinco Días
Telefónica España convulsiona la celebración del congreso de móviles que se celebra esta semana en Barcelona; al menos en lo que afecta al mercado español. Su anuncio de que a partir del jueves cambia su política comercial para rebajar su estrategia de subvención de terminales en favor de una mayor libertad para poder actuar agresivamente en la rebaja de tarifas, no ha dejado indiferente a nadie.
Reacción de Vodafone
Su competidor directo, Vodafone, ha dicho que hay que tomar la noticia «con precaución» ya que la penetración de smartphones en el mercado español es del 35% y la actual revolución en el mundo de los datos exige que este porcentaje se aproxime al 60%.La operadora que preside Francisco Román insiste que más lógico que cerrar el grifo a la subvención de terminales es promover rebajas de hasta el 30% en los contratos con sus clientes que no incluyan aparatos en promoción. Además, apuesta por alargar del 18 a 24 meses el tiempo que un usuario debe permanecer atado a la compañía si quiere un teléfono subvencionado.
Reacción de los fabricantes
Fuentes del sector de fabricantes de teléfono móviles recordaron que en España durante 2011 el 97% de los terminales vendidos fueron a través de operadores y, por tanto, con un algún tipo de ayuda. Solo el 3% fueron completamente libres y sin subvención. Este dato indica la dependencia de la iniciativa de las operadoras en la distribución de móviles. Las mismas fuentes señalaron que si se corta de modo radical las ayudas, o se imponen otros métodos, «lo que va a ocurrir es que los clientes no van a querer gastar 500 euros en un aparato, y optaran por cambiar menos de teléfono o comprarán algunos de gama más baja».
La bomba de Movistar
La noticia saltó ayer lunes a última hora de la tarde. Telefónica España filtró que ha acelerado su estrategia de cambio del modelo de comercialización de terminales, muy marcada hasta ahora por la subvención de los equipos. Fuentes conocedoras del proceso dicen que Telefónica va a facilitar a sus clientes actuales la adquisición de terminales con financiación sin intereses, con importes desde 10 euros al mes y con plazos de tiempo de hasta 18 meses. Esta iniciativa, que entra en vigor el 1 de marzo, podría suponer el adiós definitivo a las subvenciones, decisión con la que la firma pretende reducir los costes comerciales.
Las mismas fuentes señalan que Telefónica ha llegado a un acuerdo con la financiera Finconsum, propiedad de La Caixa, que será la empresa con la que los clientes tendrán que concretar las cantidades a financiar. La operadora, señalan, asumirá los costes de los intereses para que el cliente no tenga que hacerlo. Así, por ejemplo, los usuarios podrán acceder a un Samsung Galaxy desde 10 euros al mes, y a pagar en un máximo de 18 meses. Todo sin necesidad de presentar la nómina para acceder a la financiación.
Además, Movistar ha introducido una política para recomprar terminales a los clientes. Estos podrán entregar los teléfonos que ya no utilizan en cualquiera de los distribuidores y puntos de venta que tiene la compañía por toda España, «y obtener hasta 245 euros para poder adquirir uno nuevo». Si el dispositivo que entrega el cliente es Blackberry o Sony Ericsson, «se añadirán otros 30 euros a la cantidad de dinero abonada por Telefónica».
La teleco ofrecerá a sus clientes idénticos precios en los terminales que a los usuarios que vengan de otras compañías. Movistar prevé lanzar planes de fidelización o puntos, «que los clientes obtienen a través de sus facturas y con los que pueden acceder a los mejores equipos en condiciones ventajosas»
Esta mañana el consejero delegado de Telefónica Latinoamérica, Santiago Fernandez Valbuena, ha señalado que las operadoras deben cuestionarse si deben mantener la actual dotación de los teléfonos móviles. «Quizá, en algún momento, deberíamos plantearlo». Ha recordado que los operadores realizan las inversiones comerciales en redes, en espectro, pagan impuestos «y el modelo de negocio tiene que funcionar. El negocio debe dar 100 y ahora no lo hace».
Reacción de Yoigo
La cuarta operadora de móviles, Yoigo, ha saludado la decisión de Movistar, con el argumento de que ellos mismos llevan practicando la política del pago a plazo de terminales desde el mes de septiembre. «Es algo que hemos importado de los países nórdicos donde el 80% de los aparatos se venden con esta modalidad». Yoigo asegura que el pago aplazado es soportado por el propio operador que compra los móviles a los fabricantes y después incluye una cuota de 3 euros en la factura de sus clientes.

Enrique Maestre, Barcelona. 27/02/2012 El artículo en estrelladigital.es
El ministro Luis de Guindos se ha caído del guindo, al ofrecer la dación en pago como la panacea puesta a disposición de los hipotecados, por generosa y lumínica laborada clarividencia gubernamental, como si acabara de descubrir el Orinoco. El ministro debe conocer que tal figura jurídica figura en la Ley Hipotecaria, no ya desde reforma de 30 de diciembre de 1944, sino desde su primer texto allá en siglo XIX con el fin de no remontarnos al Derecho romano. Cierto que, contando con Carmen Vela, flamante componente del grupo de la ceja, devota de ZP, actual Secretario de Estado, no es de extrañar que haya podido hacer gala del tal ingenuidad hipotecaria. Debería aclarar, que el problema en los préstamos hipotecarios radican en las estipulaciones abusivas incluidas en las cláusulas financieras que figuran en las escrituras de hipotecas, que no deberían tener acceso al Registro de la Propiedad por carecer de trascendida real por abusivas e incluso en algunas ocasiones, por rayar en la usura, prohibida en la propia Ley Hipotecaria. Hay que recordar que las minutas para las escrituras de préstamos hipotecarios vienen extendidas por la entidad crediticia y que el fedatario, solo rellena datos, valor del préstamo e hipotecantes. Esos borradores de hipotecas con sus desmedidas condiciones e intereses, se extienden con el beneplácito de los liberados sindicalistas, que tan altos emolumentos perciben de la entidad crediticia, quienes dan su visto bueno para aprovecharse del humilde obrero y empleado. La negativa del registrador de la propiedad a la inscripción de tan desconsideradas cláusulas financieras, acarrea el correspondiente recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, que ha venido fallando a favor de la notaría, o sea, del banco o caja, tan mimados por el Gobierno socialista, creando injusta jurisprudencia. Ministro, aplique ampliamente la dación

Según pisos.com
EP 23/02/2012 La noticia en El Confidencial
Las viviendas usadas cuestan de media 47.021 euros más de lo que están dispuestos a pagar sus potenciales compradores, según un estudio de pisos.com, que sitúa el precio medio de uno de estos pisos, de 90 metros cuadrados, en 189.500 euros. Así pues, los compradores sólo quieren pagar 142.500 euros por un inmueble de estas características, lo que evidencia, según el portal inmobiliario, que «la oferta sigue estando lejos de la demanda».
Con todo, el estudio indica que los vendedores están realizando ajustes para acercar posturas. El precio de oferta, que en 2010 era de 209.237 euros por una vivienda tipo de 90 metros cuadrados, disminuyó un 10,4% en 2011, hasta los 19.716 euros. Sin embargo, el precio al que aspira la demanda se mantuvo inalterado.
A pesar de este ajuste, en la mayoría de las comunidades autónomas y provincias, el precio de oferta sigue siendo muy superior al de la demanda. Es el caso de Baleares, Cantabria, Galicia, Murcia y Canarias, regiones donde el precio de los pisos es entre 80.876 y 35.789 euros superior al que están dispuestos a pagar los compradores.
Esta diferencia también hace muy difícil el cierre de operaciones en provincias como Jaén, Cádiz, Córdoba, Vizcaya y Pontevedra, cuya oferta es entre 70.550 y 63.306 euros más cara de lo que se plantean las familias. Según el director del Gabinete de Estudios de pisos.com, Manuel Gandarias, «en estos casos, los vendedores tendrían que revisar a la baja los precios sin esperar a la negociación posterior si quieren que se materialicen las operaciones de compraventa».
Aunque lo habitual es que las familias estén dispuestas a hacer una inversión menor a la que piden los vendedores, existen regiones donde las expectativas de los compradores superan la oferta publicada. Es el caso de Asturias, Cataluña, Madrid y el País Vasco, donde los interesados estaban dispuestos a pagar entre 87.677 y 4.366 euros más que lo que pedían los vendedores.
Esto se debe, principalmente, a que las viviendas buscadas no coinciden con la oferta disponible en el mercado. Es una situación que también se observa en provincias como Lleida, Soria, Guipúzcoa, Cuenca y Salamanca.

Economía prevé aprobar un decreto ley esta semana que rebaje los intereses de demora
El Gobierno tiene intención de acelerar la generalización de «buenas prácticas» en los embargos hipotecarios que efectúa la banca, por lo que tratará de dar luz verde a su iniciativa esta misma semana, según han adelantado fuentes del Ministerio de Economía. El código saldrá publicado en el BOE para dejar constancia del «compromiso» del Gobierno, en un intento de dotarlo de mayor garantía normativa y publicitarlo, pero su cumplimiento será totalmente voluntario.
La noticia en Cinco Días – Madrid – 26/02/2012
Hay, eso sí, un par de salvedades. La principal es que el Gobierno aprobará un decreto ley que rebaje los elevados intereses de demora a los que se somete a los deudores hipotecarios, en el caso de que estos no puedan pagar. En paralelo, Economía trabaja con Justicia para poner en marcha un sistema de subastas online que garantice la afluencia de postores y eleve el precio de venta de los pisos embargados, reduciendo la deuda que les queda a los afectados.
El decreto recogerá también las circunstancias en las que una familia se considerará dentro del umbral de exclusión social: que todos los miembros del núcleo familiar se encuentren en situación de desempleo, que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente al pago de su hipotecas y que el embargo afecte a su única vivienda. Economía ha hecho hincapié en que establecerá controles para evitar abusos o fraudes.
A partir de ahí, será decisión de la entidad si aplica a estos colectivos las concesiones que pretende incluir Economía en su «código de buenas prácticas». Una es la condonación de la deuda hipotecaria, que se saldaría únicamente con la entrega del inmueble a la entidad (dación en pago). La pretensión de Economía es que la banca retrase el desahucio durante dos años, permitiendo a las familias permanecer en la vivienda, con la posibilidad de que les cobren un alquiler durante dicho periodo.
La medida que mayor calado puede tener pasa por que la banca acepte la «opción» de asumir parte del error en la tasación de las viviendas, defienden en Economía, pagando un porcentaje de la diferencia que hay entre el precio de la vivienda embargada hoy y la deuda pendiente (para toda clase de familias).
El Gobierno justifica su renuncia a convertir en ley todas estas medidas en que sería discutible aplicarlas retroactivamente y en que las nuevas hipotecas tienen condiciones más razonables. Generalizar la dación en pago, aducen, elevaría los precios de todas las hipotecas. Pese a ello, Economía se muestra confiada en que buena parte de las entidades asuman el código, por el riesgo reputacional y moral que tendría no hacerlo, normalizando la aplicación de estas prácticas en el sector.

