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Archivo del 20 de junio de 2013

Una jueza de Elche anula un desahucio del Banco CAM al estar la vivienda a nombre de la caja de ahorros

jueves, 20 de junio de 2013

     La magistrada se hace eco por primera vez en la provincia de argumentos ya usados en Castellón y Valencia
     E. G. B. 20.06.2013 La noticia en diarioinformacion.com
     La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios provincial «Ausbanc Consumo» hizo pública ayer la primera decisión judicial en la provincia (al menos de las que tiene conocimiento la agrupación) por la que se anula una ejecución hipotecaria porque la entidad que lo solicita, Banco CAM, no es la entidad que aparece en el Registro de la Propiedad, que en este caso es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En otras palabras, impide lo que coloquialmente se ha venido a denominar un desahucio (que en términos legales es una ejecución hipotecaria) y que el banco subaste la vivienda de unos clientes a los que concedió una hipoteca cuyas últimas cuotas no han podido ir pagando, y lo hace con un argumento que no se había utilizado hasta ahora en la provincia.
     Es decir, que la jueza de Primera Instancia Número 5 de Elche firma un auto en el que deja sin efecto el despacho de ejecución hipotecaria basándose en que el banco que reclama la vivienda por impago no es la misma entidad que concedió en su día el préstamo y que aún tiene el bien a su nombre en el Registro de la Propiedad. Casos similares se han dado en autos dictados por las audiencias provinciales de Castellón y Valencia y seguramente no serán los últimos, pues las recientes fusiones, adquisiciones y extinciones de cajas de ahorros y bancos en los últimos años provocan este tipo de desfases.
     Hay también decisiones judiciales que se decantan en sentido contrario ante casos similares. Las entidades bancarias, por su parte, consideran que está suficientemente acreditado que, por ejemplo en este caso, Caja de Ahorros del Mediterráneo es lo mismo que Banco CAM. Cuando se segregaron en 2011 por un lado el negocio y por otro la obra social, el banco asumió lo bueno y lo malo que a nivel financiero tenía la caja, antes de ser integrado por el banco Sabadell.
     El delegado provincial de Ausbanc en Alicante, Pedro Pérez Cortés, se felicitó ayer en rueda de prensa por esta «victoria» legal en beneficio de un asociado. La entidad bancaria podrá ahora recurrir o iniciar un procedimiento ordinario, donde el cliente tiene más posibilidades de alegar cláusulas abusivas u otro tipo de argumentos.
     «Hasta la reforma legal de mayo de este año las posibilidades de oposición de los afectados en un procedimiento hipotecario eran prácticamente inexistentes si no había cuestiones muy graves como la falsificación de una firma», dice Pérez. Por ello la actitud de muchos era de resignación ante la pérdida de la vivienda y el mantenimiento de la deuda. Ausbanc recomienda intentar negociar con los bancos carencias o refinanciaciones y, si no hay más remedio que acudir a los tribunales, que se asesoren «porque muchas hipotecas tienen cláusulas abusivas y es posible defenderse».
     Preferentes
     En otro orden de cosas, Anticorrupción ha solicitado a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la admisión a trámite de querellas que piden investigar el diseño y lanzamiento de participaciones preferentes por parte de las entidades que integraron Bankia.
     Sabadell CAM ya no inicia desahucios
     Banco CAM, que acata la decisión judicial en este y otros procedimientos, recuerda al hilo de la comparecencia de Ausbanc que «con la integración en banco Sabadell no se ha producido ni se va a producir ningún alzamiento forzoso, esto es ningún desahucio. Siempre estudiamos cada caso concreto para alcanzar un acuerdo, en su gran mayoría a través de alquiler social». El caso aireado por Ausbanc se habría iniciado, pues, antes de la integración. En cuanto a las clausulas que para Ausbanc son abusivas, señalan que «en Banco Sabadell siempre se ha hecho con absoluta y total transparencia y por tanto son perfectamente legales, la reciente sentencia se refiere a la anulación de aquellas clausulas de entidades que no cumplían precisamente con esa transparencia». e. g. b.

