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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo del 12 de diciembre de 2012

Decíamos ayer…

miércoles, 12 de diciembre de 2012

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Aquí la envidia y mentira
me tuvieron encerrado.
¡Dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y, con pobre mesa y casa,
en el campo deleitoso,
con sólo Dios se compasa
y a solas su vida pasa,
ni envidiado, ni envidioso!

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Fray Luis de León es una figura indispensable para entender el Renacimiento español. Convertida en símbolo de la resistencia frente a un poder opresor representado en la Inquisición, su vida muestra un apasionante contraste entre el mundanal ruido y la búsqueda de la armonía interior. En su obra culminan varias de las líneas literarias que recorren el quinientos: formas y temas italianizantes, cultura y modelos clásicos, humanismo cristiano y cultura bíblica. En verso y prosa, en castellano y en latín, la obra de fray Luis de León es un universo complejo, de contenidos no fáciles.

Palacio de Torquemada. Villafranca del Bierzo. León

miércoles, 12 de diciembre de 2012

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. Calle del Agua

La Calle del Agua fue la Calle con más actividad comercial, artesanal y de tránsito una vez consolidada la Ruta Jacobea, de la que es parte innegable. Toda la calle constituye un auténtico museo de heráldica como también importante muestrario de arquitectura Barroca tanto civil como religiosa.

Dentro de la arquitectura civil nos sorprende por su monumentalidad y la armonía de sus formas dos singulares edificios: Palacio de los Marqueses de Villafranca y Palacio de Torquemada, ambos del S. XVII. Existen otros ejemplos de gran singularidad como son las Casas Torre, la Casa Morisca, situada al lado de Palacio de Torquemada y se fecha en el S. XV.

Conserva también la Calle la casa natal del poeta Enrique Gil y Carrasco.

En flickr

La Audiencia anula un interés abusivo del 18% por impago de una hipoteca

miércoles, 12 de diciembre de 2012

El tribunal aplica una directiva europea y dicta no liquidar los 24.353 euros de demora por considerarlos abusivos
Ferran Bono – Valencia 8 diciembre 2012 – El artículo en El País
La Sección Séptima de la Audiencia de Valencia ha anulado la cláusula de un préstamo hipotecario que fijaba el interés de demora en un 18%, declarándola abusiva en una actuación de oficio.
Según un auto de esta sala facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la cláusula viola la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios y la Ley del Crédito al Consumo, que impide reclamar una tasa anual superior a 2,5 veces el interés legal del dinero.
En mayo de 2006, cuando se formalizó este préstamo, el interés legal del dinero era del 4%, y el interés máximo de demora publicado por el Ministerio de Economía de Hacienda era del 9,25%, cantidades muy inferiores al 18% que fijó este contrato, subraya la resolución.
La pareja afectada suscribió una préstamo de 225.530 euros con Unión de Créditos Inmobiliarios, y cuando no pudieron hacer frente a las cuotas, la entidad reclamó la ejecución de la hipoteca.
Finalmente, la vivienda se subastó en 163.220 euros, 644 euros más que la cantidad de capital principal que reclamaba la entidad, que no obstante solicitó una liquidación de intereses de 24.863 euros.
La pareja recurrió judicialmente esta liquidación, pero el Juzgado de Instrucción número 5 de Sagunto dio la razón a la entidad de crédito recordando que, según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la cancelación del préstamo mediante subasta no impide la liquidación de intereses.
La Audiencia de Valencia admite que desde esta perspectiva el auto de este juzgado es correcto; el problema está en que su titular omitió un examen de oficio de la cláusula que fijaba el interés de demora en un 18%, actuación que permite la legislación europea aunque el consumidor no lo exija.
El tribunal considera que este tipo de interés es contrario a la Ley de Defensa de los Consumidores, que establece como cláusulas abusivas «todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente en contra de la exigencias de la buena que fe que causen un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones que se deriven del contrato».
Es abusiva, entre otros motivos, porque excede los tipos de interés previstos por la Ley de Crédito al Consumo y los intereses de demora que fijados en 2006 por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Declarada la ilegalidad de esta cláusula y anulando por tanto la liquidación de 24.863 euros por interés de demora, el tribunal aplica una directiva europea que exime al consumidor de cumplir esta cláusula sin que ello afecte al resto del contrato.

