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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo del 7 de junio de 2013

Gestores Administrativos y Registradores facilitarán la compraventa ‘online’ de inmuebles por extranjeros

viernes, 7 de junio de 2013

     6/06/2013 – Madrid (Europa Press) La noticia en elconomista.es
     El decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad, Alfonso Candau Pérez, y el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos, Angel Pons Ariño, han firmado un convenio de colaboración por el que estos colectivos podrán realizar íntegramente de modo electrónico –hasta su inscripción en el Registro– compraventas de inmuebles situados en España y Portugal por ciudadanos extranjeros.
     La Asociación Europea de Registros de la Propiedad (ELRA) ha autorizado el proyecto NETPRO, que consiste en una agencia virtual diseñada para la intermediación electrónica en el tráfico inmobiliario transfronterizo europeo. Mediante esta herramienta, se ponen en contacto profesionales del derecho que autorizan documentos públicos de distintos países europeos con profesionales de la gestión documental.
     De esta forma, el profesional extranjero autor del documento auténtico que necesite contratar los servicios de un gestor administrativo en España dirigirá su petición a través de NETPRO, indicando el trámite a realizar en España y podrá elegir el gestor con el que desea contactar mediante su selección en un mapa integrado en la web de NETPRO.
     Con ello, se podrán cumplimentar todos los requisitos legales y administrativos relacionados con la obtención de información, presentación e inscripción de documentos en los registros de la propiedad y la tramitación ante otras administraciones de documentos formalizados en el extranjero.
     Angel Pons Ariño asegura que el convenio va a reactivar de manera «importante» la compraventa de inmuebles, y van a ser las zonas costeras españolas, especialmente las de Andalucía, las de Levante, Cataluña, Canarias y Baleares las más beneficiadas.
     Los 6.000 despachos de gestores administrativos asesoran a personas físicas, autónomos, pymes y empresas y desarrollan los convenios firmados con las diferentes administraciones en todos los temas relacionados con Hacienda, Seguridad Social, Tráfico, Registros y en general cualquier trámite con el sector público administrativo.

 

Experts analitzen a la Facultat de Dret els aspectes jurídics de la crisi econòmica

viernes, 7 de junio de 2013

Enlace a la página web de la universidad de Valencia

Registradores piden que la Junta comunique «inmediatamente» cuándo una vivienda es deshabitada para evitar «inseguridad»

viernes, 7 de junio de 2013

     Sevilla, 6 jun. 2013(La noticia en Europa Press) –
     El decano del Colegio de Registradores de la Propiedad de Andalucía occidental, Santiago Molina, pide que la resolución por la que se declare una vivienda como deshabitada y su inclusión en el Registro de Viviendas Deshabitadas «sea inmediatamente comunicada por la Comunidad Autónoma al registro de la propiedad correspondiente», con vistas a mejorar la publicidad registral y la seguridad jurídica».
     Molina intervino el pasado miércoles en el Parlamento andaluz para valorar el decreto ley de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda, donde indicó que hay artículos del decreto ley «que no merecen un juicio favorable», como el referente al ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las viviendas deshabitadas cuya titularidad corresponda a una persona jurídica constituida regular o irregularmente.
     Para Molina, esta mención del decreto ley «merece un reproche, pues incluye las sociedades irregulares, cuando estas, carentes de personalidad jurídica, difícilmente podrán ser titulares de una vivienda, dado que las personas jurídicas tienen que ser constituidas siempre conforme a unos requisitos establecidos en la ley, exigiéndose en muchos casos la inscripción en registros públicos».
     En su intervención, consultada este jueves por Europa Press, Molina, lamenta que el decreto ley «al referirse a personas jurídicas en general, no se preocupa de distinguir entre personas jurídicas de derecho público o derecho privado, lo que hace pensar en que es posible aplicar el régimen sancionador a personas jurídicas tales como municipios, diputaciones, o al propio Estado y comunidades autónomas, sin que parezca seguro que se tenga esa intención».
      Los registradores también echan de menos que «no se ponga en relación con la inscripción en el Registro de la Propiedad, que sería lo jurídicamente lógico, si tenemos en cuenta la presunción de existencia y titularidad del derecho inscrito que establece la Ley Hipotecaria y los problemas que puede plantear un procedimiento sancionador de carácter administrativo como este, que por definición, puede ser objeto de revisión jurisdiccional, seguido contra una persona que no sea el verdadero titular, lo que podría acarrear la declaración judicial de nulidad del procedimiento».
      Por el contrario, valora el hecho de que «se establezca que el procedimiento se debe entender con la persona del titular registral, considerándose personas interesadas y, por ende teniendo que ir dirigiendo contra ellas el procedimiento, igualmente, en su caso, a los titulares de derechos reales y situaciones jurídicas, inscritas o anotadas en el Registro de la Propiedad».
      Molina además demanda que «la resolución por la que se declare una vivienda como deshabitada y su inclusión en el Registro de Viviendas Deshabitadas, sea inmediatamente comunicada al registro de la propiedad correspondiente, para causar una nota marginal indicativa de ello», de forma que «se mejore la seguridad jurídica, pues cualquier adquirente potencial que consultara el registro de la propiedad podrá conocer el dato de que se trata de una vivienda desocupada, y no podrá alegar desconocimiento y, por lo tanto, convertirse en un tercero protegido por la buena fe».
      El decreto ley contempla que los notarios y registradores de la propiedad «deberán informar a la Administración de cualesquiera actos, escrituras o documentos con trascendencia a efectos del ejercicio de las competencias inspectoras o sancionadoras», algo que exigirá un desarrollo reglamentario «que acote los supuestos en que notarios y registradores habrán de realizarlo, o bien entender que dicha información será siempre a instancia de la Administración».
      Para clarificar los supuestos concretos de este deber de colaboración de los registradores de la propiedad, los registradores sugieren una serie de propuestas, relacionadas con la emisión de nota marginal, o donde pide que esa comunicación entre Junta y administradores «sea ágil, es decir, por procedimientos telemáticos, como ya se lleva a cabo en otras comunicaciones».

