AIRE

     Dice que no se trata de compensar a notarios o registradores y que están «completamente fuera de lugar» las referencias personales a Rajoy
     Madrid, 29 octubre 2013. (Europa Press) – Las noticia en europapress.es
     El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, ha considerado que existen «muchos clichés» en torno a la ley de tasas judiciales, ha negado que den lugar a una Justicia de «dos velocidades» y ha destacado que no serán derogadas por el Gobierno. Además, ha rechazado cualquier afán de «privatizar» el Registro Civil y ha situado el número de jueces en la media europea.
     El ‘número dos’ de Justicia ha analizado en la Comisión de Justicia del Senado varias de las cuestiones que afectan a la Administración de Justicia a las numerosas preguntas que le ha formulado el parlamentario del PSOE Antonio Julián Rodríguez Esquerdo.
     De este modo, Román ha recalcado que el Gobierno no tiene previsto derogar la ley de tasas porque parten de un «esquema plenamente aceptado por el Tribunal Constitucional» y ha defendido que el Gobierno no ha creado, sino que ha «actualizado», estos gravámenes. «No creo que existan dudas de que impida el acceso a la tutela judicial efectiva», ha añadido.
     Ha puesto especial énfasis en que la Defensora del Pueblo, Soledad Jiménez-Becerril, no ha interpuesto ningún recurso de inconstitucionalidad contra las tasas, al tiempo que ha recordado que el Gobierno aprobó un real decreto-ley para corregir ciertos aspectos. «Es evidente que no va a haber una Justicia de dos velocidades. Se trata de establecer un sistema que esa sostenible», ha remachado.
     Intereses corporativistas
     Al ser cuestionado sobre si el Gobierno primará intereses corporativistas de notarios y registradores en la Ley de Reforma Integral de los Registros y sobre la idea de que notarios celebren bodas, el secretario de Estado se ha limitado a responder que se han barajado «múltiples alternativas» pero que «a día de hoy no existe ningún anteproyecto que suponga una postura oficial».
     «Todo lo que ha venido a hacer se sustenta sobre una falacia. No hay una idea asumida oficialmente por el Gobierno», ha replicado Román, antes de añadir que que las referencias personales sobre la profesión de Mariano Rajoy o altos cargos de Justicia «están completamente fuera de lugar». «No se trata de compensar a notarios o registradores de la propiedad o mercantiles ni se trata de privatizar nada. Todas esas afirmaciones parten del vacío», ha agregado.
     Román ha dado la bienvenida a que las reformas logren el máximo consenso de los operadores jurídicos pero ha discrepado con que «solo se puedan aplicar si gozan de la aceptación natural de los destinatarios». «Ojalá todas contaran con su consenso, pero si no fuera así no podemos abdicar de nuestra obligación de solucionar problemas de la justicia», ha apostillado.
     Reducción «espectacular y brutal» de los asuntos en el TS
     En cuanto al déficit de miembros de la Carrera Judicial, Román ha aludido a los últimos datos de la Comisión Europea para exponer que no resulta «preocupante» el ratio de 21 jueces por cada 100.000 habitantes al encontrarse España en el «nivel medio» de Europa.
     A su juicio, más que un problema de número de togados, se trata de organizar los recursos de forma eficaz y de que colectivos «altamente cualificados» como secretarios judiciales puedan ayudar a evitar «tiempos de respuesta excesivamente largos». Ha abogado así por reajustar el reparto de carga de trabajo para que no haya juzgados unipersonales que están «hasta arriba» y otros que no llegan a los módulos fijados por el Consejo General del Poder Judicial.
     Román, que ha apostado por las nuevas tecnologías y por potenciar la oficina judicial y fiscal, ha puesto de relieve el «espectacular vuelco» y la «mejora brutal» registrada en la reducción de los asuntos del Tribunal Supremo, que ha pasado de tener más de 40.000 asuntos pendientes en 2005 a 16.000 en 2013, y que ha atribuido al refuerzo del Gabinete Técnico y la colaboración entre el alto tribunal, el Ministerio y el CGPJ.

     Lucía Sicre 30/10/2013 – El artículo en eleconomista.es
     La Dirección General de los Registros y del  Notariado (DGRN) fija en una reciente consulta que el registrador de la Propiedad no puede negarse a expedir certificación de dominio y cargas en procedimiento judicial de ejecución hipotecaria -y la consiguiente extensión de nota marginal- cuando la petición se inicie a instancia de una entidad -en este caso, Bankia- distinta de la inscrita. En este supuesto, Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante -Bancaja-.
     El recurso resuelve una duda clave en materia registral producida con la reestructuración financiera: si para la expedición de certificación de dominio y cargas en procedimiento de ejecución hipotecaria -en este caso judicial- y la consiguiente extensión de la nota marginal acreditativa de haberse practicado tal extremo, es necesario que la hipoteca objeto de ejecución se encuentre inscrita a favor de la entidad ejecutante o si, por el contrario, en los supuestos de sucesión de la entidad acreedora tratándose de operaciones societarias realizadas dentro del proceso de modificación de las estructuras de las cajas de ahorro en el sistema financiero español, es suficiente que el solicitante sea causahabiente del titular registral de la hipoteca.
     La Dirección, en resolución con fecha de 2 de octubre de 2013 (publicada en el BOE de 28 de octubre) asegura que la expedición de la certificación de cargas en la ejecución directa judicial no es más que un trámite procesal que todavía no conlleva el expresado cambio en la titularidad de la hipoteca o de la finca como consecuencia de la ejecución. Por ello, el hecho de que sea solicitada por el causahabiente del titular registral no debe impedir que se expida la certificación, sin perjuicio de que el registrador advierta de ello en la certificación al expedirla, con la finalidad de que el solicitante conozca la necesidad de practicar la inscripción a su nombre, previa o simultáneamente, a la inscripción del decreto de adjudicación.

     El Banco Central Europeo (BCE) consulta a 133 entidades. ‘Un relajamiento en términos netos’ que no se da desde 2009
     La demanda de financiación para comprar vivienda sube un 5%
     Europa Press Fráncfort (Alemania) 30/10/2013 La noticia en elmundo.es
     Los bancos europeos auguran una relajación en los criterios para la la concesión de préstamos a las empresas, así como de hipotecas para la compra de vivienda y créditos al consumo, en el último trimestre de 2013, según refleja la última edición de la encuesta de préstamos bancarios elaborada por el Banco Central Europeo (BCE).
     En este sentido, las 133 entidades consultadas por el BCE entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre apuntan a «un relajamiento en términos netos» en el cuarto trimestre del año de los estándares fijados en los préstamos a las empresas, lo que supone la primera vez desde el cuarto trimestre de 2009 que el sector mantiene tal expectativa.
     Asimismo, las entidades encuestadas esperan una relajación de los criterios fijados para conceder créditos al consumo, así como también una mejora «marginal» en los estándares para los préstamos a hogares destinados a la compra de vivienda, lo que supone la primera vez desde el cuarto trimestre de 2010 que el sector opina de esta manera.
     Las entidades confirmaron una ‘estabilización’ en las condiciones de crédito
     En cuanto a los resultados de la encuesta correspondientes al tercer trimestre de 2013, el BCE destaca que las entidades confirmaron una «estabilización» en las condiciones de crédito a empresas y hogares en un contexto de debilidad de la demanda.
     En concreto, el 5% de las entidades consultadas informó de mayores restricciones a la concesión de préstamos a las empresas, frente al 7% del segundo trimestre, mientras que en el caso de las hipotecas el dato bajó al 3%, desde el 7%, y en el crédito al consumo subió al 1% desde un descenso del 2% en el segundo trimestre.
     Desde el punto de vista de la demanda, los bancos europeos reportaron un nuevo descenso de la solicitud de crédito por parte de las empresas, aunque a menor ritmo al bajar el 12% frente al 18% en el segundo trimestre.
     En el caso de la demanda de los hogares de préstamos para la adquisición de vivienda, los bancos informaron de un incremento del 5%, frente a la caída del 2% del trimestre precedente. A su vez, la demanda de créditos al consumo registró un aumento marginal del 1%, tras bajar un 7% en los tres meses anteriores.

