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Archivo del 27 de junio de 2013

El PP insta al Gobierno a reformar la legislación hipotecaria reforzando las garantías de titulares registrales y terceros

jueves, 27 de junio de 2013

     El portavoz de Justicia, José Miguel Castillo-Calvín afirma que “debemos considerar como prioridad política y legislativa, la protección al tercero adquirente ajeno al procedimiento de disciplina urbanística, cuando no pueda acceder al conocimiento del expediente, o cuando no exista constatación registral del mismo”.

     26 de junio de 2013 – PP La noticia en pp.es

     El portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, José Miguel Castillo-Calvín, insta al Gobierno a remitir a la Cámara un Proyecto de Ley de modificación de la legislación Hipotecaria, a fin de reforzar las garantías de titulares registrales y terceros.
 
     Según el portavoz popular “se tiene que regular el procedimiento de remisión de los expedientes de disciplina urbanística al Registro de la Propiedad y se mejore la eficacia de los mecanismos previstos en el RD 1093/1997, tanto en relación con las anotaciones preventivas en procedimientos administrativos, como con las anotaciones preventivas de demanda”.
 
     En este sentido, el portavoz de Justicia señaló que “debemos considerar como prioridad política y legislativa, la protección al tercero adquirente de buena fe ajeno al procedimiento de disciplina urbanística, cuando no pueda acceder al conocimiento del expediente, o cuando no exista constatación registral del mismo”.
 
     “Esta tutela resulta esencial para lograr una mayor protección de la seguridad del tráfico jurídico y económico, también en el ámbito urbanístico”, aseguró Castillo-Calvín.
 
     En su opinión, “la aplicación de la legalidad urbanística y la consecuente preservación del entorno natural, que exigen el establecimiento de sistemas y criterios de control rigurosos, dirigidos al restablecimiento del orden urbanístico infringido, no debe resultar incompatible con el respeto a las situaciones de confianza legítima de buena fe, en la apariencia creada por la propia Administración urbanística”.
 
     En este sentido, el portavoz popular apuntó que “si bien es cierto que, en línea de principios, los daños al entorno, derivados de infracciones urbanísticas, han de repararse de modo íntegro, reponiendo las cosas al estado anterior de conservación natural, e impidiendo el desarrollo de la ciudad de forma no querida por la comunidad, a la que corresponde la decisión sobre el futuro de su asentamiento urbano, ello no puede realizarse a costa de sacrificar los intereses de los terceros, ajenos a la infracción urbanística”.
 
     Porque, añadió “ellos adquieren regularmente las edificaciones, confiando en la apariencia de legalidad que deriva de la licencia concedida − presunción legal de validez, establecida por el artículo 57 de Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas −, o en la genérica licitud de los pronunciamientos registrales, consecuencia del principio hipotecario de legalidad”.
 
 
      Evitar posterior declaración ilicitud licencia terceros
 
     “Por lo expuesto anteriormente” –indicó- “y con la finalidad de evitar que la posterior declaración de ilicitud de la licencia o, en general, la resolución administrativa dirigida al restablecimiento de la legalidad infringida no alcance a dichos terceros, cuando los mismos no han podido racionalmente conocer la existencia del procedimiento sancionador, por falta de adecuado acceso del mismo al Registro de la Propiedad, es por lo que hemos elaborado y defendemos esta Proposición no de Ley”.
 
     A su juicio, “sólo de esta manera, impediremos que una sanción de demolición pueda perjudicar las expectativas racionalmente basadas en la apariencia surgida de la actividad o la pasividad de la Administración”.
 
     Además, afirmó Castillo-Calvín “daremos efectivo cumplimiento, sin contradicción, a aquellos dos valores propios del Estado de Derecho y dignos de protección: por un lado, la necesaria preservación del entorno, y su corolario de represión de la infracción urbanística y, por otro, la adecuada certidumbre en la titularidad de los derechos; favoreciendo así la seguridad del tráfico jurídico y económico, como ocurre en otros ámbitos de nuestro ordenamiento, pero que en materia urbanística, la regulación actual no termina de cumplir adecuadamente”.
 
     Para el dirigente popular esta es “una tarea, para la cual es especialmente necesaria la máxima implicación de los registradores de la propiedad, tal como se solicita en la presente propuesta: de una parte, mediante la colaboración proactiva de dichos funcionarios, realizando las comunicaciones y notificaciones que, dentro del procedimiento sancionador, deban ser practicadas a los titulares registrales de cualquier derecho sobre la finca afectada por el expediente”.
 
