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Archivo del 28 de junio de 2013

El Banco de España obliga a la banca a retener el 75% de lo que gane en 2013

viernes, 28 de junio de 2013

     La noticia en lainformacion.com, 27/06/13 
     El regulador restringe el porcentaje del beneficio bancario que se podrá destinar a retribuir a los accionistas al 25% para apuntalar el capital de las entidades
     Insta a las entidades a ser prudentes también en su política de retribución en forma de acciones
     El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, en una reciente comparecencia parlamentaria.
     El Banco de España ha decidido restringir al 25% el porcentaje de sus beneficios que la banca española podrá destinar a retribuir a sus accionistas en forma de reparto de dividendos en efectivo.
     El regulador pretende de esta forma que las entidades financieras destinen la mayor parte de sus ganancias a apuntalar su solvencia y reforzar sus posiciones de capital, en la línea de lo que ha venido sugiriendo la Comisión Europea en sus últimas recomendaciones a España.
     «Esta exigencia es especialmente necesaria en un entorno como el actual, en el que persisten incertidumbres sobre la evolución económica, tanto en España como en el conjunto de la zona euro», se ha justificado el Banco de España en una carta remitida a las asociaciones profesionales del sector financiero, la patronal bancaria AEB y la de las cajas de ahorros CECA.
     La recomendación del Banco de España es que durante el año 2013 se limite el reparto de beneficios entre los accionistas y, en concreto, que los dividendos que se abonen en forma de efectivo no excedan el 25% de los beneficios.
     Para que ninguna entidad tenga la tentación de saltarse esta restricción sobre el reparto de beneficios entre los accionistas mediante una política de retribución en acciones, el regulador ha exigido también a la banca que utilice con cautela esa fórmula.
     «Es conveniente que el dividendo total por acción se ajuste razonablemente para acomodarse al crecimiento de las acciones en circulación y a la evolución de los beneficios», subraya el Banco de España.
     Al cabo, el objetivo de esta restricción es conseguir que las entidades financieras orienten la mayor parte de sus beneficios de este año a apuntalar sus recursos propios y reforzar su solvencia financiera ante las dudas que todavía siguen mostrando los inversores y los organismos internacionales.
      De hecho, en los últimos meses se han puesto de manifiesto circunstancias como la obligatoria reclasificación de las refinanciaciones de préstamos al sector privado como activos de riesgo (y por tanto objeto de provisión) y la potencial supresión de las cláusulas suelo que probablemente tensionarán los balances de la banca en el transcurso de este año.
     ¿Buenas o malas noticias?
     Según Nuria Álvarez, analista financiero de Renta 4, «el impacto de la medida sobre las políticas de dividendos es incierto, dado que no se específica si el pay-out (la parte del beneficio que las compañías destinan a dividendos) es sobre lo repartido en efectivo o también tiene en cuenta la parte del scrip (es decir, del pago en acciones).
     La firma asegura que es una buena noticia para el sector financiero, ya que «la limitación del pay-out y la recomendación de dar al accionista la oportunidad de cobrarlo en acciones nos parece positivo en tanto en cuanto supondrá una mayor generación de capital».
     Siempre y cuando no se vayan a reducir los dividendos y que se trate solamente de posibles cambios en la forma de repartirlos, no esperamos una reacción negativa de la cotización del sector.
     Esta mañana, la patronal bancaria AEB, que no ve del todo mal restringir las políticas de reparto de dividendos de las entidades, sí criticaba que todas fueran tratadas por igual a la hora de limitar la retribución a sus accionistas.

