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lunes, 31 de diciembre de 2012

Luis Díez | 28 de diciembre de 2012 El artículo en cuartopoder.es

Banco Malo, el mejor instrumento de blanqueo sin pagar impuestos

Nada, ni un cartel ni la típica placa aurificada, indica que en el edificio de hormigón, aluminio y metacrilato de Ahorro Corporación, en el número 89 del Paseo de la Castellana, se ubique la sede central del Banco Malo. Pero así es. El “mayorista de inmuebles y terrenos” de las entidades bancarias intervenidas por el Banco de España gestiona bienes valorados en torno a 60.000 millones de euros, pero en vez de utilizar alguno de sus activos tóxicos como sede, paga 720.000 euros al año por el alquiler de dos plantas del edificio del extinto Banco Zaragozano.
Cuando el corresponsal metropolitano llega a la sede de este Banco Malo, el director general, Walter de Luna, un experto inmobiliario procedente del banco ING, no se encuentra en su despacho. Son las doce del mediodía del 26 de diciembre y se comprende que a esta hora los directores generales no sean molestables. Tanto Walter como la presidenta, Belén Romana, exdirectora general de Política Económica y exdirectora del Tesoro, han recibido los elogios del propio ministro de Economía, Luis de Guindos, como grandes profesionales independientes. Su remuneración tiene un tope de 500.000 euros anuales.
Cuentan que para elegir a los directivos de la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (SAREB) o banco malo, los responsables del FROB o Banco de España echaron mano de una empresa cazatalentos, Spencer Stuart, y que ésta acertó a ofrecer el perfil de Romana, curiosamente una mujer de confianza del propio De Guindos, para presidir la entidad. Desde 2010, la nueva presidenta compatibilizaba el puesto de directora general del Círculo de Empresarios con los consejos de administración del recién desaparecido Banesto y de Acerinox.
Junto con la presidenta y el director general, los consejeros designados en representación del capital público son el octogenario Rodolfo Martín Villa y la exconsejera del Banco de España Ana María Sánchez Trujillo. El resto del consejo de administración lo integran los “independientes” José Ramón ́lvarez Rendueles, que fue gobernador del Banco de España; Luis Sánchez-Merlo, otrora secretario general del fallecido presidente Leopoldo Calvo-Sotelo y presidente de Lantano Capital y de la sociedad de satélites de comunicación SES Astra Ibérica; Emiliano López Achurra, del grupo Iberdrola-Gas Natural y de Petronor; el notario Javier Trillo y el registrador Celestino Pardo.
En las dos plantas de esta torre del Banco Malo ya trabajan unos treinta empleados y está previsto que la plantilla se triplique en 2013. Su función consiste en “empaquetar” los activos tóxicos y venderlos al mejor postor sin preguntar de donde viene el dinero. Si la inversión procede de paraísos fiscales, tanto da. La consigna es “no preguntar”; lo importante es colocar a los inversores, tanto nacionales como internacionales, los 89.000 pisos y los 13 millones de metros cuadrados de suelo recogidos de Bankia y las demás entidades intervenidas. Para realizar esta operación y obtener los 60.000 millones de euros estimados, los gestores tienen un plazo de quince años.
El corresponsal llevaba una pregunta para Walter. Era la misma que la portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, hizo al ministro De Guindos y éste dejó sin contestar: “¿Por qué no se valoraron así los activos -con un descuento medio del 63% sobre el valor en libro- y se entregaron a 15 años a sus propietarios?” Pero el director general, según repitió su secretaria, no se encontraba. Lo cierto es que ahora este Banco Malo solo ofrece ventajas a los inversores. Los empaquetadores van a ofrecer unos FAB o Fondos de Activos Bancarios muy similares a las famosas hipotecas subprime que infectaron el planeta financiero. Sólo que ahora los activos ya están devaluados y el empaquetado se va a hacer al gusto del inversor, aunque combinando activos muy rentables con otros menos rentables para equilibrar los riesgos.
La inversión mínima deberá ser superior a 100.000 euros -los inmuebles por debajo de ese precio siguen en manos de las entidades intervenidas- y los inversores deberán ser profesionales, estarán sujetos a la supervisión de la CNMV y podrán emitir bonos con cargo a los FAB. Las ventajas de estos fondos son enormes. Valen para blanquear dinero de los paraísos fiscales -en franca competencia con la deuda pública-, tienen un trato fiscal estupendo: sólo pagarán el 1 ó 2% de la rentabilidad que obtengan, como las SICAV; no pagan el impuesto de transmisiones propio de las compra-ventas de viviendas, que oscila entre el 6 y el 8%, según cada autonomía. Tampoco pagan el impuesto urbano de plusvalías, que, como el de transmisiones, se cargará sobre el comprador final, y, por si fuera poco, a los inversores extranjeros no se les cobra un euro de impuestos cuando liquiden el FAB y recuperen su inversión inicial. Con estos detalles se comprende el fracaso de la “amnistía fiscal” de Cristóbal Montoro en aras del nuevo mecanismo de blanqueo, más barato y encima rentable, de su colega De Guindos.
Ya en la puerta del Banco Malo, el corresponsal se cruza con un consejero perfectamente trajeado que va hablando por teléfono. Y unos pasos más allá es abordado por un joven que con su mejor sonrisa le pide unos euros para poder comer. Se llama Ahmed (Jaime) El Salami, tiene 36 años y lleva 15 en España, donde cursó la carrera de Derecho. Se casó con Lucía, natural de Valdepeñas (Ciudad Real), y es padre de dos niños, Carlos y Jaime. Vivían en Moral de Calatrava y él trabajaba en la constructora Hermanos Sancho, que ha edificado viviendas en Manzanares y en Toledo, pero se quedó en paro, se le agotó el subsidio, le desahuciaron por no poder pagar la hipoteca y tuvo que enviar a su mujer y a sus hijos a vivir con sus padres en Marruecos. Duerme en un albergue de Cáritas y busca trabajo desesperadamente. Por supuesto, Ahmed no sabe que la casa que le quitaron está ahí metida, en el Banco Malo, y que a costa de su sufrimiento un puñado de delincuentes fiscales se seguirán forrando.