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     Informe del Banco Mundial Redacción Siglo XXI , 29 de octubre de 2013,La noticia en diariosigloXXI.com

     La economía española ocupa la posición 52 entre los 189 países que forman el ranking mundial de los estados que ofrecen mayores facilidades para hacer negocios, lo que supone perder ocho posiciones respecto al año pasado, según refleja el informe ‘Doing Business 2014’, elaborado por el Banco Mundial y que examina las regulaciones que favorecen o perjudican la actividad empresarial.

     De este modo, España se sitúa justo por detrás de países como Túnez (51), Kazajstán (50), Eslovaquia (49), Catar (48), Omán (47), Bahréin (46) y por delante de las economías de México (53), Hungría (54), Panamá (55) y Botsuana (56).

     Entre los países de la zona euro, España pierde un puesto y aparece en decimotercera posición, sólo por delante de Luxemburgo (60), Italia (65), Grecia (72) y Malta (103), mientras que ocupa la decimonovena posición entre los países de la UE.

     El informe del Banco Mundial resalta que España ha introducido reformas encaminadas a agilizar el nacimiento de empresas al eliminar la exigencia de contar con licencia municipal antes de comenzar a operar y al mejorar la eficiencia del registro comercial.

     Aún así, el informe apunta que el proceso de creación de una empresa en España requiere diez pasos y un plazo de 23 días, lo que sitúa al país en el puesto 142 de los 189 analizados, seis puestos por debajo del ranking de 2013, a pesar de haber reducido en cinco días el plazo para comenzar un negocio.

     Asimismo, el Banco Mundial destaca que en el ámbito de la contratación de trabajadores en el último año España ha legislado para limitar la posibilidad de encadenar contratos temporales, así como incrementado el salario mínimo.

     Por otro lado, el informe señala que España ha mejorado en los indicadores referidos a obtención de electricidad (62), protección de inversores (98), comercio transfronterizo (32) y cumplimiento de contratos (59).

     Sin embargo, en cuanto al acceso al crédito, España ocupa el puesto 55 en el listado del ‘Doing Business 2014’, dos posiciones peor que hace un año.

     Singapur repite como el país con mayores dificultades
     En términos generales, Singapur ha vuelto a ocupar la primera posición en el ranking de países donde es más fácil hacer negocios, por delante de Hong Kong, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Dinamarca, que mantienen los puestos de privilegio del informe anterior.

     Por contra, Noruega pierde tres posiciones y aparece en noveno lugar, por detrás de Malasia (6), Corea del Sur (7) y Georgia (8), mientras que Reino Unido retrocede al décimo lugar, frente al puesto siete de hace un año.

     En el extremo opuesto, la lista del Banco Mundial, que este año incorpora a cuatro nuevos países (Libia, Birmania, San Marino y Sudán del Sur), la cierran Chad (189), República Centroafricana (188), Libia (187) y Sudán del Sur (186).

     En el caso de la zona euro, ningún país logra situarse entre las diez primeras posiciones a nivel mundial, ya que Finlandia pierde un puesto y ocupa la decimosegunda posición, por delante de Irlanda (15), Alemania (21) y Estonia (22).

     El Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana ha organizado para este miércoles una mesa redonda para abordar el tema de las cláusulas abusivas de las hipotecas, según ha informado en un comunicado.
     Europa Press. 29.10.2013 La noticia en 20minutos.es
     El Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de la Comunitat Valenciana ha organizado para este miércoles una mesa redonda para abordar el tema de las cláusulas abusivas de las hipotecas, según ha informado en un comunicado.
     El encuentro servirá para analizar desde una perspectiva jurídica y registral todos aquellos aspectos relacionados con prácticas abusivas en las hipotecas, y tratará de arrojar luz sobre las posibilidades y respuestas jurídicas que ofrece esta problemática.
     La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, y la decana autonómica de los registradores, Mª Emilia Adán García, inaugurarán la jornada, que dará paso a una mesa redonda moderada por la magistrada del Tribunal Superior de Justicia Pía Calderón.
     En ella intervendrán el juez decano de los Juzgados de Valencia, el magistrado Pedro Luis Viguer; el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar; el registrador de la propiedad y especialista en derecho europeo, Gabriel Alonso, y el académico de número de la RAJL y registrador de la propiedad, Antonio Pau Pedrón.
     La jornada contará con la presencia del conseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, y será clausurada por el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín Rodríguez Hernández.
     Un centenar de personas procedentes del mundo jurídico y empresarial, decanos de diversos colegios profesionales y facultades de Derecho, académicos y representantes de entidades y organismos públicos y privados, así como formaciones políticas, ha confirmado su presencia en este acto, que dará comienzo a las 17.00 horas en el Salón de Grados de la sede de Adeit.

     El algoritmo imita el cerebro humano
     Los códigos ‘captcha’ se idearon para combatir el ‘spam’ en internet (Flickr: Bekathwia)
     29/10/2013 La noticia en elconfidencial.com
     Una startup ha desarrollado un software capaz de engañar a los famosos códigos captcha en IIternet con una efectividad del 90 por ciento. Vicarious, una empresa especializada en inteligencia artificial, ha probado su sistema con diferentes formatos de código captcha, entre los que se encuentra reCaptcha, el código inventado por el ingeniero Luis Von Ahn que hoy utiliza Google, Yahoo! y PayPal.
     Los captcha son textos distorsionados con los que se validan formularios en internet. Así, el usuario demuestra que es una persona y no un software automatizado intentando publicar spam o propagar virus. Son habituales para realizar compras online, publicar comentarios o registrarse en páginas webs.
     El algoritmo de Vicarious puede resolver estos códigos de manera fiable en un 90 por ciento de los casos, lo que resulta llamativo teniendo en cuenta que el diseño de un captcha se considera defectuoso si una máquina es capaz de alcanzar una precisión de tan solo un 1 por ciento.
     ‘Maña’ mejor que fuerza
     Los ‘captchas’ modernos son el reto de la percepción visual, y resolverlos de manera general hizo necesario que entendiéramos cómo lo hace el cerebro Vicarious ha destacado que otros sistemas de inteligencia artificial utilizan «la fuerza bruta» con servidores masivos para vencer este obstáculo de seguridad. «Es la primera vez que se consigue este acto de percepción tan distintivamente humano, y utiliza cantidades minúsculas de datos y potencia», ha declarado el cofundador de la empresa, Scott Phoenix, que asegura que su algoritmo ha alcanzado un nivel de efectividad y eficiencia «muy cercano al del cerebro humano».
     «Entender cómo el cerebro crea inteligencia es el máximo desafío científico», ha expresado otro directivo de la empresa, Dileep George. «Los captchas modernos son el reto de la percepción visual, y resolverlos de manera general hizo necesario que entendiéramos cómo lo hace el cerebro», ha explicado.