17.02.2012 Madrid Amaia Ormaetxea. La noticia en Expansión
Si usted tiene una empleada del hogar, debe saber que deberá cotizar por ella aunque solo trabaje en su casa durante un par de horas por semana. La inclusión de los trabajadores del hogar dentro del Régimen General de la seguridad Social ha impulsado este cambio normativo.

Los empleadores tiene de plazo hasta el 30 de junio para regularizar la situación de sus empleadas. La cuantía de las cuotas será proporcional al salario que perciban.
Estos son, paso a paso, los detalles del nuevo marco laboral del trabajo doméstico remunerado:
1)Cotización
Antes del cambio normativo, los empleados del hogar cotizaban a la Seguridad Social dentro del Régimen Especial de Empleados del Hogar. Ellos mismos estaban obligados a pagar su cotización en el caso de que trabajaran en varias casas y el abono de las cotizaciones solo era responsabilidad del empleador cuando el trabajo se desarrollaba en exclusiva. La creación del Sistema Especial de Empleados del Hogar, dentro del Régimen General de Seguridad Social, obliga a los empleadores a cotizar por sus empleados desde la primera hora de trabajo. En el caso de una empleada que trabaje en un solo domicilio a tiempo completo y esté ya dada de alta en la Seguridad Social, el empleador deberá acudir igualmente a una oficina de la Seguridad Social para efectuar los cambios burocráticos pertinentes.
2)Cuotas
La mayor parte de la cotización -el 18,30% de la base- corre a cargo del empleador, mientras que el empleado debe pagar de su bolsillo un 3,70% de la cuota. Un ejemplo: si una persona viene a su casa cuatro horas por semana y cobra diez euros la hora, le estaremos pagando 160 euros al mes. Para ese salario, la base de cotización sería de 146,80 euros (ver tabla). El empleador debería cotizar por ella 26,90 euros, mientras que la empleada tendrá que pagar de su bolsillo 5,44 euros. Desde el año 2013 hasta el 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales.
3)Plazos
La norma entró en vigor el 1 de enero y el plazo para regularizar la situación de los empleados del hogar termina el 30 de junio. Se ha establecido una bonificación del 20% de la cuota hasta 2014 para los contratos que se regularicen en este periodo. El objetivo: aflorar el empleo sumergido que impera en este colectivo y otorgar nuevos derechos laborales a las empleadas del hogar. Aunque no tendrán derecho a cobrar el subsidio de desempleo -la cotización no lo incluye- sus bajas por enfermedad quedarán cubiertas. El empleador deberá abonar la cuantía de la baja a la empleada desde el cuarto hasta el octavo día. A partir del noveno, el pago quedará a cargo de la Seguridad Social.
4)Contrato
La nueva Ley también obliga al empleador a formalizar un contrato con su empleada. Este deberá hacerse por escrito siempre y cuando la prestación del servicio vaya a ser superior a cuatro semanas. En el contrato deberán constar el importe del salario y el horario de trabajo. En caso de un contrato a tiempo completo, el sueldo no podrá ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en cómputo anual. Se podrá estipular un periodo de prueba que no podrá exceder de dos meses. Si la relación entre el empleador y el empleado es puntual, el contrato podrá ser de palabra. En la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (www.meyss.es) se pueden descargar modelos de los diferentes tipos de contrato.
5)Infracciones y sanciones
El empleador que no cumpla con la normativa y no regularice la situación de su empleada o no abone su parte correspondiente de las cuotas cometerá una infracción grave en materia de Seguridad Social. Esa infracción podrá ser sancionada con una multa de entre 626 y 6.250 euros, en función del grado de la infracción (según consta en la Ley de infracciones y sanciones en el orden social, texto refundido aprobado por Real Decreto legislativo 5/2000 del 4 de agosto).
6)Exenciones
Esta normativa no es aplicable si la persona que realiza las tareas domésticas en nuestra casa es un familiar con relación de consanguinidad o afinidad de hasta segundo grado (hijos, padre, nietos y abuelos, así como los cónyuges de éstos). También quedan excluidos los estudiantes de intercambio que trabajan en calidad de au pair.

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El pacto antideshaucios
150.000 familias han perdido su residencia durante la actual crisis.
Miriam Calavia – Madrid – 23/02/2012 – El artículo en Cinco Días
El cambio de ciclo económico trajo consigo a un invitado inesperado: el desahucio o desalojo de la vivienda. El elevado paro como consecuencia de la crisis y el sobreendeudamiento de los hogares provocaron un aumento de los impagos de los préstamos hipotecarios, que aún hoy siguen in crescendo. De repente muchas familias no podían afrontar los pagos de las cuotas hipotecarias o de los alquileres y los acreedores comenzaron a llamar a sus puertas. Los avisos pueden terminar en un procedimiento judicial para recuperar las cantidades adeudadas. Desde el año 2007, las ejecuciones hipotecarias presentadas en los juzgados superan las 300.000, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque esta cifra incluye empresas y particulares. El número de familias que han perdido su residencia por dejar de pagar su hipoteca es de 150.000.
1. La demanda. La entidad financiera decide reclamar judicialmente el cobro de un préstamo que le deben y que tiene la vivienda como garantía. El proceso se inicia con la presentación de una demanda ejecutiva por impago en el juzgado. Se le notifica la demanda al deudor en el domicilio indicado en la escritura con una copia de la misma, y se le da un plazo bien para que pague, bien para que se oponga a la demanda (los motivos de oposición están regulados). Si incumple el requerimiento de pago, se pasa a la fase de ejecución hipotecaria propiamente dicha.
2. La subasta. Primero, el banco pide al Registro de la Propiedad un certificado de cargas de la finca hipotecada y, después, el inmueble sale a subasta y su valor se toma de la tasación del bien efectuada para la concesión del préstamo. Existen dos vías. Por un lado, las subastas públicas que hace el juzgado, y por otro, a través de entidades especializadas. La convocatoria, una vez notificada al deudor, se realiza mediante anuncios de subasta que pueden colocarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento, del Registro de la Propiedad o del propio juzgado. Hasta esa fecha, el deudor tiene la posibilidad de restablecer su préstamo pagando las cuotas vencidas. Llegado el día señalado puede ocurrir que haya pujas por encima de los mínimos legales. En ese caso, la mejor oferta se adjudica la propiedad. Si la subasta queda desierta, el banco tiene la posibilidad de quedarse el inmueble por el 50% del valor de tasación o el 60% si se trata de una vivienda habitual, según establece el artículo 2 del Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio.
3. Lanzamiento judicial. Una vez la propiedad de la casa pasa a nombre de la entidad o de un tercero, el deudor deja de ser el propietario y se le da un plazo para que abandone la vivienda. Si no lo hace, los funcionarios judiciales pueden pedir auxilio a la Policía para llevar a cabo el desalojo. Técnicamente, un proceso de ejecución hipotecaria no es un desahucio, sino que simplemente el propietario de la vivienda deja de serlo. Pero en la práctica, supone tener que dejar la vivienda y algunas personas se quedan literalmente en la calle.
4. ¿Se puede evitar? Desde hace un tiempo hay una intensa presión social y política para buscar una solución alternativa. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y algunos partidos políticos reclaman que la entrega del piso al banco termine con la responsabilidad hipotecaria. Es la llamada dación en pago. Aunque se aplica en algunos países, hoy por hoy en España depende de la buena voluntad de las entidades. Está contemplada en la legislación española -artículo 140 de la Ley Hipotecaria-, pero no tienen la obligación de aceptarla por ley. Desde la Asociación Española de Banca (AEB) defienden que las entidades tratan de negociar al máximo con sus clientes para resolver los problemas de pago, ofreciendo facilidades como por ejemplo periodos de carencia, antes de iniciar un proceso de ejecución del inmueble. Pero bancos y cajas tienen derecho a exigir el vencimiento anticipado, esto es, el pago de todo el capital pendiente de amortizar, los intereses y comisiones si se ha incurrido en el incumplimiento de alguno de los plazos.
El Gobierno ha decidido tomar cartas en el asunto con el anuncio ayer de algunas medidas para minimizar el impacto social de los desahucios. Una de las iniciativas, que ha consultado con las entidades, es la de fijar un umbral de ingresos a partir del cual se exima de un desahucio. Además, propone aplazar dos años los desahucios y que este periodo sea prorrogable. Estudia también que las familias con bajos ingresos y con todos sus miembros en paro puedan acogerse a la dación en pago siempre que se trate de la primera vivienda. Hasta ahora la banca se había mostrado reacia, sobre todo a que la reforma se implementara por vía legal. «Si el Gobierno impusiese esa medida de manera unilateral haría mucho daño a las entidades, pero si se hiciese de manera voluntaria sí sería positivo», señaló recientemente Miguel Martín, presidente de la AEB. Y así ha sido ya que el código de buenas prácticas que aprobará el Ejecutivo será de adscripción voluntaria.

