AIRE

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En la Asamblea de ARBO celebrada el pasado día 27 presenté mi dimisión en el cargo que ostentaba y solicité la baja en la misma. Comparto las razones expresados en los correos de mis compañeros que me han precedido en el envío.
La discrepancia en las lineas esenciales del borrador del anteproyecto de reforma ha sido un motivo importante aunque no el único. Como siempre sea bienvenido el debate que se ha abierto sobre el borrador aunque hubiese preferido que se hubiese producido antes. Opino que a nadie se le escapa que las decisiones que se tomen sobre el sistema registral pueden ser irreversibles. En esta materia no tenemos un retorno de impacto y cuando éste llegue será tarde. Nos queda el análisis y estudiar lo que ha acontecido en otros lugares.
Creo en el futuro de la función registral y por ello no hay que rendirse
Nicolás Nogueroles

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Los inversores privados lo perderán casi todo
Eduardo Segovia 29/11/2012 El artículo en elconfidencial.com
Ya hay sentencia para NovaGalicia Banco. El Banco de España ha tumbado definitivamente el plan de su presidente, José María Castellano, de mantenerse como entidad independiente y buscar inversores privados, y ha decidido que será vendida en cuanto finalice la subasta de CatalunyaCaixa. Además, los actuales accionistas de la entidad tendrán que asumir sus pérdidas, con lo que los 20 inversores privados que pusieron 70 millones en su capital perderán prácticamente todo su dinero.

Fuentes del Banco de España afirman categóricamente que «NovaGalicia desaparecerá como entidad independiente, únicamente podrá mantenerse como filial propiedad 100% del comprador si éste lo decide así y no la integra con su red y su marca». Exactamente el mismo destino que le espera a CatalunyaCaixa o el que han corrido todas las entidades subastadas hasta ahora, como CCM, CajaSur, CAM, Unnim o Banco Valencia.

Según explican en el supervisor, «uno de los tres principios que exige la Comisión Europea para rescatar entidades es que este rescate afecte lo menos posible a la competencia, y una entidad que recibe 6.000 millones y sigue compitiendo tiene que desaparecer salvo que sea sistémica, lo cual es el caso de Bankia pero no el de NovaGalicia. No puede seguir compitiendo y no vale con captar nuevos inversores o con salir a bolsa; debe venderse».

Hasta ahora, Castellano (nombrado por el FROB, que es el principal accionista de la entidad) había insistido en mantener la entidad en solitario y buscar inversores privados. De hecho, ya el año pasado quiso evitar la nacionalización y prometió que conseguiría 1.000 millones, pero sólo obtuvo 70. Aun así, ha insistido hasta el último minuto en que hay inversores interesados en adquirir la fusión de las cajas gallegas y que esta entidad podría seguir como independiente en su territorio natural.

La presencia de inversores privados con el 2,6% del capital sólo retrasará un poco la subasta de la entidad porque hay que cumplir una serie de tránmites societarios. Pero en ningún caso la va a impedir. La intención del supervisor es acelerar todo lo posible los plazos y poder colocarla a lo largo del primer trimestre del próximo año.

Precisamente, estos inversores habían pedido al Banco de España una solución para poder recuperar esos 70 millones. Pero el organismo que gobierna Luis María Linde no ha podido atender a sus peticiones por imperativo comunitario, y tendrán que perder la práctica totalidad de su dinero para absorber las pérdidas mediante una reducción de capital que se hará antes de la inyección del rescate europeo de 5.425 millones.

Suman entre el 5% y el 10% de la morosidad en las comunidades de vecinos
Las constructoras que no vendieron los inmuebles son también morosas
Carmen Morán Madrid 29 noviembre 2012 – El artículo en El País
Los bancos se han mostrado muy duros con los desahucios, pero son menos diligentes cuando se trata de pagar sus propias deudas. Tras expulsar en muchos casos a familias que no podían abonar su hipoteca, las entidades financieras se han quedado con miles de pisos, pero no pagan muchos recibos de esas comunidades de vecinos: deben entre 75 y 150 millones de euros por toda España. Estos nuevos inquilinos fantasma son los responsables del 5% al 10% de la morosidad que soportan las comunidades de vecinos, alrededor de 1.500 millones.
“Tienen deudas desde 300 euros a 15.000 con algunas comunidades. Las entidades financieras manejan un único criterio, el estrictamente económico. Solo pagan cuando ya no les queda más remedio y se va a iniciar un procedimiento judicial que les saldrá menos ventajoso”, asegura José Juan Muñoz, abogado y administrador de fincas, que es quien proporciona estos datos. La empresa de Muñoz, Acción Legal Asesoría Jurídica, participa en un plan de asesoramiento y gestión de cobro de deudas con el Colegio de Administradores de Madrid. Por esta vía, algunos vecinos pueden ir cobrando lo que les deben unos y otros.
Cuando un banco desahucia a una familia, tiene la obligación de hacerse cargo de la deuda con la comunidad (si la hubiera, que es lo lógico) del año en curso y del anterior. “Es el nuevo adjudicatario. Por tanto, debe pagar. Pero la gente se sorprendería de hasta dónde puede llegar un banco para ahorrarse 130 euros”, asegura Muñoz.
No es este el único agujero que las entidades financieras están abriendo en las comunidades de vecinos. En muchos bloques de zonas pobres puede encontrarse más de un piso que ha pasado al banco y permanece vacío. “En algunos casos se ha metido gente de mal vivir y han causado incendios. Barrios como el nuestro, el de Montserrat, en Terrassa, se están degradando de esta manera”, dice Antonio Cazorla, presidente de la Asociación de Vecinos. Cazorla echa la vista unos años atrás, cuando empezaron a llegar los inmigrantes, “muchos de ellos sin el hábito de pagar la comunidad”, a los que enseñaron “algunas costumbres cívicas de sus nuevas ciudades de acogida”. “Aquí vivíamos bien, de manera corriente, unos con otros. Hicimos más de 2.000 asambleas en cuatro años. La asociación de vecinos no se cerraba ni en agosto, era un lugar de encuentro. Se creó, precisamente, para recuperar los barrios”, recuerda. “Ahora han llegado los banqueros, con la crisis que ellos han generado, y muchos de estos vecinos han sido desahuciados. Así que, entre los que no pueden pagar por la crisis y las entidades financieras, que también son morosas, en algunas comunidades de vecinos tienen ya problemas hasta para la limpieza de las escaleras. Esto es un desastre”, dice compungido. Y menciona el caso del piso quemado en el bloque 15, perteneciente ahora a un banco, “que ni se ocupa, ni paga la deuda, ni se arregla”, un triste símbolo de la degradación paulatina de un barrio.
Y ello a pesar de que el Ayuntamiento de la ciudad ha dado pasos para ayudar a las comunidades con estos impagos. “Eso es cierto, pero les pedimos más contundencia, que actúen de forma generalizada y que cambien esta política de mantener pisos vacíos cuando hay gente que está en la calle”, reclama Guillem Domingo, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Los bancos no son los únicos morosos. Los vecinos tienen otro frente abierto con las promotoras y constructoras, que aún tienen miles de pisos sin vender y tampoco manifiestan un afán desmedido por cumplir con sus obligaciones inmobiliarias. Y disponen de vías de escape, porque, en algunos casos, esos pisos no están todavía sujetos a las exigencias de la ley de propiedad horizontal.
Por lo demás, la obligación de pagar los recibos vecinales está bastante blindada. “La comunidad tiene, por ley, derecho a cobrar esas deudas antes que el propio banco las suyas. A eso la ley le da el tratamiento de crédito singular. La comunidad de vecinos es la acreedora y tiene derecho a cobrar de inmediato”, explica Belén Madrazo, del Colegio de Registradores de la Propiedad. Esas deudas son de cobro preferente, después de las de Hacienda y la Seguridad Social. De hecho, con dos recibos sin pagar podría iniciarse la ejecución para proceder al desahucio, pero las comunidades de vecinos no lo hacen porque esto les sale más caro aún. De todas formas, si el banco no es más que un inquilino fantasma, ¿a quién desahucian los vecinos?

Declaraciones del subsecretario de Economía
‘El fin es limitarlas a términos justos o erradicarlas completamente’
Dice que imponer la dación en pago conduciría a una situación ‘inviable’
Europa Press | Madrid 22/11/2012 La noticia en El Mundo
El Gobierno limitará e incluso prohibirá las cláusulas abusivas de las hipotecas durante la convalidación parlamentaria del decreto aprobado para paliar los efectos de los desahucios, según ha dicho el subsecretario del Ministerio de Economía y Competitividad, Miguel Temboury.
En un encuentro digital en elmundo.es, Temboury ha asegurado que durante la tramitación del decreto se prestará especial atención a esta materia, como ya anticipó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
«Con el fin de limitarlas a términos justos para ambas partes o de erradicarlas completamente», ha señalado Temboury, que fue el encargado de coordinar el equipo de expertos del Gobierno para tratar los desahucios.
Sin embargo, ha descartado la posibilidad de eliminar la responsabilidad patrimonial universal y de imponer la dación en pago porque son medidas que conducirían a una situación en la que resultaría «inviable» el crédito hipotecario en el futuro y acabarían perjudicando el acceso a la vivienda en propiedad. «Sólo sería asumible por quién pudiera pagarla de antemano», ha dicho.
Tembnoury ha admitido que los límites fijados para beneficiarse de las medidas pueden parecer «discutibles», pero ha explicado que era «necesario» establecerlos y se han fijado de acuerdo a los criterios habituales en materia de protección social.
Iniciativas circunscritas a deudores hipotecarios
Preguntado por si no se deberían aplicar medidas similares para evitar los desahucios de ciudadanos que viven de alquiler, el subsecretario de Economía ha explicado que las iniciativas adoptadas hasta la fecha se han circunscrito a los deudores hipotecarios porque la deuda hipotecaria sigue generando intereses aunque no se pague y puede conducir a una situación de extremo empobrecimiento de las personas.
Considera ‘lógico’ exigir a la banca un ‘especial esfuerzo’
Además, en un contexto en el que se está haciendo un gran esfuerzo colectivo para sanear el sector financiero, Temboury considera «lógico» exigir a las entidades de crédito un «especial esfuerzo» en esta materia. «Son precisamente las entidades de crédito las que tienen más viviendas en sus balances que pueden servir para paliar el problema de los desahucios», ha añadido.
Preguntado por el número de posibles beneficiarios, ha resaltado la importancia de hacer un esfuerzo para obtener datos fiables sobre desahucios referidos a primera vivienda, ya que los del Consejo General del Poder Judicial no distinguen ni la naturaleza del bien ni la del deudor ni la del acreedor.
En todo caso, ha asegurado que del total de la cartera hipotecaria española (que constituye alrededor del 40% del sistema financiero), solo un poco más de un 3% se encuentra en mora, de lo que se deduce que el caso general es el pago y lo «absolutamente excepcional» es el impago.
Sobre la propuesta de un lector que sugiere al Gobierno que el deudor hipotecario cuente con un plazo de tiempo para recuperar un bien que se haya adjudicado un banco por un precio inferior a la deuda por el mismo precio más los intereses legales, Tembory se limita a decir que se trata de una propuesta «inteligente y equilibrada» que será valorada en la tramitación parlamentaria del decreto.

