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Archivo del 25 de junio de 2013

Hacienda culpa a 4 notarías de los errores con la Infanta Cristina

martes, 25 de junio de 2013

     Según El Mundo.  La noticia en teinteresa.es
     Esta cabecera señala que ayer altos cargos del ministerio estaban ultimando las explicaciones que se ofrecerán este martes sobre la confusión del DNI de la infanta.
     El Mundo destaca que los errores se produjeron en el momento en que las notarías volcaron los datos de las escrituras en el programa informático a través del cuales se trasmiten a Hacienda.
     El diario El Mundo publica que los errores en la información fiscal de la Infanta Cristina que fue remitida al juez del caso Nóos fueron cometidos por las cuatro notarias que elaboraron las escrituritas de compraventa, según informaron ayer fuentes de Hacienda.
     Esta cabecera señala que ayer altos cargos del ministerio estaban ultimando las explicaciones que se ofrecerán este martes sobre la confusión del DNI de la infanta. El Mundo destaca que también se conocerán “errores compartidos” con los registradores y el Catastro.
     Según este diario, los errores se produjeron en el momento en que las notarías volcaron los datos de las escrituras en el programa informático a través del cuales se trasmiten a Hacienda, donde se habría tecleado erróneamente el DNI de la Infanta. El Mundo destaca que los expertos alegan que los datos se transcribieron mal y después no se verificaron porque afectaban a ejercicios que ya estaban prescritos.
     El Mundo señala que aunque el grueso de los 13 errores corresponderían a las notarías que elaboraron las escrituras de la compraventa de tierras y fincas por valor de 1,4 millones de euros y después trasmitieron erróneamente los datos mediante un programa llamando Índice Único, Hacienda señaló ayer que los fallos también afectan a los registradores de la propiedad y al Catastro, que es responsabilidad de ese ministerio

 

 

La investigación de Hacienda sobre las fincas de la Infanta apunta a ‘irregularidades’ notariales

martes, 25 de junio de 2013

     La Agencia Tributaria descarta responsabilidades políticas y afirma que dos leyes le exigen la entrega de datos en bruto al juez. La orden de 1999, obliga entregar los datos «sin que hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.
     Javier Ruiz – El artículo en vozpópuli.com
     Hacienda ha concluido ya su investigación interna sobre la atribución de 13 operaciones de compra-venta de fincas a la Infanta Cristina. La Agencia Tributaria considera que irregularidades notariales y/o registrales explican la atribución de operaciones en los que la hija del Rey no participó. La reconstrucción de lo sucedido en esa investigación habla de “error” sin aclarar si esos fallos son o no intencionados.
     De hecho, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que si se detectan indicios de tramas –como algunos de sus peritos e inspectores han señalado—“el Sepblac (la comisión contra el blanqueo de capitales que integran el Banco de España y el ministerio de Economía) y la Fiscalía actuarán de oficio”. Pese a la posición oficial de Hacienda, el Fiscal General del Estado ha negado ya su intervención incluso antes de conocer las conclusiones con el argumento de que “no tienen relevancia penal”.
     Lo sucedido «no puede volver a pasar a día de hoy», afirma Hacienda
     En su informe, Hacienda hace también evaluación de la situación actual y concluye que lo sucedido “no puede volver a ocurrir” porque a día de hoy los datos registrales y las actas notariales integradas en el Indice Unificado del Notariado (IUN) se cruzan mensualmente con los datos del catastro. Ese filtro no existía en los años 2005 y 2006, cuando se produjeron las supuestas compra-ventas atribuidas a la Infanta pero a día de hoy no podría volver a pasar, concluye Hacienda.
 
     Hacienda descarta responsabilidades políticas
    El Ejecutivo rechaza que haya responsabilidades políticas en los llamados “errores” con el argumento de que se han respetado todos los protocolos requeridos. Según fuentes de la Agencia Tributaria, dos normas amparan que el fisco remitiera al juez datos en bruto sobre la declaración de la Infanta sin someterlos a verificación previa:
     La orden 18 de noviembre de 1999 por la que se regula el suministro de información tributaria a las Administraciones Públicas que prevé la entrega de datos en bruto y
     La Ley General Tributaria cuyo artículo 95 impide al Ejecutivo difundir los datos de la Infanta o de cualquier otro contribuyente cuando fueron requeridos por la oposición. 
     El artículo 7 de la orden ministerial referido a la “naturaleza de los datos” asegura que “los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.
     Esa norma es la que utilizará el Ejecutivo para asegurar que no ha incurrido en error del que se deriven responsabilidades políticas.

