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Asociación Independiente de Registradores
                                 



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Archivo de junio de 2013

Errores y responsabilidades

sábado, 22 de junio de 2013

     Veamos: El juez pide a la AEAT un informe relativo a la Infanta Doña Cristina, y recibe uno según el cual vendió 13 propiedades, entre 2005 y 2006. Se desmiente por la Casa Real y se arma el lío.

     Entonces la AEAT echa la culpa a notarios y registradores. Una vez que estos certifican que no es así, hablamos de error.

     Entonces, ¿qué ha pasado?. Voy a aventurar varias hipótesis a partir de explicar como se nutre la AEAT de estos datos. En primer lugar, los datos (transmitente,adquirente y otros) los recibe el Catastro, proporcionados por notarios, registradores, C.C.A.A. y público en general. Notarios y    registradores remiten mensualmente – siempre bajo intervención y comprobación humana – en soporte informático, archivos  que contienen los datos que exige la legislación, datos que se vuelcan en los ordenadores de Catastro. Con todos los datos, periódicamente Catastro suministra información a los Ayuntamientos, actualizando titularidades. Este procedimiento evita que la gestión la tenga que hacer el particular.

     Tenemos, por tanto, varios traslados en soporte informático encriptado al Catastro, que tiene que volcarlos en sus ordenadores, de donde nuevamente, cuando proceda, se volcarán a los ordenadores de la AEAT. Una primera hipótesis es el error en el volcado, esto es que los ordenadores de Hacienda hayan procesado mal los datos y que hayan sustituido el NIF original por el 14Z. Hipótesis inicialmente difícil de creer pero no desdeñable, pues en todo volcado hay un pequeño porcentaje de errores.

     Otra hipótesis tiene que ver con la introducción del NIF del transmitente. En muchas ocasiones no se contaba con tal NIF y se sustituía por 0000, con la anuencia de Catastro. Que luego al saltar el error en los ordenadores de Hacienda se le diera, por el funcionario responsable, un número aleatoriamente, es algo perfectamente posible  y es más fácil teclear 14 que 12345678. No es hasta hace unos años, probablemente después de 2006, cuando Hacienda tiene más rigor en la admisión de datos.

    Hay una tercera hipótesis, para mí la más fiable, que engloba las dos anteriores: Si no consta el NIF del transmitente el sistema informático de Hacienda asigna un número de referencia y automáticamente el programa de la AEAT vuelca ese número, lo sitúa en el campo del NIF y le aplica la letra correspondiente. De forma que si el número de referencia es el 14, se convertirá en NIF 14Z. Se pide un informe tecleando un NIF, nadie comprueba nada: et voilá!

     Con todo, lo grave no es que ese dato erróneo estuviera ahí, pues ya se iría depurando. Seguros podemos estar de que los respectivos Ayuntamientos no han reclamado el impuesto de plusvalía a Doña Cristina, pues verificado el error lo corrigió el funcionario municipal.

     Lo que sí es muy grave es que en una causa penal se expidan informes de manera automática y, a lo que se ve, sin ningún tipo de comprobación ni intervención humana. Y cuando se les pilla con el carrito del helado van y echan la culpa a terceros.

     No puede admitirse que se generen sospechas contra cualquier ciudadano en virtud de informes automatizados y sin comprobar. Convirtiendo la presunción de inocencia en presunción de culpabilidad. Urge cambiar ese proceder de la Administración.

     Los registradores sabemos muy bien que, si nos equivocamos, respondemos. Y no firmamos en barbecho, no certificamos sin comprobar. Aplíquese la exigencia de responsabilidades a quien aparece como firmante del informe y a quienes han diseñado y mantienen un sistema que habilita al ordenador central de la AEAT a convertirnos, sin más y a partir de procedimientos informáticos ajenos a la intervención humana, en presuntos culpables.

     Fallo informático o error humano, se verá. Sí diré que es normal tener que expedir notas simples o certificaciones en los registros a solicitud de quienes tienen que demostrarle a Hacienda que no son dueños de tal o cual finca. A lo que se ve, hay abusos del sistema que permanecen hasta que afectan a algún miembro de la muy reducida élite social o política. Y llega el momento de corregirlos. Como ahora.
     Francisco Javier Gómez Jené
     Registrador de la Propiedad

El Gobierno propone reformar 57 organismos públicos

viernes, 21 de junio de 2013

     Se fusionan entidades gestoras de la Seguridad Social
     Sáenz de Santamaría plantea que las comunidades cierren 700 empresas públicas
     Montoro recuerda que el empleo público se ha reducido en 375.000 efectivos
     La noticia en cincodias.com Madrid 20-06-2013
     La vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este jueves que, en el marco de la reforma de las administraciones públicas, abordarán la reforma de 57 organismos públicas en el ámbito del Estado y propondrán la supresión de “hasta 90 observatorios”. Estos son los cambios que propone el Gobierno:
     Dos los organismos autónomos de la administración estatal se suprimirán e integrarán en su respectivo ministerio: el Consejo de la Juventud y la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas.
     Tres más se fusionarán e integrarán en otros existentes: Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo (se integra en el INTA); Servicio Militar de Construcciones (en el INVIED), e Instituto Nacional del Consumo (en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición).
     Además, el Instituto de la Mujer asumirá las funciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades.
     Tres entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social se fusionan en uno solo: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Instituto Social de la Marina y Tesorería General de la Seguridad Social.
     De igual forma, se suprimen las entidades mancomunadas de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y los consorcios Solar Decathlon, para la Construcción del Auditorio de Málaga y el del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Zaragoza.
     Asimismo, se unificarán los ocho consorcios de Centros de Investigación Biomédica en Red en una sola persona jurídica.
     Entre las 17 fundaciones que se suprimen, la de Colegios Mayores del Ministerio de Exteriores se integra en la Fundación EOI; la Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del Mar y la Taller Juan José se liquidan; la de AENA y la de Ferrocarriles Españoles forman una nueva Fundación del Transporte; la de la UNED se integra en esta universidad; y la de Proyección Internacional de las Universidades Españoles lo hace en el organismo Programas Educativos Europeos.
     La Fundación EOI asume la del Centro Nacional del Vidrio, mientras que la de Estudios Económicos y Comerciales se incluirá en el ICEX, la del Centro Nacional de Referencia de Aplicación de las Tecnologías de la Información en el ente público Red.es, y la de la Ciudad de la Energía, en el IDAE, salvo las actividades museísticas.
     A ellas se suma la Fundación para la Innovación de la Artesanía (pasa a la EOI); la del Desarrollo de la Formación en las Zonas Mineras del Carbón, la del Observatorio Español de Acuicultura y la de ENRESA, que se integra en la sociedad mercantil del mismo nombre.
     Dejarán asimismo de ser públicas las fundaciones Aeronáutica y Astronáutica Españolas, Museo del Mar de Galicia y Puertos de Las Palmas.
      Por otro lado, la Fundación Víctimas del Terrorismo, que no depende ahora de ningún Ministerio, pasará a estar adscrita al del Interior, y la de la Agencia Nacional de Calidad y Acreditación se convertirá en organismo público.
     De acuerdo con el informe de la CORA, se eliminará la Gerencia del Sector de la Construcción Naval y las sociedades mercantiles Logística y Transporte Ferroviario, las de Estiba y Desestiba de los puertos de La Gomera y La Estaca, la de Programas y Explotaciones de Radiodifusión, y La Almoraima.
     Otros organismos autónomos y agencias estatales integrarán sus servicios comunes.
     Lo harán en materia de actividades formativas el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto de Estudios Fiscales, el Instituto Nacional de Administración Pública y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
     En las actividades referidas a la investigación lo harán el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto de Estudios Oceanográficos(IEO), el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto de Astrofísica de Canarias.

 

La nueva plataforma electrónica permitirá crear una empresa en solo tres días

viernes, 21 de junio de 2013

     Servimedia 20/06/2013 – La noticia en eleconomista.com
     El Gobierno presentó la nueva plataforma electrónica ‘Emprende en 3’, con la que pretende fomentar el emprendimiento y la puesta en marcha de nuevas empresas. Entre otras cosas, servirá para reducir el plazo de obtención de una licencia de 41 días naturales a sólo 3.
     Así lo aseguró la directora general de Modernización Administrativa, Esther Arizmendi, durante una jornada en el Palacio de la Moncloa sobre la reforma de la administración en la que también participaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Cristóbal Montoro y José Manuel Soria.
     Arizmendi explicó que la nueva plataforma ‘Emprende en 3’ reduce los plazos para poner en marcha una empresa al eliminar trámites y conseguir que se pueda iniciar un negocio en apenas 3 días, frente a los 41 que se necesitaban hasta ahora. Además, indicó que antes hacían falta 12 trámites burocráticos y en adelante sólo será necesario uno a través de Internet. A su juicio, esto refuerza el emprendimiento y el ánimo de quienes quieren poner en marcha una empresa, mientras que antes podían ver «erosionada» la ilusión por las aproximadamente cinco semanas que tenían que esperar para abrir un negocio.
     Para pymes y autónomos
     Arizmendi destacó que los principales beneficiarios de esta medida serán las pymes y los autónomos, que podrán realizar estos trámites desde cualquier rincón del mundo con conexión a Internet y con un coste mucho menor. Frente a los 80 euros que suponía el papeleo, subrayó que el nuevo sistema telemático disinuye esa cantidad «a 5 o 6 euros».
     La directora general de Modernización Administrativa manifestó que el plan ‘Emprende en 3’ aporta grandes ventajas porque supone un apoyo al emprendedor, facilita la creación de empleo, ayuda a la recuperación económica, fomenta el acceso universal a Internet e impulsa las tramitaciones telemáticas.
     Finalmente, Arizmendi destacó que España se encontraba hasta ahora en el puesto 31 de 32 entre los países con mayores facilidades para emprender un negocio, pero con la nueva plataforma que incluirá la reforma de la administración pasará a estar «en los primeros puestos».