Arturo Pomar, blancas; Jesús Díez del Corral, negras

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Iniciamos esta sección con la idea de comentar las mejores partidas que jugó Díez del Corral, que fue el segundo maestro internacional que tuvo España tras Artiro Pomar.

Enlace pinchando dos veces sucesivamente diez-del-corral-1.pdf

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Las administraciones públicas tendrán que pagar a pymes y autónomos antes de 30 días

miércoles, 12 de diciembre de 2012

10 de diciembre del 2012 La noticia en El Confidencial Digital

El Gobierno aplicará multas muy elevadas si hay negociaciones entre las dos partes para aplazar la deuda
Los proveedores de la Administración, especialmente pymes y autónomos, tendrán que cobrar antes de 30 días. Esta es la exigencia clara que el Gobierno ha impuesto a todas las empresas y organismos del Estado a partir del 1 de enero. El ministerio de Hacienda aplicará sanciones muy altas a las instituciones y sus proveedores si pactan en secreto un aplazamiento de la deuda.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, los organismos públicos tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días y, en ningún caso, las partes podrán acordar una ampliación de este periodo.
Incluso, en el departamento que dirige Cristóbal Montoro se están perfilando ya sanciones económicas muy altas para disuadir esas prácticas.
La normativa se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, así como las efectuadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
El resto de empresas podrán pagar a 60 días
Además de las Administraciones Públicas, que tendrán que pagar a 30 días, también el sector de la alimentación y los productos perecederos quedará obligado a efectuar los abonos en ese plazo
Para el resto de empresas al margen del Estado, el plazo será de 60 días. En 2011, el periodo se determinó en 85 días; en 2012, en 75; y, en 2013, se deberá reducir a 60 días.
Pagar el IVA tras cobrar la factura
Por otro lado, el Gobierno mantiene su compromiso de aplicar la reforma del IVA para que los autónomos no tengan que pagar este impuesto sin haber cobrado la factura, ya que, tal y cómo ha reiterado el ministro Montoro, la labor de los emprendedores no es «financiar» a las administraciones.

