AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 8 de diciembre de 2012

En un mundo de mentiras, decir la verdad es un acto revolucionario

sábado, 8 de diciembre de 2012

.

mentiras.jpg

.

Este blog apoya la libertad de expresión. Nuestra solidaridad con la lista libre, intervenida por la rnet

sábado, 8 de diciembre de 2012

.

este-blog-apoya-la-libertad-de-expresion-2012.bmp

.

El Gobierno investigará los bienes de las personas que pidan justicia gratuita

sábado, 8 de diciembre de 2012

Tijeretazos y recortes sociales 07 de Diciembre de 2012 Kaosenlared
Comprobará sus datos en Hacienda, la Seguridad Social, el catastro y el registro de la propiedad. Abogados y procuradores tendrán la obligación de denunciar los abusos.
Agencias
El Gobierno consultará con Hacienda, el Catastro, la Seguridad Social y los Registros de la Propiedad y Mercantiles los datos de las personas que soliciten la justicia gratuita para evitar que se produzcan abusos, según el borrador del anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Además, los abogados y procuradores tendrán la obligación de denunciar las situaciones de abuso en este derecho. El texto, que tiene fecha de 29 de noviembre, está sometido aún a cambios. De hecho, el pasado martes hubo una reunión del Ministerio de Justicia con las autonomías, en la que éstas realizaron aportaciones al borrador.
En el texto, se establece que tendrán derecho a la Justicia gratuita las personas con ingresos anuales menores a 2,5 veces el IPREM. Pero, tal y como anunció el ministro en el Parlamento, habrá justicia gratuita para las víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo, quienes no tendrán que acreditar ninguna insuficiencia de recursos para acceder a este derecho. No obstante, y dado que el Gobierno ha detectado en los últimos años «disfunciones» en la aplicación de esta norma que regula la justicia gratuita, que suponen un «grave» daño tanto a la viabilidad del modelo como a su prestigio social, se reforzarán los controles para evitar que se produzcan abusos.
Por ello, aumentará las facultades de averigͼación patrimonial para que la Administración Tributaria, el Catastro, la Seguridad Social y los Registros de la Propiedad y Mercantiles requieran por medios electrónicos la confirmación de los datos económicos y patrimoniales de cada justiciable. De este modo, el texto detalla que no sólo se comprobará la información relativa a las rentas o los ingresos, sino que se tomará en consideración el patrimonio. Valorará así los inmuebles que se tengan en propiedad, «excepción hecha de su vivienda habitual», así como el capital mobiliario, los vehículos de alto valor o «cualquier otro signo externo de riqueza» y, en general, cualquier ingreso, actividad o signo externo que denote capacidad económica suficiente para sufragar los gastos del litigio. No obstante, se deja abierta la posibilidad de oír a las partes contrarias en el pleito o contra las que se pretende ejercitar la acción cuando se estime que pueden aportar datos para conocer la situación económica real del solicitante.
Además, los abogados y los procuradores tendrán la obligación de denunciar las situaciones de abuso en el servicio de Justicia Gratuita por parte de los ciudadanos que recurran «sistemáticamente» a ella para pleitear de manera «injustificada» y con el único motivo de eludir el cumplimiento de sus obligaciones. El texto establece que estos profesionales deberán poner en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita las situaciones de abuso y que se presumirá así cuando se haya solicitado el reconocimiento de este derecho más de tres veces en un año, salvo en la vía penal.
«De la misma forma, la constatación de situaciones de abuso de este derecho lleva a establecer una presunción de las mismas cuando el número de reconocimientos a favor de la misma persona supera de tres en un año –excepto en el orden penal–, considerando que por encima del mismo se está ante situaciones patológicas que, con carácter general, no puede atender el sistema», señala el borrador legislativo. No obstante, precisa que no se dejarán de atender aquellas peticiones que se encuentren justificadas e incide en que el sistema no puede amparar solicitudes que carezcan de justificación.
La nueva norma, que reforma la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996, pretende que los solicitantes sean conscientes de su relevancia, exigiendo que se les informe del contenido de este derecho, su extensión temporal, el coste del servicio y de las obligaciones que asumirán en caso de que no se les reconozca definitivamente, así como de los sistemas alternativos que existen al proceso judicial.
Gratis para víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos
El último borrador del anteproyecto legislativo, que es susceptible de cambios, otorga el derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar a la Cruz Roja Española, las asociaciones de consumidores y usuarios y los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social.
Tampoco deberán acreditar ninguna insuficiencia de recursos para litigar, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas. Así como todos los menores de edad y discapacitados psíquicos cuando sufran abusos o maltrato.
El citado texto contempla que para acceder al servicio de justicia gratuita, los usuarios tienen que tener ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM. Estos ingresos económicos que se computan para acceder a este derecho son «brutos» y «el reconocimiento del derecho por circunstancias sobrevenidas no tienen carácter retroactivo, así como los honorarios que corresponden al letrado en caso de renuncia a la designación».
La reforma va encaminada a dotar de «una mayor transparencia, equidad interna y responsabilidad por parte tanto de los beneficiarios de este derecho como de los demás actores involucrados en su prestación».