Una jueza de Elche anula un desahucio del Banco CAM al estar la vivienda a nombre de la caja de ahorros

jueves, 20 de junio de 2013

     La magistrada se hace eco por primera vez en la provincia de argumentos ya usados en Castellón y Valencia
     E. G. B. 20.06.2013 La noticia en diarioinformacion.com
     La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios provincial «Ausbanc Consumo» hizo pública ayer la primera decisión judicial en la provincia (al menos de las que tiene conocimiento la agrupación) por la que se anula una ejecución hipotecaria porque la entidad que lo solicita, Banco CAM, no es la entidad que aparece en el Registro de la Propiedad, que en este caso es la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En otras palabras, impide lo que coloquialmente se ha venido a denominar un desahucio (que en términos legales es una ejecución hipotecaria) y que el banco subaste la vivienda de unos clientes a los que concedió una hipoteca cuyas últimas cuotas no han podido ir pagando, y lo hace con un argumento que no se había utilizado hasta ahora en la provincia.
     Es decir, que la jueza de Primera Instancia Número 5 de Elche firma un auto en el que deja sin efecto el despacho de ejecución hipotecaria basándose en que el banco que reclama la vivienda por impago no es la misma entidad que concedió en su día el préstamo y que aún tiene el bien a su nombre en el Registro de la Propiedad. Casos similares se han dado en autos dictados por las audiencias provinciales de Castellón y Valencia y seguramente no serán los últimos, pues las recientes fusiones, adquisiciones y extinciones de cajas de ahorros y bancos en los últimos años provocan este tipo de desfases.
     Hay también decisiones judiciales que se decantan en sentido contrario ante casos similares. Las entidades bancarias, por su parte, consideran que está suficientemente acreditado que, por ejemplo en este caso, Caja de Ahorros del Mediterráneo es lo mismo que Banco CAM. Cuando se segregaron en 2011 por un lado el negocio y por otro la obra social, el banco asumió lo bueno y lo malo que a nivel financiero tenía la caja, antes de ser integrado por el banco Sabadell.
     El delegado provincial de Ausbanc en Alicante, Pedro Pérez Cortés, se felicitó ayer en rueda de prensa por esta «victoria» legal en beneficio de un asociado. La entidad bancaria podrá ahora recurrir o iniciar un procedimiento ordinario, donde el cliente tiene más posibilidades de alegar cláusulas abusivas u otro tipo de argumentos.
     «Hasta la reforma legal de mayo de este año las posibilidades de oposición de los afectados en un procedimiento hipotecario eran prácticamente inexistentes si no había cuestiones muy graves como la falsificación de una firma», dice Pérez. Por ello la actitud de muchos era de resignación ante la pérdida de la vivienda y el mantenimiento de la deuda. Ausbanc recomienda intentar negociar con los bancos carencias o refinanciaciones y, si no hay más remedio que acudir a los tribunales, que se asesoren «porque muchas hipotecas tienen cláusulas abusivas y es posible defenderse».
     Preferentes
     En otro orden de cosas, Anticorrupción ha solicitado a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revoque la admisión a trámite de querellas que piden investigar el diseño y lanzamiento de participaciones preferentes por parte de las entidades que integraron Bankia.
     Sabadell CAM ya no inicia desahucios
     Banco CAM, que acata la decisión judicial en este y otros procedimientos, recuerda al hilo de la comparecencia de Ausbanc que «con la integración en banco Sabadell no se ha producido ni se va a producir ningún alzamiento forzoso, esto es ningún desahucio. Siempre estudiamos cada caso concreto para alcanzar un acuerdo, en su gran mayoría a través de alquiler social». El caso aireado por Ausbanc se habría iniciado, pues, antes de la integración. En cuanto a las clausulas que para Ausbanc son abusivas, señalan que «en Banco Sabadell siempre se ha hecho con absoluta y total transparencia y por tanto son perfectamente legales, la reciente sentencia se refiere a la anulación de aquellas clausulas de entidades que no cumplían precisamente con esa transparencia». e. g. b.

La registradora de Pilar de la Horadada: «En el archivo no figura el DNI 14Z»

jueves, 20 de junio de 2013

     El enigma continúa
     El informe de Hacienda tiene desconcertados a los técnicos. En Pilar de la Horadada, donde doña Cristina habría vendido cinco fincas, no dan crédito.
     Libertad Digital / esradio 2013-06-19 La noticia en libertaddigital.com
     María José Esteban, registradora de la propiedad de Pilar de la Horadada, ha hablado en Es Noticia de esRadio del informe que le atribuye a la infanta Cristina la venta de cinco fincas en el municipio. Como ya indicó el colegio de registradores en una nota, doña Cristina nunca tuvo propiedades allí: «Hemos examinado todos los antecedentes y el nombre de la infanta no aparece inscrito en ningún bien ni lo ha estado nunca». También ha dado un dato clave: en sus archivos «no figura ningún titular con ese DNI, 14Z». Cabe recordar que Hacienda justificó el error en una confusión con el DNI de doña Cristina, que aparecería asociado a dichos bienes.
     La registradora ha precisado que siempre que hay alteraciones en las titularidades de los inmuebles se envían los datos al catastro, «que es una oficina de Hacienda». En su oficina, ha insistido, han cotejado los DNI y no aparece nada a nombre de la infanta. El famoso informe de Hacienda se hizo con datos enviados en su día, puesto que recientemente no se ha enviado nada. En cuanto al juez, también han remitido ya los datos que se le pidieron.
     Sobre las fincas, la registradora ha precisado que no se vendieron, sino que, excepto en el caso de una, ha habido herencias que han motivado el cambio de titular y que tampoco coincidirían con las fechas, 2005 y 2006, que aparecen en el documento de la polémica. «Las retransmisiones son correctas», ha añadido.
     El informe atribuía a la infanta la venta de cinco fincas en 2006 en esta localidad de Alicante: según el informe, vendió por valor de 296.966 euros la finca denominada La Almazara y por 253.340 otra que aparece registrada con el nombre Los Villenas. Las tres restantes aparecen reseñadas con un precio de transmisión de 10.570 euros la finca Los Veras o Almazarica; por 50.830 euros otra también en la zona La Almazara y una última por 149.000 euros reseñada igualmente en Los Villenas.

 

Las inmobiliarias auguran confusión y conflictos por el nuevo certificado energético

jueves, 20 de junio de 2013

     «Cuando decimos a quien quiere alquilar su piso que tiene que hacerlo, piensa que queremos ‘colársela’», aseguran los agentes
     11.06.13 – Jesús González | Avilés. En lavozdeaviles.es elcomercio.es
     Los expertos estiman que contar con una u otra letra apenas afectará en la venta
     En principio, el documento podría eludirse «en acuerdos entre particulares»
     La reciente entrada en vigor de la obligatoriedad de contar con un certificado de calificación energética para vender o alquilar un inmueble ha sembrado ya de dudas a las inmobiliarias de la ciudad, en donde auguran no pocos conflictos a medida que vaya avanzando la aplicación de una normativa que es de obligado cumplimiento desde el pasado día 1 de junio.
     «Hay mucha confusión. La gente todavía no está enterada de cómo funciona o para qué lo necesitan, y cuando les informamos de que tienen que hacerlo, se piensan que estamos intentando ‘colarles’ un gasto más», explica el agente Víctor Antuña, de la inmobiliaria del mismo nombre.
     Básicamente, el certificado de calificación energética es un documento que otorga una letra a la vivienda que se pretende vender o alquilar -de la A a la G-, de acuerdo con su consumo energético. El sistema es similar al empleado para calificar a los electrodomésticos de línea blanca -como lavadoras, frigoríficos o lavavajillas-, y como en el caso de estos productos, es obligatorio que el anuncio que del inmueble se haga en el escaparate de una agencia, a través de internet o de cualquier publicación, incluya la letra asignada a la vivienda.
     El problema, según explican los profesionales del sector consultados por este diario, radica en el hecho de que la obligación de tener el certificado cuenta desde el mismo momento en que se anuncia la venta o alquiler del piso. «La gran mayoría de la gente pasa de todo, y espera en todo caso a tener vendido o alquilada la vivienda» para solicitar que se les realice el certificado, apunta José Luis Arango, de la inmobiliaria Arango. Además, añade, cabría la posibilidad de que en el momento de escriturar el piso ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado, lo que lo haría definitivamente innecesario.  «Pero eso es algo que no está del todo claro», apunta Víctor Antuña al respecto.
     Lo que sí está claro es que el Gobierno central ya ha publicado la serie de sanciones vinculadas a la obligación de contar con el certificado. Lo que pasa es que «se supone que todavía hay cierta manga ancha, hasta que empiecen a poner multas», indica otro profesional del sector.
     Sanciones
     Ese régimen de sanciones prevé que, independientemente de que se cuente con el certificado, el propietario de una vivienda puede ser multado con entre 300 y 600 euros solo por anunciar la venta o alquiler de su piso sin mencionar la letra que se le ha asignado en el certificado. «La cuestión es: ¿qué es en concreto anunciar el piso?», se pregunta Arango acerca de la posibilidad de eludir ese tipo de sanción si la venta o el contrato de alquiler se producen, por ejemplo, tras un proceso de ‘boca a oreja’.
     Pero las posibles multas no se quedan ahí. Si el propietario no entrega el certificado al comprador o al inquilino en el momento de formalizar el contrato, la multa podrá ser de entre 600 y 1.000 euros. Esas mismas cantidades podrían ser aplicadas si el certificado no está convenientemente registrado ante las autoridades autonómicas. A partir de ahí, el importe de las multas se puede disparar hasta los 6.000 euros si se carece del certificado en el momento de firmar el contrato, o incluso cifras superiores si «el beneficio que el infractor haya obtenido supere el importe de las sanciones».
     Así pues, ante la posibilidad de que el dinero ganado por la venta del inmueble se vaya en pagar multas, los profesionales del sector inmobiliarios consideran que lo procedente es evitarse problemas «por unos 200 a 250 euros, que además te sirven para los diez próximos años».
     En cualquier caso, hay circunstancias que hacen pensar en posibles vías para eludir esas sanciones. «Parece que no hay problema si se arregla todo entre particulares», apunta Antuña acerca de la posibilidad de que, ante notario, el comprador exima al vendedor de la obligación de contar con el certificado energético, «o de no deber cuotas de la comunidad», por ejemplo. En esos casos, el problema podría surgir en el momento en que se suscriba una hipoteca para la compra del piso «porque el banco sí que podría exigir que se presente el certificado», añade Antuña.
     Plazas de garaje
     Todo apunta, por tanto, a que será preferible contar con el certificado si se quiere vender o alquilar el piso -en principio los garajes están exentos-, y ello pese a que aún no se espera que empiecen a llegar las multas. «En primer lugar, porque las administraciones públicas no cuentan con certificaciones para todos sus edificios», explican en las inmobiliarias avilesinas al respecto.
     Pero, realmente, ¿sirve para algo el certificado? Los profesionales consultados por este diario consideran que para bien poco. «La venta no va a influir mucho de que un piso tenga la letra C o la G. Si estas buscando una vivienda en una zona céntrica, la calificación energética no te va a condicionar la decisión final», indica Antuña. Por su parte, Arango apunta a que «la letra no te va a decir gran cosa: si un piso tiene ventanas viejas, tenga o no una letra G, al comprarlo ya sabes que vas a tener que cambiarlas».
     Además, en las inmobiliarias consultadas estiman que no hay una idea muy clara aún de qué es lo que hace que un edificio tenga mejor o peor calificación energética. «Un edificio nuevo, con buenos materiales, con buen aislamiento y buenos cierres, puede perfectamente tener una certificación D o una E -como un edificio más antiguo-, porque tenga calefacción central de gasóleo, por ejemplo», explican en una de las agencias avilesinas.
     Los más eficientes
     En realidad, prácticamente ningún inmueble avilesino alcanzará la calificación más alta. «Para llegar a ello tiene que tratarse de construcciones muy concretas y hechas con ese objetivo, no vale con tener paneles solares en el tejado», explica Arango. Eso propiciará que la certificación a la hora de vender el piso apenas tendrá efecto más allá de supone «un gasto más para el propietario».
     Un gasto que, en todo caso, no se tendrá que repetir hasta una década después de haberse expedido -esa es la validez del certificado-, a no ser que el propietario «haya introducido mejoras en el inmueble» y quiera contar con una puntuación más alta en la calificación de eficiencia energética. Si ha cambiado los viejos ventanales por otros con aislamiento térmico o acústico, tal vez pueda interesarle que eso se rentabilice en forma de una letra mejor en el certificado. No obstante, los profesionales coinciden en que lo que revalorizará su piso será contar con nuevos ventanales y cierres, diga lo que diga la letra en cuestión de un documento que, por otro lado, ya se usa en buena parte de Europa.

