AIRE

Las entidades financieras argumentan que la medida evita aglomeraciones
Madrid 27 febrero 2013 – La noticia en El País
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que un cliente debe poder pagar un recibo en un banco siempre que la sucursal esté abierta y por ello ha recomendado al Banco de España y al Ministerio de Economía que impidan que las entidades establezcan un determinado horario para efectuar ingresos. Esta es una de las recomendaciones de la Defensora es su informe anual 2012
Becerril incide en que muchas entidades establecen un determinado horario y días especiales para efectuar ingresos, que es «muy restrictivo». La realidad es que buena parte de las entidades financieras han extendido esta práctica y el Banco de España considera que con esa actuación no se incumple la normativa de disciplina bancaria. Además, el supervisor añade que no existe una disposición legal que establezca un determinado horario como obligatorio para que las entidades admitan ingresos y realicen pagos.
Por eso, si las entidades se decantan por prestar estos servicios en un determinado horario, el Banco de España insiste en que avisen al público de la existencia de estas limitaciones colocando carteles en las diferentes oficinas. Sin embargo, la Defensora del Pueblo cree que «no es suficiente» con avisar con carteles y sostiene que esas decisiones deberían constar de modo expreso en las condiciones del contrato de cuenta corriente al tratarse de una limitación sustancial.
El Banco de España considera que con esa actuación no se incumple la normativa de disciplina bancaria
Pero las entidades argumentan que ponen un determinado horario para «evitar aglomeraciones en las oficinas» y «procurando dispensar un mejor trato a la clientela bancaria», un argumento que la Defensora del Pueblo. «La realidad es que con estas limitaciones los ciudadanos no solo no tienen un mejor trato, sino que provoca importante trastornos, en cuanto a pérdida de tiempo, entre aquellos que tienen que hacer frente al pago de las facturas de luz, gas, teléfono, ingresos en la cuenta de las comunidades de propietarios, renta de alquiler, etc.»
De ahí que Becerril abogue por que el Banco de España y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad adopten las modificaciones legislativas oportunas con el fin de hacer efectiva la obligación que tienen contraída las entidades con los clientes y permitan los pagos durante todo el horario que permanezca el establecimiento abierto.
La Defensora estima que la medida causa importantes trastornos a los ciudadanos, como pérdidas de tiempo innecesarias
Por lo general, la Defensora del Pueblo cree que los ciudadanos se encuentran «indefensos» ante las actuaciones de las entidades financieras y el Banco de España «no ha servido para solventar los problemas denunciados por los clientes». No se tiene constancia de procedimientos sancionadores a las entidades financieras que se hayan desviado de las buenas prácticas bancarias y usos financieros, añade en su informe.
La Defensora del Pueblo advierte de que cuando los usuarios acuden al Servicio de Reclamaciones del Banco de España difícilmente obtienen un informe favorable que, aunque no sea vinculante, les serviría para acudir a los tribunales con más seguridad.
De ahí que ella abogue por un mercado transparente y más equilibrado entre ambas partes, para lo cual es necesaria la protección de los derechos de los usuarios y una información clara y concreta. «La oscuridad ha beneficiado a las entidades bancarias en detrimento de los ciudadanos, que no han encontrado respuesta en el regulador», sentencia.

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El comprador estafado adquirió la parcela por 90.000 euros, invirtió más dinero en reformarla y después perdió un pleito contra el verdadero dueño
27.02.13 – Manuel Pedreira | Granada La noticia en ideal.es
Neil John R. se encaprichó de aquella finca de Carataunas y en junio de 2005 invirtió sus ahorros para comprarla con la idea de convertirla en su retiro dorado. Jamás podía imaginarse que aquella operación se iba a convertir en una pesadilla con abogados, pleitos, jueces y muchos años de por medio. Todo para, al final, quedarse sin la finca y pendiente todavía de recuperar el dinero que, por mandato judicial, volverá a su cuenta corriente algún día de estos. Las ilusiones, los sueños de ver atardecer en ese rincón de la Alpujarra ya no hay quien se los devuelva.
La sección primera de la Audiencia Provincial celebró ayer el juicio contra los dos hombres que le estafaron. Ambos, Juan Antonio J. M. y José Manuel V. S., han asumido los hechos y serán condenados a un año de prisión -el fiscal pedía inicialmente tres- y a los obligación de restituir al estafado el dinero que les entregó y el que gastó después en acondicionar la finca y en pleitos con el verdadero propietario, en total 115.000 euros.
Según el escrito de calificación del fiscal, al que ha tenido acceso IDEAL, el engaño empezó a gestarse en octubre de 2003. Los acusados, «actuando de mutuo acuerdo y con ánimo de ver incrementado su patrimonio, idearon un plan para hacerse mendazmente con la titularidad de una finca (…) propiedad de Emilio M. G., con la finalidad de lucrarse con su venta posterior».
Los acusados le habían echado el ojo a la finca para sus planes y sabían que no se encontraba inscrita en el Registro de la Propiedad. Con la ”˜presa”™ libre, se trataba de conseguir la apariencia de que eran ambos eran los propietarios de esa finca ante futuros adquirentes. Lo primero que hicieron fue solicitar a la gerencia provincial del catastro de Granada que la finca figurase ”˜catastrada”™ a su nombre, cosa que consiguieron a través del correspondiente expediente de alteración o cambio de titularidad catastral.
Los acusados conocían el sistema y sus posibles imprecisiones y, con la finalidad de disponer de un justificante documental, fabularon un contrato privado de compraventa entre ambos. Juan Antonio J. M. se hizo pasar por dueño de la finca y la vendió al otro acusado, que la adquirió en representación y como administrador de una sociedad.
Documentación precaria
«Con tan precaria documentación -subraya el fiscal- y ayudados por el hecho de que el catastro no diera audiencia al que entonces aparecía como titular catastral de la finca, los acusados lograron que apareciera ”˜catastrada”™ a favor de la señalada sociedad». La primera trampa ya estaba hecha. Ya había un papel que les acreditaba como propietarios del terreno. Pero no se quedaron ahí y «para dar mayor formalidad al fraude», uno de los acusados «nuevamente, esta vez ante notario y en escritura pública», vendió la finca de nuevo a la misma sociedad. En su celo por aparentar que el terreno era suyo, hicieron un nuevo movimiento y, una semana después de la última venta, la ratificaron ante notario.
Con esos documentos públicos en la mano, Neil John R. cayó sin remedio en la emboscada. El dos de junio de 2005, vendieron la finca a este súbdito británico quien «engañado por las maquinaciones fraudulentas de los acusados y en la creencia de que la sociedad era la propietaria legítima de la finca desembolsó como precio 90.000 euros más los gastos accesorios de la transmisión (impuestos, registro, etc…)».
Compraventa realizada y todos contentos. O no. Como era de esperar, el verdadero propietario del terreno apareció y, en el mes de mayo de 2007, demandó a Neil John R., un litigio que ganó el dueño tanto en primera como en segunda instancia.
El súbdito británico se subía por las paredes. No sólo había pagado 90.000 euros sino que ya había desembolsado importantes cantidades de dinero para el acondicionamiento de la finca, con obras como la acometida eléctrica o la rehabilitación de las edificaciones existentes.
No es aventurado pensar que Neil John R. había elegido la Alpujarra tras leer a su compatriota Chris Stewart, autor de ”˜Entre Limones”™, un libro en el que el exbatería de Genesis narra sus peripecias en un cortijo perdido de Órgiva y que se convirtió en un ”˜best seller”™ en el Reino Unido desde su publicación en 1999. A Neil, la aventura no le pudo salir peor. Dos estafadores se cruzaron en su camino y hasta ayer no ha logrado que, al menos, un tribunal le dé la razón.

Piden más requisitos de solvencia
Los tipos de intereses aplicados se mantienen en torno al 11%, pero las entidades financieras exigen a los clientes más requisitos de solvencia.
Gema Escribano – Madrid – 22/02/2013 – El artículo en Cinco Días
El fin de la guerra del pasivo fue percibida en sus inicios como una oportunidad para que las entidades abrieran el grifo del crédito. Pero mientras los tipos de los productos financieros destinados al ahorro no paran de bajar, los intereses de los préstamos personales continúan intactos. El dinero sigue sin fluir a los hogares. Además, al TAE hay que sumarle las comisiones por apertura y el exhaustivo examen al que se tiene que someter todo aquel que solicite un crédito. Las desconfianza lleva a las entidades a revisar con lupa todos y cada uno de los datos aportados.
El préstamo tipo fijo de iBanesto es de los más baratos que existe a día de hoy. Dirigido a clientes que tengan domiciliada la nómina al menos durante los tres meses previos a la solicitud, incluye una comisión de apertura del 1,75% con un mínimo de 60 euros. La cantidad oscila entre los 3.000 y 30.000 a pagar en un plazo máximo de 5 años.
El siguiente en la lista es el préstamo nómina de Banco Popular. Además de la comisión por apertura, cancelación y gastos de estudio, el interés a abonar durante el primer año es del 6%. Transcurrido este tiempo el tipo sube al 8%. Al igual que el anterior la cantidad máxima son 30.000 euros y la mínima 3.000. El plazo máximo para este préstamo son ocho años y lleva vinculado la contratación del seguro de protección de pago.
BBVA cuenta con el préstamo personal online cuyo tipo de interés varía en función del grado de vinculación del cliente pasando del 8,25% para los que tengan domiciliada la nómina y contratado el seguro personal, al 10,25%. Este último estaría destinado a todos aquellos no tengan domiciliada la nómina. Con un plazo de 12 a 120 mensualidades, la cantidad máxima que se puede solicitar son 75.000 euros. A todo esto hay que añadir una comisión por apertura del 2%.
Una de las grandes ventajas del préstamo naranja de ING es la ausencia de comisiones, algo que cobra más relevancia en un momento en que la banca ha vuelto a recurrir a esta herramienta para hacer caja. Este crédito, dirigido a los clientes con la cuenta nómina, permite solicitar entre 3.000 y 60.000. Su tipo de interés es del 9,95% a pagar entre 12 a 84 mensualidades (7 años) en función de la cantidad.
Los clientes de la Cuenta Expansión de Banco Sabadell pueden contratar sin comisiones un préstamo de hasta 5.000 euros. El tipo exigido en este caso es del 10,7% y entre las facilidades aportadas por la entidad se halla la posibilidad de elegir las mensualidades que van de tres a 24.
Bankinter, por su parte, concede préstamos personales a todos aquellos que tengan domiciliada la nómina con un TAE del 11%. La cantidad máxima oscila en el entorno de los 35.000 euros y la mínima, en los 3.000. Entre sus condiciones se encuentra las comisiones, del 2% para la apertura y del 1% en el caso de cancelación anticipada.

Suscrito en 2007 en palma
Palma de Mallorca, 26 febrero 2013. (Europa Press) –
La Audiencia Provincial de Baleares ha declarado la nulidad de la cláusula de un préstamo hipotecario otorgado en septiembre de 2007 por una entidad financiera en Palma, dado que fijaba los intereses de demora al 29 por ciento, cuando el interés remuneratorio estaba situado en un 5,16 por ciento anual mientras que el interés legal del dinero era del 4 por ciento. Una diferencia que lleva al órgano judicial a considerar «desproporcionado» y «abusivo» el interés pactado mediante escritura.
En una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Tercera del órgano judicial estima en parte la oposición formulada por el reclamante contra la resolución que, en primera instancia, no apreciaba el carácter abusivo de la cláusula ahora anulada, al alegar que el préstamo en cuestión era superior a los 20.000 euros y, por tanto, no le era aplicable la Ley de Crédito al Consumo, que establece que los intereses no pueden superar la cuota de 2,5 veces el interés legal del dinero.
Sin embargo, el afectado, en su recurso de apelación contra la anterior decisión, apeló a la doctrina de las Audiencias que en la que se han considerado abusivos intereses inferiores al pactado en este caso. En concreto, los hechos se remontan al 7 de septiembre de 2007, cuando el reclamante suscribió ante notario con la entidad bancaria un préstamo con garantía hipotecaria por valor de 382.761 euros, cuya cláusula sexta fijaba un interés de demora del 29 por ciento.
La propia Audiencia, en su sentencia, hace referencia, entre otras normativas, al texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que declara abusivas las cláusulas que «supongan la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor y usuario que no cumpla con sus obligaciones».
El tribunal se remonta a la Ley de Usura de 1908 que, según recuerda, se promulgó «con la finalidad de reprimir los préstamos usurarios y se inspira en el principio de ética social a que respondieron en el derecho histórico las leyes que tasaron el interés del dinero», imponiendo sanciones de diversa índole a los infractores, y «obedece al propósito de atajar los grandes daños que en la economía privada venían causando algunas convenciones al amparo de la libertad de la contratación».
Posición de inferioridad del consumidor
En esta misma línea, la Sala apunta que la legislación de protección del consumidor tiene una finalidad «más amplia y va dirigida a compensar la desigualdad existente entre las partes del contrato, en el que el consumidor ocupa una posición de inferioridad».
La Audiencia hace referencia asimismo a decisiones judiciales en casos semejantes, entre ellas la también dictada por el órgano judicial de Baleares, que consideraba abusivos intereses de demora del 20,5 por ciento en una sentencia del pasado mes de noviembre. El tribunal alude asimismo a una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reformar sus razonamientos jurídicos.

El importe medio de las hipotecas constituidas en diciembre sereduce un 2,6% en tasa anual y se sitúa en 108.622 euros
En las hipotecas sobre viviendas el importe medio baja un 3,0%
Durante el mes de diciembre el importe medio de las constituciones de hipotecas inscritas en los registros de la propiedad se sitúa en 108.622 euros, cifra un 2,6% menor que la del mismo mes del año 2011 y un 4,8% inferior a la registrada en noviembre de 2012.
En el caso de hipotecas sobre viviendas, el importe medio es de 101.460 euros, un 3,0% menos que en diciembre de 2011 y un 3,6% inferior al de noviembre de 2012.

