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Archivo del 18 de diciembre de 2012

Anochecer en Maspalomas

martes, 18 de diciembre de 2012

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Valor y riesgos de las hipotecas

martes, 18 de diciembre de 2012

Publicado en La Vanguardia el 16 de diciembre de 2012

En España una elevada parte de las viviendas son propiedad de quienes viven en ellas, tanto si son usadas de forma habitual o como segunda residencia. En la mayor parte del mundo se recurre al alquiler, excepto cuando la propiedad no puede gestionarlo o bien, cuando hay formas de acceder al crédito a largo plazo, con un volumen elevado y coste asequible. La peculiaridad de España, radica en que, teniendo una muy limitada capacidad de crédito (excepto los primeros siete años de éste siglo), generaba suficiente financiación como para que la mayor parte de las familias (el 83% según el Instituto Nacional de Estadística) fueran propietarias de su casa o su piso, lo que fue posible gracias a la calidad del producto financiero hipoteca.

La hipoteca es un crédito personal que, además, vincula a la vivienda financiada con ella y al propietario, a lo que se añade, en muchos casos, un avalista adicional. Esta combinación, junto a la larga vida del producto lo hace interesante para ambas partes. El producto es sólido y eso lo abarata, es a largo plazo y eso lo hace asequible y preferible al crédito estándar, esta es la razón por la cual una buena parte de habituales veraneantes extranjeros prefiere una hipoteca en lugar del crédito sin más. En condiciones normales duran varios años, ahora están en torno a 6 años y al inicio de la crisis unos 7 años. Los problemas actuales afectan a una pequeña franja mientras casi el 97% de las familias españolas con hipoteca, hacen frente a sus obligaciones de pago.

Con el advenimiento del euro algunas Cajas de Ahorro usaron las hipotecas como garantías para recibir financiación de otros países de la UE, con la que financiaban compras de terrenos y pisos. Esa abundancia rebajó los tipos de interés, aumentó la competencia y relajó los criterios -análisis de capacidad de pago, calidad de las garantías y plazos de reventa-, con lo que personas sin antigͼedad en el empleo, inmigrantes recién regados y otros, recibieron créditos de baja calidad que se mostraron insolventes a medida que avanzaba la crisis. Lo mismo ocurrió con la financiación para la compra de terrenos y la edificación de viviendas de manera que el año pasado se cerró, según datos del Ministerio de Fomento con cerca de 677 mil viviendas ofrecidas y no compradas.

En situaciones normales la hipoteca tiene una solidez superior a la mortage de los EE. UU. en donde el acreditado da la llave de la casa y desaparece. Con la hipoteca eso no es posible, de modo que el acreditado insolvente tiene un problema y la entidad financiera otro. La estimaciones más solventes calculan que los desahucios de primera vivienda en los últimos cuatro años están entre 4.000 y 15.000, es una cifra alta pero pequeña comparada con el número de hipotecas. Otros problemas de pago afectan a un número bastante mayor, que las entidades bancarias han ido solventando con ampliaciones de los pazos de amortización, con la reducción de capital y reducción de intereses.

El actual Gobierno de España ha promulgado reales decretos para ayudar a la reducción de los problemas de las familias con dificultades de pago. Uno, es el “Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo (BOE 10 marzo 2012), de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos”. Otro es el “Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre (BOE viernes de noviembre de 2012) de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios”. En su conjunto dan medidas para la reestructuración definen el umbral de exclusión. El primero trata la moderación de los intereses moratorios, un código de buenas prácticas, la sujeción al mismo, su seguimiento y las consecuencias derivadas su aplicación indebida. El segundo recoge la suspensión de los lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, dispone la constitución de un fondo social de viviendas propiedad de entidades de crédito que facilite a cobertura a las personas desalojadas de su vivienda habitual y el tratamiento de los procedimientos en curso.

Con este enfoque se encaran algunos problemas reales, acuciantes y sacados a la luz por los medios de comunicación. Quedan más, que no por silencios son menos acuciantes. Entre otros está, por una parte, la reducción de los precios de pisos, que ahora son un 25% más baratos que en 2004, lo que, estimado en precios reales, llegaría a equivaler al 32% en términos reales (v. J. D. Pina. “Informe Mensual”, La Caixa n. 362, nov. 2012). Otra precisión concierne a la irretroactividad de las normas, que no pueden aplicarse a circunstancias anteriores a su a proclamación ”¦. Por otra parte, buena parte de la banca ya se anticipó a esa disposición llegando a acuerdos voluntarios, muy parecidos a los que promulga la noma, realizados con familias con dificultades de pago.

