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Archivo del 24 de junio de 2013

Un juez de Ibi anula dos ejecuciones hipotecarias de naves industriales

lunes, 24 de junio de 2013

     Los bancos que las solicitaban no están legitimados porque los préstamos los concedieron entidades distintas
     M. Vilaplana 21.06.2013 La noticia en informacion.com
     El Juzgado número 2 de Ibi ha anulado dos desahucios de naves industriales en este municipio porque las hipotecas se firmaron con entidades distintas a las que solicitan esta medida. En un caso, el acuerdo se formalizó con la CAM y la que pedía la ejecución hipotecaria era el Banco CAM, mientras que en el otro se suscribió con Caja Murcia y la solicitud partía del Banco Mare Nostrum (BMN).
     Este diario informaba ayer de la decisión de una jueza de Elche de anular el desahucio de una vivienda porque la entidad que lo solicitaba, Banco CAM, no es la entidad que en su momento concedió el préstamo, que en este caso es la CAM.
     Ahora se ha conocido que el Juzgado número 2 de Ibi ha emitido dos sentencias que, si bien en este caso afectan a naves industriales, se basan en la misma argumentación.
     El primero de los autos fue emitido incluso con anterioridad al de Elche, dado que está fechado el 28 de mayo pasado.  El juez estima falta de legitimación por parte del Banco Mare Nostrum, dado que la hipoteca fue firmada en su momento con una entidad distinta, concretamente Caja Murcia, que posteriormente fue absorbida por la que reclama el desahucio.
     En el segundo auto, fechado el 4 de junio, se reproduce la misma situación, puesto que el que reclama la nave industrial por impago es el Banco CAM y la hipoteca se firmó con la CAM, siendo dos entidades con personalidad jurídica distinta. En este caso no se ha planteado recurso, por lo que la sentencia es firme.
     El magistrado se hace eco, como sucedió en Elche, de argumentos dictados por las audiencias provinciales de Castellón y Valencia.
     La abogada que presentó los incidentes de nulidad de los dos desahucios de Ibi, Felicidad Peñalver, destaca la importancia de estos fallos judiciales, toda vez que «abre la vía a numerosos recursos», teniéndose en cuenta las recientes y numerosos fusiones, adquisiciones y extinciones de cajas de ahorros y bancos.
     Según sus palabras, «las entidades bancarias que solicitan la ejecución hipotecaria tendrían que haber notificado a los afectados la absorción de la entidad que les concedió originariamente el préstamo, y a partir de ahí escriturar y firmar de nuevo la hipoteca, inscribiéndola de nuevo en el Registro de la Propiedad».
     Las peticiones de desahucios de las naves iban dirigidas a dos empresas de Ibi que se han visto asfixiadas por la crisis económica.

 

