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Archivo del 26 de diciembre de 2012

Villamanín. León

miércoles, 26 de diciembre de 2012

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Varias personas ponen viviendas vacías a disposición de familias que han perdido sus hogares

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Se ceden pisos a desahuciados
Entre ellas hay jubilados, empresarios y un obispo
PSOE e IU quieren forzar en enero el debate de la nueva ley
Elsa García de Blas / Araceli Guede – Madrid 24 diciembre 2012 – El artículo en El País
A veces hay gestos ciudadanos que adelantan por la izquierda al Estado. A la espera de que lleguen (si lo hacen) las soluciones públicas para las miles de familias que han sido desahuciadas ””un máximo de 15.000 en los últimos cuatro años, según el Gobierno””, algunos particulares han empezado a tomar partido en el drama general de los desalojos, con una arriesgada iniciativa: ceder de manera gratuita (o casi) un techo de forma temporal a una familia que ha perdido su casa. No están coordinados. Y muchos lo hacen sin buscar la fama ni sentirse héroes. Estas son las historias de algunos de ellos.
– Casa con ”˜spa”™ y pista de pádel en urbanización de lujo. Es muy probable que la familia desahuciada que ocupe durante dos años la casa de la playa de Eulogio Carmona y Felisa García, dos jubilados de 64 y 62 años que residen en Mataró (Barcelona), experimente un cambio de entorno radical: en la urbanización de lujo Talasos II de Vera (Almería), donde se encuentra la vivienda de 85 metros cuadrados más terraza que ellos han decidido ceder, el césped del jardín está perfectamente cortado y la piscina cubierta tiene hasta jacuzzi. En sus ratos libres, además, los desalojados podrán disputar con los acaudalados vecinos una partida de pádel. Los requisitos: pagar los gastos de luz, agua y comunidad, que Eulogio calcula en unos 125 euros al mes. “Y que sea una familia de orden que trate la casa como si fuera suya”, apostilla ella.
Eulogio y Felisa viven una jubilación acomodada, pero no son especialmente adinerados. Dos de sus cuatro hijos están en paro. ¿Qué motivó su gesto? “Yo he conocido las cloacas de los bancos”, suelta Eulogio, que durante 30 años dirigió una pequeña empresa de intermediación entre clientes morosos y entidades. “En esa casa pasamos como mucho una semana al año, y nos dimos cuenta de que podíamos arreglarle la vida un poco a una familia”, explica él. Escribió un mensaje en su perfil de la red social Twitter, en el que ofrecía el piso. Y se desató la locura. Avalancha de tuits y llamadas de periodistas. De eso hace unos diez días, y ya han descartado candidatos por demasiado pobres. “Sería un acto de irresponsabilidad meter a alguien que no puede asumir los gastos mínimos”, defiende Eulogio. Una familia con dos niños pequeños y una mujer víctima de violencia de género con su hijo se reparten las papeletas para mudarse al lado del mar.
– Promotor inmobiliario rehabilitado. La promotora inmobiliaria familiar, en la que trabaja desde los 18 años, lleva construidas unas 15.000 viviendas. El empresario madrileño Antonio Gimeno, de 48 años, resultó directamente beneficiado por la burbuja inmobiliaria. “Lo importante es corregir los errores y colaborar en solucionar los problemas”, defiende. Así que ha dado un giro de 180 grados, y a través de una fundación que ha constituido ha ofrecido a desahuciados el edificio de 25 viviendas que su promotora construyó en L”™Alcúdia, Valencia, con una inversión que cifra en cinco millones de euros.
Los beneficiarios podrán ocupar por 50 euros al mes y durante diez años los pisos, que en 2007 salieron a la venta por 180.000 euros (nunca se vendió ninguno). El dinero irá destinado al mantenimiento del edificio y a obra social en el pueblo, explica Antonio. La iniciativa también le reporta algunos beneficios, como dejar de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles de esas casas (una fundación está exenta) y que el Ayuntamiento se ha ofrecido a asumir los gastos de la comunidad. El Consistorio se ocupa también de la selección de los inquilinos. “El problema es tan grande que hay que dejar de opinar de las cosas y pasar a hacer algo”, concluye.