Las familias que cumplen con sus obligaciones de pago sufren el deterioro del valor de su casa. Eso no es nada nuevo porque eso deriva de que hay menos actividad y dinero, pero con la vuelta al crecimiento se recuperará, de modo que no es un motivo para cuestionar la conveniencia de mantener las obligaciones de pago. Por su parte el gobierno ha cumplido con debe proteger el instrumento contractual (la hipoteca) y la propiedad ambas por buenas razones y, yendo más allá del respeto a la ley y la ética del cumplimiento de obligaciones, también debe actuar, porque cualquier relajamiento adicional puede ser interpretado por las Agencias de Calificación como una reducción de la calidad de las emisiones de cédulas hipotecarias y los bonos de los fondos de titulación, puesto que tienen a los créditos hipotecarios como garantía. De hecho hay interpretaciones concretas en ese sentido de las que se ha hecho la prensa (v. Miguel A. Valero, Diario Abierto 5/12/2012). Si esa reclasificación se materializara arrastraría a toda la deuda del país haciéndola aún más cara, especialmente a lo relacionado con la vivienda.

Joaquín Trigo Portela D. G. Instituto Estudios Económicos.

Santander cerrará 700 oficinas tras la integración de las filiales Banesto y Banif

martes, 18 de diciembre de 2012

Las marcas comerciales de ambas filiales desaparecerán
Ofrece una prima del 25% para absorber su filial Banesto. La acción de la centenaria entidad se revaloriza un 18,4%. Las sinergias serán de 520 millones de euros
Servimedia | Europa Press | Madrid 17/12/2012 La noticia en El Mundo
El Banco Santander suprimirá 700 sucursales tras anunciar la fusión por absorción de sus filiales Banesto y Banif (banca privada). La integración en la casa matriz supondrá, además, la desaparición de la marca de ambas. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración, reunido este lunes.
La operación generará unas sinergias de 520 millones de euros el tercer año y un ahorro de costes procedentes de la integración de los servicios centrales y del cierre de oficinas.
Santander señala que la optimización de la red supondrá una reducción en el número de empleados, que se hará «de manera progresiva y sin medidas traumáticas mediante la recolocación en otras unidades del grupo Santander tanto en España como en el extranjero, la rotación natural de plantillas y las bajas incentivadas».
En una nota remitidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad justifica esta decisión por la «profunda» reestructuración del sistema financiero español, que está suponiendo una «fuerte reducción del número de competidores y la creación de entidades de mayor tamaño».
Los accionistas minoritarios de Banesto, que tienen un 10,26% de su capital, recibirán acciones en circulación de Banco Santander. En concreto, la ecuación de canje será de 0,633 acciones de Santander, de 0,5 euros de valor nominal cada una, por cada acción de Banesto, de 0,79 euros de valor nominal cada una.
Esto supone una prima del entorno del 45% sobre el valor medio de cotización de las acciones de Banesto durante los últimos 6 meses y de un 24,9% sobre el precio de cierre de la acción de Banesto el pasado viernes, resultando en 3,73 por acción de Banesto.
La oferta disparó la cotización de Banesto, que se revalorizó un 18,4% mientras el valor de la acción caía un 1,19% al cierre de la jornada.
El presidente de Banco Santander, Emilio Botín, ha señalado que «esta es una gran operación para todos. Para los accionistas de Santander y de Banesto, que reciben una prima del 25% (sobre el precio de cotiación del viernes) y acciones que tienen el dividendo más atractivo del mercado; para los clientes, que tendrán acceso a las más de 14.000 oficinas del banco en todo el mundo, y para los empleados, que podrán desarrollar una carrera profesional internacional. Santander es el banco más sólido y potente de la banca española», ha dicho.
El Banco Santander logró un beneficio neto de 1.804 millones de euros hasta septiembre, un 66% menos que en 2011, tras cubrir el 90% de los requerimientos de la normativa sobre riesgos inmobiliarios.
En el mismo periodo, Banesto obtuvo un beneficio neto atribuible de 50,1 millones de euros, un 83,2% menos que en el mismo periodo de 2011, tras hacer dotaciones y saneamientos por importe de 1.462 millones de euros.
Las acciones de ambas entidades que habían sido suspendidas de cotización en Bolsa por la CNMV, han regresado al parqué con una subida del 23,08% para los títulos de Banesto y una caída del 0,58% para los del Banco Santander.
A las 11:40 horas, tras un periodo de subasta que se ha prolongado durante diez minutos, los títulos del Santander marcaban un primer precio de 5,87 euros frente a los 5,90 que marcaban al cierre de la sesión del viernes, en tanto que los de Banesto se situaban en 3,68 euros, desde los 2,99 con que cerraron la jornada anterior.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendía la cotización de ambas entidades antes de la apertura de la sesión y después de que el Santander anunciara su intención de estudiar la fusión por absorción de Banesto, para lo que ha ofrecido una prima del 24,9 % respecto al precio de los títulos de esta entidad, el pasado 14 de diciembre.

