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Archivo del 9 de junio de 2013

La Unión de Consumidores de Aragón acusa al Gobierno de proteger al propietario

domingo, 9 de junio de 2013

     Nueva ley del alquiler
     Ve más seguridad jurídica para el arrendador y costes para el inquilino
08/06/2013 La noticia en el periódico.com
     La Unión de Consumidores de Aragón (UCA) criticó ayer la nueva ley del alquiler de viviendas, que entró en vigor el día 4. Según esta asociación y pese a que pretende flexibilizar el mercado, el texto ofrece «más seguridad jurídica al propietario que al inquilino, debido a la reducción del periodo de duración de los contratos», tal y como reflejó en un comunicado.
     La UCA advierte asimismo de que «prima la inscripción del contrato de arrendamiento en el Registro de la Propiedad». Esta asociación informa de que, aunque no es obligatoria esa inscripción, «el inquilino que quiera asegurar sus derechos contractuales se verá obligado a asumir el coste de inscribirlo en el Registro». La unión entiende que «el Gobierno está asegurando unos ingresos al Registrador de la Propiedad y creando un gasto más para los inquilinos».
     Prórroga forzosa .La entidad que preside José Ángel Oliván recuerda, además, algunas de las principales novedades que aporta la ley, que «cambia sustancialmente la normativa del mercado de alquiler de viviendas destinadas a residencia habitual del arrendatario». Entre ellas, la reducción de los plazos del contrato, que, en el caso de la conocida como «prórroga forzosa», se reduce de cinco a tres años. Respecto a las rentas, las partes podrán pactar la actualización de la renta cuando se cumpla cada año del contrato. Si no hay un pacto expreso, se actualizará conforme al IPC.
     Otro de los principales cambios tiene que ver con el desistimiento del contrato, pues el inquilino podrá desistir de él, transcurridos al menos seis meses, sin tener que pagar indemnización alguna y siempre que lo comunique al arrendador con una antelación mínima de 30 días. A su vez, el propietario podrá recuperar la vivienda si, transcurrido el primer año de contrato, la necesita para destinarla a vivienda permanente para sí o para un familiar de primer grado.
     Por otra parte, la Asociación de Consumidores Torre Ramona alerta de que, en la misma ley y «de tapadillo» se aprobó la supresión de las ayudas de subsidiación de préstamos a la vivienda de protección oficial. Algo que, según Torre Ramona, solo en Zaragoza afectará a casi 9.000 propietarios, que verán encarecidas sus hipotecas entre 600 y 1.000 euros al año.

El TSJ tumba por tercera vez el Plan Rabasa

domingo, 9 de junio de 2013

     Falta de autorización ambiental y agua
     El tribunal ve «insuficiente» la validación ambiental del proyecto de Ortiz y ratifica la falta de recursos hídricos
     Sylvia Escribano 08.06.2013 El artículo en información.com
     El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha asestado el tercer varapalo jurídico al polémico Plan Rabasa en apenas una semana. En esta nueva sentencia, a raíz del recurso planteado por el PSOE, la sala vuelve a anular el ambicioso proyecto urbanístico. Además de ratificar la falta de recursos hídricos, el tribunal introduce un nuevo motivo para invalidar el plan: la inexistencia de Autorización Ambiental Integrada. Con el incumplimiento de la Ley de Contratos al que la sala hizo referencia en su primera resolución, ya son tres las causas esgrimidas por los magistrados para tumbar el plan que servía de base para la llegada de Ikea.
     El Ayuntamiento de Alicante -con los votos a favor del PP y del PSOE- adjudicó en 2005 el plan a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), de Enrique Ortiz, y lo aprobó provisionalmente. Fue en mayo de 2009 cuando la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo aprobó definitivamente la homologación y el plan parcial. Pese a su voto a favor inicial, desde el PSOE cambiaron su postura y decidieron recurrir la aprobación definitiva del Consell.
     En esta tercera sentencia, y a falta de pronunciarse sobre otros recursos planteados por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y Esquera Unida, el TSJ incide en la nulidad del plan parcial con los votos particulares de dos magistrados. Cabe recurso de casación ante el Supremo y, al menos en los dos fallos anteriores, la adjudicataria del plan ya anunció su intención de hacerlo.
La mayoría del tribunal autonómico considera insuficiente la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometido el plan y opina que debía haber obtenido una Autorización Ambiental Integrada. La sala explica que para el primero de los instrumentos «lo esencial» era la aprobación del PAI, mientras que el segundo -del que carece- tiene como objeto «afrontar con decisión los modos de integración del plan en el uso sostenible y racional de los recursos, la contaminación y la cohesión social». La sentencia subraya que la diferencia radica en que uno de los instrumentos está «al servicio del plan», mientras que en el otro es el plan el que está «al servicio de la realidad ambiental». Al respecto, el fallo sostiene: «No es lo mismo una cosa que la otra. No da lo mismo que las cosas se hagan de un modo o de otro». Es por ello que concluye que la Declaración de Impacto a la que se sometió el PAI es «insuficiente» y constata que el proyecto incurre en «una grave irregularidad invalidante».
     El TSJ reproduce en su sentencia su argumentación anterior en cuanto a que el plan se aprobó sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que garantizase el suministro de agua. Los magistrados recuerdan que el Plan Rabasa obtuvo en 2006 un informe desfavorable por parte de la Confederación de carácter «vinculante». Pese a ello, el plan se aprobó definitivamente, lo que en opinión de los magistrados «constituye una ilegalidad» al hacerlo con el dictamen en contra de la CHJ.
     El tribunal sostiene que ese informe no se puede sustituir por los de la empresa suministradora del agua ni por el dictamen positivo que la CHJ dio al nuevo Plan General en trámite. Aunque los magistrados admiten que el plan adjudicado a Ortiz tiene su reflejo en el futuro PGOU, advierten de que este último documento es «una hipótesis de trabajo», puesto que «está en trámite y ni siquiera hoy está aprobado definitivamente». El TSJ incide en que se deben valorar «los planes parciales que tenemos entre manos por sí mismos y no por estar integrados en un hipotético y futuro Plan General más o menos posible». Un PGOU que, tal y como ha venido informando este diario, lleva tres años en manos de la Generalitat sin aprobarse definitivamente y está siendo investigado por el TSJ por su presunto amaño.
     PSOE: «Un fracaso de Castedo»
     Tras conocer el fallo, el secretario general del PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, consideró que la sentencia «es un nuevo fracaso de la alcaldesa que se suma a su incapacidad para sacar adelante el PGOU». Al respecto, se pregunta si «el único motivo que tenía Sonia Castedo para impulsar este plan era beneficiar a Enrique Ortiz», por el hecho de aprobar un plan «sin estos dos informes tan elementales», algo que tachó de «chapuza». Echávarri recordó que su grupo está personado también en la causa penal por presunto tráfico de influencias y prevaricación en torno al Plan Rabasa reabierta por la Audiencia de Alicante a raíz de una denuncia de EU.