Jueces, fiscales y abogados echan un pulso a la reforma de Gallardón

miércoles, 12 de diciembre de 2012

Conflicto en el Tercer Poder
En seis meses, el ministro se ha puesto en contra a todo el sector judicial
El conflicto empezó como protesta laboral pero engordó con la oposición a las tasas
La Justicia seguirá siendo servicio público, pero más caro
Vera Gutiérrez Calvo Madrid 9 diciembre 2012 – El artículo en El País
“Lo damos por muerto como interlocutor, no nos vale para hablar”. Después de varios meses de tensión creciente, el juez decano de Madrid y portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, enterró definitivamente el pasado 28 de noviembre al ministro de Justicia. Él lo dijo con palabras más duras, pero eso mismo, ese día, lo pusieron por escrito todas las asociaciones de jueces y fiscales, reunidas en una “comisión interasociativa de conflicto”: “Al no considerar como interlocutor válido al ministro D. Alberto Ruiz-Gallardón, las asociaciones de jueces y fiscales pedimos una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy”.
La Moncloa no ha respondido. Es más que improbable que Rajoy desautorice a Gallardón y lo aparte como interlocutor. Pero el sector judicial está ya incendiado. Mañana martes, jueces, fiscales, abogados y una parte de los secretarios judiciales ””es decir, prácticamente todos los cuerpos profesionales que entran en juego en la Administración de justicia””, además de sindicatos y organizaciones de consumidores, participarán en un acto público conjunto, y para el día siguiente, 12 de diciembre, han convocado un paro de una hora en los juzgados de toda España. Amenazan con huelga, en enero ””sería la segunda de la democracia, tras la que los jueces hicieron contra el Gobierno del PSOE en 2009””, si el ministerio no accede a sus reclamaciones.
¿Qué reclamaciones son esas? ¿Se han convertido las asociaciones de jueces, fiscales y abogados en activistas defensores de la ciudadanía frente a leyes impopulares como la de las tasas o frente al drama de los desahucios, o en el fondo de su pelea se agazapa un interés corporativo y el intento de hacerse más fuertes de cara a la negociación para preservar sus condiciones laborales, como ha sugerido Gallardón? “Con respeto a los colectivos afectados, quiero recordar que el Gobierno trabaja para el interés de todos los españoles”, dijo el ministro en plena tormenta por las tasas, dejando claro que no pensaba rectificar aunque la crítica fuera unánime. Y añadió señalando, sin citar, a todos esos cuerpos profesionales: “Quieren mantener el antiguo régimen”.
Todas las asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales con las que ha hablado este periódico admiten que, en el origen, el conflicto era puramente laboral: el proyecto de ley de “medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia” ””aprobado por el Gobierno en octubre y actualmente en tramitación en el Senado”” había hecho saltar las alertas desde antes del verano. Una ley que introducía en el ámbito judicial los recortes generalizados en la función pública ””incluida una reducción de días libres”” y eliminaba prácticamente la figura del juez interino sustituto, traspasando esa carga extra de trabajo a los titulares (a cambio de un plus en el sueldo). Los jueces lo consideraron una declaración de guerra.
“Es cierto que esto empezó en verano como una protesta por la reforma de nuestras condiciones laborales. Por eso creamos la Comisión Interasociativa. Nuestro único objetivo entonces era evitar los cambios previstos en esa ley, que aún estamos intentando negociar”, explica María Teresa Sáez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria entre los 5.200 jueces que hay en España (el 18%, interinos). “Luego, sobre la marcha, surgió el tema de las tasas, se agravó el de los desahucios… Y dijimos: no podemos hablar solo de lo nuestro. Ampliamos nuestras reivindicaciones”, afirma.
Las asociaciones han convocado un paro esta semana y estudian la huelga
Antonio Romá, de la Asociación de Fiscales (con cerca de 450 afiliados de los 2.400 fiscales españoles), coincide: “Claro que la base de esta protesta es corporativa, laboral, lo cual es muy legítimo, por cierto. Lo que pasa es que luego los periodistas nos preguntan por las tasas, los desahucios, el Registro Civil, los indultos… y respondemos. Quizá esa ley de tasas debería ser distinta, quizá otras deberían serlo… pero nuestra protesta principal es porque el ministerio quiere cambiar el régimen estatutario del sector. Nos hacen pasar por privilegiados, pero nosotros nos sentimos maltratados”, dice. Y pone ejemplos de por qué: “Tenemos todos los inconvenientes del funcionario y los del autónomo: nos jubilamos a los 70 años, con un régimen de incompatibilidades muy severo, no tenemos horario… Yo, si debo resolver un informe de un caso, no sé lo que es un fin de semana libre”.