 

George Ward

miércoles, 19 de junio de 2013

George Ward

Registradores: Las fincas atribuidas a la Infanta no han estado nunca a su nombre

miércoles, 19 de junio de 2013

     «Sólo figura como titular de su residencia»
     Madrid, 18 junio 2013 (Europa Press) 
     El Colegio de Registradores de España ha asegurado en un comunicado que las fincas que se atribuyen a la Infanta Cristina ni están, ni han estado nunca registradas a su nombre y que sólo figura como titular de su residencia en Barcelona.
     «Consultados los registros de la propiedad en los que se encuentran inscritas las propiedades que se han atribuido a la Infanta Cristina, el Colegio de Registradores informa que la Infanta solo figura como titular registral de su residencia en Barcelona». Además, añade que «las fincas cuya titularidad se le han atribuido, ni figuran inscritas, ni lo han estado nunca a su favor».
     La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores se reunió esta mañana, de manera ordinaria, ya que se reúne todos los martes, pero en esta ocasión abordó la polémica generada por un informe de la Agencia Tributaria en el que se atribuyen a la Infanta Cristina 13 fincas entre pisos, casas y terrenos. Un hecho que ha negado tanto la propia Infanta como las personas que han adquirido los inmuebles.
     Por ello, y tras la imputación del error, por parte de Hacienda, a terceros, en clara referencia a registradores y notarios, el Colegio de Registradores ha abierto una investigación para comprobar si los datos entregados por Hacienda al Juzgado eran o no correctos.
     De este trabajo se deduce, según ha explicado el Colegio de Registradores, que la Infanta sólo figura como titular del Palacete de Pedralbes en Barcelona, pero no aparece como titular de ninguna otra propiedad y recalcan que tampoco ha tenido a su favor en el pasado ninguna de las fincas que se le atribuyen en Alicante, Pilar de la Horadada, Almagro y Arenys de Mar, que fueron vendidas, según la Agencia Tributaria por un total de 1,4 millones de euros.
     La Agencia Tributaria aseguró ayer que se limitó a trasladar al juez los datos facilitados «por terceros» pero sin que fueran objeto de valoración «jurídico-tributaria» y admitió también que no había verificado la información sobre la Infanta que había remitido al Juzgado en el que se investiga el ‘caso Noos’.
     También el juez José Castro pidió a los Registros de la Propiedad, mediante una providencia dictada ayer, que aclaren la venta de las citadas fincas después de la Infanta ha negado que fueran suyas y las personas que las han comprando hayan asegurado que no se las compraron a Doña Cristina.

 

Hacienda y los registradores se culpan de las falsas propiedades de la Infanta

miércoles, 19 de junio de 2013

     La agencia tributaria dice que el dni era el mismo
     José María Olmo    18/06/2013   La noticia en elconfidencial.com
     La Agencia Tributaria culpa a los registradores y estos niegan que la Infanta, tras verificar los datos, haya tenido o tenga inscrita ninguna de las propiedades que la Agencia le atribuyó y envió al juez Castro. En una nota exculpatoria, que sin embargo abre la puerta a multitud de interrogantes, la Agencia Tributaria afirma que remitió al juez los datos que figuran en sus bases y que son proporcionados por terceros.
     Minutos antes de la nota de la Agencia, el Colegio de Registradores emitía otra en la que aseguraba que las fincas que se atribuyen a la Infanta Cristina ni están, ni han estado nunca registradas a su nombre y que sólo figura como titular de su residencia en Barcelona.
     «Consultados los registros de la propiedad en los que se encuentran inscritas las propiedades que se han atribuido a la Infanta Cristina, el Colegio de Registradores informa que la Infanta solo figura como titular registral de su residencia en Barcelona». Además, añade que «las fincas cuya titularidad se le han atribuido, ni figuran inscritas, ni lo han estado nunca a su favor».
     Sin embargo, la Agencia insistía después en que esas propiedades figuraban en su base de datos atribuidas al mismo DNI que el de la Infanta Cristina que, además, no es ni mucho menos un número ‘normal’. “En el presente caso el error en la imputación de transmisiones de inmuebles a Doña Cristina de Borbón y Grecia es consecuencia de que la información recibida por la Agencia figura atribuida a un DNI que coincide con el suyo”, dice la Agencia.
     Según Hacienda, en respuesta a las peticiones judiciales “se remite un volumen de información ingente que, en ocasiones, afecta a miles de datos, a varios años  y que es solicitada para ser remitida en plazos muy breves. Para dar idea del volumen de información que maneja la Agencia Tributaria, baste el dato de que anualmente se reciben y procesan más de mil millones de datos que hay que imputar a los contribuyentes”. 
     Ante quienes critican que no hubieran comprobado la veracidad de los datos que enviaban al juez, la Agencia esgrime que “no podía hacerlo al tratarse de una solicitud de información. Además, la información corresponde a ejercicios prescritos respecto de los cuales no existe posibilidad legal de hacer ningún tipo de comprobación en vía administrativa”.
     Eso sí, añade que “como tiene el máximo interés en que errores como este no vuelvan a producirse por lo que, a estos efectos, va a iniciar un proceso de revisión de algunas fuentes de información”. Y tranquiliza a los contribuyentes: “En todo caso, hay que resaltar que la información que se utiliza para la asistencia a los contribuyentes (por ejemplo, borradores de Renta) tiene el máximo nivel de calidad puesto que es objeto de sucesivos contrastes y depuraciones”.
     Por último, “la Agencia Tributaria sigue prestando al Juez el auxilio judicial para el que tiene designados a dos funcionarios, y en él se podrán clarificar todos los extremos que el Juez considere necesario aclarar, además de que en fechas próximas remitirá los informes solicitados y aún pendientes de remisión”.

 

En tiempos de tribulación, no hacer mudanza

martes, 18 de junio de 2013

San Ignacio de Loyola

Error de los notarios: la infanta Cristina nunca vendió propiedades por 1,43 millones en 2005 y 2006

martes, 18 de junio de 2013

     El Gobierno confirma de manera extraoficial que la venta de varias fincas en Ciudad Real, Alicante y Barcelona que Hacienda atribuyó a la hija del Rey tenía como origen un error de los notarios y registradores al anotar el número de DNI.
     Nacional | 17-06-2013 La noticia en vozpopuli.com
     ¿Sabía que los miembros de la familia real tienen un DNI compuesto por tan solo dos dígitos? Esta peculiaridad podría haber sido el origen de la noticia de que la infanta Cristina vendió propiedades inmobiliarias por 1,4 millones en 2005 y 2006, una noticia que se dio a conocer el pasado viernes y que fue negada rotundamente por un portavoz de la Casa Real.
     Castro está empeñado en investigar la venta de las fincas que Hacienda atribuía a la hija mediana del Rey
     Según informa el diario El País, Hacienda hizo saber primero de manera informal al magistrado que se trata de un error en el informe remitido al juzgado, según fuentes del Gobierno. Dicho error procedería de la información suministrada por los notarios, que ha sido reproducida en la documentación sobre las ventas atribuidas a la infanta en el informe en poder del juez. El fallo sería en cierto modo similar al de la hilarante historia de la multa a la infanta Elena por conducir un tractor sin seguro, provocada también por un error al poner el DNI. Fuentes gubernamentales consideran que el fallo se produjo al rellenar incorrectamente la casilla del documento de identidad, de sólo dos números, en la comunicación de las operaciones en los formularios de registradores y notarios.
     Fuentes de este organismo han aclarado el origen de esos datos después de que la infanta negara la venta de propiedades inmobiliarias en varias provincias por un valor total de 1,43 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria en un informe entregado al juez Castro. La Agencia Tributaria ha explicado que recibió un oficio del juez requiriendo información de las cuentas de la infanta, así como de sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que fuera titular desde el año 2002.

     Explica que el pasado 14 de junio remitió al juzgado la información que figuraba en sus bases de datos recalcando que había sido facilitada «por terceros en cumplimiento de los deberes de suministro que les impone la normativa tributaria».
     La instrucción del ‘caso Nóos’, llevada a cabo por el juez José Castro, está teniendo en la posición de la infanta Cristina uno de sus puntos más polémicos. Mientras que el juez cordobés tomó en su momento la decisión de pedir la imputación de la hija del Rey, la Fiscalía se ha mostrado en contra de la misma, aduciendo que no hay indicios objetivos de culpabilidad en la actuación de la hija del monarca.
     Providencia a los registradores
     El juez instructor del ‘caso Nóos’, José Castro, había decidido investigar la venta de las trece fincas poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la Barcelona. Un extremo que la hija del rey Don Juan Carlos ha negado a través de un portavoz autorizado.
     Y es que, mediante una providencia de cuatro páginas dictada este lunes, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.

