AIRE

     Los funcionarios de las oficinas registrales se concentran a la puerta de los juzgados
     27.02.14 – 13:38 – M.J. Pascual | Valladolid – elnortedecastilla.es
     Actividad del registro civil de Valladolid en 2013
     Inscripciones de nacimiento.5.485.
     Matrimonios civiles. 888.
     Defunciones 3.640.
     Exhortos (de otros juzgados).2.338.
     Fe de vida y estado civil.4.873.
     Total de certificaciones expedidas.40.000.
     Expedientes de nacionalidad: 1.364.
     Expedientes de matrimonio. 1.127.
     Otros expedientes (rectificaciones, cambios de nombre): 578.
     Total de expedientes registrales: 3.183.
     Una carta remitida por el decano de los Registradores de España a los colegiados ha puesto la mecha al malestar que desde hace meses se estaba fraguando en las oficinas de los registros civiles. Los secretarios judiciales, con el respaldo del grueso de los funcionarios de Justicia, se han puesto en pie de guerra para evitar que el Ministerio los ponga en manos de los registradores de la propiedad y mercantiles. Consideran que ello supone «la privatización de un servicio público hasta ahora gratuito para los ciudadanos», pone en riesgo la privacidad de los datos personales y deja en suspenso unos 3.500 puestos de trabajo en el conjunto de partidos judiciales.
     Los secretarios reivindican su experiencia y conocimiento para quedarse con ellos y reclaman a Alberto Ruiz-Gallardón que dote de medios personales y materiales suficientes para descongestionar los registros civiles y que ese atasco no siga siendo «la excusa» para justificar su «privatización». Los registradores, por su parte, recuerdan que también son funcionarios públicos y están preparados para asumir la gestión «como ya hemos demostrado al dar salida a los miles de expedientes de nacionalidad», afirman desde el Decanato.
     En la comunicación interna firmada por Gonzalo Aguilera con fecha del pasado 12 de febrero, el decano informó a los colegiados que «la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el registro civil a los registradores» con «plena capacidad auto-organizativa del Colegio en los aspectos relativos a la organización territorial, material y tecnológica del Registro Civil, dentro del respeto a la Ley de 2011». Dicha Ley del Registro Civil está en ‘vacatio legis’ hasta el próximo mes de julio y el Ministerio aún no ha desarrollado ni el Reglamento para aplicarla.
     También refiere el decano Aguilera que la noticia le fue comunicada el lunes 10 de febrero y al día siguiente mantuvo la primera reunión con tres técnicos del Ministerio «para iniciar las negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia que tendremos los registradores».
     La respuesta de los sindicatos no se ha hecho esperar. Tanto CSI-F, sindicato mayoritario de Justicia, como el resto de los que integran la Plataforma de Justicia (UGT, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO y STAJ, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, cuyos representantes mantuvieron ayer en el Congreso una reunión con el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia, Julio Villarrubia, han comenazado a dar la batalla con nuevas concentraciones que han comenzado hoy en las capitales de provincia. En Valladolid la protesta se ha desarrollado, en medio de pitidos, de 11:30 a 12:00 horas, a la puerta de los juzgados de Angustias. El objetivo es evitar que «la privatización» del Registro Civil llegue al Consejo de Ministros. La Plataforma no se fía de las palabras del secretario general de la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, quien les manifestó a propósito de la carta del decano de los registradores que «aún no hay ninguna decisión tomada». De hecho, ya ha iniciado contactos con todos los operadores judiciales y conlos grupos parlamentarios.
     Municipios
     Incluso, como ha anunciado CSI-F, para «detener in extremis la privatización» se va a promover la oposición de los alcaldes en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) bajo el argumento de que « puede dejar a los ciudadanos de los municipios más pequeños sin servicio de registro que se presta desde los juzgados de paz».
     Las opiniones

     Reyes Gómez de Liaño, decana de los Registradores de Castilla y León
     Los registradores «como funcionarios públicos que somos estamos a disposición del Ministerio de Justicia, pero la delegación de funciones tiene que venir acompañada de financiación», señaló la decana de los Registradores de Castilla y León, Reyes Gómez de Liaño. La registradora vallisoletana, que desde el pasado 11 de febrero ha renovado por otros cuatro años su función como representante del colectivo en la comunidad, subrayó que «desde luego, si alguien está preparado y tiene infraestructura para asumir los registros civiles somos nosotros, pero no podemos perder dinero: no hay que olvidar que tenemos plantillas a nuestro cargo».
     Julio Villarrubia, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Justicia del Congreso
     El portavoz del PSOE en materia de Justicia, Julio Villarrubia, ha solicitado la comparecencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y del decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, para que expliquen en la Comisión de Justicia del Congreso la «privatización» del Registro Civil, que calificó de «atropello» a los derechos de los ciudadanos que ven como «unos pocos» tratan de hacer «negocio». Villarrubia anunció que el PSOE no descarta promover una «ofensiva» municipal como la orquestada por los partidos judiciales.