 

Cuarta sentencia a favor de devolver el dinero por cláusulas suelo abusivas

martes, 25 de junio de 2013

     Lucía Sicre- 24/06/13 El artículo en eleconomista.es
     Ya son cuatro las resoluciones judiciales que dan la razón al cliente y devuelven el dinero cobrado indebidamente por la banca en caso de nulidad de sus cláusulas suelo. A pesar de que el Tribunal Supremo se opuso, en su sentencia de 9 de mayo, a la devolución de las sumas cobradas antes de declararse la nulidad, los jueces comienzan a esquivar este criterio apelando al Código Civil y a la primacía de la ley sobre la jurisprudencia del Supremo. En este caso, el juez va más allá y asegura que el fallo del Alto Tribunal sólo puede aplicarse al caso que resuelve, y no puede extrapolarse a ningún otro.
     El último pronunciamiento a favor del consumidor se encuentra en una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Bilbao, con fecha de 19 de junio de la que es ponente el magistrado Bermúdez Avila, que se basa en el artículo 1.303 del Código Civil para devolver el dinero al cliente. Dicho precepto obliga a restituir las cantidades en caso de nulidad.
     El fallo recuerda que, eliminada del contrato de préstamo la cláusula suelo, dicho pacto seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos sin la cláusula abusiva. Así, como regla general, la ineficacia de los contratos o de alguna de sus cláusulas, si el contrato subsiste «exige destruir sus consecuencias y borrar sus huellas como si no hubiesen existido». De esa forma se evita que lo nulo produzca efecto alguno, tal y como dispone el artículo 1.303 del Código Civil.
     Ese criterio es el opuesto al mantenido por el Supremo en su sentencia. Ésta se basa en el «riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico» que supondría la devolución del dinero, y niega la retroactividad.
     Una sentencia para un caso concreto
     La sentencia va más allá que los anteriores pronunciamientos y recuerda que la sentencia del Supremo se dictó para un caso concreto, por lo que no tendría efecto alguno en otras resoluciones, tanto pasadas como futuras. Así, asegura que el pronunciamiento del Alto Tribunal «no impide la posibilidad de decidir, en un juicio posterior y atendiendo a las circunstancias concretas, si debe aplicarse o no la excepción a la regla general prevista en el artículo 1.303 del Código Civil».
     El Supremo, a juicio del ponente, declara «la irretroactividad únicamente de su sentencia», de forma que el fallo no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada (ni, por tanto, a las que puedan decidirse con posteridad); ni a los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia (lo que no supone que no puedan impugnarse en juicios posteriores).
     Atendiendo a este criterio, Bermúdez Avila asegura que el Supremo «no puede extender en su resolución los efectos de la cosa juzgada de la sentencia hasta el punto de impedir los posteriores juicios que puedan interponer aquellos a los que no se les extiende por ley tales efectos (básicamente, a los que no han sido parte en el procedimiento (artículo 223.3 LEC). Y no lo hace».
     La reducida cuantía en juego en este proceso, que afecta a dos particulares, se convierte en la clave de la devolución. En este supuesto, que «es lo único que debe resolver este juzgador, no puede decirse que devolver al demandante el importe reclamado (11.973 euros) pueda generar ningún riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico». «Esta parece ser, a la vista del resto de circunstancias enumeradas, la razón fundamental que lleva al Supremo (y al Ministerio Fiscal) a pronunciarse en contra de aplicar la regla general de los efectos retroactivos de la nulidad de la cláusula suelo. Y no es aplicable a este caso».
     Cuarto fallo a favor del cliente
     Hace dos semanas se dieron a conocer dos sentencias en las que se anularon estas cláusulas y se devolvió el dinero a los clientes -en ambos casos, ante demandas iniciadas por los perjudicados solicitando la nulidad-. El tercer fallo que da la razón al cliente fue un auto dictado en el ámbito de un procedimiento de ejecución hipotecaria, iniciado, por tanto, por la entidad bancaria.