“Lo de obligarnos a hacernos cargo de las sustituciones, es decir, de nuestro juzgado y del de al lado cuando haya una baja, es inasumible”, abunda el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, que ataca frontalmente al ministro: “Gallardón no está jugando limpio. Intenta desprestigiarnos. En las primeras negociaciones nos decía que tenía que recortar presupuesto por el tema del déficit, que si el Banco Central Europeo, que si Montoro… Pero es que el ministerio va a cambiar por completo las condiciones de trabajo. Y hay una conexión directa entre nuestras condiciones de trabajo y la calidad del servicio al ciudadano”, subraya.
La ley que obliga a los titulares a hacer sustituciones prendió la mecha
Cuando aprobó el nuevo régimen de sustituciones ””que además de dar más trabajo a los jueces de carrera dejará sin empleo a un millar de jueces interinos””, el ministerio señaló que eso iría en beneficio de la “profesionalización” de la justicia, una antigua reivindicación de las asociaciones. “Es verdad, pedíamos que se redujera la presencia de los interinos, pero no a costa de traspasarnos el trabajo a nosotros sino creando nuevas plazas por oposición”, replica Sáez, de la APM. Las oposiciones, sin embargo, están prácticamente congeladas, por la crisis, en toda la función pública.
En medio de esa disputa laboral en el sector, el Gobierno aprobó la impopular Ley de Tasas Judiciales. Y los jueces y fiscales la incorporaron a su protesta.
No hay una oposición frontal y general a las tasas, sino a estas tasas. Jueces para la Democracia rechaza la imposición de cualquier tarifa; pero la APM, por ejemplo, sí es partidaria de cobrar al ciudadano para “disuadir de pleitear” (en 2011 entraron en los juzgados nueve millones de asuntos): lo que rechaza es las “cuantías desorbitadas” que ha establecido el ministerio. González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, afirma: “Estas tasas, exclusivamente por razón de la cuantía, son inconstitucionales”. Entre los secretarios judiciales (4.200) hay división: el mayoritario Colegio Nacional de Secretarios Judiciales aprueba las tasas y se ha apartado de las protestas porque ve un “diálogo sincero” con el ministro, mientras que el Sindicato de Secretarios Judiciales va a proponer a sus afiliados que, cada vez que un ciudadano se niegue a pagar la tasa y haya que archivar el pleito, pidan al juez que eleve una consulta al Constitucional.
Pero si hay una organización que se ha movilizado contra las tasas es el Consejo General de la Abogacía, con su presidente Carlos Carnicer a la cabeza, que la semana pasada constituyó con sindicatos y asociaciones de consumidores la Plataforma Justicia para Todos. Carnicer responde con irritación a la pregunta de si los abogados (125.000 ejercientes en España, muy por encima de la media europea) están en esta pelea solo porque temen que las tasas les quiten clientes al reducir el número de pleitos. “No habría nada ilegítimo en pensar en el trabajo de cada uno. Pero le recuerdo al señor Gallardón que quienes más rechazan las tasas son los ciudadanos en las encuestas”, desliza. Insiste en que el copago recorta derechos ””“Ya no va a haber nadie que recurra una multa de tráfico”, pone como ejemplo”” y advierte de una consecuencia que podría ir más allá de lo económico: “Quien no logre acopiar al principio del proceso el dinero de todas las tasas [la inicial y la de recursos posteriores] se arriesga a que le venzan los plazos para recurrir y decaiga el procedimiento”.
“La imagen pública” de los profesionales de la justicia “ha mejorado mucho en estas semanas”, se felicita el portavoz de la Asociación de Fiscales. Si eso aumentará su fuerza en el pulso frente al ministerio, se verá en las movilizaciones de los próximos días.
Leyes ya presentadas
Menos días libres y más trabajo para los jueces. La Ley de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de justicia ””aprobada en octubre por el Consejo de Ministros y ahora en trámite parlamentario”” reduce de 18 a 12 los días de permiso por asuntos propios al año (además, nueve de esos 12 días deben ser utilizados para estudiar expedientes de especial complejidad, aunque se abre la puerta a justificarlos por “otras circunstancias” sin especificar). Por otra parte, serán los jueces de carrera y no los interinos quienes asuman principalmente las sustituciones, cobrando un plus del 80% del complemento de destino.
Ley de tasas. Está en vigor desde el 22 de noviembre, aunque aún no se aplica por un error administrativo. Con el objetivo de “reducir el exceso de litigiosidad”, el Gobierno aumentó las tasas judiciales por poner una demanda en primera instancia o un recurso en segunda, y las extendió a todos los ciudadanos. Presentar un recurso de apelación pasa de 300 euros a 800; uno de casación ante el Supremo, de 600 euros a 1.200.
Código Penal más duro. Aprobado por el Gobierno en octubre, aún debe pasar por el Parlamento. Entre otras cosas, crea la prisión permanente revisable, establece penas accesorias de prisión a los reos más peligrosos tras haber cumplido condena y castiga la difusión de vídeos íntimos ajenos.