Enlace al Instituto Nacional de Estadística

La entidad ha abierto un periodo de diálogo y negociación con los sindicatos hasta abril
25 de febrero del 2013 – Olga Grau / Barcelona El artículo en El Periódico
CaixaBank ha convocado esta mañana a la mesa sindical de la entidad para comunicarles formalmente su intención de realizar un ajuste de 3.000 trabajadores. El banco controlado por La Caixa considera necesario llevar a cabo una reestructuración de plantilla tras la reciente integración del grupo de cajas de ahorros formado por Banca Cívica y la próxima incorporación de Banco de Valencia,
Por esta razón, «la entidad ha abierto un periodo de diálogo y negociación con los sindicatos, que se podría prolongar hasta finales de abril», según un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). «El objetivo es analizar todas las fórmulas posibles y acordar las mejores medidas para ajustar su plantilla a las necesidades del negocio», según CaixaBank, que no ha descartado la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE)

25.02.2013 Madrid Rocío Ruiz La noticia en Expansión
La banca acreedora de la inmobiliaria espera que el proceso concursal ayude a encontrar la fórmula de canjear deuda por activos, la única solución que parece posible para hacer frente a un pasivo de 4.000 millones de euros.

«No ha sido posible el acuerdo. Ahora, esperamos lograrlo en el concurso». Así resume uno de los principales acreedores de Reyal Urbis la situación actual de la inmobiliaria, que el pasado lunes anunció que presentará el segundo mayor concurso de acreedores de la historia de España.
Decenas de reuniones durante el último año y medio no han servido para evitar una situación que, en principio, ni Reyal Urbis ni sus acreedores querían.
Desde 2011, ambas partes tenían clara la dificultad de abordar la refinanciación de un pasivo que asciende a 4.000 millones de euros, entre deudas a entidades financieras, organismos públicos y proveedores. Tras dos aplazamientos en el pago en 2008 y 2010, en esta tercera negociación, la única posibilidad de acuerdo pasaba por canjear la millonaria deuda por activos.

Pero, ¿tiene Reyal Urbis 4.000 millones en inmuebles para pagar a sus acreedores? Teóricamente, sí; es decir, el valor en libros de su cartera (“una de las mayores del sector inmobiliario”, según destacaba la propia empresa en su declaración del concurso) asciende a 4.194 millones de euros. Sin embargo, estos mismos activos valen 900 millones menos (3.260 millones) si se actualiza su precio al actual valor de mercado, caracterizado por una sobreoferta en casi todos los segmentos.
Terrenos
Dentro de los activos de Reyal Urbis, la mayoría es suelo, ya que el negocio principal de la compañía ha sido siempre la promoción y venta de viviendas, por lo que acumula en sus existencias una gran cartera con la que pretendía trabajar en los próximos años y que acumuló durante los años de bonanza donde la mayoría de inmobiliarias realizaban importantes compras de suelo, muchas veces, un fuerte endeudamiento.
Según la última estimación presentada por la compañía, correspondiente al ejercicio 2011, los terrenos de la inmobiliaria están valorado en 3,32 millones de euros. Reyal Urbis asegura que dentro de esta importante cartera, el porcentaje de suelo no urbanizable es “mínimo”, aunque no especifica cuánto. La cartera está muy diversificada entre la mayoría de provincias españolas, aunque tiene una pequeña parte en Lisboa y Oporto (Portugal) y en Miami (Estados Unidos). Éste último suelo procede de la cartera de Urbis, cuando pertenecía a Banesto. Valorado a diciembre de 2011 en 26 millones de euros, fue adquirido para levantar una promoción de 300 viviendas en la ciudad estadounidense.
En Guadalajara, provincia donde la empresa de Rafael Santamaría compró miles de hectáreas de terreno para promover el complejo Valdeluz, cuenta con suelo valorado en más de 221 millones. En esta zona residencial, Reyal Urbis invirtió 1.123 millones de euros en la construcción de 8.500 viviendas. El estallido de la burbuja afectó de lleno a esta promoción y la mayoría de los pisos sin vender fue a parar a manos de la banca acreedora en la anterior refinanciación. Además de terrenos, Reyal Urbis cuenta con un stock de viviendas terminadas sin vender de 780 unidades, una cifra que ha reducido significativamente (llegó a acumular 3.000 pisos) gracias a una agresiva política comercial, con descuentos de entre el 40% y el 60% sobre su precio inicial, y a que no ha iniciado ninguna promoción desde hace tres años.
A pesar de que viviendas y suelo valen más de 2.600 millones de euros, según la valoración de Reyal Urbis, la pugna entre la banca acreedora se centra en los 189.000 metros cuadrados de edificios en alquiler que tiene la inmobiliaria. Y, más concretamente, en los 20 inmuebles “singulares”, entre los que destaca el centro comercial ABC Serrano, en plena Milla de Oro de Madrid. Las oficinas suponen el 30% de los activos en renta; ahí, destacan varios edificios situados en Madrid como Torrelaguna 75, Cardenal Marcelo Spínola 42 y San Luis 25.
Castellana 200
Reyal Urbis también es el dueño (junto a varios bancos) de la sociedad Castellana 200, que promueve un complejo de oficinas, con centro comercial y hotel, también en la capital. Al estar en una sociedad independiente, no entra en concurso, pero las entidades podían reclamar su propiedad para canjear deuda.

Febrero 19 – Registradores de Perú
Con la finalidad de lograr reconocimiento social y profesional, mediante la elevación del conocimiento técnico jurídico, la promoción de la capacitación y ejercicio ponderado de la actividad registral, se ha constituido en Trujillo la Asociación Civil Colegio de Registradores del Perú.
“La asociación civil indicada, se ”¦constituye un organismo interlocutor representativo de los Registradores Públicos peruanos”, expresó el Dr. Miguel ́ngel Pajares Alva, presidente del primer Consejo Directivo, para el periodo noviembre 2012 a noviembre 2014.
Explicó que la asociación civil no tiene fines de lucro y agrupa a los Registradores Públicos titulares del Sistema Nacional de los Registros Públicos – SUNARP y se constituyó el veinte de noviembre del año pasado. “Buscamos colaborar con la administración de SUNARP y de las zonas registrales, formulando propuestas para la buena marcha institucional, con el fin de seguir optimizando la prestación de los servicios registrales de inscripciones y publicidad”, afirmó Pajares Alva.
La primera junta directiva la integran Liliana Victoria Núñez Arestegui (vicepresidente), Bikel Eveling Araujo Campos (Secretario de Actas), Patricia García Zamora (Tesorero). Así mismo, como Vocales Luis Fernando Sánchez Cerna, Dina Doris Prescott Costa y Jorge Alejandro Novoa Miranda.
La flamante Asociación Colegio de Registradores del Perú está compuesto por dieciséis profesionales del Derecho: Miguel ́ngel Pajares Alva, Liliana Victoria Núñez Arestegui, Bikel Eveling Araujo Campos, Patricia García Zamora, Luis Fernando Sánchez Cerna, Dina Doris Prescott Costa, Jorge Alejandro Novoa Miranda, Paul Anthony Hurtado Valencia, David Alejandro Rubio Bernuy, Rafael Humberto Pérez Silva, José Arturo Mendoza Gutiérrez, Daniel Fernando Montoya López, Eberardo José Carlos Meneses Reyes, Yessica Evelyn Bautista Ibañez, Karla María Zagaceta Azcarate y Alina Consuelo Díaz ́lvarez.
Trujillo, febrero de 2013