 

El Gobierno favorece a los grandes propietarios y a la Sareb en la ley de alquiler

martes, 25 de junio de 2013

     La ley de alquiler apuntala el ladrillazo
     Entra en vigor la Ley 4/2013 de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas, que beneficia a propietarios y empresas en detrimento de los inquilinos.
     Tamara Fariñas. Madrid 24/06/13 •El artículo en diagonalperiodico.net
     El mes de agosto de 2012, el Partido Popular (PP) puso en marcha la nueva Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas, con el objetivo de minimizar el “miedo” de los propietarios a alquilar sus inmuebles. Diez meses después, el pasado 23 de mayo, esta norma fue aprobada en el Congreso de los Diputados a pesar del rechazo por parte de todos los grupos de la oposición.
     El 7 de junio entró en vigor esta nueva legislación que, según diferentes colectivos, beneficia a compañías con patrimonios inmobiliarios importantes Con la supuesta intención de “flexibilizar y agilizar” el mercado de alquiler, el pasado 7 de junio entró en vigor esta nueva legislación que, según diferentes colectivos, beneficia a compañías con patrimonios inmobiliarios importantes. Según la organización de consumidores Facua, la nueva ley supondrá beneficios para “los especuladores y las entidades financieras”, gran parte de quienes provocaron la burbuja inmobiliaria.
     Esta nueva ley no supone una reactivación del mercado de alquiler, sino que por el contrario, sólo es una “movilización temporal”, como explica la Plataforma por una Vivienda Digna. Los nuevos plazos “facilitan que la Sareb y muchas entidades intervenidas” puedan alquilar sus propiedades a corto plazo para, una vez reactivado el sector de compra, poder venderlos sin trabas gubernamentales. La norma se ha aprobado con algunas modificaciones al texto original, y en su mayor parte favorece única y exclusivamente al propietario dejando desprotegido al inquilino.
     Con el argumento de equilibrar la balanza, lo que se ha conseguido con la puesta en vigor de la Ley de Alquiler es descompensarla favoreciendo al propietario. La nueva normativa facilita el denominado desahucio exprés: en el caso de impago de la renta, el plazo para llevar a cabo el desahucio, si no existe respuesta por parte del inquilino, pasa a ser tan sólo de diez días, y el nombre del inquilino pasa a formar parte de una lista pública de morosos. A esto hay que añadirle la inestabilidad que supone el hecho de que, gracias a la Ley de Alquiler, el propietario pueda recuperar el piso, o bien para utilizarlo como vivienda propia, o bien para algún familiar, en un plazo de dos meses. Con la anterior legislación esto sólo era posible una vez finalizado lo que se conoce como prórroga forzosa, que tenía una duración de cinco años.
     La duración mínima del contrato pasa de cinco a tres años, y la prórroga tácita se reduce de tres a uno. Todo esto implica que la estabilidad para el inquilino se reduzca notablemente Las prórrogas de los alquileres también crean un ambiente de inestabilidad para los inquilinos de las viviendas. Hasta hace unos días, en caso de que un contrato de alquiler fuera inferior a cinco años, éste se podría prorrogar, a voluntad del inquilino y con obligatoriedad para el propietario, hasta un mínimo de cinco años. Una vez finalizado este plazo, si ninguna de las dos partes comunicara lo contrario, el alquiler se seguiría renovando anualmente durante tres años más. Esto último es lo que se conoce como prórroga tácita. Desde la puesta en vigor de la nueva ley, la duración mínima del contrato pasa de cinco a tres años, y la prórroga tácita se reduce de tres a uno. Todo esto implica que la estabilidad para el inquilino se reduzca notablemente, ya que se pasa de ocho años de proceso contractual a tan sólo cuatro. Facua afirma que, en este sentido, el Gobierno facilita “que se echen personas a la calle aunque cumplan con sus obligaciones”.
     Otra de las normas que incluye esta reforma es la supresión de la obligatoriedad de mantenimiento del contrato en caso de cambio de propietario: si el dueño de la vivienda decidiera vender su piso, el contrato de alquiler no se mantendría si éste no estuviera dado de alta en el Registro de la Propiedad, proceso que hasta la fecha ha resultado ser muy engorroso, bastante caro y, lo más importante, de carácter optativo. Si el propietario decide no darlo de alta, el arrendatario quedaría totalmente desprotegido ante una posible venta del inmueble.
     Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con esta ley “el Estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos” El Gobierno afirma que, tras aprobar la Ley de Alquiler, se facilita el pacto entre las partes para la revisión de la renta, sin intermediarios. Lo que obvia el Ejecutivo es que, en una negociación, pocas veces se pacta en igualdad de condiciones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que recientemente recibió el Premio al Ciudadano Europeo 2013 por su defensa de los valores europeos, afirma que con la normativa “el Estado prioriza la especulación por encima de los derechos humanos”. Las Socimi (Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario), introducidas en la legislación en 2009 y modificadas ahora para convertirlas en el equivalente español de las REIT (Real Estate Investment Funds), serán otro de los organismos que, junto a la banca y los grandes inversores, saldrán beneficiados de la nueva Ley de Alquiler. La normativa flexibiliza los requisitos para la creación de estas sociedades para incentivar el flujo de alquiler, lo que atraerá a posibles inversores que, llegada la recuperación del mercado, tendrán mayor facilidad para especular con la vivienda.
     Eliminación y limitación de ayudas al alquiler
     En la nueva Ley de Alquiler, que entra en vigor este verano, el Gobierno suprime también todas las ayudas para el alquiler: se eliminan los préstamos para la adquisición de vivienda protegida y se obliga al inquilino a confirmar, en un plazo de dos meses, el ser beneficiario de ayuda de subsidiación de préstamo siempre que el Ministerio de Fomento esté conforme. No obstante, el texto suprime la posibilidad de que haya nuevas peticiones. Asimismo, las ayudas de renta básica de emancipación (RBE) – que ya habían sido reducidas de 210 a 140 euros mensuales–, las de programas de inquilinos o las de áreas de rehabilitación integral, aislada, renovación urbana y Plan Renove desaparecerán una vez sean efectivas las nuevas líneas del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, donde se incluirán los requisitos para nuevas ayudas, “orientadas a las familias que viven en alquiler con menores ingresos”.