– Piso de 80 metros en Gijón. “Cedemos gratuitamente piso a familia necesitada en Gijón”. Desde que Isabel y José pusieron este anuncio en un diario regional, hace casi un mes, su teléfono no ha parado de sonar: han recibido más de 800 llamadas. “Porque hoy más que nunca no podemos cerrar los ojos a las desgracias de nuestro alrededor. Algunos podemos contribuir a aliviar el sufrimiento que están sintiendo muchas familias”, rezaba el texto.
Este matrimonio vive con su hija en Bilbao y es propietario de un inmueble en el centro de la ciudad asturiana que solo utiliza en vacaciones y algunos fines de semana, cuando va a ver la familia. La entrega se hará a través de la firma de un contrato de cesión por un año. Quienes vivan en este ático de 80 metros cuadrados y amueblado, solo tendrán que pagar el consumo que hagan de los servicios básicos.
Ella tiene 34 años y es funcionaria. Él, de 40, es alto directivo de una empresa. Isabel y José, sin embargo, no son sus verdaderos nombres. No quieren que se sepa su identidad. “No somos lo relevante en esta noticia”, argumenta la joven.
Con tal volumen de llamadas, la tarea de selección será ardua. Las historias que están escuchando son muy dramáticas. Isabel sabe que será duro dejar fuera a tanta gente, pero le reconforta que al menos una familia necesitada consiga un hogar.
– Seminario convertido en viviendas sociales. El obispo de Lleida, Joan Piris, asistió el 7 de diciembre a una reunión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del encuentro salió con la idea de ceder parte del antiguo seminario de la ciudad a la construcción de viviendas para desahuciados. “No entiendo que se rescate a los bancos y no a las personas”, dijo a la salida.
La iniciativa requiere encontrar a una persona o empresa que pueda financiar el proyecto. “La diócesis no tiene dinero para invertir en la reconversión”, apunta Carles Sanmartín, delegado de pastoral caritativa y social. La propuesta ya ha tenido una gran repercusión. Se han puesto en contacto con ellos constructoras, arquitectos e incluso una empresa de pinturas.
Con estos cimientos, una comisión de voluntarios se ocupará de que la idea se materialice. Esta decidirá cuestiones como cuántas viviendas habrá, de cuánto será el alquiler y a qué se destinarán esas cuotas, que en todo caso no irán a la Iglesia. El padre Sanmartín cree que se podría dar cobijo a entre seis y ocho familias y que la renta no superará los 200 euros. La comisión cuenta con representantes de la plataforma de afectados, asociación que estará muy implicada en la selección de las familias.
“Ante esta crisis tan gorda, o cada uno aporta su grano de arena o no salimos. Uno de los arquitectos es un chico joven en paro que nos ha dicho: ”˜No tengo dinero, pero pongo mi experiencia al servicio del proyecto”, relata el clérigo. “La gente está despertando”, concluye esperanzado.
– Se ceden tres pisos. A principios de mes, José Manuel Pena, portavoz de Stop Desahucios de Barbanza, recibió una llamada. Al otro lado de la línea, un vecino de esa comarca de A Coruña ofrecía tres viviendas de la zona para los más desfavorecidos. Esta familia tampoco quiere protagonismo; permanece en el anonimato.
Al igual que en el caso de Isabel y José, los pisos, de unos 90 metros cuadrados, están amueblados y quienes habiten en ellos solo deberán pagar los gastos corrientes. “La cesión se hará por el tiempo que la familia alojada lo necesite, hasta que a través de la Administración consiga una vivienda en condiciones o mejore su situación”, explica el portavoz de la plataforma ciudadana.
José Manuel Pena se siente satisfecho de no contar aún con ningún candidato. Espera no tener que recurrir a esos domicilios, porque eso significará que nadie ha perdido su casa. “Hasta ahora hemos paralizado los desahucios que estaban previstos”, se congratula. La propuesta, que se dirigió a esta asociación coruñesa, está abierta a afectados de otros lugares.
El activista resume el espíritu de este incipiente movimiento ciudadano: “La sociedad civil va muy por delante de los políticos”.