Restitucion de la legalidad urbanistica
Los expedientes de Los Rostros I y II son los que datan de hace más tiempo. Urbanismo impide que estas escrituras se puedan inscribir en el registro

A. M. Romasanta 23/02/2012 La noticia en elperiodicodeextrenadura.com
El Ayuntamiento de Badajoz tiene detectadas entre diez y doce parcelaciones ilegales en otras tantas fincas del entorno de la ciudad, entre las que se incluyen las de Los Rostros I y Los Rostros II, cuyos expedientes de restitución de la legalidad aún no están cerrados y que fueron los primeros que se abrieron tras la aprobación de la Ley del Suelo de Extremadura del 2001.
Según la información de Víctor Montero de Espinosa, del Servicio de Control y Disciplina Urbanística, el modus operandi es siempre el mismo: una persona adquiere fincas en suelo rústico, que es mucho más barato, y las vende a distintos compradores mediante porciones en proindiviso, que oscilan entre los 1.000 y 5.000 metros cuadrados. Los precios van desde 15 a 20 euros el metro cuadrado. A partir de ahí, los compradores empiezan a edificar. En esta docena de parcelaciones detectadas hay actuaciones ya edificatorias con riesgo de formación de núcleos de población.
En cumplimiento de la ley, cuando el ayuntamiento detecta una parcelación ilegal, hace una anotación preventiva en el registro de la propiedad para que esas escrituras de compra venta que los notarios otorgan no puedan inscribirse nunca en el registro, con lo cual continuarán siempre a nombre del titular original.
Según Montero de Espinosa, algunos de estos compradores son engañados, mientras que otros «saben donde se meten, no podemos decir que todos actúen de buena fe». Apunta que la mayoría de los ciudadanos «con un mínimo de formación» conocen que en suelo rústico no se pueden construir edificaciones de carácter residencial, y quiense levanta una vivienda en terreno de este tipo, por muy modesta que sea, «sabe que no es legal y no es legalizable».
Señala por otro lado que hay algunos ciudadanos que compran estas parcelas con la finalidad de plantar un huerto en los ratos libres y pasar el domingo en familia y lo que hacen es levantar un pequeño cobertizo para los aperos de labranza o un gallinero. Eso tampoco está permitido, porque si es suelo rústico debe tener una superficie mínima, que es la de unidad mínima de cultivo, que regula la legislación agraria y cuyo objetivo es evitar la atomización del campo. En Badajoz la parcela mínima agraria son, en secano, cuatro hectáreas y, para regadío, hectárea y media. Además, es suelo no urbanizable protegido, lo que agrava aún más la comisión de esta ilegalidad.
La primera parcelación ilegal que se detectó fue la de Los Rostros I en el 2002 y allí fueron demolidas algunas construcciones de infraestructuras en el 2005, que se volvieron a reponer por parte de los propietarios y se ha vuelto a ordenar su demolición.
Cuando el ayuntamiento detecta por primera vez indicios de parcelación puede que no haya aún ninguna manifestación física, sino que lo ha sabido porque alguien se ha acercado a Urbanismo a interesarse por la situación de una parcela que pretende comprar. Cuando este caso se produce, en el ayuntamiento ya están sobre aviso de que va a haber una parcelación, pero todavía no puede intervenir. Montero de Espinosa recalca que la «voluntad política» es que todos estos expedientes «lleguen hasta sus últimas consecuencias».

Justicia cree que sólo con la licenciatura no hay formación suficiente para ejercer como abogado y quiere un curso postgrado
La noticia en Estrella Digital/EP, Madrid. 24/02/2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que los abogados seguirán interviniendo en los divorcios, tanto si se resuelven ante un juez como si se tramitan ante un notario.
Ruiz-Gallardón ha trasladado este compromiso en la reunión que mantuvo este jueves con el presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, y con los cien consejeros del Pleno del Consejo, compuesto por los decanos y los presidentes de los Consejos Autonómicos de los colegios de abogados así como por los consejeros electivos del CGAE.
En el encuentro, celebrado en la sede de la Abogacía, también estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Juan Bravo, y la directora del Gabinete del ministro, Cristina Coto.
El titular de Justicia compartió con sus interlocutores sus proyectos para lograr una «transformación» de la Justicia e hizo alusión a su apuesta por potenciar soluciones extrajudiciales y por habilitar procesalmente el mes de agosto.
En su opinión, la Justicia debe ser un factor de competitividad y, por tanto, es necesario evitar que millones de euros queden paralizados en procedimientos judiciales, sobre todo en asuntos mercantiles, durante agosto.
Según ha informado la Abogacía en un comunicado, el ministro propuso buscar «entre todos» un sistema que evite perjuicios para las empresas «por demoras en alcanzar justicia» y que garantice a los inversores extranjeros que la actividad judicial civil tiene una respuesta por parte de los tribunales.
Ante la «insostenibilidad» del actual sistema judicial, el ministro defendió la búsqueda de soluciones de forma conjunta pero siempre garantizando la tutela judicial efectiva. En este sentido, subrayó que la modernización de la Justicia no se podrá hacer sin los abogados.
Curso de postgrado para ejercer derecho
Respecto a la aplicación de la Ley de Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador, el ministro coincidió con la Abogacía en que «sólo con la licenciatura no hay formación suficiente para ejercer como abogado». Defendió su propuesta para que los alumnos matriculados en Derecho en 2006 queden exentos de realizar el curso de postgrado.
Frente al Consejo de la Abogacía, se manifestaron más de un millar de estudiantes de Derecho a punto de obtener la licenciatura para denunciar los pasos «restrictivos» que van a verse obligados a dar para colegiarse como abogados.
La ley 34/2006 impone a los futuros licenciados para poder colegiarse como abogados, la superación de un máster de acceso a la abogacía de un año, con un coste mínimo de 9.000 euros, además de prácticas profesionales y un examen estatal.
Durante la reunión, el ministro aseguró que la gestión del servicio de Justicia Gratuita seguirá en manos de los colegios de Abogados y abogó por «racionalizar y homogeneizar» criterios en la asignación de este derecho al acceso a la tutela judicial efectiva.
Gallardón también defendió el expediente judicial electrónico y su compromiso por hacer compatibles los sistemas electrónicos de todas las Administraciones. De este modo, reconoció que el CGAE tiene que estar integrado en esta compatibilidad.
Finalmente, Gallardón reivindicó la complicidad de los letrados para buscar un mejor funcionamiento de la Justicia, reducir la litigiosidad y profundizar en vías de resolución alternativas.

La investigación trata de determinar si Dorribo vendió de manera fraudulenta un chalé de lujo en Carril cuando se le complicó la situación económica de Nupel
m. a. lugo / La noticia en la voz de Galicia 24 de febrero de 2012
Un notario de Lugo, …, fue citado ayer a declarar como imputado en el Juzgado número 3 de Lugo en relación con un presunto alzamiento de bienes de Jorge Dorribo, en el marco de la operación Campeón. La investigación trata de determinar si el empresario del caso Campeón vendió de manera fraudulenta un chalé de lujo en Carril (Pontevedra) cuando se le complicó la situación económica de Nupel, para que no se lo apropiase el banco ni los otros acreedores.
Jorge Dorribo y su esposa le habrían vendido el mencionado chalé de la urbanización San Roque a uno de los trabajadores de máxima confianza en Nupel y a su esposa poco tiempo antes de que lo detuviesen, cuando ya los problemas económicos eran acuciantes para el entramado Nupel. El matrimonio comprador no habría tenido capacidad para realizar dicha compra, ya que el chalé es una auténtica mansión de lujo con muchos metros cuadrados y acabados espectaculares: piscina exterior dentro de un gran jardín, otra interior climatizada y amplias vistas a la ría de Vilagarcía. Supuestamente Dorribo habría realizado la venta ante el notario ahora implicado, pero sin traspasarle a los compradores la hipoteca que pesaba sobre el chalé. Quedaría a su nombre la hipoteca y salvaría la mansión, pero esta maniobra además de poder ser un alzamiento de bienes, se habría hecho a espaldas de la entidad bancaria.
Además, algunas fuentes aseguran que durante el registro domiciliario de Dorribo se habría hallado en su caja fuerte un documento privado anulando la compra, que sería la prueba definitiva de la maniobra. Se investiga si el documento privado fue realizado en la notaría. Además del notario, Dorribo y su mujer, también está imputado el matrimonio comprador.

23 de Febrero de 2012 elEconomista.es
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han aportado una nueva solución al problema de la elevada deuda de las Administraciones Públicas que soportan las pequeñas y medianas empresas. Según indican en un comunicado, las pequeñas y medianas empresas deberían poder canjear de forma parcial o total el pago de sus impuestos con el dinero que les adeuda la Administración
Esta operación, realizada a través de un mecanismo similar a la cuenta corriente tributaria, agilizaría el pago de los 30.000 millones de euros que todavía están pendientes de cobro y permitiría aliviar en gran medida la situación de morosidad que atraviesan las pymes, agudizada por la caída de ventas y la falta de financiación bancaria.
Según afirman desde Gestha, de este modo las pequeñas y medianas empresas podrían saldar sus cuentas de manera directa y dentro de los plazos legalmente establecidos, y obtendrían liquidez que actualmente no encuentran por otros cauces ordinarios, bastando un sistema de certificación para aplicar las deudas al pago de impuestos.
«Una empresa que tuviera que ingresar un millón de euros a Hacienda pero que, a su vez, todavía no hubiese cobrado cuatro millones de euros por un servicio realizado para la Administración, podría saldar sus obligaciones tributarias de inmediato, y aún quedaría por cobrar tres millones», explican los técnicos de Hacienda.
Gestha añade que esta compensación podría ser complementaria al nuevo «mecanismo de financiación para proveedores» que el Ejecutivo prevé aprobar mañana en el Consejo de Ministros y que se llevará a cabo a través de un consorcio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las entidades financieras privadas.

Joaquín Trigo Portela – 23/02/2012 El Artículo en El Economista

Una de las características propias de una situación crítica es la escasez de medios de pago. Las familias -algunas- buscan seguridad para sus ahorros y reducen una parte del que mantienen en forma de depósitos bancarios, no tanto porque desconfíen de la entidad con la que trabajan, sino por los riesgos globales que la puedan afectar. Las empresas tienen menos ingresos y ven como se reduce su efectivo, el crédito disponible y los pedidos, a la vez que se alargan los plazos de cobro mientras deben atender a pagos fijos como los salarios y algunos suministros que podrían cortarse. Por su parte, la banca debe mantener la liquidez que necesita para atender las peticiones de reintegro, que suele ser más elevada que la habitual en proporción a los depósitos, lo que incide en la propensión a conceder créditos. Las Administraciones Públicas recaudan menos por sus tributos, precisamente cuando tienen más necesidad de ingresos para atender a las necesidades de los ciudadanos que están bajo su jurisdicción, por más que se esfuercen en buscar nuevos ingresos inventando tasas para tratar de mejorar su recaudación.
En este marco, todo el tejido productivo, especialmente las pymes y los autónomos, tiene más dificultades para conseguir pedidos, cobrar las cuentas pendientes y mantener el empleo que generan mientras las Administraciones Públicas (AAPP) aplican políticas para estimular la economía y crear, o al menos mantener, empleo. Una parte no desdeñable de esas cuentas está relacionada con las AAPP y ahora, en muchos casos su pago es incierto, en parte porque sus ingresos están fallando. Es una situación en donde la compensación puede ser muy útil para casos concretos y conveniente, en general, para la actividad productiva, pues en bastantes casos permite cumplir con las obligaciones tributarias evitando recargos y riesgos peores, aunque no se hayan recibido los pagos pendientes.
La posibilidad de la compensación está reconocida en el derecho fiscal, de modo que un obligado tributario que tenga un crédito reconocido por un acto administrativo a favor suyo puede extinguir total o parcialmente sus deudas tributarias. La compensación puede acordarse de oficio o a instancia del contribuyente afectado. Más aún, los obligados tributarios pueden solicitar la compensación mediante un sistema de cuenta corriente. Un acuerdo de compensación tiene un carácter declarativo, por tanto no constitutivo. Para las empresas grandes y con interacción reiterada, es fácil recurrir a esta figura. Sin embargo, para las pymes el problema se inicia en el desconocimiento y se agrava con la falta de tiempo, con lo que las posibilidades que permite esta figura quedan inéditas, tanto más cuando se trata de organismos dependientes de las Comunidades Autónomas. Los créditos pendientes de cobro no son aceptables para su compensación ante la Hacienda Pública Estatal, pero la compensación puede ser igualmente válida en la relación con los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas.
La compensación gana tiempo pero también dinero cuando los reintegros pendientes son de cuantía fija y el pago pendiente genera recargos. En cualquier caso, simplifica la contabilidad y libera tiempo de dedicación al seguimiento de operaciones inconclusas. También es factible dar un paso más cuando el acreedor de una Administración es deudor de un tercero que, a su vez, lo es de la misma Administración. Si ésta acepta la propuesta, no pagará al primero ni cobrará del segundo, con lo que nada pierde, lo mismo que los otros, pues todos han saldado sus cuentas. En cualquiera de estos casos el módico pago de la operación aporta seguridad, libera tiempo y tensiones que afectan negativamente a la actividad laboral de todas las partes implicadas.
La reducción del nivel de actividad económica aumenta el de incidencias fiscales y financieras que requieren dedicación y gestiones. Los registros de la propiedad tienen personal solvente capaz de gestionar estas operaciones que redundan en la mejora de imagen y eficiencia de las AAPP. Esa eficiencia mejoraría si éstas hicieran el mismo pago que el resto de los ciudadanos hacen a los Registros, ya que eliminarían las demandas de poco relieve para centrarse en lo sustantivo. Los privilegios de la Administración compaginan mal con la gran responsabilidad que asumen los registradores y les obliga a satisfacer salarios sin obtener ningún ingreso. Lo expuesto no implica que las AAPP hagan pagos en efectivo a los Registros, pues también en este ámbito se puede recurrir a la compensación.
En última instancia, la compensación es un second best, porque sólo el dinero es un equivalente universal, más rápido, fácil de usar y seguro. Sin embargo, el momento actual es crítico y lo que es subóptimo se vuelve conveniente a falta de otros medios.
Joaquín Trigo Portela, director general del Instituto de Estudios Económicos.

