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Archivo del 16 de diciembre de 2012

Demuestran que la nube es vulnerable

domingo, 16 de diciembre de 2012

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Miércoles, 12 de Diciembre, 2012 Nimbosfera
El software desarrollado fue capaz de robar una clave de seguridad de e-mail a través de un recurso compartido
Investigadores de RSA, una compañía de seguridad informática, desarrollaron un programa con el fin de comprobar si podía robar una clave de seguridad de correo electrónico mediante un recurso compartido. El software sirvió para comprobar que es posible robar datos alojados en la nube utilizando una máquina de ataque virtual.

Este resultado llega para confirmar los temores de muchas empresas ante la posibilidad de colocar información crítica en la nube. El ataque, desarrollado por RSA en colaboración con investigadores de la Universidad de Carolina del Norte y Wisconsin, ambas en EEUU, demostró ser tan complejo que es poco probable que se convierta en un peligro para los clientes de las plataformas actuales, pero sí abre el debate sobre la seguridad en la nube.
Los autores del estudio sugieren que la información más valiosa no debería confiarse a este tipo de alojamientos. ?La lección principal es que si tienes una carga de trabajo sensible no debes trabajar junto a alguien desconocido y potencialmente poco fiable?, señala Ari Juels, jefe científico de RSA y director de los laboratorios de investigación. Ataque factible El software atacado en la prueba fue GNUPrivacy Guard, un programa de encriptación de correo electrónico conocido por filtrar información.

Michael Bailey, investigador de seguridad informática en la Universidad de Michigan, subraya que, aunque el experimento no se realizó en un entorno de cloud computing real, ?el resultado es significativo e inspirará a otros investigadores, y tal vez a atacantes reales, a demostrar que este tipo de acciones puede ser factible?

