AIRE

Asociación Independiente de Registradores
                                 



Ultimas entradas




Archivos


Archivo del 22 de junio de 2013

La reforma de la Administración supondrá un ahorro de 37.700 millones hasta 2015

sábado, 22 de junio de 2013

     Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha creado una oficina de seguimiento de este proyecto
     Elaborará cada tres meses un informe, y cada año un análisis global
     La mitad de ahorro de la reforma administrativa será en gasto de personal
     La noticia en elmundo.es 21/06/2013
     El Gobierno de Mariano Rajoy calcula un ahorro de 37.700 millones de euros con las medidas de racionalización de las administraciones públicas, la reforma de la administración local y las medidas estructurales sobre el empleo público, entre el año 2012 y hasta 2015, cuando se prevé la completa implantación.
     Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha presentado las medidas que contienen el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora), algunas de las cuáles ya adelantó hace dos días Mariano Rajoy.
     Según ha explicado Soraya Sáenz de Santamaría, la mitad de los 37.700 millones de euros que el Estado prevé ahorrar hasta 2015 con la reforma de las administraciones provendrá de los menores gastos de personal. La vicepresidenta ha insistido en que se trata se ahorros consolidados que se derivan de las medidas ya adoptadas, como mantener a cero la tasa de reposición del personal público, la eliminación de días libres o la extensión de la jornada laboral.
     Esas medidas permitirán ahorrar este año 728 millones al Estado, 3.238 millones a las comunidades autónomas y 976 millones a las entidades locales. Respecto a la posibilidad de que la reforma provoque la destrucción de puestos de trabajo, la vicepresidenta ha reconocido que podría «salir» algún eventual o asesor, pero también ha aclarado que el personal que «se libere» con la supresión de un organismo autónomo tendrá un hueco en otros puntos de la administración.
     La vicepresidenta ha insistido en que los funcionarios y empleados públicos han hecho «un esfuerzo extraordinario» y que, a partir de ahora, se va a buscar una mayor movilidad de los trabajadores y una mejor planificación de los recursos humanos para darles más carrera profesional, objetivo con el que se creará «un gran centro de formación pública»
Sáenz de Santamaría ha avanzando que el Ejecutivo ha creado además una Oficina de seguimiento de este proyecto, puesto que su aplicación se plantea a largo plazo.
     Angelines Trigo, al frente
     Al frente de la misma estará Angelines Trigo, inspectora de los servicios de la Administración General del Estado y que tendrá rango de subsecretaria, que realizará un informe cada tres meses sobre la implantación de la reforma y anualmente presentará un «análisis exhaustivo y global de lo hecho y de lo que queda por hacer».
     La portavoz del Ejecutivo ha explicado que 37.000 millones es la cifra «global» del ahorro incluyendo desde el 2012 al 2015, y todo el «adelgazamiento» de las administraciones públicas, esto es, las medidas de la Cora, la reforma local -cuyo ahorro se aproxima a los 8.000 millones de euros- y las medidas estructurales sobre empleo público -alrededor de 19.000 millones-.
     Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha calculado lo que ahorra la administración y lo que ahorra el ciudadano. Según ha dicho, hasta su completa implantación en el 2015 la reforma genera a las administraciones públicas un ahorro de 6.500 millones y al ciudadano de 16.300 millones.
     Sin embargo, muchas de esas medidas dependen de la voluntad de las comunidades autónomas, a las que se les ofrece «una guía» de recomendaciones y sugerencias para ahorrar y mejorar su situación financiera en el cumplimiento de los objetivos de déficit. De hecho, el informe del Gobierno incluye en concreto 120 medidas sobre duplicidades.
     Fuentes gubernamentales han admitido que en los 6.500 millones de euros que calcula el Ejecutivo se han contabilizado las medidas sobre duplicidades como la supresión de defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas o agencias de protección de datos.
     Las mismas fuentes han explicado que el Gobierno tiene cálculos sobre lo que cuesta tramitar una queja ante el Defensor del Pueblo Nacional, que ascendería a unos 400 euros, y lo que cuesta ante el mismo órgano a nivel autonómico, que se elevaría a unos 800 euros.
     Sáenz de Santamaría ha subrayado en la rueda de prensa que el objetivo del Gobierno es hacer una administración «más racional, más eficaz y eficiente», así como que «funcione mejor» y de una «manera más barata».
     En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha señalado que es una reforma dotada de «autenticidad» que pretende hacer más eficaces a las administraciones para que sean «trampolines» para salir de la crisis económica.
     Cristóbal Montoro, se reunirá la próxima semana con las comunidades autónomas y con las entidades locales para presentarles la parte de la reforma de las administraciones pública que les atañe, de manera que estudien cómo incorporar los ahorros prevuistos en sus presupuestos y en el cumplimiento del objetivo de déficit.
     En concreto, los días miércoles y jueves, Hacienda se reunirá con las entidades locales y con las comunidades en la Conferencia Nacional de Administración Local y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Parte de las medidas de racionalización de la administración que persigue el Gobierno debe ser aplicada por las entidades territoriales y el ministerio les trasladará las propuestas.