El sector pide que sea voluntario que las entidades se queden con los pisos como garantía
Afirma que cambiar la legislación sería «muy dañino» para los intereses del sector
͍ñigo de Barrón Madrid 21 febrero 2012 – La noticia en El País
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, se ha mostrado hoy a favor de la «dación en pago» -saldar la deuda con un banco devolviendo la vivienda-, solo en el caso de que la medida sea acatada por una entidad de forma voluntaria. El presidente de la patronal cree que las entidades podrían actuar «por razones humanitarias o las que quieran», aunque ha pedido que se distinga entre el plano asistencial y social y el inmobiliario. «No es lógico que para ayudar a una familia haya que modificar el marco legislativo que ha funcionado bien para el 85% de las familias durante muchos años», ha indicado el presidente de la AEB.
En un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Martín ha explicado que la «dación en pago de forma retroactiva» sería una opción «muy dañina para la organización del mercado inmobiliario y para la cotización de las titulizaciones hipotecarias» y con la que «no podría estar de acuerdo». Martín admitió que el sector está dispuesto a realizar «esfuerzos adicionales» en este campo, aunque no concretó cuáles eran exactamente. Mañana, el ministro de Economía, Luis de Guindos, responde a una pregunta en el Congreso sobre los avances que ha hecho el Gobierno con el sector financiero en este campo y se espera que «anuncie sus líneas maestras al respecto». Ante la pregunta de si la AEB ha mantenido contacto con el Ejecutivo, Martín ha precisado que tanto los bancos, como el mismo han «hablado de la orientación del mercado hipotecario, pero no de este asunto en concreto».
Martín espera que el Banco de Valencia «desaparezca» porque la entidad no es viable
Por otro lado, Miguel Martín dijo que esperaba que el Banco de Valencia «desaparezca. No me avergͼenza, pero es lo que le debe pasar a todas las entidades no viables, como siempre hemos pedido». Criticó al Gobierno anterior por haber mantenido entidades inviables con dinero público. «Algunas han recibido recursos del FROB 1 y del FROB 2 y siguen sin pasar los examen», se lamentó.
Por otro lado valoró positivamente la reforma laboral aprobada por el Gobierno porque «abre una oportunidad» para la creación de empleo. «Yo no sé si es una reforma suficientemente profunda porque no soy experto, pero lo que sí sé es que se abre una oportunidad para que el sistema laboral español se aproxime a los sistemas laborales europeos, sobre todo al alemán, y tengamos una oportunidad para acelerar la creación de empleo», insistió.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
Se registran tan sólo 409.337 nuevas firmas de préstamos sobre vivienda
Este negativo porcentaje supone una fuerte aceleración respecto a 2010 (-7%)
El importe medio de los préstamos se sitúa en 111.950 euros, un 4,3% menos
Asturias (-42,7%) y La Rioja (-45,6%), regiones que sufren el mayor desplome
La noticia en El Mundo | Europa Press | Madrid 23/02/2012
La concesión de hipotecas sobre vivienda cierra su año más negro que se recuerda y el peor desde que estalló la crisis. Con pleno de caídas en 2011, 12 meses a la baja -en total, la estadística acumula 20 seguidos de bajadas-, la firma de préstamos hipotecarios se derrumbó hasta un 32,6%, a apenas 409.337 operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este negativo porcentaje supone una fuerte aceleración respecto al descenso registrado en 2010, que fue del 7%. El retroceso experimentado en 2011 se suma al registrado en los cuatro años anteriores y es el más pronunciado desde que estalló la crisis. En concreto, en 2009 fue del 22%, en 2008 fue del 32% y en 2007, del 6,7%.
Y al mismo ritmo que cae en número de firmas, también mengua el importe medio de los créditos constituidos sobre viviendas, que se situó en 2011 en 111.950 euros, un 4,3% menos que en 2010. En este sentido, el capital prestado bajó un 35,5% en el conjunto del ejercicio, hasta los 45.825 millones de euros.
Concretamente, en diciembre, el número de hipotecas constituidas sobre vivienda descendió un 37,2% respecto a igual mes de 2010, hasta sumar 24.610, la segunda cifra más baja tras la de octubre (22.193) de toda la serie histórica, iniciada en 2003.
Con el retroceso interanual del último mes de 2011, las viviendas hipotecadas encadenaron 20 meses de caídas consecutivas. El descenso de diciembre fue algo más acusado que el de noviembre, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron más de un 35,8%.
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante 2011 se constituyeron 653.824 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de estas últimas se incluyen las viviendas -409.337-), cifra que supone un descenso del 32% respecto a 2010.
Las cajas de ahorros fueron las entidades que concedieron un mayor número de préstamos hipotecarios en 2011 al aglutinar el 44,2% del total. Tras las cajas, los bancos (42,1%) y otras entidades financieras (13,7%). En cuanto al capital prestado, las cajas de ahorros concedieron el 39,7% del total, los bancos el 46,2% y otras entidades, el 14,1%.
Menos modificaciones en las condiciones
Por otra parte, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones ascendió el año pasado a 339.640, con un descenso del 25,1% sobre 2010. En el caso de las viviendas, el número de hipotecas que modificaron sus condiciones bajó un 29,4% en 2011.
Atendiendo a la clase de cambio en las condiciones, se produjeron 283.927 modificaciones pero sin cambiar de entidad financiera (novaciones), lo que representa una caída anual del 23,6%. Por su parte, el número de préstamos que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 16.440, un 31,1% menos que en 2010. Además, un total de 39.273 hipotecas cambiaron de titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor), lo que supone un descenso del 31,9% respecto a 2010.
Los tipos de interés, detrás del 37,7% de los cambios en los préstamos
De las 339.640 hipotecas que cambiaron sus condiciones en 2011, el 37,7% se debieron a modificaciones en los tipos de interés. De esta forma, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo se redujo significativamente después del cambio de condiciones desde el 4,6% hasta el 2,8% del total, ya que la mayoría de estos préstamos pasaron a estar referenciados a un tipo de interés variable.
Dentro de la estructura de tipos de interés, el Euribor fue la referencia más importante. El interés medio más bajo fue el de los Otros tipos de interés. Tras la modificación de condiciones, el interés medio de los préstamos subió 0,11 puntos en las hipotecas a tipo fijo y bajó 0,45 puntos en las hipotecas a tipo variable.
Respecto a las cancelaciones, en 2011 se cancelaron registralmente un total de 473.417 hipotecas, lo que supone un descenso anual del 12,2%. Las hipotecas canceladas sobre fincas rústicas disminuyeron un 11,1%, mientras que las canceladas sobre fincas urbanas bajaron un 12,3% y las canceladas sobre viviendas, un 12,9%.
Caída nacional generalizada
Todas las comunidades presentaron variaciones interanuales negativas en la constitución de hipotecas, especialmente Asturias (-42,7%) y La Rioja (-45,6%). Navarra registró el mayor importe hipotecado, con 196.140 euros, así como el incremento interanual más elevado en el importe medio hipotecado (11,1%). Le siguió Murcia, con un avance del 5,7%. El número de fincas con hipoteca constituida por cada 100.000 habitantes fue mayor en 2011 en La Rioja (2.627) y Baleares (2.146).
Las comunidades en las que el número de fincas con cambios en sus condiciones por cada 100.000 habitantes fue mayor fueron Comunidad Valenciana (1.725) y Murcia (1.614), mientras que La Rioja y Comunidad Valenciana fueron las que tuvieron mayor número de hipotecas canceladas registralmente por cada 100.000 habitantes, con 1.538 y 1.526, respectivamente.

El ministro de Economía ha anunciado que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos adicionales
La noticia en abc.es / Madrid 22/02/2012
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso un decálogo de medidas que pondrá en marcha el Gobierno para minimizar el impacto social de los desahucios. De Guindos ha precisado que propondrá que los desahucios se aplacen dos años para dar un «tiempo prudencial» a las personas incluidas en el «umbral de exclusión» que tendrá en cuenta la rentas de las familia. Esta medida podría ser también prorrogable.
El Gobierno persigue que las familias con bajos ingresos puedan salvarse de un desahucio en caso de impago de su hipoteca, con el fin de reducir el coste social de estas actuaciones judiciales.
Asimismo, Luis de Guindos, ha anunciado que el Gobierno permitirá acogerse a la dación en pago (entrega de la vivienda para saldar la hipoteca) a las familias con todos sus miembros en paro y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de hipotecas.
«Es una realidad que la vivienda que entregan estas familias es el único activo que tienen», aseguró el ministro en respuesta en una interpelación del diputado de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Joan Coscubiela Conesa en el Congreso.
Ayer, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, aseguró que los bancos del país son partidarios de la dación en pago ””saldar la deuda hipotecaria entregando la vivienda”” solo en caso de que sea una medida voluntaria para las entidades financieras. «Pueden hacerlo por razones humanitarias o lo que quieran», ha dicho el presidente de la patronal bancaria, quien ha recordado que algunas entidades ya han recurrido a este fórmula para evitar que las familias desahuciadas sigan ligadas al pago de su crédito hipotecario.