Deutsche Bank ocultó presuntamente 9.230 millones en pérdidas

sábado, 8 de diciembre de 2012

Tres exempleados acusan a la entidad de minusvalorar una posición en derivados
Deutsche Bank no contabilizó adecuadamente pérdidas por importe de unos 12.000 millones de dólares (9.230 millones de euros) durante la crisis financiera, evitando así la necesidad de recibir ayuda pública, según han denunciado ante las autoridades de EE UU tres antiguos empleados de la entidad alemana, informa Financial Times.
Ep – Nueva York – 06/12/2012 – La noticia en Cinco Días

Las denuncias de estos tres exempleados señalan que Deutsche minusvaloró una «gigantesca posición» en derivados estructurados conocidos como operaciones apalancadas super senior, indicaron fuentes conocedoras del proceso consultadas por el rotativo.
«Los tres denunciantes alegan que si Deutsche hubiera contabilizado apropiadamente sus posiciones, con una valor estimado de unos 130.000 millones de dólares (100.000 millones de euros), su capital habría caído hasta niveles peligrosos durante la crisis financiera y podría haber requerido un rescate público para garantizar su viabilidad.
Por contra, señalan los denunciantes, los operadores del banco, con el conocimiento de sus superiores, evitaron contabilizar a mercado (mark-to-market) las pérdidas registradas durante las turbulencias registradas entre 2007 y 2009.
Dos de estas personas afirman que la entidad minusvaloró el importe de las garantías aportadas en 2009 por Warren Buffett sobre algunas de estas posiciones. Unos acuerdos sobre cuya existencia no se había informado con anterioridad.
Las denuncias fueron presentadas en diferentes momentos de 2010 y 2011 de manera independiente entre ellas. Dos de los denunciantes alegan que fueron despedidos de la entidad tras cuestionar internamente estas circunstancias.
Por su parte, Deutsche Bank señala en un comunicado que estas alegaciones tienen una antigͼedad de dos años y medio, y que se informó públicamente al respecto en junio de 2011, añadiendo que en su momento ya fueron objeto de una cuidadosa y exhaustiva investigación concluyendo que eran «completamente infundadas».
Asimismo, la entidad, que se ha comprometido a colaborar en la investigación abierta por la Comisión del Mercado de Valores de EE UU (SEC), indicó que estas alegaciones «provenían de personas sin conocimiento directo o responsabilidad respecto a hechos e informaciones fundamentales».