Creada la oficina para la ejecución de la reforma de la Administración

sábado, 22 de junio de 2013

     Hacienda y Administraciones Públicas 21 junio 2013 En la página web de La Moncloa
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por que se crea la Oficina para la Ejecución de la Reforma de Administración. Se trata de un órgano que asumirá la ejecución coordinada de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, se encargará de su seguimiento e impulso, y, en su caso, propondrá nuevas medidas.

     El director de la Oficina será nombrado a propuesta conjunta de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, y del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y tendrá rango de subsecretario. La Oficina estará adscrita orgánicamente al Ministerio de la Presidencia, a través de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, tendrá dependencia funcional conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas.

     Entre sus competencias figurarán las siguientes:

     Elaborar el informe mensual de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
     Velar por el cumplimiento del calendario de ejecución de las medidas incluidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.
     Recabar de los distintos departamentos ministeriales y de sus organismos y entidades dependientes o vinculadas cuanta información sea necesaria para el ejercicio de sus funciones.
     Recibir las iniciativas relacionadas con el ejercicio de sus funciones que formulen los órganos, entidades, organismos, organizaciones sectoriales y cualesquiera otras asociaciones o entidades públicas o privadas.
Informes trimestrales y anuales

     La Oficina elaborará trimestralmente un informe de resumen del nivel de ejecución por cada Ministerio de las medidas incluidas en el informe de la Comisión y especificará el calendario de ejecución, responsables, actuaciones realizadas y eficiencias obtenidas. Además, la Oficina elaborará anualmente otro informe sobre el ejecución de la reforma, sobre las medidas ejecutadas y pendientes de ejecución, y, en su caso, las nuevas que se hubieran aprobado. Ambos informes se elevarán al Consejo de Ministros.

     La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración estará asistida, para el desempeño de sus funciones, por el necesario apoyo administrativo y material de los distintos Departamentos ministeriales. Cada Ministerio, organismo y entidad vinculada o dependiente de un Ministerio designará un responsable que será el interlocutor y colaborador del Director de la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración.

     A la Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración se le asignarán los medios personales mediante redistribución de efectivos o mediante adscripción temporal de puestos de trabajo procedentes de cualquier Ministerio, entidad u organismo.

 

Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración

sábado, 22 de junio de 2013

     Presidencia
     Directora de la Oficina para la Ejecución de la Reforma de la Administración.-

     Dª ANGELINA TRIGO PORTELA.

     Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Auditora de Cuentas y Master en Defensa Nacional por la Universidad Juan Carlos I de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y tiene el Diploma de Inspectora de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda

     Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda, representando al Departamento en diversos Comités de Finanzas de Organismos Internacionales. Ostentó el cargo de Inspectora General del Ministerio de Economía y Hacienda desde septiembre de 1998 hasta mayo de 2000 y el de Inspectora General del Ministerio de Hacienda desde mayo de 2000 hasta abril de 2004, ejerciendo idénticas funciones en el Ministerio de Economía. Fue Inspectora de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda. En enero de 2012 fue nombrada Inspectora General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ha sido miembro de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas.