Gobierno canario asume la recaudación directa de los impuestos cedidos y reduce a la mitad su coste

lunes, 31 de diciembre de 2012

Prevé un ahorro de unos seis millones
Santa Cruz de Tenerife, 28 diciembre 2012. (La noticia en Europa Press) –
El Gobierno de Canarias asumirá, a partir del 1 de enero, la gestión tributaria de los impuestos cedidos hasta ahora encomendada a las oficinas liquidadoras a cargo de los registradores de la propiedad. Según el decreto aprobado hoy, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones se recaudarán de forma directa por la comunidad autónoma a través de sus oficinas tributarias.
En este sentido, el Ejecutivo regional señaló que con la extinción de la vigente encomienda al colectivo de registradores, el Gobierno prevé un ahorro estimado de, al menos, un 50 por ciento del coste actual de gestión de recaudación, concretamente unos seis millones de euros, gracias a la implantación de este nuevo modelo que avanza hacia la próxima creación de la Agencia Tributaria Canaria.
Las funciones hasta ahora desempeñadas en las oficinas liquidadoras por el personal específicamente contratado por los registradores de la propiedad serán desarrolladas mayoritariamente por empleados públicos que se trasladarán a la Dirección General de Tributos desde otros departamentos de la comunidad autónoma.
Así, la atención al público se prestará en la red de oficinas tributarias del Gobierno presente en todas las islas.
Además del ahorro económico, esta modificación comporta un cambio sustancial en la gestión encaminado a lograr un modelo más eficiente. Con la asunción directa de la recaudación de estos impuestos, la administración canaria podrá ofrecer un tratamiento integral a los contribuyentes sobre todas sus obligaciones impositivas.
Prioridad al contribuyente
Con todo, esta nueva visión supone que se dará prioridad al contribuyente sobre el hecho imponible, es decir, el Gobierno de Canarias dispondrá de forma centralizada de toda la información relativa a todos los impuestos de cada ciudadano, lo que repercutirá en un mayor control de sus responsabilidades tributarias.
Con esta centralización, la administración ofertará un mejor servicio impulsando el cumplimiento voluntario del pago de impuestos al tiempo que dispondrá de herramientas más eficaces en la lucha contra el fraude fiscal.
Mientras, la liquidación de impuestos mediante esta fórmula fue una práctica iniciada por el Estado que, tras la cesión de tributos a las comunidades autónomas, tuvo su continuidad en estas. Sin embargo, en estos momentos otras autonomías también están suprimiendo o limitando esta práctica al entender que, con ello, mejoran sustancialmente su gestión.
En el caso de Canarias es ahora cuando se dan las condiciones precisas para poder extinguir estas encomiendas después de haber desarrollado años atrás una planificación adecuada que permitiera asumir este cometido sin poner en riesgo la recaudación.
Entre esas actuaciones programadas destaca la implantación de un sistema informático que posibilita una gestión integral de los tributos capaz de garantizar la consolidación de la información de los expedientes en una base de datos única. A esta aplicación se añade una completa readaptación de los recursos humanos que facilitará la aplicación de este nuevo modelo.
En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, ha señalado que la recaudación anual de estos dos impuestos ronda los 230 millones, y ha valorado que una Agencia Tributaria Canaria aumentaría la «eficacia» de la gestión y de la lucha contra el fraude fiscal al haber una base de datos única.
El Ejecutivo calcula que los registradores de la propiedad contaban con un personal de unas 100 personas que ahora se reducirá un poco por cuestiones de eficiencia, y se trasladará de diversos departamentos de la Comunidad Autónoma. A este servicio se han presentado unos 500 empleados públicos, según ha detallado Marrero.