Las claves para la ansiada vuelta de la financiación
El crédito intenta salir del estado de coma
La financiación es la piedra angular de la economía pero no logra remontar. El plan del Gobierno para reactivar el crédito se apoya de nuevo en el aval estatal, ante la profundidad de la crisis y a falta aún de que la banca purgue del todo sus excesos.
Nuria Salobral / Juande Portillo – Madrid – 22/02/2013 – El artículo en Cinco Días
El crédito es el principio y el fin de los problemas de la economía española. Ha sido el origen de la presente crisis, por el excesivo riesgo asumido por los bancos a la hora de conceder financiación, y su ausencia ahoga ahora al tejido empresarial, base para el despegue económico. El Gobierno ha presentado esta semana un plan con el que incentivar la financiación de las pymes, el sector más amenazado por la sequía crediticia y sobre el que recae en mayor medida el peso de la actividad económica y el empleo del país. La profundidad de la crisis exigía una respuesta, más aún cuando la banca española ha abordado ya un duro ejercicio de saneamiento y recapitalización con ayudas europeas por 40.000 millones de euros y que, en teoría, la debe colocar en posición dar crédito de nuevo.
La realidad de la banca sin embargo es más incierta y el plan de incentivos al crédito a las pymes anunciado por Mariano Rajoy vuelve a apoyarse principalmente en la iniciativa del Estado, no tanto del sistema financiero. Pymes y autónomos dispondrán de líneas de financiación por un total estimado de 45.000 millones de euros, de los que 22.000 millones corresponderán a la ya existente línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial y otros 1.720 millones correrán a cargo de los sistemas públicos de garantías y avales, a través de las estatales Cersa (Compañía Española de Refianzamiento) y Cesce, especializada en cubrir las inversiones en el exterior. Otra parte se confía a la puesta en marcha del mercado de bonos y pagarés, en el que las pymes podrán colocar emisiones de deuda con las que ampliar sus vías de financiación pero que aún está pendiente de ser una alternativa real.
Y otros 10.000 millones correrán a cargo de la banca. El presidente de BBVA, Francisco González, señalaba el viernes que la entidad participará en el programa de financiación a pymes, un asunto en el que el banco quiere «echar el resto», aseguró. Sin embargo, el entorno está lejos de ser el propicio para un despegue del crédito, que promete seguir este año bajo la limitada tutela de instituciones estatales como el ICO.
La banca con ayudas europeas debe cumplir con la exigencia de Bruselas de encoger su balance -un proceso que se apoya en la caída del crédito- y la banca sana, además de tener que terminar de equilibrar sus balances, afronta la dureza de una situación económica de más desempleo y recesión, lo que augura nuevos impagos y débil demanda de crédito. La financiación seguirá por tanto siendo un bien preciado este año y solo si las previsiones se cumplen, el grifo comenzará a entreabrirse en 2014.
1 ¿En qué situación está la concesión de crédito en España?
El país está inmerso en un proceso colectivo de reducción de deuda, el conocido desapalancamiento, y los bancos están a la cabeza de ese ajuste. El sector aún debe completar el ejercicio por el que está rebajando sus riesgos pero el crédito ya concedido -tóxico o no- no puede hacerse desaparecer bajo la alfombra y es necesario provisionarlo, es decir, cubrir por anticipado las pérdidas que se puedan esperar de su impago. Las ganancias de la actividad bancaria se han concentrado en esta tarea, hasta el punto de llevar a numerosas entidades a la insolvencia y a la inyección de ayudas públicas. Y para afrontar el proceso, el recurso de la banca es encoger el crédito y reducir su concesión.
A cierre del pasado diciembre, el crédito concedido al sector residente en España ascendía a 2,87 millones de euros, una cuantía que incluso ha crecido en el año, desde los 2,86 billones de 2011. Pero el ascenso se debe únicamente al repunte del 19,8% del crédito a la administración pública, frente al descenso del 5,2% del crédito a empresas o del 3,6% a la financiación a los hogares. Y si se desciende al detalle, las caídas son evidentes: el crédito para la adquisición de vivienda a personas físicas ha menguado el 2,5% en los nueve primeros meses del año, según cifras del Banco de España, influido también por la menor demanda; la financiación para bienes de consumo ha retrocedido el 15% y la de la construcción, el 11%.
Si se aglutina la financiación al sector constructor, a actividades inmobiliarias y de adquisición y rehabilitación de vivienda, el crédito vinculado al ladrillo asciende a 1,007 billones de euros, una cuantía que apenas cayó en 2012 el 4,3% hasta septiembre y que frena por tanto la financiación a otros sectores.
2 ¿Cuándo volverá a repuntar la financiación?
Los bancos españoles han sido capitalizados «de forma adecuada» y están «en condiciones de dar crédito», aseveró hace diez días el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, en su visita al Congreso de los Diputados, para terminar avanzando que espera ver una mejora de los flujos de crédito a finales de este año. La mayoría de expertos consultados, sin embargo, considera que esta afirmación, como poco, peca de optimista.
«El crédito sigue sin fluir y me temo que va a seguir sin hacerlo», adelanta David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI). «El primer paso que había que dar era mejorar los problemas de solvencia en las entidades que lo tuvieran y eso ya está hecho. Pero hacen falta dos condiciones más. Una de ellas es que los otros bancos se desapalanquen, la segunda es que tengan la percepción de que hay calidad crediticia al otro lado», continúa. Lo que las entidades financieras vienen definiendo como la «ausencia de demanda solvente». «Y me temo que el proceso va a llevar tiempo, difícilmente van a lograr una reactivación del crédito, ya no en 2013, sino en 2014», augura Cano.
«Según algunos analistas, la ratio crédito/PIB debe caer en unos 35 puntos porcentuales, hasta situarse en torno al 135%. Por tanto, hasta 2017 el crédito seguirá cayendo o creciendo a tasas muy reducidas», avanza por su parte Joaquín Maudos, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e Investigador del Ivie.
Las estimaciones de la propia banca española, de la que depende que la reactivación del crédito y de la economía sea una realidad, no son mucho más halagͼeñas. Las previsiones publicadas por CaixaBank en la última presentación de resultados de la entidad avanzan que el crédito concedido por el sistema financiero español descenderá en 2013 un 7,1%, lo mismo que cayó en 2012. Es más, los analistas de CaixaBank cuentan con que la mejora sustancial en la tendencia no llegue hasta 2014, cuando aún así la concesión de crédito seguiría cayendo, esta vez ya al 1,1%.
3¿Cómo ayudará el plan anunciado por Rajoy?
Nuestro sector financiero, tras una profunda reforma, comienza a estar en disposición de cumplir con su función de trasladar el crédito a empresas y familias. Pero no es suficiente», valoró el miércoles el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso en el debate sobre el estado de la nación. «El sistema financiero es a la economía como el sistema circulatorio al cuerpo humano, si no fluye el riego sanguíneo no hay vida», continuó, para anunciar un plan de reactivación del crédito, especialmente dirigido a las pymes, que pretende movilizar 45.000 millones de euros en financiación para las empresas españolas.
La mitad de esta cuantía, unos 22.000 millones, sin embargo, no suponen un incremento respecto a lo previsto pues corresponden a las líneas del Instituto de Crédito Oficial ya presupuestadas para este año. Las asociaciones de pymes y autónomos se vienen quejando de que las duras exigencias que aplica el ICO para conceder un préstamo terminan impidiendo que toda la cuantía se aproveche. A no ser que haya un flexibilización de las condiciones, por tanto, no parece probable que los 22.000 millones reviertan en beneficio de las empresas. En este sentido, eso sí, el plan de Rajoy incluye potenciar los sistemas públicos de garantía y avales, a través de las empresas estatales CERCSA y CESCE, para facilitar el acceso a 1.720 millones más.
Otra iniciativa de la que habrá que comprobar su alcance es el compromiso no escrito de la banca saneada de aportar otros 10.000 millones a la financiación de pymes. Si bien entidades como Sabadell o Popular ya han adelantado sus programas, no se podrá reclamar a las entidades que cubran peticiones más allá de lo que consideren «demanda solvente». De otra parte, el Gobierno dotará unos 2.700 millones para ampliar el plan de pago a proveedores sobre las facturas anteriores a enero de 2012 para mejorar la liquidez de las empresas acreedoras de la administración. Finalmente, potenciará vías de financiación alternativas al canal bancario (ver punto número 6) para para lograr unos 3.300 millones y potenciará la captación de liquidez vía capital riesgo, por unos 2.176 millones.
4 ¿Va a dar crédito la banca con ayudas?
La inyección de ayudas europeas a la banca española, a través de un crédito que elevará en más de 40.000 millones la deuda pública del país, ha sido el primer paso para alcanzar el objetivo final de que las entidades nacionalizadas recuperen por completo la normalidad, lo que se traduce sin duda en la concesión de créditos. Sin embargo, Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc -Banco de Valencia ya fue adjudicado a CaixaBank- deben primero cumplir con el duro recorte en sus balances que impone Bruselas a cambio del rescate.
Se mueven por tanto en la paradoja de tener que contener al máximo su actividad crediticia según las exigencias del Memorando, pese a que su condición de nacionalizadas las haga candidatas evidentes a contribuir a la financiación de la economía.
El balance de Catalunya Banc -que deberá cumplir al dedillo el guión que marca Bruselas si no resulta adjudicada en subasta- debe reducirse a entre 50.000 y 60.000 millones de euros en diciembre de 2016, desde los 77.000 millones de 2011, mientras que el balance de Novagalicia debe encogerse entre un 30% y un 40%. Bankia tiene previsto en su plan estratégico una concesión de nuevo crédito de 52.000 millones de euros hasta 2015, si bien este objetivo pasa también por una reducción de balance, en línea con el resto de nacionalizadas.
La creación del banco malo, que tendrá capacidad para acoger un máximo de 90.000 millones de euros de activos tóxicos de entidades con ayudas públicas, será una fórmula con la que soltar lastre en los riesgos del ladrillo, al que la banca nacionalizada no podrá volver a prestar. Y tanto la banca nacionalizada como la sana reconocen los desafíos pendientes en financiación: la primera porque tendrá limitaciones para prestar y la segunda, porque deberá cubrir ese hueco.
5 ¿Prestan dinero los bancos sanos?
La ausencia de capital público no es sinónimo de concesión de crédito. El puñado de entidades que ha sobrevivido a la crisis por sus propios medios también está inmersa en el proceso de desapalancamiento común al conjunto del sector, aunque lleve más camino recorrido. Santander ha conseguido por primera vez desde el inicio de la crisis que el volumen de depósitos de su red en España -incluyendo los pagarés y sin contar con Banesto- sea ligeramente superior al de créditos, después de que la financiación a promotores se haya desfondado el 32% en el año y que el crédito a hipotecas y particulares haya encogido el 7%.
En BBVA, el crédito de la banca minorista en España descendió un 5,4%, mientras que los depósitos subieron un 11,3%, prueba también de cómo las entidades intentan equilibrar el peso de ambos en su balance y poner límites así a la dependencia de financiación en los mercados mayoristas. Popular redujo la financiación al sector privado el pasado año un 6,3%, descenso que contrasta con el repunte del 16,5% de 2007, año álgido del boom que estallaría poco después. Y coincide con el resto de entidades en que en 2013 continuará el proceso de desapalancamiento del sector privado. Es decir, de reducción de las deudas acumuladas, lo que no hace prever demanda de crédito.
El escenario de fondo para este año es, por tanto, la continuidad en la restricción de la financiación, también en la banca sana, aunque en los últimos días hayan surgido iniciativas comerciales que hablan de una tímida reactivación. Las campañas coinciden además con el plan lanzado por el gobierno para incentivar el crédito a pymes y en el que participará la banca, aunque bajo el paraguas del aval del Estado. Tras los estragos de la crisis, el sector mide con pies de plomo los riesgos que asume y a la hora de prestar, su predilección está ahora en el segmento con más potencial para tirar de la economía, las compañías dedicadas a la exportación.
6 ¿Cómo reducir la dependencia de la banca
Tenemos que cambiar el chip. La solución no pasa por que los bancos den crédito, sino por buscar canales alternativas de financiación», aduce David Cano, socio de Analistas Financieros Internacionales, quien apunta a los bonos, las acciones, el desarrollo del Mercado Alternativo Bursátil, la apuesta por el capital riesgo o los business angels, como vías de financiación que hay que desarrollar más a fondo. Bajo su punto de vista, no se trata de canales con los que compensar temporalmente la sequía de crédito bancario. Cano considera que una de las «reformas estructurales» que necesita el país es la de reducir su dependencia financiera de la banca.
«No podemos depender al 75% de un canal, del bancario. Hay que diversificar las fuentes de financiación. En EE UU, el canal bancario no es más de un 25%. Allí son mucho menos vulnerables. En Europa, en general, y en España, en particular, somos demasiado dependientes de ellos. No es cuestión de que los bancos vayan a dar poco crédito durante los próximos años, sino de que debemos cambiar el modelo de forma estructural», concluye.
En este sentido, Cano valora muy positivamente el proyecto del Gobierno de crear el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARFI), una suerte de plataforma de pagarés cotizados para pymes, que les permitirá obtener financiación en los mercados. «La financiación no bancaria de las pequeñas y medianas empresas está, en España, en niveles muy inferiores al de otros países desarrollados», señalaba el presidente del Gobierno al anunciar la medida. Un proyecto de Guindos que debería quedar diseñado entre marzo y abril para su lanzamiento en junio. Por delante, no obstante, aparecen trabas como las limitaciones de las sociedades anónimas para emitir más allá de un determinado porcentaje, norma que habría que flexibilizar, o la necesidad de establecer un sistema de calificación financiera o rating sobre los emisores, tal vez con algún tipo de garantía estatal para reducir sus costes.
7 ¿Qué efecto tiene la financiación en el empleo y el PIB?
En España las pymes representan el 99,9% de las empresas y en torno al 80% del empleo. Y las pymes son altamente dependientes del crédito bancario, por lo que sin crédito la recuperación es poco probable», expone Joaquín Maudos, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia e Investigador del Ivie, que acaba de culminar un estudio para Funcas sobre las dificultades de financiación de las empresas de menor tamaño.
«La prueba del algodón de que el crédito está en una situación de extrema gravedad es la opinión que manifiestan las pymes españolas en la encuesta que semestralmente realiza el Banco Central Europeo. El 57% de ellas declaran que los bancos han empeorado su disposición a dar crédito, siendo el porcentaje más elevado de todos los países de la eurozona», continúa Maudos, que opina que la salida de la crisis no será posible hasta que la situación se revierta.
Coinciden con este planteamiento desde Analistas Financieros Internacionales, donde advierten, sin embargo, que estamos ante «una pescadilla que se muerde la cola». «El banco no dará crédito hasta que la economía pase un punto de inflexión hacia el crecimiento y esto no ocurrirá hasta que la banca dé crédito», ilustra David Cano, socio de la firma.
De momento, no parece que ni banca ni economía vayan a generar el primer chispazo necesario para poner en marcha de nuevo la rueda. En concreto, Bruselas estimó el viernes que la economía española volverá a contraerse este año un 1,4%, al igual que lo hiciera en 2012. El desempleo, por su parte, cerraría el presente ejercicio en una tasa del 27%. Los técnicos de la Comisión Europea no creen que España vuelva a crecer hasta 2014, cuando experimentaría un alza del 0,8% que le permitiría corregir levemente el porcentaje de desempleados hasta el 26,6%.
«El paro es la peor imagen de España en los mercados», asume Maudos, que reintroduce la idea del círculo vicioso, al asumir que sin una mejora en el ámbito laboral no habrá confianza plena para financiar a la banca y que esta conceda crédito. Pero sin crédito, difícilmente crecerá el empleo.
8 ¿Cómo influirá el alza prevista de los impagos?
La tasa de impagos aún no ha alcanzado el pico máximo de la presente crisis, a pesar de que la creación de Sareb -que va a contar con un volumen estimado de alrededor de 50.000 millones de euros por el trasvase de activos tóxicos de la banca con ayudas- ha moderado la cifra del mes de diciembre. El sector prevé un aumento de los impagos no solo en el crédito vinculado al sector inmobiliario -ya debidamente provisionado y frente al que la banca ya se ha blindado- sino también en el crédito a pymes, al consumo y en hipotecas, segmentos muy vinculados a la economía real y sobre los que recae todo el impacto del aumento del desempleo.
Analistas Financieros Internacionales calcula que la morosidad del sector aumentará al cierre de 2013 al 15%, sin contar con el efecto de Sareb, para moderarse al 14% en 2014. Otros análisis son mucho más agoreros, como el de Royal Bank of Scotland, que prevé que la morosidad en España se triplique en el plazo de tres años, hasta el 20%. La recesión económica y el aumento del desempleo -que según las previsiones avanzadas el viernes por Bruselas subirá otro punto, hasta el 27%- son los grandes argumentos para esperar un incremento de los impagos.
Y a más morosidad, más freno por parte de la banca a la hora de conceder nuevos créditos. No en vano, si crecen los impagos será a causa de la crisis económica y el elevado desempleo, un caldo de cultivo que no favorece la financiación bancaria y que alimenta el círculo vicioso en el que se mueve el sistema tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así, un mayor deterioro de la situación económica resultará en mayores impagos -que exigen las correspondientes provisiones- y en una menor demanda de crédito, por no hablar del mayor recelo y control de riesgo de las entidades a la hora de prestar dinero.
Los impagos en el sector inmobiliario y los créditos al sector en riesgo de estarlo han desencadenado un duro ejercicio de saneamiento, que en al menos ocho entidades ha desembocado en la petición de ayudas a Europa. La inquietud aparece ahora alrededor del resto de la cartera crediticia y mientras persista, la banca estará lejos de prestar dinero con normalidad.