 

Aprobada la simplificación de 63 trámites con un ahorro de 478 millones para ciuddanos y empresas

sábado, 22 de junio de 2013

     Hacienda y Administraciones Públicas – Consejo de Ministros 21 junio 2013
     APROBADA LA SIMPLIFICACIÓN DE 63 TRÁMITES CON UN AHORRO DE 478 MILLONES PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS
     Se fomenta la presentación telemática de documentos al eliminar la obligación de presentarlos personalmente, lo que evitará desplazamientos y agilizará la tramitación.
     El 40 por 100 se aplicarán desde este mes de junio, y el 90 por 100 antes de que acabe 2013.
     El Acuerdo se adopta de acuerdo con los criterios de simplificación procedimental de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas.
     El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo para la reducción de las cargas administrativas y mejora de la regulación, que supondrá la simplificación de 63 trámites con la Administración y que permitirá un ahorro anual estimado de más de 478 millones de euros.

     En la elaboración de este nuevo Acuerdo, y en línea con la necesaria simplificación de la normativa encomendada por la vicepresidenta del Gobierno a los distintos Ministerios, la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) ha jugado un papel destacado. En concreto, dentro de la misma la Subcomisión de Simplificación Administrativa, encargada de estudiar las mejoras procedimentales y los procesos de reducción de trámites, ha coordinado las propuestas a incluir en este Acuerdo, formuladas por todos los Departamentos ministeriales.

     Presentación telemática de documentación

     En su mayor parte, se evita la obligación de que un ciudadano o una empresa tenga que acudir a una ventanilla de la Administración para presentar una documentación, al permitirse que se haga telemáticamente.

     Así, por ejemplo, a partir de ahora, se podrá presentar documentación a la Agencia Estatal de Administración Tributaria únicamente con el Código Seguro de Verificación, y sin exigir certificado electrónico, al igual que la posibilidad de realizar telefónicamente ante el Servicio Público de Empleo la solicitud de reanudación de prestación contributiva o la solicitud de compatibilidad de la prestación contributiva con la realización de un trabajo a tiempo parcial.

     De esta forma, se responde a la filosofía de «menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas» anunciada por el presidente del Gobierno en la presentación de las conclusiones de reforma de las Administraciones Públicas (CORA).

 
     Implantación desde junio

     De las 63 cargas a reducir, el 40 por 100 se implementan ya desde este mes de junio. La gran mayoría se pondrán en marcha a lo largo de 2013. En cuanto a sus beneficiarios, 7 afectan directamente a ciudadanos; 47, a empresas y 9, a empresas y ciudadanos.

     Otras medidas destacadas son: crear un Registro de Apoderamientos para la tramitación por medios electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social; posibilitar la habilitación del libro de visitas en el momento del alta de la empresa en la Seguridad Social; suprimir la obligación, para corredores de seguros y corredores de reaseguros, de remitir información estadística semestral; revisar y simplificar los cuestionarios de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas; posibilitar la remisión de notificaciones sobre organismos modificados genéticamente, y el intercambio de información por vía electrónica, y posibilitar la solicitud electrónica de permisos y autorizaciones de trabajos aéreos.

     Este paquete de medidas continúa con el compromiso cumplido el pasado 1 de diciembre de 2012 de reducir en un 30 por 100 las cargas administrativas en el periodo 2007-2012, y supone un ahorro total de más de 478 millones de euros, según el Método Simplificado de Medición de Cargas Administrativas y de su reducción, basado en la metodología de costes estándar (MCE) y compartido por las Administraciones Públicas españolas.

 

Errores y responsabilidades

sábado, 22 de junio de 2013

     Veamos: El juez pide a la AEAT un informe relativo a la Infanta Doña Cristina, y recibe uno según el cual vendió 13 propiedades, entre 2005 y 2006. Se desmiente por la Casa Real y se arma el lío.

