AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 1 de diciembre de 2012

Costa de Galicia

sábado, 1 de diciembre de 2012

.

costa-de-galicia-2012.jpg

.

Bruselas impone a la banca española una terapia de choque a cambio del rescate

sábado, 1 de diciembre de 2012

Sólo podrán operar en su región de origen y fuera del sector inmobiliario
La Comisión Europea aprobó ayer los planes de reestructuración exigidos a las cuatro entidades nacionalizadas a cambio del primer tramo de ayudas (por valor de 37.000 millones de euros) del rescate de la banca española. La terapia aplicada supone una de las mayores transformaciones del sector desde el comienzo del euro. Y marca el final de unas cajas de ahorros que llegaron a controlar el 50% del mercado.
Bernardo de Miguel – Bruselas – 28/11/2012 – El artículo en El País
El viaje hacia ninguna parte de las cajas de ahorro se inició en 1988, cuando el Gobierno de Felipe González autorizó a ese tipo de entidades a expandirse por todo el territorio español. Las cajas apenas aprovecharon el permiso hasta que a finales del siglo XX, con la llegada del euro, se sumaron a la vorágine inmobiliaria que disparó el número de oficinas bancarias en un 50%.
La escapada terminó ayer para 12 entidades (las siete cajas integradas en Bankia, las dos fusionadas en Novagalicia y las tres integradas en Catalunya Banc) con una despiadada diatriba del comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, quien acusó a los cuatro bancos nacionalizados -también a Banco de Valencia- de haber fracasado estrepitosamente en su adaptación a la nueva realidad del mercado.
«Los culpables son quienes gestionaron mal», aseguró Almunia en una de las ruedas de prensa más duras desde que asumió la cartera de Competencia en 2010. Y añadió que «no voy dar nombres y apellidos pero a todos se nos ocurren algunos y podríamos hacer una lista bastante larga».
De poco han servido las negociaciones entre el Gobierno español y la Comisión para suavizar el castigo. Al final, Bruselas ha impuesto una drástica reestructuración, por hasta el 60% del tamaño de las entidades nacionalizadas, lo que supondrá el cierre del 50% de las oficinas y el despido de miles de empleado (6.000 en Bankia, según anunció ayer su presidente).
Además, la decisión comunitaria obligará a Bankia (que recibirá 17.9690 millones) a replegarse geográficamente y se le prohíbe tajantemente invertir en actividades de promoción inmobiliaria. La pena es aún más rigurosa para Novagalicia y Catalunya Banc, porque además del repliegue deberán cerrar si no encuentran un comprador en menos de cinco años. El Banco de Valencia, antigua filial de Bankia, también nacionalizado, solo se libra de la disolución porque anteayer fue comprado por CaixaBank.
Almunia no se anduvo con miramientos a la hora de dictar su sentencia. Y justificó las cortapisas impuestas «porque estas entidades han demostrado que no saben operar con eficiencia en actividades de riesgo». Y el regreso a la demarcación geográfica porque «la experiencia muestra que la entidades que se quedaron en su territorio disponían del conocimiento necesario para hacer una gestión de riesgos adecuada».
La medida parece contradecir la política comunitaria de libre circulación y establecimiento, así como el empeño de Bruselas en fomentar la integración del sector financiero y la competencia transfronteriza. Fuentes del sector, sin embargo, reconocen que «siempre que una entidad se expande fuera de su mercado conocido se expone a quedarse con la cuota de negocio que los bancos locales no se han atrevido a cubrir».
En cualquier caso, las cajas convertidas en bancos y después nacionalizadas ya no disponen de margen para resistirse. Tampoco las que recibirán inyecciones de capital público europeo vía FROB a final de año, que podrían ser Mare Nostrum, Ceiss, Liberbank y Caja 3. Y ni siquiera las cajas que, aunque sanas, se verán obligadas a convertirse en fundaciones y a renunciar al control de sus actividades financieras como consecuencia del Memorándum suscrito por el Gobierno a cambio del rescate.
Y la repercusión irá más allá del sector financiero, porque los bancos rescatados deberán desprenderse de la casi totalidad de su cartera industrial.
Todo ello a cambio de un primer préstamo de 39.500 millones de euros (incluidos los 2.500 millones del Sareb o banco malo) que deberá reembolsar el Estado español en un plazo de 15 años y con un tipo de interés, según dijo ayer el Gobierno, inferior al 1%.
El próximo lunes, el Eurogrupo (Consejo de Ministros de Economía de la zona euro) aprobará previsiblemente la entrega del dinero, después de que España superase ayer el primer examen de la CE y el BCE sobre el cumplimiento del memorándum.
Las dos instituciones exigen, no obstante, nuevos ajustes presupuestarios para 2014. Bruselas confirma así su actitud implacable ante el primer rescate bancario que un Estado no puede pagar por sí mismo, a pesar de los recursos públicos del FROB y de que los titulares de preferentes y subordinadas hayan asumido quitas en estos productos que rebajarán la factura en 10.000 millones de euros.
El FMI ve dificultades en el arranque del ‘banco malo’
El FMI también hizo oír su voz en el día en que la Comisión Europea anunciaba la aprobación de los planes de capitalización de la banca nacionalizada que va a recibir la ayuda europea, a la vez que las condiciones para obtenerla. La institución que preside Christine Lagarde no aportará fondos a la banca española pero ha estado detrás en todo momento del diseño del rescate del sector y del memorando de entendimiento que sirve de referente para su puesta en marcha. Así, el FMI publicó ayer su informe de conclusiones sobre el sector financiero español, fruto de la visita realizada a España en el mes de octubre, y en él reconoce «progresos importantes» al tiempo que «desafíos». En concreto, cita la puesta en marcha del banco malo, al que considera habrá que poner algunos «controles y contrapesos». De entrada, considera difícil que el banco malo esté plenamente operativo en la fecha prevista, el 1 de diciembre, y señala que «habría ayudado al proceso preparatorio que algunas decisiones clave se hubieran adoptado de manera más rápida».
Considera además demasiado bajos los límites que se han puesto para la transferencia de los pisos, que deben superar un valor de 100.000 euros, y para los préstamos al promotor, que deben superar los 250.000 euros. Y advierte de una serie de riesgos, como el posible conflicto de intereses entre sus accionistas o la dificultad de gestionar una elevada cantidad de activos. «Algunos pasos para mitigar estos riesgos han sido adoptados», reconoce el FMI, que apuesta por dotar de un carácter comercial a Sareb, enfocado a maximizar el valor de la venta y reestructuración de sus activos, lo que requiere un equipo gestor activo y «enfocado exclusivamente en este objetivo».
Por otra parte, el informe destaca la utilidad que podría tener establecer un calendario regular de revisiones independientes de las operaciones realizadas por este banco malo.