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El pasado 27 de noviembre me di de baja como miembro de la Asociación de Registradores Bienvenido Oliver (ARBO). Aunque se trata de una decisión tomada hace algún tiempo, preferí esperar a comunicarla personalmente a la Asamblea que la Asociación celebraba ese día.
Hay una razón de fondo. ARBO está compuesta por un reducido número de miembros entre los que se suponía que existía -y creo que así fue durante un tiempo- una coincidencia sustancial en el análisis de diferentes aspectos del sistema registral. El transcurso del tiempo ha ido mostrando, poco a poco, la progresiva aparición y ensanchamiento de divergencias de criterios entre sus miembros en aspectos fundamentales. Por ello, por lo que a mí respecta, ha perdido el sentido que tenía mi pertenencia a dicha Asociación.
Hay una razón más inmediata que es, además, la que me ha decidido a hacer pública mi baja. Recientemente, se ha hecho público el borrador de reforma registral realizado por la Dirección General de los Registros y del Notariado y en cuya elaboración, según parece, se atribuye a ARBO un papel relevante. Probablemente, han intervenido en su elaboración registradores y otros profesionales y, entre los primeros, habrá miembros y no miembros de ARBO. En todo caso, hasta donde conozco, ARBO, como tal Asociación, no ha intervenido en la elaboración de dicho borrador, lo que no debe ser interpretado como reproche ni como elogio, sino como simple aclaración.
Mi opinión sobre el borrador la expondré razonadamente en cuanto me sea posible. Se trata de un texto extenso y un análisis minimamente riguroso lleva un cierto tiempo.
Si se me permite, aconsejo a todos una lectura atenta del texto, con la finalidad de formarse una opinión fundada acerca del mismo. Creo, también, que los órganos colegiales, además de expresar su opinión sobre el mismo, deben propiciar la celebración de actos de análisis y debates en torno a este borrador, dada su trascendencia.
Fernando P. Méndez González

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Propone liquidar bancos
Pablo Pardo | Washington 28/11/2012 El artículo en El Mundo
La reforma financiera va bien, pero no existe el más mínimo margen para la complacencia. Con ese diagnóstico, el Fondo Monetario Internacional (FMI) despide 2012. La institución que dirige la ex ministra de Economía francesa Christine Lagarde ha emitido hoy su Primer Informe de Evaluación del Sistema Financiero. Es un documento en el que, con carácter trimestral, el FMI analizará la evolución de la banca española mientras dure el rescate solicitado por el Gobierno el 25 de junio.
Las conclusiones del análisis ya habían sido hechas públicas el 26 de octubre y ahora, un mes después, el organismo ofrece las bases sobre las que se asienta su análisis. La principal conclusión es que España sigue en el mismo punto en que estaba el 8 de junio, cuando publicó su informe Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero de España, que abrió las puertas al rescate de la banca.
En su nuevo informe, el FMI es particularmente claro a la hora de recomendar a España que «evite fusiones bancarias que no generen claramente valor», y en recomendar que los bancos no viables vayan «cesando su actividad de forma ordenada». El Fondo también recomienda seguir un delicado equilibrio, de modo que la reestructuración de los balances de los bancos y no reduzca todavía más el flujo de crédito a la economía.
Ése es un aspecto clave, porque el Fondo mantiene el pésimo cuadro macroeconómico del mes de octubre: los balances de las familias y las empresas siguen sobrecargados por la deuda, y el crédito continúa sin fluir, aunque las últimas actuaciones del Banco Central Europeo (BCE) han suavizado ligeramente las condiciones monetarias de la economía española. El resultado es que España no entrará en crecimiento hasta 2014. Y eso, si las cosas no van a peor, ya que los riesgos a la baja son considerables.

Podrán bajar ligeramente los despidos anunciados hoy
Angeles Gonzalo – Madrid – 27/11/2012 La noticia en Cinco Días

El Banco de España aprobó ayer los planes de recapitalización de los bancos nacionalizados -Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia y Banco de Valencia-. Este era el paso previo para que hoy Bruselas apruebe definitivamente y anuncie los planes de cada una de estas entidades y las necesidades totales de capital que necesita este grupo: 37.000 millones.
Al final, y en contra de lo que pretendía la banca sana, solo se han producido dos subastas en esta recta final: Banco de Valencia, que ayer fue adjudicada a La Caixa en una puja exprés, y Catalunya Banc, cuya adjudicación se llevará a cabo en enero, y en la que Santander tiene muchas papeletas para quedársela. BBVA también pujará y estudiará a conciencia sus números. En este caso, se la llevará quien pida un EPA o esquema de protección de activos más bajo para cubrirse de futuras pérdidas sobre el crédito a pymes sobre todo, ya que los activos tóxicos pasarán a Sareb y la firma catalana será recapitalizada con capital público procedente de Europa. También pujarán Banco Sabadell y Kutxabank.
Bankia y Novagalicia, mientras, tendrán cinco años para realizar sus ajustes y proceder a su venta, si procede. De momento, el objetivo es que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri sea rentable y pueda incluso devolver el capital público y se mantenga independiente. Según los test de estrés de Oliver Wyman, Bankia tiene un déficit de capital de 24.743 millones de euros.
En el caso de Novagalicia la idea es que se dé entrada a inversores privados lo antes posible. Fuentes conocedoras de este proceso aseguran que esta operación puede que se produzca más rápido de lo previsto, el próximo año. Su presidente, José María Castellano, de hecho, lleva más de un año apostando por la independencia de Novagalicia al contar con una serie de fondos de inversión propietarios de bancos en Reino Unido o Japón, entre otros países, interesados en tomar el control de la firma gallega.
Uno de los flecos que aún quedan por resolver es cómo se realizará la ampliación de capital para recapitalizar a estas entidades nacionalizadas, sobre todo Novagalicia, que cuenta con un pequeño grupo de accionistas privados.
De momento, el Banco de España parece proclive a que esta inyección de capital se lleve a cabo a través de una operación acordeón, es decir, primero reducir el capital a cero y luego realizar la ampliación. Es lo que se hizo en la matriz de Bankia, BFA.
El problema es que esta operación provocará que el contador de los actuales accionistas privados se ponga también a cero, frente a la realización de una ampliación de capital al uso, que diluye el peso del inversor, pero no lo expulsa del capital. Pero parece que hay una solución sencilla que evitaría la salida de los actuales accionistas.
Las cuatro entidades nacionalizadas, mientras, anunciarán hoy sus planes de recapitalización y los ajustes que deben realizar como condición de Bruselas para inyectarles estos fondos. Bankia realizará un ajuste de plantilla de unos 6.000 empleados y Novagalicia de unos 2.000 trabajadores. Pero como sucedió en el caso de la compra de Unnim por parte de BBVA y de CAM por Sabadell, al final se espera que las salidas de personal sean inferiores. Como ejemplo, los sindicatos se remiten a los dos procesos anteriores, cuyos despidos finales fueron ligeramente inferiores a los anunciados y aprobados por Bruselas.
La última vuelta de tuerca a las fusiones
Las entidades nacionalizadas recibirán el capital público de Bruselas a finales de diciembre. Antes, sobre el día 15, estos fondos serán desembolsados por parte de las instituciones europeas al FROB, que será quien los inyecte a BFA-Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia. Se cumple así uno de los principales objetivos del Gobierno español cuando pidió el rescate de la banca del país. Ahora falta por comprobar si el mercado vuelve a confiar en el sistema financiero español y vuelve a fluir el crédito. De cualquier forma, y como señaló hace unos días el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, aún falta un tiempo para que el sector financiero español esté completamente saneado y resuelto el mapa bancario.
Queda todavía por resolver los planes de BMN y Liberbank, por un lado, y de Banco Ceiss (Caja España Duero) y Caja 3, por otro. Estas cuatro entidades necesitan en mayor o menor medida capital público en forma de bonos convertibles contingentes (cocos) en los primeros casos. Mientras que para Ceiss y Caja 3 el futuro parece más incierto una vez que sus proyectos de fusión con Unicaja, en el caso de la entidad castellanoleonesa, y de Ibercaja para la firma integrada por Caja Badajoz, CAI y Círculo de Burgos, están parados o incluso enterrados. Ambas entidades, de hecho, podrían ser subastadas si no prospera ahora una operación corporativa. La Caixa, mientras, con la compra de Banco de Valencia lograría diluir más su participación en CaixaBank, en el que controla el 61% y del que, según Bruselas, debe perder el control como todas las cajas de ahorros si al final no se llega a un acuerdo para evitarlo.
Otra operación que pue_de quedarle ahora en cartera es crecer en Galicia. Ya que no podrá pujar por Novagalicia a lo mejor estaría dispuesta a apostar por Banco Gallego, afirman fuentes financieras.

Amenaza su rating ante el temor de que incumpla el déficit

23 Noviembre 12 – ́lvaro del Río – El artículo en La Razón
París- Se trata de una advertencia más para Francia. A la pérdida de la «triple A» que le infligió la agencia de calificación Moody”™s a principios de esta semana se suman las reticencias de Standard&Poor”™s (S&P), que ayer decidió mantener la perspectiva negativa sobre la deuda pública de la economía francesa, a la que el pasado enero rebajó la nota desde AAA hasta AA+. Sólo Fitch sigue manteniendo la «triple A» gala.
Desde principios de año, no sólo ha pasado el tiempo y el deterioro de la coyuntura, sino un cambio de Gobierno que suscita interrogantes sobre su capacidad para acometer las necesarias reformas. Eso explicaría la perspectiva negativa de S&P, que adopta así una posición preventiva. La agencia estima que hay un tercio de probabilidades de que en 2013 se rebaje nuevamente la nota de Francia.
En su comunicado subraya uno de los principales escollos de la economía gala: su competitividad y la «erosión significativa» observada en estos meses y que se explicaría por las «rigideces estructurales del mercado laboral, una competencia relativamente restringida en algunos sectores de servicios y una fiscalidad elevada». No obstante, la agencia no ignora algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno socialista de Franͧois Hollande y el giro de austeridad que ha tenido que imprimir a su política económica, en clara contradicción con algunas de sus promesas electorales.
S&P aprecia particularmente el «pacto de competitividad» recientemente anunciado y que prevé una rebaja fiscal para las empresas de 20.000 millones de euros en este quinquenio. También valora «el hecho de que el Ejecutivo galo esté determinado a llevar a cabo reformas presupuestarias y estructurales apoyándose en medidas ya anunciadas para reforzar el potencial de crecimiento económico». Pero más allá, estima, como reconoce el propio Gobierno francés, que serán precisas «reformas suplementarias» a corto plazo destinadas a «amplificar el efecto benéfico de las medidas adoptadas».
Entre otras recomendaciones, la agencia considera «positivas» reformas como la del mercado laboral y la del sector servicios. Tanto para la competitividad de la economía gala como para el crecimiento y, por consiguiente, para la «calidad del crédito» de Francia.
Si París implementara esos programas estructurales, S&P vaticina una estabilización de la perspectiva sobre su nota a largo plazo, de igual modo que si los poderes públicos logran reducir sus déficits y estabilizar el ratio de deuda pública en los tres próximos años.
Pero precisamente sobre la capacidad de crecimiento hexagonal de la economía a corto plazo, para 2013, la agencia no oculta su pesimismo. Sin hablar de recesión, prevé un estancamiento en 2012 y un leve crecimiento del 0,4% del PIB en 2013, la mitad de lo que espera el Gobierno de Hollande. S&P duda también de que París puede cumplir, pese a los drásticos planes de ajuste anunciados, su compromiso de bajar el déficit 3% en 2013. Según sus estimaciones, será del 3,5 %, en línea con el FMI.