Habrá que pagar por casarse por lo civil

miércoles, 12 de diciembre de 2012

La noticia en intereconomía.com – la gaceta
Hasta ahora era un servicio gratuito, no obstante, la reforma del Registro Civil supondrá el cobro de «tasas y más tasas».
Una asociación de secretarios judiciales ha denunciado hoy que la reforma del Registro Civil supondrá el cobro de «tasas y más tasas» por la tramitación y celebración de los matrimonios civiles, que son gratuitos en la actualidad.
La Asociación Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha explicado que la reforma contempla que este tipo de matrimonios sean tramitados en el futuro por notarios y registradores de la propiedad, que cobrarán sus servicios por su intervención en los expedientes matrimoniales, cuando ahora esta tramitación es gratis.
En un comunicado difundido este jueves, los secretarios judiciales han considerado que con el borrador de anteproyecto de ley de reforma integral de los Registros, elaborado por el Ministerio de Justicia, se tiende a la privatización de los registros civiles, que ahora son un servicio público gratuito.
Como ejemplo, han explicado que en la actualidad un expediente matrimonial se tramita y aprueba en el Registro Civil, se señala fecha para boda, se celebra la boda y se anota en el Registro, «de forma gratuita y en poco tiempo».
Con el anteproyecto de Justicia «se pretende que el expediente se tramite ante el notario, éste lo envíe al registrador para su calificación, se devuelva al notario para que se pueda ya celebrar el matrimonio en seis meses desde la autorización».
La celebración «tendrá lugar ante notario, el cual otorgará escritura pública, para luego inscribirlo por el registrador de la propiedad», explica la UPSJ, que concluye: «Es decir, tasas y más tasas».
Tras expresar su rechazo a este proyecto, los secretarios judiciales afirman que este tipo de reformas «no van a mejorar la Justicia», sino que la van «a empeorar» y «encarecer», al tiempo que causarán «al ciudadano medio graves perjuicios económicos».

La banca vuelve a dar hipotecas por más del 100% del valor en sus pisos

miércoles, 12 de diciembre de 2012

F. Tadeo – 7/12/2012 El artículo en El Economista
Los bancos han elevado su ofensiva para reducir el volumen de inmuebles en sus balances, fruto de las adjudicaciones de impagos de sus clientes, principalmente compañías inmobiliarias. Las entidades vuelven a dar hipotecas con un importe superior al 100% del precio o del valor de tasación.
Esta práctica, dirigida exclusivamente para la venta de sus inmuebles, está siendo aplicada, entre otros por BBVA, Popular y Sabadell, y sirve para que los compradores puedan hacer frente a los gastos de impuestos, notaría y registro, que de media suponen un 10% adicional. Es decir, que no es necesario contar con ahorros para poder adquirir un piso.
Hasta ahora sólo el Popular ofrecía estas condiciones, pero en los últimos meses esta política se está extendiendo. Aunque de manera oficial las entidades ofrecen créditos hasta alcanzar el valor de la vivienda, en las oficinas se permite otorgar líneas de financiación superiores. En muchos casos asciende al 110% y en algunos llega al 115%.
Las hipotecas por más del 100% dependen, no obstante, de la capacidad y solvencia y no son operaciones generalizadas, pero sirven para que los bancos suelten lastre inmobiliario y capten nuevos clientes vinculados a través de la contratación de otros productos.
Ventajas por provisiones
La mayor facilidad de acceso al crédito, unido a las ofertas con rebajas en el precio de los pisos, que llegan hasta un 60 o 70% sobre los libros, ha reactivado ligeramente el mercado. Las provisiones exigidas por el Gobierno para cubrir pérdidas y la bajada del valor permiten a las entidades ampliar su capacidad de actuación. En este sentido, al sector se beneficia de las ventas con la liberación de provisiones, ya que éstas son más elevadas por tenencia de un inmueble que por la concesión de un crédito con garantías a clientes solventes.
Los expertos sostienen que los riesgos de una financiación elevada son limitados, al no ser una política generalizada, pero también que este fenómeno supone un cambio de estrategia que recuerda al boom, cuando la banca otorgaba con alegría préstamos sin establecer una rigurosa política de riesgos.
Hasta el año 2008, el sector español ofrecían no sólo un crédito por el valor del piso más los gastos impositivos y administrativos, sino que el importe servía a los clientes para financiar obras, muebles, etc.
En la actualidad, bancos y cajas no prestan dinero para estos cometidos a priori, aunque también en función de la solvencia de cada persona pueden conceder otro crédito, denominado personal o de consumo, que está vinculado a una cuenta.
Los esfuerzos de la banca, tanto sana como en dificultades, son cada vez mayores para reducir el stock inmobiliario. En la recta final de año el sector quiere aprovechar las ventajas fiscales. Hasta el 31 de diciembre el comprador de un piso contará con la deducción fiscal correspondiente y a partir de entonces el IVA por adquisición se eleva del 4 al 10$.
Además de las ofertas especiales en precio -algunas entidades ofrecen viviendas desde 20.000 euros-, los tipos de interés que lleva aparejada la financiación es mucho más atractiva para sus pisos que para viviendas de terceros. En este último caso, el grifo permanece prácticamente cerrado y las exigencias son muy difíciles de cumplir, como disponer al menos de un 35% del valor de la vivienda.
Para su stock, las tasas de interés pueden representar la mitad que para el resto de hipotecas. Los diferenciales sobre el euribor pueden bajar hasta el 0,9%, como en el caso de Bankia. Además, las comisiones de apertura o amortización desaparecen e, incluso, el número de productos vinculados disminuye sustancialmente (seguros de vida, gastos con tarjeta, etc), al igual que unos plazos de vencimientos más amplios, que llegan a los 40 años.
Mercado deprimido
A pesar de las mejores condiciones, el volumen de viviendas en manos de la banca no para de crecer por el aumento de la morosidad. Aunque las ventas en los últimos meses están aumentando, es mayor la entrega a cambio de una deuda y las ejecuciones. Así, en el primer semestre del año el volumen de inmuebles en manos de las entidades ascendía a más de 85.000 millones, un 15% más que a cierre del ejercicio pasado. Del total, dos tercios son viviendas de promotores y particulares, mientras que el resto es suelo.
Las dificultades económicas y las previsiones de mayores bajadas en los precios está retrasando el despegue del sector inmobiliario. Los ciudadanos esperan a tener mejores condiciones para invertir en un piso. Según las estadísticas oficiales del INE, el volumen de hipotecas descendió en septiembre un 14% interanual. En concreto, se registraron 22.000 créditos para la adquisición de una vivienda.
El sector confía en que el inicio de las operaciones del banco malo reactive el mercado, ya que la competencia con las entidades sanas se acrecentará por el interés de esta institución de deshacerse cuanto antes de los activos tóxicos.
El importe medio de las hipotecas también está en caída libre y apenas la media de la financiación supera los 102.000 euros, frente a los 150.000 euros del boom.

