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Archivo del 15 de diciembre de 2012

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sábado, 15 de diciembre de 2012

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El PP admite que las cláusulas suelo en hipotecas son abusivas

sábado, 15 de diciembre de 2012

Pablo Matos, ex portavoz de Vivienda ‘popular’ en el Congreso
El parlamentario canario denuncia que no tenga reciprocidad con el techo
Indica que Gobierno está dispuesto a debatir sobre ellas en el Congreso
Europa Press | Madrid 13/12/2012 La noticia en El Mundo
El parlamentario del PP Pablo Matos ha defendido que la moratoria de los desahucios aprobada por el Gobierno «es muy oportuna» al tiempo que ha reconocido que las cláusulas suelo actuales son «abusivas». Ha anunciado que el Ejecutivo está dispuesto a debatir sobre estos polémicos puntos hipotecarios en el Congreso de los Diputados.
Durante unas jornadas sobre la reestructuración del sector bancario organizadas por la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) en Madrid, Matos ha indicado que se puede mejorar el Real Decreto de protección a los deudores hipotecarios ante las críticas de los parlamentarios del PSOE, IU y CiU presentes en el acto, aunque ha recalcado que «hablar de parche y de insuficiente no vale».
Asimismo, cree que las cláusulas suelo son «abusivas si no hay reciprocidad entre suelo y techo». Por otra parte, afirma que el PP está a favor de reestructurar la deuda, «si ésta es sobre vivienda familiar», establecer la quita y, en caso final, ofrecer la dación en pago con arrendamiento para seguir en la vivienda.
En este sentido, el ex presidente de la CNMV Manuel Conthe ha abogado por que la nueva banca que surja tras la crisis tenga como objetivo la atención «creciente» a la protección de los consumidores, y ha subrayado que «ha habido un exceso de confianza, pues los clientes cuando van al banco tienen que distinguir entre vendedor y asesor».

¿Dónde está y a dónde va la economía española?

sábado, 15 de diciembre de 2012

25/11/2012 Artículo publicado por Joaquín Trigo, Director General del IEE, el 25 de noviembre en La Vanguardia. Recogido en la página del Instituto de Estudios Económicos

La producción depende de las personas con ocupación, que trabajan para sí mismas, sus familias y las personas atendidas por las administraciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a finales del año 2005 se llegó a una cifra de 19,3 millones de ocupados, de los que 16,4millones trabajaban en el sector privado y 2,8 millones en el público. La ocupación total alcanzó un punto máximo a finales del 2007, con 20,4 millones, de los que 17,5 estaban en el sector privado y 2,91 en las administraciones públicas. Desde ese hito se llegó, en el tercer trimestre del 2012, a cifras respectivas de 14,3 y 2,9 millones. Conviene tener presente que el punto álgido del empleo público se logró en el tercer trimestre del 2011, con 3,1millones, pues sus efectivos continuaron creciendo a pesar de (o quizá para intentar contrarrestar, pero sin éxito) la obvia reducción del empleo.

Las tendencias demográficas proyectadas por el INE (19 noviembre del 2012) sugieren que, de mantenerse en el futuro las actuales tendencias demográficas, en el 2018 habría más defunciones que nacimientos y que la actual población de 46,2 millones bajaría en torno a un millón por año hasta llegar a 41,4millones en el 2052. En ese año, el 37% de la población sería mayor de 64 años, con una esperanza de vida adicional a esa edad de 24 años para los hombres y de 27,3 para las mujeres. Los nacimientos serían un 9% menores que el promedio de los últimos 20 años. La esperanza de vida al nacer, que en el 2011 era de 79,08 para los hombres y 84,92 para las mujeres, llegaría a unas medias de 86,88 y 90,75 respectivamente. La inmigración sería menor que la emigración hasta el 2042 y desde ahí cambiaría de signo en la siguiente década.

Lo expuesto indica que, de no cambiar las tendencias mencionadas, las tasas de dependencia (menores de 16 años y mayores de 64) exigirán un volumen de recursos que excedería, con mucho, lo que pueda permitir un PIB como el actual. Obviamente, las tendencias cambiarán, para mejor y para peor de un ciclo a otro, pero siempre impulsadas por buenas o malas políticas económicas y sustentadas en su estructura productiva, que son las determinantes del aumento del empleo o su hundimiento. A este respecto, con datos solventes y considerando conjuntamente los dos sexos, en el tercer trimestre del 2012 se puede pasar de una tasa de ocupación mínima del 5,63% en Zamora y de una máxima del 69,14% en las Baleares.

Acerca de la tendencia mencionada, Eurostat aporta datos adicionales del paro de larga duración en los países de la Unión Europea en los años 2007 y 2011. En el primer año, el país con una mayor tasa de paro de larga duración fue Eslovaquia, con un 8,3% de la población activa en paro de larga duración en el primero de los mismos años y 9,2% en el último. España, en el primero de estos años, tenía para este dato, en las mismas fechas, el 1,7% y el 8,3%, lo que evidencia la posibilidad real de soportar largos periodos por debajo de la capacidad de ocupación y crecimiento.