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Las supuestas escuchas ilegales a la reunión entre Sánchez-Camacho y la expareja de Jordi Pujol Ferrusola aparecen como la punta de iceberg de las relaciones entre los principales partidos políticos de Catalunya y la omnipresente agencia de detectives
La CUP de Valls (Tarragona) ha sido el último partido en aparecer en la lista de clientes de Método 3, donde estaría hasta Pep Guardiola
Pau Rodríguez – Barcelona 25/02/2013 – El artículo en eldiario.es
Todo empezó con un micrófono escondido entre las flores en el centro de la mesa donde almorzaban, en el restaurante La Camarga de Barcelona, la líder del PP catalán Alícia Sánchez-Camacho y Victoria ́lvarez, expareja del primogénito de Jordi Pujol. La noticia sobre las supuestas escuchas de ese encuentro, durante el cual ́lvarez habría revelado las irregularidades cometidas por su exnovio, saltó a las portadas de los medios hace unas semanas, y desde entonces se ha desatado una tormenta de informaciones que dibujan un escenario en el cual la mayoría de partidos del arco parlamentario catalán habrían requerido los servicios de la agencia de detectives Método 3 para investigarse unos a otros, aunque también a otras personalidades públicas. Por las mesas de Método 3 han pasado informes, entre otros, de José Montilla, Joaquín Almunia, Gerardo Díaz-Ferran, Josep Lluís Carod-Rovira o Joana Ortega.
Dirigentes de PSC, CDC, PP han tenido que salir al paso de las informaciones publicadas para negar contactos con la agencia -o para confirmarlos y defender que se ajustaron a la legalidad. Pero la lista de supuestos clientes no se limita a estos partidos. Estos últimos días ha trascendido que también recurrieron a Método 3 la CUP y hasta el ex entrenador del Barͧa Pep Guardiola, este último según el medio digital El Confidencial.
La sección local de la CUP en Valls (Tarragona) contrató los servicios de Método 3 en una ocasión, en 2010, para que la agencia elaborara un informe sobre las propiedades del padre del alcalde del municipio, Albert Batet (CiU), de quien la formación sospechaba que podía haber cometido alguna irregularidad en materia de recalificaciones. La CUP pagó exactamente 2.000 euros para que la empresa realizara un vaciado del registro de la propiedad. Así lo reconoció la formación en un comunicado acompañado de la factura del informe técnico en cuestión. El trabajo fue legal porque solo se trataba de recoger información pública. «No contratamos a Método 3 para espiar al padre del alcalde, sino para saber las fincas que tenían», defendió uno de los ediles de la CUP, Gerard Nogués.
Paralelamente, el diputado de la CUP David Fernández declaró a través de su cuenta de Twitter que «ya pueden disparar al pianista, que seguiremos tocando; investigar la corrupción urbanística es un deber, sólo faltaría». La CUP ha sido, desde que por primera vez entró en el Parlament de Catalunya en noviembre pasado, un azote contra los casos de corrupción que afectan a los principales partidos políticos catalanes.
Más reciente es la publicación de una información que señalaría a Pep Guardiola, ex entrenador del FC Barcelona, como uno más de los que pidió investigaciones a la controvertida agencia de detectives. Según difunde El Confidencial, el técnico no se fiaba de la conducta de algunos de sus jugadores, en especial del defensa Gerard Piqué, y solicitó a Xavier Martorell, entonces jefe de seguridad del club, que encargara su seguimiento a alguna agencia de detectives.
Las mismas informaciones subrayan la relación fluida que mantenían Guardiola y Martorell, por la cual el técnico le habría pedido en más de una ocasión que espiase a miembros de su plantilla. Martorell, como no podría ser de otro modo, habría escogido los servicios de Método 3, puesto que los conocía bien. Fue él mismo quien, poco tiempo antes y por orden del club, recurrió a la agencia para que espiara a cuatro de directivos del Barͧa: Jaume Ferrer, Joan Boix, Joan Franquesa y Rafael Yuste.
La figura de Martorell ensucia a CDC
Xavier Martorell, además de haber sido jefe de seguridad del Barͧa, es presidente CDC en Sant Cugat del Vallͨs (CDC), y actualmente es el director de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat. Siempre vinculado al mundo de la seguridad y a Convergͨncia, Martorell llegó a contactar con Método 3 para que hiciera, como mínimo, un servicio a CDC, en su sede de Sabadell. La agencia hizo un «barrido» y algunas charlas sobre seguridad en las oficinas locales del partido en 2010, cuando Martorell trabajaba aún en el Barͧa. Así lo publicó La Vanguardia, aportando correos electrónicos como prueba, y Martorell tuvo que salir a defender a CDC al asegurar que se trató de «un favor» que la agencia le hizo él, sin cobrar al partido. Sin embargo, los correos que se intercanviaron Martorell y el director de Método 3 revelan que ambas partes acordaron un precio por los servicios.
De ser cierta esta operación, quedaría en entredicho la versión de CDC sobre sus relaciones con Método 3, puesto que la formación aseguró que jamás había encargado investigaciones «ni de manera directa ni indirecta». El partido afirmó esto después de que El Periódico revelara que el ahora conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, había sido espiado por orden de dirigentes de su propio partido, concretamente del conseller de Justicia, GermÍ  Gordó, y del propio Xavier Martorell.
En relación con Martorell, este martes los militantes de CDC en Sant Cugat deberán decidir si permiten que continúe como presidente de la federación local o no, tras poner éste sus cargos a disposición del partido.
La sombra se cierne sobre el «entorno» de Sánchez-Camacho
Tras la cantidad de informaciones publicadas sobre el sainete de los espionajes, solo una de sus vertientes se encuentra por ahora en manos de la justicia: las grabaciones presuntamente ilegales de la conversación entre Alicia Sánchez-Camacho y Victoria ́lvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola. En sus respectivas declaraciones ante juez de guardia, el director de Método 3, Francisco Marco, y su mano derecha, Elisenda Villena, coincidieron en que el encargo de las escuchas vendría del «entorno» de la misma dirigente del PP catalán. Sánchez-Camacho, así como su formación, se afanaron en negar que ella estuviera al corriente de la grabación ni que nadie en el partido la hubiera solicitado.
Por dependencias judiciales pasaron, también como imputados, Julián Peribáñez y ́lex Borreguero, empleados de Método 3 que se habrían encargado de llevar la grabadora. Según el abogado de Borreguero, su cliente creía que Sánchez-Camacho sabía que el almuerzo sería registrado.
Las siglas del PSC y el nombre de José Zaragoza, entre las carpetas de la agencia
El exsecretario de organización del PSC -y ahora diputado en Cortes-, José Zaragoza, tuvo que salir al paso de las informaciones que le señalaban como el inductor de las escuchas a Sánchez-Camacho para desmentirlas, aunque admitió contratos con una empresa del grupo de Método 3 por labores puntuales de «seguridad». Pero durante los registros en la sede de Método 3 en Barcelona la Policía Nacional encontró una carpeta en la que aparecía el nombre de Zaragoza y las siglas del partido, algo que lleva a pensar a la policía que los encargos fueron más que puntuales. Más aún cuando la asesora jurídica de los socialistas catalanes, Ana Villena, es la hermana de la exjefe de seguridad de la agencia de detectives, la imputada Elisenda Villena.
Además, en las últimas horas, el periódico El Mundo publicó que un diputado del PSC, Jordi Terrades, requirió los servicios de Método 3 para investigar si Felip Puig, Pere Macias y Francesc Xavier Ventura, todos ellos de CiU, pertenecían a una sociedad mercantil. Pere Navarro negó que las vertidas sobre Terrades, pero algunos dirigentes del partido van a pedir más explicaciones al líder del PSC.

Buscar la solución a los desahucios no puede ser cambiar las reglas de juego
Santiago Carbó 18 febrero 2013 – El artículo en El País
Las hipotecas representan un elemento esencial del sistema financiero de cualquier país. Son el activo fundamental de los bancos y el principal pasivo de los hogares. Por las hipotecas comenzó la crisis en Estados Unidos y parece que, de un modo u otro, las cuestiones relativas a las hipotecas van a ser fundamentales para tratar de cerrar la crisis financiera en España.
Dudo que haya gente de buen corazón que no se conmueva ante la dificultad que supone para muchas familias españolas su deuda hipotecaria. Sin embargo, en los últimos días se oyen propuestas para aliviar la deuda hipotecaria y los desahucios, entre las que destaca la dación en pago retroactiva, que no tienen en cuenta los efectos desestabilizadores que pueden producir en el sistema financiero y en el conjunto de la economía. Porque las hipotecas no son un problema financiero que puede acotarse a los prestamistas (bancos) y prestatarios (los que tienen una hipoteca). Son una referencia fundamental para toda la economía real en lo que implican para el ahorro privado, el consumo, la inversión y la reputación externa. En mi opinión, no se trata de poner en la balanza la estabilidad financiera del país frente a un drama humano sino de establecer de forma adecuada qué se puede hacer y qué no. Ignorar las consecuencias de determinadas medidas puede producir bastante más daño que beneficio.
La realidad de las hipotecas en el sistema financiero moderno es mucho más amplia que una relación contractual entre el prestamista y el prestatario. En este contexto, ha sido una práctica habitual que los bancos utilicen las hipotecas para crear títulos de deuda que pueden ser comprados por inversores. La dependencia financiera exterior queda de manifiesto cuando se comprueba que España cuenta con alrededor de medio billón de euros en instrumentos hipotecarios titulizados por sus entidades financieras. Ahora no se puede denostar ni dar la espalda a los mercados e inversores si no queremos perder el acceso a la financiación del conjunto de la economía. Por eso, si se cambia sustancialmente el valor de la garantía que suponen esas hipotecas ””por ejemplo con una dación en pago retroactiva””, se podría quebrar la seguridad jurídica y todo el sistema de financiación puede colapsarse. La mera consideración ya ha producido incertidumbre y zozobra.
Al margen de las posibles soluciones a casos particulares de desahucio, una generalización de la cuestión como la dación en pago retroactiva destroza el sistema de incentivos. Si esa dación es para todos, es financieramente inasumible porque muchos hogares que pueden pagar hoy sus hipotecas con mayor o menor dificultad podrían preferir liquidar su deuda al precio actual de mercado de sus viviendas. Los primeros, sin duda, los que compraron viviendas por motivo de la especulación, con lo que se habría generado un incentivo muy perverso. Y así, habría muchos ejemplos en los que la dación en pago retroactiva desafiaría la justicia social.
Será determinante para salir de la crisis financiera cómo el sector bancario gestione la morosidad hipotecaria
Las soluciones para las hipotecas deben ser para los más desfavorecidos, pero, en ningún caso, pueden cambiar completamente las reglas del juego. En ningún país occidental ””tampoco en la mayor parte de Estados Unidos, contrario a lo que se cree”” la dación en pago se considera una referencia. Mucho menos una opción retroactiva generalizable. Lo que verdaderamente preocupa es que la información que tienen los consumidores cuando suscriben sus hipotecas sea la adecuada. Un reciente estudio de la Fundación de Estudios Financieros (accesible en www.fef.es) en el que he participado ””Informe sobre el mercado hipotecario español”” reafirma la creencia generalizada de que en España las hipotecas son contratos con amplia información e importantes garantías y seguridad jurídica. ¿Quiere decir esto que en España se prestó bien antes de la crisis y que los bancos no son responsables? A la vista está que algunas entidades cometieron errores con los créditos hipotecarios y habrá que aprender lecciones en este contexto y también en el ámbito de la comunicación a la sociedad española de lo que la crisis financiera suponía. No obstante, en la mayoría de los casos los bancos son los primeros interesados en renegociar las hipotecas que presentan dificultades de pago para los prestatarios a la vez que han de provisionar cantidades ingentes de dinero para afrontar las pérdidas. Precisamente, cómo el sector bancario gestione la morosidad hipotecaria será determinante para completar el proceso de resolución de la crisis bancaria en España.
Hay otras cuestiones en momentos tan delicados como este para las hipotecas sobre las que sí se puede trabajar, como de hecho se está haciendo, como limitar los intereses de demora o regular la venta extrajudicial para convertirla en alternativa real al procedimiento de ejecución hipotecaria. O ampliando el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas para amparar a todos los colectivos con riesgo real de exclusión financiera y social, o la mejora de los procedimientos de subasta y adjudicación.
Es posible, de cara al futuro, plantear qué mercado hipotecario queremos, pero la carga del pasado no se puede fulminar sin más. La protección del consumidor y la resolución de los casos más delicados que precisan de acción urgente debe lograrse, pero las actuaciones generalizadas han de valorarse con cuidado.
Santiago Carbó Valverde es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School e investigador de Funcas

Domingo y lunes son los días que tienen los 47 millones de electores italianos para votar en las elecciones generales. Todo apunta a que saldrá un Parlamento “colgado”, es decir, sin un mandato claro. España se juega mucho.
José Carlos Rodríguez 24-02-2013 El artículo en El Imparcial
Olli Rehn ofreció una rueda de prensa en la que comentó las conclusiones del informe de previsiones de inverno de la Comisión Europea sobre la futura marcha de la economía de Europa. El panorama que dibujaba para el continente era gris oscuro: Una décima de crecimiento este año, y un 1,6 por ciento en 2014. Y una tasa de paro que no caerá del 11 por ciento hasta 2015.
Las buenas noticias o, más bien, las noticias esperanzadoras sobre la economía europea se van sucediendo. Irlanda prácticamente ha vuelto al mercado. Portugal, aunque está lejos de resolver sus problemas, empieza a hacerlo. Grecia crecerá en 2014. España parece haber dejado atrás lo peor. Mentalmente, porque la verdad es que lo peor es lo que estamos viviendo en 2013. Pero la recuperación ya puede atisbarse.
Pero eso no quiere decir que Europa haya solventado su crisis económica, que también es fiscal y, en última instancia, institucional. Hay dos países que preocupan especialmente. Uno de ellos, al que nos hemos referido en alguna ocasión, es Francia. Es el ejemplo perfecto de lo que piden casi todos los medios de comunicación: nada de austeridad, aumento de gasto público, ausencia de reformas”¦ Francia contaba con una economía privada ahogada, pero productiva y diversificada. Pero que tiene graves problemas. Francia tendrá que hacer las reformas que ha preterido, y tiene que revisar su amplio Estado de bienestar, así llamado.
El otro es Italia. Mario Monti ha logrado algo sólo al alcance de un político italiano: Ha gobernado sin salir elegido en las urnas, y se ha revestido de un aura de eficacia y reformas pese a que su ejecutoria no ha ido muy lejos. Tan efectiva ha sido la representación, que Monti llegó a proponer que se celebrasen elecciones, que él no se presentaría, pero que se postularía para repetir después de los comicios como primer ministro. Es decir: vosotros haced vuestras elecciones, que yo me dedicaré a gobernar. Lógicamente, su propuesta no ha ido muy lejos.
Las elecciones son ahora, y todo apunta a que ganará el candidato de la izquierda, Pier Luigi Bersani. Él representa el compromiso con Europa y, por tanto, con las reformas y la austeridad, aunque con un obligado tinte socialdemócrata. Las últimas encuestas, del día 8, situaban en segundo lugar, y muy de cerca, a Berlusconi, que no habla de recortes ni de cerrar el déficit público, sino de rebajar los impuestos y perdonar a los defraudadores fiscales. También pide abandonar el euro y volver a la lira. Grosso modo, el líder de la izquierda acoge los mensajes de la derecha y viceversa. Berlusconi hace el papel de antisistema, con su idea de abandonar el euro. Nada, eso sí, como Beppe Grillo, cuyas propuestas son tan alocadas y desastrosas que da lo mismo mencionarlas. Y Monti, que todavía concita de un 12 a un 15 por ciento de los votos, está en cuarto lugar.
Así como Francia supone un riesgo económico claro, reforzado por el hecho de que el electorado no quiere un giro en la política, Italia supone un grave riesgo político. La política de austeridad, aunque muy limitada, funciona. Pero tiene que ser consistente. Si un país como Italia se echa atrás, si pone en riesgo el euro o amenaza con hacerlo saltar por los aires, el mercado reaccionará. Los inversores no tienen por qué invertir en Europa. El mundo es muy amplio. Asia crece endiabladamente. Iberoamérica va por barrios, pero hay países muy interesantes. Qué decir de los Estados Unidos. O de Oceanía. ́frica está emergiendo consistentemente desde hace década y media.
Si la frágil confianza en que los europeos reconduciremos la crisis financiera, económica y fiscal, se quiebra, el dinero huirá. Y lo hará de nuestro país que, pese a todo, sigue teniendo graves problemas. Y sin capital no hay recuperación. Y sin recuperación, todo lo hecho hasta el momento servirá, pero no para mucho. Y tendremos que profundizar en el camino de las reformas y, sí, también en el de los recortes. En un entorno más recesivo, y con crecientes protestas en la calle. Nuestra recuperación está en el aire. Y depende, aunque no enteramente, del buen sentido de los votantes y de la clase política italiana. Nada menos.