La luz podría subir más del 4%

martes, 18 de diciembre de 2012

La luz podría subir más del 4%
16.12.2012 Europa Press – La noticia en Expansión
La subida de la Tarifa de Íšltimo Recurso (TUR) en enero puede superar el 4% con los actuales precios de mercado de la electricidad, que se han encarecido un 8% en el trimestre y que provocarán previsiblemente una subida de esta magnitud.
Como esta subasta tiene un peso cercano al 50% en la tarifa final, y como el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha decidido congelar la otra parte del recibo, la de los costes regulados, el encarecimiento de la energía acabará provocando una subida final del 4% en la TUR.
No obstante, esta subida no será ni mucho menos suficiente para lograr el objetivo del ministro José Manuel Soria de «taponar» el agujero eléctrico. Industria ha reconocido que en 2012 hay un exceso de déficit de 1.951 millones y, en su borrador de peajes eléctrico, ha trasladado este desajuste a los costes de 2013, lo que no ha pasado desapercibido para los departamentos jurídicos de las eléctricas.
Ante este panorama, y en el caso hipotético de que Industria decidiese enjugar el déficit de 2012 mediante subidas de peajes, debería aplicar un alza del 14%, lo que acabaría convirtiéndose en una subida adicional del 7% de la TUR. Sumado este porcentaje al 4% de subida que auguran las subastas, el incremento superaría el 11%.
La medida, que dañaría al consumidor, podría incluso quedarse corta si se cumple lo que muchos observadores dan por hecho, esto es, que los costes eléctricos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla no se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se queden en la tarifa.
En este caso, el exceso de déficit sería de 3.500 millones y la subida de peajes para contenerlo debería ser del 25%, y eso trasladado a la TUR significa una subida del 12,5%, a lo que habrá que sumar los incrementos de precios de la subasta eléctrica.
Hay dudas de que Industria esté dispuesta a subir la luz en esta proporción, pero al mismo tiempo es muy probable que los PGE no asuman los costes extrapeninsulares y que sea la tarifa la que tenga que soportarlos.
Las fuentes del sector matizan que este ejercicio es hipotético, pero ni mucho menos improbable, ya que tarde o temprano Industria se verá abocada a subir los peajes eléctricos para contener la deuda de la tarifa.
Techos de deuda
Para las empresas del sector, sería deseable que Industria lograse encajar en los PGE los costes extrapeninsulares, pero dudan de que el Gobierno asuma costes eléctricos en unas cuentas públicas ya de por sí constreñidas por la situación económica.
Las opciones, señalan, pasan por las subidas de peajes o por modificar al alza, como ya hizo en su día el exministro Miguel Sebastián, los límites legales de déficit. Para ello, sería necesario un real decreto ley y, por tanto, la aprobación del Consejo de Ministros.
Todas las hipotéticas subidas de peajes tendrían como objetivo poner orden en el desajuste de 2012, sin abordar el de 2013, en el que Industria ha confiado de nuevo la salud del sistema eléctrico a que los extracostes extrapeninsulares se carguen a los PGE y no a la tarifa.
Lo que sí servirá para contener el déficit, al menos en 280 millones de euros en 2013, es el nuevo mecanismo de peajes progresivos puesto en marcha por Industria, cuyos recargos por consumo encarecerán un 3% el recibo al consumidor medio, según los cálculos de la OCU.