Las situaciones económicas adversas como la actual tienden a reforzarse y retrasar la recuperación. Así un componente relevante a este respecto, el gasto en I+D que tiene ventajas fiscales, registró una reducción global de este gasto del 2,8%, con la peculiaridad de que las comunidades de mayor caída fueron Aragón (13,9%) y Baleares (13,2%), mientras Navarra y el País Vasco aumentaron sus gastos en un 5% y un 7% respectivamente. Por otra parte, estas situaciones empujan a buscar nuevas salidas para la producción realizada por la vía de la exportación. España, según las cifras de Previsiones de otoño de la Comisión Europea (noviembre del 2012), tenía un déficit del 3,7% del PIB en el 2011 y se espera que para el 2013 lo deje en un 0,5%. Es una esperanza plausible porque las exportaciones de bienes y servicios, según las del informe de la Comisión Europea, se espera que aumenten un 7,6% en el 2011, en torno a 2,1% en el 2012 y 4,2% en el 2013.

En los dos últimos años, las familias y empresas han soportado importantes cargas fiscales que han mermado su capacidad de compra e inversión, han constatado el aumento del paro, han debido de adaptarse a nuevas leyes y ordenanzas, han visto la marcha de inmigrantes, la de personas cualificadas y la de sus propios hijos y sobrinos que fueron a buscar empleo en otros países.

Al tiempo, las empresas, carentes de financiación, con una morosidad creciente, apremiadas por los proveedores, obligadas por sus contratos con clientes y acosadas por los competidores, se ven, de forma creciente, en la tesitura de verse en un proceso concursal. Las cifras son elocuentes. En el 2010 fueron 4.990 las empresas concursadas, en el 2011 subieron a 5.910 y en los tres primeros trimestres del 2012 ya estaban en 5.450. Llegar a una situación así es siempre lamentable, pero ahora la falta de financiación dificulta tanto la salida como la venta, de modo que son muy pocas las compañías que pueden superar una situación de esta índole. El exceso de deuda exige esfuerzos, incluso a las administraciones que, de modo desigual, también han reducido costes, pero lentamente. Han de ser ejemplo de eficiencia, rebajar costes, simplificar exigencias, aumentar la calidad de sus prestaciones, hacer atractivo el país y que sus funcionarios y empleados sean modelos de diligencia y eficacia.

Los secretarios judiciales realizan 76.398 desahucios los nueve primeros meses de 2012

sábado, 15 de diciembre de 2012

Lanzamientos de alquileres y ejecuciones hipotecarias
Incluyen viviendas -primera y segunda residencia- y locales comerciales
Han celebrado casi 75.000 subastas declarándose la mayoría desiertas
Alertan del incremento de impagos de hipotecas: de un 200% desde 2007
Apuestan por la conciliación y la mediación anterior a la vía judicial
Europa Press | Madrid 04/12/2012 La noticia en El Mundo
El Colegio Nacional de Secretarios Judiciales (CNSJ) ha hecho público un informe que revela que un total de 76.398 lanzamientos se practicaron en los primeros nueve meses de 2012. El informe ‘El secretario judicial en cifras’ advierte de que esta cifra incluye los desahucios y ejecuciones hipotecarias tanto de viviendas, primeras y segundas, como de locales comerciales.
Los secretarios judiciales han celebrado cerca de 75.000 subastas durante 2011, aunque la mayoría de ellas han quedado desiertas y la finca se ha adjudicado a la entidad financiera concesionaria de la hipoteca.
Denuncian este ‘drama social’ y de la ‘brutal’ evolución al alza del problema en cifras
El informe recoge este «drama social» y la «brutal» evolución al alza que han experimentado las ejecuciones hipotecarias, que se han visto incrementadas en un 200,1% en los últimos cuatro años al pasar de 25.943 en 2007 hasta las 77.854 de 2011.
Las transferencias recibidas por los juzgados como consecuencia de órdenes de embargo telemático remitidas a la Agencia Tributaria alcanzaron los 16 millones de euros hasta septiembre. Para ello, se dieron por los secretarios judiciales en torno al millón de órdenes de embargo.
El informe explica que los juicios de desahucio se producen ante contratos de arrendamientos de fincas, generalmente por falta de pago; mientras que las ejecuciones hipotecarias tienen por objeto la subasta del inmueble ante el impago de la hipoteca.
La dación en pago, una de las vías alternativas
Los secretarios judiciales, a quienes está atribuida la tramitación de estos procesos especiales, proponen llevar a cabo mecanismos de conciliación o mediación previa a la vía judicial para alcanzar acuerdos entre las partes relativos al aplazamiento de pagos, la condonación parcial de la deuda en caso de que haya intereses abusivos, o la dación en pago, incluso para pleitos ya iniciados siempre que haya un consenso.
Ven fundamental compensar el desequilibrio económico entre los bancos y los deudores. «El consumidor tiene muy limitadas las posibilidades de oposición frente a la ejecución y muy difícil la suspensión provisional de la ejecución forzosa», añade.
Piden valorar con «prudencia» cualquier modificación de la Ley Hipotecaria, mientras que abogan por regular un procedimiento de insolvencia de las personas físicas, en la que se establezcan plazos y prórrogas que hagan el pago más flexible.