Las CCAA se echan en brazos de la banca para pagar nóminas y gasto corriente

miércoles, 26 de diciembre de 2012

El gobierno pone un tope de 250 puntos básicos a la financiación bancaria
Carlos Sánchez 25/12/2012 El artículo en El Confidencial
La crisis continúa. Y con ella, los problemas de financiación de las administraciones públicas, que ante el cierre de los mercados mayoristas privados se han visto obligadas a ponerse literalmente en manos de los bancos. Hasta el punto de que ya adeudan 166.468 millones de euros a las entidades financieras. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco euros que deben las administraciones públicas se lo han pedido prestado a la banca o las cajas de ahorros. El resto lo han conseguido a través de emisiones a corto y largo plazo.
Lo relevante no es sólo la cifra, sino, sobre todo, su progresión, toda vez que al comenzar la crisis los préstamos bancarios apenas alcanzaban los 65.000 millones, Esto significa que la dependencia de las entidades financieras casi se ha triplicado en menos de cinco años.
La causa tiene que ver, lógicamente, con el cierre de los mercados mayoristas de financiación, a los que han dejado de tener acceso las comunidades autónomas y los ayuntamientos, cuya solvencia financiera ha sido degradada en numerosas ocasiones por las agencias de calificación de riesgos en los últimos años. Y para hacer frente a esta realidad han tenido que acudir a los bancos, en particular las regiones, que al finalizar el tercer trimestre del año ya debían 101.774 millones en préstamos a corto y largo plazo. Otros 42.017 millones los deben los ayuntamientos.
Lo significativo de las cifras es que han continuado creciendo pese a que el Gobierno central puso en marcha en 2012 el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), instrumento con el que la Hacienda central pretendía acabar con los problemas de financiación de las comunidades autónomas.
No ha sido así. Y la consecuencia ha sido que los gobiernos regionales han pedido a los bancos más de 21.000 millones de euros en los nueve primeros meses del año para pagar nóminas y gasto corriente. El propio FLA establece serias limitaciones para tener acceso a él, toda vez que restringe su uso a atender los vencimientos de la deuda emitida previamente y al pago de proveedores. Una pobre casuística que explica que ayuntamientos y comunidades sigan dependiendo del crédito bancario para sobrevivir. O lo que es igual, para pagar los gastos de funcionamiento de sus estructuras burocráticas.
La progresión ha sido tan fuerte que hasta el propio Gobierno central se ha visto en la obligación de poner condiciones, Y aunque no ha aprobado ninguna norma específica para restringir la apelación al banco, lo que ha hecho es recomendar una especie de ”˜buenas prácticas”™. En palabras de un alto responsable del equipo económico del Gobierno, se ha obligado a actuar con criterios de ”˜prudencia financiera”™.
Una financiación más cara
¿Qué quiere decir esto? Pues que si los préstamos que hace la Hacienda central a los gobiernos regionales se retribuyen a los tipos en que se financia el Tesoro más 120 puntos básicos (un 1,2%), en el caso de los préstamos bancarios se ha puesto como límite 250 puntos básicos. Es decir, que si el Tesoro paga ahora un 2,65% por financiarse en letras a un año, el tope marcado es de un 5,15% en el mismo plazo.
En todo caso, muy lejos de los tipos de interés oficiales: el 0,75% en las operaciones de descuento del Banco Central Europeo (BCE). De cada cien euros que las entidades regionales piden a los bancos, prácticamente 90 euros hay que devolverlos a largo plazo.
Como es lógico, este fuerte aumento del crédito bancario ha disparado, en paralelo, la morosidad del sector público con las entidades financieras. Y aunque en algún momento de 2012 llegó a sobrepasar la barrera de los 1.000 millones de euros, en octubre pasado se situaba en 844 millones de euros. La cifra, en todo caso, es irrelevante respecto a los 190.490 millones de morosidad bancaria; pero, en todo caso, es cuatro veces superior al nivel que existía al comenzar la crisis. Las administraciones públicas pagan bien (su morosidad apenas alcanza el 0,5% respecto a los préstamos totales), y de ahí que se trate de un negocio cada vez más recurrente para los bancos.