Fuente: mercado.com.ar

Repartiendo dolor

domingo, 16 de diciembre de 2012

Carlos Suárez-Mira. Magistrado. El artículo en El Faro de Vigo
No; no se trata del eslogan de un Ama dominante publicitando sus servicios, sino del contenido de la acción de gobierno tal como la entiende y practica el ministro Ruiz-Gallardón según él mismo ha declarado. Pero, a diferencia de la disciplina inglesa, da la sensación de que la flagelación ministerial no pretende hacernos llegar al placer a través del dolor, sino de embridar al Poder Judicial para que éste sea real y no fingidamente sumiso. Sin embargo, los jueces españoles, de Inglaterra envidiamos únicamente el estatuto de nuestros colegas, magníficamente considerados por la sociedad británica y profundamente respetados por los sucesivos gobiernos de aquella antigua y ejemplar democracia que cree verdaderamente en la división de poderes.
Parece evidente, como pone de manifiesto la unánime contestación que sus contrarreformas ha provocado uniendo a colectivos tan dispares como los jueces, los fiscales, los secretarios judiciales, los funcionarios de la administración de justicia, los abogados y los procuradores, que no anda últimamente muy acertado el exalcalde de Madrid, que tan grato recuerdo dejara en su ciudad (7.000 millones de euros de deuda). Su postura semeja a la del típico recluta que durante la instrucción, perdido el paso, se empecina en mantener que son los otros 99 soldados de la compañía los que desfilan mal mientras él lo hace bien. Y claro, dispuesto a dejar su huella, nunca dará el saltito para acomodarse a los demás.
Yerra el ministro con la ley de tasas. En primer lugar, porque si está excluida su aplicación en la jurisdicción penal, que copa el 75% de todos los asuntos, ningún desatasco relevante va a producir tal medida. Si además están exentos del pago los beneficiarios de justicia gratuita, ello supone que gravará exclusivamente a las siempre maltratadas clases medias, lo que es discriminatorio. Pero además pone al ciudadano entre la espada y la pared, pues el acceso a la jurisdicción no es optativo. Precisamente, si el Estado se ha reservado en exclusiva la facultad de resolver el conflicto social, es para evitar que éste aumente. Por eso el acreedor no puede coger por las solapas al deudor y exigirle por la fuerza el pago de la deuda, sino que tiene que demandarlo y que un Juez resuelva. Y si el Estado obliga al ciudadano a hacer eso, no puede por otra parte obstaculizarlo mediante una tasa abusiva, pues ello solo favorecerá a los caraduras y a los morosos. Y si ese mismo Estado pone multas administrativas por doquier y para recurrirlas obliga a pagar una tasa desmesurada, estará usando arbitrariamente su poder.
Yerra el ministro con la reforma de la LOPJ en materia de sustituciones. Pretende la desaparición de un plumazo de más de 1.200 jueces interinos sustitutos que están resolviendo actualmente un 30% de todos los asuntos no creando al mismo tiempo las necesarias plazas de jueces titulares. Pues bien, en un país con una entrada anual de asuntos cercana a los diez millones, es seguro que esa pérdida de jueces supondrá mayores retrasos en una justicia ya muy lenta y mal dotada en recursos gracias al «buen gobierno» de éste y los anteriores ejecutivos, centrales y autonómicos. La pretensión de que esa carga de trabajo adicional la asumamos los jueces titulares cuando ya estamos al límite es irrealizable sin dotación de plazas. Resulta evidente que si no es posible llevar un Juzgado con tiempos de respuesta y calidad aceptables, no se pueden llevar dos. Como ha escrito un compañero en otro medio, es como si a un conductor de autobús le asignan dos autobuses para realizar sendos recorridos (en el mismo horario). Hasta un niño sabe que o se conduce uno o se conduce el otro, pero uno de los dos va a estar parado. Consecuencia: suspensión de los señalamientos en el primer juzgado, en el segundo o mitad y mitad, con los retrasos inherentes y la desesperación lógica de los justiciables. Cuando ese justiciable es un pobre ciudadano de a pie, se acordará de los consanguíneos del Juez en el peor de los casos (ya estamos acostumbrados aunque ninguna culpa tengamos), pero si el justiciable es un inversor extranjero, puede que no esté muy tranquilo haciendo sus inversiones en un país en el que su sistema de justicia sea tan deficiente, con tiempos de respuesta dilatados, enorme inseguridad jurídica y unos jueces imposibilitados para impartir una justicia de calidad. Lo normal es que se lleve su dinero a otra parte. Y por cierto, se dice que es para ahorrar 13 millones de euros cuando hace unos días han llegado de Europa 39.000 millones (que computarán como deuda pública) para rescatar a unos bancos tan bien gestionados por esos directivos que no suelen ser usuarios de la justicia gratuita a juzgar por sus insultantes nóminas, pero que colapsan día tras día los Juzgados no sólo con los desahucios de los deudores de buena fe sino con demandas de todo tipo.
Yerra el ministro con la reforma de la LOPJ en cuanto al Consejo General del Poder Judicial para tratar de convertirlo en un apéndice de su ministerio violando flagrantemente el espíritu del Constituyente y comprometiendo seriamente la independencia del Poder Judicial. También con la reforma del Código penal con la instauración de la prisión permanente revisable y la custodia de seguridad, contrarios asimismo al constitucional principio de reeducación y reinserción social. Lo hará, asimismo, con la entrega a los notarios de la facultad de celebrar matrimonios y cierta clase de divorcios y el encargo a los registradores de la propiedad del registro civil, privatizando de esta manera algo que no debe salir de la administración de justicia. La excusa de desatascar los Juzgados es falsa, pues son actividades que apenas suponen trabajo para los jueces y que una vez transferidas a notarios y registradores tendrán un coste para el ciudadano que no revertirá en las arcas públicas sino en los bolsillos de tan privilegiados perceptores de aranceles.
No está mal para llevar un año de Notario Mayor del reino. Pero, lo más decepcionante es su manera de actuar, ciertamente repartiendo dolor y tratando de desacreditar a los jueces haciéndonos aparecer ante la opinión pública como responsables de las carencias del sistema de justicia, las cuales son atribuibles exclusivamente a la inacción y a la ineficacia de todos los gobiernos de la democracia, con alguna señalada excepción. Y no les quepa la menor duda de que si esto aun funciona, es gracias al sacrificio personal de los aproximadamente 5.000 jueces españoles (en un país de 47 millones de habitantes), que hasta ahora jamás han protestado por trabajar tardes, noches y fines de semana (ya sé que no se lo creen, pero ya verán lo cierto que es cuando dejemos de hacerlo). Dice el ministro que estamos enfadados porque nos «ha quitado» (sic) la paga extra y los días de permiso y por eso hacemos paros y protestas. Cuando los argumentos en el debate son esos, no resulta extraño que todos los colectivos de la justicia mencionados hayan dicho que Gallardón ya no es un interlocutor válido y que solo el presidente del gobierno puede serlo. Además, su deslealtad queda al descubierto si se repara en que a los abogados y procuradores no les ha quitado ni paga ni permisos (son profesionales liberales) y son aun más combativos que los jueces. Debe ser por otra cosa. Quizás porque trabajamos todos los días en un Juzgado mientras que el ministro de Justicia aún no ha pisado ninguno desde que tomó posesión de su cargo.
Dice una voz mucho más autorizada que la mía, la del catedrático de Derecho Administrativo D. Alejandro Nieto, que en realidad «el Estado quiere que la justicia sea un caos y lo ha conseguido. Que las cosas se hacen mal no sólo por incapacidad, sino porque deliberadamente se quiere que funcionen mal. Que la Administración del Estado, que nombra a los jueces, no tiene el más mínimo interés en que la justicia funcione. Es más: lo que quieren es que haya un caos. Pues bien: lo han conseguido. Provocan el caos con toda intención para no estar controlados.» Le llamaré para preguntarle a quien se refiere.