     Dos representantes de un grupo de propietarios de un solar firmaron la operación con la entidad financiera sin tener poderes suficientes para hacerlo
     28.10.13 – Manuel Pedreira | Granada. El artículo en ideal.es
     Una comunidad de propietarios de Granada ha recuperado más de un millón de euros después de que los tribunales, primero un juzgado de primera instancia, después la Audiencia Provincial y por último el Tribunal Supremo, le hayan dado la razón en su disputa jurídica para demostrar la nulidad de una hipoteca firmada con CajaGranada por la empresa que iba a construir las viviendas. La entidad financiera ha recurrido en amparo ante el Constitucional, aunque ya ha hecho efectivo el pago.
     El enredo, que sigue vivo más de dos décadas después pese a las tres resoluciones judiciales en el mismo sentido, se empezó a liar en el año 1991, cuando la empresa Arquigrupo SL tenía una opción sobre una parcela de suelo urbanizable entre las avenidas Luis Miranda Dávalos y Francisco Ayala. La empresa, avalada por otras promociones de calidad que había desarrollado anteriormente, captó a un centenar de personas para ‘desarrollar’ el suelo en régimen de autopromoción.
     El plan consistía en que Arquigrupo se haría cargo de todas las gestiones y, tras escriturar una parcela del terreno a cada comunero, construiría las viviendas. Cada adquirente firmó con la empresa un contrato que incluía, a su vez, la obligación de firmar un poder a nombre de los gestores de la empresa.
     El 30 de abril de 1993, los citados gestores se personaron en un notario y, haciendo uso de los poderes conferidos por los cien copropietarios del suelo pero sin comunicárselo, firmaron con CajaGranada un crédito hipotecario con la garantía del terreno donde se iban a edificar las viviendas. El préstamo ascendió a 810.000 euros y se estableció el solar como garantía.
     Firmada la escritura de hipoteca, la entidad financiera ingresó el préstamo en la cuenta de los copropietarios del terreno, pero como un mero apunte contable. De inmediato, todo el importe fue transferido a otra cuenta en la misma entidad pero con saldo deudor a nombre de Arquigrupo SL. En realidad, el crédito constituido con la garantía hipotecaria del solar se preparó para que la Caja recuperase el dinero que le debía la referida empresa por otras operaciones.
     Las relaciones entre los gestores de la empresa y los copropietarios se tensaron hasta romperse y los adquirentes del terreno decidieron afrontar por su cuenta la promoción de las viviendas. Sin embargo, cuando ya se disponían a hacerlo, se vieron sorprendidos porque la entidad financiera instó un procedimiento de ejecución hipotecaria y les requirió el pago de un préstamo que desconocían, pues lo firmaron en su nombre los apoderados.
     Los comuneros se vieron de repente con un solar baldío y con una ejecución hipotecaria sobre sus cabezas por dejar de pagar un préstamo que no habían pedido. Para salir del atolladero y evitar la subasta de los terrenos, solicitaron un nuevo préstamo a otra entidad bancaria para pagar la deuda de principal e intereses que les reclamaba CajaGranada, y para edificar sus viviendas. La deuda se pagó pero la entidad se desentendió del asunto y dejó sin cancelar la hipoteca en el Registro de la Propiedad, gravando los solares de los cien propietarios.
     Inicialmente, algunos comuneros interpusieron una demanda judicial en la que, tras obtener sentencia favorable en primera y segunda instancia, el Tribunal Supremo acabó anulando dicha sentencia, estimando el recurso interpuesto entonces por CajaGranada, por entender que la demanda debió haber sido interpuesta por todos los integrantes de la comunidad de bienes.
     Segundo procedimiento
     Interpusieron, pues, un segundo procedimiento en el que ya sí han sido parte todos los integrantes de la comunidad de bienes y que ha llevado el abogado José Luis Ruiz Travesí. El pleito recayó en el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Granada, que estimó la demanda en enero de 2009, y luego en la Audiencia Provincial, que dos años después desestimó el recurso presentado por la Caja. Por último, el Tribunal Supremo resolvió en un auto de noviembre de 2012 inadmitir los recursos por infracción procesal y de casación presentados por la entidad financiera. Contra este auto no cabía recurso alguno aunque CajaGranada ha decidido presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
     En marzo de este año, el juzgado que vio el asunto en primera instancia dictó una diligencia de ordenación en la que acordó hacer entrega a los demandantes de 1.285.000 euros en concepto de principal e intereses vencidos, dinero depositado por CajaGranada en el juzgado.
     Fuentes de la entidad financiera aseguran que este depósito no ha supuesto ningún quebranto patrimonial para la cuenta de resultados de la Caja, toda vez que desde la pendencia del proceso se había constituido la consiguiente provisión.

     Apenas 12.150 hipotecas firmadas en un mes
     28/10/2013 La noticia en elconfidencial.com
     Nunca antes, al menos en los últimos 20 años, se habían firmado tan pocas hipotecas en España. El desplome de las ventas de pisos unido a las mayores dificultades impuestas por la banca a la hora financiar la compra de una vivienda han provocado que la firma de hipotecas se haya desplomado hasta niveles nunca antes vistos.
     Los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) -elaborados a partir de la información facilitada por los registradores- muestran cómo durante el mes de agosto se registró la firma de 12.147 hipotecas sobre viviendas. Una cifra que supone un desplome del 41,7% respecto a la del mismo mes de 2012 y se convierte en la más baja de cualquier mes dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 2003. Además, con el desplome conocido, ya son 40 meses de caídas consecutivas.
     En tasa mensual, es decir, si se comparan los datos de agosto sobre julio, las hipotecas sobre viviendas descendieron un 11,8%, mientras que el capital prestado para las viviendas hipotecadas registró un retroceso mensual del 15,8%, su mayor caída en los últimos cinco años. Además, con la disminución de agosto, las hipotecas sobre viviendas acumulan un descenso del 27,8% en los ocho primeros meses del año con respecto al mismo periodo de 2012, con retrocesos del 31,1% en el capital prestado y del 4,6% en el importe medio.
     La brusca caída experimentada también en la compraventa de viviendas ha tenido un impacto directo sobre el número de hipotecas que se firman para financiar estas transacciones. Sin embargo, el cerrojazo crediticio del sector hacia este tipo de operaciones explica también, en gran medida, el deterioro del mercado hipotecario tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. De hecho, es vox populi, el carpetazo que la banca ha estado dado a cientos de operaciones hipotecarias para financiar inmuebles que no son de su propiedad y, por el contrario, las mayores facilidades de financiación cuando se trata de inmuebles de sus balances.
     “La concesión de hipotecas es el oxígeno que necesita el mercado inmobiliario español para poder subsistir. Y en vez de mejorar, los datos del INE reflejan mes a mes que el grifo de la financiación sigue cerrado. Sin crédito, no habrá reactivación”, explica Beatriz Toribio, responsable de Estudios de Fotocasa.es.
     «La contracción que está viviendo el sector se aprecia en que un 60% de los españoles que actualmente tienen una hipoteca adquirió su vivienda entre los años 2001 y 2008 mientras que sólo 2 de cada 10 hipotecados lo hicieron a partir del año 2009, según datos del estudio sociológico ‘Los españoles y su relación con la vivienda 2013’, elaborado por este portal.
     Analizando los datos en detalle, puede apreciarse cómo la negativa de la banca a financiar ha tenido un impacto mucho más brusco sobre el desplome del mercado hipotecario que el descenso de las ventas de casas. Antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, en 2005, llegaron a firmarse en España más de 129.000 hipotecas frente a las apenas 12.150 actuales, lo que implica un desplome del 90%, según datos del INE. Por el contrario, el desplome en la venta de viviendas se sitúa en torno al 60%, un porcentaje muy elevado, pero inferior al experimentado en la concesión de hipotecas.
     Compras en efectivo: en agosto se registró la firma de 12.147 hipotecas pero se vendieron más de 23.500 viviendas. Además, aunque mucho menos que en pleno boom, se siguen comprando casas en España. Ante la falta de crédito, muchas las familias han recurrido a la compra en efectivo o al contado. Sólo así se explicaría que durante el mes de agosto se registrase la firma de 12.147 hipotecas cuando ese mismo mes se firmó la compraventa de más de 23.500 viviendas. Es decir, algo más del 50% de estas compraventas se habría cerrado sin necesidad de ningún tipo de financiación. En pleno boom inmobiliario, por el contrario, prácticamente dos tercios de las operaciones se financiaban mediante una hipoteca.
     El mercado hipotecario también se ha visto afectado por la brusca caída de los precios de la vivienda. De ahí que el importe medio de las hipotecas constituidas se haya ido reduciendo paulatinamente a medida que los precios caían, a medida que la banca cada vez financiaba un porcentaje menos sobre el precio de compraventa, o a medida que los compradores pedían menos financiación. Así, en el octavo mes del año, el importe medio de una hipoteca en España se situó en 95.702 euros, un 8,2% menos que en igual mes de 2012, mientras que el capital prestado se redujo un 46,5% en tasa interanual, hasta los 1.162,4 millones de euros.
     Menos hipotecas pero más caras
     Los datos conocidos también ponen de manifiesto que el crédito para comprar una casa cada vez es más caro. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas se situó en agosto en el 4,50%, un 6,4% superior al registrado en agosto de 2012. El 91,1% de las hipotecas constituidas en agosto utiliza un tipo de interés variable, frente al 8,9% de tipo fijo, mientras que el Euribor sigue siendo el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas a interés variable, en concreto en el 83,5% de los nuevos contratos.
     El número de hipotecas con cambios en sus condiciones que se inscribieron en julio en los registros de la propiedad fue de 18.241, lo que representó un notable descenso interanual del 32,6 %, igual que el mes anterior, cuando también bajó por encima del 30%. En las hipotecas sobre viviendas, este recorte fue del 34,3 %, añade el INE.