La noticia en La Gaceta
Este incremento en la velocidad es rechazado por las víctimas de accidentes de tráfico.
La propuesta del PP de incrementar el límite de velocidad en las autopistas de peaje hasta los 140 kilómetros hora ha recibido el apoyo de las asociaciones de automovilistas y de las empresas concesionarias, pero el rechazo de las víctimas de accidentes de tráfico.
El diputado popular Paco Vañó ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, por la que insta al Gobierno a estudiar un incremento del límite máximo de velocidad en autopistas de peaje hasta los 140 kilómetros hora.
El objetivo de esta propuesta es aumentar la utilización de estas carreteras, actualmente deficitarias debido a la crisis, al tiempo que defiende que un incremento de la velocidad máxima en estas vías no implica un riesgo adicional.
El Real Automóvil Club de España (RACE) ha considerado «razonable» la propuesta, al entender que las vías de peaje son las carreteras más seguras. El director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, ha asegurado que los actuales límites de velocidad están «desfasados» porque los vehículos de ahora no son los de hace 30 ó 40 años.
Santa Cecilia ha añadido que una medida de estas características no repercutiría en un aumento de la siniestralidad, ya que el 76 % de los accidentes se producen en carreteras convencionales.
El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) se ha mostrado a favor de una regulación del aumento de la velocidad en las vías más seguras y ha solicitado al Ejecutivo que si la iniciativa funciona en las autopistas de peaje, se traslade también a las autovías.
Tomar en cuenta otras propuestas
Asimismo, ha subrayado que esta medida no debería plantearse por motivos económicos y con la finalidad de incrementar el tráfico de las carreteras de peaje, sino por seguridad, un punto en el que ha coincidido el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo.
Arnaldo se ha mostrado en desacuerdo con implantar límites genéricos en estas vías y ha abogado por adoptar el modelo alemán, donde la limitación de la velocidad depende del estado cada carretera.
Por lo que respecta a las concesionarias de las autopistas, el sector ha estimado que la medida va en la «buena dirección» porque ayudará a revitalizar el tráfico en unas carreteras que registran los menores índices de siniestralidad.
En su opinión, el aumento del límite de la velocidad permitiría a las autopistas más seguras y rápidas tener una ventaja competitiva sobre el resto de carreteras españolas y esto incrementaría su intensidad de tráfico, uno de los factores que más afecta a estas vías, junto a la crisis y la existencia de alternativas gratuitas.
Sin embargo, la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico (DIA) ha considerado «innecesario» un incremento de la velocidad y ha expresado su deseo de que esta medida no sea la «puerta abierta» para plantear también un aumento en las autovías.
El presidente de la asociación, Francisco Canes, ha subrayado que conducir a mayor velocidad implica mayor probabilidad de tener un accidente y que este sea de mayor gravedad, al tiempo que ha lamentado que la iniciativa responda a un motivo económico

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Las hipotecas constituidas sobre viviendas ascendieron a 21.195 en septiembre de este año, con una caída del 32,2% respecto al mismo mes de 2011. Según los datos difundidos este lunes por el INE, las viviendas hipotecadas encadenan ya 29 meses de caídas.
Europa Press 26-11-2012 La noticia en El Imparcial
El número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 21.195 en septiembre de este año, con una caída del 32,2% respecto al mismo mes de 2011, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Con el retroceso interanual de septiembre, las viviendas hipotecadas encadenan ya 29 meses de caídas consecutivas. El descenso interanual de septiembre fue más pronunciado que el de agosto, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron un 28,5%.
Además, la cifra total de hipotecas sobre viviendas es la segunda más baja en cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003. El ‘suelo’ de viviendas hipotecadas se registró el pasado mes de agosto, cuando se constituyeron 21.106 hipotecas, 89 menos que en septiembre.
En los nueve primeros meses del año, las hipotecas constituidas sobre viviendas se han reducido un 34,4% en relación al mismo periodo de 2011, con una disminución del 40% en el capital prestado y del 8,6% en el valor promedio de las hipotecas.
El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en septiembre los 102.407 euros, un 7,1% menos que en igual mes de 2011, mientras que el capital prestado se redujo un 37,1%, hasta los 2.170,5 millones de euros.
En tasa intermensual (septiembre sobre agosto), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 0,4%, frente a la disminución del 13,1% que experimentaron en agosto en valores mensuales. Se trata del menor incremento mensual experimentado en septiembre dentro de los últimos cinco años.
De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el noveno mes del año se constituyeron 35.894 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 29,7% respecto a septiembre de 2011.
El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 35,3%, hasta los 3.930,4 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 109.503 euros, un 8% menos que en septiembre de 2011.
Los bancos fueron las entidades que concedieron un mayor número de créditos hipotecarios en septiembre, al aglutinar el 77,2% del total, seguidas de otras entidades financieras (13,7%) y de las cajas de ahorro (9,1%). En cuanto al capital prestado, los bancos concedieron el 76,5% del total, las cajas el 9,5% y otras entidades, el 14%.

Consorcios públicos en el punto de mira
J.O. | Barcelona 27/11/2012 La noticia en El Mundo
La Fiscalía de Barcelona ha recibido un información elaborada por la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) en la cual se apunta a un presunto trato de favor que Telefónica habría recibido en Cataluña a lo largo de los últimos cinco años y gracias a las facilidades otorgadas desde instituciones públicas. Las pesquisas afectarían al último Govern tripartito además del actual Ejecutivo de CiU.
La investigación nace de un exhaustivo informe realizado desde Antifraude y que se centra en los presuntos delitos de de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, pactos colusorios y alteración de precios en concursos y subastas, según ha adelantado Economia Digital.
Según han confirmado fuentes de la OAC a ELMUNDO.es la investigación se encuentra en estos momentos en manos de la Fiscalía de Barcelona, la cual ahora debe decidir si da traslado de las pesquisas a Anticorrupción, Delitos Económicos o si la asume el Ministerio Público en Barcelona.
Según el informe de la OAC el epicentro de la investigación se centra en una empresa filial de Telefónica -Telefónica Soluciones de Informática y Telecomunicaciones- e implicaría al Centre de Telecomunicacions i Teconologies de la Informació (CTTI), el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) y la Diputación de Barcelona.

La salida de España conllevaría una rebaja del 50% de las exportaciones a España, según han apuntando desde el Instituto de Estudios Económicos en la presentación del informe «La cuestión catalana, hoy».
Marta Garijo / invertia.com 22 de Noviembre de 2012
A pesar de que en el último año las ventas al exterior han sido superiores a las del resto de España, con el lo que la comunidad vende fuera de España no se podría pagar lo que importa del extranjero, ha apuntado Joaquín Trigo, director general del IEE. Además, ha señalado que el 45% de la financiación bancaria de Cataluña proviene del resto de España.
”La economía catalana hoy no se puede explicar no se entiende sin la relación que ha mantenido con el resto de España”, ha dicho Clemente Polo, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona en la presentación del estudio del IEE titulado La Cuestión Catalana, hoy». “En los últimos años ha habido una diversificación de las exportaciones en las exportaciones que ha estado facilitada por la entrada en la UE”, ha añadido.
”Cataluña no podría continuar en la Unión Europea si se produjera su salida de España, ya que no es firmante de los tratados y no es parte contratante, ha sido tajante Donato Fernández, catedrático de la UCM. “Los tratados no contemplan la segregación de los estados”, ha añadido. Los expertos se han mostrado escépticos a que Cataluña pudiera continuar en la Unión Europea, sin embargo sí que podría seguir teniendo como moneda el euro aunque sin poder de decisión en las instituciones relativas a la moneda única. En este sentido sería una «eurización» similar a los países que viven una «dolarización» de su economía.
La independencia de Cataluña además de afectar a las exportaciones a España también afectaría a las exportaciones a la U.E. “Con la independencia Cataluña quedaría fuera de la UE y esto tendría dos implicaciones. Por un lado las exportaciones hacia España tendría que salir sin IVA y por otro, las ventas a la UE se encarecerían”, ha señalado Polo. “Según datos de la OCDE los costes de las exportaciones a la UE podrían subir un 7% por los aranceles comunitarios y otros costes”, ha agregado.
Una bajada de las exportaciones supondría una pérdida de producción en la comunidad, según han apuntado los expertos. La reducción en la producción podría llegar a ser del 25% en el sector industrial. Esto también se reflejaría en un incremento del desempleo.
¿Cómo puede ser la independencia?
Aunque los expertos han señalado que no existe una «hoja de ruta» clara que marque los pasos que podría seguir Cataluña, sí que han señalado que esta salida podría ser o negociada con España o por secesión unilateral de Cataluña. La creación de un estado asociado ahora mismo no sería posible al no estar reflejado en la Constitución, han señalado.
Fernández ha añadido que ambos casos supondrían una salida de la U.E. La vuelta a esta unión podría tardar entre cinco y ocho años si se trata de una independencia pactada. Sin embargo, en el caso de una secesión unilateral Cataluña podría retrasarse alrededor de unos 30 años en poder volver, ya que, según Fernández, no conseguiría su reconocimiento como Estado ni por parte de España ni probablemente por parte del los otros países.
Los bancos catalanes fuera del eurosistema
«Las entidades financieras estarían fuera del sistema del Eurosistema», ha señalado Polo en el caso de que Cataluña se independizara y por tanto, saliera de la U.E.»Para poder operar con el BCE tendrían que cambiar su residencia fiscal a España», ha añadido.
Las consecuencias de esta situación serían una reducción de la masa en circulación de euros porque las salidas de capital superarían a las entradas, ha apuntado el catedrático.
Según ha explicado el presidente de la IEE, José Luis Feito, los bancos catalanes «pasarían a ser extranjeros». Además, el Estado catalán no tendría acceso a todas las ayudas financieras que se han creado en la UE para sobrevivir a la crisis, y gracias a las cuales, ha dicho, «los problemas españoles no son ni la décima parte de los que serían sin el eurosistema».

Habla de ‘cláusulas abusivas’
Europa Press | Quito 25/11/2012 La noticia en El Mundo
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha instado a sus compatriotas residentes en España a «rebelarse» ante los desahucios aplicados por las entidades financieras, ya que suponen una «masacre» y un «abuso criminal» sobre la población que no puede pagar las cuotas de su hipoteca.
«Las familias se quedan sin casa, pero encima, se quedan endeudados para toda la vida», lamentó el sábado Correa durante su programa semanal, en el que informó de los contactos entablados con autoridades en España durante su reciente viaje para asistir a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz.
El mandatario ecuatoriano criticó las «cláusulas abusivas» que imponen los bancos y el hecho de que muchos clientes «firmaban contratos sin leer», lo cual «atenta contra la normativa europea», según declaraciones recogidas por los medios estatales. En su opinión, «es una masacre, un abuso criminal del capital financiero sobre los seres humanos».
La Embajada de Ecuador en España calcula que entre 8.000 y 15.000 ecuatorianos no pueden hacer frente a las hipotecas que contrataron. Quito confía en que parte de este colectivo pueda beneficiarse de la ley promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy y que contempla una moratoria en los pagos a las familias con menos recursos.
Correa catalogó la crisis económica en España como «el peor de los mundos» y advirtió de que miles de personas se han quedado sin un techo. En este sentido, apuntó que «si una familia no puede pagar un crédito, es problema para la familia, pero si un millón de familias no pueden pagar, el problema es para los bancos también».
El presidente de Ecuador llamó a «rebelarse» a quienes sufren la crisis en España y otros países europeos, para recordar que es la ciudadanía «quien manda en la sociedad» y no «el capital financiero».