La población española crece en seis millones en diez años gracias a los extranjeros

domingo, 16 de diciembre de 2012

Según el Censo de población elaborado por el INE, el aumento de población se debe a los 5,2 millones de extranjeros residentes en España
C. Moreno Madrid 14/12/2012 La noticia en Público
España cuenta con 46.094.454 millones de ciudadanos.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este viernes el censo de población que hace referencia a los datos de población registrados en España desde 2001 a noviembre de 2011. Durante esta última década, España ha crecido en 6 millones de habitantes debido principalmente a la llegada masiva de inmigrantes a la Península Ibérica.
En lo referente a los últimos diez años, los datos de demografía aun despuntaban positivamente. La población procedente de otros países ha crecido un 234 % en los últimos diez años.
La tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida facilitaron que la población española nativa también creciera en dos millones de personas, aunque de forma muy inferior a los datos referentes número de extranjeros.
La radiografía hecha por el INE también refleja que se trata de un país cada vez más envejecido, donde la edad media ha aumentado un año y medio en una década y se sitúa en 41,5 años; en el que por cada persona en edad no activa sólo hay dos personas en edad de trabajar y con 97 hombres por cada 100 mujeres.
Todas las Comunidades autónomas crecieron en estos dos últimos lustros, aunque de forma muy desigual. Galicia y Asturias fueron las provincias con menor expansión demográfica debido a su escasa natalidad y a una baja recepción de extranjeros, por otro lado las comunidades insulares, Islas Baleares y Canarias, registraron en sus censos mas de un 25% más de población desde el 2001.
El próximo año 2013 será el primer año desde 1981 en que, según datos del INE, España perderá población. Así, el número de ciudadanos se reducirá de 46.196.278 a 46.094.454. No son precisamente alentadores las cifras del Estudio de proyecciones de población a corto y largo plazo, que indican un descenso de natalidad del 24% para los próximos 40 años llegando a tener España únicamente 45 millones de personas en 2022.
Atendiendo a las cifras de este último año, la realidad respecto a los extranjeros es bien distinta.La crisis económica y la falta de protección que afecta a los inmigrantes, les convierte en el sector más desprotegido frente al paro y la exclusión social. Por este motivo, respecto al año pasado se ha reducido el número de ecuatorianos, peruanos, colombianos y argentinos en España.
Pese a la reducción de extranjeros provenientes de América Latina, la variación interanual de inmigración ha aumentado un 3,25% en 2012 respecto a 2011 debido principalmente a la eliminación de barreras que facilitan el asentamiento en España de ciudadanos europeos.
El saldo migratorio, diferencia entre emigraciones e inmigraciones, sería negativo en el año 2012, en 181.479 personas, en línea con 2011, que también fue negativo, en 50.090.
Dicha cifra se plantea como la consecuencia directa de la reducción de la cantidad de inmigrantes en un 17,7 por ciento respecto al año anterior y de una emigración al extranjero prevista de 558.175 personas, un 9,9 por ciento superior a la de 2011.

Los bancos pueden denegar la hipoteca para una vivienda que no haya pasado la ITE

domingo, 16 de diciembre de 2012

La ITE es obligatoria desde julio para viviendas de más de 50 años.
Un banco puede negar la hipoteca incluso después de cobrar la tasación.
La OCU considera que los informes son muy subjetivos y las obras de mejora que se exigen pueden llegar a ser muy costosas para una comunidad.
La noticia en 20minutos.es . 07.12.2012 –
Hay un momento en que, por mucha pintura que usemos para simular buen aspecto, la estructura de un edificio sufre los achaques del tiempo. En 2011, el Gobierno aprobó un decreto que obliga a los propietarios de viviendas de más de 50 años (30, 40 o 50 años, según el municipio) a tener que pasar una inspección técnica, algo así como la ITV de los coches.

La calidad de los informes es muy variable pues no incluyen pruebas homologadasLa Inspección Técnica de Edificios (ITE) ya existía, pero el número de expedientes era casi residual. Desde julio de este año es obligatoria. De hecho, en teoría, es obligatorio exhibir el certificado de aptitud para vender una vivienda.