 

Cláusulas suelo en las hipotecas

martes, 25 de junio de 2013

     Santiago Lago Peñas 20.06.2013 La noticia en el farodevigo.es
     La sentencia del Tribunal Supremo (TS) pone en una situación difícil a las entidades de crédito que incluyeron en sus contratos hipotecarios cláusulas suelo. Y mi opinión y consejo para los bancos que no están directamente afectados por la sentencia es que la asuman cuanto antes y de forma voluntaria. En cualquier caso, tengo la sensación de que ellos mismos se darán cuenta de ello. Por varios motivos.
     Primero, me parece que pocos créditos hipotecarios pasarían la prueba del algodón definida por el TS. Porque en la práctica esa cláusula iba en la letra pequeña del contrato. Ni el banco, ni el notario hablaban de ella y, desde luego, nada se negociaba a este respecto. Poca transparencia y menos información han sido la norma y no la excepción.
     Segundo, porque las entidades de crédito que no se sumen a esa liberación de cláusulas se van a ver desbordadas por reclamaciones y demandas, con una muy elevada probabilidad de perder, visto el panorama.
     Tercero, porque lo que sí van a conseguir, sin duda, es tener clientes cabreados a los que va a ser imposible colocarles ningún producto financiero adicional, y que van a hablar mal de su propio banco a amigos y conocidos. El coste reputacional puede ser muy elevado para unas entidades de crédito que luego gastan millones en publicidad.
     Y cuarto, porque las clausulas suelo tiene un efecto limitado en el tiempo: el euríbor volverá a subir por encima del 2% en un par de años. Pero los clientes y posibles contratos que se pierdan por el camino no volverán.