     Las Comunidades Autónomas donde se constituyeron más hipotecas sobre viviendas en agosto fueron Andalucía (2.262 ), Madrid (2.082) y Cataluña (1.562). Todas las comunidades autónomas registraron descensos en el número de hipotecas constituidas en agosto a excepción de La Rioja, donde aumentaron el 22,1%. Del resto, Castilla-La Mancha fue la comunidad donde más retroceso hubo en agosto, un 57,9%, seguida de Murcia, con el 52,3%.

     29.10.13 – L. Candela | Alicante. La noticia en laverdad.es
     En juicios separados, pero por hechos similares. La Audiencia Provincial de Alicante inició ayer el juicio contra uno de los hermanos Villanueva Garijo y otros tres acusados por presuntamente estafar a una pareja 70.000 euros para comprar una nave. Asimismo, el ya condenado a penas de prisión Francisco Villanueva Garijo se enfrenta a una nueva posible condena de un año y medio de cárcel, al estar acusado junto con otra persona de otro timo, a través de un préstamo rápido, por valor de 22.000 euros.
     En el primero de los casos, la vista oral prosigue hoy y el Ministerio Público solicita condenas de 5 y 8 años de prisión. Las víctimas acudieron a Credimoney por un préstamo para la compra de la nave, una operación sellada en una notaría sin presencia de notario. Les devolvieron el dinero, pero se lo volvieron a entregar a uno de los acusados que les prometió mejor rentabilidad. La pareja acabó sin el dinero e hipotecados.
     Mientras, en el segundo de los juicios, la Fiscalía mantiene su petición de año y medio. En este caso, las víctimas necesitaban el dinero para levantar el embargo que pesaba sobre su casa, pero resultó ser un engaño.

     Los resultados durante estos meses son un 69% mejores que en 2012
     En el tercer trimestre, la entidad ha buscado reducción su exposición al mundo promotor
     La entidad ha vendido 9.747 activos en durante este año, 3.130 durante el último trimestre
     Europa Press Madrid La noticia en elmundo.es  25/10/2013 
     La unidad de negocio inmobiliario creada por el BBVA para gestionar su actividad en España perdió 845 millones de euros hasta septiembre de 2013, el 69 % menos que en el mismo periodo de 2012, cuando estas pérdidas fueron de 2.715 millones.
     En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el BBVA explica que entre julio y septiembre de 2013, la evolución de su actividad inmobiliaria en España sigue caracterizada «por la reducción de la exposición al mundo promotor y por el mantenimiento del ritmo de ventas, pese a la estacionalidad negativa del tercer trimestre».
     Asimismo, aclara que el resultado del área inmobiliaria refleja «básicamente», la «evolución esperada del saneamiento de los créditos al sector promotor, el efecto de la venta de inmuebles y de la puesta a valor de mercado de los activos adjudicados».
     La exposición neta conjunta del BBVA al sector inmobiliario en España cayó ligeramente -el 2 %- en el tercer trimestre de 2013 frente al periodo inmediatamente anterior, hasta situarse en 14.789 millones de euros, el 5 % menos que a cierre de diciembre de 2012.
     En este sentido, dice el banco, en el tercer trimestre se produjo un aumento del saldo de dudosos del sector promotor debido, fundamentalmente, a la aplicación de las recomendaciones de los supervisores europeos sobre la clasificación de los créditos refinanciados.
     Tras esta nueva clasificación, el 34 % de los préstamos dudosos de esta área se consideran dudosos subjetivos y se encuentran actualmente al corriente de pago, según el banco.
     De esta forma, la cartera de dudosos mas subestándar ascendía a cierre de septiembre a 9.519 millones de euros, cubiertos al 50%, en tanto que los inmuebles adjudicados ascendían a 12.829 millones, con una cobertura del 51 %.
     En cuanto a la cobertura del agregado del total de la exposición inmobiliaria, cierra el trimestre en el 45 % (44 % a finales de junio de 2013).
     La entidad vendió este trimestre 3.130 activos inmobiliarios propios, con lo que en lo que llevamos de año la cifra sube ya a 9.747 unidades.
     Entre enero y septiembre, añade el BBVA, el mercado inmobiliario español ha mostrado «las primeras señales positivas» en ventas y precios, especialmente en los municipios costeros insulares y mediterráneos.
     El aumento de la demanda derivado del regreso de inversores, fundamentalmente extranjeros, pero también nacionales a este segmento, ha llevado a un incremento de las ventas y a una estabilización de los precios en aquellas provincias más volcadas al sector turístico, asegura el banco.
     Sin embargo, en los mercados del interior, el proceso de ajuste no ha terminado y aún se puede observar un cierto exceso de oferta que presiona sobre los precios, que continúan descendiendo, aunque menos que el año pasado.
     Crece el interés de los inversores extranjeros
     El BBVA también asegura estar notando «un creciente interés» de los inversores extranjeros en los últimos meses por España. El consejero delegado de la entidad, Ángel Cano, acota este interés especialmente al mercado inmobiliario y a las ganas de invertir de los países del centro y el norte de Europa en la costa española.
     Al margen de estas inversiones inmobiliarias, que han ayudado a que el BBVA haya vendido unas 9.800 propiedades hasta septiembre, prácticamente el doble que en el mismo periodo de un año antes, Cano ha mencionado que hay interés por otros sectores.
     Por otro lado, la entidad cree que el PIB de España crecerá al menos un 0,9 % el próximo año, por encima de la previsión del 0,7 % del Gobierno y casi cinco veces más que la del 0,2 % que pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI).

