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Archivo del 2 de noviembre de 2012

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viernes, 2 de noviembre de 2012

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Más del 80% de los autónomos no ha contratado a nadie este año por la crisis

viernes, 2 de noviembre de 2012

Crece el pesimismo entre estos emprendedores
́ngel Donate – El artículo en diarioabierto.es
La gran mayoría de los autónomos, un 82,4%, no han contratado a nadie este año y casi el 90% no tienen intención de hacerlo en lo que queda de ejercicio, según el observatorio del trabajo autónomo.
Este último barómetro realizado en septiembre desde el Observatorio del Trabajo Autónomo de ATA muestra que han bajado los autónomos con intención de contratar respecto a la última encuesta llevada a cabo antes del verano.
Así, la encuesta se recoge que sólo un 8.2% de los autónomos encuestados ven necesario ampliar su plantilla y contratar empleados en lo que queda de 2012. Este porcentaje baja a la mitad el que se obtuvo en mayo de 2012. El 89,7% restante no lo considera necesario o posible y un 7,3% ha preferido no responder.
En cuanto a lo que va de año, un 82,4% de los autónomos contestaron que no han contratado a nadie frente a un 16,6% que sí lo ha hecho.
Causas para no contratar
Son distintas las razones que unos y otros argumentan para no contratar. Del 89,7% de los autónomos que no prevén contratar a nadie en lo que queda de año, algo menos de la mitad (45,6%) asegura que el motivo está en la caída de la actividad.
La segunda opción más votada con el 22,1% de los autónomos encuestados, son las dificultades económicas por las que están pasando, y el 17,7% no contrata porque ya están llevando a cabo reducciones de plantilla. Para un 10,6% la razón está en que la propia actividad que realizan no precisa de ningún nuevo trabajador.
En resumen, la crisis está en la raíz de que los autónomos no puedan contratar nuevos trabajadores y la encuesta revelea como ha crecido el pesimismo entre estos emprendedores ya que las expectativas de contratación se han reducido la mitad en cuatro meses.
Falta de crédito
La encuesta del observatorio del trabajo autónomo refleja un claro descontento de estos emprendedores con el sistema financiero. Así, al 46,6% de los que solicitaron un crédito para su negocio a un banco o caja éste le fue denegado. Solamente al 27,6% le fue concedido el crédito íntegramente, mientras que al 23,5% restante obtuvo menos de lo que solicitó.
La morosidad continúa siendo un problema importante para los autónomos, según se desprende del Observatorio ya que más de la mitad de los encuestados asegura haber sufrido impagos.
Subida del IVA
Por parte, entre el colectivo de autónomos, el rechazo a la subida del IVA es casi del 90% según datos de la encuesta. Se trata de la medida puesta en marcha por el Gobierno que más críticas ha suscitado. Esto ha llevado al 39,2% de los autónomos a tener que reflejarlo en el precio final de su producto o servicio.
Siguen siendo mayoría los que se han opuesto a trasladar esta subida a los precios finales. Así, el 42,6% asegura que no piensa aplicarlo y el 17,6% esperará al menos hasta enero para determinar si lo sube o no.
Rechazo de algunas medidas
Sólo dos de las cinco medidas puestas en marcha por el Gobierno son vistas con buenos ojos por los trabajadores por cuenta propia según la encuesta. De esta manera, tres de cada cuatro encuestados apoya la reforma laboral, y el 68% está de acuerdo con la reducción de las cotizaciones a las nuevas altas de familiares colaboradores.
Las tres restantes, aumento del IVA, del IRPF y la supresión de las bonificaciones por contratación son vistas como innecesarias por parte de los autónomos.