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Enlace al Banco de España FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

Diseño general – 16 de noviembre de 2012
1. Introducción
Las autoridades españolas han adoptado una serie de importantes medidas para hacer frente a los problemas del sector bancario: sanear los balances de las entidades de crédito; aumentar los requerimientos mínimos de capital; reestructurar el sector de cajas de ahorro; e incrementar significativamente los requerimientos relativos a las provisiones por préstamos relacionados con promociones inmobiliarias y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas inmobiliarias.
El 25 de junio de 2012, el Gobierno de España solicitó asistencia financiera externa en el contexto de la actual reestructuración y recapitalización del sector bancario español. Esta asistencia fue acordada por el Eurogrupo y recogida en el Memorando de Entendimiento (MoU) entre las autoridades españolas y europeas, con la participación del Fondo Monetario Internacional.
Uno de los principales componentes del programa es la reforma de las partes más débiles del sector financiero español, que se compone de los tres elementos siguientes:
> Identificación de las necesidades de capital de cada entidad de crédito mediante una revisión exhaustiva de la calidad de los activos del sector bancario y un ejercicio de prueba de resistencia desagregado, banco por banco, basado en la citada revisión de la calidad de los activos (concluido a finales de septiembre de 2012); esta prueba de resistencia llevada a cabo tras los resultados del ejercicio agregado publicado el 21 de junio de 2012, estima las necesidades de capital de cada una de las entidades de crédito.
> Recapitalización, reestructuración o resolución de las entidades débiles, mediante la aplicación de planes que permitan hacer frente a las necesidades de capital identificadas en la prueba de resistencia.
> Segregación de los activos problemáticos por parte de las entidades que reciban ayudas públicas a una Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria externa (en adelante “Sareb”).
Los activos problemáticos de las entidades que han recibido ayudas públicas deberán ser dados de baja de los balances de dichas entidades. Esto se aplica, en particular, a los préstamos relacionados con promociones inmobiliarias y a los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas. El precio de transmisión de estos activos se fijará a partir del valor económico real de los mismos con un recorte adicional. El valor económico real se determinará a partir del proceso de revisión de calidad de los activos, basado en las valoraciones individuales utilizadas en la prueba de resistencia.
A lo largo del mes de octubre, las entidades con necesidades de capital han presentado sus planes de recapitalización y reestructuración, en los que se determina la manera en la que se proponen satisfacer las necesidades de capital identificadas.
Las autoridades españolas y la Comisión Europea han valorado la viabilidad de las entidades utilizando los resultados de la prueba de resistencia y los planes de reestructuración y recapitalización.
En el caso de las entidades del Grupo 1, entidades ya participadas por el Frob, las autoridades españolas y la Comisión Europea comenzaron a trabajar en los planes de reestructuración desde finales de julio de 2012. Estos planes, completados a la luz de los resultados de las pruebas de resistencia, deben ser aprobados por la Comisión Europea en noviembre de 2012. Las ayudas públicas se concederán sobre esta base, y los planes podrán ponerse en marcha inmediatamente. El proceso de transmisión de los activos deteriorados a la Sareb terminará a finales de año.
En el caso de las entidades del Grupo 2, los planes de reestructuración y recapitalización han sido presentados recientemente ante la Comisión Europea. Habida cuenta de la necesidad de incorporar los resultados de la prueba de resistencia, se prevé que el proceso de aprobación se prolongue hasta mediados de diciembre, momento en que las entidades serán reestructuradas o recapitalizadas o se procederá a su resolución de manera ordenada. Todas las entidades del Grupo 2 incluyen en sus planes de reestructuración las medidas necesarias para transmitir sus activos deteriorados a la Sareb.
En el caso de las entidades de los Grupos 1 y 2, las ayudas se facilitarán cuando la Comisión Europea apruebe los planes definitivos de reestructuración y recapitalización o de resolución.
A las entidades del Grupo 3 con necesidades de capital significativas -correspondientes a más del 2% de los activos ponderados por riesgo- se les exigirá, como medida de precaución, la emisión de valores contingentes convertibles (COCOS), de acuerdo con el plan de recapitalización, para satisfacer las necesidades de capital el 31 de diciembre de 2012, a más tardar. Los COCOS serán suscritos por el FROB utilizando los recursos del programa y podrán amortizarse hasta el 30 de junio de 2013 si las entidades de crédito logran obtener el capital necesario de fuentes privadas. En caso contrario, las entidades de crédito serán recapitalizadas mediante la conversión total o parcial de los COCOS en acciones ordinarias. También tendrán que presentar planes de reestructuración.
A las entidades del Grupo 3 cuyas necesidades de capital sean limitadas -correspondiente a menos de un 2% de los activos ponderados por riesgo- se les concederá de plazo hasta el 30 de junio para hacerlo. En caso de que no lo logren, serán recapitalizadas mediantes ayudas públicas y, por lo tanto, deberán presentar planes de reestructuración.
A las entidades del Grupo 3 que sigan requiriendo ayudas públicas en virtud de este programa el 30 de junio de 2013 se les exigirá, en sus planes de reestructuración, que transfieran los activos deteriorados a la Sareb, salvo que se demuestre, para las entidades que necesiten ayudas públicas por un importe inferior al 2% de los activos ponderados, que hay otros medios menos costosos de lograr el saneamiento de sus balances mediante la segregación de estos activos.
Las autoridades españolas, en consulta con la Comisión Europea, el BCE, el MEDE y el FMI, han preparado un plan exhaustivo y un marco legislativo para el establecimiento y funcionamiento de un plan de transmisión de activos. En concreto, el RDL 24/2012, hoy ya Ley 9/2012, de 14 de noviembre, y el Real Decreto que lo desarrolla, aprobado el día 15 de noviembre, han sentado las bases jurídicas sobre las que se constituirá la Sareb con la idea de que la sociedad esté plenamente operativa a finales de noviembre de 2012. En el presente documento se resumen los principales elementos del plan mencionado y del marco normativo en el que se integra.
2. Objetivos
El objetivo primordial de la Sareb es la gestión y desinversión ordenada de la cartera de préstamos y activos inmobiliarios recibidos de las entidades participantes dentro de un horizonte temporal que no supere los 15 años, al tiempo que:
> Optimiza los niveles de recuperación y preservación del valor
> Minimiza el impacto negativo en la economía, el mercado inmobiliario y el sector
bancario españoles
> Minimiza los costes y la carga sobre los contribuyentes
> Reembolsa plenamente sus pasivos
> Utiliza eficientemente el capital
La Sareb se centrará en la gestión eficiente y profesional de los activos inmobiliarios que le sean transferidos y será muy activa en su desinversión ordenada. Su enfoque será el de una sociedad de reestructuración inmobiliaria y no, por tanto, el de una entidad de crédito. La Sareb está diseñada para cumplir las condiciones necesarias para que no consolide como parte del sector de las Administraciones Públicas de España.
El modelo de funcionamiento de la Sareb será flexible para que:
> Satisfaga a lo largo del tiempo los requisitos cambiantes relativos a la gestión de activos
> Minimice los costes fijos
> Establezca relaciones con los mejores proveedores de servicios
La estructura de la Sareb le permitirá segmentar, desde el punto de vista jurídico y financiero, su cartera de activos de la manera más eficiente desde la perspectiva tanto de la utilización del capital como de su distribución, teniendo en cuenta criterios estrictos de mercado inmobiliario. Los activos problemáticos de las entidades del Grupo 1 deben ser transmitidos a la Sareb a partir del 1 de diciembre de 2012 y haber completado dicho traspaso antes de que concluya el año, tal y como establece el acuerdo de asistencia financiera.
3. ́mbito de actuación y precio de transmisión.

Entidades de crédito participantes
La transmisión inicial de activos será realizada por las entidades del Grupo 1 (las «entidades de crédito participantes»): BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia.
En la siguiente fase, estarán obligadas a transmitir sus activos a la Sareb todas las restantes entidades de crédito de los grupos 2 y, en su caso, 3 que reciban ayudas públicas para sus planes de recapitalización.
Activos a transferir
A fin de determinar el ámbito de actuación de la Sareb, se ha realizado una amplia y detallada labor de extracción de datos, estratificación y segmentación de las carteras de todas las entidades de crédito del Grupo 1, tanto en base individual como consolidada.
El centro de atención de la Sareb serán los riesgos de las entidades de crédito participantes en relación con los promotores inmobiliarios, así como los activos inmobiliarios adjudicados en pago de deudas. Las diferentes categorías de activos que abarca este concepto habrán de cumplir unos criterios de selección específicos, pero todos los activos transferidos estarán sujetos a diversos criterios comunes, como la documentación de los activos, la clasificación de los préstamos y la divulgación de litigios.
Los criterios de aceptación son claros y no son susceptibles de interpretación subjetiva:

CATEGORIA DE ACTIVO . CRITERIOS DE SELECCIÓN
Bienes inmuebles adjudicados> 100% de los activos clasificados por las entidades de crédito participantes como bienes inmuebles adjudicados, declarados al Banco de España a 30 de junio de 2012, sujetos a un tamaño mínimo individual de 100.000 euros medido en términos de valor neto contable.
Préstamos a promotores inmobiliarios: dudosos > 100% de los préstamos a promotores inmobiliarios clasificados por las entidades de crédito participantes como dudosos en las declaraciones a la Central de Información de Riesgos remitidas por las respectivas entidades a 30 de junio de 2012, con una exposición mínima frente al prestatario de 250.000 euros, medida en términos de valor neto contable.
Préstamos a promotores inmobiliarios: subestándar > 100% de los préstamos a promotores inmobiliarios clasificados por las entidades de crédito participantes como subestándar en las declaraciones a la Central de Información de Riesgos remitidas por las respectivas entidades a 30 de junio de 2012, con una exposición mínima frente al prestatario de 250.000 euros, medida en términos de valor neto contable
Préstamos a promotores inmobiliarios: normales > 100% de los préstamos a promotores inmobiliarios clasificados por las entidades de crédito participantes como normales en las declaraciones a la Central de Información de Riesgos remitidas por las respectivas entidades a 30 de junio de 2012, con una exposición mínima frente al prestatario de 250.000 euros, medida en términos de valor neto contable.
Participaciones accionariales vinculadas al sector inmobiliario > 100% de las participaciones accionariales en el capital de sociedades inmobiliarias, siempre que dichas participaciones permitan, al menos, ejercer el control conjunto o una influencia significativa sobre tales sociedades.
> Estos activos se incluirán una vez realizada la revisión de diligencia debida (due diligence).

Para determinar el valor de los activos que se han de transferir será preciso que, previo a su traspaso, se hayan realizado todos los ajustes a la baja pertinentes incluidos los previstos en los Reales Decretos-ley 2/2012, de 3 de febrero y 18/2012, de 11 de mayo.

Precio de transmisión
El precio de transmisión, cuya determinación corresponde al Banco de España, incorpora dos elementos diferenciados. En primer lugar, el valor económico de los activos transferidos, calculado con las técnicas convencionales de valoración. En segundo lugar, los ajustes de valoración que resulten de la consideración de los términos concretos de la operación de transferencia que se ejecuta y la viabilidad del plan de negocio de la propia Sareb.
De este modo, el punto de partida para determinar el precio de transmisión de los préstamos y de los bienes inmuebles en propiedad a la Sareb es el escenario base de la prueba de resistencia de Oliver Wyman (OW) concluida a finales de septiembre de 2012. No obstante, existen importantes diferencias conceptuales entre los objetivos de los dos ejercicios:
> La prueba de resistencia de OW se realizó prestando «atención a los saldos»: calculando las necesidades de capital de las entidades de crédito a una fecha fija, basándose en una valoración de los activos en la que se tienen en cuenta distintos supuestos, tanto a nivel microeconómico como macroeconómico.
> La Sareb se guía por la «atención a los flujos»: su actividad durante los próximos 15
años será la gestión y la desinversión de activos
> El modelo de OW se basa en un supuesto de «empresa en funcionamiento», mientras que los objetivos de la Sareb son desinvertir ordenadamente sus carteras en un período de 15 años, transcurrido el cual, la Sareb será disuelta, y, por lo tanto, refleja un modelo con «fecha de liquidación (run down)».
Además, OW utilizó ajustes «indiciados a futuro» al valorar los bienes inmuebles adjudicados, que no pueden extrapolarse directamente a la Sareb:
> El ejercicio de valoración contempla un horizonte hasta 2014, mientras que la Sareb
considera un período adicional de hasta 13 años y, por lo tanto, la volatilidad de mercado de esos activos ha de reflejarse en el modelo de la Sareb.
> Sareb tendrá que financiar un volumen mayor de activos para un periodo de tiempo también mayor y este efecto debe ser incluido en el cálculo del menor valor residual.
En cuanto a los ajustes de valoración, para un modelo de largo plazo que tiene en cuenta la situación futura, como el de la Sareb, construido sobre la base de un plan de negocio que incluye la liquidación al cabo de 15 años, el ejercicio de determinación del precio de transmisión debe contemplar elementos que no pertenecen a la estimación del valor económico de los activos, tales como:
> los costes de explotación asociados a la propiedad tanto de préstamos como de activos inmobiliarios
> los costes de financiación de la cartera mientras se mantiene para la venta
> el hecho de que la venta a la Sareb por parte de cada una de las entidades participantes supondrá una única venta de cartera de gran magnitud
> los gastos generales de la Sareb
> los costes de ejecución
> los costes de recuperación de los préstamos deteriorados
Estos factores justifican, por sí mismos, un recorte de valoración significativo sobre la estimación del valor económico de los activos. La existencia de estos ajsutes -que son específicos de la transacción realizada entre las entidades cedentes y la Sareb- impiden que el precio de transferencia constituya una referencia directa para la valoración general de activos bancarios que no hayan sido objeto de transferencia a la Sareb.
Como media, se estima que el valor de transferencia, teniendo en cuenta los recortes mencionados, representará aproximadamente un descuento del 63% con relación al valor bruto en libros para los activos adjudicados. Por tipos de activos, el descuento es del 79,5% para el suelo; 63,2% para las promociones en curso y 54,2% para las viviendas terminadas. En el caso de los préstamos a promotores, el descuento medio es del 45,6%, incluyendo recortes del 32,4% para proyectos ya terminados y del 53,6% para créditos destinados a financiar suelo urbano.
4. Régimen jurídico y estructura de gobierno.