 

El juez y la fiscalía estudiarán la supuesta venta de fincas por parte de la infanta Cristina

martes, 18 de junio de 2013

     Según el informe remitido por la Agencia Tributaria al juez del ‘caso Nóos’, la hija del rey habría vendido fincas y terrenos por valor de 1,43 millones de euros.
     Esta venta se habría producido poco después de comprar su casa en el barrio de Pedralbes de Barcelona.
    La infanta se apresuró el pasado viernes en negar estos hechos.
     «Una vez la Fiscalía Anticorrupción valore el informe me lo transmitirá y podremos opinar», ha dicho el fiscal general del Estado, Torres-Dulce.
    Hacienda aclara que sus datos sobre las fincas de la infanta son de terceros.
    Los técnicos de Hacienda Gestha afirman que puede ser «un error».
    La noticia en 20minutos.es / Agencias /
     El lío está servido. La Agencia Tributaria atribuye a la infanta Cristina la venta de 13 fincas y terrenos por 1,43 millones de euros. Ella, en un comunicado oficial, lo niega. Hacienda no quiere en un principio hacer comentarios, amparándose en la ley, aunque más tarde aclara que sus datos «son de terceros». Algunos compradores han dicho que debe de haber un error, ya que ellos no compraron nada a la infanta, según informó el diario El País. Y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado este lunes que Anticorrupción estudiará todo este embrollo, reflejado en un informe oficial incorporado al ‘caso Nóos’.
     En este momento lo único que tenemos es que analizar ese informe y extraer la consecuencias «Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examine el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar», ha contestado Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto.
     Un informe de la Agencia Tributaria entregado al juez Castro indica que la infanta Cristina vendió entre 2005 y 2006 fincas y tierras que poseía en la provincia de Alicante, Ciudad Real y Barcelona por un valor total de 1.435.603 euros, poco después de concretarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la ciudad condal.
     La Agencia Tributaria se escuda en que no puede hablar sobre este asunto porque el artículo 95 de la Ley General Tributaria lo prohíbe, ya que son datos fiscales reservados. Sin embargo, poco después ha asegurado que remitió al juez José Castro los datos que obran en su poder y que son suministrados «por terceros» sin que fueran objeto de «valoración jurídico-tributaria». «Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria», afirman las fuentes. Explican así que la Agencia hizo un mero traslado de datos, entre los que se encuentran los aportados por notarios y registradores de la propiedad.
     El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó por su parte este lunes que desconoce este informe, pero cree que habrá que ofrecer explicaciones «en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error». «No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente», sentenció. PSOE e IU ya han pedido su comparecencia en el Congreso para explicar este asunto.
     Petición del juez
     El juez José Castro, además, ha pedido este mismo lunes a cuatro registros de la propiedad que le faciliten los datos de las fincas. Mediante una providencia de cuatro páginas, el magistrado ha reclamado a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) las hojas registrales correspondientes a cada uno de los inmuebles, lo que le permitirá averiguar el historial jurídico de las distintas fincas y los cambios que se han producido en su propiedad desde su creación.
     De este modo, Castro podrá comprobar si fue la infanta quien vendió estos inmuebles en los dos años siguientes de adquirir su vivienda de Pedralbes junto a Iñaki Urdangarin, e intentará constatar si efectivamente la infanta figuraba como propietaria de las mismas y fue responsable y beneficiaria de su venta.
     Por otro lado, el juez Castro ha dado traslado este lunes a las partes de nueva documentación aportada en su defensa por la representación de Diego Torres, exsocio de Iñaki Urdangarin, entre la que se incluyen correos electrónicos enviados por el duque de Palma, según han informado fuentes jurídicas.
     ¿Un simple error?
     Lo que sí está claro es que el juez pidió a la Agencia Tributaria la información sobre la infanta. La Agencia, por su parte, consulta la información en el Catastro, que depende de ella. Y pasa las conclusiones de su informe al juez, como ha puntualizado el propio organismo. «Lo más seguro es que haya habido algún error en el catastro. Es muy común si solamente un número figura equivocado», explica a 20Minutos un registrador. «Lo suyo es que el juez, una vez remitida la información de Hacienda, hiciera una segunda comprobación certificada con registradores y notarios».
     «Todo puede ser un error, comprensible sobre un informe sobre un ciudadano desconocido con pocos ingresos, pero con la infanta… Otros informes sobre la infanta han estado muy medidos y repasados. No entendemos qué ha podido pasar», señala un portavoz de los técnicos de Hacienda Gestha. Ahora todo está en manos de Anticorrupción y del juez Castro, que verificarán esos datos. La casa real lo tiene claro: niega las ventas por valor de 1,43 millones de euros que le atribuye la Agencia Tributaria y ha subrayado que debe de tratarse de una equivocación.

 

 

 

El juez investiga si las ventas de fincas que se atribuyen a la Infanta son un error

martes, 18 de junio de 2013

     El magistrado ordena comprobar si las supuestas ventas figuran en los registros de la propiedad
     Andreu Manresa Palma de Mallorca 17 junio 2013 – La noticia en elpais.com 
     El juez José Castro, que instruye el caso Nóos, ha ordenado comprobar si las supuestas ventas de inmuebles que la infanta Cristina niega constan en los registros de la propiedad. En un auto, el magistrado ha pedido examinar directamente los datos del informe que presentó Hacienda sobre los bienes y cuentas de la hija del Rey. Y ello, pese a que Hacienda ha hecho saber de manera informal al magistrado que se trata de un error en el informe remitido al juzgado, según fuentes del Gobierno. Dicho error procedería de la información suministrada por los notarios, que según Hacienda no fue objeto de «valoración jurídico-tributaria» y que luego ha acabado reproducida en la documentación sobre las ventas atribuidas a la Infanta que se recogió en el informe en poder del juez. Fuentes gubernamentales consideran que el fallo se produjo al rellenar incorrectamente la casilla del DNI (el de doña Cristina, como el del resto de la Familia Real, es de solo dos dígitos) en la comunicación de las operaciones en los formularios de registradores y notarios.
     El Ministerio de Hacienda, no obstante, ni confirma ni desmiente de manera oficial que se trate de un error o no pero sí ha rechazado «de forma tajante la insinuación de que los datos hubieran sido alterados intencionadamente para restar credibilidad a la investigación y que se tratara de una intoxicación premeditada»

     Este informe señala que la Infanta había vendido fincas y tierras que poseía en las provincias de Alicante, Ciudad Real y Barcelona, poco después de sustanciarse la compra por 5,8 millones de euros de su domicilio en el barrio de Pedralbes de la Ciudad Condal. El dossier enviado al juez Castro refleja que doña Cristina enajenó 13 pisos, casas y tierras por un valor de 1,43 millones de euros. El mismo informe señala que, de la información aportada por notarios y registradores, no se deduce la existencia de transmisiones en el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012.
     La Infanta ha negado, a través de un portavoz, que hubiera hecho tales transacciones: “Esa información es falsa y carece de toda base”. Así lo aseguran también los supuestos compradores, que han explicado que las fincas y pisos ya les pertenecían y no han sido adquiridas a la Infanta. También el Ministerio de Hacienda ha eludido aclarar este asunto, alegando que lo prohíbe la Ley General Tributaria. Este lunes el ministro Cristóbal Montoro se ha desentendido también del informe tributario. «La elaboración de esos informes corresponde a la Inspección de la Agencia Tributaria y se envían al juez, yo no conozco el contenido de los informes que se hacen sobre los contribuyentes», ha defendido.

 

Los notarios y registradores tratan de lavar su responsabilidad en las cláusulas suelo

lunes, 17 de junio de 2013

     Muchos de estos fedatarios públicos aprobaron e inscribieron préstamos hipotecarios que perjudicaban a los consumidores. Los notarios tienen la obligación de informar sobre los intereses variables.
     Economía y finanzas | 16-06-2013 El artículo en vozpopuli.com
     No sólo los bancos son perjudicados por la sentencia del Supremo que anula las cláusulas suelo en los préstamos hipotecarios, sino también los fedatarios públicos que redactaban la escritura pública y la inscribían, cobrando por ambos actos, sin encontrar ninguna irregularidad ni indefensión para la parte más débil. Nos referimos a los notarios y a los registradores; sobre todo los primeros, que tienen la obligación legal de informar a sus clientes de los detalles del préstamo.
     A la vista de sentencias recientes dictadas en los últimos años, los profesionales jurídicos esperaban una sentencia del Supremo como la de la semana pasada. Por ello, algunos se han puesto la venda antes de la herida. El jueves 13, el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, presentó el Órgano de Control de Cláusulas Abusivas del Consejo, que, según la nota de prensa, “facilitará la actuación coordinada de los 3.000 notarios para una mayor protección jurídica del consumidor”.
     Y un vocal del Colegio de Registradores, Vicente Carbonell, declaró que los registradores rechazarán desde ahora la inscripción de hipotecas de particulares con cláusula suelo que se les presenten.
     Los notarios, los más perjudicados
     Pero el notariado es la profesión más perjudicada. Es un hecho que los bancos tenían sus notarios, a los que conducían a los clientes, aunque éstos tienen la facultad legal de escogerlo. Y muchos de estos clientes (en 2012 fueron 557.919 los préstamos hipotecarios, personales y de otros tipos a consumidores concedidos por grandes operadores y recogidos en escritura pública, según el Consejo General del Notariado) se quejan de que el notario al que acudieron de mano del banco no les informó de la existencia de las cláusulas suelo ni de cómo les afectaban.
     La sentencia del Supremo menciona a la profesión notarial (con clientela garantizada por el Estado y aranceles fijados por éste) dos veces para destacar su responsabilidad en defensa de los consumidores, la parte más débil del préstamo. Por esta última razón, dice la sentencia, la legislación ha impuesto “determinados deberes de información a las prestamistas [los bancos] y al notario que autoriza la correspondiente escritura”.
     La segunda vez, los magistrados del Supremo detallan la responsabilidad de los notarios: “se formaliza el préstamo en escritura pública, estando obligado (sic) el notario a informar a las partes y a advertir sobre las circunstancias del interés variable, y especialmente si las limitaciones a la variación del tipo de interés no son semejantes al alza y a la baja”.
     También preocupa a la profesión notarial que, en su auto de aclaración a la sentencia, el Supremo haya citado expresamente entre los “formalismos carentes de eficacia” para que el consumidor adoptase una decisión clara y soberana la “lectura por el notario” de la escritura de préstamo. Si uno de los ritos más habituales por el notario es intrascendente, se puede abrir la puerta a que se reorganice la función entera.   ¿Cómo va a solicitar el Notariado que el Gobierno, presidido por un registrador y con abogados del Estado y fiscales entre los ministros, se les concedan nuevas competencias cuando han fracaso en los préstamos hipotecarios?
     Ya fue para los notarios un golpe a su negocio y su prestigio que la Unión Europea les obligase a integrarse en 2000 en un solo cuerpo con los corredores de comercio colegiados. Ahora, después de la caída de la construcción y de todo tipo de escrituras, con la pérdida de ingresos relacionada, algunos notarios pueden encontrarse con reclamaciones por su mala praxis.