Que viene Hacienda y, esta vez, dice que va en serio

viernes, 2 de noviembre de 2012

El BOE publica la nueva ley contra el fraude
La nueva ley contra el fraude obliga a declarar bienes en el extranjero, reforma la tributación por módulos y limita los pago en efectivo de más de 2.500 euros.
Jaume Viñas – Madrid – 29/10/2012 – La noticia en Cinco Días
Quizás por la mala conciencia de aprobar una amnistía fiscal, quizás por la crisis de ingresos o por una mezcla de ambos motivos. Sea como sea, la nueva ley contra el fraude fiscal incluye reclamaciones históricas de la Organización de Inspectores de Hacienda, un colectivo que lleva años denunciando las lagunas de las leyes antifraude y que, sin embargo, elogian una normativa que, en su opinión, va en la dirección correcta. Los asesores fiscales, en cambio, tildan la ley de excesiva y la culpan de dejar desprotegido al contribuyente ante la Agencia Tributaria. La nueva normativa contra el fraude, la más ambiciosa de la democracia en palabras del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se aprobó definitivamente en el Senado la semana pasada y que hoy se ha publicado en el BOE. Estas son las principales novedades que deben tener en cuenta los contribuyentes:
Bienes en el extranjero
La nueva normativa obligará a los contribuyentes a declarar cuentas, activos e inmuebles en el extranjero. Para ello, Hacienda deberá establecer un nuevo formulario y, por cada dato incorrecto, se impondrá una sanción de 5.000 euros. Además, y eso es lo importante, el declarante deberá ser capaz de demostrar que los bienes situados en el extranjero se adquirieron con rentas declaradas. En caso contrario, se imputarán al «al período impositivo más antiguo entre los no prescritos». Esto equivale a una declaración de imprescriptibilidad. Si un contribuyente abrió una cuenta en Suiza con renta no declarada de un millón de euros en 2004 -ejercicio que ya está prescrito- Hacienda, con la legislación actual, solo puede reclamar los intereses logrados por esta cuenta en los últimos cuatro años, pero no el capital total.
Con el cambio normativo, resulta indiferente que el dinero evadido y situado en el extranjero se haya producido en un periodo impositivo ya prescrito. Siguiendo con el ejemplo propuesto, el contribuyente que evadió un millón de euros en 2004, deberá tributar por todo ese patrimonio al tipo marginal del IRPF, es decir, al 52% en la mayoría de comunidades. En Cataluña, el gravamen asciende al 56%. Eso implica pagar entre 520.000 euros y 560.000 euros. A este importe deben sumarse los intereses de demora y la sanción, que puede ascender al 150% de la cuota a pagar. Esta medida parece diseñada para animar a los contribuyentes a acogerse a la amnistía fiscal, que concluye el 30 de noviembre.
Coto al pago en efectivo
A principios de noviembre, cuando previsiblemente entrará en vigor la ley antifraude, se prohibirán los pagos en efectivo superiores a 2.500 euros en operaciones en las que intervenga un empresario o profesional. Es decir, la venta de una vivienda de un particular a otro no estará sujeta a este límite. La medida persigue poner coto al tradicional con IVA_o sin IVA y lograr que siempre exista un rastro en la operaciones comerciales superiores a 2.500 euros. En caso de incumplir la normativa, Hacienda entenderá que el infractor es tanto el que paga como el que recibe el dinero y, las dos partes responderán «de forma solidaria» a la sanción, que ascenderá al 25% del importe de la operación realizada en efectivo. Un ejemplo: un contribuyente hace obras en su casa y paga 3.000 euros en efectivo a un fontanero. Si Hacienda descubre la operación, la sanción será el 25% de 3.000 euros (750 euros). La Agencia Tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de las partes para cobrar la sanción o exigir que el particular y el profesional abonen a medias la multa.
Existe una forma de librarse de la sanción y es convertirse en un chivato. La nueva ley contempla que si una de las partes de una operación que incumple ese límite de 2.500 euros, denuncia el hecho a la Agencia Tributaria antes de los tres meses siguientes al pago en efectivo, quedará exonerado de cualquier responsabilidad. Hacienda logra con esta medida generar intranquilidad entre los contribuyentes, que pueden tener la tentación de denunciar antes que lo haga la otra parte. Es un dilema clásico de la teoría de juegos.
Reforma de módulos