Régimen jurídico. El régimen jurídico de la Sareb se definió en el RDL 24/2012, actualmente ya Ley 9/2012. Este régimen jurídico pasará por dos fases de forma que a) la sociedad pueda constituirse a tiempo para la transmisión de activos a partir del 1 de diciembre; y b) posea finalmente la flexibilidad necesaria para gestionar los activos y financiarse de la manera que resulte comercialmente más ventajosa.
Inicialmente se constituirá como una única sociedad anónima española. En una segunda fase será posible establecer una serie de fondos («FAB», según se definen en el Real Decreto de desarrollo de la Ley 9/2012) así como una sociedad gestora que se ocupe de constituir y financiar carteras y subcarteras de activos en respuesta a las demandas específicas de los inversores.
Estructura de gobierno
Los principios de gobierno corporativo de la Sareb establecerán con claridad los criterios mínimos de conducta y profesionalidad que se esperan del personal clave y de los comités. Su Consejo de Administración estará integrado por representantes de los accionistas (el FROB y otros inversores privados) y por consejeros independientes. Los consejeros habrán de cumplir unos requisitos similares a los que se establecen en el RD 1245/1995 para los consejeros de entidades de crédito.
Dada la singularidad de la Sareb tanto en su planteamiento financiero -gestión de una cuenta de resultados exigente y muy focalizada sectorialmente-, así como una necesidad implícita en su naturaleza de mantener y administrar una relación y comunicación fluida con instituciones nacionales e internacionales, se ha considerado necesario proponer la designación de un Presidente de la sociedad y de un Director General.

Asimismo se constituirán los Comités -desarrollados en los Estatutos de la SAREB- siguientes:
> Comité de Dirección > Comité de Riesgos
> Comité de Inversiones
> Comité de Activos y Pasivos
> Comité de Retribuciones y Nombramientos
> Comité de Auditoría
Aunque el Banco de España actuará como órgano administrativo de supervisión de la Sareb, existirá adicionalmente una Comisión de Seguimiento, ajena a la estructura de la Sareb, de composición cuatripartita (Ministerio de Economía y Competitividad, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Banco de España y CNMV), para la vigilancia del cumplimiento de los objetivos generales por los que se constituye la sociedad. Esta Comisión podrá contar con la participación de otras autoridades nacionales e internacionales como observadores. Entre sus funciones estará el análisis del plan de negocio y sus posibles desviaciones, así como el seguimiento de los planes de desinversión y de amortización de la deuda avalada. Esta Comisión podrá solicitar de la Sareb la información periódica que considere conveniente.
5. Modelo operativo
Desde su creación, la Sareb estará operativa y gestionará eficazmente los activos, mientras que los servicios relacionados con la gestión de préstamos, bienes inmuebles adjudicados y acciones y participaciones migrarán progresivamente desde las entidades de crédito participantes a proveedores de servicios elegidos mediante licitación.
Las limitaciones de tiempo y operativas implican que la Sareb utilizará, sobre todo al comienzo de sus operaciones, los servicios de las entidades de crédito participantes, quienes se ocuparán de la gestión diaria de las carteras de préstamos y activos y de las participaciones societarias, de conformidad con unos acuerdos de nivel de servicio rigurosamente estructurados («ANS»). Sin embargo, con arreglo a los ANS, las entidades de crédito participantes no tendrán facultad discrecional sobre los activos.
La Sareb adoptará con la mayor rapidez posible el modelo operativo definitivo previsto, llevando a cabo un riguroso proceso de licitación de las funciones subcontratadas, incluidas las que desempeñen inicialmente las entidades de crédito participantes, con el fin de asegurar que exista una organización flexible, eficaz en términos de costes, sólida y con un funcionamiento óptimo para ejecutar el plan de desinversiones.
Además de los servicios prestados a la Sareb, las entidades de crédito participantes (así como los proveedores de servicios de empresa) elaborarán y pondrán a disposición del gestor de datos de tecnología de la información (TI) la información necesaria para generar Informes de Gestión y Cuadros de Mando para cada una de las actividades de la Sareb.
6. Estructura financiera
Objetivos contables
La estructura financiera se ha diseñado con los siguientes objetivos contables principales:
Desconsolidar íntegramente la Sareb de los balances de los bancos; y
Desconsolidar íntegramente la Sareb del sector de Administraciones Públicas español.
Para conseguir este último objetivo, el diseño de la Sareb se ha centrado en los seis criterios siguientes:
Característica . Consideraciones
Plena capacidad de gobierno > El Consejo de la Sareb constituirá un Comité de Dirección que controle su gestión financiera y operativa y que supervise el proceso de licitación y a los principales proveedores de servicios
Participada principalmente por inversores privados > La participación pública no podrá ser superior al 50% del capital y el resto será propiedad de inversores privados.
Las instituciones públicas no podrán retener una exposición al riesgo importante > Las instituciones públicas retendrán menos del 50% de la exposición al riesgo según el plan de negocio en forma de capital y deuda subordinada de la Sareb.
Duración limitada > El Real Decreto de desarrollo de la Ley 9/2012 establece un período de duración máximo de 15 años.
Actividad vinculada a la creisis financiera > La Sareb ha sido concebida y constituida con el único fin de adquirir y gestionar los activos problemáticos mediante un plan de reestructuración y recapitalización para los bancos más duramente afectados por la crisis financiera y que hayan recurrido a ayudas públicas.
Resultados modestos con respecto al volumen total de activos > El precio de transmisión se ha fijado en condiciones de mercado, realizando ajustes conservadores y utilizando escenarios verosímiles para mitigar las potenciales pérdidas de la Sareb en porcentaje del total de activos transmitidos.

Estructura financiera de capital
La Sareb requerirá dos fuentes de financiación:

Emisión de deuda en contraprestación por los activos transmitidos, suscrita por las entidades de crédito participantes.
Financiación de las necesidades operativas. Entre 1) y 2) también pueden contemplarse uno o más niveles de deuda intermedia.
Los inversores privados representarán al menos el 50% del capital y la deuda subordinada de la Sareb, tanto al inicio como durante su período de existencia. Dentro de los inversores privados pueden incluirse los bancos (excluidas las entidades de crédito participantes), las entidades aseguradoras y otros inversores. Los inversores del sector público y del sector privado tendrán idénticos derechos y obligaciones.
La Sareb estará facultada, sin limitación, para: i) emitir valores; y ii) tomar fondos prestados de las entidades de crédito o con arreglo a mecanismos de financiación europeos o españoles.
Uno de los objetivos fundamentales de la creación de la Sareb es proporcionar liquidez a las entidades de crédito participantes: deben poder realizar repos con el BCE con los bonos senior que reciban. Para maximizar la liquidez, se tendrán en cuenta los criterios y procedimientos de selección que figuran en el documento del BCE «La aplicación de la política monetaria en la zona del euro: Documentación general sobre los instrumentos y los procedimientos de la política monetaria del Eurosistema».
La deuda que se emitirá en contraprestación por los activos tendrá las siguientes características:
Será suscrita por las entidades de crédito participantes en el momento de la transmisión de los activos;
Podrá ser admitida a cotización, con sujeción a los requisitos de cotización ordinarios (con supervisión por parte de la CNMV);
Contará con la garantía del Estado;
Estará estructurada de forma que cumpla todos los requisitos para ser aceptada como activo de garantía por el BCE;
Estará estructurada de forma que no genere presiones de liquidez excesivas debido a necesidades de refinanciación;
Estará estructurada de manera que no restrinja la capacidad de la Sareb para gestionar libremente los activos, es decir, dichos activos no afectarán a la garantía de la deuda y será negociable sin restricción alguna.

7. Plan de negocios

El fin fundamental es que la Sareb desinvierta todos sus activos en un plazo máximo de 15 años. Los objetivos de la Sareb son optimizar las recuperaciones y proteger el valor de sus activos sin afectar negativamente a la economía española en general o a los mercados bancario e inmobiliario.
La Sareb utilizará todos los medios a su disposición para lograr los niveles de desinversión al por mayor o al por menor establecidos como objetivo -desde acuerdos de reestructuración de los préstamos a la adjudicación de activos en pago de deudas y su venta posterior-. La ejecución del plan de desinversión se basará en:
> Una gestión diligente de riesgos y de activos;
> La utilización de todos los canales de distribución apropiados;
> Un seguimiento estrecho de las fluctuaciones macro y microeconómicas, de modo
que la Sareb pueda aprovechar las condiciones del mercado sin causar un efecto adverso;
> Una planificación cuidadosa de la actividad a nivel de cartera, subcartera y activos
concretos;
> Una alineación de los intereses de los accionistas, la Sareb, sus empleados y los
proveedores de servicios, evitando potenciales conflictos de interés
> Un funcionamiento de acuerdo con los estándares éticos y profesionales más
elevados.
Se ha elaborado un plan de negocio preliminar que está siendo presentado a potenciales inversores y que deberá ser aprobado por la sociedad una vez esté constituida formalmente. De acuerdo con ese plan preliminar, las actividades y el modus operandi de la Sareb serían los que se resumen a continuación:
Préstamos

Venta de préstamos> La Sareb considerará, individualizadamente, la venta o cesión de los préstamos o las carteras de préstamos a terceros siempre que tenga sentido comercial.
Deudores > La Sareb trabajará activamente con todos los deudores y participará en la reestructuración, refinanciación y terminación consensuadas de los préstamos, en función de cuál sea la estrategia comercial óptima. Sin embargo, lo anterior estará supeditado a que los deudores muestren una actitud de cooperación, transparente y realista:
Se exigirá a los deudores el pago del 100% de los flujos de caja disponibles para satisfacer sus obligaciones frente a la Sareb.
Cuando proceda, la política de la Sareb será lograr que los activos libres de cargas pueden utilizarse como activos de garantía adicionales.
Financiación a deudores > En condiciones específicas, la Sareb podrá anticipar financiación adicional a un deudor para aumentar las recuperaciones, así como el valor de los activos.

Bienes inmuebles en propiedad

Estrategia de desinversión de activos > La Sareb segmentará y dará prioridad a su cartera de bienes inmuebles en propiedad para tomar una decisión fundada acerca de si vender, invertir o mantener un activo en espera de que mejoren las condiciones del mercado. La decisión definitiva de la Sareb sobre si vender o no se basará en las condiciones del mercado y la liquidez del activo o la cartera en cuestión.
Bienes terminados > Los bienes inmuebles terminados se venderán – por carteras o por activos individuales, según convenga- o se arrendarán si esa es la estrategia comercial más viable.
Bienes no terminados > Las promociones sin finalizar pueden venderse en el estado en que se encuentren o terminarse si hay argumentos económicos suficientemente sólidos para hacerlo. La Sareb puede invertir directamente o participar en una sociedad para finalizar los proyectos.
Terrenos > Los terrenos se venderán o, en circunstancias tasadas, se utilizarán en la construcción de promociones por parte de sociedades.

