AIRE

27.04.2012 Manuel de la Cruz. El artículo en Expansión

Desde el sábado, las entidades financieras disponen de un nuevo índice hipotecario para referenciar los préstamos que está llamado a sustituir al euribor. ¿A quién beneficia, al consumidor o al banco?

Desde el sábado, las entidades financieras tienen un nuevo índice de referencia oficial del mercado hipotecario: el IRS (siglas de Interest Rate Swap o Permuta de Tipos de Interés) a cinco años. Con la nueva Orden de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios desaparecen, además, los índices IRPH de Cajas e IRPH de Bancos.
Todo esto plantea una serie de preguntas sobre el futuro de las hipotecas.
¿Qué es el IRS?
El IRS es un índice que refleja la evolución de los tipos de interés a cinco años y se calcula como una media del mercado de futuros sobre los tipos al citado plazo. Con él se busca un índice más estable que el euribor y que refleje mejor la evolución de los tipos de interés. Pero lo cierto es que, como el euribor, se calcula también diariamente y evoluciona de forma muy pareja. En la actualidad está en el 1,49%.
¿Cuál es más alto, el IRS o el euribor?
El IRS está en la actualidad en el 1,49% frente al 1,33% del euribor. Si comparamos ambos índices desde la entrada en vigor del euro (ver gráfico), lo cierto es que el IRS medio desde 1999 es del 3,70%, frente al 3,05% del tipo medio del euribor, según datos de Bloomberg. Además, la mayoría del tiempo ha estado por encima el IRS. Durante este periodo, el IRS ha oscilado entre un mínimo del 1,479% este mismo mes y un máximo del 5,765% en 2000. El euribor se ha movido entre el 1,214% y el 5,493%.
¿Cada cuánto tiempo se van a revisar las hipotecas referenciadas al IRS?
Todavía no se sabe cuál será el plazo elegido por los bancos para revisar las hipotecas, aunque los expertos apuntan en una dirección: “Al ser un índice a cinco años, lo lógico es que lo revisaran cada cinco años, pero probablemente lo hagan anualmente. El IRPH, por definición, es un índice que se calcula en función del tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años y, sin embargo, los bancos y cajas los revisan cada año”, explica Pau Monserrat, economista del comparador de productos bancarios iAhorro.com.
¿Qué índice elijo?
Va a depender mucho del plazo de la revisión de las hipotecas. “Es difícil saber cómo van a evolucionar los tipos de interés en el futuro. La previsión es que los en 2012 y 2013 y, puede que en 2014, se mantengan los tipos bajos y que en 2014 o 2015 comiencen a subir. Si fuera así, lo mejor sería el IRS si se revisa a cada cinco años”, explica Monserrat. Si se revisa anualmente, la diferencia va a ser menor. Como en la vida de un préstamo hipotecario, a muy largo plazo, va a haber periodos de subidas y bajadas de tipos, el consejo general de los expertos es, independientemente de referenciarse al euribor o al IRS, no endeudarse por encima de las posibilidades. “La recomendación más sencilla es mirar cuál es el tipo de interés máximo al que ha cotizado el índice, sumarle el diferencial y ver si podemos pagar la cuota resultante. Si podemos pagarla, nos metemos en la hipoteca y si no, es mejor no contratarla”, explica el experto de iAhorro.com.
¿Van a dejar de ofrecerme hipotecas referenciadas al euribor?
No. El Euribor a un año va a seguir siendo un índice de referencia hipotecaria, como lo serán el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre, concedidos por el conjunto de las entidades de crédito, y el Tipo de rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. El Mibor será referencia exclusivamente para los préstamos hipotecarios formalizados con anterioridad al 1 de enero de 2000.
Habrá qué ver cuál es la estrategia de los bancos para potenciar las hipotecas referenciadas al IRS. ”Dependerá de la demanda, pero es posible que durante un periodo de transición las entidades ofrezcan las dos ofertas. Puede que con un mayor diferencial para el euribor y así, atraer a los clientes hacia el IRS”, adelanta Monserrat.
¿Qué pasa si tengo la hipoteca referenciada al IRPH de cajas o de bancos?
Estos índices seguirán aplicándose a las hipotecas vigentes antes del 28 de abril, pero sólo hasta su completa desaparición dentro de un año. El cliente deberá mirar en su contrato cuál es la referencia en el caso de desaparición del índice. Lo más habitual es que pase a ser el euribor más un diferencial. Si no está especificado, habrá que renegociar con el banco

El PP rompe la promesa de Rajoy en las últimas elecciones generales e incrementa la presión fiscal
Redacción del Diario Información de Alicante
La Generalitat recuperará en 2013 el impuesto de patrimonio para recaudar 70 millones de euros que se dedicarán a programas de empleo y de reactivación económica, incrementará del 7 al 8% el tipo que se abona por tributo de transmisiones patrimoniales -un impuesto que grava la compra/venta de viviendas- y aplicará tasas judiciales en actos administrativos como los recursos, además de mantener otras medidas ya anunciadas como el «céntimo sanitario» para pagar la Sanidad, la subasta de inmuebles o las tasas medioambientales.
Con las medidas incluidas en este programa, la Generalitat, según explicó el vicepresidente José Císcar y el conseller José Manuel Vela, prevé un ahorro de unos 2.260 millones. El plan de reequilibrio, que persigue cumplir con el objetivo de déficit del 1,5% establecido por el Gobierno central, se presentará ante el Ejecutivo antes del 30 de abril. El titular de Hacienda subrayó que las medidas aprobadas en el pleno del Consell permitirán «tener nuestra emisiones de deuda actualizadas» y, además, fijan «la hoja de ruta en la senda de estabilidad presupuestaria, que es el paradigma de las fianzas publicas en toda Europa». Es decir, la Generalitat confía en el éxito del plan de ajuste para ganarse la confianza de los mercados y poder acceder a crédito como vía de financiación.
Por su parte, José Císcar recalcó que el plan de ajuste «además de servir para cumplir el objetivo de déficit», supone también «una oportunidad para la creación de una nueva administración». Entre otras medidas, en 2013 se volverá a instaurar el impuesto de patrimonio, cuya recaudación -unos 70 millones- se destinará a «dinamizar la economía» y a financiar iniciativas «comprometidas con la generación de empleo». Asimismo, se incrementará del 7 al 8% el impuesto de transmisiones patrimoniales, con lo que en 2013 se pretende conseguir 44,5 millones adicionales por este concepto.
Además, se pondrán en marcha tasas judiciales para recaudar cuatro millones en lo que queda de año y 12 millones más en el ejercicio 2013. El conseller de Hacienda ha aclarado que estas tasas tendrán un carácter «finalista», dado que se destinarán a la modernización de las estructuras judiciales. Asimismo, el pleno del Consell ha aprobado el acuerdo de no disponibilidad de créditos y limitación de las obligaciones sobre el presupuesto de ejercicio 2012, con un importe de 332, millones de euros. Afecta a los capítulos 4, 6 y 7 del presupuesto, con lo que tiene una incidencia directa en la capacidad inversora del Consell.
El plan de reequilibro de la Generalitat también incluye otras medidas ya anunciadas, como el «céntimo sanitario», que ya está en vigor; o los 30 millones de euros anuales por las tasas medioambientales, que se introducirán mediante una ley que el Consell prevé que entre en las Cortes Valencianas en el mes de mayo. Esto es, antes de que acabe el periodo de sesiones. Otras medidas son la venta de inmuebles por la que se espera recaudar con «prudencia» un total de 141 millones; la puesta en marcha de una central de compras, «que estará plenamente operativa este mes de septiembre»; y otras que afectan al personal, cuyo ahorro previsto para este ejercicio es de 285,9 millones de euros, explicó Vela.

Acuerdan intercambio académico entre España y la Argentina
De la Redacción de El Litoral.com
El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble de Argentina rubricó un convenio de cooperación científica y técnica con el Colegio de Registradores de España, donde además reconocen la capital importancia que revista la capacitación permanente de los operadores jurídicos del registro.
El convenio se firmó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hacia adonde llegó el decano presidente del Colegio español, Alfonso Candau Pérez. En tanto, el Consejo Federal argentino estuvo representado por su presidente, Daniel Prandini y los demás integrantes del Comité Ejecutivo, doctores Esteban García Bes, Lilia Noemí García y Nora Beatriz Mauro, el Coordinador Ejecutivo, Dr. Luciano Martín, así como el decano del centro de Capacitación de Derecho Registral Iberoamericano (Cadri) con sede en España, Angel Valero. En el documento, las partes reconocen la capital importancia que reviste la capacitación permanente de los operadores jurídicos del Registro y en consecuencia acuerdan potenciar el intercambio académico y científico entre ambas instituciones a través de la comunicación de cursos y seminarios, presenciales o realizados por medios telemáticos, la participación de expertos de las instituciones firmantes en el convenio en eventos sobre la materia registral, el intercambio de publicaciones y artículos doctrinales y la potenciación del aula virtual de Derecho Registral Iberoamericano. A la hora de la firma del acuerdo se destacó la experiencia que en materia de modernización de los Registros posee España. El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble es un órgano permanente, de derecho público, que integran los registros de las provincias y de la Capital Federal y cuyo funcionamiento está determinado por su propia carta orgánica.
Por otra parte, se informó que el 10 y 11 de mayo se realizará en Santa Fe el Encuentro Regional de Registradores de las provincias de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe.

Los fondos ”˜buitre”™ exigen descuentos del 70% para comprar el ladrillo de la banca
Miguel ́ngel Valero. El artículo en diario abierto
Consideran que el valor de los activos inmobiliarios ha caído más del 55%, y que el suelo prácticamente no vale nada, y exigen una rentabilidad del 15% a corto plazo.
La iniciativa, todavía no plasmada en una norma, del Ministerio de Economía y del Banco de España para sacar los activos inmobiliarios problemáticos de los balances de las entidades financieras mediante sociedades de liquidación, como explica diarioabierto.es, ha recibido el apoyo del Banco Central Europeo (BCE). El miembro del consejo de gobierno del BCE, José Manuel González Páramo, ha aprovechado su intervención en la VI Conferencia Iinternacional sobre Europa y América, organizada por ABC y el BBVA, para animar a las autoridades españolas a avanzar en la definición de la fórmula. «Toda la imaginación disponible es poca si contribuye a restablecer la confianza en España», argumenta el que puede ser el próximo gobernador del Banco de España. Lorenzo Dávila, jefe del departamento de Investigación del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), que acertó al pronosticar que Luis de Guindos sería el ministro de Economía, considera que el nuevo gobernador del Banco de España tendrá un perfil mucho menos político, y tampoco académico, sino profesional, y apuesta por ́ngel Luis López Roa, consejero de la institución y veterano de la banca (trabajó en el Banco Atlántico), porque “es momento de elegir a alguien de la casa”.
En el marco de unas Jornadas sobre Financiación-Capital Bancario y Nueva Arquitectura Financiera Internacional: el papel de los Bancos Centrales y de los Organismos Multilaterales, organizadas por el Instituto de Estudios Bursatiles, Dávila argumenta que,si no hay crecimiento económico, no habrá compradores para los activos inmobiliarios de la banca y, por tanto, las sociedades de liquidación son inviables en esa situación.
Los denominados fondos buitre y otros inversores en activos inmobiliarios exigen descuentos del 65% y del 70% sobre el valor de tasación máximo (que corresponde a 2007) del ladrillo de la banca. Parten de que el mercado inmobiliario ha bajado los precios entre el 50% y el 55%, y quieren un margen del 15% para obtener una elevada rentabilidad a corto plazo. “Si la banca acepta vender al 30% y al 35% de su valor los activos inmobiliarios, el problema se resolvería de golpe”, señala Dávila. Otra cuestión es el suelo, porque muchos de estos fondos consideran que su valor es “cero”, lo que no es sostenible.
Curiosamente, Inmobiliaria Caixa Geral, de la filial del grupo bancario público portugués en España, hacía público horas después que ha revisado los precios de venta de su oferta inmobiliaria para aplicar descuentos adicionales de hasta un 60% sobre precios finales anteriores, lo que convierte su propuesta en una de las más agresivas del mercado español.
Estos planteamientos han hecho que las operaciones de compra de activos inmobiliarios de la banca española por fondos buitre y otros inversores “se cuenten con los dedos de una mano”, en gráfica expresión de un consultor. “Un fondo buitre busca un elevado retorno a corto plazo, y los responsables de las entidades financieras creen que el que resiste, gana. Por eso, optan por el mantenimiento de los activos inmobiliarios tóxicos, aunque haya que pasarlo mal durante unos años, para ganar mucho dinero luego con ellos. Es lo que sucedió en la crisis de los 90”, explica.
“El regulador lo que quiere es que la banca venda el ladrillo al precio que sea, no que desarrolle promociones ni se convierta en una inmobiliaria. Pero si el banco considera que un proyecto inmobiliario puede funcionar a medio plazo y recuperar así parte de la deuda, no lo va a vender, y menos al precio que exigen los fondos buitre. La entidad que pueda aguantar el tirón, soportar las provisiones adicionales, lo harᔝ, añade.
CaixaBank señala el camino
Lorenzo Dávila cree que “sería un buen mensaje que la gran banca española hiciera lo mismo que Caixabank y solucionar de golpe, en un solo trimestre, las exigencias de la reforma financiera, aunque eso suponga un sistema financiero de dos velocidades, las entidades que pueden hacerlo y las que no”. Pero recuerda que ”˜la Caixa”™ ha utilizado un modelo de expansión totalmente distinto al del resto de las cajas, abriendo sucursales sin atarse tanto a la financiación de promociones inmobiliarias.
También señala que tanto CaixaBank como Bankia crearon sendos bancos malos (uno, en una filial de CaixaHolding, y otro, en la casa matriz, Banco Financiero y de Ahorros) para salir a Bolsa, pero que no todos los inversores valoraron igual que lo que quedaba era realmente un banco bueno. “Al final, un banco malo supone entrar en un concurso de acreedores, una quita ordenada de la deuda. Si no hay quitas, es como el juego de los trileros, cambiar la bolita de sitio”, subraya Dávila.
“Las crisis de sobreendeudamiento han durado de media unos siete años. En España, más de la media. Y se han solucionado con una combinación de inflación, crecimiento económico y quitas, para reducir la deuda”, señala. “Un mérito de la reforma financiera de Luis de Guindos es que al exigir más provisiones por los activos inmobiliarios de la banca, hay un adelantamiento, se acerca el tocar fondo en la crisis, que será en el cuarto trimestre de este año o y en el primero de 2013”, añade.
Dávila cree que hay que combinar los recortes con políticas que incentiven el crecimiento, como está haciendo Estados Unidos o el Reino Unido (el primer ministro, David Cameron, ha modificado la política inicial de ajuste duro sustituyéndola por planes expansivos): “En una economía en decrecimiento, cuando se reduce el gasto, la caída de los ingresos siempre es proporcionalmente mayor”.