El Ayuntamiento en pleno pide el mantenimiento de la Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad

lunes, 17 de junio de 2013

     Todos los grupos políticos se pronunciaron a favor de que este servicio se mantenga por razones de eficiencia, inmediatez y conservación de puestos de trabajo
     Noticia de soy de Caravaca. En laverdad.es 15/06/2013
     El Pleno aprobó, con el respaldo de todos los grupos políticos representados en la mesa, una moción a favor del mantenimiento del servicio de la Oficina Liquidadora de Impuestos Regionales en Caravaca de la Cruz, actualmente ubicada en las dependencias del Registro de la Propiedad.
     El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz acordó elevar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia la petición de que se llegue a un acuerdo con el Registro de la Propiedad para la continuidad de la Oficina Liquidadora de Impuestos Autonómicos en Caravaca de la Cruz por razones de eficiencia, cercanía, inmediatez y ahorro.
     Según queda reflejado en el texto aprobado, «la coordinación en un mismo espacio físico de estos servicios redunda en una mayor agilidad y control sobre los procedimientos de compra-venta, donaciones o herencias que conllevan transmisión de bienes, además de reducir molestias, desplazamientos y trámites para los ciudadanos de la Caravaca y Comarca del Noroeste en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias». Asimismo, la moción señala que «con la continuidad de este servicio, se mantienen también los puestos de trabajo de quienes atienden directamente esta oficina dentro del Registro de la Propiedad».

Los registradores auguran un “efecto cascada” de eliminación de cláusulas suelo

lunes, 17 de junio de 2013

     El Colegio cuestiona algunas medidas de la Ley para proteger a los deudores hipotecarios
     Carlos Laorden Madrid 13 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     «Esta medida les va a hacer mucho más daño a los bancos de lo que percibimos». Vicente Carbonell, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Registradores, ha augurado este jueves un «efecto cascada» que llevará a los bancos a eliminar las cláusulas suelo —los topes aplicados a los intereses hipotecarios para evitar que se reduzcan llegado un límite incluso aunque baje el euríbor— en los próximos meses. El directivo, aunque ha apreciado los esfuerzos de la Ley para suavizar las consecuencias del impago de la hipoteca, ha cuestionado la eficacia de algunas medidas.
     Carbonell ha vaticinado que el auto aclaratorio dictado este miércoles por el Tribunal Supremo —que confirma que este tipo de disposiciones no son válidas si su inclusión en el contrato del préstamo no fue completamente transparente— extenderá a otras entidades el ejemplo de BBVA, que ya ha anunciado que dejará de aplicarlas. El registrador ha advertido de que esto tendrá como efecto colateral que los bancos concederán menos hipotecas y que, cuando lo hagan, será a unos tipos de interés más elevados.
     En una rueda de prensa en Madrid para presentar el informe del Colegio sobre las cláusulas abusivas en las hipotecas, Carbonell ha criticado duramente las cláusulas suelo. «Parece algo equilibrado que si se pone un techo se ponga también un suelo, pero no es verdad». El representante de los registradores ha señalado que «la experiencia» enseña que suele salir ganando el banco. «Bajo una apariencia de efectividad se producían efectos lesivos para el consumidor», ha recalcado.
 
     Carbonell ha expresado sus reservas respecto a la Ley de Protección de los deudores hipotecarios, cuyos detalles ha explicado con detenimiento. «Es una ley buena», ha admitido, aunque muchas medidas son «más bienintencionadas que útiles». Como ejemplo, se ha referido a la obligación de incluir en el contrato de hipoteca una cláusula manuscrita en la que quien la suscribe confirme que entiende lo que está firmando. «La única diferencia será que en vez de firmar una vez, se firmará dos veces, pero eso no garantiza que se comprenda mejor», ha apuntado. «A mí me recuerda al papel que te hacen firmar cuando vas a entrar al quirófano», ha ejemplificado.
     El directivo de la asociación de registradores ha considerado necesario este tipo de medidas que protegen a las personas «en una situación económica excepcional», pero sin «cargarse» un sistema hipotecario como el español que, según ha dicho, «funciona bien» en condiciones normales.
     María José Pérez, directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, también ha matizado sus alabanzas a la creación, anunciada también este jueves, de un Órgano de Control de Cláusulas Abusivas (OCCA, que será gestionado por los notarios. «Al legislador parece que se le olvida que la hipoteca vive en el Registro», ha afirmado.
     Tanto Pérez como Carbonell han ensalzado la labor de quienes ejercen su profesión para «defender» los intereses de los ciudadanos que se hipotecan y han asegurado que muchos de los problemas que ahora se presentan urgentes para el conjunto de la sociedad, para ellos «no son una novedad».

 

El lunes finaliza el plazo para reclamar por cláusulas abusivas y evitar desahucios

domingo, 16 de junio de 2013

     La PAH denuncia que los juzgados están denegando a quienes solicitan justicia gratuita la suspensión de los plazos
     Madrid 14 junio 2013 – La noticia en elpais.com
     El lunes acaba el plazo de un mes para que quienes tengan un procedimiento judicial de ejecución hipotecaria pueda alegar cláusulas abusivas en la hipoteca y evitar el desahucio. Tal plazo constituye para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca  «una violación del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la Constitución Española).
     Consideran que con la Ley 1/2013, al fijar un plazo tan perentorio, «se pretende amortiguar las conclusiones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 y evitar, en lo posible, su impacto sobre el inhumano sistema de ejecuciones hipotecarias español. Prueba de ello es que no hay una sola palabra sobre las ejecuciones hipotecarias y los desahucios ya ejecutados ni sobre los intereses de demora e, incluso, contraviene la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al legalizar su recálculo con el límite de tres veces el interés legal del dinero (integración de cláusula abusiva prohibida en el ordenamiento europeo). Además, contiene elementos de inconstitucionalidad flagrante como la discriminación por razón de edad a menores de cuatro a 16 años, la posibilidad de recurrir en apelación el auto que resuelve sobre cláusulas abusivas sólo en caso de que resulte perjudicada la entidad financiera, etcétera».
     La PAH ha elaborado un kit de emergencia (disponible en www.afectadosporlahipotecamadrid.net) «para que los afectados acudan a los colegios de abogados y juzgados solicitando la suspensión del plazo mientras se les asigna una defensa de oficio ya que la mayoría de afectados no cuenta con medios económicos para procurarse un abogado y un procurador». Aunque, según explica Rafael Mayoral, asesor jurídico de la PAH,  «no se están concediendo la suspensión de los plazos para los que han solicitado gratuita, cuando se tarda entre uno y dos meses en asignar abogado y procurador».
     Mayoral considera una irregularidad que no se haya notificado a los deudores sino que se haya limitado a la publicación en el BOE y, en general, rechaza la ley que considera que no ampararía la situación de Mohammed Aziz.

El 40% de los ordenadores ha sufrido intentos de infección en Internet

domingo, 16 de junio de 2013

     10 de junio de 2013 La noticia en madridpress.com

     El 40% de los ordenadores ha sufrido intentos de infección en Internet El 40 por ciento de los ordenadores ha sufrido intentos de infección en Internet en el primer trimestre de 2013. España se sitúa entre los países del grupo de riesgo moderado de infecciones en la Red. La empresa de seguridad Kaspersky Lab ha presentado un informe sobre el desarrollo de las amenazas informáticas del primer trimestre del 2013, un periodo en el que según los datos, la compañía ha detectado y neutralizado más de 1.345 millones de objetos maliciosos.

     El 39,1 por ciento de los ordenadores de los participantes del estudio ha sufrido intentos de infección mientras navegaban en Internet durante el período señalado. Aún así, la proporción de ordenadores atacados con respecto al último trimestre de 2012 ha disminuido en un 1,5 por ciento.

     En relación al año pasado apenas han cambiado los países que se ven más afectados por los ataques. Se trata principalmente de países de la ex Unión Soviética. Rusia ocupa la tercera posición con el 57 por ciento. Por el contrario, se observan modificaciones entre la puesto número once y en el veinte ya que en el primer trimestre de 2013, Túnez y Argelia debutaron en la clasificación con un 43,1 y 39 por ciento respectivamente. El único país de Europa occidental presente en el Top 20 es Italia en la décimo sexta posición con un 39,9 por ciento.

     Grupos

     Teniendo en cuenta los índices de ataques en cada país se pueden establecer varios grupos. Están los de máximo riesgo, que son países en los que más del 60 por ciento de sus usuarios se han enfrentado al menos una vez a programas maliciosos en Internet. En este grupo sólo estaría Tayikistán.

     En el grupo de alto riesgo, el índice de riesgo está entre el 41 y el 60 por ciento, y lo conforman 13 países del Top 20, entre los que destacan los de la antigua Unión Soviética. El grupo de riesgo medio está entre el 21 y el 40 por ciento, y comprende 102 países, entre los que están Italia, Alemania, España, Bélgica o EE.UU.

     En el grupo de países más seguros para navegar en Internet están 28 países cuyo índice de seguridad estaba entre el 12,5 y el 21 por ciento. El porcentaje más bajo en este grupo lo suelen tener países de África porque es un continente donde Internet aún no se ha desarrollado del todo. En este grupo también hay otros países como Japón.

     Los países en los que se encuentran físicamente los sitios desde donde se descargan los programas maliciosos, son básicamente 10: EE.UU, Rusia, Países Bajos, Alemania, Ucrania, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, China y Rumanía. El 81 por ciento de todos los virus son generados en estos países.

     Vulnerabilidades

     En el primer trimestre de 2013, se registraron 30.901.713 aplicaciones y archivos vulnerables en los ordenadores de usuarios miembros del estudio. Kaspersky Lab ha descubierto un promedio de 8 vulnerabilidades distintas por cada ordenador vulnerable.

     Las vulnerabilidades más propagadas tienen que ver con Java. Se han detectado en más del 45,26 por ciento de los ordenadores. Las cinco primeras y la última vulnerabilidad del Top 10 pertenecen a Adobe y Oracle. La última del listado se ha encontrado en Adobe Flash Player y es muy antigua pero muy peligrosa.

La guerra de los fedatarios

domingo, 16 de junio de 2013

     En cincodias.com Madrid 14-06-2013
     Al hablar de rencillas, enfrentamientos profesionales o guerras abiertas en toda regla siempre se apela a expresiones del tipo “ocurre en las mejores familias”, o “en todos los sitios cuecen habas”. Pero lo cierto es que el divorcio absoluto que protagonizan notarios y registradores de la propiedad desde hace décadas vuelve a atravesar uno de sus momentos más tensos. Las últimas reformas emprendidas por el Gobierno han vuelto a poner de actualidad sus tradicionales peleas, siempre elegantes, eso sí, por ver qué colectivo es más importante como fedatario público.
     Algunas fuentes dicen que la clave suele estar en quien ostenta el cargo de director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez, que en esta ocasión es registrador y también notario. Qué oportunidad para enterrar el hacha.