La reforma del sistema de módulos es, probablemente, la medida más celebrada por los inspectores de Hacienda, que llevan años denunciando que este régimen fiscal es un «un nido de facturas falsas». El sistema de módulos permite a los pequeños empresarios y profesionales tributar en función de variables objetivas como el número de empleados, los metros cuadrados del negocio o el consumo eléctrico. Es decir, su factura fiscal resulta independiente de sus beneficios o ventas. ¿Y por qué ello puede generar un fraude? El caso típico funciona así: un contribuyente en módulos emite facturas falsas a otro empresario que tributa en función de sus beneficios. Para el modulero, elevar de forma ficticia su facturación no le supone pagar más impuestos y, en cambio, el empresario que recibe la factura falsa puede elevar su capítulo de gastos y, por lo tanto, reducir sus beneficios para pagar menos.
Precisamente por esto, el cambio normativo consiste en prohibir la tributación por módulos a determinados empresarios que facturen más del 50% de sus operaciones a otros empresarios y su volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros. En cualquier caso, la prohibición de tributar por módulos afectará a profesionales con rendimientos que superen los 225.000 euros, con independencia de que la mayoría de sus clientes sean particulares o empresarios. Las actividades sujetas por estas limitaciones son la carpintería, la fabricación de artículos de ferretería, la confección, la industria del mueble de madera, la impresión de textos, la albañilería, la fontanería o la pintura, entre otros.
Más y nuevas sanciones
Es uno de los puntos que más han criticado organizaciones como la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf). La ley incluye un listado de nuevas infracciones. Por ejemplo, el contribuyente que presente una declaración en papel cuando esté obligado a remitirla por vía telemática será sancionado con 1.500 euros. Los profesionales aseguran que muchas veces los empresarios incumplen la obligación de presentar la declaración por vía telemática por errores en la web de la Agencia Tributaria.
Por otra parte, Aedaf denuncia que «la multa por no atender el primer requerimiento de la Administración o por no aportar la información requerida en el plazo concedido será de 1.000 euros para los particulares y de, como mínimo, 3.000 euros para los empresarios, profesionales o sociedades». La sanción puede llegar a 600.000 euros. Por otra parte, la nueva normativa también refuerza la figura del inspector de Hacienda en la medida en que se contemplan sanciones de entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes particulares que son objeto de una inspección y no colaboran con los funcionarios de Hacienda. En el caso de empresarios, las multas pueden llegar a un máximo de 600.000 euros.
«El fraude está en los paraísos fiscales, no en los fontaneros»
«El fraude fiscal no está en el fontanero, se encuentra en los paraísos fiscales y en las multinacionales». El portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, considera que la nueva ley contra el fraude fiscal resulta claramente insuficiente, yerra el tiro y no aborda la problemática de los paraísos fiscales.
Por este motivo, el diputado del PSOE acaba de presentar en la mesa del Congreso una propuesta para que, en el marco de la Comisión de Hacienda, se cree una subcomisión «que tenga como objetivo tratar específicamente la armonización y coordinación fiscal internacional, lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales». Saura recuerda que la evasión tributaria en el mundo «es superior a la suma del PIB de Estados Unidos y Japón» y defiende que su erradicación resulta indispensable para la financiación del Estado de bienestar.
El diputado socialista apunta que la obligación de declarar bienes en el extranjero que contempla la nueva ley contra el fraude resulta inofensiva mientras existan paraísos fiscales que permiten que los defraudadores mantengan el dinero evadidos en sistemas financiero opacos. «¿Qué información hemos solicitado y recibido de Luxemburgo, en lo que llevamos de año, sobre SICAV registradas allí con participes residentes en España?», es una de las preguntas que el diputado socialista ha formulado por escrito al Gobierno de Mariano Rajoy que, en marzo, aprobó la amnistía fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, aseguró ayer que los contribuyentes esperan hasta el último momento para acogerse a la «regularización especial», que finaliza el 30 de noviembre. Hacienda, de momento, solo ha ingresado por la amnistía 50 millones de los 2.500 millones previstos.