La vivienda, a merced de la banca
Primero fue la contracción del crédito, a lo que se suman ahora las hipotecas caras. La vivienda parece condenada a no poder recuperarse por culpa en gran parte de las entidades financieras, que no están dispuestas a ceder más terreno ante la crisis.
Miriam Calavia – Madrid – 20/02/2012 – La noticia en Cinco Días
El mundo se colapsó en septiembre de 2008 con la caída del banco de inversión Lehman Brothers. Todo cambió y nada volvería a ser como antes. La economía y el sector financiero entraron en una profunda crisis que todavía hoy azota con dureza a los países. El sector inmobiliario, uno de los más castigados, pasó de saborear las mieles del ‘ladrillo’ a darse de bruces contra una realidad que se imponía sin solución: el negocio de la vivienda ya no era rentable. ¿Por qué? Pues sencillamente porque bancos y cajas cerraron el grifo del crédito. El ‘chollo’ de las casas se había terminado.
Atrás quedaban las fructíferas visitas a las oficinas bancarias en las que se cerraba un préstamo hipotecario apenas mostrando el D.N.I. Por aquel entonces daban igual el precio de la vivienda, el tipo de contrato laboral y los ahorros. Las entidades empezaron a enterrar sus hipotecas y a concederlas con cuentagotas. Aumentaron los requisitos de solvencia, la necesidad de avales, los productos vinculados y muchas veces ni con esas. Conseguir una hipoteca era ya prácticamente misión imposible.
El mercado residencial era presa del ajuste. Los precios de las casas bajaban presionados por la falta de demanda y las ventas se desplomaron. Una situación que más de tres años después apenas ha cambiado. Es más, puede ir a peor. Y es que tras un ligero respiro en 2010, el año 2011 terminó como el más nefasto para sector. Prácticamente todos los indicadores -compraventas, hipotecas, visados, construcción- registraron mínimos históricos y hay pocas esperanzas de remontar a corto plazo. ¿A qué se debe?
De nuevo, con permiso de una economía de nuevo al borde de la recesión y del elevado paro, las entidades financieras siguen poniendo piedras en el camino hacia el acceso a una vivienda. Y eso que se han encontrado con unos balances ‘intoxicados’ por activos inmobiliarios procedentes de embargos que les urge colocar. Ahora, además de seguir restringiendo el crédito, han optado por encarecer las hipotecas.
Según datos de la Asociación Hipotecaria España (AHE), el crédito hipotecario se redujo un 6% en 2011 respecto a 2010, hasta 1,009 billones de euros, lo que supone la mayor caída de la historia y contrasta con los crecimientos de más del 20% experimentados durante el ‘boom’ inmobiliario.
Pero hace un año por lo menos los diferenciales que bancos y cajas aplicaban sobre el euríbor -el indicador más utilizado para el cálculo de las hipotecas- eran atractivos. Algunos bastante, de entre el 0,30% y 0,50%. Actualmente, los intereses se han disparado y se sitúan de media en el 2%, justo cuando el euríbor ha enfilado una racha bajista tras el recorte de los tipos de interés del BCE. Incluso han subido el coste de la financiación para sus propios pisos. Pero los expertos avisan que esto acaba de empezar y los diferenciales seguirán subiendo este año hasta el 4%, lo que situará el interés mínimo de las hipotecas en no menos del 5,5%. No solo va a ser difícil conseguir una hipoteca, sino que su precio será muy alto.
Con este panorama hipotecario, los precios de las viviendas, que seguirán cayendo por la reforma financiera, serán lo de menos. De nada servirán una vivienda barata y un euríbor bajo si el crédito con el que poder comprarla apenas fluye y es caro. La rebaja de los pisos quedará anulada por el encarecimiento de los préstamos y el problema de la vivienda será el cuento de nunca acabar.
¿La vivienda está atrapada por la banca? Pero, ¿por qué actúan así las entidades financieras? Algunas han recibido ayudas públicas y las subastas a muy largo plazo (tres años) del BCE han solucionado la falta de liquidez, pero la banca no lo ha trasladado al crédito para el cliente final. El propio presidente del Banco Santander, Emilio Botín, defendía recientemente durante la presentación de resultados que la entidad no prestaba «porque no hay demanda solvente». Pero hay razones mucho más allá.
Por un lado, el proceso de reestructuración financiera y las exigencias de capital de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) que deben cumplir en junio de 2012 han alterado el ritmo de vida de las entidades. Hay que sumar la crisis de deuda de la zona euro, que sigue generando incertidumbre, y que el mercado interbancario no está todo lo relajado que debería.
José Luis Martínez Campuzano, Estratega de Citi en España, cree que tres son las claves: tensión, prudencia y solvencia. Asegura que «es cierto que el BCE está tratando de reducir las tensiones de liquidez, pero es una batalla complicada cuando la economía se deteriora más». Y añade: «En definitiva, parte del balance de la banca se sigue deteriorando, lo que le obliga a ser muy prudente en su política de riesgos, a lo que hay que añadir que parte de la demanda de préstamos no sea solvente».
Por otro lado, con la guerra del pasivo, algunas entidades han captado el ahorro al 4% o más y no pueden permitirse prestar barato.

Canarias. Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad .

927 DECRETO 9/2012, de 10 de febrero, por el que se suprimen las Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario de San Sebastián de La Gomera y de Valverde de El Hierro y se modifica el Decreto 251/2008, de 23 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de las oficinas liquidadoras a cargo de los Registradores de la Propiedad, se crean las Oficinas Liquidadoras Comarcales La Palma y Gran Canaria Uno y se determina la adscripción de registros de la propiedad a las Oficinas Liquidadoras de la Administración Tributaria Canaria.

El Decreto en el Boletín Oficial de Canarias

Los proveedores de los ayuntamientos o comunidades podrán acudir directamente a los bancos
El Estado reclamará a las administraciones la deuda que haya sido satisfecha
El Gobierno calcula que la operación puede valorarse en unos 30.000 millones
J. Sérvulo González Madrid 21 Febrero 2012 – La noticia en El País
El Gobierno prepara un mecanismo de financiación para que las administraciones públicas puedan pagar las facturas pendientes que tienen con los proveedores. Se trataría de una «gran operación financiera» para la que se contará con todas las entidades financieras posible.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha avanzado esta tarde en el senado que «el mecanismo irá más allá de la línea ICO», según informa Europa Press. Y ha precisado que contará con la colaboración de las entidades financieras para «liquidar» la deuda comercial de comunidades autónomas y ayuntamientos. Montoro ha evitado cuantificar la medida pero ha matizado que será «considerable». «Se trata de sortear los obstáculos que se plantearon con las anteriores líneas de crédito del ICO», ha señalado en la sesión de control del Senado. El Gobierno ya aprobó una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 15.000 millones de euros para que las comunidades autónomas pudieran pagar la deuda que mantienen con los proveedores. Además, avanzó que esta misma semana pondría en marcha otra línea ICO para los ayuntamientos. «El objetivo es que todas las facturas pendientes puedan ir a un recurso financiero, con los controles que establece el Gobierno de España», ha agregado el ministro.
La idea «es que en el plazo de unas semanas se puedan pagar todas las facturas pendientes», ha precisado el titular de Hacienda. Las principales organizaciones de proveedores de las administraciones públicas estiman en unos 40.000 millones euros, la deuda comercial pendiente de pago por parte de las administraciones públicas. Desde el Gobierno reducen esos cálculos y consideran que la operación rondará los 20.000 o 30.000 millones de euros. Con esta medida el Gobierno pretende inyectar liquidez en el sistema. Durante las últimas semanas, el Estado ha salido a los mercados y se está financiando bien. Las últimas subastas se han resuelto con éxito a unos tipos cada vez más bajos y con una demanda alta. por eso, en el Gobierno se considera que se debe aprovechar esa circunstancia.
El Gobierno aún está ultimando los detalles del mecanismo financiero. Pero el Ejecutivo pretende alcanzar un acuerdo o convenio con las entidades financieras para que puedan participar en la operación. Para ello está previsto que los bancos tengan un tipo de interés ventajoso para atraerlos a esta operación. Este mecanismo permitirá a un proveedor que tenga una factura pendiente de cobro con una administración pública acudir a un banco para cobrarlo. Si la factura está validada y cuenta con el visto bueno de la Intervención General del Estado, la entidad financiera la pagará y le reclamará la cantidad al Estado, que a su vez se dirigirá contra la administración deudora.Se trataría de una especie de aval o respaldo del Estado a las administraciones públicas sobre la deuda comercial que ya tengan contraída. Aunque en el Gobierno consideran que se trata de un mecanismo para inyectar liquidez al sistema y descartan que se pueda utilizar para emitir más deuda.
En el Ejecutivo están satisfechos de como ha ido las últimas salidas al mercado del Estado. Una alta demanda ha acudido a la emisión de los títulos españoles a un tipo mejor que en emisiones anteriores. Y consideran que se debe aprovechar esta situación.
El Ministerio de Hacienda trabaja estos días con Economía para ultimar los detalles de este mecanismo, que el Gobierno presentará el próximo viernes tras el Consejo de Ministros. Los técnicos jurídicos de ambos Departamentos estudian cual es el instrumento jurídico más adecuado para formalizar este mecanismo.