     Y, por otro lado, apuntó “estableciendo como trámite necesario para la continuación del procedimiento, la remisión a la Autoridad administrativa de un dictamen, por el cual, el registrador coopere a la remoción de los obstáculos que puedan impedir la debida constancia registral del expediente”.
 
     “Es necesario, junto a ello, garantizar la práctica de la anotación preventiva del expediente de disciplina, para asegurar el resultado del procedimiento”, aclaró el portavoz del PP, quien aseguró que “de esta manera se evita la aparición en escena de un tercero de buena fe, que haría muy difícil, cuando no imposible, la restauración del orden jurídico infringido, al impedir la continuación del procedimiento de disciplina”.
 
     Además, destacó que para dar efectivo cumplimiento a lo anterior, y dado que la ley no puede evitar materialmente un posible incumplimiento “será conveniente establecer una sanción especialmente rígida, para el caso en que se incumpla la obligación de anotar previamente la incoación del procedimiento, a fin de que la Administración indemnice los daños y perjuicios causados a quienes, habiendo intervenido en el expediente, acrediten una lesión actual, efectiva y directa en sus derechos, derivada de la imposibilidad de restauración del orden infringido”.
 

 

Montoro admite que en España «hay demasiada economía sumergida»

jueves, 27 de junio de 2013

     Europa Press  26/06/2013 – La noticia en elconomista.es
     El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha admitido que en España «hay demasiada economía sumergida», como muestra el hecho de que el PIB per cápita de España sea «claramente inferior» al registrado en otros países del entorno europeo.
     Preguntado sobre la cuantificación de la economía sumergida por el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha asegurado, sin embargo, que las leyes que está aprobando el Parlamento para poner coto al fraude fiscal están siendo «eficaces».
     Así, ha recordado que el modelo 720 sobre bienes y derechos en el extranjero de 30 de enero de este año ha aflorado 87.000 millones de euros declarados pertenecientes a 140.000 contribuyentes residentes en España.
     Si bien, ha insistido en que es difícil atajar la economía sumergida porque «por su naturaleza pertenece al ámbito de los desconocido». «Si fuera conocida estaría en las estadísticas y todas las actividades mercantiles estarían tributando», ha añadido.
     En cualquier caso, ha asegurado que la Agencia Tributaria (AEAT) sigue realizando «permanentemente» visitas sobre «potenciales elementos de economía sumergida».
     «Entendemos todos que es una actuación a veces incómoda para los contribuyentes, pero absolutamente necesaria para financiar el Estado, ensanchar las bases imponibles y no tener que subir impuestos», ha apostillado.
     Por su parte, Sánchez Llibre ha alertado de que la economía sumergida es el principal foco de fraude, por lo que su reducción debería ser objetivo prioritario de la AEAT en lugar de centrar «única y exclusivamente en los contribuyentes que sí pagan sus impuestos».
     «La AEAT debería ser la cara amable para los que pagan normalmente y un instrumento feroz contra los clandestinos», ha zanjado.

 

Las hipotecas sobre viviendas encadenan tres años de caídas constantes

jueves, 27 de junio de 2013

     Histórico desplome
     26/06/2013 –  La noticia en finanzas.com
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 17.508 en el mes de abril, cifra inferior en un 18,1% a la del mismo mes de 2012. Ya son tres años consecutivos de constantes caídas. Están en mínimos históricos.
     Las hipotecas sobre viviendas encadenan tres años de caídas constantes
     El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en 17.508 en el mes de abril, cifra inferior en un 18,1% a la del mismo mes de 2012, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
     El retroceso interanual de abril, con el que las viviendas hipotecadas encadenan ya 36 meses de caídas consecutivas, es menos pronunciado que el de marzo, cuando las viviendas hipotecadas se redujeron un 34,1%.
     Además, la cifra total de hipotecas sobre viviendas (17.508) es la segunda más baja en cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003.
     El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en el cuarto mes del año los 94.023 euros, un 5,8% menos que en igual mes de 2012, mientras que el capital prestado se redujo un 22,8% en tasa interanual, hasta los 1.646,1 millones de euros.
     En tasa mensual (abril sobre marzo), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 7,6%, el único crecimiento en este mes desde 2009. El capital prestado para las viviendas hipotecadas registró un repunte mensual del 4,7%, registrando también su único incremento desde 2009.
     Bajan un 17,5% las hipotecas sobre el total de fincas.
     De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante el cuarto mes del año se constituyeron 29.510 hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas), cifra que supone un descenso del 17,5% respecto a abril de 2012.
     El capital de los créditos hipotecarios concedidos bajó un 21,6% respecto al mismo mes del año pasado, hasta los 3.196 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas ascendió a 108.304 euros, un 5% menos que en abril de 2012