La banca evaluará el impacto de eliminar las cláusulas suelo

viernes, 28 de junio de 2013

     Linde solicita a las entidades «extremar la atención» a la hora de comercializar hipotecas con estas condiciones
     Lm/agencias 2013-06-26 El artículo en libremercado.com
      Antes del 31 de julio
     Las entidades financieras deberán comunicar antes del próximo 31 de julio al Banco de España las conclusiones de la evaluación y revisión de las conocidas como ‘cláusulas suelo’ en sus carteras de préstamos hipotecarios a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo que exigía una serie de requisitos de transparencia, así como el impacto que pudiera tener sobre sus resultados una eventual eliminación de estas condiciones.
     Según ha informado en un comunicado el organismo liderado por Luis María Linde, la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera del Banco de España ha remitido este martes una carta a las asociaciones profesionales del sector bancario (AEB, CECA y UNACC) en la que les solicita que trasladen a sus respectivos asociados la necesidad de revisar la adecuación de las cláusulas suelo.
     La sentencia del Alto Tribunal ha declarado la nulidad, por su falta de transparencia, de las ‘cláusulas suelo’ contenidas en determinadas escrituras de préstamos hipotecarios suscritos con consumidores correspondientes a BBVA, Novagalicia Banco y Cajamar.
     En la misiva se señala además que las entidades deberán «extremar la atención» a la hora de comercializar los préstamos hipotecarios que incorporen este tipo de cláusulas, siguiendo los requerimientos de información en la normativa vigente sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, así como los criterios establecidos por la sentencia del Supremo.
     Esta petición coincide precisamente con el encargo del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, para que el Banco de España pusiera «especial» atención para que se cumpliera dicha sentencia en aras de facilitar la transparencia de las ‘cláusulas suelos’. De hecho, el ministro confió en que el supervisor pusiera «medios especiales» para que se aplique la sentencia del Supremo. Tras la sentencia, BBVA, Novagalicia y Cajamar han decidido dejar de aplicar estas condiciones de sus contratos hipotecarios.
     Por su parte, el presidente del BBVA, Francisco González, consideró «normal» que la decisión de la entidad de dejar de aplicar las cláusulas suelo sea una práctica extendida entre el resto del sector financiero español, después de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido, fundamentalmente, a su falta de transparencia.
     El ‘banco azul’ estima que con la actual cotización del Euríbor a un año, la aplicación de esta medida a la cartera hipotecaria afectada por la sentencia producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros. En meses sucesivos el impacto dependerá de la evolución del Euríbor a un año.

La mujer endeudada por el asesino de su hija asegura que el notario no la informó

viernes, 28 de junio de 2013

     Juana Vacas aceptó la herencia de su hija sin saber que estaba endeudada
     Ahora se expone a ser desahuciada si no paga 18.000 euros
     Ginés Donaire Jaén 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     “Pido justicia, no sabía lo que firmaba ante el notario”. Juana Vacas, una anciana de 74 años, sacaba este miércoles fuerzas de flaqueza para clamar, a las puertas de un juzgado de Jaén, contra la que ella considera una herencia envenenada que ha tenido que asumir. La misma que le ha puesto en riesgo de perder su casa al no poder hacer frente a las deudas contraídas por el asesino de su hija Purificación hace dos años. Su exyerno, Fermín Jiménez Martos, fue condenado a 22 años de prisión por el asesinato de Purificación, que tenía una discapacidad psíquica del 44%, “con alevosía y ensañamiento”, según la sentencia hecha pública en mayo.
     Finalmente, Juana Vacas no ha tenido que declarar durante la vista civil celebrada donde se pedía la anulación de la herencia que Vacas suscribió a beneficio de inventario. “La equivocación fue de los notarios, que no me asesoraron ni me alertaron de que estaba asumiendo las deudas del hombre que mató a mi hija”, indicó emocionada mientras escuchaba los gritos de “Sí se puede” que coreaban medio centenar de personas concentradas para apoyarle. La familia de Purificación entregó en el juzgado 172.000 firmas de apoyo recibidas de todo el país desde la plataforma Chage.org dentro de la campaña Todos con Juana.
     En la vista sí declaró la otra hija de Juana, Encarnación Armenteros, que reiteró que su madre no fue informada adecuadamente antes de firmar la herencia. Y se mostró optimista sobre la sentencia de la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Jaén, sobre todo tras la comparecencia de un forense que testificó que Juana “no tenía capacidad para entender los elementos abstractos” de la herencia. También criticó que el acto de otorgamiento de la herencia apenas duró un minuto y medio y “no se leyó nada”. El Colegio de Notarios de Andalucía defendió en un comunicado la actuación de los notarios que asesoraron a Juana Vacas, descartando que existiera mala praxis profesional como arguye la familia de Purificación.
     El asesino de Purificación pagó las letras de la hipoteca de la pareja un año, pero dejó cinco años a deber. Apenas seis meses después de enterrar a su hija, Juana Vacas recibió la notificación de un banco que había iniciado contra ella un procedimiento de ejecución hipotecaria por los impagos de las letras del piso. Juana Vacas ya ganó una primera batalla gracias a la presión ciudadana y de la plataforma Stop Desahucios. Banesto renunció a la ejecución hipotecaria donde le reclamaba el 50% de la deuda a Juana (en torno a 60.000 euros).
     Pero esta anciana tiene aún pendiente un pleito para hacer frente al garaje de la vivienda en la que residía su hija y su marido. La pareja lo vendió por 18.000 euros para tener liquidez económica, pero poco después el comprador tuvo conocimiento de que sobre la cochera pendía también la ejecución hipotecaria. Una entidad bancaria le reclama ahora a Juana su parte de la deuda, una demanda que podría llevar a la anciana a perder su humilde vivienda en la que habita en Torredelcampo (Jaén).
     “Si el juez dice que la aceptación de la herencia es legítima, exigirán a mi madre que pague las deudas del hombre que mató a su hija. Pero no podrá pagarlas y los acreedores e instituciones irán contra el único bien que le queda: su casa”, declaró su hija Encarnación, tras recordar que su madre cobra una pensión de 600 euros mensuales.