     El sector residencial confía en que el último trimestre compense un año muy difícil.
     Más de 15.000 viviendas con descuentos de hasta el 55% de su precio inicial
     En Madrid, pisos nuevos y por menos de 100.000 euros
     Myriam Benito Gómez Madrid 24 octubre 2013 El artículo en elpais.com
     Los ahorradores con dinero a plazo fijo empiezan a mover su dinero hacia la compra de viviendas, generalmente para su puesta en alquiler. La sensación es que el mercado inmobiliario inició a la vuelta de las vacaciones de verano una cierta reactivación alentada por la compraventa de viviendas de segunda mano, que son las que más han ajustado su precio. “En Madrid hay muchas viviendas de segunda mano de menos de 100.000 euros que han despertado el interés de mucha gente”, asegura María José Yagüe, directora de Básico Homes. “Suelen comprarlas inversores que, tras una reforma, las ponen en alquiler para jóvenes que no pueden acceder a la compra. También hay matrimonios que las adquieren para sus hijos”.
     “Sí. Hay más alegría. Esperamos un último trimestre que nos arregle el año, que ha sido muy lento y difícil”, coincide Álvaro Marcos, director comercial de Roan Madrid. “Además, en este sector el último trimestre siempre es en el que más operaciones se cierran, pero este año tiene que ser el mejor, especialmente porque la sensación de mejora no solo está en el cliente, sino también en el lado del propietario”. Roan oferta inmuebles que van desde los 43.000 euros que cuesta un piso en el barrio madrileño de Orcasitas hasta un inmueble valorado en 2,6 millones de euros ubicado en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón.
     Básico Homes y Asesoramiento Inmobiliario Roan han participado junto a una quincena de entidades en el Salón Vivienda de Madrid, celebrado el pasado fin de semana en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo. Una buena oportunidad para tomar el pulso al mercado y conocer en una visita lo que se oferta.
     En el salón se presentaron más de 15.000 pisos nuevos y de segunda mano en la Comunidad de Madrid y viviendas en costa, con descuentos de hasta el 50 % del precio inicial. “La gente busca más por precio que por zonas. Hay cosas interesantes, sobre todo de segunda mano. Hay demanda, aunque el cliente está esperando a que el inmueble se ajuste a los nuevos precios. También hay productos que ya no pueden bajar más”. Para la directora de Básico Homes, “hoy por hoy, el que manda en el mercado es el cliente. Es el que dice lo que está dispuesto a pagar, y cuando llegas a ese precio, compra”.
     Liberbank, el banco constituido por el Grupo Cajastur, Caja de Extremadura y Caja Cantabria, oferta activos de promotores y de particulares que han sido embargados por entidades financieras. Vende, entre otros, inmuebles que salieron al mercado inicialmente a precios de entre 250.000 y 300.000 euros y que ofrece actualmente por 92.000. Son despachos profesionales asentados sobre suelo industrial que permiten uso residencial. “La gente viene al salón con expectativas: hay desde inversores hasta familias, y se interesan por todo. Muchos vienen buscando chollos, a veces en zonas prime, que no existen”, indica un portavoz de la entidad.
     Un matrimonio de pensionistas ha acudido a la feria en busca de un piso de dos dormitorios para su hijo en la zona sur de la capital. “Se ha separado, está pagando la hipoteca del chalé en el que viven su exmujer y mi nieta y no recibe ayudas porque dicen que tiene vivienda, pero no vive en ella y, por tanto, es como si no tuviera casa”, explica la mujer, que prefiere no desvelar su nombre. “Llevamos mucho tiempo buscando y dudamos entre comprar y alquilar, pero siempre con un precio aceptable”. Ella y su marido están dispuestos a pagar entre 400 y 500 euros mensuales de alquiler o a comprar un piso de entre 130.000 y 150.000 euros. “Queremos que sea amplia para que mi nieta no se sienta agobiada. Ya hemos hablado con el banco. Tenemos para dar una entrada y nos financiarían el resto”.
     Una pareja joven que ha recorrido varios stands se muestra desanimada. Buscan un piso de tres dormitorios y dos baños. Los dos tienen empleo, incluso disponen de algún dinero ahorrado. “No llegamos. Los pisos muy baratos no tienen de nada, ni ascensor, ni calefacción…, y entre los nuevos parece que no hay sin piscina ni pádel, algo que no necesitamos, pero que hace que seguramente sean más caros”, explica uno de ellos. “Los de los PAU nos parecen mal comunicados y por nuestra renta no podemos acceder a viviendas de protección pública básica (VPPB)”.
     “Sí hay chollos”, asegura con rotundidad René Pérez, asesor de Cávaca Inmobiliaria. La sociedad oferta en la Costa de la Luz (Cádiz) viviendas de dos habitaciones con vistas al mar desde 49.000 euros. El inversor tiene garantizado por la promotora el pago completo del alquiler del inmueble durante un año si no consigue arrendarlo en los dos primeros meses. Pérez también percibe un repunte de las ventas en este último trimestre. “Entre un 60 % y 70% de los compradores son extranjeros, especialmente franceses y suizos, que se suman a ingleses y alemanes”.
     Ana Muñoz es directora de Marketing de Getsa, sociedad comercializadora de la promotora Level, de la gestora de comunidades de bienes Woss e inmuebles procedentes de entidades financieras. “Si tienes un producto que está en precio, se vende. En promociones de Level que tenemos en la costa hay ocasiones en las que vendemos cuatro pisos en un solo día, aunque las ventas en general dependen mucho de la zona, del precio y de las calidades”.
     El suelo no se recupera
     En cuanto a viviendas procedentes de cajas y bancos, los intermediarios consultados en el salón advierten que las entidades financieras no solo se rigen por el precio del mercado, sino también por las pérdidas que el inmueble les produce en el balance. “Es un tema de resultados. El mercado ha obligado a ajustar los precios y los bancos van haciendo lo que pueden”. Por lo que se refiere a la Sareb, la impresión es que, de momento, se siguen organizando. “Están haciendo las macroventas ya conocidas y empezando a sacar al mercado lo que ellos llaman obra en curso (viviendas terminadas, pero con algún trámite administrativo pendiente)”, indican. La sensación es que la vivienda de segunda mano de la Sareb es difícil de vender debido a los precios de transferencia.
     El suelo es el producto inmobiliario cuyo precio más se ha desplomado. “La Sareb ha comprado suelo con descuentos del 80%”, recuerda una de las entidades. Según esta fuente, no hay financiación para desarrollarlo y ningún promotor se atreve a construir con fondos propios. Pero no faltan los promotores que están edificando sobre suelos de la banca, como Vía Célere en Madrid. Otros medios precisan que los suelos buenos que no estén con un proyecto es por algún problema en relación con su valor en balance.

     Joaquín Trigo Portela 23/10/2013 El artículo en elconomista.es
     Nuestro país tiene seis deudas agregadas muy elevadas y tres superan el PIB
     Las diputaciones deberían cubrir necesidades de los ayuntamientos
     El esfuerzo de todas las instancias del país para reducir su deuda es encomiable pero, hasta ahora, insuficiente, a pesar de los recortes y sacrificios de toda índole. Para considerar lo que se está haciendo a este respecto, quizá fuera mejor hablar de deudas en lugar de una deuda genérica y, así, se tendrían seis deudas agregadas: la de las sociedades no financieras, la de las instituciones financieras, la que corresponde a las Administraciones Públicas, la de los hogares, la de la vivienda y el resto. Cada una de estas deudas es muy elevada, hasta el punto que tres de ellas superan el PIB y siguen aumentado, sólo una, la de las familias, la menor, la reduce.
     Las administraciones públicas tienen una parte clara, la Administración central, y otra menos conocida a medida que son más pequeñas. En algunos ayuntamientos se recurrió a crear empresas, algunas claras y otras opacas. Las segundas, con la presencia de varias entidades ninguna de las cuales llegaba al umbral que obliga a declararlo.
     Otros ayuntamientos pidieron a su Diputación que les hiciera la limpieza de las aceras y la recogida de las basuras, así el coste no es imputable al ayuntamiento ni tampoco otras tareas que en la misma provincia suelen hacer empresas privadas. El resultado fue que había ayuntamientos con dificultades de pago por exceso de obras, de la contratación excesiva o de ambas cosas.
     El exceso de personal se ha reducido en cifras de seis dígitos. Este hecho explica que no se haya reducido el número de parados, a pesar de las nuevas incorporaciones, del retorno de algunos inmigrantes, y de la emigración de otros. Por otra parte se explica que el esfuerzo de reducción de la deuda pública no lograse lo esperado pero, al menos, ha servido para ponerse en situación de conseguirlo en breve.
     Hasta hace poco las empresas creadas por los ayuntamientos, y otras entidades públicas, tenían un tratamiento preferente por parte de la banca, ya que esta no estaba obligada a hacer provisiones para cubrir los fallidos derivados de estas. Tras esas experiencias cabe esperar que esas actuaciones se limiten a lo urgente.
     La exigencia de rigor financiero no sólo deriva de los malos usos sino que se ha extendido a la puesta en cuestión el total de ayuntamientos, que se consideran excesivos en número, gravosos e ineficientes. Las razones que justificaron sus desdobles van desde la dificultad de actuación desde una población a otra hasta la alegación de que desde el consistorio no se tenía la debida consideración con otras poblaciones. Esas causas, reales o presuntas, no tienen lugar en una sociedad sana que debería regirse según criterios de igualdad y de eficiencia en el uso de los recursos públicos.
     España es diferente
     Países tan diferentes como Alemania, Portugal, Gran Bretaña, Bélgica y otros tienen en común frente a España un menor número de Landers y Ayuntamientos. En los cuatro casos la comparación con España es parecida en cuanto a que tratan de evitar el minifundismo municipal y buscan reducir el número de municipios facilitando su fusión y potenciando a sus mancomunidades.
     Así, en Alemania, la media del número promedio de habitantes en los ayuntamientos es de 7.014 y el número de municipios 11.481; en Bélgica de 18.837 para 589 municipios; en Reino Unido 146.645 con 433 municipios; en Portugal 34.228 de media en sus 308 municipios. En España 5.768 es la media de personas en sus 8.117 municipios. Hay un país que tiene aún menos que España, Francia que con 36.700 municipios tiene una media de 1.780 personas por municipio.
     En realidad hay países en los que los residentes en sus ciudades son mayores o menores, pero en el nuestro, la figura de la Diputación debería de ser suficiente para colmar las necesidades a las que no llegan los ayuntamientos y el número de éstos reducirse en lo posible, al tiempo que, los entes interpuestos entre ellos y las diputaciones, donde los hay, se podrían eliminar.
     Cuando hay una proliferación de administraciones sin que sus competencias estén prefijadas puede ocurrir, y de hecho ocurre, que en unas se aumenten en exceso los servicios ofrecidos y que en otras falten, al que tiempo que los ciudadanos y las instancias superiores desconozcan los costes en que se ha incurrido.
     Un nivel mayor lleva a una crisis generada directamente por algunas las Administraciones Públicas, aunque sean subcentrales, lo que es algo impropio del momento de crisis actual. De hecho, estas circunstancias parecen más propias de las necesidades de los reinos de taifas que de un país moderno, porque llevan a aumentos fiscales generalizados, de modo que se buscan y se encuentran tasas por verificación de bares y restaurantes y se imponen verificaciones que parecen saltar de una a otra comunidad autónoma. Por suerte, pero al ritmo que obliga la normativa vigente, se está trabajando en remediar dislates como los expuestos. Es obvio que los excesos son caros, su efecto era previsible y sus efectos evitables. Lenin solía decir que «es preferible menos pero mejor». Qui prodes.
     El Consejo de ministros aprobó el 26 de julio de 2013 el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Trata de acabar con competencias impropias de los ayuntamientos. Incentiva las fusiones voluntarias y se aumentan las trabas a las escisiones y las creaciones de nuevos municipios. Se potencia a las diputaciones provinciales para mejorar la prestación de servicios mínimos obligatorios en municipios de menos de veinte mil habitantes. Se exige publicar el coste efectivo de sus servicios… y se espera un ahorro de 8.024 millones de euros para el periodo 2113-2019. «Que así sea»… las trabas están en un lado y la preferencia de algunos ediles en otro.
     Joaquín Trigo Portela, director general del Instituto de Estudios Económicos.