Los notarios admiten ahora un «error material» con el DNI de la Infanta

jueves, 27 de junio de 2013

     En las fichas que envían a Hacienda
     En una de las fichas remitidas al catastro, se incluyó el DNI de la infanta, explican. En las escrituras, añaden, no había fallo.
     La noticia en libertaddigital.com 2013-06-26
     El Consejo General del Notariado ha rechazado la versión de Hacienda sobre las fincas atribuidas a la infanta Cristina según la cual once de los errores los cometieron los notarios y registradores.
     En un comunicado remitido a LD, admite que se ha producido un «error material» al incluir el DNI, sin letra, de la Infanta Cristina, el número 14, cuando se rellenaba una ficha para comunicar datos al Catastro y a las Comunidades Autónomas de la transmisión de fincas, que afectaría a tres escrituras en concreto.
     Los notarios explican que las cuatro escrituras públicas de 2005 y 2006 -que corresponden a una compraventa y tres aceptaciones y manifestaciones de herencias-, en las que figuran las 13 fincas que Hacienda atribuyó a la hija del Rey, «no contienen ningún error y cumplen con todo lo establecido por la legalidad vigente».
    Sin embargo, admiten que al rellenar las fichas a través de las cuales se envían estos datos a las autonomías ya al catastro, se introdujo, en el campo del NIF el número de la Infanta, el 14, aunque sin la letra correspondiente.
     Según explican, en procesos de transmisión de herencia, la ley no obliga a que figure en las escrituras el NIF del fallecido, dato que en cambio sí se exige para hacer la ficha para el catastro.
     En una de las fichas se incluyó, «sin letra, el número 00000014 en un campo como NIF del fallecido». En las otras dos, el número se incluyó en un campo denominado «otros» sin indicar que se tratara de un DNI. «Estos errores son atribuibles a causas humanas o informáticas en el proceso de volcado de los datos», apuntan.
     «Habría bastado con consultar el contenido íntegro de las tres fichas o solicitar la copia de las escrituras para comprobar que se trataba de un error material», indican en alusión a Hacienda.
     ¿Cómo es posible?
     Según fuentes de Notarías y Registro consultadas por Libertad Digital, el error como tal es posible, aunque lo matizan. Tal y como explican, cuando se trata de escrituras muy antiguas, en numerosas ocasiones el DNI no figura. «Se registraba una propiedad a nombre de Fulanito Pérez que vivía en tal o cual sitio, pero muchas veces no figura el DNI. Además, en los registros y notarías no tenemos modo de averiguar el DNI de esa persona», dice estas fuentes.
     El problema es el sistema informático que en los registros y notarías se emplea para volcar los datos al Catastro –ente que sirve para cobrar impuestos municipales de las transacciones patrimoniales- Del catastro se envían los datos a la Agencia Tributaria.
     En ese sistema informático, el campo del DNI es obligatorio. Si no se rellena, el sistema no envía la información al catastro. Entonces, «en ocasiones, cuando se vuelca la información por transmisiones de herencia o fincas con escrituras tan antiguas, ese campo se rellena con DNI aleatorio. No debe hacerse, pero en ocasiones se ha hecho y entonces se pone 99999999, o 00000001, etc.» Claro que, esto en la Agencia Tributaria, «salta y te devuelven el expediente con los datos correctos para que lo corrijas en el sistema informático».
     Lo que llama la atención de estas fuentes son algunas de las circunstancias que se dan en este caso:
     Que se produzcan errores con el DNI de la Infanta en 13 ocasiones concentradas en dos años. A esta inquietud Hacienda contesta pidiendo que no se especule y afirma que se trata de errores aleatorios.
     Que en todas ellas el DNI aleatorio haya sido el 00000014, que para colmo corresponde a un nombre que no es nada común –para los que también suelen darse errores, como por ejemplo, «Pedro López Pérez»-
     Que no se haya pedido la corrección de los datos por parte del Catastro o de la Agencia Tributaria.