La noticia en elEconomista.es 24/04/2012
Tras muchos rumores, Google ha presentado hoy Google Drive, su servicio de almacenamiento en la nube, un sitio con el que el buscador pretende que los usuarios creen, compartan, colaboren y guarden todo tipo de documentos, ya sean vídeos, fotos, PDFs o archivos de texto.
Destaca especialmente la parte de creación colaborativa, ya que Drive está intergrado en Google Docs, con lo cual se puede colaborar con otras personas en tiempo real en documentos, hojas de cálculo o presentaciones, pudiendo así añadir comentarios sobre éstos y se recibirán notificaciones cuando otras personas hagan comentarios en los elementos compartidos.
De 5 Gb gratuitos a 1 TB por 37 euros mensuales
Todos los usuarios empezarán con 5 GB de almacenamiento gratuito, aunque para los más exigentes la cantidad se puede aumentar a 25 GB por 2,49 dólares al mes (1,88 euros), 100 GB por 4,99 dólares mensuales ( 3,76 euros) o incluso 1 TB por 49,99 dólares mensuales (unos 37,71 euros). Además, si se adquiere una cuenta de pago, el almacenamiento en Gmail también aumenta a 25 GB.
Para el acceso a los documentos se puede hacer desde cualquier lugar, lo que será especialmente útil durante desplazamientos fuera del lugar de trabajo, ya que todos estarán en la red a disposición en cualquier momento y desde todos los dispositivos.
Drive se puede instalar en Mac, PC o bien descargar la aplicación Drive en tu tableta o smartphone , aunque de momento únicamente en Android, ya que la aplicación para iOS está en desarrollo y llegará en las próximas semanas.
Asimismo, para facilitar la continuidad de trabajo desde cualquier lugar, la nueva plataforma busca y filtra por tipo de archivo, propietario o actividad, para que así el acceso al documento sea más rápido.
Desarrollo para empresas
El nuevo servicio de Google también dispone de funcionalidades específicas para empresas. Entre ellas destacan la administración centralizada o los servicios de seguridad. Las primeras facilitan a los administradores la tarea de añadir o eliminar el almacenamiento para usuarios individuales o grupos de usuarios.
Mientras que la segunda asegura un cifrado de los mensajes mientras viajan desde el navegador del usuarios hasta sus nuestros servidores y la opción de introducir la verificación en dos pasos que ayuda a prevenir el acceso no autorizado.
Además, desde la compañía de Mountain View aseguran que los «archivos siempre permanecerán seguros y accesibles», debido a la replicación automática en varios centros de datos, con lo que también «garantiza un 99.9% de operatividad por lo que puedes estar seguro que tus archivos estarán accesibles cuando los necesites», apunta la empresa, al tiempo que el usuario dispondrá de un servicio de asistencia técnica las 24 horas todos los días.

Ministerio de Economía y Competitividad
Resolución de 10 de abril de 2012, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publican las entidades que han comunicado su adhesión voluntaria al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual.
El Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, establece una serie de mecanismos conducentes a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago.
A tal fin, al citado real decreto-ley se incorporó un código de buenas prácticas al que podrán adherirse las entidades y cuyo seguimiento será supervisado por una comisión de control integrada por representantes del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Asociación Hipotecaria Española.
Concretamente, el real decreto-ley establece en su artículo 5 que el «Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual», previsto en el anexo, será de adhesión voluntaria por parte de las entidades de crédito o de cualquier otra entidad que, de manera profesional, realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. El artículo 5 señala igualmente que las entidades comunicarán su adhesión a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. Asimismo dispone que en los primeros diez días de los meses de enero, abril, julio y octubre, el Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, mediante resolución, ordenará la publicación del listado de entidades adheridas en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera y en el «Boletín Oficial del Estado».
Por todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 5.3 del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, resuelvo:
Ordenar la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, de la relación de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas hasta el día de la presente resolución, según anexo adjunto.
Madrid, 10 de abril de 2012.-El Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Fernando Jiménez Latorre.

ANEXO
Lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda habitual
Arquia Caja de Arquitectos, S.C.C.
Banca Cívica, S.A.
Banca March, S.A.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA).
Banco Caminos, S.A.
Banco Cooperativo Español, S.A.
Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.U.
Banco Español de Crédito, S.A.
Banco Etcheverría, S.A.
Banco Grupo Cajatres, S.A.
Banco Mare Nostrum, S.A.
Banco Pastor, S.A.
Banco Popular Español, S.A.
Banco Popular-e, S.A.
Banco Sabadell, S.A.
Banco Santander, S.A.
Bankia, S.A.
Bankinter, S.A.
Bankoa, S.A.
Barclays Bank, S.A.U.
BBK Bank Cajasur, S.A.
Caixa de Credit dels Enginyers-Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Cdto.
Caixa Popular-Caixa Rural, Coop. de Crédito.
Caixa Rural Altea, S. Coop. de Crédit V.
Caixa Rural Benicarló, S. Coop. De Crͨdit V.
Caixa Rural de Callosa d”™en SarriÍ , S. Coop. de Crédit V.
Caixa Rural de Gijón, Cooperativa de Crédito.
Caixa Rural de L”™Alcudia, S. Coop. V. de crédito.
Caixa Rural Galega, Soc. Coop. de Crédito Limitada Gallega.
Caixa Rural La Vall San Isidro, Coop. de Crédito V.
Caixa Rural les Coves de Vinroma, S. Coop. de Crédit V.
Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crédit V.
Caixa Rural Torrent, S. Coop. de Crédit V.
Caixabank, S.A.
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent.
Caja de Crédito Cooperativo, S.C.C. (NOVANCA).
Caja Laboral Popular, Coop. de Crédito.
Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. de Vila-Real.
Caja Rural Central, S. Coop. de Crédito.
Caja Rural D”™Algemesi, S. Coop. V. de Crédit.
Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, S.C.C. «Globalcaja».
Caja Rural de Albal, Coop. de Crédito V.
Caja Rural de Alginet, S. Coop. de Crͨdit V.
Caja Rural de Almendralejo, Sdad. Coop. de Crédito «Cajalmendralejo».
Caja Rural de Asturias, S.C.C.
Caja Rural de Baena Nuestra Señora de Guadalupe, S.C.C.A.
Caja Rural de Cañete de las Torres, Ntra. Sra. del Campo, Sdad. Coop. Andaluza de Crédito.
Caja Rural de Castilla-La Mancha, S.C.C.
Caja Rural de Cheste, S. Coop. de Crédito.
Caja Rural de Córdoba, S.C.C.
Caja Rural de Extremadura, S.C.C.
Caja Rural de Guissona, S.C.C.
Caja Rural de Navarra, S.C.C.
Caja Rural de Salamanca.
Caja Rural de Soria, S. Coop. de Crédito.
Caja Rural de Teruel, Soc. Coop. de Crédito.
Caja Rural de Utrera, S.C.A.C.
Caja Rural de Villamalea, S. Coop. de Crédito Agrario.
Caja Rural de Villar, C.C.V.
Caja Rural de Zamora, Cooperativa de Crédito.
Caja Rural del Mediterráneo.
Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, S.C.C.
Caja Rural del Sur, S.C.C.
Caja Rural La Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V.
Caja Rural Ntra. Sra. del Rosario, Sdad. Coop. Andaluza de Crédito.
Caja Rural Ntra. Sra. Madre del Sol, Sdad. Coop. Andaluza de Crédito.
Caja Rural San Isidro de Villafamés, S. Coop. de Crédito V.
Caja Rural San Jaime de Alquerías del Niño Perdido, S. Coop. de Crédito V.
Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Cdto. V.
Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V.
Caja Rural San José de Nules, S. Coop. de Crédito V.
Caja Rural San Roque de Almenara, S. Coop. de Crédito V.
Cajamar Caja Rural, S.C.C.
Cajasiete Caja Rural, S.C.C.
Catalunya Banc, S.A.
Colonya Caixa D”™Estalvis de Pollenͧa.
Crédit Valéncia, Caja Rural, S. Coop. de Crédit V.
Ibercaja Banco, S.A.U.
ING Direct NV, sucursal en España.
Kutxabank, S.A.
Liberbank, S.A.
NCG Banco, S.A.
Nueva Caja Rural de Aragón, S. Coop. de Crédito.
Popular Banca Privada, S.A.
Ruralcaja, S. Coop. de Crédito.
Targobank, S.A.
Unicaja Banco, S.A.U.
Unnim Banc, S.A.

La Gerencia permite la contratación de servicios básicos a una vivienda ubicada en el barrio de El Brillante, sobre suelo urbano y tras caducar la sanción emitida
Rafael Ruiz – 25.04.2012 – La noticia en el Diario de Córdoba
La Gerencia de Urbanismo ha procedido a la amnistía de la primera vivienda del término municipal levantada sin licencia y que, sin embargo, podrá recibir servicios básicos de agua y electricidad conforme a lo previsto en el decreto de la Junta de Andalucía aprobado en enero pasado y que se ha interpretado como una posibilidad para tolerar edificaciones irregulares.

Contra lo que pudiera parecer, la primera vivienda en acogerse al nuevo régimen no es una parcela de la periferia de la ciudad sino un chalet, una casa unifamiliar, ubicada en la zona norte de la ciudad (en la calle Prolongación Cursillos de Cristiandad) junto a la zona de Sansueña. El promotor de la vivienda fue denunciado por Urbanismo en 2000 por levantarla sin una licencia de obras. La zona se encuentra calificada como suelo urbano consolidado contra lo que suele ocurrir en las parcelaciones que se encuentran en zonas no urbanizables o urbanizables en las que no se ha desarrollado el plan pertinente.

Previamente a la entrada en vigor del decreto de la Junta, el teniente de alcalde de Urbanismo, Luis Martín, firmó en el mes de septiembre la resolución que consideraba que ya no se podían tomar medidas contra la construcción (pasados cuatro años no es posible instar la demolición de una vivienda) y que la vivienda pasaba al sistema de asimilado al fuera de ordenación. Dado que la resolución se firmó antes de la entrada en vigor del decreto de la Junta, ello no comportaba grandes privilegios. Lo que hizo la propiedad fue, en esas circunstancias, reclamar la licencia de ocupación del edificio.

Un informe del servicio de Licencias del pasado 10 de abril es el que aplica, con todas las consecuencias, el desarrollo del nuevo sistema relativo a viviendas sin licencia. Explica que el decreto de la Junta le da una nueva redacción al Reglamento de Disciplina Urbanística, que ha estado menos de dos años en vigor. La reforma del artículo 53 permite a los propietarios de esas viviendas hacer uso de las mismas y engancharse a las redes de agua, alcantarillado y electricidad. El informe «advierte» a las compañías suministradoras de que ese documento «constituye título suficiente» para la contratación de los servicios a los efectos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como si se tratase de una obra nueva. La licencia se le niega pero se tolera su existencia, que incluso consta como tal en el Registro de la Propiedad.

El documento de Urbanismo permite a los propietarios de la vivienda hacer uso constante de ella sin ningún tipo de problemas. Lo realiza mediante la figura del reconocimiento de la «aptitud» de la edificación para esta finalidad. Según el expediente, técnicos municipales giraron visita a la edificación para constatar que se cumplen las condiciones de salubridad, seguridad y habitabilidad. El procedimiento establecido en la normativa permite al Ayuntamiento obligar al propietario del inmueble a desarrollar las obras necesarias.

La aplicación de esta norma en suelo urbano es una de las dudas que han surgido en torno a una regulación pensada para entornos rústicos, no urbanizables. En concreto, en aquellas edificaciones que se han realizado superando la edificabilidad permitida para una parcela. Se trata, además, de un caso paradigmático. El acceso de esta vivienda a los servicios básicos se ha desarrollado en apenas ocho meses de plazo (aunque la legislación establece un plazo máximo de medio año). Legalizar una parcelación puede suponer años de trámite y costosas actuaciones de urbanización. La vivienda estuvo doce años denunciada por Urbanismo.

Lunes 1 de noviembre de 2010
Implicaciones legales del Cloud Computing. El artículo en el Blog de David Rodriguez

(Para poder acceder al video es necesario descargar e istalar Microsoft Silverlight, desde el propio cuadro del video y reiniciar el equipo)

Hoy he comenzado una nueva actividad: buscar cosas que hacer durante el despliegue de servicios en la nube. Y es que dependiendo del sistema a desplegar puede llevarte desde unos segundos hasta, como es el que estoy desplegando ahora, cerca de una hora en finalizar.

Para aprovechar esos tiempos muertos, me he puesto a buscar dentro de las páginas de Channel 9 Spain vídeos sobre la nube y he dado con uno muy interesante y de interés general: Implicaciones legales del Cloud Computing (repito, muy recomendable, así que después de leer el post, no os perdais el video).

La ponencia de Pablo García Mexía, Catedrático UNIR-Derecho y Gobierno de Internet y Letrado de las Cortes, del 14 de enero de 2010 es realmente importante para clarificar las responsabilidades sobre la protección de datos en la nube y la jurisprudencia existente en estos momentos sobre la misma.

Después de ver la ponencia me he dado cuenta de la importancia de los grupos de afinidad para la localización geográfica de los datos. Según Pablo García, tiene especial relevancia donde estén físicamente los datos ya que se acogen a las leyes vigentes en dicho territorio, por lo que el principal consejo es que se ubiquen geográficamente donde haya un alto nivel de legislación sobre la protección de datos. Dicho territorio es claramente Europa.

Entonces si alquilamos servicios en la nube, ¿dónde están físicamente ubicados para tener garantías legales sobre el cuidado y tratamiento de los mismos?

Durante el asistente de creación de un servicio en la plataforma Azure, uno de los pasos es precisamente seleccionar dónde van a estar geográficamente ubicados los datos y servicios.
Este dato tiene principalmente dos finalidades u orientaciones:
Técnica: dependiendo de donde ubiquemos físicamente el servicio, van a depender, por ejemplo, los tiempos de respuesta de nuestros servicios por latencia de la red -lo lógico es ubicarlos lo más cerca posible de los usuarios que vayan a usarlos-. Por otro lado, si vamos a crear un grupo de servicios que se van a comunicar entre sí, es lógico concentrarlos en un mismo datacenter también por dos razones: mejores tiempos de respuesta y menores costes (la plataforma Azure no cobra por el tráfico de red de entrada salida dentro de un mismo datacenter).
Legal: tal y como comenta Pablo García, hoy en día depende de dónde estén ubicados los datos para estar bajo el amparo legal de la región a la que pertenece.
Una de las cosas que me dejó intrigado es la cláusula de salvaguarda que acompaña este paso del asistente y que he remarcado en amarillo: «La Selección de Región indica dónde serán hospedados los servicios. Microsoft puede, en el transcurso de la prestación de servicios o de otro tipo requerido por la ley, transferir los datos fuera de una región en particular. Para más información, consulte la declaración de privacidad».

Esta salvaguarda, que en un principio puede ir en contra de lo argumentado en este post, no tiene otra intención que la de evitar la posible pérdida de información mantenimiento réplicas de los datos en otros datacenters, que pueden estar o no, físicamente ubicados dentro de la misma región.

¿Y entonces cómo se garantiza legalmente la protección de los datos?

Echando un vistazo a dicha declaración de privacidad nos encontramos con la siguiente cláusula respecto a la Recopilación, utilización y uso compartido de la información:

«Salvo que se especifique otra cosa en un Servicio, la información recopilada por Microsoft o que se le envíe puede almacenarse y procesarse en Estados Unidos o en cualquier otro país en el que Microsoft, sus subsidiarias, filiales o proveedores de servicio posean instalaciones. Microsoft cumple las regulaciones de protección de la información del marco Safe Harbor establecido por el Departamento de Comercio de EE. UU. sobre la recopilación, el uso y la conservación de datos procedentes de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y Suiza.»