     Datos de la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes)
     Las previsiones apuntan que la tasa de mora hipotecaria superará el 6% en 2014
     Europa Press Madrid 22/10/2013 La noticia en elmundo.es
     La Asociación de Afectados por Embargos y Subastas (Afes) estima que entre el 20% y el 25% de la cifra de 180.000 millones de morosidad de los créditos concedidos aportada por el Banco de España son créditos de hipotecas a particulares, por lo que calcula que las familias han dejado de pagar a la banca 45.000 millones en hipotecas.
     El presidente de Afes, Carlos Baños, ha asegurado que «en la actualidad hay un 5,1% de mora sobre más de seis millones de hipotecas concedidas, lo que se traduce en que más de 300.000 créditos hipotecarios de los particulares han dejado de ser pagados, luego cada familia debe una cuota media de hipoteca de 150.000 euros».
     Además, la asociación prevé que la tasa de mora hipotecaria supere el 6% en 2014 ante el creciente número de refinanciaciones fallidas, el incremento de la tasa de paro y la bajada del número de hipotecas.
     El método de resolución más utilizado es la refinanciación
     Por otro lado, aunque las ejecuciones hipotecarias han caído un 13,4% en el primer trimestre, según el CGPJ, Afes mantiene que la mora sigue subiendo. En descenso de las ejecuciones se debe, según la asociación, «al convencimiento por parte de la banca de que la ejecución no es el camino a seguir a raíz de la recomendación del BCE de evitarla porque resulta costosa» y subraya que ahora el método de resolución más utilizado es la refinanciación.
     La quita, el mejor remedio
     No obstante, Afes apunta que «las refinanciaciones lo único que hacen es maquillar la situación sin llegar a solucionar el problema», y defiende la quita como el mejor remedio.
     Así, Baños ha destacado que «la dación en pago es la solución más limpia, pero produciría un ‘efecto llamada’ que provocaría un aumento de hipotecas impagadas, por ello pensamos que la quita es el mejor remedio y la banca tiene que interiorizar la quita como herramienta de trabajo».
     Por último, Afes ha recalcado que las nuevas medidas legislativas «no han focalizado de lleno el problema y al final sólo son parches que lo único que han hecho es alargar la situación en el tiempo del deudor y seguir aumentando la tasa de morosidad hipotecaria en España». «Las reformas en la Ley no han sido suficientes, sólo un 5% de los afectados se han podido beneficiar de éstas», concluye la asociación.

     23/10/2013 – La noticia en eleconomista.es
     Los registradores de la propiedad y mercantiles de la Comunidad Valenciana han tramitado un total de 48.564 expedientes de nacionalidad desde finales de 2012. Un total de 41.813 se ha resuelto con informe previo de concesión o denegación; de ellos, el 78 por ciento han sido concedidos y el 22 por ciento denegados. En los 6.751 expedientes restantes, los registradores de la Comunidad Valenciana han tenido que solicitar información complementaria al Registro Civil.
     En todo este tiempo, los registros de la Comunidad Valenciana han tramitado más expedientes que número de solicitudes de nacionalidad ha generado (48.564 expedientes?un 1,2 por ciento del total nacional?, frente a 42.839 solicitudes). Los datos, actualizados a 22 de octubre, muestran la celeridad con la que se trabaja desde las oficinas registrales.
     Nuevos valencianos
     42.839 personas han solicitado la nacionalidad española en la Comunidad Valenciana hasta hoy (17.512 en Alicante, 5.292 en Castellón y 20.035 en Valencia), concediéndose la misma a 25.400 personas y denegándose a otras 3.040 personas. El resto corresponde a expedientes iniciados en 2013 y aún no resueltos que están pendientes de los informes preceptivos anteriores a su entrada en el registro de la propiedad o mercantil, o a peticiones de información adicional o aclaración al Registro Civil por parte de los registradores. Estos informes previos corresponden a la Policía, Centro Nacional de Inteligencia, y Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
     Objetivo cumplido
     En junio de 2012, los registradores de la propiedad y mercantiles recibieron una encomienda del Ministerio de Justicia para hacerse cargo de la tramitación de los expedientes de nacionalidad pendientes de resolver en España, que habían tenido entrada en la Dirección General de Registros y Notariado desde 2010 a 2012, y que en algunos casos acumulaban retrasos de más de tres años. La Instrucción de la Dirección General marcaba el inicio de la gestión para el 1 de octubre de 2012. Desde entonces, se han repartido 443.757 expedientes entre los registros de toda España, de los que 433.817 (un 97,76 por ciento) han sido ya tramitados.
     El número de expedientes estimados inicialmente en el Plan Intensivo para dar solución al atasco existente (450.000) se ha superado sobradamente, superando a finales de 2012 los 470.000. A día de hoy se siguen tramitando. La encomienda inicial del Gobierno terminaba en 2012, pero los buenos resultados obtenidos hicieron que se solicitara su prórroga hasta diciembre de 2013.
     Servicio sin coste
     Los registradores de la propiedad y mercantiles asumieron la descongestión de los expedientes de nacionalidad, sin recibir ninguna compensación económica por ello. Así, el servicio se ofrece a coste cero para el ciudadano y para el Estado. Los registradores ponen a disposición de la Administración personal cualificado y todos los medios necesarios, sufragando el coste del programa informático habilitado al efecto, así como su mantenimiento.