Tal y como se ha previsto en la hoja de ruta del proceso de restructu ración del sector bancario, antes de que finalice el año en curso todos los bancos clasificados en el Grupo 1 (BFA-Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) transferirán a la Sareb las categorías de activos mencionadas en el apartado 3 anterior.
Más adelante, una vez determinada la composición del Grupo 2 (bancos que requerirán de recapitalización con apoyo público) y se aprueben sus planes de reestructuración, estos bancos transferirán a la Sareb, ya en 2013, las mismas categorías de activos indicadas anteriormente.
El volumen de activos a transferir a la Sareb -teniendo en cuenta sólo la parte correspondiente a las entidades del Grupo 1- se estima en 45.000 millones de euros. Este aumentará tras la incorporación de los activos de las entidades del Grupo 2 en 2013 pero, en ningún caso, tal y como establece el Real Decreto de desarrollo de la Ley 9/2012, excederá los 90.000 millones de euros.
La rentabilidad sobre el capital (RoE) prevista para el conjunto del proyecto en un escenario conservador se estima alrededor del 14% en términos anuales. Las características del negocio de la Sareb, el entorno macroeconómico complejo y la propia maduración de dicho negocio en el medio plazo hacen que la rentabilidad media mencionada para los instrumentos de capital de la Sociedad a lo largo de los 15 años sea compatible con resultados modestos en los primeros años, en los que hay que financiar un stock de activos elevado y, sin embargo, las ventas representan todavía una pequeña parte de dicho stock.

Europa Press 25/11/2012 – La noticia en El Economista
Las asociaciones y organizaciones representativas de usuarios de servicios financieros, tales como la Plataforma Hipotecaria de Adicae, podrán presentar quejas o reclamaciones colectivas contra la comercialización de productos financieros, siempre que no transcurran más de seis años desde el momento de la supuesta infracción.
Esta nueva vía de reclamación de clientes, hasta ahora improbable, consta en una orden ministerial aprobada por el Ministerio de Economía, en la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Estas quejas colectivas aglutinarán las reclamaciones de varios clientes afectados por conductas similares de varias entidades o de una misma. La reclamación se canalizará a través de un único representante y conllevará un único expediente y una única resolución.
La nueva orden ministerial, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que entrará en vigor en mayo de 2013, también contempla la novedad de que el reclamante pueda pronunciarse sobre las alegaciones realizadas por la entidad en cuestión. Tendrá un plazo para ello de 15 días hábiles.
Todas las quejas o reclamaciones contra las malas prácticas en las entidades financieras se deberán presentar en un plazo máximo de seis años, cuando hasta ahora no existía ningún límite.
La mayoría de las reclamaciones en 2011 resultaron a favor de los inversores, según la última memoria publicada por la CNMV correspondiente al pasado ejercicio. Los productos contra los que más reclamaciones se han presentado, por orden de mayor quejas, fueron: permutas financieras, los bonos estructurados, los bonos convertibles y las participaciones preferentes.

Despidos masivos en las cajas nacionalizadas
Las entidades, a cambio de la ayuda, deberán dedicarse a banca familiar en su región de origen
El rescate final será de unos 35.000 millones y llegará al Frob el próximo 15 de diciembre
͍ñigo de Barrón / Claudi Pérez Madrid – Bruselas 25 noviembre 2012 – El artículo en El País

Vienen curvas para la banca española. La Comisión Europea establecerá medidas severas, amargas e implacables a cambio del dinero del rescate a la banca. Ejecutivos de los cuatro grupos financieros nacionalizados (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia) coinciden en que las entidades que reciban fondos europeos serán sometidas a una severa cura de adelgazamiento -empezando por la plantilla”” que han pactado las autoridades españolas y los funcionarios del área de Competencia, que es la que tiene que aprobar en última instancia todo tipo de ayudas públicas en la UE. “Y ese castigo lo percibirán los accionistas, los bonistas, los preferentistas y los empleados”, según han explicado a este diario ejecutivos de estas entidades.
Bruselas tiene prácticamente listo el documento relativo a las ayudas públicas en el que se acuerda la reestructuración. Los números ya están claros. Las estimaciones del documento que prepara Bruselas suponen un recorte de 8.000 empleos en Bankia y Novagalicia -casi 6.000 en Bankia y el resto en la entidad gallega, entre despidos directos y recortes de plantilla aparejados a la venta o cierre de filiales””, y la eliminación de cerca de 1.000 oficinas, según fuentes próximas a las negociaciones, que confirmaron ayer fuentes europeas. A esa cifra hay que sumar 1.000 despidos más en CatalunyaCaixa, aunque Bruselas puede condicionar ese tijeretazo a su venta a un competidor. Desde 2008, 22.000 trabajadores han perdido su puesto de trabajo en las cajas, donde ahora trabajan unas 110.000 personas. Tras esta poda, la plantilla de las antiguas cajas quedará ligeramente por encima de los 100.000 empleos.
No solo se trata de despidos. A cambio de las ayudas, Bruselas quiere una reestructuración integral, para que las entidades que reciban fondos públicos queden totalmente saneadas y a la vez no compitan en condiciones ventajosas frente a sus competidores. Las entidades con ayudas deberán concentrar su negocio en sus regiones de procedencia y en la banca familiar, en una especie de vuelta a los orígenes. Y deberán vender buena parte del resto de negocio en poco tiempo. CatalunyaCaixa y el Banco de Valencia están en proceso de subasta, por lo que los recortes se aplicarán al comprador.
Los planes definitivos se conocerán poco antes del mediodía del próximo miércoles. Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión, hará público en Bruselas el documento definitivo con las condiciones que tienen que aplicar cada una de las cuatro entidades, así como el capital definitivo que se les inyectará. El fondo de rescate, el FROB, recibirá el dinero de Europa el 15 de diciembre, y lo ingresará en las entidades el 30 de diciembre, a tiempo para cuadrar las cuentas de 2012.
Los exámenes de Oliver Wyman determinaron que las nacionalizadas requerían 43.600 millones (de los 59.300 millones que precisaba todo el sector). Pero finalmente, según fuentes cercanas a estas entidades, la cifra definitiva de ayudas para las nacionalizadas estará cerca de los 35.000 millones. Esa rebaja se debe básicamente a dos factores: por un lado, el dinero procedente de las ventas de los activos inmobiliarios tóxicos al banco malo rebaja las necesidades de capital; por otro, se aplicará una quita a las participaciones preferentes y a la deuda subordinada, que perjudica a los clientes pero eleva el capital de las entidades.
La más afectada será, de largo, Banco Financiero y de Ahorros y su filial Bankia. Se estima que la entidad que dirigía Rodrigo Rato deberá reducir entre 5.500 y 6.000 puestos de trabajo sobre un total de 20.000 personas. Unos 4.500 empleos serán recortes puros, dentro de la entidad. El resto se alcanzará vendiendo filiales del grupo, plantilla incluida. Entre las ventas más probables están el banco de Miami, las gestoras de patrimonio y la mesa de tesorería. El mandato de Bruselas pasa por que la entidad se concentre en el negocio de banca comercial en Madrid, Comunidad Valenciana y en Canarias, ́vila, Rioja, Segovia y en Barcelona, de donde son originarias las siete cajas que forman el grupo.
Las ventas serán siempre al mejor postor. El comprador decidirá cuántos empleados continúan en sus puestos de trabajo. Una de las filiales más rentables de las que se tendrá que deshacer Bankia será la de banca mayorista, que ahora genera importantes ingresos. Los recortes se harán tomando como punto de partida la reforma laboral, con lo que los despedidos no cobrarán mucho más de 150.000 euros por persona como media. Es decir, 300.000 euros menos que otros despedidos meses antes. Con todo, las condiciones de los despidos dependerán de cómo se negocie el ajuste dentro de cada entidad, según fuentes europeas.
Novagalicia reducirá más de 2.000 empleos sobre un total de 6.000. De ellos, 1.200 trabajan en EVO Banco y en las oficinas de la entidad fuera de Galicia. El grupo espera conseguir inversores privados para EVO. Al igual que Bankia, Novagalicia deberá concentrarse en su territorio natural: Galicia, Asturias y León. Solo podrá hacer banca minorista y de pymes, dejará su actividad mayorista y tendrá entre tres y cuatro años para vender su cartera industrial. El Frob venderá también el Banco Gallego.
A diferencia de CatalunyaCaixa y de Banco de Valencia, Novagalicia no ha salido a subasta para dar tiempo a encontrar inversores privados, una tarea en la que se ha involucrado su presidente, José María Castellano, y que reduciría la necesidad de dinero público, según fuentes del mercado. Además, la caja no ha sido subastada para evitar sacar a la vez al mercado a las tres nacionalizadas (Bankia requerirá al menos tres años para estar lista) y también para evitar un pacto entre los grandes del sector (Santander, La Caixa y BBVA) que rebaje su precio. Fuentes políticas apuntan una tercera razón: dar tiempo al poderoso presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, para intentar mantener la entidad arraigada a Galicia.
En el caso de CatalunyaCaixa y Banco de Valencia lo más probable es que no haya petición expresa de recortes de plantilla porque están en proceso de subasta. “Europa entiende que la reducción de empleados y sucursales dependerá de quién sea el comprador”, comentan fuentes de la entidad catalana. La primera ya ha reducido su plantilla en 1.300 personas (ahora tiene 7.200) y la valenciana ha eliminado 370 empleos (se ha quedado en 1.610 trabajadores).
Los responsables sindicales de banca en UGT y CC OO, José Miguel Villa y José María Martínez, así como los ejecutivos de las entidades, se quejan de la dureza de Bruselas y de que use con las entidades españolas el mismo método que con otros bancos europeos. “La Comisión, aplicando las normas sobre ayudas de Estado, ha impuesto a los grandes bancos europeos rescatados la venta de su negocio en determinados países o de las filiales. Es lo que sucedió con ING, que tuvo que separar su negocio de banca y de seguros y desinvertir en algunos países. En el caso de las entidades españolas con ayudas públicas el problema es que están menos diversificadas, tanto geográficamente (solo desarrollan su actividad en España) como en su negocio (casi puramente minorista). Por ello, las medidas impuestas por Bruselas parecen afectar sobre todo a su actividad de banca minorista”, apunta Francisco Uría, socio de KPMG. Aristóbulo de Juan, consultor bancario y ex director general del Banco de España, cree que “tiene sentido limitar los negocios financieros sofisticados, de forma que quede una entidad de negocio minorista, pero sin excluir negocios que van unidos, como la banca corporativa”.
La cuestión es si al final la poda es tan intensa que exista el riesgo de que el árbol se seque: la clave es devolverlas a la rentabilidad, una tarea titánica en un entorno de caída de márgenes por el efecto del descenso de los tipos de interés. “Hay riesgo de que se conviertan en entidades muy conservadoras, focalizadas en reducir balances y dar muy poco crédito. En Reino Unido, las entidades nacionalizadas han optado por crecer poco, cerrar las divisiones de banca mayorista y de banca de inversión y por dejar atrás todo lo que no sea el negocio comercial minorista tradicional. Esto aun estando mucho más saneadas que las cuatro entidades nacionalizadas en España”, apunta Vicente Cuñat, de la London School of Economics.
Otra de las claves impuestas por Bruselas es la quita que se aplicará a los clientes de las participaciones preferentes. A todos se les pagará con acciones, ya sean cotizadas o sin cotizar, como es el caso de Novagalicia. La fórmula de Bruselas para calcular la quita tendrá en cuenta la valoración de la entidad y el tipo de interés que ofrecen las preferentes. Así, cuanto más elevado sea el tipo, menor será la quita porque se considera que la preferente tiene más valor. En este caso, las preferentes de Caja Madrid (Bankia) estarán menos castigadas. El valor resultante de la quita se mejorará con diez puntos porcentuales, tal y como ha sucedido en otros países, por entender que son productos destinados a clientes minoristas. En el caso de Novagalicia, además, esa cifra se incrementará con otros 20 puntos más para paliar el hecho de que se entregan acciones de una sociedad no cotizada. En el caso de las participaciones subordinadas, el descuento que se aplique dependerá del vencimiento.
Con toda esta casuística, es difícil determinar la quita que tendrán estos activos para los clientes, pero los ejecutivos de las entidades estiman que estará entre el 45% y el 60%. El caso de CatalunyaCaixa puede ser diferente si el comprador de la entidad canjea los ahorros de los clientes con más generosidad para evitar la fuga de depósitos: eso es lo que hizo BBVA tras adquirir Unnim. De cualquier forma, la polémica está servida. La nacionalización de las entidades la van a pagar caro sus clientes. Y sus empleados. Y en última instancia, los contribuyentes.
De cajas a fundaciones
Las cajas de ahorros que controlen menos del 25% del capital de los bancos a los que traspasaron su negocio financiero, se convertirán en fundaciones. Ya no será por voluntad de las asambleas, que eran sus dueños hasta ahora, sino que la conversión será obligada y acelerada en el tiempo.
El PP ha aprobado un texto legal, publicado en el BOE la semana pasada, por el que se establece que, cinco meses después de que las cajas hayan cedido más del 75% del capital al banco que todas han creado, se convierten en fundaciones de carácter especial. Algunas dependerán del Estado y otras de las comunidades autónomas.
El problema real y más acuciante será cómo se van a financiar estas fundaciones ya que los dividendos procedentes del banco no parecen una fuente suficiente para pagar los gastos de la obra social, a la que llegaron a dotar miles de millones en 2006 y 2007.
Este caso afecta directamente a Bankia. Rodrigo Rato, su presidente, se ha ahorrado el amargo trago de convocar y discutir el final de Caja Madrid con la asamblea, en donde están los partidos políticos, sindicatos, representantes de los impositores y otras organizaciones. Lo mismo le ha sucedido a Bancaja y a las otras cinco pequeñas cajas más que formaron el grupo. Después de una gestión que ha acabado con todo el patrimonio de las cajas, Rato se evita un trámite más que incómodo.
También será este el caso de CatalunyaCaixa, es decir, de las antiguas cajas de Catalunya, Tarrasa y Manresa, al igual que Novagalicia.
Es probable que también afecte a muchas entidades más. Algunas fuentes financieras creen que, en poco tiempo, todas salvo La Caixa, Kutxabank, Unicaja e Ibercaja, podrían ser fundaciones.