 

Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga

viernes, 28 de junio de 2013

     La policía ha arrestado a ocho personas en relación con un fraude de 21 millones de euros destinados a la creación de empleo en Cádiz
     Jesús Duva Madrid 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     La policía ha detenido a Joaquín de Arespacochaga Llopiz, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga, el que fuera alcalde de Madrid en la Transición, por su presunta relación con una trama que obtuvo ilícitamente 21 millones de euros de subvenciones públicas para fomentar el empleo en la bahía de Cádiz, según han informado fuentes policiales. Junto con él han sido arrestadas otras siete personas y un notario de Madrid ha sido interrogado y posteriormente puesto en libertad, aunque está imputado en las actuaciones.
     Este escándalo financiero está protagonizado por empresarios que captaron 21 millones en subvenciones públicas procedentes del Ministerio de Industria y gestionadas por la Junta de Andalucía. Después de recibir esa lluvia de millones y la compra de terrenos, la inversión se esfumó porque todo era humo. El dinero se había desviado supuestamente, a través de al menos 50 empresas fantasma, a paraísos fiscales
     Ahora, la Brigada central de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Blanqueo de Sevilla han culminado las pesquisas iniciadas en 2011, después de que la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía presentase una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla. A raíz de eso, los agentes iniciaron sus investigaciones sobre un entramado empresarial, que presuntamente se había creado con la única finalidad de solicitar ayudas económicas a la Consejería de Innovación y Ciencia y al Ministerio de Industria.
     Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas por las mismas personas, apreciándose una especial concentración durante los años 2009 y 2010, según la Dirección General de la Policía. Además, los investigadores detectaron dos grupos de empresarios (el de los gallegos y el de los madrileños) , apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros. En noviembre de 2011 se desarticuló el primero de ellos, llevándose a cabo once registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Pobra do Caramiñal (ambas en la provincia de A Coruña), en El Puerto de Santa María (Cádiz) y en el País Vasco.
     En octubre de 2012, la policía detuvo a nueve funcionarios adscritos a la Diputación de Cádiz y al Ministerio de Industria. En ese momento también fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz.
     En la actualidad, la Brigada central de Blanqueo, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y la Agencia Tributaria han cerrado la tercera fase de esta investigación en Madrid, donde han sido detenidas ocho personas y donde la policía ha realizado cinco registros domiciliarios. Entre los detenidos hay empresarios cuya misión era ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de colocar el dinero en paraísos fiscales para defraudar a la Hacienda Pública.
     Según las fuentes informantes, los arrestados disfrutaban de un elevado nivel económico, en especial Joaquín de Arespacochaga, hijo del fallecido exsenador y exalcalde de Madrid, que reside habitualmente en una de las urbanizaciones más lujosas de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.
     Además de las detenciones, el juez ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de España, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelación de activos financieros en el extranjero.