Y es aquí donde ya nos quedamos más tranquilos. El marco Safe Harbor es un proceso simplificado para las empresas de EE.UU. para cumplir con la Directiva 95/46/CE de la UE sobre la protección de datos personales, estando destinado a las organizaciones dentro de la UE o los EE.UU. que almacenan datos de los clientes. Los principios de Safe Harbor están diseñados para evitar la divulgación accidental o pérdida de información. El proceso fue desarrollado por el Departamento de Comercio de EE.UU., en consulta con la UE.

Conclusión

Si vas a usar servicios en la nube y vas a almacenar datos privados, intenta ubicarlos dentro del marco operación europeo. Si la empresa que te ofrece dichos servicios de nube no es europea, asegúrate de tener amparo legal sobre la manipulación de dichos datos. En el caso de que la empresa sea norteamericana, puedes saberlo si cumple con las regulaciones del marco Safe Harbor (puedes buscar la empresa a través de este enlace).Microsoft cumple con estas regulaciones.

Ya me siento más seguro.
P.D. si quieres conocer más acerta de la información técnica de las características de seguridad de la plataforma Windows Azure, sigue este enlace.

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I. A. 26/04/2012 – El artículo en El Economista
El Gobierno trabaja ya en la reforma de la Administración Pública, con el espíritu de simplificarla. La clave es el estudio de las competencias repetidas, de modo que se erradiquen las duplicidades y concurrencias bajo el lema «una Administración, una competencia». Algo que tendrá una traducción presupuestaria y que, por tanto, convierte a esta reforma en una actuación de gran calado. Al evitar que distintas capas administrativas compartan funciones o competencias idénticas y concentrarlas sólo en uno de los niveles, lo que se hará es atribuir la dotación financiera a quien ejerza la función, propiciando un ahorro estructural.
La reforma de la Administración Pública, cuya concreción se prevé para primeros de mayo, es una de las que están incluidas en la hoja de ruta de las reformas del Ejecutivo, que presenta mañana en Consejo de Ministros, enmarcada en el Plan Nacional de Reformas que ha de trasladar a Bruselas antes de fin de mes para su examen junto con el Plan de Estabilidad, que incluye un cuadro macro para el trienio 2013-2015. Ahí marcará el Gobierno las metas de consolidación fiscal, amén de aclarar implícitamente la duración que atribuye a la vigente recesión.
Los escollos
La citada reforma de la Administración enfrenta algunos escollos a la hora de articularse. Al concentrar competencias en un solo nivel, surge la problemática de separar la gestión de la atribución original de la competencia. También abre el espinoso debate de qué sucederá con las diputaciones provinciales si son desposeídas de algunas de sus funciones, algo que puede afectar también al régimen de las mancomunidades de municipios, según apuntan expertos consultados por elEconomista.
El Plan Nacional de Reformas incluye también otros compromisos ya adoptados, como la reforma energética, la Ley de Emprendedores y la de Mercado Íšnico.
En principio, sería la reforma energética la menos avanzada de todas, por la complejidad e implicaciones de su desarrollo. Podría estar lista en verano y se centrará eminentemente en el intento de enjugar el déficit de tarifa, lo que exige una revisión global de los costes de producción estimados.
En cuanto a la Ley de Emprendedores, prevista para mayo, la medida estrella es la que exoneraría de ingresar el IVA de facturas no cobradas de las Administraciones. Está por determinar a qué tipos de empresa se aplicaría, dado que la directiva europea al respecto se refiere a la pyme. En principio, se barajó el límite de facturación de un millón de euros, aunque podría elevarse a dos millones.
El obstáculo del Gobierno a la hora de avanzar en esta ley de apoyo al emprendedor es la incapacidad para incorporar en ella algún tipo de guiño fiscal que sería mal visto en un contexto de recortes y alzas impositivas. La Ley de Emprendedores también incluye la activación de la cuenta tributaria, es decir la posibilidad de compensar créditos y deudas con la Agencia Tributaria por la cantidad concurrente. Además, llevará medidas tendentes a eliminar trabas administrativas a la actividad, regulación de fuentes alternativas de financiación empresarial como los business angels o el capital semilla.
La ley de Unidad de Mercado, prevista también para mayo, tratará de evitar agravios por razón del territorio, especialmente en materia de servicios, de modo que se evite que el lugar del domicilio fiscal influya a la hora de contratar con alguna administración autonómica. También esta ley activará la licencia exprés de apertura de negocios y la flexibilidad y libertad de horarios, abordará la distribución comercial y regulará las sociedades profesionales en el sentido de definir cuándo será obligatoria la colegiación y cuándo no para el ejercicio de ciertas actividades.

Son 27 viviendas y 26 naves industriales
Redacción – Pontevedra La noticia en El Faro de Vigo
Un total de 53 propietarios se acogieron al plan de regularización extraordinaria de las edificaciones hasta ahora ilegales, siguiendo el proceso de regularización extraordinaria aprobado por la Xunta de Galicia. Se trata de construcciones que pueden acogerse al beneficio de la «patrimonialización», es decir, pueden inscribirse a la favor de sus titulares en el Registro de la Propiedad, según la nueva Ley del Suelo.
De las 53 solicitudes presentadas, 27 corresponsales a viviendas unifamiliares, situadas en un 99% en suelo rústico o núcleo rural y solo una situada en terrenos urbanos. Otras 26 solicitudes son relativas a naves industriales.
Quedarían, una vez regularizadas, reconocidas pero en situación de fuera de ordenación, por lo que solo podrán hacer obras de conservación, aunque no ningún tipo de ampliación, según explicó el edil de Urbanismo, Antón Louro.
El plazo para acogerse a esta regularización extraordinaria se cerró el pasado día 19. Se optó por tramitar escrupulosamente todas las peticiones y exigir «con rigor» todas las condiciones introducidas en la disposición adicional de la Ley del Suelo. «Comprobamos que las obras estuviesen concluidas antes de 2003, que no tengan expediente disciplinario abierto en el Concello, incluso que no tengan expediente disciplinario abierto en la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística de la Xunta, exigimos la presentación de planos y se comprobaron todas las solicitudes con la inspección municipal, para garantizar que los planos se adaptaban a la realidad física construida», explicó Louro. En el caso de las naves industriales, se comprobó que tuviesen actividad y que estén abiertas al público.
Por otra parte, en la comisión de Urbanismo de ayer se otorgó licencia para construir un pabellón para las mariscadoras de Placeres.
Se trata, explicó Louro, de una vieja reivindicación del colectivo de la Cofradía de Pescadores de San Andrés de Lourizán, para disponer de una instalación que les permita cambiarse y hacer la clasificación, pesado y envasado del marisco para ser transportado a la lonja. Louro indicó que se trata de una mejora «que les facilitará enormemente su trabajo, al no tener que cruzar la autovía por la pasarela elevada ubicada a la altura de O Cabo, cargadas de aparatos y mercancía, lo que supone un gran esfuerzo físico».
La obra que se va a hacer se asienta en una parcela rectangular de 162 metros cuadrados al lado de este paso elevado y de la autovía, en el lugar de O Cabo. La parcela cuenta con servicios de agua, saneamiento y abastecimiento eléctrico. Corresponde al punto donde se ubicaba el antiguo astillero de Placeres, ya desaparecido. El presupuesto de la obra es de 160.004 euros y cuenta con una subvención de la Consellería de Pesca.
Campolongo
En la comisión de Urbanismo de ayer se estudió además una documentación remitida por la Xunta en la que se rebaja la edificabilidad de la nueva urbanización prevista en Campolongo, desde los 23.963 metros cuadrados iniciales a 22.868 metros cuadrados. Al tiempo, se introduce la reserva del 20% para viviendas de protección. Sería una rebaja de unas 240 viviendas previstas por la Promotora a 228. El informe de la Xunta hablaba de unas 183 viviendas.

Previsiones | Expertos de la tasadora Tinsa.

El aumento del paro podría castigar la demanda y la concesión de hipotecas
Las casas se han abaratado otro 9,2% el primer trimestre (un 29% desde 2007)
Los analistas creen que la cifra de ejecuciones hipotecarias seguirá subiendo
‘Vender viviendas no puede ser como vender castañas. No todas son iguales’
‘¿Por qué no creamos paquetes que incluyan piso y vuelo Alemania-España?’
Víctor Martínez | Madrid 24/04/2012 El artículo en El Mundo
La vuelta de España a la recesión económica ha supuesto un nuevo mazazo para el ya degradado mercado inmobiliario. La incertidumbre del consumidor ante una eventual pérdida de empleo -en un momento de fuerte reestructuración empresarial- ha hundido la demanda de viviendas en el primer trimestre de 2012 provocando una caída media en el precio de la vivienda en España del 9,2% en comparación con el mismo periodo de 2011, según datos publicados por la compañía tasadora Tinsa. Sus expertos creen que la caída de la vivienda debería tocar fondo en 2012, aunque todo dependerá de si comienza a fluir o no el manantial crediticio.
Desde su valor máximo, en pleno ‘boom’ inmobiliario, la contracción ha sido del 29%, según los datos que maneja la tasadora. «El crecimiento negativo de la economía conlleva un aumento del desempleo y, sobre todo, del miedo a atarte a una hipoteca para los próximos 25 años», explica Raúl García García, director de Desarrollo de Negocio y Márketing de la multinacional.
Escasa financiación
Además, los expertos siguen vinculando el «atasco inmobiliario» a la escasa financiación en la compraventa de viviendas por parte de las entidades de crédito. Según las previsiones de Tinsa, en 2012 se firmarán cerca de 250.000 créditos hipotecarios, en línea con las cifras de los años 2002 y 2003. La cifra supone una contracción de este tipo de préstamos del 38% si se compara con 2011. Sólo en febrero, el crédito hipotecario ha disminuido un 47%, según las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
60.000 viviendas nuevas al año
La situación económica también golpea duramente la inversión en obra nueva, que ya en 2011 cayó un 15% registrándose el inicio de construcción de 78.000 viviendas. Este 2012, con el país en recesión, la cifra de viviendas iniciadas podría caer hasta 60.000, lo que equivaldría a un retroceso del 23%.
A las viviendas que se inicien este año hay que sumar el ‘stock’ de inmuebles que esperan comprador. Fuentes de sector proyectan un monto de unas 800.000 casas sin vender, la mayoría de éstas en propiedad de las entidades financieras.
Por último, otro de los efectos de la situación económica sobre este mercado es el «cada vez mayor número de ejecuciones hipotecarias por impago», según los datos del informe. Sólo en 2011 se registraron 78.000 ejecuciones en España, «y se prevé que esta cifra siga aumentando». Estas casas, a su vez, pasan a engrosar también el balance inmobiliario de los bancos.
Venta especializada al ‘stock’ de la banca
Ahora bien, ¿cómo se puede dar salida a estos activos? En Tinsa abogan por su «comercialización especializada» como vía alternativa a la brusca bajada de precios iniciada ya por el sector bancario para algunos de sus inmuebles.
«Vender viviendas no puede ser igual que vender castañas. No todas son iguales. Tenemos que buscar planes para adaptar la casa a potenciales grupos de consumidores», argumenta ́lvaro J. Martín, director comercial de la compañía. Este experto pone como ejemplo la venta de segundas residencias a ciudadanos centroeuropeos con más facilidades para acceder a la compra de una casa. «¿Por qué no creamos paquetes que incluyan la vivienda y los vuelos Alemania-España para fomentar la compra de casas?», se pregunta.
Respecto a la evolución del sector, estos expertos argumentan que el precio de la vivienda «debería tocar fondo en 2012», aunque matizan: «Todo dependerá de si el crédito vuelve a fluir después del verano».

Los bancos sólo prestaron 148 millones en Alicante el pasado febrero frente a los 1.373 del mismo mes de 2007
David Navarro – El artículo en Información de Alicante
La concesión de nuevos créditos hipotecarios volvió a desplomarse en Alicante durante el pasado mes de febrero y ya acumula una caída del 90% sobre los máximos que alcanzó en el año 2007, según los datos difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Durante el citado periodo, las entidades financieras apenas prestaron a sus clientes de la provincia 148 millones de euros frente a los más 1.373 millones que les fiaron hace cinco años, lo que pone de manifiesto la mala situación económica que atraviesa la provincia y, sobre todo, la negativa de los bancos a asumir nuevos riesgos y su necesidad de reducir su propio endeudamiento.
En total, en febrero se registraron 2.160 nuevas hipotecas, de las que sólo 1.142 fueron sobre viviendas (lo que supone un descenso del 40% sobre las cifras del año anterior, que ya eran muy bajas) mientras que el resto fueron sobre terrenos rústicos, oficinas, locales comerciales o plazas de garaje. Muy lejos quedan ya las cifras de los años de la burbuja inmobiliaria, cuando se superaban las 10.000 operaciones mensuales en la provincia.
Igualmente, también sigue cayendo el importe medio de los créditos que, en el caso de la viviendas ya apenas supera los 82.000 euros frente a los 93.753 euros del año pasado o los 123.000 que prestaban las entidades para comprar una casa en el año 2007. La conjunción de ambos factores -menos préstamos y de menor cuantía- es lo que ha provocado que el volumen total de dinero prestado por las entidades se haya reducido hasta los 148 millones antes citados desde los 322 de febrero de 2011 o los 1.373 de hace cinco años.
Desde las entidades financieras y desde las instituciones que las representan -como la Asociación Hipotecaria Española- se insiste en que el problema es la falta de «demanda solvente». Es decir, de ciudadanos en condiciones de hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, los profesionales del sector inmobiliario lo niegan y aseguran que son los bancos los que tienen problemas y los intentan solucionar restringiendo la financiación. «Claro que hay demanda y se está acumulando. Se siguen creando familias, hay gente que cambia de ciudad, gente que se divorcia… Lo que no hay son créditos», asegura la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Alicante, Marifé Esteso.
La única forma de vencer las reticencias de las entidades sigue siendo la de adquirir una de las viviendas que ellas mismas ofertan pero, en este caso, el problema es el coste. A pesar de los llamativos descuentos que muchas de ellas ya publicitan, los precios medios siguen estando demasiado altos para el tipo de inmuebles que tienen en cartera -generalmente de baja calidad, muy antiguos o ubicados en barrios degradados- en opinión de Esteso. «Mucha gente se interesa y acaba renunciando porque cree que el piso ya no vale lo que piden los bancos. Tienen que bajarlo más si realmente quieren deshacer el atasco que tienen», sostiene la presidenta de los API alicantinos.

Demasiado endeudadas
Pero el verdadero motivo de la restricción crediticia, según reconocen en privado fuentes del sector, es que bancos y cajas, al igual que las familias o las administraciones, también necesitan reducir su nivel de endeudamiento. Durante los años de expansión las entidades pidieron mucho dinero prestado a los mercados mayoristas y a los bancos europeos y ahora, con la subida de la prima de riesgo, estos préstamos resultan más caros de mantener.
Por eso también las propias entidades españolas están incrementando el interés que cobran en las pocas hipotecas que conceden. Así, prácticamente ya no se pueden encontrar diferenciales por debajo del 1% y lo habitual es exigir un 1,5 o un 2%.