Los matrimonios tendrán que inscribir ante notario el régimen económico. El notario cobrará por casar

sábado, 8 de diciembre de 2012

Los matrimonios tendrán que inscribir ante notario el régimen económico
Redacción (NJ) En noticias jóvenes (Dec 07, 2012) Nacional

Según este texto, se inscribirá junto a la inscripción del matrimonio, el «régimen económico matrimonial legal o pactado que rija el matrimonio» así como «los pactos, resoluciones judiciales o demás hechos que puedan afectar al mismo»

En la actualidad, el régimen económico de los matrimonios, salvo declaración en contrario, es el que se aplica por defecto en cada CCAA. Si el matrimonio se celebra en Madrid, por ejemplo, sería de gananciales, mientras que en Cataluña, por defecto, sería de separación de bienes.

Sin embargo, si el borrador que ha realizado el Ministerio de Justicia finalmente es aprobado, los futuros matrimonios tendrán que registrar el régimen económico que hayan pactado. A tal efecto, «será título suficiente, además de los documentos previstos para cada caso en la Ley, las actas por las que se declare la notoriedad del régimen económico matrimonial legal y las escrituras de capitulaciones respecto del régimen económico matrimonial pactado».

El notario cobrará por casar

Además, en este texto está recogida la celebración del matrimonio civil por parte de un notario. Este trámite sí tendrá un coste para los ciudadanos, según fuentes del Gobierno, aunque precisan que aún no se ha fijado la cuantía.

El matrimonio civil que realicen los notarios requerirá la previa tramitación de un acta a instancia de los contrayentes para acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.

Para ello, el notario realizará cuantas pruebas considere necesarias, aunque no hayan sido propuestas por los requirientes. Una vez que las haya concluido, las remitirá telemáticamente al Encargado del Registro Civil competente, que calificará su legalidad y emitirá una resolución con la procedencia o improcedencia de la autorización del matrimonio.

Una vez que este se ha autorizado, el notario procederá a su celebración en la forma prevista en el Código Civil, otorgándose escritura pública, que también será remitida por vía telemática al Registro Civil.