 

Los notarios asumen errores en cinco de las fincas atribuidas a la Infanta

viernes, 28 de junio de 2013

     El enredo con las fincas de doña cristina
     El Consejo admite que en una ficha se metió el 00000014, sin letra, como NIF de un fallecido
     Hacienda entiende que reconocen los 11 errores que les atribuyeron
     María Fabra Madrid 26 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     El Consejo General del Notariado asumió ayer parte de responsabilidad en los errores que acabaron atribuyendo 13 fincas a la infanta Cristina, tal como reflejó la Agencia Tributaria en el informe que remitió al juez Castro, que investiga el caso Nóos. A través de un comunicado, los notarios admitieron un error con el DNI de la hija del Rey en una ficha electrónica que dio lugar a fallos en la atribución de cinco fincas. Hacienda les responsabilizó el martes de un total de 11, mientras que la Agencia Tributaria asumió su culpa en solo dos casos. Los notarios han reconocido, además, que las fichas electrónicas de otras dos operaciones (correspondientes a otras seis fincas) tienen también errores, aunque no en la casilla del DNI, con lo que indican que la atribución de la titularidad a la Infanta no fue responsabilidad suya.
     Los 13 bienes repartidos por Ciudad Real, Calella (Barcelona), y Pilar de la Horadada y San Juan (Alicante) cambiaron de manos, entre 2005 y 2006, en cuatro operaciones en las que, en ningún caso, tuvo que ver la hija del Rey.
     Una de ellas fue una compraventa en San Juan (apartamento y garaje) y toda la documentación remitida por los notarios fue correcta. El error se registró en la Agencia Tributaria y repercutió en los dos inmuebles debido a “un baile de casillas”, de manera que el número 14, que corresponde al DNI de doña Cristina, “cayó en la casilla del DNI”, según explicaron fuentes del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro. El funcionario que picó mal los datos ya está jubilado, según cuentan fuentes del mismo ministerio. Este cometió el error de forma involuntaria porque había similitudes entre el DNI de la Infanta, el 0000014Z, con el de uno de los intervinientes en la venta de una de las propiedades cuyo carné de identidad comienza por 14.
     Otra de las operaciones fue en Pilar de la Horadada (cinco bienes inmuebles). El cambio de titularidad se debió a una herencia, operación para la que “la ley no impone al notario la obligación de solicitar e incluir el NIF del fallecido en la redacción de la escritura pública, dato que por el contrario sí se exige para la confección de la ficha electrónica”, tal como explicó en su comunicado el Consejo General del Notariado. En ese caso, la escritura en papel se elaboró con los datos correctos pero al rellenar la ficha electrónica, el notario tecleó en la casilla correspondiente al NIF del fallecido (que es distinta al del transmisor vivo) el número 14, sin letra. Diversas fuentes han indicado que el 14 es el número que se designaba a fincas que no tienen referencia catastral, lo que explicaría la elección de los dos dígitos. De esta manera, la Infanta pasó a figurar como titular, sin serlo, de esos cinco bienes.
     En los casos de Calella y Ciudad Real, como en los anteriores, la escritura pública de papel es correcta. Los notarios admiten, sin embargo, que las fichas electrónicas sobre los seis inmuebles que cambiaron de manos en esas dos operaciones sí tienen un error pero que “en ningún momento se indicó que dicho número (el 14) correspondiera a un NIF, puesto que se incluyó en un campo denominado otros”. En cualquier caso, ese fallo indujo a que, en la información que recopiló la Agencia Tributaria, se acabara atribuyendo al DNI de la Infanta esos otros seis bienes. Así, los notarios asumen los fallos pero no la responsabilidad de que estos dieran lugar a la atribución de las fincas a doña Cristina.