El banco malo venderá 89.000 pisos y 13 millones de metros de suelo

viernes, 2 de noviembre de 2012

La sociedad asumirá los pisos de la banca con un descuento de hasta el 54%
La rebaja media en los créditos e inmuebles adjudicados será del 63%
La Sareb podrá llegar a gestionar activos por 60.000 millones ya en 2013
Las entidades nacionalizadas aportarán 45.000 millones en bienes tóxicos
͍ñigo de Barrón Madrid 29 octubre 2012 – El artículo en El País
El banco malo, el que tantas veces negó que iba a crear el Gobierno del PP, ha comenzado su andadura. Este organismo es una exigencia de Bruselas para entregar hasta 100.000 millones como rescate bancario. Las autoridades europeas consideran que las entidades más dañadas por el ladrillo nunca podrían salir adelante si no apartan los activos tóxicos y se centran en el negocio financiero.
Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del fondo de rescate, el FROB, que financia al banco malo, presentó este lunes las cifras provisionales. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que es el nombre oficial, se quedará con los elementos tóxicos de las entidades dañadas. Reunirá los activos inmobiliarios adjudicados por impagos (vivienda nueva, promociones en curso y suelo), así como préstamos morosos con o sin garantía real y créditos sobre vivienda terminada, en curso o suelo. En total, reunirá 89.000 viviendas y 13 millones de metros cuadrados de suelo. No se dedicará a la venta minorista, pero Antonio Carrascosa, director general del FROB, no descartó “la venta por web y a través de promotores inmobiliarios”. Sareb no concederá créditos pero podría realizar acuerdos con bancos para financiar ventas.
El suelo tendrá el mayor descuento, casi el 80% sobre el valor bruto en libros
El banco malo nacerá con unos 45.000 millones en activos tóxicos aportados por las entidades nacionalizadas, que deberán vender los inmuebles adjudicados con un descuento medio del 63% sobre el valor bruto en libros (las viviendas nuevas, con una rebaja del 54% y el suelo, del 79,5%). Los créditos tendrán un recorte medio del 45,6%. No obstante, cada entidad tendrá un precio diferente, según sean más nuevos o viejos los activos, su situación geográfica y las últimas tasaciones.
Sareb se hará cargo del 90% de los activos tóxicos de Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia Banco y Banco de Valencia. El 10% restante son activos inferiores a 100.000 euros o préstamos de menos de 250.000 euros que se quedan en las entidades para evitar que el banco malo tenga miles de pequeños créditos inmanejables.
En una segunda fase, las entidades que más tarde reciban ayudas públicas para cumplir con los exámenes de Oliver Wyman, también traspasarán su ladrillo a Sareb. Cuando esto ocurra, Restoy cree “que se juntará activos por valor de unos 61.000 millones”.
La clave: los precios
La clave del banco malo son los precios y ha habido fuertes discusiones internas hasta fijarlos. Hay intereses contrapuestos: las entidades que venden quieren que se pague alto y los inversores y las autoridades de la troika (BCE, UE y FMI), que sean precios bajos para que el sector ajuste sus valoraciones. El Banco de España ha hecho de árbitro hasta llegar a puntos intermedios.
Ahora, el Gobierno se la juega con la captación de inversores. El presidente del FROB considera que los fuertes descuentos “harán rentable al banco malo, que será mayoritariamente privado”. Restoy dijo que tendrá una vida máxima de 15 años “y la rentabilidad sobre el capital prevista para el conjunto del proyecto en un escenario conservador se estima en torno a 14%-15%”. Sin embargo, no quedó claro cuál puede es la rentabilidad anual prevista.
El FROB dice que no se hundirán los precios de los pisos pero el sector lo teme
Ante las dificultades para captar inversores, el Gobierno minimiza el capital a poner. El banco malo se financiará sobre todo con deuda avalada por el Estado (habrá hasta 55.000 millones, según una enmienda del PP a los Presupuestos) con la que pagará los activos. Solo habrá un 8% de recursos propios (unos 5.000 millones) y dentro de estos habrá deuda subordinada perpetua y el resto será capital, con mayoría de inversores privados.
Los precios de compra supondrán pérdidas para las entidades nacionalizadas. Pero, a la vez, al desprenderse de activos malos se rebajarán las exigencias de capital, “por lo que, al final, el contribuyente se ahorrará 5.000 o 6.000 millones en la factura”, ya que se pondrá menos dinero en estas entidades.
En la banca y el sector inmobiliario se teme que el banco malo hunda el valor de los pisos. Restoy insistió en que los precios de transferencia “no pueden servir en ningún caso para valorar los activos inmobiliarios que quedan fuera. El precio de lo que se compra incluye los gastos de gestión de la sociedad, la prima de riesgo asumido y el hecho de que sean compras en bloque”. Sin embargo, en el mercado hay dudas.

El Grupo Mixto propone que se derogue el derecho de la Iglesia a inmatricular bienes

viernes, 2 de noviembre de 2012

28 Oct 2012 La noticia en camineo.info – Infocatólica
Joan Baldoví, diputado de Compromís-Equo, del Grupo Mixto del parlamento español, ha presentado una proposición no de Ley que reclama que se modifique la Ley Hipotecaria, que faculta a la Iglesia para inmatricular bienes en igualdad de condiciones que el estado, las provincias, los municipios o las corporaciones de derecho público.