Así será el nuevo registro público de inquilinos morosos

lunes, 24 de junio de 2013

     Incluido en la reforma de la ley de arrendamientos urbanos
     El fichero incluirá las deudas ciertas reconocidas por jueces o árbitros
     Los arrendatarios deberán ser informados de que son incluidos en la lista
     Raquel Díaz Guijarro Madrid 21-06-2013 El artículo en cincodias.com
     Para evitar equívocos, lo primero que conviene aclarar es que se trata de un registro público porque no costará nada su consulta y estará gestionado por la Administración. Pero no quiere decir que a él pueda acceder cualquiera. ¿Cómo funcionará? ¿Cuál es el objetivo que persigue? ¿A qué se refiere la Administración con el término inquilino moroso?
     Fuentes de Fomento explican a CincoDías que se están diseñando todos los pasos a seguir, así como los equipamientos tecnológicos necesarios para poner en marcha el registro, aunque todavía no hay fecha para que comience a operar. “El objetivo es aumentar la seguridad del arrendador o propietario que decide alquilar su vivienda, local o cualquier otra clase de inmueble. Es crucial que pueda conocer si la persona con la que va a firmar un contrato tiene o no alguna sentencia firme en la que resulte condenado por impago de rentas”, aseguran dichas fuentes.
     Esa es una de las premisas fundamentales que cumplirá el nuevo registro. Los inquilinos serán incluidos en ese fichero siempre y cuando sean titulares de una “deuda cierta vencida exigible y su impago haya sido reconocido o bien por un juzgado o por un árbitro porque las partes hayan acudido a un arbitraje”, indican fuentes oficiales.
     Otro de los requisitos que deberán cumplir esas deudas es que no tengan una antigüedad de más de seis años. Es decir, que no haya transcurrido más de ese tiempo desde la fecha en la que tenía que haberse hecho efectivo el pago.
     Protección de datos
     Esos y no otros serán, por lo tanto, los inquilinos morosos que compondrán el nuevo registro público al que solo podrán acceder aquellas personas físicas o jurídicas que “tengan un interés legítimo en obtener esa información”. Dicho de otro modo, quienes comuniquen que quieren consultar el registro deberán acreditar que van a alquilar un inmueble y desean conocer si su potencial inquilino es solvente y fiable. Con toda esta sucesión de garantías, tanto para caseros como para inquilinos, se trata de respetar la Ley de Protección de Datos y de ofrecer al mercado información veraz.
     Ese acceso será en todos los casos gratuito, según confirman desde Fomento y los inquilinos que sean incluidos como morosos tendrán derecho a saber que forman parte de ese registro. ¿Conseguirá este mecanismo frenar la proliferación de los denominados morosos profesionales? Se trata de auténticos especialistas en apurar los plazos legales de manera que van enlazando un alquiler con otro hasta conseguir vivir en varias casas a lo largo de los años sin pagar apenas renta. Como además suelen burlar los pocos mecanismos que existen para ficharles, los caseros les alquilan una vivienda sin conocer su experiencia en dejar cuantiosas deudas pendientes.
     Desde Fomento insisten en que quienes se dedican a no pagar por sistema “lo tendrán cada vez más difícil”. Sin embargo, algunas empresas del sector discrepan de esta opinión. Sergio Cardona, director de Estudios y Calidad del Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), único registro privado que existe a nivel nacional, asegura que el sistema que propugna Fomento solo podrá recoger como máximo un 10% de toda la morosidad que existe en el alquiler y no aquellos casos en los que antes de concluir el proceso judicial propietario e inquilino llegan a un acuerdo.
     “Por ello, nosotros no solo incluimos en nuestro fichero las sentencias firmes, sino que damos a los propietarios la oportunidad de inscribir a los inquilinos que no paguen, previa confirmación de la deuda”, asegura Cardona. Además, recomiendan a los caseros firmar un documento de seguridad por el que advierten al arrendatario que si deja de pagar de manera injustificada, pasará a formar parte del fichero. El FIM cobra a quienes quieran consultar su base de datos 9,90 euros más IVA y ofrece precios más bajos por consultas múltiples.
     Necesaria depuración de las estadísticas
     Mercado de alquiler continúa siendo sinónimo de oscurantismo por la falta de estadísticas oficiales sobre precios, número de viviendas en este régimen o grado de ocupación, entre otras variables. Además, el hecho de que no existan numerosas empresas que se dedican a intermediar en los arrendamientos de manera profesional dificulta esa deseada transparencia.
     Pasa un poco lo mismo con las cifras relativas a los desahucios. Hasta ahora el único organismo que disponía de cifras sobre cuántos procesos de lanzamiento o desahucio se dictaban al año era el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque los expertos dicen que hay que depurar mucho esos números. En 2012, el número total de lanzamientos alcanzó los 101.034. De ellos, 43.853 correspondieron al impago de hipotecas y otros 54.718 fueron lanzamientos de alquileres.