El presidente de los notarios: “Gallardón no nos ha consultado los cambios en el Registro Civil»

lunes, 31 de diciembre de 2012

Ana I. Gracia 24/12/2012 El artículo en El Confidencial
Representa a los casi 3.000 notarios españoles desde este mismo mes. José Manuel García Collantes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, fue elegido por unanimidad presidente del Consejo General del Notariado y se ha marcado un propósito: garantizar a la sociedad su derecho a un sistema de seguridad jurídica preventiva como el español, “uno de los mejores del mundo”, máxime en un momento como el actual, donde la protección jurídica es indispensable para el crecimiento económico.
García Collantes llega justo en el momento en el que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha puesto en pie de guerra al sector al dar a conocer sus intenciones de ceder el Registro Civil a los registradores, según recoge el borrador del Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros que se está estudiando. “En ningún momento el ministro nos ha consultado nada. Y tal y como está redactado el borrador, supondría una inscripción de máximos que ralentizará todo el tráfico jurídico, algo que no existe en ningún país de la UE”, critica en una reciente visita a la sede de El Confidencial.
De trasladarse este borrador a anteproyecto de ley, los ciudadanos pagarían por las inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, cambios de domicilio, testamentos, nacionalidad, divorcios”¦ Es decir, por cualquier trámite asociado al registro público. La intención de Justicia es que el trabajo de los funcionarios del Estado lo haga el colectivo de las corporaciones de notarios y registradores mercantiles y de la propiedad.
Desde el departamento se ha hecho hincapié en destacar que la gestión del Registro Civil seguirá siendo pública, que únicamente servirá para descongestionar los juzgados y tribunales. A García Collantes no le gusta hablar de que Justicia pretende “privatizar” los servicios del Registro Civil, como no se han cansado de denunciar algunas asociaciones de jueces. Pero sí reconoce que, con la medida, “Gallardón va a someter a inscripción prácticamente toda la vida de las personas”. La inscripción, en un principio, será gratuita, “pero cuando se tenga que pedir la certificación para algo, habrá que pagarla”.
Fiel a la labor asesora de los notarios
Europeísta convencido, García Collantes también va a potenciar el derecho de los ciudadanos a elegir el notario que deseen y a que no se lo impongan los grandes operadores. Cree firmemente en la labor asesora del colectivo notarial, que “ha de velar siempre por la parte más débil de los contratos”. Enamorado de su profesión, “los notarios controlamos la legalidad, ejercemos una función pública”, entre sus objetivos de cara a los próximos cuatro años también figuran asumir atribuciones en materia de jurisdicción voluntaria que permitan descargar a los tribunales, y “mejorar el funcionamiento de la justicia española”.
El nuevo presidente de los notarios quiere lograr el “reconocimiento legal”, con carácter general, del control de legalidad notarial para evitar que se desnaturalicen la función notarial y los valores de la escritura pública, y la aprobación de una ley de seguridad jurídica preventiva que determine definitivamente el encaje de la función notarial y registral, en base a su carácter complementario. El Consejo seguirá potenciando el desarrollo tecnológico de los notarios, que ya son uno de los colectivos profesionales más avanzados en esta materia. García Collantes también desvela que seguirá colaborando estrechamente con la Administración y la Justicia en la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, además de generar estadísticas que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad económica y social del país.