Los implicados declinan dar su versión a la espera de que el FROB interponga las siete denuncias
24.02.2013 La noticia en Levante-emv
La decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) de interponer siete nuevas querellas a algunos altos dirigentes del Banco de Valencia (BV) y empresarios afines por haber causado un agujero de más de 500 millones en el balance de la entidad bancaria ha caído como un jarro de agua fría entre los responsables.
Todos los implicados consultados declinaron dar su versión de los hechos, quizá a la espera de conocer por escrito -todo apunta a que las querellas serán impuestas durante la presencia semana- los cargos que se les imputan.
Domingo Parra, consejero del Banco de Valencia de 1994 a 2011, su sucesor Aurelio Parra y Eugenio Calabuig, presidente del Banco de Valencia son los primeros nombres que han salido a la palestra. Pero, no son los únicos.
También se ha especulado con la posible entrada en escena de Jose Luis Olivas, expresidente del Banco de Valencia y de los empresarios a los que la entidad prestó grandes sumas de dinero en las principales macro-operaciones que lastraron las cuentas: Polaris World, Metrovacesa y la Reva.
La primera de las operaciones supuso un agujero de 164 millones. Banco de Valencia adquirió en 2006 el paquete accionarial del fundador de la inmobiliaria, Facundo Armero, emitiendo a su vez préstamos participativos por valor de 132 millones de euros en un movimiento solapado.
La operación relacionada con la compra de Metrovacesa también podría estar presente en algunas de las siete nuevas querellas presentadas por el Frob.
En esta caso, salta a la palestra el grupo inmobiliario Bautista Soler. El conocido promotor, junto a su hijo Juan Soler, habría recibido préstamos por más de 300 millones de euros para intentar adquirir la firma Metrovacesa en una pugna con la familia Sanahuja. Al final, habrían llegado a un acuerdo, obteniendo acciones de la inmobiliaria francesa Gecina. Banco de Valencia habría asumido gran parte de las pérdidas de la sucesión de movimientos.
El último gran proyecto financiado con fondos de Banco de Valencia que también investiga el Frob se refiere al complejo inmobiliario bautizado como La Reva y las pérdidas del BV superan los 130 millones. La nómina de implicados aumenta en este caso con otros nombres, aparte de los Soler. Los movimientos de la familia Gallego -propietarios de Llanera-, Salvador Vila, Javier Soler y José Soler Crespo también podrían formar parte de la investigación. También entrarían el empresario inmobiliario Fernando Polanco y el notario Carlos Pascual (Faverch Internacional).
Las siete nuevas querellas son una puntilla para la tortuosa situación que vive el Banco de Valencia, una entidad sumida en el caos en los últimos años.

Un producto que sigue sin despegar
18.02.2013 Madrid Michela Romani. El artículo en Expansión
La oferta de hipotecas a tipo fijo es escasa y cara y las entidades no prevén un repunte de la demanda de este tipo de productos. CaixaBank y Bankia tienen, actualmente, las propuestas más baratas.
¿Ha llegado la hora de las hipotecas a tipo fijo? La eterna pregunta que se repite como un estribillo cuando se habla del mercado hipotecario español sigue teniendo la misma respuesta: por ahora no. O esto, al menos, es lo que opina la mayoría de las entidades financieras, que ni nota un repunte de la demanda de este tipo de productos, ni se esfuerza por provocarlo.
En 2011, el 99,2% de los préstamos para vivienda que se contrataron fueron a tipo fijo y en 2012, a falta de datos oficiales, la tendencia no ha variado mucho.
La realidad es que, en un momento en que todas las hipotecas que ofrecen los bancos son muy caras, las a tipo fijo lo son aún más y los clientes no las piden. “Pensamos que las hipotecas referenciadas son más adecuadas que las de tipo fijo, salvo para clientes muy conservadores y con una elevada capacidad de pago, ya que suponen una cuota mensual más elevada y en estos momentos, las previsiones de evolución de tipos no apuntan a que en el medio plazo puedan resultar más interesantes”, explican desde Bankia, la entidad que, junto con CaixaBank, tiene actualmente la mejor oferta del mercado para este producto.
Los números hablan claro: un cliente con una hipoteca de 150.000 € a 30 años con un tipo de interés del 5,35% (entre los más baratos que podría conseguir en el tipo fijo) tendría una cuota mensual de 838 euros. El mismo cliente, si contratara la modalidad variable (a Euribor más 2%, también una oferta barata por como está ahora el mercado), pagaría una cuota de 599 euros al mes. La diferencia es de 239 euros, es decir, el 40% de la cuota.
Aún más importante es que “los escenarios de tipos tendrían que estresarse hasta que el euribor a 12 meses alcanzase el 2,78%, para que las cuotas se igualasen. Las previsiones a corto y medio plazo, para esta referencia, son 0,79%, 1,21% y 1,93%, a 1,2 y 3 años respectivamente”, según explica un experto. El IRS a 30 años (el nuevo índice hipotecario que refleja la evolución de los tipos de interés a cinco años y se calcula como una media del mercado de futuros sobre los tipos al citado plazo) apunta en la actualidad al 2,49%, lo que refuerza el argumento de que son más interesantes las hipotecas referenciadas.
Sin oferta comercial
Entre los principales bancos, muchos ni siquiera tienen una oferta comercial planteada para las hipotecas a tipo fijo. “Casi nadie las pide y no tenemos una oferta establecida. Si viene algún cliente preguntando ya se le hace una oferta personalizada”, es la explicación que se repite en muchos bancos.
Escenarios del euribor
El euribor a 12 meses tendría que llegar al 2,78% para que las cuotas de las hipotecas a tipo variable se igualasen a las del tipo fijo.
Ibercaja Banco, entre las pocas entidades que están dispuestas a ofrecer estos datos, ha comentado a Expansion.com que en 2012 apenas el 0,01% de todos sus préstamos hipotecarios fueron a tipo fijo. “Es un producto que existe, porque una entidad como Ibercaja tiene hipotecas a la medida de todos los clientes, pero en estos momentos no es un producto que se promocione, debido a la escasa demanda que se registra. Tiene un precio más elevado que la hipoteca de tipo variable, que se fija de acuerdo con la vinculación del cliente con nuestra entidad”, según explican fuentes de la excaja aragonesa. “Es algo muy residual que igual si lo pide un cliente se mira, pero no hay unas específicas propuestas comerciales ni nada de eso”, hacen eco desde Popular y explicaciones similares dan BMN o CatalunyaBanc.
En el caso de BBVA, el banco asegura que no tiene ni siquiera una horquilla de referencia para las hipotecas, ya sean a tipo fijo o variable, porque la oferta es personalizada en función del cliente y de la operación. La entidad que preside Francisco González explica que todas sus hipotecas “permiten la contratación de tipos fijos” y además, “en cualquier momento de la vida de nuestras hipotecas a tipo variable es posible contratar periodos a tipo fijo”.
Con todo, también BBVA coincide en que “actualmente el nivel de contratación de este tipo de hipotecas es reducido”, pero considera que sería deseable “que crezca, como mejor forma de garantizar la estabilidad del importe de las cuotas a pagar, al eliminar el riesgo de fluctuación de los tipos de interés tal como ocurre en otros países”.
CaixaBank y Bankia, las más baratas
Entre las entidades que sí tienen una oferta comercial establecida para las hipotecas a tipo fijo (aunque siempre variable en función del tipo de cliente que la pide y el riesgo que suponga el préstamo) las más baratas son las de CaixaBank y Bankia. El banco de La Caixa empezó desde hace ya meses a potenciar su oferta de este producto, hasta el punto que, en la actualidad, es la hipoteca estándar que ofrece al cliente que entre a preguntar en la sucursal. En la práctica, CaixaBank se está centrando en conceder hipotecas fijas hasta los 10 años de plazo y mixtas a un máximo de 25 años pero con los primeros 10 años con tipo fijo.
El precio que pide por estos préstamos varía en función del cliente, pero en operaciones normales se sitúa entre el 5% y el 6%. Vale la regla general: a más vinculación, menos precio. Incluso, el interés aplicado puede llegar a bajar hasta el 4%, pero sólo para los llamados “clientes de alto valor”, que en su mayoría se colocan en la esfera de los clientes de banca privada o personal. CaixaBank es de las pocas entidades que está apostando por el tipo fijo. Su objetivo es “ofrecer al cliente unos tipos de interés atractivos a largo plazo por la coyuntura actual del Euribor”, y “transmitir un mensaje de seguridad y tranquilidad a todos los clientes que contraten su hipoteca en las actuales circunstancias de incertidumbre”, según explican desde la entidad.
Bankia ofrece la Hipoteca Básica, con un plazo máximo de 30 años y precios en una horquilla de entre el 5,05% y el 6,20% “en función del perfil de cliente y su vinculación”, según explican desde el banco. A pesar de tener un precio tan competitivo, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri entiende que la preferencia del cliente sigue estando en el tipo variable. Y aconseja un tipo mixto, que dé estabilidad durante los primeros años de la hipoteca, evitando el encarecimiento de la cuota mensual en los momentos de mayor ajuste de la tasa de endeudamiento.
También Banco Ceiss, la entidad nacida de la fusión de Caja España y Caja Duero, tiene una oferta competitiva para el tipo fijo, que parte desde el 6,15% para los préstamos con un plazo máximo de diez años. El interés cobrado sube al 6,65% para un plazo de 15 años y al 7,15% para periodos más largos. Estos tipos, además, se pueden rebajar en hasta 0,65 puntos por la contratación de otros productos de la entidad. Aun así, Banco Ceiss reconoce que “la demanda es prácticamente nula y no creemos que la percepción del cliente de este tipo de productos cambie a corto plazo”.
Sabadell tiene la cuarta oferta más barata del mercado, con el 6,3%, y con un plazo de hasta 30 años, cuando, habitualmente, el periodo previsto para estas hipotecas llega a un máximo de 15 o 20 años. A pesar de esto, también Sabadell confirma que no detecta un aumento de la demanda. “Las ofertas a tipo fijo, en una situación como la actual en la que el euribor está en mínimos, no le resultan atractivas a la mayoría de clientes dado que las cuotas a pagar, aunque constantes y conocidas durante toda la vida del préstamo, son más elevadas que contratando un tipo variable”, explican fuentes de la entidad que dirige Josep Oliu.
NCG Banco es la única otra entidad, entre las consultadas, que ofrece un tipo fijo inferior al 7% y, concretamente, el 6,75%. El banco nacionalizado confirma la opinión dominante en el sector: “no hemos detectado un incremento de la demanda por parte de los clientes. Tampoco se está potenciando desde la entidad porque consideramos que, en este momento, el tipo es bastante elevado y tenemos otros productos hipotecarios más atractivos para el cliente”. No obstante, Evo Banco, la entidad que ha aglutinado el negocio de las excajas gallegas fuera de Galicia y Asturias, está preparando el lanzamiento de nuevas ofertas hipotecarias, en las que prevalecerá el tipo mixto, como adelantó a Expansion.com su director general, José Luis Abelleira.
La oferta más cara es la de Santander, que, de base, pide un interés del 7,95% para los préstamos para vivienda a tipo fijo, con un plazo máximo de 20 años. Eso sí, el banco explica que, tal y como ocurre por las hipotecas a tipo variable, en estos momentos el interés que se aplica puede variar muchísimo entre un cliente y otro, según su perfil, la vinculación y el riesgo.

ep / madrid 21/02/2013 – La noticia en ABC
La evaluación deberá estar lista en el mes de julio
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha sacado a concurso el contrato de valoración y verificación exhaustiva de todos los activos inmobiliarios que le han transferido los bancos nacionalizados, según informó la Asociación de Consultoras Inmobiliarias (ACI).
El contrato puede suponer uno de los mayores trabajos de este tipo que se hayan puesto en marcha en el país, dado que abarca alrededor de 145.000 activos, los ya traspasados al ‘banco malo’ por las entidades nacionalizadas (grupo uno) y los que serán transferidos la próxima semana por parte de las que ha recibido ayudas públicas (grupo dos).
En concreto, a través de este proceso, la Sareb seleccionará equipos de expertos que deberán estar liderados y coordinados por bufetes de abogados, y de los que también formarán parte técnicos informáticos, consultores inmobiliarios y auditores. Estos grupos de profesionales realizarán una profunda ‘due diligence’ de todos los activos, desde su valoración exacta hasta la verificación de su documentación y su situación legal.
El objetivo final de la entidad que preside Belén Romana es «disponer cuanto antes de toda la información necesaria de su cartera para estar en disposición de poder vender después los activos», según indican desde ACI. La Sareb pretende además realizar esta labor con premura.
De hecho, para un primer grupo de activos, integrado por unos 1.500 activos para los que la entidad pide un análisis más completo, esta evaluación deberá estar lista en unas doce semanas. Para el resto, se ha fijado como plazo el próximo mes de julio.