Según la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), los requisitos de la ITE, su coste, las ayudas, etc. son muy variables, y la calidad de los informes también, pues no incluyen estudios exhaustivos ni pruebas homologadas, algo que -considera- sería necesario, además de una garantía para los usuarios.

No pasar la ITE puede tener consecuencias negativas; por ejemplo, que el banco nos deniegue la hipoteca. La OCU lo ilustra con el caso de una compradora, a quien la entidad financiera, tras conocer el informe negativo de la ITE, cobró la tasación y negó el préstamo que solicitaba.
Acabar con la subjetividad
En opinión de la OCU, la exigencia de la ITE puede ser un problema para quienes piensan vender una vivienda. Por un lado porque los informes son muy subjetivos, y no está clara la frontera entre lo que puede suponer un fallo de seguridad y lo que es un mero problema estético.

Por otro, las obras que se exigen tras un informe de ITE pueden llegar a ser muy costosas. La falta de medios de la comunidad, por pocos ingresos o porque haya vecinos morosos, puede convertirse en un problema e impedir que se materialice la compraventa de un inmueble.

Para la OCU, estas inspecciones son necesarias, pero deberían depender directamente de un organismo público e incluir pruebas homologadas sobre estructuras. Por otro lado, es preciso que haya una responsabilidad clara por el resultado de la ITE.

Bruselas y el FROB estudian que el ‘banco malo’ pueda conceder hipotecas

domingo, 16 de diciembre de 2012

Europa Press 6/12/2012 – La noticia en El Economista
La Comisión Europea y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Banco de España, estudian fórmulas para que la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración (Sareb) pueda conceder financiación a los interesados en adquirir los inmuebles que tenga en cartera, informaron a Europa Press fuentes financieras.
De este modo se intentaría mitigar la ventaja con que cuenta la banca sana a la hora de comercializar sus activos inmobiliarios, dado que puede financiarlos en condiciones ventajosas.
Desventaja competitiva
Pese a que la Sareb es vulgarmente conocida como «banco malo», ya que aglutinará los activos tóxicos de las entidades financieras nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia), se trata de una sociedad que no tiene por objeto desarrollar actividad bancaria alguna y que actuará como mera liquidadora de dichos activos, para lo que cuenta con un plazo de 15 años.
Tanto desde Bruselas como desde el Banco de España son conscientes de que los bancos que no han requerido ayudas públicas para cubrir sus déficits de capital van a intentar vender sus activos inmobiliarios más rápido que la Sareb, y cuentan con una sustancial ventaja para hacerlo: su capacidad de financiarlos en condiciones ventajosas.
Por ello, trabajan en fórmulas para que la Sareb pueda prestar también financiación a los inversores interesados en sus activos. Una de las ideas sobre la mesa es que sean los propios bancos del grupo 1 -según la metodología de Oliver Wyman-, los mismos que deben transferir sus activos tóxicos a la Sareb, quienes financien a potenciales interesados la compra de activos.
Otras opciones
Otra alternativa es que sean los bancos del grupo cero, aquellos que no presentaban déficit de capital y, por tanto, no han requerido ayudas públicas (Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Kutxabank, Bankinter y Unicaja) los que se encarguen de financiar las ventas de inmuebles, suelo y carteras de crédito promotor de la Sareb a potenciales inversores en unas condiciones quizá no tan favorables, pero que sigan resultando ventajosas. Con este fin, se han entablado negociaciones con estas entidades para explorar esta vía.
La banca nacionalizada debe sumar su esfuerzo comercial al que despliegue el equipo de la Sareb -capitaneado por Belén Romana- para intentar vender los activos que traspase a la sociedad a cambio de una comisión, y dispondrá de una buena palanca para ello, como es su red de oficinas.
En cualquier caso, desde Bruselas y el FROB se pretende establecer un marco de incentivos adecuado para que estas entidades gestionen de forma activa y coloquen en el mercado con una rentabilidad razonable dichos activos.
La banca nacionalizada deberá transferir sus activos ‘tóxicos’ vinculados al ‘ladrillo’ antes de que finalice este año. El FROB estima que en total estas entidades traspasarán al ‘banco malo’ un volumen de activos por importe de unos 45.000 millones. Este tamaño de la Sareb se elevaría en una segunda ronda de traspasos en 2013, cuando la banca del grupo 2 (las entidades que no pueden cubrir sus déficits de capital por sus propios medios) hará lo propio, si bien nunca superará el techo de 90.000 millones.
Las grandes entidades españolas cuentan con filiales inmobiliarias específicas con las que se pretende ofrecer una atención más especializada y facilitar la venta de sus activos vinculados ‘al ladrillo’. Santander desarrolla esta actividad a través de Altamira, mientras BBVA la gestiona mediante Anida.