Las fincas rústicas sortean mejor la crisis que las viviendas

lunes, 31 de diciembre de 2012

Sometidas a menor especulación
El precio de las fincas ha descendido por ahora hasta cifras del primer semestre del año 2008.
La noticia en Libre Mercado 21-12-2012
Las fincas rústicas en España esquivan mejor la crisis inmobiliaria que las viviendas ya que están sometidas a una menor especulación, según la empresa de tasación Tecnitasa. El dato más significativo revela que el precio medio de los pisos en España ha descendido, en los últimos cinco años, un 31% y el de fincas, un 7%, aunque bien es cierto que la subida de precios fue menor en las fincas.
Según los expertos de Tecnitasa, la vivienda alcanzó su punto álgido en el segundo semestre del 2007, empezando a caer a partir de ese momento. Sin embargo, las fincas rústicas siguieron aumentando su precio hasta inicios del 2010.
El precio de las fincas ha descendido por ahora hasta cifras del primer semestre del año 2008. Aunque está logrando resistir, está afectado también por la crisis económica y sus efectos, como las dificultades de acceso al crédito, las incertidumbres sobre decisiones pendientes al respecto de la PAC, y el descenso de precios en origen pagados a agricultores y ganaderos.
Los precios son muy dispares no solo por los usos, cultivos y aprovechamientos si no por ubicación geográfica según recoge idealista.com.
Así, en Andalucía podemos encontrar olivar a 12.000 euros por hectárea en secano hasta los 48.000€/ha en regadío, pastos arbolados entre 3000 y 9.000€/ha o cultivos hortícolas de invernadero (bajo plástico) entre 150.000 y 300.000€/ha.
En Castilla La Mancha, con la superficie más grande de viñedo de España, encontramos precios en secano de 9.000€/ha a los 24.000€/ha en regadío. En olivar 6.000€ en secano a 20.000€/ha en regadío y cultivo de cereal entre 3.500€ en secano a 13.500€/ha en regadío.
En Castilla y León la diversidad es enorme destacando en viñedo los precios de Toro, entre 6.000 y 20.000€; en Rueda, entre 20.000 y 60.000€ y en Ribera del Duero, entre 40.000 y 60.000€/ha.
En la Comunidad Valenciana el cultivo de cítricos destaca sobre todo lo demás con una horquilla entre 40.000 y 90.000€/ha, llegando en casos excepcionales hasta los 160.000€/ha. Los precios de plantaciones de almendros, sin embargo, varían entre los 10.000 y los 45.000€/ha.
En Aragón encontramos áreas muy diferenciadas como los espacios montañosos en donde predominan prados para aprovechamiento ganadero y usos forestales con precios entre los 5.000 y los 24.000€/ha. En los terrenos de secano, destinados a extensivos de cereales, forrajes, almendros y viñedos los precios varían entre 2.500 y 9.000€/ha. Por su parte, los de regadío maíz y arroz, hortícola y frutícola entre 12.000 y 24.000€/ha.
En la zona agraria del campo de Cartagena (Murcia), en secano, los precios oscilan entre 20.000 y 40.000€/ha. En terrenos de labor de regadío con agua del trasvase Tajo-Segura, el precio oscila entre 60.000 y 90.000€/ha y en terrenos de regadío con pozos particulares, entre 90.000 y 120.000€/ha.
En Galicia, el aprovechamiento agrario es por excelencia el ganadero de pastos y prados naturales con unos precios entre 10.000 y 100.000€/ha. En aprovechamiento forestal los precios oscilan entre 10.000 y 60.000€/ha, mientras que, en las pequeñas parcelas agrícolas cercanas a los núcleos urbanos, los precios están entre 30.000 y 150.000€/ha.
En las dehesas extendidas por toda la región extremeña para el aprovechamiento ganadero, los precios medios oscilan entre los 5.000 y 10.000€/ha. En cuanto al regadío, zonas determinadas en el Tiétar, (destinados a tabaco, pimiento y maíz) los precios oscilan entre 8.000 y 15.000€/ha. Por otra parte, en zonas de regadío del Alagón (destinados a praderas artificiales y maíz) encontramos precios entre 7.000 y 15.000€/ha. En el Valle del Jerte, con su cultivo tradicional de cerezo en terrazas, los precios varían entre 40.000 y 70.000€/ha.
Es necesario destacar las Vegas del Guadiana, la principal zona agraria de la región extremeña cuyos cultivos son el cereal de primavera (maíz y arroz), frutícola y hortícola como el tomate. Los precios mínimos en esta zona se sitúan en los 12.000€/ha y los máximos en 38.000€/ha.
Por último, en Cataluña, en el sureste destacan las planicies del litoral y las llanuras de los deltas del Maresme y el Ebro con cultivos de regadío como arrozal, frutales y cítricos (con una horquilla de precios de entre 20.000 y 38.000€/ha, 24.000 a 38.000€/ha y 35.000 a 60.000€/ha respectivamente).
En el interior de Lérida existen grandes áreas de riego con importantes plantaciones de frutales con valores mínimos de 18.000€ hasta máximos de 26.000€/ha. En Gerona destacan cultivos forrajeros en regadío con precios similares a los anteriores.