Europa Press 21/02/2012 – La noticia en El Economista
La CEOE propone al Gobierno recurrir al capital privado, a través de los contratos de concesión o de colaboración público-privada (CPP), para promover un parque de viviendas protegidas en alquiler.
La patronal contempla que estos pisos se destinen a la población en proceso de emancipación, esto es, a jóvenes de entre 20 y 35 años, o a jubilados que no cuenten con vivienda en propiedad y a otros colectivos, como familias monoparentales o inmigrantes.
Así lo recoge el informe El sector de las Infraestructuras Públicas en régimen de concesión y de los servicios públicos en España. Propuestas para el periodo 2012-2016, aprobado en la última junta directiva de la CEOE, la celebrada el pasado 15 de febrero.
El informe, al que tuvo acceso Europa Press, asegura que «las posibilidades de la aplicación de sistemas de colaboración público-privada en el campo de la vivienda social en alquiler son muy amplias».
El documento, elaborado por la Comisión de Concesiones y Servicios de la CEOE, explica que, en virtud de este sistema, el Estado encargaría a empresas privadas la construcción de los pisos y la posterior gestión de su alquiler durante un periodo de tiempo preestablecido. Al término del contrato, las viviendas revertirían al Estado.
De esta forma, se extendería así a la edificación y arrendamiento de pisos públicos el mismo sistema que la Administración ya emplea para la construcción y explotación de autopistas.
Para la patronal, «un programa de esta naturaleza resolvería parte del problema de muchas familias que actualmente no logran acceder a la vivienda en propiedad, y serviría además para la creación a largo plazo de un parque de viviendas públicas en alquiler».
La vivienda, clave para la movilidad laboral
CEOE destaca además la «relación directa» que, en su opinión, existe entre el régimen de alquiler de la vivienda y la mayor movilidad laboral de la población.
«Además, la vivienda en alquiler parece la solución óptima para una más temprana emancipación del estrato de población más joven, lo que también representaría una ventaja», añade el texto.
Para la patronal, «la existencia de un importante ‘stock’ de viviendas ya construidas y sin vender no anula el hecho de que existe una gran demanda insatisfecha de vivienda debido a sus elevados precios».
Asimismo, los empresarios estiman que las viviendas protegidas en alquiler y los centros hospitalarios son los equipamientos sociales que más insuficiencia de dotaciones presentan actualmente y, a su vez, «en los que la colaboración público-privada puede contribuir de forma eficaz a paliar el déficit existente».

E. Press | Madrid 20/02/2012 La noticia en El Mundo
El saldo hipotecario, es decir, el dinero que los bancos están prestando a ciudadanos y empresas para adquirir viviendas, oficinas y otros inmuebles, se desplomó un 6% en 2011, la mayor caída de la historia registrada.
El dato no quiere decir otra cosa que, hoy por hoy, en España se amortizan más créditos que los que se conceden. Es decir, que la banca reduce su negocio esencial: las hipotecas. Y a un ritmo alto. En 2011, la diferencia entre las que terminaron de pagarse y las nuevas hipotecas que se conceden avanzó en 67.271 millones de euros, dejando el saldo en 1.009.656 millones de euros.
El saldo hipotecario comenzó a descender en junio de 2010, tras catorce años de subidas continuadas
El retroceso del negocio hipotecario flotante tiene dos causas: la caída progresiva del precio de los inmuebles y la caída acuciante de las hipotecas concedidas (último dato), ante las duras condiciones que anteponen los bancos a los aspirantes a nuevos créditos (salvo cuando se trata de sus propios inmuebles), a raíz de la creciente percepción del riesgo de impago ante el elevado nivel de paro.
Curiosamente, el parón hipotecario se produce en un momento en que el precio del dinero está por los suelos, un valor que no se traduce en un abaratamiento de las créditos, pues los bancos han elevado los márgenes de las hipotecas.
Pero no todo el saldo hipotecario se refiere a viviendas. De hecho, las hipotecas para vivienda sólo suponen en torno a 0,67 de los 1,009 billones de euros en créditos para inmuebles.
Balance de la AHE
El volumen de nuevas contrataciones de hipotecas no es suficiente para cubrir el ritmo de amortizaciones
Así se desprende de los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), que confirman la contracción que sufre esta actividad en España desde hace cuatro años y que contrastan con los crecimientos superiores al 20% que llegó a experimentar en la fase más aguda del ‘boom’ inmobiliario en España.
El saldo hipotecario comenzó a descender en junio de 2010, cuando marcaba 1,093 billones, tras catorce años de subidas continuadas. En los últimos meses, su caída ha ido en picado y solo en diciembre de 2011, el saldo se contrajo en 8.006 millones de euros, lo que arroja una disminución del 0,5% respecto al mismo periodo del 2010. Hace exactamente un año, la actividad descendía a un ritmo del 2,1%.
La asociación considera «turbulento» el entorno económico en el que se encuentra tanto la economía española como la internacional, especialmente la europea, lo que hace prever «un futuro incierto». El descenso de la inversión inmobiliaria por el estancamiento de la actividad en el sector a lo largo del ejercicio 2011 ha ocasionado una fuerte disminución de la nueva contratación hipotecaria a lo largo del año, situación que podría prolongarse en 2012, ya que la banca afrontará mayores provisiones para cubrir riesgo de sus inmuebles, a raíz de la reforma bancaria impulsada por el Gobierno, lo que rebajará el precio de las viviendas y provocará que estudie más en profundidad el riesgo de impago de sus clientes.
Seguirá cayendo en 2012
Sólo en diciembre, la diferencia entre hipotecas canceladas y las nuevas se elevó en 8.006 millones
Irene Peña, economista de la AHE, indicó a Europa Press que la previsible evolución negativa de la actividad hipotecaria durante el presente ejercicio se explica por los pronósticos de bajo crecimiento económico y elevado desempleo, ya que afectan al segmento de población que accede a su primera vivienda.
No obstante, Peña matizó que existen otras variables que inciden en el mercado hipotecario, como los precios de la vivienda y los tipos de interés, y que ambos describirán, previsiblemente, una tendencia a la baja, por lo que podrían contrarrestar en parte los efectos de la atonía económica y el paro.
De hecho, los expertos apuntan a la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) reduzca el precio oficial del dinero en un cuarto de punto a lo largo del primer semestre, hasta situarlo en el 0,75%, lo que incide directamente en la evolución del Euribor.

Inmaculada Marín. La delegada en Málaga de la Asociación de Abogados de Familia demanda un código específico y un procedimiento a medida para agilizar las causas judiciales por divorcio y desatascar los juzgados
Encarna Maldonado / Málaga – 20.02.2012 La noticia en malagahoy.es
La letrada Inmaculada Marín, delegada en Málaga de la Asociación de Abogados de Familia, está pasmada. Defiende, demanda y hasta implora la creación de juzgados especializados para resolver los conflictos que afectan a las familias justo cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, plantea como fórmula mágica para desatascar los juzgados que los notarios puedan resolver divorcios de mutuo acuerdo.

-¿Las separaciones notariales son una solución?

-Es curioso. Lo que se debería hacer es crear la jurisdicción de familia. Hace años que reivindicamos una reforma integral que contemple un código y un procedimiento propio de familia. Eso sí resolvería el colapso, no llevar las separaciones sin hijos a los notarios. Hay muchas otras jurisdicciones que afectan sólo a temas mercantiles o económicos y tienen su propia jurisdicción.

-O sea, que no.

-Vamos a ser serios. Los juzgados no se colapsan por los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo y sin hijos, que se ratifican en tres minutos ante un oficial o un secretario judicial. Lo que satura los juzgados son los procedimientos contenciosos mal enfocados y mal llevados.

-¿Qué riesgos tendría?

-Las partes no tendrían seguridad jurídica porque perderían el asesoramiento individual y específico que les proporciona el abogado. Ese asesoramiento no lo puede dar un notario. Por ejemplo, en una liquidación de gananciales de una pareja sin hijos con un patrimonio importante en conflicto, ¿cómo puede hacer el notario esa liquidación garantizando el asesoramiento para la defensa de los intereses de cada parte? ¿Cómo puede haber independencia? ¿Quién defiende eso si no son los letrados de cada uno? Además, ni siquiera las partes tienen derecho a allanarse ante determinadas propuestas. Por tanto, ¿cómo pueden irse a un notario sin la presencia de un juez? Eso requeriría una reforma muy importante de las leyes ahora vigentes.

-Y siempre hay una parte más frágil.

-El notario da fe de lo que se está haciendo, no tiene la función de asesorar, no es abogado. Ahora tenemos un pleito que es un verdadero delito para una de las partes que se ha quedado sin patrimonio porque no ha tenido un asesoramiento adecuado y ya no tiene remedio porque los plazos para la nulidad de los actos jurídicos son breves.

-¿Por qué entonces se ha esbozado esta solución?

-Llevo años pensando que todo lo que era consensuado iba a quedar fuera de la jurisdicción. De hecho Amalia Moreno [secretaria en Málaga de la asociación] y yo fuimos pioneras en mediación porque vimos que había necesidad de tratar determinadas materias que eran más personales que patrimoniales fuera del ámbito de la jurisdicción.

-Entonces se está aprovechando esta inquietud para abrir la vía de los notarios.

-Y al mismo tiempo también darle amparo a unos profesionales que de alguna manera han visto afectada su actividad por la crisis de la construcción… Pero eso no se puede hacer a costa de otros.

-La mediación es otra cosa, ¿no?

-Claro. El mediador no asesora, no sustituye al letrado. Es un facilitador de la comunicación entre las partes. Los que llegan a soluciones son las partes, no el mediador, que ni siquiera interviene en el proceso una vez judicializado. Cuando concluye la mediación, haya o no acuerdo, el letrado sigue haciendo su función.

-¿Es una ventaja para los abogados? Porque se podría pensar justo lo contrario.

-La dificultad del procedimiento no es jurídica. Procede del posicionamiento personal de cada parte y las capacidades del abogado no tienen por qué estar orientadas hacia esa esfera personal. Un especialista en determinadas materias ayuda a cerrar conflictos que a la larga impiden que se ejecuten las sentencias e incumplimientos en los temas relativos a hijos, visitas o custodias. Además que una parte admita que pese a no querer vivir con una persona puede hablar con ella es bueno para todos, también para el abogado. No sabe la de horas, consultas posteriores, preguntas y correos tontos que nos evitamos. Imagine lo que es que te llamen para preguntarte si tienen que meter o no el abrigo en la maleta del niño.

-¡Para eso llaman!

-Para todo porque entre ellos no se hablan. Por eso cuando interviene un mediador aprenden a comunicarse y nos ahorran muchísimo.

-Es más frecuente que un ciudadano acuda a un juzgado porque se va a separar que porque haya robado un banco. Sin embargo, da la sensación de que ésta es una jurisdicción menor.

-Efectivamente. Y lo más habitual es que si alguien tiene que ir a un juzgado sea por un asunto de familia. No es solo separarse, son también los acogimientos y adopciones, los desamparos, incluso las incapacidades y todo lo que afecta a menores, hasta la violencia de género, que aunque se ha escindido también incluye temas de familia porque se llevan liquidaciones de gananciales. También la separación de las parejas de hecho. ¿Realmente es una jurisdicción menor? ¡Pero si afecta a toda la vida de las personas!

-Si tuviéramos un código de familia, con su propio procedimiento y sus juzgados, ¿qué ganaríamos?

-Inmediatez. Los procedimientos para pedir medidas cautelares o de urgencia tardan meses. Los requisitos que la legislación pide son incompatibles con las necesidades puntuales que pueden estar viviendo las partes.

