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Archivo del 14 de junio de 2013

Nadie sabe cuántos desahucios hay en España

viernes, 14 de junio de 2013

     El Gobierno, el Poder Judicial, el Banco de España y el Colegio de Registradores arrojan cifras muy diferentes sobre la cantidad de desahucios que se produjeron en nuestro país a lo largo de 2012
     Alberto Pozas   11-06-2013 La noticia en cadenaser.com
     Si comparamos, nadie se pone de acuerdo sobre la cantidad de desahucios que hubo en España a lo largo del pasado año 2012: las cifras suben y bajan en función del organismo que las ofrece. Oscilan entre las 39.000 ejecuciones hipotecarias del Banco de España y las 75.000 del Gobierno. Fuentes del Instituto Nacional de Estadística han confirmado a la Cadena SER que no empezarán a cuantificar los desahucios en nuestro país hasta, como mínimo, principios de 2014, algo que según anunció hace un año la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría estaría disponible para este año 2013.
     Nadie parece saber a ciencia cierta cuántos desahucios hubo en España durante el pasado año 2012. En función de quién ofrezca las cifras, el número de desahucios puede subir o bajar varias decenas de miles. Gobierno (más de 75.000), Banco de España (39.000), Poder Judicial (43.000) y Colegio de Registradores (38.976) no se ponen de acuerdo en la cantidad de ejecuciones hipotecarias que acabaron en desahucio a lo largo de 2012. En lo que si se ponen de acuerdo es en señalar que no cuentan con mecanismos para cuantificar los desahucios de forma detallada. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no hará estadísticas sobre este drama social hasta principios de 2014, algo anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para este año.
     El Poder Judicial: 43.858 desahucios en 2012
     El Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicas las cifras judiciales correspondientes a 2012, en las que detallan un total de 43.858 lanzamientos derivados de impagos de hipoteca. Esta estadística, recogida en juzgados de primera instancia e instrucción, según reconoce el propio Poder Judicial «no ofrece detalles sobre la naturaleza de los bienes ni sobre las formas de terminación». El órgano de gobierno de los jueces defiende su cuantificación de los desahucios, «realizada en base a datos observados en juzgados especializados».
     El Gobierno: 75.375 ejecuciones hipotecarias, con garajes
     El Gobierno, sin embargo, calcula la siguiente cifra: 75.375 ejecuciones. Estas cifras, sacadas a colación en el Congreso en respuesta a una solicitud de Izquierda Unida, incluye no sólo viviendas sino bienes inmuebles como garajes o fincas rústicas, y reconoce el ejecutivo que «no existen datos estadísticos sobre el número de viviendas que han podido quedar afectadas por ejecuciones hipotecarias o lanzamientos» ya que «no son datos que los secretarios judiciales debían comunicar de manera individualizada».
     En diciembre del año 2012, la videpresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Instituto Nacional de Estadística ofrecería datos trimestrales sobre desahucios en España a lo largo de 2013. Fuentes de este organismo han confirmado a la Cadena SER que esto no podrá ser, como mínimo, hasta principios de 2014.
     Los registradores 38.976 y el Banco de España 39.167
     No son cifras que coincidan, tampoco, con las que ofrecen otras instituciones que también cuantifican estos fenómenos. De hecho, las cifras del Gobierno se quedan a muy poco de doblar a las que ofrece el Banco de España. En su informe anual, el Banco de España arrojó un dato de 39.167 viviendas entregadas en procesos de ejecuciones hipotecarias. Asimismo, el Colegio de Registradores emitió un informe en el que cuantificó las ejecuciones hipotecarias en 38.976 durante el año 2012.
     Son cifras calificadas como «infraestimaciones» por parte del Poder Judicial: señala el órgano de gobierno de los jueces que, en el caso de las cifras ofrecidas por los registradores, existe «un importante desfase temporal entre el momento de adjudicación de la vivienda y su inscripción registral». En lo que respecta a las cifras del Banco de España, el órgano de gobierno de los jueces indica el mismo problema.

 

Una nueva sentencia del TSJCV anula el Plan Rabasa

viernes, 14 de junio de 2013

      Entiende, entre otros aspectos, que hubo falta de publicidad del concurso para su aprobación y concesión
      Europa Press   11.06.2013 | La noticia en información.com

     Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el conocido como Plan Rabasa y su adjudicación a una urbanizadora participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, al entender, entre otros aspectos, que hubo falta de publicidad del concurso para su aprobación y concesión, así como falta de Autorización Ambiental Estratégica y de disponibilidad de recursos hídricos en la zona sobre la que se pretendía actuar.

     Esta resolución se suma a otra emitida el pasado 24 de mayo contra la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante, al estimar un recurso interpuesto por el Partido Socialista, al considerar que su tramitación no se ajustó a derecho por falta de Autorización Ambiental Estratégica y por falta de disponibilidad de recursos hídricos.

     Igualmente, el tribunal valenciano ya acordó el pasado 30 de abril la anulación del mismo acuerdo, al considerar que se vulneraba la Ley de Contratos, –tal y como reclamaban los dos particulares que plantearon la demanda–, en una decisión que además dejaba sin efecto el acuerdo adoptado en junio de 2006 por el pleno del Ayuntamiento de Alicante, por el cual se aprobó provisionalmente el plan Rabasa, y la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del citado empresario.

     En este caso, la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, fechada el pasado 25 de abril y que ha contado con el voto particular de dos magistrados, estima un recurso planteado por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda de 5 de mayo de 2009, por la que definitivamente se aprueba la Homologación y el Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa del Municipio de Alicante.