Los registradores creen que todos los bancos anularán la cláusula suelo de las hipotecas

sábado, 15 de junio de 2013

      M. Núñez / Madrid 13/06/2013 – La noticia en abc.es
     Consideran que la nueva Ley Hipotecaria no protege suficientemente a los consumidores de préstamos hipotecarios
     Los registradores de la propiedad españoles consideran que va a haber un «efecto cascada» en materia de las cláusulas suelo de las hipotecas, de tal modo que muchos bancos seguirán los pasos de BBVA y anularán este aspecto de las hipotecas que, en la práctica, supone que muchos ciudadanos no se beneficien de las rebajas de los tipos de interés que realiza el Banco Central Europeo (BCE). La lástima, según ha explicado Vicente Carbonell, miembro de la directiva del Colegio de Registradores de la Propiedad, es que esta nulidad no tenga carácter retroactivo y los consumidores no puedan recuperar el dinero que han pagado de más.
     Además los registradores han realizado un análisis de la Ley de Deudores Hipotecarios aprobada en enero y, en síntesis, concluyen que sigue sin proteger suficientemente a los consumidores ya que, según ellos, hay muchas cláusulas que no deben ser inscritas en el Registro de la Propiedad.
     Entre estos aspectos que deberían haberse modificado están los redondeos por encima de un octavo de punto, la vinculación a un tipo de referencia no objetivo o la limitación de los intereses de mora (tres veces el interés legal del dinero si es hipoteca sobre vivienda habitual y para su adquisición).
     Otras de las cláusulas son las relacionadas con el vencimiento anticipado que los registradores consideran que no deben inscribir son el impago de una o dos cuotas, la prohibición de la arrendación o la disminución del valor o el deterioro de la finca

 

La nueva ley de alquiler: Conoce qué cambia para propietarios e inquilinos

sábado, 15 de junio de 2013

     La reforma de la ley sobre alquileres entra en vigor hoy, tras su publicación en el BOE. El legislador deja claro que busca fomentar el arrendamiento, pero ha despertado reacciones airadas entre los consumidores. Su principal novedad es la libertad de pacto entre las partes.
     E. Ruiz-Hidalgo  El artículo en invertia.com 6 de Junio de 2013 –
     El mercado de alquiler ha perdido siempre la batalla respecto a la compra. En España la ecuación es claramente a favor de quienes poseen pisos en propiedad, un 83% frente al 17% de quienes viven del alquiler. Ahora se le da un nuevo impulso con un marco normativo que en las Cortes solo ha contado con el respaldo del PP.
     Las principales novedades
     1. Duración de los arrendamientos: Se reducen de cinco a tres años la prórroga obligatoria, y de tres a un año la prórroga tácita. Las fianzas pasan a revisarse cada tres años.
     2. También modifica la recuperación del inmueble por el arrendador si es para uso de vivienda habitual o para familiares de primer grado, ya que se requiere que hubiera transcurrido al menos el primer año de duración del contrato, sin necesidad de previsión expresa en el mismo. El propietario puede recuperar la vivienda avisando con dos meses de antelación.
     3. Abandonar la vivienda: Se establece la previsión de que el arrendatario pueda desistir del contrato en cualquier momento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses y lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Se reconoce la posibilidad de que las partes puedan pactar una indemnización para el caso de desistimiento.
     4. Esta Ley opera además una reforma de determinados preceptos de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, al objeto de abordar las cuestiones más puntuales que están generando problemas en los procesos de desahucio después de las últimas reformas de la anterior Legislatura.
     5. La inscripción del alquiler en el Registro de la Propiedad permitirá al propietario desalojar a los inquilinos de una forma más rápida si estos no le pagan. Con la nueva ley se establece un plazo de 10 días desde que el arrendador acude al juzgado a poner la denuncia para que el arrendatario pague la deuda.
     6. El comprador de un piso que esté alquilado solo estará obligado a mantener al inquilino si el arrendamiento está inscrito en el Registro de la Propiedad.
     7. Flexibilidad en las rentas: La revisión del precio ya no se realiza mediante el IPC obligatoriamente. Ahora son las partes las que deben pactar la actualización de la renta pero siempre de mutuo acuerdo.
     8. La reforma excluye los arrendamientos temporales con fines turísticos.
     9. La nueva ley también incluye la posibilidad de deducir del alquiler las reformas y mejoras realizadas por el inquilino.
     10. El texto elimina las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro de los Planes Estatales de Vivienda, incluso las que ya se estuvieran abonando, y dispone que no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subrogación u otras actuaciones. Las ayudas estatales directas sólo se mantendrán si hay una aceptación expresa de Fomento, mientras que las del Programa de Inquilinos, áreas de rehabilitación integral, Renove y Renta Básica de Emancipación se mantienen sólo hasta que entren en vigor las nuevas líneas. En definitiva, el Gobierno sólo mantendrá las ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación que ya se estuvieran recibiendo, así como las que fueron reconocidas antes del 15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad de Fomento siempre que éste se formalice por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

 

Nadie sabe cuántos desahucios hay en España

viernes, 14 de junio de 2013

     El Gobierno, el Poder Judicial, el Banco de España y el Colegio de Registradores arrojan cifras muy diferentes sobre la cantidad de desahucios que se produjeron en nuestro país a lo largo de 2012
     Alberto Pozas   11-06-2013 La noticia en cadenaser.com
     Si comparamos, nadie se pone de acuerdo sobre la cantidad de desahucios que hubo en España a lo largo del pasado año 2012: las cifras suben y bajan en función del organismo que las ofrece. Oscilan entre las 39.000 ejecuciones hipotecarias del Banco de España y las 75.000 del Gobierno. Fuentes del Instituto Nacional de Estadística han confirmado a la Cadena SER que no empezarán a cuantificar los desahucios en nuestro país hasta, como mínimo, principios de 2014, algo que según anunció hace un año la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría estaría disponible para este año 2013.
     Nadie parece saber a ciencia cierta cuántos desahucios hubo en España durante el pasado año 2012. En función de quién ofrezca las cifras, el número de desahucios puede subir o bajar varias decenas de miles. Gobierno (más de 75.000), Banco de España (39.000), Poder Judicial (43.000) y Colegio de Registradores (38.976) no se ponen de acuerdo en la cantidad de ejecuciones hipotecarias que acabaron en desahucio a lo largo de 2012. En lo que si se ponen de acuerdo es en señalar que no cuentan con mecanismos para cuantificar los desahucios de forma detallada. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no hará estadísticas sobre este drama social hasta principios de 2014, algo anunciado por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría para este año.
     El Poder Judicial: 43.858 desahucios en 2012
     El Consejo General del Poder Judicial ha hecho públicas las cifras judiciales correspondientes a 2012, en las que detallan un total de 43.858 lanzamientos derivados de impagos de hipoteca. Esta estadística, recogida en juzgados de primera instancia e instrucción, según reconoce el propio Poder Judicial «no ofrece detalles sobre la naturaleza de los bienes ni sobre las formas de terminación». El órgano de gobierno de los jueces defiende su cuantificación de los desahucios, «realizada en base a datos observados en juzgados especializados».
     El Gobierno: 75.375 ejecuciones hipotecarias, con garajes
     El Gobierno, sin embargo, calcula la siguiente cifra: 75.375 ejecuciones. Estas cifras, sacadas a colación en el Congreso en respuesta a una solicitud de Izquierda Unida, incluye no sólo viviendas sino bienes inmuebles como garajes o fincas rústicas, y reconoce el ejecutivo que «no existen datos estadísticos sobre el número de viviendas que han podido quedar afectadas por ejecuciones hipotecarias o lanzamientos» ya que «no son datos que los secretarios judiciales debían comunicar de manera individualizada».
     En diciembre del año 2012, la videpresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunció que el Instituto Nacional de Estadística ofrecería datos trimestrales sobre desahucios en España a lo largo de 2013. Fuentes de este organismo han confirmado a la Cadena SER que esto no podrá ser, como mínimo, hasta principios de 2014.
     Los registradores 38.976 y el Banco de España 39.167
     No son cifras que coincidan, tampoco, con las que ofrecen otras instituciones que también cuantifican estos fenómenos. De hecho, las cifras del Gobierno se quedan a muy poco de doblar a las que ofrece el Banco de España. En su informe anual, el Banco de España arrojó un dato de 39.167 viviendas entregadas en procesos de ejecuciones hipotecarias. Asimismo, el Colegio de Registradores emitió un informe en el que cuantificó las ejecuciones hipotecarias en 38.976 durante el año 2012.
     Son cifras calificadas como «infraestimaciones» por parte del Poder Judicial: señala el órgano de gobierno de los jueces que, en el caso de las cifras ofrecidas por los registradores, existe «un importante desfase temporal entre el momento de adjudicación de la vivienda y su inscripción registral». En lo que respecta a las cifras del Banco de España, el órgano de gobierno de los jueces indica el mismo problema.

 

Una nueva sentencia del TSJCV anula el Plan Rabasa

viernes, 14 de junio de 2013

      Entiende, entre otros aspectos, que hubo falta de publicidad del concurso para su aprobación y concesión
      Europa Press   11.06.2013 | La noticia en información.com

     Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el conocido como Plan Rabasa y su adjudicación a una urbanizadora participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, al entender, entre otros aspectos, que hubo falta de publicidad del concurso para su aprobación y concesión, así como falta de Autorización Ambiental Estratégica y de disponibilidad de recursos hídricos en la zona sobre la que se pretendía actuar.

     Esta resolución se suma a otra emitida el pasado 24 de mayo contra la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante, al estimar un recurso interpuesto por el Partido Socialista, al considerar que su tramitación no se ajustó a derecho por falta de Autorización Ambiental Estratégica y por falta de disponibilidad de recursos hídricos.

     Igualmente, el tribunal valenciano ya acordó el pasado 30 de abril la anulación del mismo acuerdo, al considerar que se vulneraba la Ley de Contratos, –tal y como reclamaban los dos particulares que plantearon la demanda–, en una decisión que además dejaba sin efecto el acuerdo adoptado en junio de 2006 por el pleno del Ayuntamiento de Alicante, por el cual se aprobó provisionalmente el plan Rabasa, y la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del citado empresario.

     En este caso, la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJCV, fechada el pasado 25 de abril y que ha contado con el voto particular de dos magistrados, estima un recurso planteado por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y vivienda de 5 de mayo de 2009, por la que definitivamente se aprueba la Homologación y el Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa del Municipio de Alicante.

     Viviendas sociales del mediterráneo

     Igualmente, deja sin validez el acuerdo del Ayuntamiento de la ciudad, de fecha 26 de abril de 2005, por el que se adjudicó a la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo SL, participada por Ortiz, el programa para la gestión indirecta del citado sector, así como el acuerdo del consistorio del 13 de junio de 2006 por el que se aprobó el Programa de Actuación Integrada.