Los créditos morosos totales del sector se situaron en noviembre en 135.749 millones de euros, lo que supone un porcentaje del 7,61%
Economía | 17/02/2012 – La noticia en La Vanguardia
Madrid (Europa Press).- La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas escaló en diciembre de 2011 al 7,61%.
Esto supone un aumento de una décima respecto al nivel de noviembre (7,5%), y además significa un crecimiento de casi dos puntos porcentuales en relación al nivel en el que la tasa de impago concluyó 2010 (5,81%). Se mantiene así la cota en máximos desde noviembre de 1994, cuando marcó el 8,01%, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press.
Los créditos morosos totales del sector se situaron en noviembre en 135.749 millones de euros, esto es más de 35.000 millones por encima de la barrera psicológica de los 100.000 millones que llegó a superar en mayo de 2010.
El total de préstamos alcanzó los 1,783 billones de euros en el último mes de 2011, una leve caída del 0,11% frente a noviembre, pero que se acentúa hasta el 3,3% si se compara con el mismo mes de un año antes.
La morosidad de las entidades de depósito, que incluye a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, alcanzó en noviembre el 7,66%, mientras que la correspondiente a los establecimientos financieros de crédito, que no pueden captar depósitos, se mantuvo en el 8,4%.
Para hacer frente a la creciente morosidad, el sector financiero español estableció sus provisiones en 76.285 millones de euros, colchón que se vio incrementado en 2.626 millones de euros en comparación con noviembre, y en 4.589 millones en relación al cierre de 2010.
Precisamente esta semana, el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, auguró que la morosidad de las entidades financieras españolas alcanzará su «cima» a finales de este año, ante las «dificultades» que se presentan para el sector en su conjunto.
La reforma financiera, convalidada este jueves en el Congreso de los Diputados, eleva a 52.000 millones de euros las necesidades en provisiones y capital extra de las entidades para afrontar eventuales pérdidas derivadas de los activos inmobiliarios.

17/2/2012 | Sección: Vivienda | Escrito por: Guru Huky en La Vanguardia
Algunas cosas han cambiado con la crisis en España y una de ella sin duda es el consumo de cemento. Muy lejos quedan ya los años de absoluta exuberancia enladrilladora, cuando en los años 2006 y 2007 se consumían en nuestro país unas medias mensuales de 4,6 millones de toneladas de cemento.
Este mes de Enero, ha vuelto a marcar un nuevo hito en la caída del consumo de cemento, arrancando el año con una caída del 23,35% y quedándose en 1,1 millones de toneladas consumidas, cifra que nos lleva a los niveles de consumo de cemento que tenía nuestro país en 1987.
¿Desplome exagerado? puede, pero para tomar una referencia, si nos quedamos el resto del año a los niveles actuales de consumo, nos sale un consumo medio por habitante de unos 283 kilos de cemento por cabeza.
En Francia han solido estar en los 325 kg de media, en Alemania en 310 kg, en Italia en unos 599 kg. En España en plena burbuja inmobiliaria nos “comíamos” más de 1.000 kg de cemento por habitante, es decir en valor absoluto casi consumíamos más cemento que Francia y Alemania juntas.
La muerte primero del sector residencial y el recorte o paralización de la inversión en infraestructuras, han provocado que el consumo de cemento sea ahora menos de 1/3 que el que teníamos hace 4 o 5 años.

El decano del Colegio de Abogados considera que estos casos «no son los que provocan un problema en los juzgados»
18.02.12 – – Europa Press | Málaga – La noticia en Sur.es
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Manuel Camas, ha asegurado que la idea de que los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo se puedan tramitar ante notario «no es ninguna medida que agilice la administración de justicia», ya que éstos casos «no son los que provocan un problema en los juzgados».
Así, ha destacado la importancia de ser consciente de la situación «difícil» a la que se enfrentan las dos partes que van a firmar el divorcio o la separación y donde «la garantía judicial es importante también, junto al derecho a estar asistidos adecuadamente para estos trámites».
Camas no considera que la reforma de la administración de Justicia «vaya por este camino, más bien al contrario», y ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que «quizás habría que analizar si sería suficiente un simple control de legalidad, situado en la notaría o en el registro».
«No veo que sea una medida que vaya a solucionar ningún problema», ha insistido el decano de los abogados malagueños, quien ha manifestado que «desde el Ministerio de Economía y de Competitividad se están viendo y se están pensando unas cosas y desde el de Justicia, otras».
Para el decano del Colegio de Abogados de Málaga el camino que debe llevar la mejora de la Justicia pasa «sin ningún género de dudas por la reforma de la Oficina Judicial», apuntando que «seguramente faltan jueces» y que ésta «es demasiado grande, pero es porque está dividida en compartimentos muy pequeños que son los juzgados».
En este sentido, ha manifestado que esa «desaparición de los juzgados para ser sustituidos por oficinas judiciales comunes es un paso imprescindible en la modernización de la administración de Justicia», recordando que existe «una organización diseñada en el siglo XIX».

Jordi Sacristán. Barcelona 17/02/2012 – La noticia en El Economista
La Generalitat ha concretado a los funcionarios el recorte que anunció en noviembre sobre el salario de los empleados de la función pública.
Se trata de una reducción del 3% anual que afectará a los complementos y que se aplicará íntegramente en la paga extra de junio, ya que la Generalitat no tiene competencias para rebajar el sueldo mensual de los funcionarios.
Según la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, el recorte «no es consolidable» y se trata de una «medida temporal, de carácter transitorio».
La vicepresidenta aseguró que el ajuste será lineal y que ninguno verá recortado su salario más que otro. El objetivo es evitar «despidos de empleados interinos», sentenció.
En cualquier caso, Ortega ha dejado la puerta abierta a aplicar más recortes en el futuro: «Es una medida temporal, de momento para los presupuestos de 2012, pero eso no quiere decir que otros años no se repita».
Eso sí, ha dejado claro que en caso de que el Gobierno central aplique más recortes salariales, los empleados públicos catalanes «no tendrán una repercusión superior» que al resto de funcionarios de España.
Los sindicatos calculan que la reducción real de los salarios de los empleados públicos será de al menos un 7%, sumando la eliminación de los complementos económicos que contempla la ley de acompañamiento de los presupuestos catalanes para 2012, pendiente de aprobar en el Parlamento catalán.

Unidos por la hipoteca
La letra mensual es lo único que une a muchas parejas que han puesto fin a su relación
Algunas se ven obligadas a seguir viviendo bajo el mismo techo
Sandra López Letón Madrid 12 FEB 2012 – La noticia en El País
La vivienda y la hipoteca siguen quitando el sueño a miles de parejas rotas. Son ex de todo y para todo, menos para pagar la letra de un piso que se ha convertido en un lazo de unión a la fuerza, impuesto. Cuando se acaba el amor, llegan los problemas. Tras la ruptura, se encuentran con la cruda realidad: la vivienda no se vende, las visitas llegan a cuentagotas y las escasas ofertas que reciben por su piso no cubren la deuda contraída con la entidad financiera (el descenso en el precio de la vivienda es del 19% desde el inicio de la crisis, según el Ministerio de Fomento).
Es una pesadilla para muchas exparejas que, a pesar del panorama negro, esperan que algún comprador llame a la puerta de su vivienda. Mientras”¦ se buscan la vida.
Algunas han optado por aguantar a sus ex, vivir bajo el mismo techo y compartir el piso sin compartir la vida. Raquel lleva un año viviendo con su exnovio. La situación es incómoda y muchas veces embarazosa. Desde luego, no es el mejor final para una historia que comienza en 2005 cuando en pleno boom inmobiliario compraron una vivienda en la zona sur de Madrid contratando una hipoteca que engordaron para poder hacer frente a una reforma integral y a la compra de los muebles.
Raquel y su ex pareja se hipotecaron por 210.000 euros. Seis años después se acaba el amor, pero no la relación con el banco. “Ninguno se puede quedar con el piso, porque no salen los números, y tampoco podemos alquilarlo porque la renta no cubre la letra que pagamos. Además, cada uno tendría que alquilar un piso o irse a casa de los padres, y no siempre es posible”, cuenta Raquel.
La disolución de condominio es una solución a medias