Es la mayor reestructuración emprendida dentro del grupo en España
La reestructuración no solo afecta a la banca con necesidades de capital. También a los grandes grupos bancarios sanos. Santander ha decidido adelgazar la estructura de su filial doméstica Banesto. Si no hay modificaciones, el objetivo es traspasar unas 350 oficinas, con personal y negocio incluido, a la red Santander. El plan, no obstante, está abierto a cambios.
́ngeles Gonzalo – Madrid – 23/11/2012 – El artículo en Cinco Días
Pero el grupo lleva tiempo dado vueltas al futuro de Banesto, según ha reconocido en varias ocasiones el consejero delegado, Alfredo Sáenz. Sobre la mesa se han barajado diferentes alternativas, incluida la de que la red Santander absorbiese Banesto, pero al final se ha concluido que era mayor la rentabilidad alcanzada manteniendo en España las dos marcas domésticas que sacrificando una de ellas, en este caso Banesto.
Ahora, el grupo ha encontrado otra solución que beneficia tanto a la casa matriz, Santander como a su filial, a la vez que mantiene al grupo como el mayor entre ambas redes.
Tiempos de cambio para el grupo que preside Emilio Botín, y el protagonista es el que fuera la joya de la corona hasta que comenzó la crisis económica en España, Banesto. La entidad que preside Antonio Basagoiti ha decidido cerrar este año unas 66 oficinas, de las que 50 se van a clausurar en diciembre. Desde que se inició la crisis la filial de Santander ha reducido su red en 300 sucursales (incluidas las pendientes), lo que representa el 17,5% del total.
El plan inicial barajado hasta hace unas semanas era traspasar unas 400 oficinas de Banesto a la red de Santander. Este traspaso se haría incluyendo el negocio y el personal. De esta forma, la entidad que preside Basagoiti no solo lograría rebajar sus costes, sino que podría apuntarse unas atractivas plusvalías por la venta intragrupo de estas sucursales.
Ahora, sin embargo, la cifra se ha rebajado sensiblemente y el nuevo objetivo es vender a Santander unas 350 oficinas, tras cerrar otras 50.
El diseño de la operación no se ha cerrado, por lo que aún puede sufrir modificaciones e incluso aplazarse sine die y no es la primera vez que se baraja una alternativa que luego no se pone en marcha.
El cierre de las oficinas de Banesto afectará a unos 100 empleados del banco, según los primeros cálculos. La entidad cuenta con una plantilla de 8.303 empleados. El traspaso de estas 350 sucursales a Santander, sin embargo, podría afectar a unos 1.200 trabajadores, cifra no confirmada por el grupo. La operación podría realizarse a finales del presente ejercicio o durante el primer trimestre de 2013, según apuntan fuentes conocedoras del diseño del plan.
Esta operación no sería la primera que abordan ambas entidades en España, pero sí es la mayor intragrupo realizada. Desde que estalló la crisis económica en el país, Banesto ha recurrido a la venta o fusión de filiales para salvar una cuenta de resultados totalmente influenciada por la negativa situación de España y por las elevadas provisiones que debe hacer por la aplicación de los decretos conocidos como Guindos I y Guindos II para sanear sus activos inmobiliarios.
Tampoco es la primera vez que durante la crisis el grupo emprende un ajuste en una de sus filiales. La filial española de Santander Consumer, de hecho, fue la primera firma financiera del país que decidió emprender una dura reestructuración hace más de tres años para rebajar sus costes.
En los nueve primeros meses del presente ejercicio Banesto ganó 50,1 millones de euros, un 83,2% menos que la cifra de beneficio de un año antes, tras realizar dotaciones y saneamientos por 1.462 millones de euros. De esta cantidad, 682,5 millones de euros corresponden a beneficios extraordinarios obtenidos por la reodenación y venta de participadas, incluidas entre Santander y Banesto. Para el cuarto trimestre reducirá su riesgo inmobiliario, y por ello sus necesidades de provisiones, tras fusionar su inmobiliaria Mesena con Altamira Santander. Además, cerrará la venta de su portal inmobiliario Aktua al fondo Centerbridge.
¿Preparado para una posible compra en el país?
La trayectoria de Banesto dio un giro hace ahora dos años, cuando Ana Patricia Botín dejó la presidencia de esta entidad para pasar a ser la primera ejecutiva de Santander en Reino Unido. La sustituyó Antonio Basagoiti, pero la presidencia del banco dejo de ser ejecutiva y por lo tanto salió de la comisión ejecutiva del grupo y también del consejo. En mayo de este año la cúpula del grupo volvió a sufrir nuevos cambios. El hasta entonces consejero delegado, José García Cantera, pasó a hacerse cargo de la división de banca mayorista del grupo, y le sustituyó Javier San Félix, hasta entonces director general en Santander Consumer Finance. Entre medias, varios ejecutivos de Banesto decidieron acompañar a Ana Patricia Botín a la filial británica del grupo. Estos cambios han coincidido con el debilitamiento del negocio bancario en España y con la reestructuración del mapa financiero del país, en el que Santander es uno de los principales jugadores para adjudicarse alguna de las redes que aún quedan por subastarse. De momento, el grupo ha decidido no pujar fuerte por las cajas ya subastadas. Tampoco ha participado en la actual puja de Banco de Valencia. Pero sí parece muy interesado en la subasta de Catalunya Banc. Esta puja ha sido reactivada la semana pasada, tras pararse en verano. Ya entonces Santander fue, tras Sabadell, el banco más activo en examinar los números de la firma catalana. Cantera, de hecho, visitó en varias ocasiones Catalunya Banc para analizarla. Santander, además, ha explicado en varias ocasiones que si realiza alguna compra en España sería a través de Banesto. Y la reestructuración actual podría ser un adelanto ante una posible operación corporativa.