La registradora de Pilar de la Horadada: «En el archivo no figura el DNI 14Z»

jueves, 20 de junio de 2013

     El enigma continúa
     El informe de Hacienda tiene desconcertados a los técnicos. En Pilar de la Horadada, donde doña Cristina habría vendido cinco fincas, no dan crédito.
     Libertad Digital / esradio 2013-06-19 La noticia en libertaddigital.com
     María José Esteban, registradora de la propiedad de Pilar de la Horadada, ha hablado en Es Noticia de esRadio del informe que le atribuye a la infanta Cristina la venta de cinco fincas en el municipio. Como ya indicó el colegio de registradores en una nota, doña Cristina nunca tuvo propiedades allí: «Hemos examinado todos los antecedentes y el nombre de la infanta no aparece inscrito en ningún bien ni lo ha estado nunca». También ha dado un dato clave: en sus archivos «no figura ningún titular con ese DNI, 14Z». Cabe recordar que Hacienda justificó el error en una confusión con el DNI de doña Cristina, que aparecería asociado a dichos bienes.
     La registradora ha precisado que siempre que hay alteraciones en las titularidades de los inmuebles se envían los datos al catastro, «que es una oficina de Hacienda». En su oficina, ha insistido, han cotejado los DNI y no aparece nada a nombre de la infanta. El famoso informe de Hacienda se hizo con datos enviados en su día, puesto que recientemente no se ha enviado nada. En cuanto al juez, también han remitido ya los datos que se le pidieron.
     Sobre las fincas, la registradora ha precisado que no se vendieron, sino que, excepto en el caso de una, ha habido herencias que han motivado el cambio de titular y que tampoco coincidirían con las fechas, 2005 y 2006, que aparecen en el documento de la polémica. «Las retransmisiones son correctas», ha añadido.
     El informe atribuía a la infanta la venta de cinco fincas en 2006 en esta localidad de Alicante: según el informe, vendió por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas. Las tres restantes aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una última por 149.000 euros reseñada igualmente en Los Villenas.

 

Las inmobiliarias auguran confusión y conflictos por el nuevo certificado energético