     Neven Mimica / Comisario europeo de consumo
     El comisario croata ha puesto el foco en los servicios financieros
     Raquel Vidales Madrid 20 octubre 2013 – El artículo en elpais.com
     El pasado 1 de julio el croata Neven Mimica se convirtió en el primer comisario europeo dedicado en exclusiva a la protección de los consumidores, una cartera que hasta entonces estaba unida a Sanidad y que fue desgajada para dar representación a Croacia tras su entrada en la Unión Europea. Desde ese momento, este político y diplomático de 60 años solo tiene una preocupación en la cabeza: conseguir que los derechos escritos en papel se trasladen a la práctica. A lo largo de los años la UE ha desarrollado un sólido marco legislativo en materia de consumo, pero los datos de las reclamaciones recopilados en los países miembros llevan a pensar que la normativa no se cumple correctamente, sobre todo en sectores como las telecomunicaciones, los servicios financieros, el transporte o el comercio electrónico.
     El comisario croata ha puesto el foco precisamente en uno de estos frentes, el de los servicios financieros, que en España fue el que más reclamaciones recibió en 2011 y el segundo en 2012. “En los últimos años los políticos de los países más castigados por la crisis han centrado sus esfuerzos en estabilizar el sistema financiero. Pero ahora hay que mirar más allá: ha llegado la hora de proteger a los consumidores ante la banca”, aconseja. “Justo en los países más castigados por la crisis los consumidores son más vulnerables y pueden sufrir más abusos a la hora de firmar créditos. Tenemos que trabajar más para hacer valer los derechos de estos ciudadanos”.
     Con este objetivo viajó la semana pasada a Madrid, donde presentó una campaña financiada por su departamento para informar a los consumidores españoles de sus derechos a la hora de solicitar un crédito al consumo, recogidos en una directiva de 2008, tras detectar en un sondeo que el 70% de los que habían contratado uno en los dos últimos años no estaba seguro de haber elegido el producto adecuado. “Los productos crediticios se hacen cada vez más complejos y más difíciles de entender para los ciudadanos. Así es más fácil que se produzcan abusos”, advierte.
     Mimica insiste en que la crisis nos hace más vulnerables como consumidores. Y admite que la necesidad de rebajar costes de producción está en el origen de fraudes tan sonados como el de la carne de caballo que se vendió como si fuera ternera en media Europa a principios de este año. “Nuestra prioridad en estos casos es, más allá de investigar el fraude, garantizar sobre todo la seguridad de los productos. Que no supongan un peligro para la salud”, explica.
     “Se producen más abusos en los países más castigados por la crisis”
Mimica subraya también la importancia de vigilar la publicidad. “La competencia entre las empresas es cada vez más dura y a veces recurren a técnicas de marketing muy agresivas, a veces engañosas. La legislación europea en este sentido es también muy sólida, pero no siempre logra evitar trampas que confunden a los consumidores”, dice. “Hay que reforzar los procedimientos para vigilar estas prácticas. Y vigilar especialmente el etiquetado de los productos, que sea verdad toda la información que contienen y no oculten nada”.
     Pero ¿por qué es tan difícil hacer que las empresas cumplan la legislación de consumo? “La Unión Europea está para legislar, pero no es responsabilidad de los Estados hacer que se cumplan estas leyes. Y cada país tiene problemas distintos. Precisamente por eso acabamos de lanzar una consulta pública para conocer el grado de cumplimiento de la normativa de consumo en el territorio comunitario. A finales de enero del año próximo tendremos un diagnóstico y con eso elaboraremos unas directrices para reforzar el seguimiento de las leyes”, responde.
     Lo que sí está diagnosticado ya es el porcentaje de incumplimiento de la legislación de consumo en el comercio electrónico. Desde 2007, la Comisión Europea realiza barridos en Internet para detectar infracciones en los portales de venta o descarga online, y las conclusiones no son satisfactorias: entre el 60% y el 80% de estos portales, en función del sector, incumple en algún punto la normativa: cláusulas abusivas, precios poco claros, informaciones confusas o incompletas, limitaciones al derecho a reclamar…
     El último barrido se realizó el año pasado para investigar las webs de descarga de contenidos digitales (juegos, libros, música o vídeos). “Más del 50% de estas páginas no cumplían las normas, lo cual es inaceptable. Esta cifra ha bajado ahora al 20%, y se espera mejorar los resultados. Después de hacer cada barrido obligamos a las empresas infractoras a rectificar y adaptarse a la legislación. De esta forma en los últimos años hemos mejorado mucho la protección al consumidor en el comercio electrónico, aunque esto no quiere decir que no vaya a seguir luchando por mejorar la situación”, asegura el comisario. Su mandato será corto: el Ejecutivo comunitario debe renovarse el año que viene.

     Gonzalo Aguilera, decano-presidente del Colegio de Registradores
     24-10-2013 07:30 Pablo Monge . Entrevista en cincodias.com
     Pregunta. ¿Cuáles van a ser las prioridades en su mandato?
     Respuesta. Las prioridades en nuestro mandato son las que hemos expresado en nuestro compromiso electoral: la representación de todos los registradores y la defensa de los intereses de los registradores y de la función registral en beneficio del interés público y sin perjuicio, lógicamente, de la colaboración con las administraciones públicas.
     P. En cuanto a las reformas de los registros, ¿por qué son insuficientes, qué errores hay, cuáles son las mejoras necesarias?
     R. Nosotros creemos que la reforma debe ser mucho más sustantiva, debe abordar aspectos que refuercen la función registral, la protección de los intereses públicos y la mejora de la vida de los ciudadanos en sus relaciones con los registros públicos. Creemos que algunas cuestiones que están pendientes desde hace ya tiempo y que están reconocidas por la jurisprudencia deben ser incorporadas a la regulación sustantiva de la reforma, como son las situaciones de pre-horizontalidad, situaciones de protección de los intereses públicos, soluciones a los temas de limitaciones legales, cuestiones técnicas que robustecen la función registral, la seguridad jurídica preventiva y lógicamente el interés público, el interés general de los ciudadanos. Y desde el punto de vista tecnológico, la reforma debe ir orientada fundamentalmente a favorecer la vida de los ciudadanos en sus relaciones con los registros, eliminando barreras de tiempo y espacio, para que los ciudadanos puedan usar el servicio en cualquier momento y además sin necesidad de desplazarse para realizar sus trámites.
     P. ¿Qué supondría la asunción de la gestión del Registro Civil?
     R. En la asamblea de Zaragoza de 2012, los registradores manifestamos que no queremos hacernos cargo del Registro Civil. No obstante, si el Gobierno nos lo asignara, lo aceptaríamos, pero haríamos una serie de sugerencias al Ministerio: esa asignación debe realizarse con el mayor consenso político, social y jurídico. Además, se necesita un régimen organizativo adecuado para la eficiencia y un sistema de financiación adecuado.
     P. Con la crisis económica, ha habido un descenso de actividad, ya que hay menos operaciones de compraventa de viviendas, ¿Se ven indicios de recuperación?
     R. Los signos de recuperación en el sector inmobiliario que vemos nosotros son muy tibios. La actividad es bastante irregular, vemos ascensos y descensos. Habrá que esperar un poco todavía para saber si hay una mejora de la situación. Estos indicios se están viendo sobre todo en determinadas zonas más que en otras, pero hay que esperar.
     P. La opinión pública percibe rivalidad entre registradores y notarios ¿Es la delimitación de competencias el motivo?
     R. Cuando dos profesiones tienen una relación continua, pueden existir algunas discrepancias, pero son fundamentalmente jurídicas y se solventan a través de los recursos pertinentes. Entre las dos corporaciones debe existir el respeto mutuo y estas relaciones deben perseguir un fin general: el principio de seguridad jurídica preventiva.
     P. ¿Qué aspectos de mejora propondría para la nueva Ley de Emprendedores?
     R. En lo que nos afecta a los registros, hay algunas medidas aún pendientes de desarrollo reglamentario o de ejecución. Dependiendo de cómo se lleven a cabo, el resultado puede variar. Nosotros lo que propondríamos fundamentalmente es que ese desarrollo se lleve a cabo atendiendo a una finalidad clara: la mejora de la vida del ciudadano y del interés general.
     Mejoras a la ley de servicios profesionales
     El anteproyecto de ley de servicios y colegios profesionales afecta a los registradores en cuanto que, por una parte, son funcionarios, autoridad pública y, por otra, están sujetos a la legislación hipotecaria. Sin embargo, su condición como funcionarios públicos no les exime de tener un colegio profesional sujeto a la aplicación de dicha ley. Para Aguilera, son status perfectamente definidos.
     Una de las tareas más importantes de las que se ocupará el nuevo decano será la adaptación de los estatutos del Colegio y su financiación, en cuanto al régimen de cuotas y de servicios, acorde con lo que establezca el texto definitivo.
     El nuevo decano-presidente del Colegio de Registradores se muestra muy prudente cuando se le pregunta por dicho anteproyecto de ley: “Tendremos que estudiarlo y verlo en profundidad”. Afirma que una de las tareas primordiales de esta nueva etapa, cuando tengan oportunidad de dar su opinión, será hacer las propuestas que consideren oportunas para los intereses de los registradores.
     Su reacción a afirmaciones que se han producido los últimos días sobre si el texto se adapta a exigencias que puedan provenir de la Unión Europea, Aguilera considera que no les corresponde opinar sobre este tema. Confía en que le Ministerio de Justicia haya elaborado un texto acorde con los principios de política legislativa “que deben ser respetados” y se reafirma en que, hasta que no tengan un conocimiento amplio del texto, no harán ninguna valoración al respecto.