 

Certificación energética: una nueva puerta a la que llamar

lunes, 24 de junio de 2013

     Creada la Plataforma de Certificación Energética de Edificios de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales
     Inmaculada de la Vega Madrid 21 junio 2013 El artículo en elpais.com
     Se abre una nueva puerta a la que llamar para informarse y encargar la obligatoria certificación energética si se quiere vender o poner en alquiler una vivienda o un local. Esta mañana el director general del IDAE y el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial, han presentado en Madrid la Plataforma de Certificación Energética de Edificios de los Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales.
     José Antonio Galdón, presidente del Consejo explica que se está produciendo -y cuando lo detectan, los remiten al Ministerio de Industria-, casos de publicidad engañosa “que devalúan la certificación y llevan a que la gente la vea como una tasa más a pagar, que no sirve para nada”.
     Frente a ofertas comerciales de certificación gratis, a cambio de intervenciones futuras o, incluso, sin visitar el inmueble o a precios irrisorios, los técnicos que agrupa esta plataforma son ingenieros técnicos con formación específica. Cuentan con seguros de responsabilidad civil y el respaldo del colegio y cumplen con sus obligaciones fiscales y laborales.
     «La certificación, que debe ir firmada por un técnico, incluye información sobre eficiencia, y permite al propietario conocer las posibilidades y que hacer para mejorar la de su vivienda. Cuantifica el ahorro a nivel económico y de confort y, cuando se mejora la vivienda, esta gana valor y él propietario colabora con el medioambiente”, recuerda Galdón.
     Cada técnico es libre de cobrar su trabajo como estime , pero el coste medio es de unos 200 euros por vivienda. Este podrá ser sancionado, conforme al reglamento que se aprobará en la futura ley de Rehabilitación y Renovación Urbanas. Una cuestión más pendiente en este Decreto aprobado al filo del plazo en que pasaba a ser obligatorio esta certificación. Con tanta urgencia que aún no ha dado tiempo a que todas las Comunidades Autónomas creen su correspondiente Registro.
     El presidente del Consejo que agrupa a los ingenieros técnicos colegiados –una de las cuatro profesiones acreditadas para emitir este tipo de certificados- anota que la mayoría de las autonomías no tienen el registro ni el sistema necesario para generar de forma automática las etiquetas homologadas que tienen que expedir de forma que cuando se anuncie o venda una vivienda tenga la citada etique con la calificación, de la A a la G y el número de registro y expediente que permita que el ciudadano consulte la información sobre la vivienda de que se trate.
     “La obligatoriedad viene en un momento muy delicado económicamente. Pedimos que se facilite el acceso al crédito e incentivos para que se puedan realizar las reformas necesarias, así como deducción en el IRPF de las inversiones acometidas”, indica el presidente del Consejo.
     Aceptado por el propietario del inmueble a vender o a alquiler que hay que pagar obligatoriamente, faltaría por saber exactamente cuánto ahorro y mayor grado de confort va a generar hacer las mejoras en la vivienda que le indique el técnico. Galdón explica que, junto con el IDAE, van a realizar un estudio comparativo que esperan contribuya a crear una cultura de la eficiencia ante el reto de 2020, año en que las nuevas edificaciones tienen que ser de consumo nulo.
Solo el Consejo está dando o ha dado formación a 6.000 de sus colegiados.
     Puede emitir el certificado energético (obligatorio desde el pasado día 1 de junio para quien venda o alquile una casa o local) un arquitecto, un arquitecto técnico, un ingeniero industrial o un ingeniero técnico industrial. El propietario del piso en venta o alquiler puede acudir a las empresas creadas al efecto o a los colegios profesionales. Por ejemplo, el Consejo de los Colegios de Ingenieros Industriales publica en su web el listado de los colegiados que han manifestado estar interesados en certificar. El IDAE, dependiente del Ministerio de Industria, hizo un programa de formación de formadores para los profesionales citados. Estos, a su vez, imparten cursos de formación a sus compañeros colegiados. Los registros donde deben inscribirse los certificados para obtener el certificado se están creando estos días en Andalucía, Canarias, Extremadura, Galicia, Valencia, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra, Cantabria o Baleares… El de Madrid, telemático, está ya en vigor y es gratuito. En el plazo de un mes desde que se expidan los certificados se deben comunicar al registro correspondiente. Los notarios están obligados a exigir estos certificados.