20.02.2013 Marta Juste. El artíclo en Expansión
El próximo 25 de febrero Sony pone a la venta su nuevo teléfono de gama alta, el Xperia Z. La compañía nipona se une a la competición entre smartphones de 5 pulgadas pero con algunas ventajas: la gran calidad de su pantalla y su alta resistencia incluso al agua.
El Xperia Z llega al mercado español con la intención de hacerse un hueco entre los smartphones de grandes prestaciones, y lo hace bien dotado. Su exterior mantiene formas muy rectas con una cubierta resistente gracias al vidrio templado con el que está elaborado y una película anti-roturas que cubre su parte delantera y trasera. Además, a pesar de su gran pantalla, destaca su ligereza, con 143 gramos de peso y tan solo 7,9 mm de grosor, poco más que el iPhone 5.
Todos sus puertos permanecen cubiertos salvo el botón de inicio y el volumen, que se convierten en los únicos botones físicos del terminal. Esta condición favorece la posibilidad de sumergir el teléfono, pero puede resultar un poco incómodo por ejemplo en el uso habitual de los auriculares.
Uno de los puntos fuertes del teléfono es su pantalla. Se puede sacar buen provecho de sus 5 pulgadas gracias a la tecnología Mobile BRAVIA Engine 2, donde se nota la experiencia de Sony en el mundo de las televisiones. La nitidez y el brillo son remarcables en un teléfono ideado para la visualización de contenidos en alta calidad con una resolución de pantalla de 1980 x 1080 y una densidad de 443 píxeles por pulgada, por encima de terminales como el iPhone 5, la nueva Blackberry 10 o el Lumia 920.
La potencia del Xperia Z se completa con un procesador de cuatro núcleos de 1.5 GHz Snapdragon con una memoria de 2GB de RAM. Además, cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con disparo rápido y con Exmor RS para móviles, HDR vídeo, reductor de sonido ambiente para capturar imágenes nítidas y vídeos en cualquier condición.
Es de extrañar que un teléfono de gama alta posea tanta resistencia, pero Sony lo ha conseguido. A pesar de su cuerpo delgado es inmune al polvo y puede sumergirse durante 30 minutos. De hecho, es posible seguir grabando vídeo o visualizando contenidos debajo del agua.
En cuanto a sus deficiencias se encuentra el sistema operativo, pues Sony ha dotado al Xperia Z de Android 4.1.2, en vez del actual 4.2, aunque está prevista la actualización. Para compensar, las aplicaciones propias de Sony son destacables. Pre- instaladas, el nuevo Xperia cuenta con «WALKMAN», «Album» y «Movies». La aplicación «WALKMAN» proporciona acceso a toda la música descargada de Music Unlimited y de Facebook mediante la integración en redes sociales del smartphone. La aplicación «Movies» ofrece a los consumidores acceso a Video Unlimited, mientras que la aplicación «́lbum» permite un acceso a las fotos de los amigos de Facebook , además de las fotos geolocalizadas.
El Sony Xperia Z saldrá a la venta el lunes 25 de febrero en las tiendas Sony Store de Madrid y Barcelona por un precio de 699 euros.

El paro se mantendrá en el 26,6%
22/02/2013 La noticia en diarioabierto.es
La economía española caerá este año más de lo previsto, según las estimaciones de Bruselas, que retrasa el comienzo de la recuperación al segundo trimestre de 2014.
La Comisión Europea prevé que España decrezca este año un 1,4% (frente al 0,5% que calcula el Gobierno) y que la tasa de paro siga aumentando hasta el 27% de la población activa. La economía española seguirá en territorio negativo durante todo 2013 y el retorno al crecimiento se retrasa al segundo trimestre de 2014.
En el conjunto del año que viene, el crecimiento será de sólo el 0,8% y el nivel de paro se mantendrá en el 26,6%, según las previsiones económicas de otoño publicadas este viernes.
Bruselas sitúa en el 10,2% el déficit público de España el año pasado, frente al 6,3% pactado con la UE. No obstante, la cifra final que se tendrá en cuenta será el 7%, ya que el resto (3,2 puntos del PIB) corresponde a las ayudas a la banca. España seguirá incumpliendo sus compromisos de déficit este año -ya que llegará al 6,7%, en lugar del 4,5% previsto- y en 2014 -cuando alcanzará el 7,2%, en lugar del 2,8%-.
La consolidación fiscal en 2012 se vio perjudicada por los “considerables déficits” en ingresos tanto de los impuestos directos como indirectos. Ello se debe, según la Comisión, a la caída del consumo y de las transacciones de vivienda, al descenso del empleo y los ingresos laborales y a la evolución negativa de los precios de los activos.
No obstante, las medidas adicionales del Gobierno, como la subida del IVA, ayudaron a compensar estos déficits y los ingresos finales están en línea con los planes.
Este año, el crecimiento de los ingresos del IVA -al aplicarse durante todo el año la subida de tipos aprobada en julio del año pasado- y el incremento del control de costes compensarán el aumento de gastos debido a las prestaciones sociales y los intereses de la deuda. Pero en 2014 el déficit volverá a deteriorarse por la expiración del aumento del IRPF aprobado en 2012, avisa Bruselas.
Los grandes déficits públicos, la contracción económica y los costes de la recapitalización de la banca harán que la deuda se dispare desde el 88% del PIB en 2012, al 95,8% este año y el 101% en 2014.
Tras la intensificación de la contracción durante el último trimestre de 2012, la caída del PIB se irá moderando a lo largo de 2013. Bruselas prevé para el primer trimestre de este año un retroceso del 1,8%, mientras que en los siguientes la caída será del 1,7%, del 1,4% y del 0,7%, respectivamente. En el primer trimestre del año que viene, la economía española estará estancada (0%) y sólo empezará a crecer entre abril y junio de 2014 (0,6%).
El consumo privado seguirá contrayéndose debido al aumento del paro y el desendeudamiento de los hogares, aunque la reducción de la renta disponible de los hogares tenderá a suavizarse a lo largo del año. En todo caso, la tasa de ahorro se mantendrá baja y proseguirá el ajuste en el sector de la construcción, con un inicio de nuevas viviendas en niveles históricamente bajos y todavía reduciéndose.
Las exportaciones serán la única fuente de crecimiento. Pese a la debilidad económica de la eurozona, el principal destino de los productos españoles, las exportaciones han mostrado una fuerte resistencia. Ello se debe, según Bruselas, a la mejora de la competitividad en materia de precios y al aumento de las exportaciones a economías emergentes.
Además, las importaciones siguen reduciéndose por la debilidad de la demanda interna. Como resultado, España ha reducido su déficit exterior y registrará un superávit por cuenta corriente en 2013.
La destrucción de empleo se aceleró durante el último trimestre de 2012, hasta situar la tasa en un nivel récord por encima del 26%. Bruselas prevé que este año la reforma laboral tenga “un efecto más visible” y permita “un ajuste más equilibrado entre salarios y empleo, que podría reducir el ritmo de destrucción de empleos”. “Ya hay signos de que los salarios se están haciendo más sensibles a la situación económica, con una clara moderación del crecimiento salarial en 2012. Esta moderación salarial se produce en paralelo a incrementos significativos en la productividad laboral. Como resultado, la competitividad de España en materia de precios está mejorando, un factor necesario para que continúen aumentando las exportaciones”, señala la Comisión.
En cuanto a la inflación, Bruselas prevé que disminuya desde el 2,4% de media en 2012 hasta el 1,7% este año y el 1% en 2014.

R. Gutiérrez / F. Tadeo 20/02/2013 El artículo en El Economista
El concurso de acreedores presentado por Reyal Urbis se ha convertido en el primer agujero para la Sareb o banco malo, nacida hace apenas dos meses. Y es que los créditos concedidos a la inmobiliaria en el pasado por varias entidades financieras nacionalizadas, como Bankia (460 millones) y Novacaixagalicia Banco (210 millones), y que ahora han sido transferidos a la empresa pública, se han quedado en el aire y su cobro, al quebrar la inmobiliaria, se antoja difícil. Las joyas de Reyal Urbis: centros comerciales, hoteles y complejos de oficinas.
La Sareb se ha hecho con una deuda de Reyal que asciende a 707 millones de euros. No obstante, parte de las pérdidas han sido asumidas por las entidades cedentes nacionalizadas por las quitas aplicadas en la compra, que rondan el 50 por ciento sobre el nominal. Es decir, que el valor anotado en los libros del banco malo es de unos 350 millones de euros.
Reclamo de la deuda
Fuentes de la Sareb han confirmado a elEconomista que reclamarán al juez encargado del concurso de acreedores el cobro de toda la cantidad prestada a Reyal Urbis, con lo que en un futuro podría recaudar plusvalías. De momento los directivos del banco malo están atentos a los acontecimientos y, por ahora, no se plantean realizar dotaciones para cubrir posibles pérdidas. El resto de entidades y acreedores que concedieron préstamos a la inmobiliaria también solicitarán la devolución de toda la deuda.
La Sareb no es la única sociedad pública que tenía presencia en Reyal Urbis. La empresa adeuda además unos 400 millones de euros a la Agencia Tributaria y otros 215 millones al Instituto de Crédito Oficial (ICO). En total, la deuda al estado superaría los 1.300 millones de euros.
Por su parte, varias de las entidades acreedoras consultadas por este diario confirman que el impacto del concurso de la inmobiliaria en sus cuentas será prácticamente nulo al haber hecho las provisiones correspondientes con antelación.
Ese es el caso de Banco Popular, a quien la inmobiliaria adeuda 219 millones. «En 2012 provisionamos todos los activos problemáticos» con el fin de anticiparnos a, dicen fuentes de la entidad.

Son tantos los datos obtenidos, que los asaltantes chinos tienen dificultad para procesarlos, según ‘The Washington Post’
EE UU y China, ante la primera ciberguerra fría
Estados Unidos pasa a la ofensiva para frenar los ciberataques
Antonio Caño Washington 21 febrero 2013 – La noticia en El País
Casi todas las instituciones basadas en Washington, desde organismos del Gobierno a centros de estudio o embajadas extranjeras, han sido penetradas en los últimos años por piratas de Internet contratados por China, según ha concluido el diario The Washington Post, uno de los blancos de esos ataques, tras consultar a diversas agencias de seguridad en el ciberespacio.
La amplitud de esta nueva guerra, que el Gobierno chino niega pero cuya existencia ha sido corroborada esta semana por investigaciones públicas y privadas, parece hacer realidad el peligro anticipado hace pocos meses por el propio secretario de Defensa norteamericano, Leon Panetta, sobre lo que llamó “un ciber Pearl Harbor”, en alusión al ataque japonés de 1941 que destruyó la flota de Estados Unidos en el Pacífico y provocó la entrada de este país en la Segunda Guerra Mundial.
Las empresas privadas se ven impotentes para proteger sus actividades, y el Gobierno ha empezado muy recientemente a dotarse de mecanismos adecuados de defensa
Según la información elaborada por The Washington Post, son tantos los datos obtenidos por los asaltantes chinos en este tiempo que actualmente tienen dificultades para su organización y procesamiento. “Puede decirse que ya no existe un red segura de información clasificada como secreto”, afirma en el citado periódico James Lewis, un experto del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales.
El miércoles, la Casa Blanca anunció un nuevo plan para actuar de forma más agresiva contra el robo de secretos comerciales en Internet, que ha provocado, según datos oficiales, una pérdida para la economía norteamericana de más de 300.000 millones de dólares. Pero ese esfuerzo se antoja muy leve en comparación con la dimensión que este asunto parece habar alcanzado.
Las empresas privadas se ven impotentes para proteger sus actividades, y el Gobierno ha empezado muy recientemente a dotarse de mecanismos adecuados de defensa. En algunos casos, los ataques no consiguen su propósito porque son detectados rápidamente, pero igualmente obligan a las empresas a gastos adicionales y las distraen de su actividad esencial.
Hasta ahora, la mayoría de las compañías atacadas optaban por no revelar esas incursiones, por miedo, tanto a perder credibilidad entre sus clientes y accionistas, como a dar pistas a los piratas. Los técnicos son conscientes de que, en cuanto los hackers saben que su actividad ha sido detectada, desarrollan nuevas vías de penetración.
Hasta ahora, la mayoría de las compañías atacadas optaban por no revelar esas incursiones, por miedo, tanto a perder credibilidad entre sus clientes y accionistas, como a dar pistas a los piratas
Eso ha hecho que, hasta ahora, cada firma atacada intente defenderse por su cuenta y de la manera más discreta posible. Esto empezó a cambiar recientemente, cuando Google denunció las incursiones chinas en sus productos y cuando The New York Times, que ha revelado casos de corrupción de autoridades chinas, confesó que sus sistemas de Internet habían sido atacados por ese país. Inmediatamente después, tanto The Wall Street Journal como The Washington Post admitieron que ellos también había sido objeto de ataques. En el caso del Post, desde 2009.
El conocimiento de tan masivo desafío cibernético ha incrementado considerablemente la presión sobre Gobierno para que actúe. El plan anunciado esta semana pretende, precisamente, coordinar esfuerzos públicos y privados para defender a EE UU de esta amenaza. Pero, seguramente, va a ser necesario mucho más.
El presidente del comité de Asuntos de Espionaje de la Cámara de Representantes, Mike Rogers, que esta semana ha insistido en destacar la gravedad de la situación, considera que “es crucial que el Gobierno abra negociaciones bilaterales para asegurarse que China entiende que el espionaje económico tiene consecuencias”.
La Administración insiste en que ha planteado el asunto en cada reunión con dirigentes chinos en los últimos años, aunque no ha obtenido todavía la respuesta adecuada. Para China no va a ser fácil satisfacer a Washington en este terreno. Admitir el patrocinio oficial a los ciberataques sería tanto como declararse un estado que viola la ley. EE UU tampoco ha admitido nunca su participación en la ciberguerra conocida con Irán. Abandonar por completo esa actividad significaría, por otra parte, renunciar a un instrumento que ha sido hasta ahora importante para su desarrollo económico.