     En cuanto a los argumentos planteados por la PIC, la sala señala que dentro de los diez primeros días de la información del plan dos sociedades manifestaron su intención de formular una alternativa técnica substancialmente distinta, por lo que solicitaron una prórroga de veinte días adicionales, si bien en ese plazo no fueron ellas las que formularon la alternativa, sino un tercero, que la presentó el último día de la prorroga, y que resultó escogida y determinó su adjudicación.

     «Así las cosas, se ha producido una alteración de los principios de igualdad en materia de concurso y contratación administrativa, determinante de nulidad, pues la alternativa que ha sido elegida no ha sido sometida a publicidad alguna a efectos contractuales», indica la sentencia.

     «Infracción grave»

     Asimismo, incide en que «la infracción es todavía más grave si cabe pues, en rigor, la adjudicación de la condición de urbanizador para la ejecución del programa se materializa por el ayuntamiento el 26 de abril de 2005, mientras que la aprobación del programa –sometida a la condición suspensiva de la ratificación autonómica–, se realiza el 13 de junio de 2006».

     Para los magistrados, «de esta forma se otorga en 2005 la ejecución de un programa que se aprobará después, con lo que se ha producido una inversión de la dinámica que la normas prevén para llegar a su adjudicación», lo cual «determinará la anulación del programa».

     El TSJCV también entiende que, tal y como planteó la parte recurrente, al tratarse de una obra que superaba los 200 millones de euros «era indispensable que el procedimiento de licitación se hubiera publicado en el ámbito de las Comunidades Europeas», un hecho «exigible» que no se llevó a cabo.

     Además, la resolución también especifica que a la fecha de su aprobación, no existía informe medioambiental favorable, «ni disponibilidad de recursos hídricos suficientes para asumir el incremento de población que el plan parcial pretendía hacer efectivo sobre el territorio que ordenaba».

La banca empieza a eliminar las cláusulas suelo

viernes, 14 de junio de 2013

     BBVA y Cajamar ya han anunciado que suspenderán está práctica tras la sentencia del TS que ratifica su nulidad
     EP/Madrid 13.06.2013 La noticia en información.com
     El BBVA dejará de aplicar, con efectos desde el 9 de mayo de 2013, la cláusula suelo en sus contratos de préstamo hipotecario con consumidores para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilícita esta condición debido, fundamentalmente, a su falta de transparencia.
     Según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de valores (CNMV), el hecho de dejar de aplicar esa cláusula no significa que no vaya a recurrir el fallo del Alto Tribunal, cuya puerta deja abierta.
     El banco que preside Francisco González especifica que se estima que con la actual cotización del índice de referencia mayoritariamente utilizado en esos contratos, Euríbor a un año, la aplicación de esta medida a la cartera hipotecaria afectada por la sentencia producirá una reducción del beneficio neto después de impuestos en el mes de junio (primer mes completo en el que se aplicará) de 35 millones de euros. En meses sucesivos el impacto dependerá de la evolución del Euríbor a un año.
     BBVA no será la única entidad en retirar estas cláusulas de sus contratos, ya que Cajamar Caja Rural ha anunciado a Europa Press que va a proceder a la «retirada inmediata» y de «forma retroactiva» desde el 9 de mayo de 2013 de estas condiciones en «todas sus hipotecas» , después de que el Tribunal Supremo (TS) haya emitido un auto aclaratorio en el que se reafirma en la sentencia por la que las declaraba nulas si ha habido falta de transparencia o información a los usuarios bancarios.
     Por su parte, NCG Banco está estudiando cómo aplicar el fallo del Supremo. La entidad se ha limitado a indicar que el documento todavía debe ser revisado por sus servicios jurídicos.
     Jurisprudencia
     La sentencia del Supremo declaraba que las cláusulas suelo, en general, no eran nulas pero sí podían considerarse ilícitas cuando no contaran con los requisitos de transparencia exigibles.
     Además, condenaba a las entidades financieras que estaban inmersas en este proceso (BBVA, NGC Banco y Cajas Rurales) a eliminar dichas cláusulas de los contratos en los que se insertaban y a cesar en su utilización, «declarando la subsistencia de los mismos».
     Finalmente, declaraba que había lugar a la retroactividad de esta sentencia, «que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni a los pagos ya efectuados en la fecha de su publicación».
     Auto aclaratorio
     En su auto aclaratorio, el Supremo subrayaba que la creación de la apariencia de un contrato de préstamo hipotecario a interés variable, cuando el índice de referencia o su evolución, previsible para el profesional, a corto o medio plazo lo conviertan en interés mínimo fijo variable nada más al alza, «constituye uno de los diferentes supuestos de falta de transparencia» del contrato y de «cláusula abusiva», sin necesidad de que concurra ningún otro requisito.
     El Supremo precisa que la sentencia emitida en su día «proclama la licitud de las cláusulas suelo condicionada a que se observe la especial transparencia exigible en las cláusulas no negociadas individualmente que regulen los elementos principales de los contratos suscritos con consumidores».
     Recuerda que en la sentencia se identificaron seis motivos por los que las cláusulas no eran lícitas. Ahora aclara que «no se trata de una relación exhaustiva de circunstancias a tener en cuenta con exclusión de cualquier otra».
     «Tampoco determina que la presencia aislada de alguna o algunas (de estas circunstancias) sea suficiente para que pueda considerarse no transparente la cláusula a efectos de control de su carácter eventualmente abusivo», indica la sala.
     Otro de los aspectos en los que hace hincapié el Alto Tribunal es el hecho de que aunque la cláusula haya resultado beneficiosa para el consumidor durante un periodo de tiempo «no la convierte en transparente ni hace desaparecer el desequilibrio en contra de los intereses del consumidor». «La cláusula tiene por finalidad exclusiva proteger los intereses de la prestamista frente a las bajadas de índice de referencia», añade.

 

Nulidad de las ‘cláusulas suelo’ en los préstamos hipotecarios

jueves, 13 de junio de 2013

     12 de Junio de 2013 En el ilustradordigital.es
     El Tribunal Supremo responde así a la aclaración solicitada por los bancos.
     Incluso en el supuesto de que los usuarios se beneficiaran temporalmente por las caídas del Euribor, el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del pasado 9 de mayo en la que declaraba la nulidad de las ‘cláusulas suelo’ en los préstamos hipotecarios, aclarando a los bancos que basta con para ello que no se cumpla alguno de los requisitos de transparencia establecidos en el anterior fallo.
     El nuevo auto se ha emitido a petición del BBVA, Novacaixagalicia y Cajamar -Cajas Reunidas-, que solicitaba al Supremo una aclaración sobre el fallo del mes de mayo en una sentencia en la que se especificaba que las ‘cláusulas suelo’ serán «lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificar la cláusula como definidoras del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos», pero nulas en cuanto no se cumpla alguno de los requisitos de transparencia exigidos para garantizar “el perfecto conocimiento de todos los términos del contrato”, poniendo en entredicho “meros formalismos” como eran “la lectura ante notario”, una de las principales justificaciones que habían presentado en su defensa las entidades bancarias.

Rebelión de los notarios para conservar la firma de poderes

jueves, 13 de junio de 2013

     Yago González. Madrid. El artículo en expansión.com 12/06/2013
     La Ley de Emprendedores, esa misma que ayer presentó Mariano Rajoy con el aparente consenso del sector privado, ha desatado una nueva batalla en la ya larga guerra entre notarios y registradores. Un artículo de dicha norma ofrece la posibilidad de que la dación y revocación de poderes se realice de forma telemática y sin mediación notarial, tal como adelantó ayer Expansión. Es decir, que bastará la inscripción en el Registro correspondiente. Y a los notarios no les ha hecho ninguna gracia esta novedad, hasta tal punto que intentarán que el Gobierno elimine el artículo de la redacción final.
     El Consejo General del Notariado, que agrupa a todos los colegios profesionales del sector en España, tachó ayer de “sorpresa desagradable” la introducción de ese artículo en uno de los últimos borradores de la Ley. El artículo señala que “los apoderamientos y sus revocaciones (…) podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que dicho documento sea suscrito con la firma electrónica del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido por medios electrónicos al Registro que corresponda”.
     Un portavoz autorizado del Consejo manifestó a este diario que la mediación de los notarios “garantiza la seguridad jurídica, la rapidez de los trámites y la certificación de que quien emite el poder es realmente esa persona”. En su opinión, “si la realización de un poder se hace exclusivamente de forma telemática y desde casa, a cualquier hora del día o de la noche, nadie puede acreditar que esa persona es quien realmente dice ser, porque cualquier otro puede utilizar su firma electrónica. Además, nadie podría evitar que el poder lo emitiese una persona en estado de embriaguez o fuera de sus facultades mentales, como por ejemplo un esquizofrénico”.
     Sin la mediación notarial, “el documento deja de ser un documento público y pasa a ser privado. De este modo, nadie puede acreditar que su propietario o representante sea una u otra persona, no hay nadie que pueda dar fe de ello ni que demuestre que lo que dice ese poder sea verdad”, insisten desde el Consejo.
     Otra de las diferencias que supondría la aprobación de los planes del Gobierno es la rebaja del coste económico del trámite: de los 50 euros que se pagan actualmente a los notarios se pasaría a 15 por la inscripción en el Registro. Pero esto no es motivo de calado para los primeros: “¿De verdad que pagar 40 o 50 euros supone una carga inasumible para alguien que monta una empresa? ”.
     Los registradores, por su parte, argumentan que la vía electrónica facilitará las cosas en caso de que el representado pierda la confianza en el representante y quiera retirarle el poder. Pero ante esta hipótesis, los notarios replican: “De los 332.000 poderes revocados entre 2006 y 2013, tan solo se han presentado catorce denuncias sobre el método de revocación. Y de esas, solo una llegó a prosperar”.