La UE lanza un plan contra los paraísos fiscales y anuncia un NIF europeo

martes, 18 de diciembre de 2012

Quiere acabar con las ventajas de google o starbucks
Carlos Sánchez 07/12/2012 El artículo en El Confidencial
La crisis aguza el ingenio. La UE anunció ayer un plan de lucha contra el fraude fiscal con un objetivo: pinchar la enorme bolsa de dinero negro que recorre Europa, y que, según sus cálculos, podrían alcanzar el billón de euros. O lo que es lo mismo, una cantidad similar al PIB de España, la quinta economía del continente.
El plan fue presentado ayer por el comisario Algirdas Semeta, responsable de fiscalidad, y la primera Recomendación prevé la adopción en la UE -más allá de las medidas internacionales actuales- de una “posición de fuerza contra los paraísos fiscales”. Para lograrlo, se pretende utilizar criterios comunes, por lo que se invita a los Estados miembros a “identificar esos paraísos y a introducirlos en unas listas negras nacionales”. La Recomendación incluye medidas específicas para convencer a esos países no miembros de la Unión Europea de la necesidad de aplicar las normas de gobernanza que rigen en la UE.
Con la segunda Recomendación se pretende abordar el asunto de la “planificación fiscal agresiva”, en palabras de la Comisión. Y en este sentido se proponen diferentes vías para corregir los tecnicismos y las lagunas legales que algunas empresas aprovechan para evitar el pago de lo que equitativamente les corresponde. Dicho en otras palabras de la Comisión, se trata de acabar con la operativa de aquellas empresas y particulares que cumplen la letra de la ley, pero no su espíritu.
La Recomendación anima a los Estados miembros a reforzar sus convenios de doble imposición para evitar que puedan dar como resultado “una ausencia total de tributación”. Se les anima también a adoptar para la lucha contra las prácticas abusivas una norma general común que permita basar los impuestos en las actividades económicas reales y dejar de lado “cualquier montaje artificial” con el que se pretenda eludirlos.
Entre las otras iniciativas que prevé el plan de acción presentado figuran la adopción de un código del contribuyente o la creación de un número de identificación fiscal de la Unión Europea, similar al que hoy tienen todos los contribuyentes españoles (NIF). Esto quiere decir que las Agencias Tributarias francesa o alemana podrían conocer en tiempo real las operaciones que realizara un español en sus países, lo que dificultaría la elusión de rentas. Igualmente, se propone la revisión de las disposiciones que establecen para la lucha contra las prácticas abusivas las directivas de la UE más importantes y el establecimiento de unas directrices comunes para rastrear los flujos de dinero.
La UE, además, pretende acabar con lo que denomina “competencia fiscal perniciosa”, que permite a muchas empresas eludir el pago de impuestos. En los últimos años se han conocido casos como los de Google, Inditex o Starbucks, que se han aprovechado de legislaciones laxas como la de Irlanda para pagar menos impuestos. De ahí que se inste a los Estados miembros a que “den un nuevo impulso a los trabajos de elaboración del código de conducta de la UE en materia de fiscalidad de las empresas”. Y, en este sentido, se plantea identificar los casos en los que los países den un tratamiento fiscal excesivamente favorable para los no residentes, o acabar con los beneficios fiscales concedidos a pesar de la ausencia de cualquier actividad económica real.
Listas negras
Se estudia, incluso, la posibilidad de que la UE disfrute de un régimen sancionador similar contra el fraude fiscal y crear una web con información fiscal por países. En el caso de los paraísos fiscales, lo que se propone es que los 27 cuenten con una lista única y que, de forma unitaria, planteen una estrategia común para evitar que sigan siendo zonas opacas en materia de información tributaria. Con la creación de esas ”˜listas negras”™ de los Estados miembros se pretende socavar la reputación de una jurisdicción como socio internacional “confiable y reconocido”. Además, los Estados miembros estarían obligados a renegociar, suspender o incluso cancelar los convenios de doble imposición firmados con esos territorios.
El plan de la UE es continuación de las iniciativas tomadas en las últimas cumbres del G-20 y de la OCDE, y también en el Consejo Europeo de marzo, donde los jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a ser más agresivos en la lucha contra el fraude fiscal.
Es en este marco en el que entrará en vigor el próximo 1 de enero la Directiva sobre Cooperación Administrativa. En la actualidad, según los datos de la UE, las agencias tributarias nacionales cuentan con información compartida sobre bases imponibles equivalentes a unos 20.000 millones de euros. Esta información la intercambian los Estados miembros y cinco países fuera de la UE, entre ellos Suiza y Liechtenstein, así como diez territorios dependientes o asociados, incluyendo Jersey, Guernsey, la Isla de Man, las Islas Caimán y Aruba.