‘Stock’ banca | Presenta una pionera aplicación
La nueva herramienta permite que, partiendo de un mapa, el usuario pueda definir con un simple gesto del dedo la zona exacta en la que desea buscar casa
10.000 son propias y 17.000 pertenecen a inmobiliarias y promotoras clientes
Destinará toda su ‘fuerza de venta’ a colocar este parque de propiedades
Europa Press | Madrid 20/04/2012 La noticia en El Mundo
La banca sigue buscando salida a sus casas por todas las vías. La última, vía móvil. BBVA ha presentado su aplicación para clientes de móviles iPhone y Android destinada a la venta de un parque inmobiliario que roza las 27.000 viviendas. Cantidad que sale de sumar las del grupo, unas 10.000, y las de inmobiliarias y promotoras clientes de la entidad, que suponen otras cerca de 17.000, según ha explicado el responsable de aplicaciones distribuidas del departamento de Tecnología de Anida, José Ferreras Fernández, la inmobiliaria del Grupo BBVA.
Ferreras ha apuntado que el objetivo de BBVA es destinar toda su «fuerza de venta» -las 3.500 oficinas, la página web y las aplicaciones móviles- para conseguir colocar este parque de viviendas propio y también facilitar la venta del de aquellos clientes promotores e inmobiliarios que tienen propiedades a disposición.
En concreto, BBVA tiene a la venta 26.706 inmuebles y desde que se ha puesto en marcha la página web -y desde hace unos días también la aplicación de móvil- se han realizado 70.000 consultas de interesados en la compra de casas, algo que en BBVA destacan como muy positivo.
‘Queremos brindar nuestra colaboración a promotores independientes con obra nueva’
«Uno de los principales objetivos es brindar nuestra colaboración a aquellos promotores independientes con obra nueva que son clientes del banco. Les ponemos a su disposición nuestra capacidad de llegar al público para evitar que tengan que incurrir en ningún problema», ha afirmado Ferreras durante la rueda de prensa.
Andreia Madeira, de Comunicación corporativa España y Portugal de BBVA, ha declarado que las casas a las que se puede acceder desde www.bbvavivienda.com y desde la aplicación tiene «condiciones financiación específicas» y privilegiadas, como la financiación del 100% del precio de la vivienda y un periodo de hasta 40 años.
«Antes de que se produzca el problema, ponemos la ayuda, como estamos haciendo también con las familias, a las que más de 100 hemos ayudado para no tener que poner su vivienda en venta y facilitar el pago de la hipoteca. Nuestro objetivo es hacer un papel de mediación y no de vendedor», aseveró.
Búsqueda por la zona que dibuje el usuario
El jefe de Servicios móviles de valor añadido Mobility Office BBVA, Guillermo de Simón Aguado, ha presentado la aplicación móvil destacando la utilidad en la que partiendo de un mapa el usuario puede definir, con un simple gesto del dedo, la zona exacta en la que desea buscar viviendas.
El tipo de interés orientativo para la compra de estas viviendas es del Euribor +1,678%, mejores que para otras viviendas del mercado.
‘Sse está trabajando en una versión global’ para todos los clientes internacionales
De Simón ha informado también de que «se está trabajando en una versión global» para todos los clientes internacionales de BBVA en el que inicialmente se pueda elegir la bandera del país y, así, adaptar todas las condiciones, como la moneda y la oferta de inmuebles.
Destaca que es una aplicación «innovadora» y que «refuerza la estrategia multicanal» de BBVA. El equipo de desarrollo de BBVA estudia también posibles opciones para compartir información a través de redes sociales desde la propia aplicación, que podrían entrar en siguientes actualizaciones.

La noticia en Terra

La Guardia Civil de Melilla ha detenido a siete personas acusadas de pertenecer a una red que se hacía con pisos de protección oficial propiedad de la Ciudad Autónoma. Según ha informado a Europa Press un portavoz de la 2006 Comandancia, en el transcurso de la investigación han localizado 34 domicilios sobre los que la organización disponía de información, tres de ellos ya ocupados.
La actuación se ha desarrollado en el marco de la Operación ‘Okupa’, dirigida y tutelada por el Juzgado de Instrucción número Tres de Melilla, que ha mantenido el secreto del sumario hasta hace escasas fechas.
Según el portavoz, la investigación se inició el pasado mes de septiembre, al presentar una denuncia en la 2006 Comandancia un representante de Emvismesa (Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Melilla), que había detectado anomalías y movimientos extraños no acordes con los precios de mercado, tras la supervisión de los expedientes de Depósitos y Devoluciones de Fianzas en viviendas de Alquiler.
Así, explica que las personas que conformaban esta red procedían de forma previa a la localización de viviendas en Melilla que se encontrasen deshabitadas; una vez localizadas e informados sobre su posible titularidad, normalmente personas mayores que no residían en la Ciudad o que habían fallecido, se dirigían al Registro de la Propiedad, donde solicitaban una ‘nota simple’, con el fin de tener los datos registrales y el número de la referencia catastral del domicilio escogido.
Acto seguido supuestamente elaboraban un contrato ficticio de arrendamiento en el que figuraban como propietario y arrendador de la vivienda uno de los miembros del entramado investigado y como arrendatario otro que elegían al que se le ofrecía el inmueble. Posteriormente, este contrato ficticio lo presentaban en Emvismesa con el fin de tener un documento debidamente diligenciado por una administración pública.
Una vez que disponían del citado contrato diligenciado por la Administración, según prosigue la citada fuente, podían acudir a las empresas suministradoras de agua, luz o gas, así como a otros organismos oficiales en los que podían incluso solicitar algún tipo de ayuda económica.
La operación se ha saldado con la detención de siete personas, todas ellas naturales o vecinas de Melilla, donde se asentaba el grupo organizado, cinco de ellas de nacionalidad española y otras dos extranjeros con tarjeta de residencia; la localización de 34 domicilios sobre los que el grupo había obtenido información para acceder a las viviendas y tres de ellas ya con ocupación física, donde residían personas de la trama, sus familiares o las que eligiesen.
Los detenidos han sido puestos a disposición judicial acusados de la comisión de los delitos de ‘falsedad documental’ y ‘usurpación de vivienda’, llevados a cabo de forma organizada.

Con el retroceso interanual de este mes, las viviendas hipotecadas encadenaron 22 meses de caídas consecutivas
ep / Madrid 24/04/2012 – La noticia en ABC

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 26.415 en febrero de este año, con una caída del 47,1% respecto al mismo mes de 2011, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el retroceso interanual de febrero, las viviendas hipotecadas encadenaron 22 meses de caídas consecutivas. El descenso de febrero fue más acusado que el de enero, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron más de un 41,7%, y se encuentra entre las mayores correcciones de toda la serie.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en febrero los 104.868 euros, un 14,6% menos que en febrero de 2011, mientras que el capital prestado se redujo un 54,8%, hasta los 2.770 millones de euros.
En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas se redujeron un 9,4%, frente al aumento del 18,5% que experimentaron en enero en valores mensuales.
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el segundo mes del año se constituyeron 43.994 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 42,4% respecto a febrero de 2011.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 49,6%, hasta los 4.935,2 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 112.179 euros, un 12,5% menos que en febrero de 2011.
Tipo de interés medio del 4,35%
Los bancos fueron las entidades que concedieron un mayor número de créditos hipotecarios en febrero, al aglutinar el 66% del total, seguidas de las cajas (16,7%) y de otras entidades financieras (17,3%).
En cuanto al capital prestado, los bancos concedieron el 66,3% del total, las cajas el 17,5% y otras entidades, el 16,2%. El tipo de interés medio en febrero de los préstamos hipotecarios alcanzó el 4,35%, un 17,3% más que en igual mes de 2011 y un 1,6% inferior al registrado en enero.
El 94,2% de las hipotecas constituidas en febrero utilizó un tipo de interés variable, frente al 5,8% de tipo fijo, siendo el Euribor el tipo de referencia más utilizado, al estar presente en el 86,5% de los nuevos contratos

El cuestionario en Internet indaga sobre la valoración de las garantías de privacidad por parte de empresas ofertantes, clientes e internautas
TomÍ s Delclós – Barcelona 29 diciembre 2011 – El artículo en El País
Los servicios en la nube de Internet crecen y con ello la preocupación sobre la gestión de los datos personales o corporativos que se depositan en la misma. El almacenamiento en una nube permite el acceso de los datos desde cualquier máquina y la disponibilidad de programas siempre actualizados.
Pero hay sombras sobre la manera de garantizar la privacidad de estos datos. La Agencia Española de Protección de Datos ha lanzado una encuesta pública en Internet para conocer la opinión de expertos, internautas y empresas, tanto las que ofrecen el servicio como las que lo utilizan, sobre el horizonte legislativo que es necesario para incrementar la seguridad de los datos.
La iniciativa se enmarca, según ha comentado a este diario una portavoz de la agencia, en una serie de trabajos europeos sobre la cuestión. La Comisión Europea lanzó una encuesta pública este año y otras agencias de protección de datos, como la francesa, han iniciado consultas públicas. El grupo de autoridades de protección de datos europeo prepara la publicación de un dictamen sobre la cuestión.
Como se explica en la encuesta, «la normativa española prevé que el responsable conocerá y autorizará, en uno u otro momento, todas las subcontrataciones y, en todo caso, que conocerá quiénes son las entidades con las que se subcontrata la prestación. En el modelo de computación en nube, puede ser muy frecuente no sólo que el primer prestador ignore qué entidades van a participar en cada momento en el tratamiento sino, también, que esas entidades varíen con gran frecuencia, de forma que no sea posible notificar al responsable todos los cambios en los tiempos que marca la normativa»
Otro problema es el depósito de los datos almacenados en servidores de un tercer país. «El tratamiento de datos mediante el uso de servicios en nube implicará, con mucha frecuencia y por la propia naturaleza de este modo de prestación, la existencia de transferencias internacionales con origen en territorio español. La normativa española de protección de datos prevé que puedan realizarse transferencias internacionales a países que ofrezcan un nivel adecuado de protección». Cuando el país destinatario no ofrezca ese nivel adecuado, las transferencias podrán autorizarse bajo determinadas condiciones (consentimiento del interesado, presentación de garantías adecuadas…). En el texto de la encuesta se recuerda que «el modelo de cloud computing, por su propia naturaleza, implica en muchos casos el desconocimiento del país preciso en que los datos van a ser tratados y de las entidades (subcontratadas) que van a intervenir en ese tratamiento. Más importante aún, la flexibilidad del modelo supone que países y entidades pueden variar constantemente de forma no predecible en el momento en que se produce la contratación del servicio y debe decidirse la utilización del instrumento jurídico más adecuado al tipo de transferencia que se va a producir».
El internauta, tras acreditarse, debe responder una serie de cuestiones como si considera adecuada la legislación vigente, qué cláusulas deben regular la devolución o borrado de los datos cuando termine el contrato, si considera necesaria una intervención de las autoridades para asegurar las garantías de privacidad, etcétera.

En España no se pagan ocho de cada cien créditos, una cifra no vista desde octubre de 1994.
La noticia en publico.es / Europa Press – Madrid 18/04/2012
La morosidad de los créditos concedidos por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) a particulares y empresas alcanzó en febrero el 8,15%, según los últimos datos del Banco de España. Es decir, en España no se pagan ocho de cada cien créditos, una cifra no vista desde a octubre de 1994, cuando la tasa de morosidad alcanzó el 8,2%.
La escalada de la morosidad parece no tener techo y encadena su octava subida consecutiva. En enero ya marcó un 7,91%. Con respecto a hace un año, febrero 2011, la tasa morosidad se ha incrementado en dos puntos: entonces estaba en el 6%. Esto supone, en términos absolutos, que la morosidad creció en más de 30.000 millones de euros en el último año.
Los créditos morosos totales del sector se situaron en febrero en 143.815 millones de euros, algo más de 43.000 millones por encima de la barrera psicológica de los 100.000 millones que superó en mayo de 2010. Y eso que el total de préstamos continuó reduciéndose, tras caer casi un 3% frente al mismo mes de 2011 y alcanzar los 1,763 billones de euros en febrero.
La morosidad de las entidades de depósito, que incluye a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito, alcanzó el 8,23% en el segundo mes de este año, mientras que la correspondiente a los establecimientos financieros de crédito, que no pueden captar depósitos, se mantuvo en el 8,4%.
Para hacer frente a la creciente morosidad, el sector financiero español estableció sus provisiones en 82.006 millones de euros, colchón que se vio incrementado cerca de 1.000 millones de euros en comparación con el primer mes de 2011 y en 9.515 millones en relación al mismo mes de ese año. Precisamente, la reforma financiera exige a los bancos unas provisiones de unos 52.000 millones de euros para limpiar sus balances de activos vinculados al ‘ladrillo’ y hacer fluir el crédito hacia familias y empresas.
Crecimiento hasta el 9%
La morosidad del sistema financiero podría llegar a superar el 9% este año si el crédito registra una contracción similar a la del año pasado, es decir, si vuelve a caer alrededor del 3%, según apuntan los expertos, consultados por Europa Press. Ahora bien, el consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, ya auguró que la tasa de impago fijará «cima» a finales de este año.

La nueva empresa parte con 3.500 millones en viviendas de obra nueva
Agustín Marco / Elena Sanz – El artículo en El Confidencial
Banco Santander ha dado un nuevo paso para agilizar la gestión de los 8.600 millones que tiene en activos adjudicados por la crisis del ladrillo. La entidad ha decidido fusionar Altamira, su inmobiliaria, con Mesena, la de Banesto, lo que dará lugar a la mayor empresa del sector. La integración de ambas, que el pasado año perdieron 927 millones de euros, se salda con un volumen de pisos valorados entre 3.600 millones de euros.
Así lo han confirmado fuentes próximas a Banco Santander, que ha adoptado esta medida con el objetivo de mejorar la gestión de su cartera de obra nueva. El grupo dirigido por Emilio Botín ha decidido dejar fuera de la nueva sociedad los activos de segunda mano o procedentes de embargos, que seguirán bajo la gestión de Santander y de Banesto por separado. También se queda fuera de la fusión Aktua, otra filial de Banesto dedicada a la gestión de activos inmobiliarios.
La integración de Altamira Santander Real Estate y de Mesena Servicios de Gestión Inmobiliaria va a dar lugar a la mayor inmobiliaria de España con muchísima diferencia sobre el resto. Sus 3.500 millones en viviendas en construcción o terminada multiplican por casi veinte los 180 millones de euros que Reyal Urbis tiene ahora mismo en nuevas promociones por vender. Una diferencia que refleja bien a las claras el enorme problema que tiene Santander en su balance
El mayor banco de España tiene una exposición al ladrillo de 32.000 millones de euros, de los que 8.600 millones son ya activos adjudicados. Esta cifra triplica la que tenía a principios de 2009, cuando constituiyó Altamria bajo la dirección de Manuel Castillo, exdirectivo de Inmobiliaria Colonial. La institución tiene un riesgo adicional de 6.700 millones en préstamos a clientes considerados dudosos y que ya han entrado en mora. Además, cuenta otros 3.900 millones calificados como subestándar, es decir, aquellos que el banco teme que se van a dejar de pagar.
De los 8.600 millones de adjudicados, un 45% corresponde a edificios terminados disponibles para la venta. En concreto, 3.753 millones brutos en viviendas finalizadas, más otros 521 millones en casas en construcción y 2.661 millones en suelo urbanizable. Como el banco ya ha provisionado el 50% de estos importe, el volumen neto es de 3.650 millones. Santander explica en los últimos años “ha considerado la adquisición / adjudicación como una herramienta eficiente en la resolución de créditos impagados frente a los sistemas de procesos legales”.
Comisiones por venta
Tanto en 2010 como durante 2011 continuó la reducción en las entradas netas de activos adquiridos y adjudicados, fruto de un mayor ritmo en el nivel de salidas (+12%) que en el de entradas (+8%). Según el informe anual del banco, “ya en el último trimestre del pasado año el saldo de estos activos ha presentado un leve descenso, esperando una tendencia a la reducción del mismo durante los próximos ejercicios”. El responsable de la gestión de las recuperaciones es Remigio Iglesias, director general adjunto del grupo.
Una percepción que contrasta con el aumento de la morosidad media del sistema financiero español hasta el 8%. Un alto directivo de otro banco indica que la entrada de impagados sigue a un ritmo muy alto, tanto de promotores como de particulares, por lo que atisba un mal 2012 en la cuenta de resultados ordinaria. Por este motivo, Santander ha decidido a su red de sucursales con abonarle la comisión de venta por cada vivienda que consigan colocar.
Tras la aprobación del Real Decreto-ley 2/2012, que establece los nuevos requerimientos para el saneamiento de los activos inmobiliarios del sistema financiero español, Grupo Santander tiene que cubrir riesgos por 6.100 millones de euros. Para adelantarse a estas exigencias, la entidad ya dotó 1.812 millones en el último trimestre de 2011, lo que permitió elevar la cobertura del 31 al 50%. Su morosidad actual es del 5%.