Bruno Pérez, 18/02/13 – El artículo en lainformacion.com
Rescata una norma de 1992 para poder restar del sueldo de los empleados públicos el tiempo perdido por ausencias sin justificar.
Los funcionarios ficharán cada vez que entren o salgan del centro de trabajo y sólo se les autorizará a ausentarse por «deberes inexcusables».
Los funcionarios españoles empezaron a sospechar que sus condiciones de trabajo iban a cambiar el pasado mes de abril, cuando el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ilustró su intención de modificar la jornada laboral de los funcionarios diciendo que eso de tomar el cafelito y leer el periódico durante la jornada laboral se iba a acabar.
Sin embargo, es posible que ni siquiera imaginaran hasta qué punto iba a ser así.
lainformacion.com ha tenido acceso a la resolución de Hacienda que detalla la forma en que los centros de trabajo de la Administración del Estado deberán aplicar las nuevas condiciones de jornada y horario de los empleados públicos.
Se trata de un centenar de instrucciones que revela un formidable sistema de controles y supervisión sobre los empleados públicos, que desemboca en recortes sobre el salario de aquellos funcionarios que acumulen ausencias sin justificar del trabajo, por puntuales que éstas sean.
Hacienda insta a los jefes de departamento a hacer uso de una olvidada disposición legal de la Ley de Presupuestos de 1992 que les permite disminuir el salario de los funcionarios en la parte de su jornada de 37,5 horas semanales que no hayan realizado sin causa justificada, «sin perjuicio de la medidas disciplinarias que pudieran adoptarse».
La resolución exige un control estricto de todas las ausencias registradas en cada departamento, que deberán estar oportunamente justificadas.
De hecho, el departamento que dirige Cristóbal Montoro insta a todos los jefes de departamento a no autorizar ninguna ausencia para asuntos que puedan realizarse fuera del horario de trabajo, sino sólo las que correspondan «al cumplimiento de un deber inexcusable».
Si el responsable de un departamento entendiera que la falta puntual de un trabajador no respondiera a ese principio, aunque esté debidamente justificada, deberá exigirle la recuperación del tiempo perdido en el transcurso de las dos semanas siguientes a la ausencia del trabajador.
Si ese tiempo no se recuperara, se activaría el siguiente nivel y se tendría que detraer la parte del salario del trabajador correspondiente a la parte de la jornada no realizada.
El control sobre el cumplimiento de la jornada no se quedará aquí. Los órganos de inspección de cada departamento deberán remitir mensualmente un informe de las ausencias no justificadas registradas y de las medidas de penalización salarial adoptadas como consecuencia de éstas.
Sistema de control horario
La otra gran novedad es la obligación de implantar un sistema de control horario en cada centro de trabajo que garantice el cumplimiento de la jornada y el control estricto del absentismo.
En virtud de éste, los funcionarios tendrán la obligación de fichar cada vez que entren y salgan de su centro de trabajo.
Las ausencias, las faltas de puntualidad y la mayor o menor permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, «cualquiera que sea su causa», quedarán registradas en el sistema y exigirán una acreditación justificativa ante el responsable del departamento.
¿Qué un funcionario tiene cita con el médico? En principio el tiempo empleado en la misma se considerará como trabajo efectivo y no dará lugar a ningún tipo de actuación, pero para ello se deberá acreditar: 1) que el tiempo de ausencia responde a la naturaleza de la consulta; y 2) la asistencia efectiva al médico, así como la hora de la cita.
Las ausencias al trabajo por un malestar físico puntual que no da lugar a baja médica (más de tres días) o por un accidente se someterá a la normativa vigente, que prevé la deducción del 50% del salario de la jornada a partir del quinto día que se falte por una causa similar, y se deberán justificar «de manera inmediata».
Si la ausencia responde a un caso de incapacidad temporal, riesgo por embarazo o riesgo durante la lactancia, el empleado tendrá cuatro días para remitir al órgano de personal el parte médico correspondiente.
Los sucesivos partes médicos de confirmación de la baja o informes médicos de ratificación deberán remitirse como máximo en tres días.
La reincorporación tras el alta deberá ser inmediata, al día siguiente de su expedición, y conllevará la aportación del informe médico correspondiente.
Si en cualquier de estos casos se incumplieran los plazos previstos, la ausencia se considerará injustificada, procederá la compensación inmediata del tiempo perdido en las dos semanas siguientes y, de lo contrario, se traducirá en la pérdida del salario correspondiente al tiempo perdido.

20.02.2013 La noticia en Expansion.com
El Ministerio de Justicia ha anunciado que rebajará hasta un 80% las tasas variables aplicadas a los pleitos, eliminará las tarifas en casos de desahucios de viviendas habituales y en la ejecución de laudos arbitrales de consumo, y reducirá las tarifas en procesos por multas de tráfico.
Soledad Becerril, la Defensora del Pueblo, ha comunicado que el Ministerio de Justicia le ha informado de una «inminente» reforma legal que incluye la reducción de las tasas judiciales hasta en un 80% sobre el interés económico del pleito. En algunos casos, incluso se eliminarán completamente, como ocurre con los laudos arbitrales de consumo.
Esta decisión se produce tras las quejas planteadas tanto por la Defensora del Pueblo como por diferentes organismos del sector jurídico, que han mostrado su disconformidad con la aplicación de las tasas judiciales, que entraron en vigor en diciembre del año pasado.
Según la oficina que dirige Becerril, éstas serían las reformas inmediatas anunciadas por la cartera de Alberto Ruiz-Gallardón.
1) Reducir en un 80 % las tasas variables de las personas físicas en primera instancia en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo (están exentos los órdenes penal y social). Pasarán del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
2) Reducir en un 80 % las tasas variables de las personas físicas en los recursos en los procesos civiles, contencioso-administrativo y social. Pasarán del 0,50 % del valor del litigio con el límite de 10.000 euros, al 0,10 % del valor del litigio, con el límite de 2.000 euros.
3) Eliminar por completo las tasas para un mayor número de personas, adelantando los efectos del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, publicado el pasado mes de enero. Se elevan los umbrales de renta para ser beneficiario de la exención de tasas, que también se aplica a víctimas de violencia de género, de terrorismo, de trata de seres humanos, de accidentes de tráfico y menores o discapacitados víctimas de abuso o maltrato.
4) Eliminar por completo la posibilidad de que el ejecutado hipotecario, o su avalista, de una vivienda habitual pague las tasas abonadas por el banco ejecutante en virtud de una condena en costas.
5) Eliminar por completo las tasas en la ejecución de laudos arbitrales de consumo.
6) En los procesos contenciosos relativos a multas y otras sanciones administrativas, además de producirse la reducción del 80% de las tasas variables antes indicada, se establece como límite de la tasa el 50% de la cuantía de las multas.
7) Devolver a los nuevos beneficiarios de justicia gratuita las tasas pagadas desde el pasado 17 de diciembre hasta la inminente entrada en vigor de la reforma legal anunciada.
A pesar de este anuncio del Ministerio de Justicia, muchos colectivos ya han mostrado su descontento, ya que la bajada de tasas sólo se aplicará al interés económico del pleito, lo que significa una reducción de menos del 30% en los procesos de escasa cuantía, por debajo de 40.000 euros, y una rebaja nula en los casos en los que no se pleitee por una suma económica.

Las causas son debidas en primer lugar a la tardía implantación de su programa informático, cuyas licencias temporales y gastos de instalación se sufragaron a costa del bolsillo de todos los Registradores, sin salir a concurso público, para ganar tiempo en teoría. A la postre el programa se habría podido desarrollar por el SSI del Colegio en igual plazo y menor coste. A ello se unión una inical descoordinación de las Administraciones implicadas. Aparte de problemas generalizados por la incompatibilidad de la aplicación de nacionalidad con las utilizadas por la mayoría de los Registros de España, el programa Experior (lo que provocó no pocos disgustos). Este retraso nos supone ahora pagar unas cifras muy altas por la prórroga del alquiler de licencias que no debería haberse asumido en compensación por el retraso inicial en que nos fueron entregadas.

En segundo lugar se ralentizó también la configuración in situ de los equipos de las oficinas y la formación teórica y práctica necesaria. Ésta se hizo en gran parte, a salvo contadas y honrosas excepciones, como la Comunidad Valenciana, con cursos a través de la red, de forma poco eficaz, con manuales que han llegado a mutar cinco veces en dos meses e incluso con soluciones contradictorias. También ha habido problemas por denegaciones de acceso al sistema al no advertir del cambio de claves a los usuarios.

En tercer lugar, el programa adquirido es de dudosa calidad. Complejo y lento no sólo para el establecimiento de contacto inicial diario con la «nube» sino también para las respuestas a las órdenes del operador debido a la insuficiencia del ancho de banda para tener conectadas de forma operativa todas las terminales. Son constantes los «cuelgues» del sistema y las denegaciones de acceso. La rectificación de decisiones es compleja y a veces imposible.

En cuarto lugar porque el soporte técnico y jurídico es lejano y poco operativo. No ha habido forma de entablar contacto con un Registrador responsable del programa. De un inicio a través de contacto telefónico se pasó a imponer exclusivamente las consultas por correo electrónico. Y en cuanto a las incidencias con expedientes en algunos casos pueden pasar meses sin solucionarlas, como por ejemplo cuando se ha pedido el rescate de peticiones con documentación mezclada de distintas personas de diferentes países, o respecto de los que ya no cabía operación alguna a realizar por haber sido ya despachados.

Es curioso que para paliar todo esto hayan acudido a un algoritmo mutante que ha servido para inundar de expedientes algunos Registros por encima del plazo de cadencia considerado razonable. Hay quien ha recibido de golpe en una semana los mismos expedientes que le habían sido remitidos en todo el mes anterior.

Conviene recordar que esta encomienda significa unas cuantas horas de trabajo al día, a varias personas en cada oficina, y en la casi totalidad de los más de mil Registros de España. Tarea que realizamos sin percibir ninguna compensación, ni los Registradores ni sus Oficiales y Auxiliares.

Pese a todo seguimos trabajando. La Plana Mayor puede fallar; la fiel infantería nunca.

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20.02.2013 B. Amigot/M. G. Mayo/J. Díaz La noticia en Expansión
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que los avances logrados no son suficientes aunque han contribuido a reducir el déficit público por debajo del 7% del PIB en 2012. Aun así, Rajoy ha dicho que el Gobierno seguirá trabajando sin relajarse y ha presentado un nuevo paquete de medidas.
El presidente del Gobierno ha anunciado «una segunda generación de reformas que sean útiles para crecer y crear empleo».
Medidas para aliviar las cargas de pymes y autónomos
En este sentido, ha comunicado que «a partir de enero de 2014 entrará en vigor un régimen especial de IVA para que los autónomos y pymes que ingresen menos de dos millones de euros no tengan que pagar el impuesto hasta que no cobren efectivamente la factura. Esta era una de las reclamaciones de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Según el Gobierno, esta medida beneficiará a casi 1.300.000 autónomos y a más de un millón de pymes.
Por otra parte, las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros podrán deducirse hasta un 10% en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades de los beneficios obtenidos en el período impositivo que se reinviertan en la actividad económica.
Además, se va a permitir que las deducciones por I+D+i que no hayan podido aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema único en España de devoluciones.
Será el único incentivo fiscal del impuesto que no esté condicionado a la existencia de cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero vinculado a la creación o el mantenimiento de empleo.
Otra de las medidas de estímulo busca que aportar una tributación reducida en las sociedades de nueva creación y autónomos durante los dos primeros ejercicios de actividad. Así, las sociedades de nueva creación tributarán a un tipo reducido del 15% durante los dos primeros ejercicios en que se obtengan resultados positivos.
Los autónomos que inicien actividades económicas podrán aplicar una reducción del 20% en los rendimientos netos que obtengan durante los dos primeros ejercicios en que se obtengan resultados positivos.
Además, Rajoy ha dicho que el objetivo es reducir los costes de la intermediación financiera para las pymes. Para ello, se quieren «movilizar 45.000 milones de euros a través de distintas iniciativas», ha comentado.
Por otro lado, para paliar la morosidad de las Administraciones Públicas, se va a ampliar el plan de proveedores para facturas anteriores a 2012. Rajoy ha explicad que se trata de un plan de 2.700 millones de euros.
Incentivos para el empleo juvenil
Rajoy ha avanzado que la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 incluirá bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empresas cuando contraten a menores de 30 años, hasta que la tasa de paro no baje del 15%, desde el 26% actual.
Además, ha concretado que se bonificarán los contratos a tiempo parcial con vinculación a la formación, en un 75% en empresas de más de 250 trabajadores y en un 100% para el resto.
Se creará también un contrato de primer empleo de carácter temporal que contará con incentivos cuando se convierta en un contrato indefinido y se incentivará también los contratos en prácticas para el primer empleo.
Otras de las medidas que incluirá el plan serán una tarifa plana en las cuotas a la Seguridad Social de 50 euros durante seis meses para emprendedores menores de 30 años, y que estos puedan compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de la actividad por cuenta propia.
Por el lado de la formación, Rajoy ha señalado que la estrategia facilitará que los jóvenes desempleados puedan obtener el título de educación secundaria obligatoria.
Por otro lado, el presidente del Gobierno ha apuntado que se permitirá a las empresas de trabajo temporal formalizar contratos para la formación y aprendizaje.
El déficit por debajo del 7% en 2012
«Las decisiones tuvieron que ser duras por necesidad», ha declarado el presidente antes de hacer un repaso a las medidas adoptadas para reducir «un déficit público insostenible».
En este sentido, Rajoy ha anunciado que el déficit público de 2012 se ha situado por debajo del 7%. El presidente ha explicado que el déficit se ha ajustado unos 21.000 millones de euros, casi a partes iguales entre aumento de ingresos y reducción de gastos.
Concretamente, el déficit estructural primario se ha reducido 3,5 puntos porcentuales del PIB, que «es un ajuste sin precedentes», ha dicho.
Más penas frente a la corrupción
El presidente del Gobierno ha propuesto también hoy hacer una auditoría de la situación patrimonial de todos los cargos públicos al final de su mandato y ha anunciado que incrementará las penas por corrupción y el plazo de prescripción de este tipo de delitos.
Además, Rajoy ha reclamado hoy «un amplio acuerdo» contra la corrupción extendiendo la ley de transparencia a partidos, sindicatos y patronal, y con una «ley orgánica de control de la actividad económica financiera de los partidos».
Los avances no son suficientes, no hay brotes verdes
«El clima de opinión de nuestra economía mejora en los mercados internacionales pero no es suficiente. Por lo tanto, nada de brotes verdes», ha dicho Rajoy.
Rajoy ha explicado que el país atraviesa todavía momentos complicados y, por ello, no habrá «ni un sólo minuto de relajación y sosiego, sino tensión permanente porque esto no ha hecho nada más que empezar», ha añadido.
«No hemos llegado al final del viaje pero pasado una etapa trascendental», ha asegura el presidente. «Hemos evitado el naufragio y al mismo tiempo hemos puesto en marcha las reformas que necesitaba España», ha dicho.
Esta tarea «no ha sido fácil y no todo el mundo la ha entendido», ha explicado. Pero «nadie piensa hoy que España logrará salir adelante», ha sentenciado Rajoy entre aplausos de la bancada ‘popular’.
Reforma del sistema financiero
La reforma del sector financiero «ha tardado mucho tiempo en hacerse, demasiado», ha asegurado. «Se inició en 2008, pero los pasos fueron erráticos e ineficaces. Esa demora y titubeos le han costado al erario español más de 20.000 millones en pérdidas», ha sentenciado.
Además, Rajoy ha destacado la inapreciable ayuda de la UE, el FMI y el BCE en la reorganización del sector financiero.
«Para quienes ven en la UE una especie de madrastra que nos impone recortes, hay que recordar que nos ha prestado 40.000 millones de euros para sanear el sistema. Sin esas aportaciones no hubiéramos sentado las bases de un sistema financiero sano, estable y confiable», ha explicado.
Rajoy también ha subrayado que la normalización del sistema financiero es esencial para estabilizar el sector de la vivienda en España.
El presidente también ha repasado la reforma laboral, los cambios en el sector energético, la ley de unidad de mercado, así como la reforma de la Administración local