     Entonces la AEAT echa la culpa a notarios y registradores. Una vez que estos certifican que no es así, hablamos de error.

     Entonces, ¿qué ha pasado?. Voy a aventurar varias hipótesis a partir de explicar como se nutre la AEAT de estos datos. En primer lugar, los datos (transmitente,adquirente y otros) los recibe el Catastro, proporcionados por notarios, registradores, C.C.A.A. y público en general. Notarios y    registradores remiten mensualmente – siempre bajo intervención y comprobación humana – en soporte informático, archivos  que contienen los datos que exige la legislación, datos que se vuelcan en los ordenadores de Catastro. Con todos los datos, periódicamente Catastro suministra información a los Ayuntamientos, actualizando titularidades. Este procedimiento evita que la gestión la tenga que hacer el particular.

     Tenemos, por tanto, varios traslados en soporte informático encriptado al Catastro, que tiene que volcarlos en sus ordenadores, de donde nuevamente, cuando proceda, se volcarán a los ordenadores de la AEAT. Una primera hipótesis es el error en el volcado, esto es que los ordenadores de Hacienda hayan procesado mal los datos y que hayan sustituido el NIF original por el 14Z. Hipótesis inicialmente difícil de creer pero no desdeñable, pues en todo volcado hay un pequeño porcentaje de errores.

     Otra hipótesis tiene que ver con la introducción del NIF del transmitente. En muchas ocasiones no se contaba con tal NIF y se sustituía por 0000, con la anuencia de Catastro. Que luego al saltar el error en los ordenadores de Hacienda se le diera, por el funcionario responsable, un número aleatoriamente, es algo perfectamente posible  y es más fácil teclear 14 que 12345678. No es hasta hace unos años, probablemente después de 2006, cuando Hacienda tiene más rigor en la admisión de datos.

    Hay una tercera hipótesis, para mí la más fiable, que engloba las dos anteriores: Si no consta el NIF del transmitente el sistema informático de Hacienda asigna un número de referencia y automáticamente el programa de la AEAT vuelca ese número, lo sitúa en el campo del NIF y le aplica la letra correspondiente. De forma que si el número de referencia es el 14, se convertirá en NIF 14Z. Se pide un informe tecleando un NIF, nadie comprueba nada: et voilá!

     Con todo, lo grave no es que ese dato erróneo estuviera ahí, pues ya se iría depurando. Seguros podemos estar de que los respectivos Ayuntamientos no han reclamado el impuesto de plusvalía a Doña Cristina, pues verificado el error lo corrigió el funcionario municipal.

     Lo que sí es muy grave es que en una causa penal se expidan informes de manera automática y, a lo que se ve, sin ningún tipo de comprobación ni intervención humana. Y cuando se les pilla con el carrito del helado van y echan la culpa a terceros.

     No puede admitirse que se generen sospechas contra cualquier ciudadano en virtud de informes automatizados y sin comprobar. Convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. Urge cambiar ese proceder de la Administración.

     Los registradores sabemos muy bien que, si nos equivocamos, respondemos. Y no firmamos en barbecho, no certificamos sin comprobar. Aplíquese la exigencia de responsabilidades a quien aparece como firmante del informe y a quienes han diseñado y mantienen un sistema que habilita al ordenador central de la AEAT a convertirnos, sin más y a partir de procedimientos informáticos ajenos a la intervención humana, en presuntos culpables.

     Fallo informático o error humano, se verá. Sí diré que es normal tener que expedir notas simples o certificaciones en los registros a solicitud de quienes tienen que demostrarle a Hacienda que no son dueños de tal o cual finca. A lo que se ve, hay abusos del sistema que permanecen hasta que afectan a algún miembro de la muy reducida élite social o política. Y llega el momento de corregirlos. Como ahora.
     Francisco Javier Gómez Jené
     Registrador de la Propiedad