     Viviendas sociales del mediterráneo

     Igualmente, deja sin validez el acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad, de fecha 26 de abril de 2005, por el que se adjudicó a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SL, participada por Ortiz, el programa para la gestión indirecta del citado sector, así como el acuerdo del consistorio del 13 de junio de 2006 por el que se aprobó el Programa de Actuación Integrada.

     En cuanto a los argumentos planteados por la PIC, la sala señala que dentro de los diez primeros días de la información del plan dos sociedades manifestaron su intención de formular una alternativa técnica substancialmente distinta, por lo que solicitaron una prórroga de veinte días adicionales, si bien en ese plazo no fueron ellas las que formularon la alternativa, sino un tercero, que la presentó el último día de la prorroga, y que resultó escogida y determinó su adjudicación.

     «Así las cosas, se ha producido una alteración de los principios de igualdad en materia de concurso y contratación administrativa, determinante de nulidad, pues la alternativa que ha sido elegida no ha sido sometida a publicidad alguna a efectos contractuales», indica la sentencia.

     «Infracción grave»

     Asimismo, incide en que «la infracción es todavía más grave si cabe pues, en rigor, la adjudicación de la condición de urbanizador para la ejecución del programa se materializa por el ayuntamiento el 26 de abril de 2005, mientras que la aprobación del programa –sometida a la condición suspensiva de la ratificación autonómica–, se realiza el 13 de junio de 2006».

     Para los magistrados, «de esta forma se otorga en 2005 la ejecución de un programa que se aprobará después, con lo que se ha producido una inversión de la dinámica que la normas prevén para llegar a su adjudicación», lo cual «determinará la anulación del programa».

     El TSJCV también entiende que, tal y como planteó la parte recurrente, al tratarse de una obra que superaba los 200 millones de euros «era indispensable que el procedimiento de licitación se hubiera publicado en el ámbito de las Comunidades Europeas», un hecho «exigible» que no se llevó a cabo.

     Además, la resolución también especifica que a la fecha de su aprobación, no existía informe medioambiental favorable, «ni disponibilidad de recursos hídricos suficientes para asumir el incremento de población que el plan parcial pretendía hacer efectivo sobre el territorio que ordenaba».

La banca empieza a eliminar las cláusulas suelo

viernes, 14 de junio de 2013

     BBVA y Cajamar ya han anunciado que suspenderán está práctica tras la sentencia del TS que ratifica su nulidad
     EP/Madrid 13.06.2013 La noticia en información.com
     El BBVA dejará de aplicar, con efectos desde el 9 de mayo de 2013, la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario con consumidores para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido, fundamentalmente, a su falta de transparencia.
     Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), el hecho de dejar de aplicar esa cláusula no significa que no vaya a recurrir el fallo del Alto Tribunal, cuya puerta deja abierta.
     El banco que preside Francisco González especifica que se estima que con la actual cotización del índice de referencia mayoritariamente utilizado en esos contratos, Euríbor a un año, la aplicación de esta medida a la cartera hipotecaria afectada por la sentencia producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros. En meses sucesivos el impacto dependerá de la evolución del Euríbor a un año.
     BBVA no será la única entidad en retirar estas cláusulas de sus contratos, ya que Cajamar Caja Rural ha anunciado a Europa Press que va a proceder a la «retirada inmediata» y de «forma retroactiva» desde el 9 de mayo de 2013 de estas condiciones en «todas sus hipotecas» , después de que el Tribunal Supremo (TS) haya emitido un auto aclaratorio en el que se reafirma en la sentencia por la que las declaraba nulas si ha habido falta de transparencia o información a los usuarios bancarios.
     Por su parte, NCG Banco está estudiando cómo aplicar el fallo del Supremo. La entidad se ha limitado a indicar que el documento todavía debe ser revisado por sus servicios jurídicos.
     Jurisprudencia
     La sentencia del Supremo declaraba que las cláusulas suelo, en general, no eran nulas pero sí podían considerarse ilícitas cuando no contaran con los requisitos de transparencia exigibles.
     Además, condenaba a las entidades financieras que estaban inmersas en este proceso (BBVA, NGC Banco y Cajas Rurales) a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertaban y a cesar en su utilización, «declarando la subsistencia de los mismos».
     Finalmente, declaraba que había lugar a la retroactividad de esta sentencia, «que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de su publicación».
     Auto aclaratorio
     En su auto aclaratorio, el Supremo subrayaba que la creación de la apariencia de un contrato de préstamo hipotecario a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo conviertan en interés mínimo fijo variable nada más al alza, «constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia» del contrato y de «cláusula abusiva», sin necesidad de que concurra ningún otro requisito.
     El Supremo precisa que la sentencia emitida en su día «proclama la licitud de las cláusulas suelo condicionada a que se observe la especial transparencia exigible en las cláusulas no negociadas individualmente que regulen los elementos principales de los contratos suscritos con consumidores».
     Recuerda que en la sentencia se identificaron seis motivos por los que las cláusulas no eran lícitas. Ahora aclara que «no se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra».
     «Tampoco determina que la presencia aislada de alguna o algunas (de estas circunstancias) sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo», indica la sala.
     Otro de los aspectos en los que hace hincapié el Alto Tribunal es el hecho de que aunque la cláusula haya resultado beneficiosa para el consumidor durante un periodo de tiempo «no la convierte en transparente ni hace desaparecer el desequilibrio en contra de los intereses del consumidor». «La cláusula tiene por finalidad exclusiva proteger los intereses de la prestamista frente a las bajadas de índice de referencia», añade.