El artículo en tuexperto.com

Es posible que en los últimos tiempos haya a empezado a escuchar con mayor frecuencia expresiones como cloud computing o nube. Si se ha perdido por el camino, en tuexperto.com hemos preparado esta pequeña guía para que se ponga al día de una manera rápida y sencilla.
Hasta ahora, nuestros ficheros de trabajo, fotos, vídeos, música, películas, mensajes de correo electrónico se almacenaban en el ordenador. Y, dentro del ordenador, en el disco duro que actúa como archivador de todos estos datos. Para evitar perder estos datos, también existe la posibilidad de hacer una copia de seguridad de los mismos en otros dispositivos que se pueden conectar al ordenador. Nos referimos a productos como un disco duro o una memoria USB, en los que podemos guardar nuestras fotos, textos, vídeos o cualquier otro archivo. Y con una peculiaridad, tanto el ordenador como estos dispositivos los tenemos en nuestro poder. Son productos físicos de ver y tocar que guardamos en casa o en la oficina.
Pero en esto llegó Internet. Con la posibilidad de colgar y almacenar en la Red de redes todo tipo de datos. Y la velocidad de acceso mejoró notablemente. Y entonces es cuando algunas empresas empezaron a ofrecer servicios de almacenamiento directamente en Internet. Aquí es cuando nos subimos a la nube. O al cloud, que en inglés siempre parece que es un término más moderno.
¿Qué entendemos por nube?
Como puede que sepa, la palabreja cloud significa nube en castellano. Y ¿qué se entiende normalmente por nube? Pues cuando últimamente oímos hablar de nube, probablemente se estén refiriendo a un sistema para almacenar datos. Pero con una peculiaridad, no lo tenemos en nuestro poder. En este caso, los datos se almacenan en otras máquinas de empresas como Google, Microsoft o LaCie, por citar algunos ejemplos. Y están siempre disponibles. Pero a través de Internet.
Almacenamiento en la Red
Funciona de una manera sencilla. Nosotros tenemos una cuenta en alguna plataforma de almacenamiento en la nube. Accedemos a ella conectándonos a Internet, y pasamos por algún tipo de verificación de la identidad. Normalmente esto consistirá en poner un nombre de usuario y una contraseña. El proceso se parecerá mucho a acceder a nuestro correo electrónico. Una vez aquí, nosotros tendremos a nuestra disposición todos los archivos que previamente hayamos guardado anteriormente.
¿Y cual es la ventaja de esto? Pues muy sencillo. Alguien escribe un documento para el trabajo en el ordenador de su casa, pongamos por ejemplo, un informe. Lo guarda como un documento de texto en su cuenta en la nube y apaga el ordenador. Al día siguiente, en la oficina, necesita ese documento para explicárselo a un colega. Sin problema, desde cualquier aparato que se conecte a Internet, puede acceder a este documento, entrando a través de su cuenta. De esta manera, podrá mostrarle el documento a su colega en otro ordenador, el móvil o un tablet. De la misma manera, podría enseñar a cualquiera a través de su móvil las fotos que hizo en las últimas vacaciones, o ver en su tablet una película que ha descargado.
¿Y esto es el cloud? Bueno, esta es la parte más visible de un movimiento que se está llevando a cabo en los últimos años. La posibilidad de tener nuestros archivos en la web es, de momento, el producto al que estamos accediendo. Para que se haga una idea, la tendencia es a ir quitándole partes a su ordenador para convertirlo sólo en una ventana a Internet, y estos sistemas de almacenamiento web se han llevado la primera parte: el disco duro.
Cloud computing
Pero esta nube es el comienzo de un nuevo tipo de informática que se conoce ya como cloud computing. Y que sigue avanzando. Imagine que le quitamos una segunda parte, por ejemplo la tarjeta gráfica. ¿Qué conseguiríamos? Con una conexión a Internet suficientemente veloz, todo el engorro de procesar las imágenes de alta definición de un videojuego pasaría a algún superordenador que estaría a cientos o miles de kilómetros del suyo, que es donde estaría jugando. Sería más eficiente energéticamente hablando, y su ordenador sería aun más barato. El problema principal radica en que, al menos en España, no tenemos líneas de Internet de esa velocidad, ni de lejos.
Interrogantes
Así que lo que llamamos cloud o nube hoy en día, consiste básicamente en tener un disco duro colgado en Internet, al que accedemos desde cualquier parte. Si bien la teoría es interesante, también arroja muchos interrogantes.
Hasta el momento, han sido muchos los expertos que han renegado de estos sistemas de almacenamiento, dado que pueden vulnerar la privacidad de los usuarios o limitar su capacidad de acción. El dejar todos los datos privados de nuestros equipos en manos de servidores de terceros es una idea que a mucha gente no le agrada.
Además, existe el problema de que algunos de los sistemas de almacenamiento en la nube más famosos pueden complicar bastante la vida de sus usuarios. Pongamos el ejemplo más famoso: iCloud.
iCloud es el sistema de almacenamiento online que ofrece Apple. Su funcionamiento puede resultar espectacular si disponemos de varios aparatos de la factoría de la manzana. Una foto que tomemos con nuestro teléfono inteligente, el iPhone en este caso, aparece automáticamente en nuestro ordenador Mac o en nuestro iPad. Lo mismo ocurre con cualquier otro archivo que compartamos con cualquiera de estos dispositivos.
Sin embargo, las desventajas también aparecen pronto. Supongamos que disponemos de un iPhone, pero nuestro ordenador de casa no es un Mac, sino un ordenador o un portátil con Windows. En este caso, tendremos que descargar un programa en nuestro ordenador, y pasar por un engorroso sistema de configuración hasta que podamos utilizarlo. Si hemos optado por el software libre y utilizamos un sistema como Ubuntu, directamente tendremos que despedirnos de utilizar este servicio.
Y uno de los puntos más importantes: este servicio no es gratuito. Si optamos por no pagar, sólo dispondremos de 5 GB para almacenar nuestras fotos, vídeos y demás. Es decir, más o menos lo mismo que una memoria USB que podemos llevar a todas partes. A partir de aquí se paga, entre 16 y 80 € anuales dependiendo del tamaño que elijamos. Eso sí, en cualquier caso, no superará los 50 GB.
Es decir, que aun estamos lejos de tener toda nuestra información alojada en un servidor externo y acceder a ella en cualquier parte, aunque si hemos dado los primeros pasos. Muchas firmas apuestan por el almacenamiento en la nube como opción de futuro, y son buen ejemplo los portátiles que ha creado Google, los chromebooks. Estos ordenadores han renunciado prácticamente a tener memoria interna, con el objetivo de que almacenemos nuestros datos en la nube.
El sistema de clouding de esta compañía, Google Docs, es realmente interesante, pues permite que varios usuarios editen un documento de texto o una hoja de cálculo simultáneamente. No obstante, adolece de los mismos problemas de almacenamiento que su homólogo de Apple.
En definitiva, el cloud computing, son todos aquellos procesos que permiten realizar procesos propios de nuestro ordenador/móvil etc. en otra parte, convirtiendo nuestro aparato en una simple ventana a Internet barata y eficiente. Es un proceso futurista, y lo que nos está llegando hasta ahora son los sistemas de almacenamiento en la nube. Unos sistemas con muchas ventajas para el usuario, pero que de momento siguen presentando algunos notables inconvenientes.

Con el objetivo de avanzar en la protección de los clientes
EP 19/04/2012 La noticia en El Confidencial
El Banco de España obligará a las entidades financieras a eliminar ‘la letra pequeña’ de los contratos de los productos bancarios con el objetivo de avanzar en la protección de los clientes y promover la concesión responsable de créditos.
Así figura en el proyecto de circular sobre transparencia y responsabilidad en la concesión de préstamos que el organismo regulador ha puesto a consulta entre las entidades afectadas, que podrán remitir sus alegaciones a la institución hasta el próximo 9 de mayo. «La letra a utilizar en los documentos de información tendrá un tamaño apropiado para facilitar su lectura. En todo caso, la letra minúscula que se emplee no podrá tener una altura inferior a dos milímetros», dice el texto de la futura norma.
Esta condición deberá regir para productos y servicios bancarios como depósitos, créditos al consumo, préstamos hipotecarios sobre viviendas y negociación de cheques, así como avales, fianzas y garantías, según recoge el proyecto de la circular.
El objetivo es configurar un nuevo código general de transparencia, claramente orientado a la protección de los clientes de los servicios bancarios, que deberá regir en lo sucesivo las relaciones entre éstos y las entidades de crédito, explica el Banco de España.
Al mismo tiempo, la circular profundiza en las iniciativas con las que los poderes públicos pretenden promover la concesión responsable de préstamos, y exige a los bancos políticas y procedimientos que favorezcan la prudencia y la atención específica a las necesidades y posibilidades de los clientes. Asimismo, el proyecto avala el aumento de la información que las entidades financieras deben poner a disposición de los potenciales clientes.
Alternativa al Euríbor
Por otra parte, la circular recoge un tipo de interés alternativo al Euríbor, al que están referenciadas la gran mayoría de hipotecas en España, y que las entidades podrán utilizar en su caso. Así, además del Euríbor, que se calcula a raíz del tipo de interés que los principales bancos europeos se prestan dinero entre sí por el plazo de un año, las entidades podrán referenciar créditos al IRS, a un plazo de cinco años.

Cotiza una décima por encima que el Euribor
El Banco de España está a punto de lanzar un ‘Euribor a 5 años’
El indicador será, supuestamente, más estable y más fiable que el Euribor
Actualmente, el IRS cotiza una décima por encima del Euribor a un año
Jose F. Leal | Madrid 22/04/2012 El artículo en El Mundo
Al Euribor a un año, el interés al que los bancos españoles referencian la inmensa mayoría de las hipotecas que concede, está a punto de salirle un competidor, es decir, un indicador teóricamente más estable, más fiable y al que, con el tiempo es posible que acabe por sustituir. Se trata del IRS (Interest Rate Swap), una especie de ‘Euribor a cinco años’ que el Banco de España ha puesto en la rampa de lanzamiento.
El regulador español ha sacado a consulta pública la aplicación de esta referencia hipotecaria a 5 años que los expertos consideran más estable en épocas de crisis, que está pensado para ofrecer una mayor estabilidad en las cuotas y, a la vez, aporta mayor seguridad a la banca. Para muchos, el IRS se ‘comerá’ al Euribor por su estabilidad y cotización pareja.
«En la práctica no está tan claro que el IRS oscile menos que el Euribor, pues ha sufrido enormes variaciones en los últimos 5 años»
Un mayor plazo suele asociarse a créditos más caros, sin embargo, con las tensiones financieras, el IRS 1,59% se ha situado por debajo del Euribor, que cerró marzo en 1,49% gracias a que el primer índice no incluye prima de riesgo, lo que le hace más estable en épocas de turbulencias.
La circular del Banco de España estará en consulta pública hasta el 9 de mayo para que las entidades puedan opinar. He aquí algunas cuestiones clave sobre el nuevo índice hipotecario.
¿Qué es?
El IRS (Interest Rate Swap) es un índice de referencia hipotecario que, según los asesores de Helpmycash, en pocos días se convertirá en el sustituto del Euribor, el IRPH, el TAR y el CECA. Su valor varía menos que el Euribor porque refleja los tipos de interés sin la prima de riesgo, lo que daría seguridad al sistema financiero. «Aunque en la práctica no está tan claro ya que se puede comprobar que ha sufrido enormes variaciones en los últimos 5 años», afirman.
¿Es más barato o más caro que el Euribor?
En estos momentos, es más caro. Aunque no siempre ha sido así
¿A qué hipotecas se aplicará?
La decisión de cambiar el Euribor por el nuevo índice recaerá en las entidades financieras
1. A las nuevas hipotecas que se abran a partir de ahora. En las hipotecas de nueva constitución, la decisión de cambiar el Euribor por el nuevo índice recaerá en las entidades financieras. Así, los bancos tendrán la opción de usar cualquiera de los índices aún vigentes Euribor , IRPH entidades o IRS en los nuevos contratos. Aunque, teniendo en cuenta que fueron los bancos los que solicitaron un índice más sólido, es más probable que empiecen a aplicar el IRS.
2. A las hipotecas referenciadas a IRPH de bancos o IRPH de cajas, siempre que el contrato no especifique que, en caso de desaparecer el IRPH, pasará a aplicarse Euribor + un diferencial. Sin embargo, si el contrato no especifica nada al respecto o dice que el IRPH se cambiará por TAR o CECA (2 índices que también van a desaparecer), será necesario renegociar el interés con el banco, esto eso, índice + diferencial, antes de abril de 2013, cuando el IRPH de bancos y cajas se suprima definitivamente.
¿A qué hipotecas no se aplicará?
1. A las hipotecas referenciadas a Euribor. El Euribor se mantendrá en sus contratos con las mismas condiciones, a no ser que banco y cliente acuerden lo contrario.
2. A las hipotecas referenciadas a IRPH de entidades, que también seguirán sin cambios, puesto que este índice no desaparece.
3. A las hipotecas referenciadas a IRPH de bancos o IRPH de cajas que especifiquen en su contrato que, en caso de fallar el IRPH, se aplicará Euribor + diferencial. Por ejemplo, algunos usuarios de nuestro foro han comentado que en su contrato se especifica que cuando el IRPH desaparezca pasará a aplicarse Euribor+1%.
¿Cuándo entrará en vigor?
La nueva Orden de Transparencia y Protección del Cliente de Servicios Bancarios anunció que el IRS entrará en vigor el 28 de abril de 2012.
¿Significa eso que a partir de esta fecha todas las hipotecas referenciadas a IRPH de bancos y cajas (las únicas afectadas) calcularán su cuota de mayo con el IRS?
No exactamente. El Banco de España empezará a publicar la cotización del IRS a partir de entonces, pero también seguirá publicando la cotización del IRPH de bancos y cajas durante 1 año más. Por tanto, bancos e hipotecados tendrán 12 meses, hasta abril de 2013, para renegociar el nuevo tipo de interés de sus hipotecas.