El vecino moroso se queda sin piscina

sábado, 1 de diciembre de 2012

Justicia avala que aquéllos que no paguen el recibo de la comunidad no puedan utilizar las zonas comunes
26 Noviembre 12 – Rubén Cruz -El artículo en La Razón
Los registradores de la propiedad no podrán negarse a inscribir los acuerdos de las comunidades de propietarios por los que se prohíbe a los vecinos que no estén al corriente de pago el uso de la piscina y demás zonas comunes «no necesarias para la habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble». Así se desprende de un escrito de la Dirección General de los Registros y del Notariado, órgano perteneciente al Ministerio de Justicia.

Esta resolución anula la decisión del registrador de la propiedad de Mazarrón (Murcia), Eduardo Cotillas Sánchez. Una comunidad de propietarios de la localidad elevó a escritura pública en la notaría de Alejandro Fernández Toro en Mazarrón los acuerdos adoptados para modificar sus estatutos, que incluyen ahora un nuevo artículo en el que se indica que los propietarios que se encontraran en mora en el pago de sus cuotas, ordinarias o extraordinarias, «tendrán vedado el acceso a la piscina comunitaria y a las pistas de tenis».

La comunidad de vecinos presentó hace meses la escritura en el Registro de la Propiedad, pero su titular, Cotillas, se opuso a su inscripción al entender que el acuerdo no tenía encaje legal, decisión que corroboró, en «calificación sustitutoria», la registradora de la Propiedad número 4 de Murcia, María José Quesada Zapata. La presidenta de la comunidad de propietarios «Residencial 4 P» presentó entonces el oportuno recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, que le ha dado la razón y ha acordado revocar la nota negativa del registrador de la propiedad.

La Dirección General de los Registros y del Notariado explica que las piscinas y las pistas de tenis «por su carácter, excede de lo que podrían considerarse elementos necesarios para la vivienda, y como no se trata de la privación del derecho de propiedad, sino de su mero uso con carácter eventual mientras no se pongan al día en la contribución a los gastos que exige su mantenimiento, debe considerarse que no afecta al contenido esencial del derecho de propiedad».

El acuerdo concluye que «se trata de un pacto estatutario que coadyuva a que todos los propietarios contribuyan al pago de los gastos que derivan de esos elementos comunes».