jueves, 20 de junio de 2013

     «Cuando decimos a quien quiere alquilar su piso que tiene que hacerlo, piensa que queremos ‘colársela’», aseguran los agentes
     11.06.13 – Jesús González | Avilés. En lavozdeaviles.es elcomercio.es
     Los expertos estiman que contar con una u otra letra apenas afectará en la venta
     En principio, el documento podría eludirse «en acuerdos entre particulares»
     La reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de contar con un certificado de calificación energética para vender o alquilar un inmueble ha sembrado ya de dudas a las inmobiliarias de la ciudad, en donde auguran no pocos conflictos a medida que vaya avanzando la aplicación de una normativa que es de obligado cumplimiento desde el pasado día 1 de junio.
     «Hay mucha confusión. La gente todavía no está enterada de cómo funciona o para qué lo necesitan, y cuando les informamos de que tienen que hacerlo, se piensan que estamos intentando ‘colarles’ un gasto más», explica el agente Víctor Antuña, de la inmobiliaria del mismo nombre.
     Básicamente, el certificado de calificación energética es un documento que otorga una letra a la vivienda que se pretende vender o alquilar -de la A a la G-, de acuerdo con su consumo energético. El sistema es similar al empleado para calificar a los electrodomésticos de línea blanca -como lavadoras, frigoríficos o lavavajillas-, y como en el caso de estos productos, es obligatorio que el anuncio que del inmueble se haga en el escaparate de una agencia, a través de internet o de cualquier publicación, incluya la letra asignada a la vivienda.
     El problema, según explican los profesionales del sector consultados por este diario, radica en el hecho de que la obligación de tener el certificado cuenta desde el mismo momento en que se anuncia la venta o alquiler del piso. «La gran mayoría de la gente pasa de todo, y espera en todo caso a tener vendido o alquilada la vivienda» para solicitar que se les realice el certificado, apunta José Luis Arango, de la inmobiliaria Arango. Además, añade, cabría la posibilidad de que en el momento de escriturar el piso ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado, lo que lo haría definitivamente innecesario.  «Pero eso es algo que no está del todo claro», apunta Víctor Antuña al respecto.
     Lo que sí está claro es que el Gobierno central ya ha publicado la serie de sanciones vinculadas a la obligación de contar con el certificado. Lo que pasa es que «se supone que todavía hay cierta manga ancha, hasta que empiecen a poner multas», indica otro profesional del sector.
     Sanciones
     Ese régimen de sanciones prevé que, independientemente de que se cuente con el certificado, el propietario de una vivienda puede ser multado con entre 300 y 600 euros solo por anunciar la venta o alquiler de su piso sin mencionar la letra que se le ha asignado en el certificado. «La cuestión es: ¿qué es en concreto anunciar el piso?», se pregunta Arango acerca de la posibilidad de eludir ese tipo de sanción si la venta o el contrato de alquiler se producen, por ejemplo, tras un proceso de ‘boca a oreja’.
     Pero las posibles multas no se quedan ahí. Si el propietario no entrega el certificado al comprador o al inquilino en el momento de formalizar el contrato, la multa podrá ser de entre 600 y 1.000 euros. Esas mismas cantidades podrían ser aplicadas si el certificado no está convenientemente registrado ante las autoridades autonómicas. A partir de ahí, el importe de las multas se puede disparar hasta los 6.000 euros si se carece del certificado en el momento de firmar el contrato, o incluso cifras superiores si «el beneficio que el infractor haya obtenido supere el importe de las sanciones».
     Así pues, ante la posibilidad de que el dinero ganado por la venta del inmueble se vaya en pagar multas, los profesionales del sector inmobiliarios consideran que lo procedente es evitarse problemas «por unos 200 a 250 euros, que además te sirven para los diez próximos años».
     En cualquier caso, hay circunstancias que hacen pensar en posibles vías para eludir esas sanciones. «Parece que no hay problema si se arregla todo entre particulares», apunta Antuña acerca de la posibilidad de que, ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado energético, «o de no deber cuotas de la comunidad», por ejemplo. En esos casos, el problema podría surgir en el momento en que se suscriba una hipoteca para la compra del piso «porque el banco sí que podría exigir que se presente el certificado», añade Antuña.
     Plazas de garaje
     Todo apunta, por tanto, a que será preferible contar con el certificado si se quiere vender o alquilar el piso -en principio los garajes están exentos-, y ello pese a que aún no se espera que empiecen a llegar las multas. «En primer lugar, porque las administraciones públicas no cuentan con certificaciones para todos sus edificios», explican en las inmobiliarias avilesinas al respecto.
     Pero, realmente, ¿sirve para algo el certificado? Los profesionales consultados por este diario consideran que para bien poco. «La venta no va a influir mucho de que un piso tenga la letra C o la G. Si estas buscando una vivienda en una zona céntrica, la calificación energética no te va a condicionar la decisión final», indica Antuña. Por su parte, Arango apunta a que «la letra no te va a decir gran cosa: si un piso tiene ventanas viejas, tenga o no una letra G, al comprarlo ya sabes que vas a tener que cambiarlas».
     Además, en las inmobiliarias consultadas estiman que no hay una idea muy clara aún de qué es lo que hace que un edificio tenga mejor o peor calificación energética. «Un edificio nuevo, con buenos materiales, con buen aislamiento y buenos cierres, puede perfectamente tener una certificación D o una E -como un edificio más antiguo-, porque tenga calefacción central de gasóleo, por ejemplo», explican en una de las agencias avilesinas.
     Los más eficientes
     En realidad, prácticamente ningún inmueble avilesino alcanzará la calificación más alta. «Para llegar a ello tiene que tratarse de construcciones muy concretas y hechas con ese objetivo, no vale con tener paneles solares en el tejado», explica Arango. Eso propiciará que la certificación a la hora de vender el piso apenas tendrá efecto más allá de supone «un gasto más para el propietario».
     Un gasto que, en todo caso, no se tendrá que repetir hasta una década después de haberse expedido -esa es la validez del certificado-, a no ser que el propietario «haya introducido mejoras en el inmueble» y quiera contar con una puntuación más alta en la calificación de eficiencia energética. Si ha cambiado los viejos ventanales por otros con aislamiento térmico o acústico, tal vez pueda interesarle que eso se rentabilice en forma de una letra mejor en el certificado. No obstante, los profesionales coinciden en que lo que revalorizará su piso será contar con nuevos ventanales y cierres, diga lo que diga la letra en cuestión de un documento que, por otro lado, ya se usa en buena parte de Europa.