Revela un estudio que proveedores y usuarios no ven a la seguridad como un tema prioritario, así que cuando no queden más datos que los confidenciales para subir, el cloud se quedará corto.
El artículo en Altonivel : 12 de Septiembre de 2011
Un reciente estudio de CA Technologies y el Ponemon Institute, una firma de investigación especializada en privacidad y protección de datos, reveló que mientras que los principales servicios que buscan las empresas en la nube son el software, la infraestructura y la plataforma como servicios; los proveedores del servicio se enfocan más en ofrecer una implementación rápida a un menor costo, dejando de lado, unos y otros, el tema de la seguridad de la información.

Aunque este estudio fue aplicado a 103 proveedores de servicios Cloud en Estados Unidos y a 24 en seis países europeos, es digno de tomarse en cuenta, sobre todo en México donde las empresas se siguen preguntando qué tipo de información y hasta dónde pueden llegar para subirla a la nube y con cuánta seguridad pueden mantenerla ahí.

Algunos de los datos son contundentes: el 69% de los proveedores cloud considera que la responsabilidad de la seguridad es del cliente, mientras que el 35% de los usuarios de cloud cree que la seguridad es su responsabilidad. En una disminución del porcentaje, sólo 16% de los proveedores piensa que la seguridad es una responsabilidad compartida, frente al 33% de los usuarios que lo creen. Finalmente el 32% de proveedores y usuarios de cloud coinciden en que la seguridad es responsabilidad del proveedor.

Al respecto, Mike Denning, director general de Seguridad en CA Technologies señala que si bien el foco actual de las empresas cloud es ofrecer una implementación muy rápida de servicios a bajos costos, “en la medida en que las organizaciones lleguen al punto en que lo único que se puede migrar a cloud computing sean los datos y aplicaciones más sensibles, se encontrarán en un punto muerto”.

Esto significaría que la nube podría llegar a un estancamiento “si el riesgo para la seguridad es mayor que los beneficios potenciales de ahorro de costes y de agilidad”. Las organizaciones podrían retomar el tema hasta que vean que la seguridad cloud es tan buena o mejor que la seguridad de sus propias empresas.

Resulta paradójico que menos del 20% de los proveedores cloud de Estados Unidos y Europa ven la seguridad como una ventaja competitiva, y menos del 30% considera la seguridad como una responsabilidad importante; en el mundo se siga cuestionando el modelo, especialmente con casos como el de Sony y su red de PlayStation que tras el ataque a sus sistemas, pusieron en jaque información prioritaria para millones de sus clientes.

Larry Ponemon, presidente y fundador del Ponemon Institute, institución que llevó a cabo el estudio, señala que la creciente preocupación sobre los riesgos potenciales para la información confidencial y sensible en la nube, será cuestión de tiempo para que los usuarios exijan sistemas de seguridad probados y mejorados.

Así que su recomendación para esas empresas que están analizando el tema de tener un proveedor cloud, es examinar a fondo a los proveedores, sus aplicaciones y su infraestructura “en función de su capacidad para salvaguardar la información”. Esa presión generará un ánimo de compartir la responsabilidad de crear un entorno informático seguro.

No basta con disminuir costos, lo cual es una realidad para la implementación de proyectos a distancia. Con la nube hoy en día es más rápido y menos costoso abrir oficinas en distintos puntos del país o del mundo y operar de manera transparente, sin embargo, la información prioritaria sigue dentro las empresas, a salvaguarda de las áreas de Tecnología.

¿Estás pensando en adquirir servicios cloud? ¿Has comparado sus garantías de seguridad? ¿Qué tanto crees que es tu responsabilidad como empresa, la seguridad de tu información?

Mejoran Castilla y León y Andalucía, y se desploman La Rioja y Asturias
Miguel ́ngel Valero – La noticia en diarioabierto.es
La confianza en la evolución de la economía y de las ventas de casas mantiene su tendencia negativa para el segundo trimestre. Los precios continuarán bajando.
El ͍ndice de Confianza Inmobiliario, que elabora la Sociedad de Tasación a partir de las opiniones de más de 700 profesionales del sector, muestra que la tendencia negativa sobre la evolución de la economía y, específicamente, de las ventas de inmuebles se mantendrá, al menos, para el segundo trimestre. Es cierto que se produce un ligerísimo avance, ya que la valoración para el primer trimestre era de 31,5 puntos (sobre un total de 100), y para el segundo trimestre es de 31,8. Pero la previsión es que la evolución del stock inmobiliario se seguirá manteniendo estable, mientras los precios de las viviendas seguirán bajando los próximos tres meses.
Dentro de ese mantenimiento del pesimismo sobre la evolución del sector inmobiliario, no todas las zonas son iguales. Mejoran las perspectivas sobre Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y, sobre todo, Andalucía y Castilla y León, en las que la subida del ͍ndice de Confianza Inmobiliario mejora más de cuatro puntos respecto al primer trimestre. En cambio, se desploma más de seis puntos La Rioja, más de cinco Asturias, y cuatro Canarias. También empeora la perspectiva en Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid (2,9 puntos), Región de Murcia, Navarra y País Vasco.
El ͍ndice de Confianza Inmobiliario se elabora teniendo en cuenta siete factores: la evolución de la economía en cada zona; las ventas de promociones y suelos; de residencia habitual; de segunda residencia; la evolución del stock de la vivienda en cada zona; y las ventas de locales comerciales.
En este sentido, la confianza en la evolución de la economía continua siendo negativa. El dato es prácticamente idéntico al registrado en el primer trimestre, apenas una décima más (30,8 sobre 30,7). Y la perspectiva negativa (2,1 sobre un total de cinco) es tanto sobre la situación actual (segundo trimestre) como sobre el futuro.
Sobre las ventas de promociones y suelos, el ͍ndice mejora del 26,7% al 27,3%. También es menos pesimista la visión sobre el futuro: 2,2 cuando para el segundo trimestre es de 2. Pero la confianza en la evolución de las ventas de inmuebles en lo que respecta a desarrollos de promociones y suelos es negativa en la gran mayoría de las comunidades autónomas.
La evolución de las ventas de inmuebles en lo que respecta a residencia habitual parece que mantendrá una tendencia negativa, aunque en general las expectativas de futuro son algo mejores que la perspectivas de los últimos meses: del 2,2 actual se pasa al 2,4. El ͍ndice mejora una décima, hasta el 32,9.
En segunda residencia, el ͍ndice mejora 2,2 puntos, hasta el 23,7. Pero la perspectiva y las expectativas de esta variable son las más negativas de todas las que se han analizado en este estudio de la Sociedad de Tasación; 1,9 para el segundo trimestre, 2 para el futuro.
Respecto a la evolución del stock de viviendas, los datos recogidos en el análisis muestran que parece que se encuentra en una situación de estabilidad, y la previsión de los expertos es que esta tendencia se mantenga durante los próximos meses. El ͍ndice empeora cuatro décimas, hasta el 51,9%. La valoración sobre el fututo es de 3,1, la misma que para el segundo trimestre.
Sobre la evolución de los precios va a seguir siendo negativa en prácticamente todas las zonas. El ͍ndice de Confianza Inmobiliario baja 1,1 puntos, hasta el 29. La valoración mejora ligeramente sobre el futuro: 2,2 sobre 2,1 en el segundo trimestre.
Los datos recogidos en el análisis muestran que seguiremos teniendo una perspectiva negativa en lo que respecta a la comercialización de locales comerciales. Los expertos no prevén una mejora a corto plazo respecto a la evolución de esta variable. No obstante, el ͍ndice mejora 0,4 puntos, hasta el 27; la valoración sobre el futuro es de 2,2, frente al 2 del segundo trimestre.
La opinión de 700 expertos
El ͍ndice de Confianza Inmobiliario se elabora como complemento cualitativo al estudio de mercado semestral sobre la evolución de precios de vivienda nueva, que viene elaborando la Sociedad de Tasación desde hace 26 años. Se construye a partir de la opinión de más de 700 profesionales, entre los que se encuentran todos los tasadores independientes que colaboran habitualmente con la firma, y la totalidad del personal de control de calidad de valoraciones que trabaja en ella.

También se ha hablado de Castilla La Mancha y Andalucía como otras comunidades con riesgo de ser intervenidas.
José Alejandro Vara (19-04-2012) El artículo en voz pópuli
La orden de intervención de una Comunidad Autónoma española por parte del Gobierno central ya está firmada. Será, muy posiblemente el próximo mes de mayo, según comentan en círculos de Moncloa. Varios nombres se barajan como objetivo de esta iniciativa. El propio Luis de Guindos sondeó sobre este particular al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, cuya respuesta permanece entre interrogantes. En los últimos días también se ha hablado de Castilla-La Mancha y Andalucía como otras comunidades con riesgo de ser intervenidas.
La reunión de Mariano Rajoy con sus presidentes autonómicos el pasado sábado ofreció una imagen de cohesión y responsabilidad. Los allí presentes asumieron sus compromisos de austeridad al tiempo que mostraron su decisión de llevar adelante los ajustes y sacrificios que se les demanda desde el Gobierno para alcanzar la cifra de déficit del 1,5 por ciento a final de año, tal y como se ha empeñado Mariano Rajoy con las autoridades de Bruselas. Sin embargo, en los pasillos del encuentro circulaba insistentemente el runrún de que Moncloa precisa de un golpe de efecto en forma de intervención de una Comunidad para hacer ostensible su determinación de cumplir su programa de control del déficit. Por otra parte, también se trata de hacer ver a las comunidades díscolas que, como Cataluña o Andalucía, no están gobernadas por el Partido Popular, que no se va a pestañear a la hora de tomar medidas drásticas en el caso de que no se cumplan las prescripciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Tanto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han mencionado literalmente la palabra «intervención» a la hora de referirse a las autonomías «díscolas».
Fabra, en el punto de mira
De Guindos sondeó el pasado sábado directamente al presidente Fabra en forma discreta sobre esta posibilidad, lo que no ha impedido que esta conversación haya trascendido del pretendido sigilo. La Generalitat Valenciana cerró el pasado ejercicio con un déficit de 1.543 millones de euros, frente a los 379 del año anterior. En porcentaje del PIB se sitúa en torno al 3,2%. Se recuerda asimismo que la Generalitat ha hecho frente el mes pasado a un vencimiento de 500 millones de euros de un préstamo no renovado de varias entidades financieras gracias a un préstamo del ICO. También aparece a la cabeza del ranking de las regiones más morosas, según las facturas pendientes que han remitido al propio Beteta, con más de 4.000 millones en impagos. La mayor parte de estas facturas pendientes se deben a gastos sanitarios y farmaceúticos. El propio Fabra ha llegado a admitir públicamente no ser capaz de discernir de dónde puede seguir cortando para cumplir con los objetivos marcados desde el Gobierno.
Valencia está, pues, en el punto de mira, aunque otras comunidades del PP también están siendo analizadas con lupa por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algunos corresponsales extranjeros advertían ayer de que una o más regiones podrían «traspasar poderes» en los próximos meses y citaban fuentes de Moncloa. Esta medida de toma del control presupuestario por parte del Gobierno central sería bien visto tanto por Berlín como por la UE, comentaban en sus informaciones. Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía eran las comunidades mencionadas por algunos rotativos anglosajones.
No obstante, la posible intervención de algún ente autonómico sigue siendo un tema tabú por parte del Gobierno, que ha desmentido, desde la cartera de Hacienda, esta posibilidad.

La pérdida de los archivos privados que miles de internautas guardaban en Megaupload reabre el debate sobre el almacenamiento online

Las compañías de internet ofrecen servicios de cloud computing’ hace años, pero ahora han pasado a ser una tendencia global. bloomberg
30/01/2012 10:40 / Blanca Salvatierra / Madrid.- La noticia en la voz de Asturias
Los expertos han insistido durante años en la importancia de realizar de forma periódica una copia de seguridad de los archivos personales del ordenador. Los CD, a los que se auguraba una vida superior a cien años, se han revelado como un soporte perecedero que no funciona a largo plazo. La puntilla del soporte físico la ha dado el auge del almacenamiento online, que ha conseguido que millones de usuarios se lancen a utilizar internet para asegurar ese contenido. Pero el denominado cloud computing o informática en la nube (la información guardada en internet) también está asociada a un soporte físico. Se dice que el usuario guarda «en internet», pero en realidad almacena su información en unos macroservidores propiedad de la empresa que le facilita el servicio. Y ello también tiene sus riesgos.

La pérdida de los datos que los usuarios almacenaban en Megaupload ha reabierto el debate sobre si la informática en la nube es segura. El cierre de este servicio por parte del FBI está sujeto a connotaciones relacionadas con la infracción de derechos de autor, un tema ajeno, en principio, a buena parte de los servicios de almacenamiento online. La autoridad estadounidense acusa a Megaupload de ser «una enorme red de piratería informática mundial», pero los usuarios también utilizaban la plataforma como disco duro virtual o para compartir archivos propios a los que, desde el cierre de la web, no han podido acceder.
La red suele ser utilizada como sistema de seguridad añadido

¿Qué pasaría si un día los internautas ya no pudiesen entrar en sus documentos almacenados en Google Docs, ver las fotografías de Flickr o los vídeos privados de YouTube? ¿Qué derechos les asisten? El almacenamiento de información en internet plantea dos cuestiones básicas: la seguridad que ofrecen las empresas que ponen sus servidores al servicio de usuarios y empresas, y la protección legal de los datos personales de los ciudadanos que hacen uso de estos servicios.

«No existe un mínimo de medidas de seguridad que una empresa que ofrece cloud computing esté obligada a cumplir, en parte porque resulta muy difícil regular en este sentido. La legislación avanza muy despacio y las medidas que se tendrían que exigir en este tipo de casos cambian muy rápido», explica el director técnico de la compañía de seguridad PandaLabs, Luis Corrons.

La nube plantea importantes ventajas tanto a usuarios como a empresas, que disponen de un espacio gratuito o con un coste mínimo en el que pueden, de forma sencilla, guardar y distribuir sus archivos. Herramientas de correo electrónico gratuito como Hotmail, de Microsoft, o Yahoo Mail se sirven del cloud computing hace años, mucho antes de que se empezara a hablar de la informática en la nube. Pero ahora ya es una tendencia global. Según el último informe de la Fundación Telefónica, La sociedad de la información en España 2011, este tipo de almacenamiento está redefiniendo la forma en la que los internautas acceden a los contenidos digitales en la red.
Las pérdidas, las filtraciones o el robo de datos son los principales peligros

Brechas de seguridad

«Existen riesgos», reconoce el director de tecnología y seguridad de la consultora Grupo CMC Daevid Lane, que añade que «correctamente controlados y gestionados no deben ser causa de freno para conseguir los beneficios asociados a esta nueva tecnología». Según la empresa de servicios en la nube Acens, este año el mercado del almacenamiento online en España crecerá un 40%.