Debate sobre el estado de la Nación
Aboga por hablar del drama del desahucio, pero también por proteger al deudor
Reconoce que es ‘un tema difícil, complicado’ y que ya se han tomado medidas
Rubalcaba: Tiene ante sí una oportunidad de elaborar una nueva Ley Hipotecaria
Agencias | Madrid 20/02/2013 La noticia en El Mundo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido al jefe del principal partido de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que su propuesta de generalizar la dación en pago podría dañar en el futuro el acceso de las familias a las hipotecas.
Igualmente, ha advertido Rajoy, pasaría con la suspensión de las ejecuciones hipotecarias. Por ello, el presidente del Ejecutivo ha abogado por hablar del drama de los desahucios, pero teniendo en cuenta que es necesario también proteger al deudor hipotecario.
En su turno de réplica a Rubalcaba en el Debate del estado de la Nación, Rajoy ha destacado que es «un tema difícil, complicado», en el que el Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo con el PSOE, al que reprochó de que «jamás» ha hecho «nada» en esta materia y ahora parte de una «posición de máximos».
Rajoy, sin embargo, se ha mostrado dispuesto a volver a hablar con el PSOE sobre los desahucios, aunque ha advertido que algunas medidas como la dación en pago podrían dañar «sin remedio» la garantía hipotecaria e impedir el acceso futuro a los préstamos.
‘Podemos hablar, pero con sentido común y sin demagogias’
«Podemos hablar, pero con sentido común y sin demagogias», ha señalado Rajoy durante en Debate sobre el estado de la Nación en el Congreso, después de que el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, criticara al presidente por no tratar el tema de los desahucios en su discurso.
«Un día tras otro (los desahucios) golpean nuestras conciencias», ha recordado Rubalcaba a Rajoy, a quien ha pedido que, tras la falta de acuerdo en las últimas medidas, no desperdicie la oportunidad de elaborar una nueva Ley Hipotecaria que contemple una moratoria para que no haya desahucios mientras se desarrolla el texto.
Además, el jefe del Ejecutivo ha reprochado, en este punto, a Rubalcaba su «historia» en el Gobierno, puesto que las ejecuciones hipotecarias se empezaron a disparar en el año 2007 y que el Partido Socialista, que estaba en La Moncloa, no aprobó ninguna medida.
Críticas al PSOE: ‘Ahora dan lecciones a los que sí toman decisiones y medidas’
«Ahora dan lecciones a los que sí toman decisiones y medidas», ha denunciado Rajoy, tras recordar que su Gobierno aprobó primero un decreto ley con medidas urgentes para proteger a los sin recursos, que después dio luz verde a otro decreto para reforzar esa protección y que ahora va a introducir enmiendas en el trámite parlamentario para elevar más los umbrales de protección.
El líder de la oposición, por su parte, ha reivindicado su «derecho a rectificar como partido», y ha confesado que cada vez que hay un desahucio piensa: «Â¡Maldita sea! ¿Por qué no arreglamos aquello?». Además, ha recordado que hace unos meses socialistas y ‘populares’ trataron «de buena fe» de llegar a un acuerdo para solucionar este problema, pero no se consiguió un consenso porque el PSOE reclamaba un cambio en la Ley Hipotecaria para dar una solución «de fondo» y que las familias no se queden en la calle.
«Ustedes decían que era imposible modificar la ley y ahora han tenido que decir que sí a una ILP. Si nos hubieran hecho caso hace mes y medio hubiéramos evitado algunas desgracias que han pasado», ha añadido.

Fernando P. Méndez González- 13/02/2013 El artículo en El Economista
La hipoteca no es una garantía para que el acreedor pueda cobrar, en caso de impago, solamente con cargo al bien hipotecado -salvo que así se pacte-, sino una garantía que concede a un acreedor un derecho preferente de cobro sobre los demás acreedores con cargo al bien hipotecado, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal del deudor.
De modo que si en caso de impago la ejecución hipotecaria no cubriese toda la deuda, para cobrar el resto, el acreedor deberá embargar otros bienes del deudor, en concurrencia, en su caso, con los demás acreedores y con la prelación que corresponda a su crédito, ya sin garantía hipotecaria. Si a ello se añade la durabilidad de los inmuebles, los préstamos o créditos con esa garantía pueden tener un plazo de amortización mayor y un tipo de interés menor, lo que hace que el crédito sea accesible a un mayor número.
Para ello es necesario que, en caso de impago, el sistema procesal garantice la realización de la garantía en el menor tiempo posible -pero sin vulnerar los derechos del deudor- y facilite la obtención del precio más alto posible, en beneficio de acreedor y de deudor.
Para conseguir el primer objetivo, la ley procesal regula un procedimiento especial de ejecución hipotecaria, en caso de impago, en el que el deudor sólo puede oponer dos excepciones: error o falsedad. Esta limitación de las causas de oposición es posible porque la constitución de la hipoteca exige la intervención de notario, a fin de que, entre otros extremos, no haya duda de los términos del contrato y de que no ha habido vicios de la voluntad en la celebración del mismo, así como la inscripción en el registro de la propiedad, lo que, entre otros extremos, garantiza la existencia de la hipoteca, su rango y la no admisión de cláusulas ilegales, lo que a su vez impide la ejecución alegando ese tipo de cláusulas. Para conseguir el segundo objetivo, se organiza un sistema de enajenación mediante subastas.
En la medida en la que todo ello funcione correctamente, y la garantía sea efectiva, el crédito será más accesible a un mayor número; y en la medida en la que se dificulte la realización de la garantía, ésta verá disminuida su utilidad y, en consecuencia, los tipos de interés serán más elevados, los plazos de amortización menores y, finalmente, el crédito menos accesible.
Sobre la fiebre de liquidez
Nos encontramos con que, como consecuencia de los años de fiebre de liquidez, hubo una alegría excesiva en la concesión de créditos por parte de las entidades financieras, especialmente de las cajas de ahorros -dirigidas por políticos y representantes sindicales, salvo algún caso excepcional-, las cuales llegaron a acaparar el 62% del mercado, y, correlativamente, una excesiva alegría en endeudarse por parte de todos.
La crisis subsiguiente está teniendo como consecuencia que, primero, muchos ciudadanos deseen no haberse endeudado nunca porque el inmueble adquirido vale, por el momento, menos que la deuda que garantiza y, en consecuencia, desean poder liberarse de la deuda sin consentimiento del acreedor.
Segundo, el importe de la cuota de amortización es excesivamente gravoso o imposible de pagar para determinados deudores, como consecuencia de las circunstancias sobrevenidas, y a pesar de que tomaron una decisión que conforme a la información disponible podía calificarse, en aquel momento, de prudente.
Consecuencias de una dación en pago
Ambos colectivos, frecuentemente integrados por las mismas personas, presionan al Gobierno para que les permita liberarse de su deuda mediante la entrega del bien hipotecado. Si el Gobierno lo permitiera, las consecuencias serían desastrosas para el sistema financiero- y, en última instancia, para los contribuyentes, pues no olvidemos que los depósitos están garantizados hasta 100.000 euros por el Estado-, y, por tanto, para la disponibilidad de crédito, así como para su accesibilidad.
En la medida en la que el Gobierno ceda a presiones populistas, el crédito se encarecerá. Inversamente, los desequilibrios procesales existentes en favor de los acreedores -verbigracia, intereses de demora- quedan cada vez más en evidencia y deben ser corregidos, pues sirven como argumento -justificado- para las pretensiones de los citados colectivos de deudores, las cuales, sin embargo, no son admisibles desde la perspectiva del interés de la mayoría.
El Gobierno debe aprovechar la oportunidad para mejorar la eficiencia del sistema procesal, implementando instrumentos que, sin romper los equilibrios, sean beneficiosos para acreedores y deudores y no para los unos a costa de los otros, ni viceversa. En este sentido, una adecuada regulación de la anticresis, una figura apenas usada, regulada en el Código Civil, podría rendir grandes beneficios, si contara con el beneplácito del Banco de España y, en mi opinión , hay razones de peso para justificar una decisión en este sentido, como atestigua el rancio abolengo de la figura. Si así fuera, podrían articularse pactos anticréticos, de naturaleza amortizatoria y de duración limitada, que permitieran al acreedor hipotecario constituirse en administrador del bien hipotecado durante el tiempo que se pactase, en lugar de adjudicárselo, provisionar por el impago y la adjudicación, para tener que acabar vendiéndolo o, en el mejor de los casos, arrendándolo por una cantidad inferior a la cuota de la hipoteca impagada. Al deudor le evitaría el desahucio, los intereses de demora y, además, la cantidad acordada se aplicaría a la extinción el crédito.
Cuidado con los casos extremos
Por otro lado, para los casos extremos, el Gobierno debe adoptar medidas de política social, pero las mismas no deben infiltrarse en la regulación procesal que articula la efectividad jurídica de las garantías hipotecarias, pues, en ese caso, para favorecer a un grupo de deudores incumplidores, acaba perjudicando a todos los cumplidores así como a los deudores futuros, además de no discriminar entre aquellos acreedores que fueron prudentes en la concesión de créditos de aquellos otros que fueron imprudentes. En este sentido es acertada la decisión de crear un fondo social de viviendas con el objeto de amparar a deudores especialmente vulnerables que se han visto obligados a desalojar la vivienda hipotecada.
Adicionalmente, y sin perjuicio de todo ello, es conveniente que se regulen las situaciones de sobrendeudamiento. Es preciso recordar que somos el único país de la Unión Europea que carece de esa regulación. En Finlandia, Francia y Noruega se presta especial protección a la vivienda familiar. En todos, salvo Alemania y Reino Unido, se regulan procedimientos extrajudiciales. En Francia y Bélgica se han creado comisiones administrativas. Los supuestos que merecen especial atención son los casos de paro, enfermedad y ruptura matrimonial.
El proyecto de ley medidas «urgentes» para reforzar las «medidas de protección de los deudores hipotecarios» es un proyecto apresurado, con una denominación inapropiada por su sesgo aparente, en el que se siguen manteniendo algunos desequilibrios -sigue sin haber trámite procesal en el procedimiento de ejecución especial para determinar si ha habido mora o no, y, además, no basta con establecer un tope sin revisar la base de cálculo, sorprendentemente aplicable sólo a los créditos con exclusión de los préstamos-; hay algunas medidas populistas -la obligación del acreedor de aceptar una tasación realizada por un tasador homologado elegido por el deudor, por otro lado de nula operatividad-; hay también intervencionismos injustificados -prohibiciones de contratar hipotecas por más de treinta años-, así como medidas más propias, en su caso, de una regulación del sobrendeudamiento -la quita forzosa de determinados porcentajes de la deuda pendiente tras la ejecución si el deudor paga en determinados plazos-, o medidas de política social para grupos de deudores previamente definidos como vulnerables en virtud de criterios que implican una discriminación no bien justificada y que afectan a la eficiencia del procedimiento -algunas dentro del código de buenas prácticas, obligatorias de facto para las entidades acreedoras dada su dependencia regulatoria-.
En ésta como en otras materias, es preciso legislar menos, con menos urgencias y con mayor calidad regulatoria. Nuestro sistema jurídico está lleno de normas -más de cien mil-, buen número de ellas «urgentes» o «excepcionales», es decir, normas apresuradas y ad hoc. Es sabido, que si se quiere devaluar algún producto o servicio, lo mejor es aumentar su oferta. Nuestra oferta de normas es excesiva, lo que las devalúa, y un cierto número de ellas ya se anuncia pidiendo excusas por su calidad -pues ése es el mensaje que transmiten calificativos como los mencionados-, lo que las devalúa aún más.
Nada de ello favorece una cultura de respeto a la ley -el famoso it’s the law (es la ley), propio de la cultura popular anglosajona, que tanto nos gustaría oír aquí-. Para ello, ha de haber pocas normas, de excelente calidad, estables y con garantía de ser aplicadas a quien las incumpla, lo que acabaría imponiendo entre nosotros una cultura similar.
Hoy es sabido, al menos en líneas generales, que la calidad institucional es un factor condicionante del progreso económico hasta el punto de que algunos la consideran la clave de bóveda del sistema. Los legisladores y los reguladores deberían actuar en consecuencia.
Fernando P. Méndez González, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.