Esta madrileña está convencida de que el precio de su piso, anunciado en varios portales inmobiliarios y en agencias, es demasiado alto. Pero su expareja se niega a bajarlo.
Lleva más de un año intentando negociar con su compañero la rebaja del precio. Hasta ahora ha sido imposible. Por eso, se están planteando que sea un juez el que decida. “Quizá lo mejor es que nos obliguen a hacer turnos de seis meses para vivir en el piso, aunque de todas formas hay que seguir pagando hipoteca y alquiler, así que estamos en el mismo punto”.
La crisis económica ha obligado a muchas parejas a seguir unidas, de una u otra forma. De hecho, el número de las que deciden romper su relación cae desde el comienzo de la crisis en 2007.
Rupturas matrimoniales
En los primeros nueve meses de 2011 se han producido 85.346 divorcios, un 2,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial. Y hasta el tercer trimestre se separaron 5.394 parejas, 421 menos.
Hay tantas posibles soluciones como parejas se separan. Pero todas tienen algo en común: la prioridad es deshacerse de la carga de la hipoteca y el piso; ninguna de las partes pide ya compensación económica, ni devolución de lo pagado. Da igual quién puso más dinero. “La crisis ha dado al traste con las aspiraciones de obtener beneficios con la venta y repartirlos”, dice Luis Miguel Fernández, socio-director y abogado del bufete Aestimatio Abogados.
Este letrado trata a diario con parejas que deciden seguir caminos distintos. Si tienen hijos, la solución viene dada. “Se quedan la mujer y los hijos en el piso”. Otras exparejas deciden adjudicar el uso y disfrute del piso, así como el pago de la letra, a uno de los cónyuges hasta su venta a un tercero. “Una especie de alquiler de la mitad que no tiene en propiedad”, explica Fernández.
Las hay que intentan que una de las partes compre la casa. Y decimos intentan porque es una solución a medias. La primera visita es al banco. Y la primera negativa es la del banco.
Las entidades financieras son reacias a liberar de responsabilidad hipotecaria a uno de los miembros. Demasiado riesgo. “Ni presentando como avalista al mismísimo Emilio Botín”, dice con sarcasmo un abogado.
No quieren perder potenciales deudores a los que reclamar si dejan de pagar, si el piso sale a subasta y si esta no cubre la totalidad de la deuda. “El problema de verdad se da cuando ambos son propietarios y deudores hipotecarios y uno de ellos quiere quedarse con el 100% de la vivienda y asumir el remanente del crédito, es decir, lo que quede por pagar”, señala el abogado Juan Bayón.
Al notario
Y, por eso, las notarías se están llenando de excompañeros desesperados que firman, en escritura pública, un acuerdo de disolución de condominio ””cuando se trata de novios, parejas de hecho o matrimonios en separación de bienes””, o liquidación de gananciales. Otros ex ni siquiera oficializan el acuerdo y se limitan a firmar un contrato privado para ahorrarse los costes de notario, Hacienda y Registro de la Propiedad. Una salida poco recomendable. Con la disolución, uno de los dos sale de la escritura de la vivienda, pero no de la hipoteca.
¿Qué pasa si el que se hacía cargo de la letra deja de pagarla? El banco pone en marcha el engranaje de reclamación de deudas. A los dos.
Ahora bien, queda el cartucho de la reclamación. “Si nos vemos obligados a pagar al banco, podemos reclamar judicialmente esas cantidades a la otra parte, en el caso de que se haya firmado un acuerdo de disolución de condominio o liquidación de gananciales, haciendo constar que si el que no se ha adjudicado el piso resulta afectado en sus bienes, tendrá derecho a reclamárselo”, explica Fernández. Aunque lo más probable es que el ex no tenga bienes y sea casi imposible recuperar el dinero.
Aviso para navegantes. Si alguien tiene intención de extinguir el condominio de un inmueble con hipoteca, “debe asegurarse de que el acreedor (el banco) le libere de responsabilidad. De lo contrario, se encontrará con este problema”, dice Bayón.
En el lado opuesto están los ex que, dada la depreciación de los pisos, no quieren quedarse con esa vivienda sobrevalorada. La solución es el alquiler.
“Cuando me separé pensé: ”˜¿Qué hacemos con la casa?”™. Ninguno de los dos la quería, así que solo quedaba la opción de venderla”, dice María, que rompió con su novio hace tres años. Aún tienen una hipoteca en común.
La primera visita fue a Bankia. María valoró la opción de quedarse con el piso. Duró poco. En la sucursal le negaron la ampliación de hipoteca y le apuntaron que su pretensión era “un suicidio”, al querer quedarse con una vivienda que valía mucho menos.
María y su ex cargan con una hipoteca de 199.000 euros, de la que resta por pagar 169.054. La letra es de 839 euros y el piso se vende por 180.000 euros.
En este tiempo han visitado el piso dos personas. “Tenemos pocas esperanzas de venderla, y tampoco podemos bajarla mucho más. La situación no puede ser peor y, ante el panorama desolador, decidimos alquilarla”. Conseguir un inquilino fue fácil. El alquiler es de 800 euros, así que tienen que asumir los 39,53 restantes, sumados a 50 euros de comunidad, el IBI, el seguro de la casa, etcétera. Ahora, María vive en el piso de su nueva pareja en Alcorcón, y su ex, en casa de sus padres.

La noticia en diario abierto

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al ‘ladrillo’ a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011.
«Es un esfuerzo muy sustancial», avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de «medidas profundas» para afrontar la «situación de emergencia» que sufre la economía.
De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un «empeoramiento» de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. «Los datos son alarmantes, hablan por sí solos», enfatizó.
El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas «profundas» de forma «rápida y decidida», entre las que destacó también la reforma laboral.
De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. «El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito», explicó.
En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. «Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable», subrayó.
El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.
«El Gobierno actúa sobre la raíz del problema», aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades «solventes y viables».
Ciertas mejoras tras el decreto
De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una «cierta mejoría» tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la «moderación» de los CDS.
Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un «beneficio adicional», tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con «importantes descuentos».

La Generalitat y el Gobierno colaboran con el sector inmobiliario en la promoción de la vivienda para extranjeros
Rusia será uno de los paises en los que se llevará a cabo una intensa promoción durante este año
Redacciión. La noticia en el periodicodeaqui.

La Generalitat y el Gobierno central colaboran con el sector en la promoción de la vivienda para extranjeros en el marco de la recién constituida Comisión de análisis y seguimiento, que se ha reunido para avanzar en esta iniciativa.

En este sentido, el director general de Obras Públicas, Proyectos Urbanos y Vivienda, Vicente Dómine, ha destacado «la implicación de la Administración del Estado en este programa específico de la Generalitat, iniciado conjuntamente por la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y por la Conselleria de Economía, Industria y Comercio, que consideramos importante para el modelo productivo de la Comunitat Valenciana».

Vicente Dómine ha realizado estas declaraciones tras participar junto con el director general de Internacionalización, Daniel Marco, en la primera reunión de trabajo de la Comisión para el análisis e impulso de actividades de interés conjunto.

El subdelegado del Gobierno en Alicante, Alberto Martínez, representantes del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX), Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Dirección General de Turismo, Consejo de Cámaras de Comercio, Colegios Profesionales de Notarios y Registradores, Federación de Promotores Inmobiliarios y de Aidico, Instituto Tecnológico de la Construcción, han participado también hoy en la reunión de la Comisión.

Esta comisión técnica es la encargada de realizar un seguimiento de la iniciativa puesta en marcha por la Generalitat para el fomento de la comercialización de viviendas de segunda residencia en la Comunitat por parte de ciudadanos europeos.

La Conselleria de Economía, Industria y Comercio a través del Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) está coordinando actuaciones en el exterior para comercializar el stock de viviendas en el extranjero.

De esta manera, tal como ha avanzado Daniel Marco, en la Comisión se ha estudiado la elaboración del Plan Rusia 2012 para la vivienda y la posible participación de la Comunitat junto con otras comunidades y de la mano del ICEX y del IVEX, así como de representantes del sector, en la Feria Domexpo que se celebra en Moscú en octubre.

Preparación de la página web

Durante la reunión, se han abordado los contenidos de la nueva página web que se está preparando con el objetivo de facilitar de forma rápida y sencilla toda la información necesaria para los ciudadanos extranjeros que desean comprar o alquilar una vivienda en la Comunitat Valenciana. En concreto, la página web informará sobre las condiciones normativas en las transacciones de vivienda, como el sistema de garantías y aseguramiento del producto inmobiliario, el régimen de propiedad horizontal, o la legislación sobre arrendamientos urbanos.
Además, también se difundirá a través de esta página el sistema de control de la calidad de la edificación que se realiza en la Comunitat, aspectos importantes sobre la tributación local, autonómica y estatal, e información sobre servicios relacionados con la vivienda, como el suministro de agua, luz, etc. Asimismo, se ofrecerán enlaces de interés relacionados con la compra de vivienda y otros de información turística.

La Comisión también ha analizado los principales datos disponibles, según los registros del Consejo General del Notariado y del Colegio Oficial de Registradores, sobre la incidencia de la compra de vivienda por parte de la población extranjera en la Comunitat Valenciana. Así, las cifras de los notarios indican que en los tres primeros trimestres de 2011, los extranjeros compraron más de 7.600 viviendas en la Comunitat, más que las adquiridas en todo el año 2009. De continuar esta tendencia, las adquisiciones en 2011 se aproximarán a las realizadas por extranjeros en 2008.

Con el fin de mejorar la disponibilidad de información, la Comisión ha abordado la necesidad de ampliar los instrumentos de análisis con información sobre otras comunidades autónomas, realizar una segmentación de datos según tipología de la vivienda, antigͼedad, entre otros aspectos, y elaborar estudios para un mayor conocimiento del uso y alquiler de viviendas por extranjeros y sobre la importancia de la actividad y su impacto en los sectores afines.

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Enlace a youtube: http://youtu.be/PJv4KiPJkcs

La entidad busca nuevos recursos para suplir las cuotas obligatorias que hasta ahora pagaban todas las empresas

David Navarro Alicante La noticia en Información
La Cámara de Comercio de Alicante ha puesto en marcha una campaña con la que pretende que alrededor de 9.000 autónomos y empresarios de la provincia se conviertan en socios de la institución con el objetivo de recaudar al menos 1,5 millones de euros anuales, según afirmó ayer su presidente, José Enrique Garrigós. Con esta iniciativa la organización pretende compensar la caída de ingresos que ha supuesto la supresión de las cuotas que antes pagaban obligatoriamente todas las empresas, una medida adoptada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre de 2010 que ha obligado a estas instituciones a reinventarse.
En la Comunidad Valenciana, la situación se ha visto agravada por los impagos de la Generalitat, que en el caso de la Cámara de Alicante ascienden a más de cinco millones de euros. Esto ha provocado que la institución, a su vez, deba más de 800.000 euros a sus proveedores, según reconoció ayer Garrigós, que aseguró que saldar esta deuda es su «prioridad» en estos momentos.
Para convencer a las empresas de las ventajas de seguir perteneciendo a la Cámara de Comercio la institución ha reorganizado y renovado su catálogo de productos y servicios, haciendo hincapié sobre todo en tres grandes áreas, según explicó el gerente de la organización, Carlos Mazón. Se trata de los servicios de apoyo a los emprendedores, los cursos de formación -entre los que recientemente se ha incluido la disciplina del «coaching», con la creación de un instituto propio- y la asesoría en comercio exterior, «tres áreas en las que tenemos una amplia experiencia y en las que podemos aportar mucho», explicó Mazón en la presentación de la campaña.
Además, se ha formado a un equipo de diez personas que se encargarán de visitar todos los negocios de la provincia para conseguir adhesiones de dos tipos: Por un lado, se pretende que todos aquellas empresas que lo deseen sigan siendo «miembros» de la Cámara sin necesidad de pagar un euro. Esta categoría dará derecho a votar en las elecciones camerales y también prioridad en determinadas actividades.
Pero el objetivo fundamental es conseguir «socios» o «empresas colaboradoras», que se subdividirán a su vez en otros tres grupos en función de la cuota que estén dispuestos a abonar: Plata para los que paguen 75 euros anuales; oro para los que ingresen 240 euros; y Club Cámara para todos aquellos que estén paguen más de 480 euros. Cada una de ellas ofrece un descuento diferente a la hora de participar en las distintas actividades y programas que organice la institución.
Garrigós pidió ayer la colaboración de las distintas asociaciones empresariales de la provincia para que les ayuden en la captación de socios y señaló que, «en la actual situación nuestros servicios pueden ser más útiles que nunca». También reclamó a todos los actuales miembros del pleno que actúen de «prescriptores» para conseguir el máximo de adhesiones y señaló que el objetivo fijado -9.000 de los 112.000 negocios censados en la provincia- es asequible.
A pesar de estos esfuerzos por conseguir nuevos ingresos, que también se han materializado con la firma de un convenio con Coepa para alquilarle sus instalaciones, la entidad cameral está inmersa en un plan de reestructuración. A finales del año pasado inició un proceso de negociación para aplicar un plan de bajas incentivadas que prevé cerrar en los próximos días», según afirmó Carlos Mazón. El presupuesto de la Cámara para este año será de 7,1 millones de euros.