Esta iniciativa pide que se debata en la Comisión de Justicia la eliminación de la referencia a la Iglesia en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en el 304 del Reglamento Hipotecario. La inscripción de los bienes de la Iglesia tiene el mismo régimen legal que la inscripción de los bienes del Estado, se pueden inmatricular de la misma forma y con idéntica tramitación.

En efecto, el art. 206 de la Ley Hipotecaria permite a la Iglesia católica ””al igual que al Estado, la provincia, el municipio y las corporaciones de Derecho Público o los servicios organizados que forman parte de la estructura política del Estado”” la posibilidad de inscribir “los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos”.

Por su parte, el art. 304 del Reglamento Hipotecario establece que cuando se trate de los bienes de la Iglesia «las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos».

Califican de privilegio el procedimiento

En la exposición de motivos, Baldoví ha destacado que la autoinmatriculación de bienes inmuebles «sólo debe corresponder a funcionarios públicos que garanticen la objetividad en su actuación».

Así, ha denunciado que «son múltiples las ocasiones en que el privilegio expuesto ha devenido en un problema, pues se trata de propiedades que los ayuntamientos y vecinos habían construido, financiado o mantenido». Éstos tienen que reclamar ante los tribunales, lo que conduce, según la iniciativa, a «incrementar una litigiosidad que sería innecesaria si se derogara un privilegio que nunca debió existir».

No es un privilegio sino la corrección de una discriminación injusta

El Arzobispado de Pamplona y Tudela hizo unas aclaraciones hace unos meses, en respuesta a la campaña de la Plataforma Ekimena de Defensa del Patrimonio Navarro (la primera y la más agresiva de las similares existentes en España), que desde el año 2007 vienen impugnando numerosas inmatriculaciones de templos, ermitas, casas parroquiales y bienes inmuebles anejos a nombre de las parroquias o la diócesis, con el pretexto de que serían propiedad de los pueblos en los que se encuentran y deberían inscribirse a nombre del ayuntamiento o concejo.

Como explicaban los representantes de la Iglesia, «el ayuntamiento o concejo no es la parroquia ni la parroquia es el ayuntamiento o concejo; los bienes parroquiales no forman parte del patrimonio del municipio ni los bienes municipales forman parte del patrimonio de la parroquia. Los bienes eclesiásticos, ciertamente, pertenecen al ”˜pueblo”™, pero no a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento, sino al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis», de modo que es la parroquia o la diócesis la titular de esos bienes, y no el ayuntamiento o concejo.

Explicaba el Arzobispado de Pamplona y Tudela que «el hecho de que se otorgue a la Iglesia católica el mismo procedimiento que a la Administración no tiene nada que ver con un supuesto privilegio concedido en virtud de la anterior situación de confesionalidad católica del Estado. Por el contrario, esta peculiaridad tiene su explicación en razones históricas y sociológicas»

En efecto, el Registro de la Propiedad fue creado en España por la Ley Hipotecaria de 1861 y regulado por Real Decreto de 1863. Desde el principio algunos bienes quedaron exceptuados de la posibilidad de inscripción los bienes del Estado, los de dominio público y los templos destinados al culto católicos, argumentándose que respecto a ellos “es notorio y por todos conocido su estado civil, por lo que es innecesario que estén señalados con un número en el Registro”. En la práctica, esta prohibición fue interpretada de diversas maneras, a menudo como discriminatoria para la Iglesia, que no podía beneficiarse de la seguridad que concedía la inscripción.

La nueva Ley Hipotecaria de 1946 y su Reglamento mantuvieron estas excepciones. Las parroquias y demás instituciones de la Iglesia podían inscribir los bienes que habían conservado o adquirido después de la Desamortización (casas parroquiales, huertos, fincas, etc.), pero no sus edificios de culto (iglesias, ermitas, etc.)

La novedad de la reforma del Reglamento Hipotecario en 1998 consistió en suprimir, por considerarla inconstitucional, la exclusión de los templos católicos de la inscripción. Del mismo modo, se permitió también la inscripción de los bienes públicos con arreglo a su legislación especial. Así, tanto los ayuntamientos y otras entidades locales como los obispados y parroquias pudieron registrar edificios y bienes antes exceptuados de la inscripción en el Registro de la Propiedad. Y pueden hacerlo utilizando el procedimiento establecido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria y en el 304 del Reglamento Hipotecario.