El juez decano de Cangas paraliza ejecuciones hipotecarias de Bankia y Novagalicia Banco

miércoles, 12 de diciembre de 2012

La noticia en farodevigo.es » O Morrazo
Argumenta que no está inscrito el crédito a nombre de las nuevas entidades jurídicas en el Registro de la Propiedad
Juan Calvo – Cangas El juez decano de Cangas, Alejandro Couselo, ha despertado la esperanza entre los morracenses apremiados por las entidades de crédito que amenazan con desalojarlos de las viviendas de su propiedad por el impago de cuotas de la hipoteca que suscribieron previamente. Según los afectados, el citado juez ha decidido paralizar las ejecuciones hipotecarias que las entidades Novagalicia Banco y Bankia presentaron en su juzgado. Según los afectados, el decano de los jueces de Cangas considera que estas entidades están pidiendo las ejecuciones hipotecarias sin que antes hubiesen realizado la cesión del crédito en el Registro de la Propiedad, como es preceptivo. Damnificados y profesionales de la abogacía de la plaza de Cangas afirman que Alejandro Couselo no hace otra cosa que aplicar la ley. Primero pone en tela de juicio la denominada transformación de las citadas cajas en bancos. Después estima que lo único que se ha hecho es pasar el negocio bancario a nuevas entidades jurídicas, como son Novagalicia Banco. Sin embargo no acudieron al Registro de la Propiedad a inscribir la cesión de los créditos hipotecarios que ahora pretenden ejecutar. Alejandro Couselo, que rechazó hacer declaraciones, pide a las entidades que demuestren que cumplieron con este requisito que considera imprescindible para continuar el proceso, y como no lo hacen, lo que acostumbra a suceder es que el juez proceda al archivo de la ejecución hipotecaria. A diferencia del embargo, éste proceso es de acción directa, no prevé ni tan siquiera la traba del embargo alguno sobre el objeto de garantía, tampoco se puede alegar cláusulas abusivas del contrato.
Fuentes judiciales aseguran que este argumento legal que aplica Alejandro Couselo no es una postura adoptada a nivel individual, sino que está siendo también utilizada por otros jueces de Galicia y España, aplicando la normativa europea. No se dio a conocer la cantidad de ejecuciones hipotecarias paralizadas como consecuencia de esta medida después de varias semanas aplicándose.
Las hipotecas que se constituyeron en 2011 en O Morrazo fueron 1.027, por un importe que alcanza los 85.652.264 euros y aparecen 492 embargos anotados en el Registro de la Propiedad de Cangas.