El Gobierno cederá el Registro Civil a los registradores de la propiedad

sábado, 8 de diciembre de 2012

Sufragarán gastos con «aranceles»
Los registradores de cada registro se repartirán el 40% de los ingresos netos en función de la antigͼedad y el 60%, a partes iguales
El Registro Civil Central y los registros exclusivos se transforma en Juzgados de Primera Instancia y el Encargado pasará a ser magistrado
Los funcionarios de Justicia de estos registros cubrirán las vacantes que haya en los órganos judiciales, dentro del plan de reordenación
El Colegio de Registradores estará obligado a unificar el sistema informático de los registros y será el responsable del mantenimiento
Madrid, 5 diciembre 2012. (La noticia en Europa Press) –
El Gobierno prevé dejar el Registro Civil en manos de los registradores de la Propiedad y Mercantiles, que sufragarán los costes derivados de la prestación de este servicio público, así como sus «honorarios», mediante la «aplicación de los correspondientes aranceles». El reparto de los ingresos entre los registradores que formen parte de un registro será el siguiente: el 40 por ciento de los ingresos netos se adjudicará a cada registrador en función de su antigͼedad y el 60 por ciento restante, a partes iguales.
Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, al que ha tenido acceso Europa Press, y que está siendo sometido a consultas con distintos colectivos, con lo que está sujeto a cambios. Este texto prevé una nueva organización de los siguientes registros, de tal manera que queden «unitariamente» organizados: el Civil, Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles, de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento, de Fundaciones de ámbito estatal y el Registro de Actos de Ultima Voluntad.
Según reza en la exposición de motivos del citado borrador, esta unificación normativa se hará en torno a «tres ideas básicas». La primera de ellas es que la «llevanza» de los Registros la tengan los «registradores de la propiedad y mercantiles». La segunda consiste en establecer un sistema de los registros jurídicos por medios electrónicos, suprimiendo las anotaciones registrales en papel, incluso el libro de familia y, en tercer lugar, introducir criterios de simplificación de procedimientos e interconexión de sistemas.
Este borrador está suscitando ya polémica por que algunos colectivos han acusado al Ministerio de Justicia de querer privatizar el Registro Civil. Sin embargo, el departamento que dirige Alberto Ruiz Galardón salió ayer al paso para «garantizar» que la gestión del Registro Civil «seguirá siendo pública» cuando se apruebe la nueva Ley. De hecho, en los nuevos artículos uno y dos de la Ley de Registro Civil se remarca el carácter público del mismo y se precisa la dependencia del Ministerio de Justicia a través de la Dirección General de los Registros y el Notariado.
Y el Ministerio incluso ha señalado que los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, «como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción», seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos.
Sin embargo, en el borrador al que ha tenido acceso Europa Press se precisa, en la modificación del artículo 21 de la Ley del Registro Civil, que «los registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes aranceles». Aunque las Administraciones Públicas tendrán acceso «de forma gratuita» a estos registros.
Al dejar en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles –que tendrán la consideración de «Encargados de las Oficinas del Registro Civil»– todos los registros de carácter jurídico, desaparecerán los registros civiles exclusivos y el Registro Civil Central, que ahora dependen de un juez, lo que obligará a un «plan de reordenación de efectivos».
De hecho, en la exposición de motivos del texto se precisa que la reforma realiza una intensa «modernización y racionalización» de la estructura organizativa del Registro Civil, con la reducción del número de oficinas, superando así la excesiva «atomización» y «dispersión» del sistema actual que ha dado lugar a tener «más de 8.000 órganos registrales distintos».
Un registro civil por provincia
Ya en el articulado prevé que los registros se transformen en Juzgados de Primera Instancia dentro de la misma sede y que los «Encargados de estos Registros Civiles Exclusivos y Central y los secretarios judiciales destinados en los mismos» pasen a ocupar, respectivamente, las «plazas de magistrado y secretario judicial de dichos Juzgados de Primera Instancia.
El planteamiento es que exista una oficina de Registro Civil en todas las capitales de provincia y, además, en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, así como en las localidades de Ibiza, Mahón, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de la Gomera y Valverde.
En el caso de los registros de la propiedad, se contempla la reagrupación de los que se encontraban vacantes cuando entró en vigor el Real Decreto 172/2007 por el que se modificaba la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
Facultades de justicia para agrupar o mantener registros
No obstante, se faculta al Ministerio de Justicia para que, en los seis meses siguientes a la publicación de la Ley, pueda ordenar (a los registros que deben quedar agrupados) la creación de «oficinas registrales» de atención a los usuarios en las «capitalidades» originariamente asignadas por el citado Real Decreto o, incluso, el mantenimiento separado de alguno de dichos registros cuando su eliminación pueda ocasionar alteraciones en el normal desarrollo del servicio.
El Ministerio, también podrá acordar la supresión de determinados registros, que deberán pasar a formar parte del distrito hipotecario colindante. Además, podrá decidir que determinados Registros queden agrupados para ser servidos por un único registrador, pero manteniendo abiertas las respectivas sedes de los mismos.
Inscribir o expedir certificado en las lenguas cooficiales
Este texto también contempla, en la modificación de la Disposición Adicional Sexta, que todas las oficinas del Registro Civil utilicen los mismos sistemas y aplicaciones informáticas y será el Colegio de Registradores el encargado de poner estos sistemas a Registradores, así como del mantenimiento de los mismos y de las aplicaciones. El plazo que establece la Ley para unificar estos sistemas informáticos es de cuatro meses a partir de la publicación de la misma.
El borrador también contempla que los ciudadanos que insten la inscripción de un hecho o acto en el Registro Civil o la expedición de certificación del mismo, podrán solicitar que la misma se practique o expida, conjuntamente, en todas las lenguas que tengan carácter oficial en el territorio de que se trate.