 

La Comunidad Valenciana busca inversión británica en vivienda

jueves, 13 de junio de 2013

     Wednesday, 12 June 2013 La noticia en eliberico.com
     La consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, presentó en Londres una lista de ventajas para inversores extranjeros en territorio valenciano, donde los británicos son los principales compradores.
     En momentos de crisis los gobiernos regionales no pueden perder oportunidades para buscar inversores, y menos si se trata del tan necesitado mercado inmobiliario. Si estimamos que la Comunidad Valenciana lidera el número de transacciones residenciales hechas por extranjeros en España y que los británicos son los que mayor número de viviendas compran en la región no hace falta explicar las razones de la visita que el gobierno valenciano llevó a cabo en Londres durante la semana pasada. En ella participó la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, junto con el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata, y representantes de los Colegios de Notarios y Registradores, así como de la Federación de Promotores Inmobiliarios (Feprova).
     Isabel Bonig quiso, a su paso por la capital británica, manifestar todas las ventajas que la Comunidad Valenciana ofrece a los compradores de vivienda, entre ellas la legalidad en las transacciones, la garantía en las edificaciones, estabilidad fiscal, servicios europeos y una gran calidad de vida. Durante su intervención, que tuvo lugar en la Embajada española, la consejera destacó que, en los últimos años, junto al turismo tradicional, ha habido un aumento del turismo residencial, y que la Comunidad Valenciana es «la mejor alternativa para adquirir, alquilar o usar una vivienda». Además indicó que la región ofrece una inversión «muy sólida» y es el «destino principal» para quienes desean tener una vivienda en España.
     A este respecto Isabel Bonig recordó que los británicos adquirieron un total de 6.363 viviendas en la región -una inversión de 843 millones de euros-durante el periodo 2010-2012, convirtiéndose en los mayores inversores extranjeros en el país. La consejera destacó además que en la Comunidad se venden más del 30% de las viviendas compradas por extranjeros en España, un porcentaje con el que supera a regiones como Andalucía o Cataluña. Concretamente, la provincia con un nivel de ventas más alto es Alicante, que concentra más del 80% de las transacciones realizadas en 2012.
     La venta de viviendas a extranjeros en España ha supuesto un volumen de negocio de 1.632 millones de euros en 2012, un 40% del volumen de negocio global de este sector, que se estima en 4.059 millones de euros en 2012. De esta forma, esta actividad se sitúa como una de las más activas en exportación por detrás tan solo de las exportaciones de automóviles, máquinas y aparatos mecánicos. La iniciativa del Gobierno Valenciano, que se enmarcan dentro del plan para el impulso y reactivación de la actividad económica trató de hacer hincapié en un mercado que, además, genera un efecto relevante sobre el empleo, siendo capaz de mantener en sus puestos de trabajo a un número de trabajadores que el Gobierno regional estima en unos 11.000.

 

El Gobierno arrebata a los notarios la exclusividad para dar y revocar poderes

miércoles, 12 de junio de 2013

     11 de junio de 2013 Yago González. Madrid La noticia en Expansión. Recogido en registradores.org
     Nuevo episodio en la batalla entre notarios y registradores a cuenta de la Ley de Emprendedores, cuyo informe previo aprobó el Consejo de Ministros el 18 de mayo. Los primeros consiguieron in extremis mantener la escritura pública obligatoria para la constitución de empresas, en contra de la vía telemática que establecían los primeros borradores de la norma para garantizar la creación en 24 horas sin mayores trámites. Pero parece que los segundos pueden aspirar a una victoria gracias a la creación de un sistema electrónico en el que se podrán expedir y revocar poderes sin necesidad de la mediación notarial.
     Hasta ahora, cualquiera que quiera ser representado por otra persona ante determinados actos administrativos (desde comprar un inmueble hasta casarse por lo civil) está obligado a conceder un poder notarial, materializado en un papel físico y que implica el pago de unos honorarios al notario. En algunos casos, el representado (poderdante) desea retirar el poder de su representante (apoderado) porque, por ejemplo, ha perdido la confianza en él, y éste se encuentra ilocalizable. Así, el apoderamiento puede llegar a convertirse en una auténtica bomba de relojería que escapa al control del representado, incapaz de recuperar el documento físico.
     Con el objetivo de subsanar este problema y de aliviar la carga económica que supone conceder el poder notarial (alrededor de los 50 euros), el Gobierno ha introducido en la Ley de Emprendedores un artículo, el número 38, que reza lo siguiente: “Los apoderamientos y sus revocaciones, otorgados por administradores o apoderados de sociedades mercantiles o por emprendedores de responsabilidad limitada podrán también ser conferidos en documento electrónico, siempre que dicho documento sea suscrito con la firma electrónica reconocida del poderdante. Dicho documento podrá ser remitido directamente por medios electrónicos al Registro que corresponda”. Es decir, que bastará un trámite electrónico y la sola inscripción en el registro (con un coste de 15 euros) para dar y retirar poderes. Los notarios quedarán al margen si el representado así lo decide.
     Mecanismo
     Si este artículo finalmente entra en vigor (la Ley de Emprendedores aún debe someterse a audiencia pública y a su tramitación en las Cortes), el representante puede remitir el poder al registro público de que se trate: si son poderes civiles, al Registro Civil; si son poderes de empresarios y sociedades mercantiles, al Registro Mercantil; y si son cooperativas, al Registro de Cooperativas.
     Cualquiera de estos registros pondrá a disposición de un tercero interesado (quien contrata con el apoderado) el contenido del poder vigente para que pueda consultar por internet su vigencia y su contenido.
     Según ha podido saber Expansión, el colectivo de notarios está intentando que el Gobierno retire el artículo 38 de la Ley de Emprendedores para preservar su papel en la concesión y revocación de papeles. Para ello ha recurrido al influyente bufete de abogados Solchaga Recio & Asociados, donde es socio director el ex ministro socialista Carlos Solchaga.
     Los notarios ya intentaron en el pasado crear un registro de su sector para tramitar los poderes y revocaciones, pero fue tumbado por el Tribunal Supremo en una sentencia del 7 de febrero de 2008.
     Este diario se puso ayer en contacto con el Consejo General del Notariado, órgano que aglutina a todos los colegios profesionales del sector, para recabar su opinión sobre el proyecto del Gobierno, pero sus portavoces declinaron hacer cualquier comentario.

 

España: Deniegan la nacionalidad a dos ciudadanos por ser refugiados

miércoles, 12 de junio de 2013

    10 Junio 2013
     Redacción – En judiciales.net
     La Dirección General de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia de España denegó, el pasado 30 de mayo, la petición de nacionalidad española a dos ciudadanos africanos «al encontrarse en España como refugiados» tal y como aparece literalmente en las resoluciones.

     (Ceadena SER).- Se trata de una decisión sin precedentes, que no tiene base legal (ya que según el artículo 22 del código civil todos los refugiados después de residir en España 5 años tienen derecho a solicitar la ciudadanía española) y que ha dejado estupefactos a los abogados de CEAR .El ministerio de Justicia al tener conocimiento de estos dos expedientes ,a través de la SER, ha respondido que «se trata de un error», que se pondrán en contacto con los afectados y estas mismas fuentes del Ministerio aseguran que «con un recurso de reposición, que es gratuito, podrán obtener finalmente la nacionalidad».

     Se trata de un ciudadano camerunés y otro congoleño, que viven en Pamplona y Vizcaya, llevan unos 10 años residiendo en España, por lo que cumplen de sobra el requerimiento recogido en el código civil de haber residido en nuestro país durante al menos 5 años de manera ininterrumpida como subraya la directora de CEAR Euskadi Patricia Bárcena que no se explica aún la actuación del Ministerio de Justicia, «esto me lleva a otra reflexión, cuando se dice que se trata de un error, me pregunto de qué tipo? Porque realmente no se trata de una resolución concreta con un fallo de transcripción sino de varias donde se rechaza la petición de nacionalidad por el mismo argumento, son dos casos ya y tenemos 5 pendientes de notificar en Vitoria con los mismos términos» asegura Patricia Barcena que denuncia que la actuación de la Dirección General de Registros y Notariado deja ver algo más allá de un simple error » no se trata de un error como de un desconocimiento gravísimo del código civil y de un problema estructural a mi parecer, porque quizás ese ansia por resolver rápidamente los expedientes de nacionalidad ,por descongestionar y por hacer ver a la sociedad lo importante que ha sido el traslado de las responsabilidades de los registros civiles a los registradores de la propiedad se les está yendo de las manos, tanta resolución en tan poco tiempo conlleva cosas como estas que suponen un perjuicio gravísimo a las personas interesadas»

     «Nos ha dejado a todos estupefactos, cuando recibí la primera resolución pensé que era un error de transcripción, pero ya al recibir la segunda que está en negrita y subrayado, pensé esto es ya ciencia ficción, gente que no presta atención a las peticiones que hacemos no saben derecho y están conculcando la legalidad de manera palmaria»

     En todo caso CEAR Euskadi está a la espera de otras 5 resoluciones y como señala Barcena vigilarán si el Ministerio de Justicia corrige esa decisión «si se trata finalmente de un error estaremos atentos a cómo se soluciona, y cuánto tiempo tardan en subsanar ese error, vamos a ver si es así».

 

El presidente de Orange, detenido por el caso Tapie

miércoles, 12 de junio de 2013

     Exjefe de gabinete de Lagarde
     Richard dirigía el gabinete de la entonces ministra de Economía francesa, Christine Lagarde.
     La noticia en libremercado.com /Agencias 2013-06-10
     Stéphane Richard, presidente director general de la teleoperadora Orange y exjefe de gabinete de Christine Lagarde en su etapa de ministra de Economía de Francia, fue detenido este lunes en el marco de la investigación sobre el caso de indemnización al empresario Bernard Tapie.

     Richard dirigía el gabinete de la entonces ministra de Economía, Christine Lagarde, cuando se produjo el arbitraje al que se recurrió para sellar el litigio abierto por la venta de Adidas y que acabó concediendo en 2008 a Tapie, expropietario de la marca deportiva, una indemnización de 403 millones de euros.

     El directivo deberá responder sobre el papel y la responsabilidad del Ministerio de Economía en la decisión de recurrir a ese proceso en vez de acudir a los tribunales ordinarios para resolver el contencioso que desde hacía una docena de años enfrentaba al Estado francés con el empresario.

     Los árbitros estimaron entonces que el hombre de negocios no había recibido un trato leal del entonces banco nacionalizado Crédit Lyonnais, tras despojarle de la empresa Adidas a mediados de los años 1990.

     Junto a Richard, ha sido arrestado Jean-François Rocchi, expresidente del Consorcio de Realización (CDR), la estructura pública que gestionó el pasivo de ese banco. Estas dos detenciones se producen diez días después de que uno de los tres árbitros que decidió conceder al empresario esa cantidad, Pierre Estoup, fuera imputado por fraude en banda organizada.

     Lagarde, actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), había comparecido una semana antes ante la Corte de Justicia Republicana (CJR), el órgano competente para juzgar a los ministros.

     En su caso, no obstante, se le adjudicó la consideración de «testigo asistido», un estatuto legal que refleja que los jueces no encontraron suficientes pruebas contra ella por los delitos de malversación y complicidad en falsificación, pero que deja abierta la puerta a una acusación posterior si aparecieran nuevos indicios.

     Lagarde siempre ha sostenido que no recibió presiones de la Presidencia francesa para decantarse por el arbitraje, sino que le parecía el mejor mecanismo para resolver el caso, y Richard mantiene igualmente que en esa época «todo el mundo estuvo de acuerdo».