     Según un estudio
      El 76% de los encuestados apunta que es una firme opción de vida como consecuencia de la crisis
     República/EP | Madrid 23-10-2013 La noticia en republica.com
     El 19,3% de la población vive en alquiler, un porcentaje lejano a los registrados en otros países de la UE, pero cuatro puntos mayor respecto a los datos de 2011, cuando un 15,3% vivía en régimen de arrendamiento, según el informe ‘Los españoles y su relación con la vivienda 2013’, elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa.es. Además, el estudio señala que la crisis no sólo está obligando a que cada vez más españoles alquilen una vivienda en lugar de comprarla, sino que está cambiando la percepción de esta forma de vida. Así, el 76% de los encuestados apunta que el alquiler es una firme opción de vida como consecuencia de la crisis, un 45% cree que sale más rentable alquilar que comprar con el nivel actual de precios y cuatro de cada diez españoles secundan que ‘alquilar es tirar el dinero’, mientras que en 2011 eran seis de cada diez.
     Por otro lado, la mayoría de los inquilinos encuestados alegan que las principales razones que les llevan a alquilar en vez de comprar una vivienda son su situación económica (19%) o laboral (16,8%). Un 9,1% dice que no puede hacer frente a los gastos que conlleva la compra de una vivienda y otro 9,1% asegura que está a la espera de que los precios bajen más, entre otras razones.
     Sin embargo, España sigue siendo un país con una cultura de vivienda en propiedad muy arraigada. Un 71,8% de los encuestados prefiere vivir en un piso o casa a su nombre, frente a un 11,8% que defiende que es mejor hacerlo en régimen de alquiler. Sin embargo, este 12% supone tres veces más que el 4% de españoles que se decantaban por alquilar en 2011.
Entre los entrevistados de entre 18 y 30 años, un 44% de los encuestados vive aún con sus padres frente a un 29% que asegura ser propietario y un 27% que vive de alquiler.
     Asimismo, un 53,5% de los encuestados de esta franja de edad piensa que es más rentable alquilar, y el 28,4% piensa que esta opción es ‘tirar el dinero’, frente un 45,6% de los adultos que piensa así.
     Aún así, la mayoría de los jóvenes confían en ser propietarios en el futuro. El 54,6% está convencido de que comprará un inmueble y el 15,5% de ellos descarta convertirse en propietario.
     El estudio concluye que el 59,1% de los encuestados tiene hipoteca frente al 37,2% que la tiene completamente pagada. De media, los españoles hipotecan el 71% del valor de su vivienda y tres de cada diez considera que la cuota mensual es cara.
     Por último, los encuestados muestran su confianza en que el precio de las viviendas empiece a crecer. El 63,4% de los propietarios con la casa pagada piensa que podría venderla a un precio mayor al que la compró, porcentaje que se reduce al 30,5% en el caso de los propietarios con hipoteca.

     Republica/ep | Madrid 20-10-2013 La noticia en republica.com
     El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) venderá esta semana, a través de una subasta pública, un total de 373 inmuebles repartidos en distintas provincias que incluyen viviendas, locales, plazas de garaje y trasteros, según informó el ente público. La operación se enmarca en el plan de racionalización de activos que lleva a cabo la compañía ferroviaria del Ministerio de Fomento, con la que pretende vender un total de 1.500 inmuebles hasta fin de año. También subasta varias estaciones en desuso para el servicio ferroviario.
     La venta de activos prevista para esta semana contempla la subasta de 373 inmuebles, entre viviendas, locales comerciales, plazas de garaje y trasteros, que se han organizado en 231 lotes.
     Su precio de salida oscila entre los 1.020 euros de un trastero y los 765.000 euros de un local comercial, y están ubicados en Alicante, Águilas (Murcia), Jerez de la Frontera (Cádiz), Valencia, Ávila, Valladolid, Oviedo, Pamplona, Pontevedra, Ciudad Real, Zaragoza, Miranda de Ebro (Burgos), Peñaranda de Bracamonte (Salamanca), Tomelloso (Ciudad Real), Xátiva (Valencia) y Calatayud (Zaragoza).
     Adif ha encomendado la organización de la subasta pública a la sociedad estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa). Las pujas se celebrarán en Madrid los próximos días 22, 23 y 24 de octubre. También se pueden presentar ofertas por escrito y enviadas por correo.
     Con este plan, Adif, busca mejorar la eficiencia en la gestión de estos activos inmobiliarios, generar ingresos y reducir costes, según detalló el ente público en un comunicado.
     Este plan busca además poner en valor el patrimonio inmobiliario de la empresa pública que no forma parte sustancial e imprescindible para el desarrollo de su actividad, además de ofrecer viviendas a sus actuales inquilinos y optimizar el uso de los espacios y dependencias de carácter interno.

     Madrid, 22 octubre 2013 europa press – La noticia en yahoo.es
     El nuevo decano-presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, ha tomado posesión del cargo este martes al tiempo que lo ha hecho en sede institucional la nueva Junta de Gobierno del colegio.
     En un acto que ha contado con la presencia de los miembros de la anterior Junta colegial, los doce nuevos vocales de la Junta de Gobierno, con el decano al frente, estrenaron sus nuevas tareas corporativas.
     Aguilera señaló durante el acto que «se abre una nueva etapa en la que se va a trabajar con ilusión por la defensa de los intereses de los registradores, de la función registral y de la independencia en su ejercicio».

     Sentencia del 9 de mayo
     Ambas entidades pidieron que precisara si el fallo debía aplicarse automáticamente a clientes con similares cláusulas afectadas por éste o sólo puede hacerse caso por caso y teniendo en cuenta las características de cada operación.
     21 octubre, 2013 | Redacción almeria360.com
     El Tribunal Supremo decidirá esta semana sobre el recurso de nulidad interpuesto por BBVA y Cajamar contra la sentencia en la que anulaba las cláusulas suelo en los casos en los que se produjera falta de transparencia.
     Cajamar y BBVA reclamaron la nulidad de la sentencia del Supremo del 9 de mayo, paso previo y obligatorio para que puedan pedir amparo al Tribunal Constitucional.
     El Alto Tribunal declaró que las cláusulas suelo son ‘lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificarlas “como definidoras del objeto principal del contrato y conocer el real reparto de riesgos de la variabilidad de los tipos”.
    Con esta resolución, las entidades financieras están obligadas a advertir expresamente a los clientes de que si firman una hipoteca con cláusula suelo no podrán beneficiarse de determinadas bajadas del euribor.
     Posteriormente, las dos entidades, junto con Novacaixagalicia (hoy NCG Banco), cuyas cláusulas también quedaron anuladas, pidieron que precisara si el fallo debía aplicarse automáticamente a clientes con las mismas o similares cláusulas afectadas por éste o sólo puede hacerse caso por caso y teniendo en cuenta las características de cada operación.
     El 12 de junio, el Supremo respondió que basta con que no cumplan alguno de los requisitos de transparencia exigidos en su sentencia del 9 de mayo para que sean nulas. Precisaba el Tribunal en su veredicto que también lo son incluso si el cliente se benefició “durante un tiempo” de caídas en el euribor y que meros “formalismos carentes de eficacia”, como la lectura del contrato por parte del notario, no pueden sustituir el “perfecto conocimiento” de todos los términos del contrato, que resulta imprescindible para que el consumidor decida si lo firma o no.
     El miércoles se dará a conocer el fallo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.