Corrons recuerda que hay muchos servicios que son muy seguros, «pero otros, como ha quedado demostrado, no lo son nada». El último escándalo en este sentido se produjo cuando un ataque a los servidores de Sony puso al descubierto información personal de más de cien millones de usuarios en todo el mundo.
«Los riesgos no deben ser un freno para los beneficios», explica un experto

«El almacenamiento de datos de los usuarios obliga a disponer de unas elevadas medidas de seguridad. En ocasiones, no obstante, hay algunos aspectos de sentido común que tampoco se cumplen. Sony ni siquiera tenía la información de sus usuarios cifrada. Y eso es un paso básico, porque el cifrado asegura que, aunque alguien robe los datos, no podrá acceder a ellos», aclara el experto de PandaLabs. Tras solucionar la brecha de seguridad, Sony regaló juegos a sus usuarios en concepto de indemnización.

Cuando el correo electrónico de Google dejó de funcionar durante tres horas privando del servicio a más de 110 millones de usuarios, la compañía pidió disculpas, pero sólo indemnizó a sus clientes empresariales, aquellos que pagan por utilizarlo. «El usuario debería exigir, aunque sean servicios gratuitos, que la empresa tenga las correspondientes medidas de seguridad», señala Corrons, que admite que no se trata siempre de una tarea sencilla.

Protección de datos
La AEPD ha planteado una consulta pública sobre la ‘nube’

Desde Grupo CMC indican que la disponibilidad de la información, junto a la confidencialidad e integridad de los datos, son aspectos críticos. «Hay dos factores clave: la posible pérdida de la información y el poder disponer de ella en el momento que se necesita». Y en este caso la redundancia, que la empresa o el usuario almacene los datos en varias ubicaciones, es fundamental. «Lo más seguro es implantar sistemas de backup en local o, si esto va en contra de los objetivos de usar la nube, utilizar más de un proveedor», apunta Lane.

Las dificultades y los retos que plantea la informática en la nube con respecto a la privacidad los conoce bien la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que dedicó su 4ª sesión anual, celebrada el pasado viernes, al cloud computing y a sus aspectos legales. «Se trata de la innovación tecnológica que más interrogantes suscita actualmente desde el punto de vista de la protección de datos personales», explicó el director de la AEPD, José Luis Rodríguez.

Las dudas surgen sobre cuál es la legislación aplicable, cómo se plasma la relación entre el proveedor y los usuarios, qué garantías son exigibles y si hay diferencia entre que los datos de los internautas se almacenen en España, en un país de la Unión Europea o fuera de ella. Las empresas argumentan que, en caso de problemas, la legislación que se aplica es la relativa a donde están almacenados esos datos, y no a la de los ciudadanos que contratan el servicio.
La informática en la red se convirtió en una tendencia el año pasado

En la AEPD indican que un usuario o empresa que va a hacer uso de los servicios en la nube debe asegurarse de que su proveedor cumple la normativa europea a través de una lectura detallada de las cláusulas contractuales. No obstante, el almacenamiento online suscita aún muchos interrogantes legales que, por el momento, no tienen una respuesta todo lo definida que sería deseable.

Las ventajas de este sistema han animado a entidades públicas y privadas a ofrecer este servicio a sus usuarios, ya sea en sus propios servidores o alquilándolos a un tercero. «Contratar servicios con una empresa extranjera tiene el problema de demostrar y exigir a la empresa que cumpla la normativa establecida en materia de tratamiento de los datos», comentó el abogado del bufete Cuatrecasas Javier Aparicio Salom en un evento organizado hace unos días por Acens.

La pérdida de archivos, las filtraciones o el robo de datos son los principales hechos que originan los conflictos. La consulta pública sobre cloud computing que la Agencia inició en diciembre y que acaba de cerrarse ha recibido 437 respuestas completas y más de 1.100 parciales. Mientras, las autoridades europeas de protección de datos englobadas en el denominado Grupo de trabajo del artículo 29 están trabajando en un dictamen sobre la adecuación a las normas europeas de protección de datos de los servicios de cloud computing. La resolución podría estar lista en unos tres meses.

Eva Palomares – La noticia en valenciaplaza.com 10/04/2012

Grupo Crein y fondos de inversión toman posiciones para adquirir en subasta el patrimonio de viviendas del IVVSA, que ya ha iniciado su desmantelamiento con un ERE que afecta al 75% de su plantilla

Valencia. El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) afronta su reestructuración como ya lo hicieron las empresas del sector inmobiliario privado hace unos años. En su caso, se ha emprendido tardía, apresurada y radicalmente. Afecta a su plantilla, áreas de negocio, patrimonio y, en definitiva, a su futuro. Y la función principal de esta medida, al menos oficialmente, va a ser conseguir su viabilidad.
Tras la ejecución del ERE de más del 76% de su plantilla, desaparecerán las áreas de gestión de suelo y promoción y cerca de 70 personas se dedicarán a la gestión y mantenimiento de un parque de de 16.000 inmuebles, entre viviendas y locales comerciales, de la Generalitat Valenciana y que se destinaba a familias con escasos recursos económicos, así como a los alquileres. Mientras, le han salido pretendientes a su patrimonio generado en sus 25 años de vida.
Sin embargo, tanto en el sector inmobiliario como dentro del mismo IVVSA se desconfía de que la estrategia pretenda mantener su actividad y se aprecia un intento por liquidar la empresa en un periodo de no más de tres años. Todo apunta a que las consecuencias no van a ser muy favorables para el futuro de la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana.
La opción de la Generalitat Valenciana de mantenerla bajo mínimos, en una especie de UCI, hasta que lleguen tiempos mejores, es para los trabajadores del IVVSA una muerte aplazada de la empresa. Y se duda que el recorte permita reavivar a la empresa en condiciones de efectividad una vez se recupere la demanda. En la misma institución se cuestiona la efectividad de la estrategia «porque no se puede gestionar el parque de inmuebles de la Generalitat, de 16.000 viviendas, que vendría a representar una ciudad de cerca de 55.000 habitantes, con sólo 70 personas», explican fuentes del sector conocedoras de la trayectoria del IVVSA
«Se está desperdiciando la oportunidad de preparar la máquina para cuando se recupere la demanda. Con un 50% de la plantilla y manteniendo todas las áreas del IVVSA en activo, con los recortes necesarios sí que sería posible», añaden.
Precisamente, la creación del IVVSA se debió a la existencia del parque de viviendas público construido durante el franquismo y la necesidad de agilizar y ser eficientes en la gestión. Con la medida tomada por la Generalitat se vuelve a los inicios. El patrimonio público de vivienda vuelve a estar gestionado por la Administración pública, por la Generalitat, y con ella, toda la burocracia que conlleva…
Vuelta a los inicios
El futuro de esta empresa ya estaba decidido desde la entrada de Inmaculada García, la actual responsable del IVVSA, durante el pasado mes de julio. La nueva responsable, procedente del Sepiva, ha marcado las distancias con los empleados de la empresa desde su entrada. Su misión era conocer la estructura para reducirla y llevar a cabo la reestructuración y así lo ha hecho. «No conoce demasiado el sector y tampoco se ha relacionado demasiado con la plantilla del IVVSA», reconoce uno de los trabajadores del IVVSA que prefiere mantener su anonimato.
Este modo de proceder, dictado desde las altas instancias de la Generalitat, unido a la falta de información dentro de la misma empresa, cuya plantilla tuvo noticias del recorte por la prensa, ha generado malestar. Los consistorios tampoco saben más de la información ofrecida en los medios de comunicación y desconocen qué va a pasar con sus proyectos a falta de una información oficial. Se presupone que los PAI en tramitación de los que el IVVSA es agente urbanizador serán devueltos a los ayuntamientos. Afectan a más de 7 millones de metros cuadrados de suelo repartidos en 37 PAIs en toda la Comunidad Valenciana: 17 en la provincia de Valencia, 12 en Alicante y 8 en Castellón.
En la empresa se esperaba un recorte, que debiera haberse efectuado haces dos años (ha sido más tarde) pero de otro modo. Según coinciden empresarios del sector y profesionales del IVVSA, era obvio que el instituto necesitaba una reestructuración y redimensionamiento porque no se vendía suelo, las entidades financieras no conceden ni concedían créditos para construir, no se vende vivienda y, por tanto como otras empresas del sector, no se puede soportar la estructura. Sin embargo, se cuestiona el modelo de reestructuración que se ha ejecutado al fin. La necesidad de la Generalitat de reducir la deuda ha obligado a tomar esta decisión más radical.
La alternativa que no se aplicó
«Se hablaba de unificar en holdings las empresas públicas y no parece que se vaya a hacer así». Uno de ellos, el de inversión, estaría conformado por el IVVSA, Sepiva, Ciegsa y el Ente Gestor de Infraestructuras. La reunión de todas estas empresas públicas buscaría optimizar la gestión unificando las áreas comunes en una sola. Redistribuir los servicios horizontales de todas ellas en uno solo, con órganos compartidos para buscar la eficiencia del organismo.
Una de las soluciones posibles de este planteamiento era que en este holding, el IVVSA volviera a construir los colegios como hizo en su etapa inicial. Muy al contrario, se ha iniciado la rueda de recortes por empresas que, en este caso deja sin autonomía la gestión de la vivienda protegida ya que su actividad se incluirá en la Corporación Empresarial de la Generalitat Valenciana. El IVVSA ha sido la primera.
«No es positiva la desaparición de las bases del IVVSA», entiende Gerardo Roger, arquitecto urbanista y uno de los asesores que participaron en la vigente Ley de Suelo nacional. «Toda la política de vivienda protegida que se ha hecho en la Comunidad se ha hecho a través del IVVSA. Lógicamente la política de VPO tendrá que cambiar y tender hacia la rehabilitación de viviendas en el centro de la ciudad y el alquiler y hacia las viviendas dirigidas a las familias más necesitadas y además unificándose las funciones de gestión de suelo en un único órgano, en el que se encuentre el suelo del Sepiva con el del IVVSA. No sé si debiera mantenerse un órgano autónomo. La función sigue existiendo, por lo que la misma función crea el órgano, pero se tiene que reorientar».
Grupo Crein se interesa por el patrimonio del IVVSA
Paralelamente a la tramitación del expediente de regulación de más de 76% de su plantilla, se estudia vender los activos inmobiliarios que ha acumulado el IVVSA durante más de 25 años. Parcelas de suelo, locales y viviendas son su patrimonio. Y ya hay interesados en este patrimonio. Según ha podido saber Valenciaplaza.com, Grupo Crein, empresa valenciana dedicada a la vivienda protegida en alquiler está tomando posiciones para quedarse con parte de este patrimonio excedente. La empresa presidida por Juan José Galiano, «está recabando información sobre el patrimonio en renta del IVVSA para comprar», comentan fuentes del sector inmobiliario. Sin embargo, Crein lleva la operación con mucha discreción.
La parte de patrimonio del IVVSA susceptible de ser vendida en bloque lo conforman tanto un grupo de viviendas en alquiler en Gandia y el centro histórico de Valencia, así como otras 400 viviendas en compraventa que estarían principalmente en Orihuela (100), Albaida (más de 50), Vinaroz (40),Gabarda (12) Ciudad de la Luz, y Gandía (30 vacías y 60 ejecutadas al 75% pero la mayoría sin vender).
Atendiendo a la actividad que desarrolla Crein, todo apunta a que optará por los edificios con viviendas alquiladas en el centro histórico de Valencia y en Gandía. De todas formas, la compra se llevaría a cabo mediante subasta pública. Distintos fondos de inversión también han mostrado interés en el patrimonio del IVVSA, aunque las fuentes consultadas por este diario no han podido concretar la propiedad de los mismos. El suelo por desarrollar de Alicante, Sociópolis (Valencia) o Torrente, actualmente en manos del IVVSA, es objeto de interés de estos inversores.
Los promotores privados cuestionan la necesidad del IVVSA
Con la reducción de los activos inmobiliarios se conseguiría reducir un importante volumen de deuda del IVVSA, que con la reestructuración pasará a ser asumido por la Generalitat y que asciende a cerca de 300 millones de euros. Sin embargo, no es suficiente ante la carencia de ingresos y la presencia de gastos, sobre todo estructurales.
Para el sector privado, ahora el IVVSA no tiene ningún sentido. No ha sabido reaccionar a la crisis y ha perdido la frescura de la gestión sin burocracia, según aprecian. «Funciona con lentitud y falta de implicación y consigue irritar a las empresas que ya se han reestructurado para afrontar la actual coyuntura. No creo que sea necesario ahora, lo fue antes, antes del boom y durante el boom, pero ahora no se ha adaptado a los cambios y está totalmente obsoleta», explican fuentes de los promotores.
Los principales errores del IVVSA, según los promotores de vivienda protegida consultados por este diario, han sido la falta de un objetivo claro, no saber aprovechar y gestionar la información disponible como organismo público, y una gestión sin criterios apenas definidos y con mucha burocracia.