 

Ortiz recurrirá ante el Tribunal Supremo las sentencias que anulan el Plan Rabasa

viernes, 7 de junio de 2013

     La adjudicataria descarta continuar con la tramitación y estudia alternativas para posibilitar la llegada de Ikea
     Sylvia Escribano 04.06.2013 El artículo en información.com de Alicante
     La empresa de Enrique Ortiz a la que el Ayuntamiento adjudicó en 2005 el Plan Rabasa, Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), ha decidido recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias que anulan el macroproyecto urbanístico. Así lo confirmaron a este diario fuentes de la mercantil, quienes indicaron que, de forma paralela al recurso, están estudiando qué fórmulas seguir para posibilitar la llegada de Ikea. Entre ellas, como ya avanzó este diario, está la posibilidad de comenzar de cero con un plan menos ambicioso que agilice la llegada de la multinacional del mueble a los terrenos junto a la avenida de la Universidad.
     Como ha venido publicando este diario, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asestó un fuerte varapalo al polémico plan urbanístico, anulándolo en dos sentencias en las que, entre otras cuestiones, se aludía al incumplimiento de la Ley de Contratos y a la falta de recursos hídricos. Desde la empresa han estado valorando recurrir las sentencias -el Ayuntamiento de Alicante ha descartado hacerlo- y, finalmente, se han decidido.
     Desde la mercantil entienden que el recurrir los fallos ante el Supremo conlleva que los mismos no sean firmes y que, por tanto, el PAI siga activo. No obstante, admiten sus dudas acerca de si podrían continuar con la tramitación, algo que por «cautela» no tienen intención de hacer por el momento.
     El recurso ante el Supremo se plantea como una forma de ganar tiempo para estudiar posibles soluciones que permitan la rápida llegada de Ikea a Rabasa -ubicación en la que la multinacional del mueble sigue interesada- sin renunciar, al menos por ahora, al plan que comenzó a tramitarse en el año 2005. Desde la empresa consideran que el no recurrir las sentencias del TSJ, supondría decirle adiós definitivamente al PAI.
     Por el momento, estudian diferentes posibilidades para hacer viable la llegada de Ikea a Rabasa en el menor tiempo posible. Entre esas alternativas está, como ya avanzó este diario, comenzar la tramitación de un nuevo PAI, pero menos ambicioso, puesto que desde la mercantil sostienen que la prioridad actual es Ikea y su zona comercial por encima de las más de 13.000 viviendas que se plantean en el Plan Rabasa. Ese trámite requeriría de un nuevo proceso de adjudicación, pero no es el único que se plantea. Entre otras alternativas que se barajan estaría la de promover, como propietarios del suelo, una Declaración de Interés Comunitario (DIC) para Ikea en suelo rústico. Todavía, insisten, no hay nada decidido y muchas opciones sobre la mesa. Una vez seleccionado el camino a seguir, la empresa podría llegar a retirar los recursos planteados ante el Supremo si la vía escogida precisara de la anulación firme del Plan Rabasa para ser viable.
     Desde Visomed señalan que la prioridad actual, dada la crisis del ladrillo, es hacer viable la instalación de Ikea mientras que el resto del plan Rabasa original -que contemplaba más de 13.000 viviendas y una superficie cercana a los 4 millones de metros pasa a un segundo plano. Es por ello que su decisión se regirá por acogerse a la solución que permita una implantación más rápida de la multinacional y mayores garantías, para evitar nuevos recursos judiciales.