Vender la vivienda con pérdidas, una opción para algunos hipotecados en apuros

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Siempre que se cuente con algo de liquidez
Elena Sanz 19/12/2012 El artículo en El Confidencial
Posiblemente es una pregunta que hasta ahora muchos propietarios de vivienda jamás se habrían planteado. ¿Vendo mi vivienda aunque pierda dinero? Hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria, invertir en ladrillo parecía una apuesta segura.
Sin embargo, la máxima ‘el precio de la vivienda nunca cae’ saltó por los aires hace ya más de cuatro años.
Un periodo en el que muchas familias, parejas y particulares han perdido su vivienda o están a punto de hacerlo. Otros, a los que la crisis ha dado una pequeña tregua, comienzan a ver las orejas al lobo. Todavía pueden pagar la hipoteca pero no confían en que puedan seguir haciéndolo en el futuro. Muchos de ellos se encuentran en una situación impensable hace años: su vivienda vale menos que la deuda contraída con el banco, el fenómeno de la hipotecas undewater.
Ante esta situación, expertos del mercado inmobiliario consideran que lo más sensato es sentarse, coger la calculadora y hacer números. En algunas ocasiones vender, aunque sea asumiendo ciertas pérdidas, puede ser la mejor solución para evitar males mayores.
“Es mejor vender a pérdida que emperrarse en pagar la hipoteca y que más adelante te veas inmerso en una situación peor como una ejecución hipotecaria. El problema es que las familias no ven la vivienda como un producto financiero sino como una posesión con un componente emocional muy fuerte del que es muy difícil mantenerse al margen”, señala Fernando Encinar, jefe de estudios de idealista.com. «Hay que asumir que me va a costar dinero librarme de esa inversión y para ello es necesario poner menos corazón y más cabeza».
Parece claro que ésta no es la solución para todos los hipotecados en apuros pero sí para alguno de ellos. Por ejemplo, una familia con una deuda de 220.000 euros con el banco y por cuya vivienda conseguiría en el mercado 200.000. «Si cuenta con algo de liquidez para poder asumir esa pérdida, tal y como están las cosas, podría ser una buena opción», apunta Ramón Barreras, director de Inmobiliaria Barreras. Hacer frente a una deuda de 20.000 euros parece más viable -siempre y cuando se cuente con algo de liquidez- que de 88.000 que es el importe que esa familia seguiría debiendo al banco si éste se adjudica el inmueble por el 60% -132.000 euros-. Sin olvidar unos intereses de demora que crecen a pasos agigantados así como las costas y gastos derivados de todo el proceso judicial.
“Vender a pérdidas la vivienda tiene su lógica. Así funciona cualquier inversión que se haga. Cuando compras acciones en bolsa y empiezas a ver que el precio cae lo inteligente es vender lo antes posible ya que te arriesgas a que las pérdidas cada vez sean mayores”, añade José Luis Ruiz Bartolomé, experto y consultor inmobiliario. «Al igual que sucede con las acciones, con la vivienda habría que establecer un stop loss, un límite a las pérdidas que se estamos dispuestos a asumir», añade Barreras.
Pero, ¿cómo y cuándo tomar esta decisión?
«Cuando comienzas a tener dificultades para pagar la hipoteca y ves que el precio en el mercado de tu vivienda no deja de caer hasta el punto que te encuentras una situación underwater, plantéate vender», señala Ruiz Bartolomé. Opinión que comparte Encinar, «si ya vas justo para pagar la hipoteca y crees que a corto o medio plazo te puedes ver inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria, es mejor liquidar la deuda con el banco y volver a empezar desde cero».
En su opinión, «el problema es aceptar que te equivocaste. Sí se hace cuando se invierte en bolsa pero no con la vivienda, precisamente por ese componente emocional que está tan arraigado a la propiedad. Sin embargo, ahora hay situaciones en las que los propietarios, o dan su brazo a torcer o se hunden, porque en el momento en el que la entidad inicia la ejecución hipotecaria ya no se puede hacer nada».
Para otros muchos hipotecados en dificultades, sin embargo, vender la vivienda no es una opción. Muchos compraron en el pico de la burbuja (2007-2008) de tal manera que dos factores juegan en su contra. Por un lado, apenas han podido amortizar deuda, ya que recordemos que durante los primeros años de vida del préstamo hipotecario básicamente se pagan intereses. Y por otro, los precios no han dejado de caer desde entonces, acelerándose la caída en los dos últimos años. Si decidieran vender, la brecha entre lo que todavía deben al banco y el precio de venta en el mercado del inmueble sería considerable.