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Crónica económica
El Instituto de Estudios Económicos ha publicado un libro bajo el título La cuestión catalana, hoy. En la presentación, los autores han dibujado un panorama aterrador para una Cataluña separada de España de España. No han ahorrado en epítetos. Tampoco en buenas razones para sus argumentos.
José Carlos Rodríguez 22-11-2012 El artículo en El Imparcial
¿Cuál es la perspectiva de una Cataluña tras una eventual secesión de España? Este es el problema que se ha planteado el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El documento de trabajo aborda la relación con al Unión Europea, las relaciones comerciales con el resto de España, las balanzas fiscales o las promesas de una economía desgajada de la de España.
El catedrático Donato Fernández Navarrete, de la UAM, deja claro que por mucho que se incluya en la pregunta del referéndum, Cataluña quedaría fuera de la UE. “Cataluña no es parte contratante de la Unión Europea. No puede transferir ninguna competencia. Sólo por eso se quedaría fuera”, dice. Además, “los tratados no tienen un protocolo de separación”, pero “sí que respetan la Constitución y la integridad territorial de los países miembros”.
Por otro lado, “si Cataluña saliera de la Unión Europea, en el caso de llegar a un acuerdo amistoso con el resto de España tardaría de cinco a ocho años en volver a entrar”. Pero en el caso de una secesión por la fuerza, “tardaría no menos de 30 años. No lo digo a humo de pajas, tendrían que pasar dos generaciones para limar asperezas. No sería reconocida ni por España ni por otros Estados de la Unión Europea”. El presidente del IEE, José Luis Feito, pone ejemplos: No lo aceptaría Francia, “que tiene tensiones regionales parecidas”, ni Italia por el mismo motivo, ni Alemania, “que se olvidaría de cobrar lo que nos ha prestado”.
En la presentación, el director general del IEE, Joaquín Trigo, echa agua sobre las esperanzas de progreso fuera de España y, en consecuencia, fuera de la UE: “Cataluña no puede comprar lo que compra hoy del extranjero sin las exportaciones al resto de España. Sólo Aragón adquiere más productos catalanes que Alemania. Y lo mismo pasa con las principales Comunidades Autónomas frente a los principales socios de la Unión Europea”, de modo que perdería esa relación con su principal socio.
Es más, hace un poco de historia para decir que “la economía catalana no puede explicarse sin la relación privilegiada que durante siglos ha tenido con el resto de España. Desde 1850 y hasta 1992, el mercado español ha estado sometido a unos altos aranceles para proteger a las manufacturas catalanas”.
Pero exactamente, ¿qué perdería Cataluña fuera de España? Clemente Polo, de la UAB, ha hecho las cuentas con los instrumentos del análisis económico. “Hay sectores de los que más del 50 por ciento, y más del 70 por ciento de su producción se vende en el resto de España”, señala. Especialmente en el sector primario y en las manufacturas. ¿Sufrirían en el caso de una secesión?
En primer lugar, “las exportaciones a la Unión Europea tendrían que salir sin IVA”, dice el economista. Y “según un informe de la OCDE, las exportaciones a la UE por parte de los países que no forman parte de la misma se encarecen un 7,5 por ciento”.
Pero lo más relevante es la relación privilegiada con el resto de España, a la que hacía Joaquín Trigo. “En 2011”, señala Clemente Polo, “Cataluña exportó a Francia bienes y servicios por valor de 11.000 millones de euros. El mismo año, las ventas al resto de España fueron de 70.000 millones de euros. En una relación normalizada, ¿porqué iba España a comprar por ese valor a Cataluña, y no adquirir los mismos productos de otros sitios? ¿Por qué iba a comprar cinco, seis veces más de Cataluña que Francia?”.
En ese caso, ¿cuánto caerían las exportaciones de Cataluña a España tras una secesión? “En el mejor de los casos”, según Polo, “sería no menos del 50 por ciento. En tal caso se perdería un 25 por ciento del PIB en la agricultura y en sector de las manufacturas, y un 20 por ciento en los servicios”.
Ese panorama es desolador. Pero aún no se habría tocado el que sería el principal problema de una Cataluña extracomunitaria. Por un lado, sus bancos quedarían fuera del eurosistema, como han señalado tanto Polo como Feito. Los bancos catalanes que quisieran seguir financiándose en el Banco Central Europeo tendrían que instalarse en España. Pero el cambio con consecuencias potencialmente más devastadoras vienen del abandono de la moneda única.
Los lectores de elimparcial.es recordarán el debate que acogió este periódico con motivo de una eventual salida de España del euro, o lo que señalaron al respecto tres economistas de Fedea en el diario El País. Las consecuencias, en el caso de Cataluña, serían iguales o peores. Como señala José Luis Feito, Cataluña entraría en una espiral de “depreciación de la moneda e inflación. Los principales perjudicados serían los que tienen ingresos fijos, como los jubilados. Los asalariados presionarían para subir los sueldos ante la escalada de los precios. La deuda, denominada en euros, doblaría su peso sobre la renta nacional. Se caería en una hiperinflación”. Se puede alegar, añade el economista, que al menos se ganaría en competitividad, “pero con un endeudamiento tan alto, eso no funciona”.
Todavía Cataluña se podría aferrar al euro. No como moneda propia, eso sí. “Hay otros países que hacen eso porque tienen un problema de credibilidad. Pero no podrían aguantar. Tendrían que hacer un ajuste brutal para lograr un superávit por cuenta corriente. Y ese superávit se logra con un desplome de la economía interna”, según señala Feito. Además, esos euros se les escaparían de las manos, según Clemente Polo: “La entrada de capitales no compensaría la salida. Bajaría la masa de euros en manos de los catalanes”. Feito dice que las consecuencias serían “catastróficas”.
Ya en un segundo orden, y dentro del caos económico descrito por los economistas, quedan cuestiones de no poco calado. Una de ellas es el del capital público invertido en Cataluña con el dinero del conjunto de los españoles, y cuyo valor calcula Clemente Polo que supera los 80.000 millones de euros.
Además está la cuestión de la deuda. De acuerdo con los cálculos de Polo, se fijase como criterio el porcentaje del PIB, Cataluña tendría que asumir una deuda de más de 182.000 millones de euros. Si se fijase el de la población, serían más de 166.000 millones de euros. “Cataluña no está en condiciones de asumir la deuda pública que le correspondería. Sólo hay que recordar que la deuda catalana tiene una calificación de bono basura”.
Y ¿Qué capacidad financiera tendría el Estado catalán? En las actuales circunstancias, su capacidad de recaudar impuestos sería de unos 22.000 millones de euros, según Donato Fernández, pero los gastos que tendría que asumir rondarían los 48.000 millones.
Este es un debate necesario. Es un debate más necesario en Cataluña, que es la que viviría la cuestión en primer plano. Pero no están acostumbrados a escuchar estas razones. Unos compañeros de la prensa catalana se movían inquietos en sus sillas, enrojecían, y lanzaban calladas menciones al Coronel Tejero, en este contexto. Quizás habituarse a un debate abierto sobre estas cuestiones que les afectan directamente les permitiría asumir estas razones con mayor normalidad.

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El ‘efecto Pinocho’ existe y cuando alguien miente, la punta de su nariz se enfría hasta un grado. La empatía o el esfuerzo mental también bajan la temperatura del apéndice nasal.
24.11.2012 Madrid ́ngeles Gómez. El artículo en Expansión
La desconfianza hacia los políticos es un sentimiento generalizado entre los ciudadanos, que sospechan que sus dirigentes les mienten con frecuencia. Existen técnicas científicas para comprobar la veracidad de sus afirmaciones, como es la termografía.
Los investigadores Emilio Gómez y Elvira Salazar, del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Granada, han comprobado mediante termografía que la mentira deja huellas en el rostro. «Cuando una persona miente acerca de sus sentimientos su nariz se enfría y aumenta la temperatura en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo», indica Salazar.
«Cuando mentimos sobre nuestros sentimientos, los cambios térmicos se producen en la nariz y se activa en el cerebro la ínsula, una estructura que forma parte del sistema de recompensa cerebral si hay sentimientos reales, pero no se activa cuando no los hay».
La termografía se podría utilizar para comprobar la sinceridad de los políticos
Pero la mentira no es el único sentimiento que se puede ‘visualizar’. Un gran esfuerzo mental, como el que supone enfrentarse a tareas difíciles, también hace bajar la temperatura de la nariz, como también sucede en las personas muy empáticas. Por el contrario, la temperatura facial se eleva ante un ataque de ansiedad.
Según la psicóloga, y autora principal del estudio, esos cambios son imperceptibles a simple vista y al tacto, pero no pasan desapercibidas para la termografía, una técnica basada en la detección de la temperatura de los cuerpos que se aplica a multitud de áreas como la industria, la construcción o la medicina y que se utiliza muy poco en otras áreas, como es la psicología.
Los científicos de la Universidad de Granada han comprobado la utilidad de la termografía para medir la respuesta fisiológica de algunos sentimientos, y para ello han estudiado a lo largo de cinco años a un centenar de personas de diferentes edades, en las que han identificado una serie de reacciones comunes.
Aplicaciones

Además de los cambios de temperatura que generan la mentira, la empatía o la ansiedad, los investigadores han obtenido la huella térmica del ejercicio aeróbico o de distintos tipos de baile, como el ballet o el flamenco. «Cuando una persona baila flamenco baja la temperatura de los glúteos y aumenta la de los antebrazos», explica Salazar.
Los hallazgos anteriores demuestran el extenso campo de aplicación de la termografía, una técnica que experimentó un gran impulso después de la Segunda Guerra Mundial, con las investigaciones militares realizadas por Estados Unidos para detectar al enemigo (visión nocturna).
¿Qué aplicaciones prácticas se derivan del estudio de la Universidad de Granada? Elvira Salazar apunta la posibilidad de «utilizar la termografía para comprobar la sinceridad de nuestros políticos», y asegura que no sería válida en juicios en los que haya que demostrar si una persona miente o no. «Los cambios de temperatura se producen al mentir sobre sentimientos, no por mentiras puntuales». En cualquier caso, «las aplicaciones siempre tienen un retorno positivo».

22.11.2012 Valencia La noticia en Expansión
El juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha aprobado el concurso de acreedores de Edificaciones Calpe, la principal sociedad del grupo de uno los mayores promotores valencianos, Andrés Ballester.
La carga de trabajo de los juzgados mercantiles de Valencia sigue aumentando. El mercantil Número 1 ha aprobado el concurso de acreedores de otra de las grandes inmobiliarias valencianas, Edificaciones Calpe y de sus filiales Andybal Residencial, Desarrollos Urbanísticos del Algar y Patrimonial Andybal, según un edicto fechado el 12 de noviembre.
Edificaciones Calpe es la principal sociedad de Inmobiliaria Ballester, que agrupa el negocio de la familia de uno de los grandes promotores valencianos, Andrés Ballester. Según los últimos datos del Registro Mercantil, el pasivo de Edificaciones Calpe en 2010 se situaba en 324 millones de euros, mientras que como grupo su deuda bancaria alcanzaba los 584 millones de euros.
Además del desplome del sector inmobiliario, el grupo se ha visto afectado por la escisión hace unos años del holding familiar que agrupaba a los hermanos Andrés y Enrique Ballester -que separó su negocio en Igsa-. Recientemente una sentencia del Tribunal Supremo anuló la autorización a uno de sus proyectos emblemáticos, dos torres en primera línea de costa en Benidorm ya construidas.

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Los magistrados fallan que un consumidor al que querían cobrar un 30% de intereses pague un 6%
Ramón Ferrando. El artículo en Información de Alicante
La Audiencia de Castellón ha dejado sin efecto los intereses de demora que una financiera pretendía cobrar a un cliente al considerar que son abusivos. La financiera, Honda Bank GMBH, estableció en el contrato que los intereses de demora fueran del treinta por ciento. Un juez de Castellón rebajó la cantidad hasta el diez por ciento y ahora la Audiencia ha establecido que el cliente pague como máximo el interés legal del dinero más dos puntos.
En los últimos días, han arreciado las críticas por los abusos que hacen los bancos con el cobro de intereses de hasta el treinta por ciento por el impago de hipotecas. La decana de los registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana, María Emilia Adán, alertó el lunes pasado de que este tipo de intereses son abusivos. Algunos jueces también consideran que son usureros. En el caso que acaba de sentenciar la Audiencia de Castellón, el titular del juzgado de Primera Instancia número cuatro de VinarͲs ya consideró abusivo el interés moratorio pactado del treinta por ciento anual y lo rebajó hasta el diez por ciento. El juez aplicó la nueva Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
La sentencia de la Audiencia de Castellón explica que el juez de primera instancia parte de la condición de consumidor del cliente que firmó el préstamo para declarar abusivo el interés moratorio pactado y proceder a su moderación. Sin embargo, la sala cree que el juez de VinarͲs se quedó corto en la rebaja y que la tasa que realmente debe fijarse es la que en términos jurídicos se conoce como «interés judicial», que es el interés legal del dinero más dos puntos. El interés judicial ronda ahora el seis por ciento. El fallo incide en que la clave no es moderar el tipo de interés sino directamente declarar nula la cláusula que establecía que debía ser del treinta por ciento.

Rafael Catalá, secretario de Vivienda del Gobierno
‘Puede tener sentido construir alguna promoción’ en localizaciones ‘puntuales’
El Gobierno reorientará sus recursos a fomentar el alquiler y la rehabilitación
Europa Press | Madrid 22/11/2012 La noticia en El Mundo

El secretario de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá, ha señalado que «mientras haya un ‘stock’ de 700.000 viviendas no hace falta seguir construyendo». Una afirmación que contradice lo dicho por el presidente de la Asociación Española de la Banca (AEB), Miguel Martín, quien apuesta por levantar más viviendas y conceder más hipotecas para paliar los casos de desahucio.
En declaraciones a los medios tras comparecer ante la Comisión de Presupuestos del Senado, Catalá ha indicado que, en todo caso, «puede tener sentido construir alguna promoción» en localizaciones «puntuales» donde hay «algún déficit» de vivienda.
«A través de Sepes estamos promoviendo vivienda pública en Ceuta y Melilla», ha puesto como ejemplo, para añadir que, sin embargo, «no parece que tenga que ser un eje de la política de vivienda». En este sentido, ha recordado que el Gobierno está trabajando en reorientar los recursos públicos para fomentar el alquiler y la rehabilitación.
Apuesta firme por el arrendamiento
En este punto, ha señalado que, de cara al parque de vivienda social que se quiere crear para resolver la situación de familias al borde del desahucio que tengan mayores dificultades, el Gobierno está trabajando con el sector privado, básicamente la banca, para establecer «incentivos» para que se dedique parte del ‘stock’ al alquiler en beneficio de estas personas.
Asimismo, Catalá ha dicho que se está trabajando con la Sareb (‘banco malo’) para que oriente sus activos al mercado del alquiler y ha confiado en que todos estos esfuerzos tengan resultado para equilibrar la proporción de arrendamientos y de viviendas en propiedad.