Fabra confía en que Madrid no le oblige a computar en el ejercicio de 2012 los 1.850 millones de deuda sanitaria sin aflorar
J. Ruis/J. García. El artículo en Información de Alicante
La bola de facturas en los cajones que el Consell ha decidido aflorar para saldar su deuda con proveedores gracias al plan de pagos puesto en marcha por el Ministerio de Hacienda podría acabar aplastando a la Generalitat. La Comunidad Valenciana tiene encima la espada de Damocles de ser intervenida por el Estado si no consigue cumplir el objetivo de déficit fijado en el 1,5% del PIB regional en 2012, aproximadamente 1.500 millones. Una cifra que exige un astronómico recorte ya que cerró 2011 con 3.800 millones más de gastos que de ingresos. Nada menos que 1.850 millones de los 4.069 millones de deuda a los proveedores, según el listado enviado a Madrid, corresponde a gastos sanitarios no imputados a ningún presupuesto.
El acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financieron (CPFF) del 6 de marzo que dio luz verde a los créditos ICO para que las comunidades pagaran sus deudas recoge que el gasto oculto de las facturas en los cajones «deberá aplicarse al presupuesto vigente para 2012». Esto conllevaría el descalabro de las cuentas vigentes y la imposibililidad material de lograr el objetivo de déficit, ya que al enorme ajuste habría que sumar los 1.800 millones. Fuentes del Consell consultadas por este diario, aseguraron ayer que tienen el compromiso de Madrid de que las facturas en los cajones no computarán a efectos de déficit en 2012. De este modo, la Generalitat tendría algo de margen para no acabar siendo intervenida. El ministerio está negociando con Hacienda cómo registrar el gasto oculto sin que las cuentas de la Generalitat de Alberto Fabra, que cuenta con el apoyo político de Rajoy, salten por los aires. Una de las posibilidades que se barajan es periodificar el computo de los 1.800 millones incorporando anualmente al presupuesto hasta 2023 (los créditos ICO tienen un plazo de diez años de devolución) la parte concreta de esta deuda que se abone en cada ejercicio. De hecho, esta vía ya la estaba utilizando el Consell sobre una parte muy importante de las facturas en los cajones de años anteriores.
En concreto, al cierre de 2010, 1.393 millones el gasto oculto sanitario estaba periodificado hasta 2017. Fuentes de la Conselleria de Hacienda incluso barajaban la posibilidad de que las facturas de los cajones enviadas al ministerio ahora se imputen no sólo a ejercicios futuros, sino a anteriores, ya cerrados, cuando se originó la obligación.
Lo cierto es que la propia Generalitat ha cambiado el documento informativo que en su momento colgó en su web para informar a los proveedores sobre el procedimiento de pago habilitado por el Gobierno central. El Consell difundió en marzo un documento en el que en uno de sus apartados, al detallar los requisitos que debían reunir las obligaciones pendientes de pago a los proveedores para ser incluidas en este plan, reproducía literalmente el acuerdo del CPFF. Así, señalaba que las obligaciones debían ser «vencidas, líquidas y exigibles. Si las obligaciones pendientes de pago, estuvieran pendientes de aplicar a presupuesto, deberán aplicarse al presupuesto vigente en 2012». La alusión a las facturas en los cajones contenida en la última frase ha desaparecido en el documento que está colgado ahora en la web. Sólamente se recoge la primera frase: las obligaciones deben «ser vencidas, líquidas y exigibles».
De concretarse este pacto, el conflicto está servido. Aquellas comunidades que tuvieran facturas en los cajones, pero que no han querido aflorarlas para no disparar el déficit estarían en una situación de desventaja. No tendrían el respaldo del ICO para saldar su deuda en cómodos plazos, pero tendrían que asumirla obligatoriamente. La nueva ley de estabalidad presupuestaria prohíbe taxativamente a los gestores públicos la generación de facturas en los cajones. El propio presidente Alberto Fabra expresó el pasado miércoles su convencimiento de que la valenciana es la autonomía con más deuda a proveedores porque hay algunas que no han comunicado todas las facturas pendientes.
La amenaza de que la Comunidad Valenciana sea intervenida por el Gobierno ante la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones -para este año contará con unos 10.000 millones de ingresos cuando el año pasado tuvo unos gastos no financieros de 14.000 millones- sobrevuela estos días ante la presión de los mercados. Algunas voces sostienen que Rajoy está sopensado intervenir una autonomía -preferiblemente del PP- como gesto ejemplarizante de cara a los mercados. Incluso que ha habido conversaciones entre el ministro de Economía, Luis de Guindos, y Fabra. Fuentes de Presidencia negaron rotundamente que el ministerio haya sondeado al jefe del Consell al respecto y ayer descartaron que se esté planeando el rescate. Precisan que, como el resto de autonomías, serán examinadas en otoño cuando haya datos sólidos sobre si están o no ajustándose al déficit previsto.
El conseller de Economía, Máximo Buch, fue tajante: «No hace falta que nadie nos venga a intervenir, ya vamos a hacer nosotros el trabajo», dijo a los periodistas. El titular de Economía garantizó que la Generalitat cumplirá con su objetivo de déficit, fijado en el 1,5 % del PIB autonómico, ya que está tomando «las medidas adecuadas» para ello desde el inicio de 2012.
El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una conversación informal con periodistas rechazó que su Ejecutivo tenga intención de intervenir a ninguna comunidad autónoma.

Inyección de emergencia
No obstante, algunas fuentes tampoco excluían ayer la posibilidad de que hubiera una intervención en el caso de que el Consell no pudiera de facto afrontar sus obligaciones. De ser así, el Ejecutivo de Fabra trataría de presentar la medida como resultado de la mala financiación de la Comunidad Valenciana que atribuye al Gobierno socialista y la inyección económica de emergencia como un apoyo del Gobierno atendiendo a estas circunstancias. Al ser una aportación extraorindaria no daría pie a que otras comunidades reclamaran el respaldo financiero.

El artículo en portaltic.es
Frenan el desarrollo
Los recientes ataques informáticos al servicio Gmail de Google y la red de juego PlayStation Network de Sony amenazan con ralentizar el despegue del siguiente gran avance del ciberespacio: la nube.
Las compañías informáticas tendrán que colaborar para trabajar en la seguridad de redireccionamiento con el fin de reforzar la confianza en la informática en nube, donde el software y los datos se almacenan en servidores a los que se accede mediante Internet.
Las medidas deberán ir especialmente hacia el espacio corporativo, donde el mercado potencial es mucho mayor que el de la venta al por menor.
«Muchas empresas tienen reservas sobre la seguridad de la informática en nube por la arquitectura de multi-tenencia y el hecho de que los proveedores de nubes sean ‘grandes objetivos'», dijo Steve Hodgkinson, director de análisis tecnológico para la empresa de investigación británica Ovum.
«La realidad, sin embargo, es que los proveedores de nube líderes tienen un gran aliciente para invertir en los últimos procedimientos y tecnologías de seguridad, y seguramente sean más seguros que la mayoría de empresas», añadió.
La seguridad es un asunto candente en el mundo de la informática. Piratas informáticos entraron en la red de Sony y tuvieron acceso a la información de más de un millón de clientes, la última de varias brechas en la seguridad.
Las vulneraciones de la seguridad han sido los últimos ataques a las empresas de alto perfil, incluyendo el contratista de defensa Lockheed Martin y Google, que ha señalado como culpable a China.
Las preocupaciones sobre la seguridad podrían ralentizar el crecimiento del mercado de la informática en nube, que se espera que sólo en Asia llegue a los 3.200 millones de dólares este año, en comparación con los 1.870 que alcanzó el año pasado, mientras que el mercado global podría alcanzar los 55.000 millones de dólares en el 2014, según las estimaciones de la empresa de investigación IDC.
Mercado fragmentado

Los expertos en la industria y los analistas creen que la seguridad basada en el hardware proporciona un mayor nivel de protección que el software encriptado en los servidores. Los fabricantes de chips están trabajando en conseguir una mayor autentificación en el silicio.
«Tenemos que combinarnos para mitigar cosas como crear más y más seguridad en la infraestructura», dijo Boyd Davis, vicepresidente del fabricante de chips Intel, hablando esta semana en la feria de informática Computex de Taipei.
Intel ha estado trabajando desde finales del año pasado con proveedores de software y computadores como Fujitsu, Huawei , Cisco, Dell, IBM y Hewlett Packard en una iniciativa entre industrias con el objetivo de hacer la infraestructura en nube más sencilla, eficiente y segura.
Pero uno de los problemas a los que la nube se enfrenta es un mercado fragmentado en el que muchos proveedores proporcionan diferentes soluciones de seguridad basadas en sus propios estándares.
Los rivales de Intel ARM y Advanced Micro Devices también están en proceso de incorporar una mayor seguridad en sus chips y procesadores, pero trabajando con socios distintos.
El que hubiera un estándar abierto que seguir ayudaría a la industria a crear un sistema en nube mucho más seguro, según
AMD.
«Como no hay un estándar abierto, podrías crear seguridad de un modo determinado y yo podría hacer algo con lo que no fuera compatible, y las aplicaciones no podrían combinarse», dijo Manju Hedge, vicepresidente ejecutivo de AMD.
Señaló que Apple, determinada a presentar la semana que viene un servicio en nube llamado iCloud, tiene su propia seguridad porque es una compañía vertical, pero el resto de la industria debería tener un estándar abierto.
Davis, de Intel, se mostró de acuerdo en que falta interoperabilidad y un estándar abierto con límites para la nube, pero añadió que la industria debería tener cuidado de que la seguridad de un estándar abierto no facilite el trabajo de los «hacker».
«Lo que pasa es que la definición de lo seguro está firmemente asentada. Ese es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos. Deberíamos tener más capacidad para controlar la carga de trabajo de nuestros procesadores, pero cuanto más hacemos más facilitamos la entrada de códigos maliciosos», enfatizó.

Adjudica por 28.000 euros la defensa del ERE al despacho de Broseta, que dirige el hermano del secretario autonómico del sector público

Julia Ruiz. El artículo en Información de Alicante
El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) ha gastado al menos 71.000 euros en consultoras externas para que le asesoren sobre cómo salvar sus cuentas mediante despidos. La última contratación, por valor de 28.000 euros, se ha realizado con el despacho de abogados Broseta por el asesoramiento sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 252 trabajadores de la actual plantilla del organismo público. Se da la circunstancia de que el IVVSA ha recurrido a esta firma cuando todavía no tiene sobre la mesa el plan de viabilidad que encargó a finales de 2011 a la consultora Prices Waterhouse por 43.000 euros. A esta última firma se le encargó un diagnóstico sobre el modelo de negocio. El objetivo era estudiar la viabilidad del organismo y plantear posibles salidas a la crisis. Sin embargo, con el encargo recién realizado, el IVVSA decidió de antemano contratar otra consultora para que le llevara el ERE.
El plan de despidos fue adjudicado a la conocida firma de abogados en tiempo récord, según consta en el expediente al que ha tenido acceso este diario. Broseta Abogados está dirigido por Manuel Broseta, a la sazón hermano del actual número dos de la Conselleria de Economía. En concreto, Bruno Broseta es secretario autonómico del sector empresarial, un cargo desde donde está pilotando el proceso de adelgazamiento de las empresas públicas.
En el IVVSA, el ERE es una realidad desde hace aproximadamente un mes. La entidad contrató con la firma Broseta Abogados «la asistencia jurídica externa» para la «preparación de un expediente de regulación de empleo» mediante un procedimiento negociado sin publicidad que se solventó de forma exprés.
De hecho, la gerente del IVVSA, Inmaculada García Pardo, solicitó a la Abogacía de la Generalitat el informe previo a la contratación el pasado 14 de marzo y tan sólo 24 horas después, con el informe jurídico favorable ya en la mano, proponía la contratación del influyente bufete de abogados. En su petición a la Abogacía de la Generalitat para obtener el informe preceptivo, García Pardo avisa de que la selección del contratista se iba realizar mediante el procedimiento de negociado sin publicidad, «solicitando ofertas al menos tres empresas capacitadas. «El contrato se adjudicará a la oferta económicamente más ventajosa atendiendo únicamente al factor precio», añade en su escrito del 14 de marzo. El presupuesto máximo de licitación era de 47.000 euros, sin contar con el IVA.

Carecer de medios personales
El pliego de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asesoramiento jurídico para la preparación, negociación y ejecución «de las medidas laborales necesarias para garantizar la viabilidad del instituto» recoge una breve memoria justificativa en la que el IVVSA indica que los servicios a contratar no pueden ser atendidos con los medios personales y materiales que el Instituto dispone actualmente. El pliego tiene fecha de 31 de enero de 2012, aunque no es hasta el citado 14 de marzo cuando desde el IVVSA se solicitó autorización jurídica para iniciar el procedimiento por negociado sin publicidad. El pliego toca muy de pasada las razones por las que es necesaria la «implantación de medidas laborales».

Tras las medidas en Educación y Sanidad
El presidente asegura que se ha gastado ‘muchísimo en el pasado’
Justifica los recortes para ‘mantener y mejorar’ los servicios en el futuro
Salud Hernández-Mora – La noticia en El Mundo – Bogotá 19/04/2012
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha justificado los recortes en Educación y Sanidad en el hecho de que «no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos».
«Hemos gastado muchísimo en los años pasados», ha argumentado en una rueda de prensa celebrada en Bogotá junto a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.
El presidente del Gobierno ha defendido los últimos ajustes anunciados, que este viernes se aprobarán en el Consejo de Ministros, porque «España tiene unos servicios públicos muy buenos» y el «objetivo fundamental» es «mantenerlos y mejorarlos en el futuro».
En el caso concreto de la educación, el jefe del Ejecutivo ha señalado que «cada alumno que abandona la universidad supone un coste enorme al resto de los españoles».
Por ello, y aunque ha reconocido que es «duro» pedir «un esfuerzo» a los españoles, considera que es «necesario e imprescindible».
El contraste entre ambos presidentes reflejaba la distinta situación que viven ambas economías. Mientras Juan Manuel Santos rebosaba optimismo y replicaba cifras económicas en permanente crecimiento, Mariano Rajoy anunciaba recortes en cadena y admitía, incluso, que no tienen dinero para pagar unos servicios públicos que siempre han sido gratuitos. Por tanto, le tocará a los españoles sacar de sus bolsillos algunos euros para pagar educación y salud puesto que el gobierno anterior dejó un déficit muy superior al que esperaban.
Rajoy escogió un discreto NH para alojarse, equivalente a un 3 estrellas sobrio y confortable, viajó con un equipo mínimo y leyó un discurso corto ante Santos y unos doscientos empresarios, en el marco del Foro de Inversiones y Cooperación Empresarial y que tuvo a la Cámara de Comercio de Bogotá de escenario. Ausente de triunfalismos, valoró «la estabilidad jurídica y política» del país anfitrión, recordó que el suyo, en volumen, es el tercer inversor extranjero en Colombia y animó a seguir apostando por hacer negocios en esta nación lo que «ayuda a España en un momento difícil».
Santos, por su parte, que nunca ha sido un buen orador, habló como si lo fuera, sin papeles y por largo espacio, se permitió disertar sobre las maneras de afrontar las crisis económicas y, de alguna forma, le echó un cable a su colega al justificar su política de recortes permanentes. «A veces tenemos que tomar decisiones dolorosas, impopulares, pero necesarias», afirmó.
Pero lo que más encantó a la audiencia fue su referencia velada a la nacionalización de YPF que hizo Cristina Kichner. «Nosotros no expropiamos», afirmó, y sonó un gran aplauso. «España», dijo, «es de los países con los que más nos identificamos», y remató sus comentarios en tono amistoso con una frase que pretende dejar claro que la suya es una política de respaldo al inversor privado: «Si ellos crecen», en referencia a los empresarios, «a usted y a mí nos irá mejor».
‘Colombia es un país serio’
Más tarde, en la rueda de prensa que los dos Presidentes celebraron en Casa Nariño, el mandatario sudamericano manifestó que son «amigos de Repsol, está aquí en Colombia, va a hacer una exploración muy importante con Ecopetrol (compañía estatal) de gas. Somos amigos de la inversión extranjera».
Recordó, además, que destinarán más de cien mil millones de dólares en los próximos diez años para mejorar al atrasada infraestructura de su nación, y animó a las empresas españolas a participar en las licitaciones que van a ir sacando. De hecho, anunció que una de ellas, el grupo Ortiz, acababa de ganar la construcción de la carretera que unirá Quibdo, capital del departamento del Chocó, con Pereira. Y en tono jocoso aseguro que harían fuerza a Barcelona y Madrid para que hubiera una final española en la Champions.
Además del encuentro que sostuvieron en el Palacio presidencial, en el que España se comprometió a apoyar el TLC de Colombia con la UE y a impulsar su ingreso en la OCDE, un viejo anhelo de Santos, Rajoy recibió un doctorado Honoris Causa en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, fundada, entre otros, por el líder conservador, ́lvaro Gómez Hurtado, asesinado hace años. En su discurso de aceptación, remarcó que para lograr el progreso de las naciones, es imprescindible «la seguridad jurídica», en clara alusión a Cristina Kichner. Luego diría que no piensa polemizar sobre la expropiación, aunque le parece muy mala, en especial para Argentina, pero que afectará la confianza en el resto de Latinoamérica.
«Colombia es un país serio, que cumple sus compromisos y en donde la seguridad jurídica está garantizada», aseveró Rajoy.