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Archivo del 6 de diciembre de 2012

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jueves, 6 de diciembre de 2012

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Asset premia la excelencia financiera de la CEU y Joaquín Trigo

jueves, 6 de diciembre de 2012

Barcelona, 29 noviembre 2012. (La noticia en Europa Press)
La Asociación Española de Financieros de Empresa, Asset, ha fallado la octava edición de los Premios de Excelencia Financiera en favor de Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos, y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
La entidad que preside el economista y financiero Josep Badia ha reconocido la trayectoria profesional de Trigo por su trabajo en favor de la creación de un mercado y un entorno económico y social en el que la iniciativa empresarial «sea una labor fácil, y dónde la iniciativa privada y social pese más que la regulación».
Trigo es licenciado en Ciencias Económicas por la UB, diplomado en Gestión de Empresas y Tecnología en el programa GET del Massachusetts Institute of Technology y la UPC de Barcelona.
Docente desde 1975 como profesor titular de Teoría Económica en la Universitat de Barcelona, en 1987 accedió a la patronal catalana Fomento del Trabajo, primero como director del departamento de Economía y luego como director ejecutivo.
En el caso de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Asset ha reconocido su esfuerzo constante en la formación de profesionales «altamente cualificados y comprometidos con la sociedad con valores como la justicia social, la solidaridad y la ética empresarial».
Esta institución educativa sin ánimo de lucro suma casi 80 años de experiencia en el ámbito de la enseñanza y es la única institución educativa de España que cuenta con tres Universidades privadas: la Universitat Abat Oliba CEU en Barcelona, la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia, y Universidad CEU San Pablo en Madrid.
Además, cuenta con colegios de enseñanza primaria y secundaria distribuidos por el territorio nacional, una Escuela de Magisterio en Vigo y dos escuelas de negocios.
Asset, fundada en 1990, posee sedes en Barcelona y Madrid e integra a más de 600 directores financieros, tesoreros y profesionales en general del área de las finanzas del sector público y privado.

La cesión del Registro Civil a los registradores acabará con la gratuidad de muchos trámites

jueves, 6 de diciembre de 2012

La noticia en La Nueva España lne.es

Abogados, sindicatos y consumidores denuncian su privatización
Se deberán pagar tasas por casarse, divorciarse, cambiar de nombre y apellidos, y tramitar la nacionalidad l Los certificados de nacimiento y defunción no tendrán coste
El Gobierno prevé dejar el Registro Civil en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles, que sufragarán los costes derivados de la prestación de este servicio público, así como sus «honorarios», mediante la «aplicación de los correspondientes aranceles». Lo que traducido al lenguaje de la calles significa que habrá que pagar por trámites que hoy son gratuitos.

El 40 por ciento de los ingresos netos se adjudicará a cada registrador en función de su antigͼedad y el 60 por ciento restante, a partes iguales. Así consta en el borrador del anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros. Este texto prevé una nueva organización de los siguientes registros, de tal manera que queden «unitariamente» así: el Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Íšltima Voluntad.

Según reza en la exposición de motivos del citado borrador, esta unificación normativa se hará en torno a «tres ideas básicas». La primera es que la «llevanza» de los registros la tengan los «registradores de la propiedad y mercantiles». La segunda consiste en establecer un sistema de los registros jurídicos por medios electrónicos, suprimiendo las anotaciones registrales en papel, incluso el libro de familia y, en tercer lugar, introducir criterios de simplificación de procedimientos e interconexión de sistemas.

Abogados, parte de los jueces, sindicatos y consumidores han acusado al Ministerio de Justicia de querer privatizar el Registro Civil. Sin embargo, el departamento de Alberto Ruiz-Galardón aseguró que la gestión «seguirá siendo pública» y que los actos habituales «como la inscripción de nacimientos y las actas de defunción» seguirán siendo gratuitos.

Sin embargo, en el borrador se precisa, en la modificación del artículo 21 de la ley del Registro Civil, que «los registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles».

En el proyecto se habla de reducción del número de oficinas y que los registros se transformen en Juzgados de primera instancia dentro de la misma sede y que los «encargados de estos Registros Civiles Exclusivos y Central y los secretarios judiciales destinados en los mismos» pasen a ocupar, respectivamente, las «plazas de magistrado y secretario judicial de dichos Juzgados de primera instancia.

El planteamiento es que exista una oficina de Registro Civil en todas las capitales de provincia. En el caso de los registros de la Propiedad, se contemplan supresiones y reagrupamientos.

El Gobierno estudia cuánto y por qué trámites cobrarían los registradores de la propiedad y mercantiles una vez que se les ceda el Registro Civil. En principio quedan excluidos los pagos por los certificados de nacimiento y defunción, que suponen dos tercios de los trámites, cuya cifra anual asciende a 1,4 millones.

El resto, que son unos 500.000 trámites, algo más de un tercio del total, son los que están en estudio. Ahí están incluidos matrimonio, separaciones, divorcios, cambios de nombre y apellidos o la nacionalidad.

Los ciudadanos que se quieran casar por lo civil también tendrán que pagar, ya que la ley prevé que los matrimonios los celebre un notario. Otra de las cosas que podrían dejar de ser gratuitas son los recursos ante el Ministerio de resoluciones que han adoptado los registros. Ahora se puede recurrir ante la Dirección General de Registros y Notariado, pero se está analizando la posibilidad de que se vaya directamente a la jurisdicción civil y ésta tiene tasas para poder pleitear.

La tramitación de la nacionalidad española por razón de residencia tendrá un coste y en vez de un juez pasará a hacerlo un notario. En otros países tiene un coste similar a las tasas para pleitear. El Gobierno justifica la medidas para compensar a los registradores afectados por la crisis del mercado inmobiliario. Actualmente los costes del Registro Civil son de 350 millones anuales. La intención e que la reforma entre en vigor en 2014.

La plataforma Justicia Para Todos, creada ayer por abogados, sindicatos y consumidores contra las reformas en materia de Justicia de Ruiz-Gallardón, ha denunciado que suponen un ataque contra los derechos fundamentales.

El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), los sindicatos UGT, CC OO, USO, STAJ y CSIF y el Consejo de Consumidores y Usuarios (que integra a once de estas organizaciones con implantación nacional) denuncian que la reforma de los registros civiles y las nuevas tasas judiciales son una privatización inconstitucional de la justicia. IU llegó a decir que cabe pensar que el Gobierno da más privilegios a los registradores debido a que Mariano Rajoy es uno de ellos. Para UGT, al igual que Jueces Para la Democracia, lo que está en marcha es la privatización de los registros civiles.