     En el próximo trimestre
     24/02/2014 diarioabierto.es. 
     El consejero delegado no tiene previsto introducir publicidad.
     WhatsApp ha anunciado que incorporará llamadas de voz en su servicio para el segundo trimestre del año, características llegará primero al sistema operativo iOS y Android y se añadirá más tarde a Windows Phone y BlackBerry.
     Así lo ha anunciado el consejero delegado y cofundador de WhatsApp, Jan Koum, durante su conferencia en el Mobile World Congress 2014 en Barcelona.
Koum ha explicado que WhatsApp quiere mantenerse como un equipo no muy grande en lugar de convertirse en una compañía de cientos de personas. Hace unos días, la red social Facebook anunció la compra del popular servicio de mensajería instantánea por 19.000 millones de dólares (unos 13.835 millones de euros).
     Según Koum, ahora que pertenecen a Facebook seguirán funcionando igual y seguirán trabajando para reforzar la seguridad. La compañía ya explicó en un comunicado que el servicio no cambiará para los usuarios y que no tiene previsto introducir publicidad.

     Afirma que Telefónica está comprometida con el dividendo para los próximos años  
     Santiago Millán Alonso 27-02-2014 – cincodias.com
     El presidente de Telefónica, César Alierta, ha defendido la política de dividendo puesta en marcha por la compañía, indicando que la intención es mantener la retribución al accionista a largo plazo. «Nuestro compromiso con el dividendo es total para este año y los siguientes», dijo el ejecutivo.
     La operadora ha comunicado hoy que mantendrá en este 2014 el dividendo de 0,75 euros por acción, ya propuesto para 2013.
     En el primer pago de 0,35 euros, en noviembre, Telefónica ha establecido la fórmula del scrip dividend, por la que los inversores podrán elegir entre efectivo y acciones.
     Además, Alierta ha cargado con dureza contra las nuevas empresas que ofrecen servicios de comunicaciones por internet (OTT). El directivo ha recordado que las telecos europeas invirtieron más de 60.000 millones de euros durante 2013, dando empleo a 1,5 millones de personas y destinando 6.000 millones a compra de espectro. Frente a esta situación, dijo que los OTT solo invirtieron 30 millones y generan 20.000 empleos. «No pagan impuestos y no han pagado por el espectro», afirmó Alierta, indicando que en Latinoamérica la situación es similar. El presidente de Telefónica criticó la actual regulación por estar hecha en una época en la que los datos no eran relevantes. «La situación es totalmente asimétrica con los OTT, pero estamos convencidos de que esto va a cambiar», señaló.
     Alierta criticó las propuestas de establecer un acceso gratuito a internet lanzadas por Mark Zuckerberg, consejero delegado de Facebook, esta semana en el Mobile World Congress de Barcelona. «Me han dejado impresionado las palabras de que el internet debe ser gratis. Pero habrá que conectar países como Zambia o Angola, y alguien tiene que poner las redes», señaló.
     Con respecto a los movimientos corporativos, Alierta dijo que la empresa apuesta por que se complete la compra de E-Plus en la segunda parte del año, una operación valorada en 8.500 millones de euros. «Estoy convencido de que Bruselas aprobará la fusión porque es lo mejor para los consumidores y la economía alemana, al facilitar la digitalización», defendió.
     El directivo defendió la amplia diversificación lograda por el grupo.
     Alierta destacó la reducción de deuda en 16.000 millones registrada desde junio de 2012. «Estamos en una situación de flexibilidad financiera muy buena que nos permite afrontar las cosas muy bien, dijo.
     En esta línea, José María Álvarez Pallete, consejero delegado de Telefónica, explicó que Telefónica «va a reforzar el portfolio de activos en los países donde estamos presentes para mejorar la posición». El directivo dijo que Telefónica está a favor del proceso de consolidación del sector en España.

     CSI-F critica el silencio de Rajoy sobre privatización del Registro Civil y recuerda que tiene la última palabra
    El PSOE promoverá mociones para que los ayuntamientos y las CC.AA. se opongan a su entrega a los Registradores
    Madrid, 26 febrero 2014. (Europa Press) –
    CSI-F, sindicato mayoritario del sector Justicia, ha criticado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, eludiera responder sobre los planes para «privatizar» el Registro Civil durante el Debate sobre el estado de la Nación y ha subrayado que es él quien tiene la última palabra en este asunto, que está siendo negociado «a escondidas» por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
    El sindicato se ha pronunciado así en un comunicado después de que el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, afeara a Rajoy, registrador de profesión, que no es «ético ni estético» que su Gobierno otorgue a los Registradores este servicio público y que el jefe del Ejecutivo guardara silencio sobre esta acusación.
    CSI-F ha destacado que lo cierto es que hoy en día sigue vigente la carta del decano del Colegio de Registradores a todos sus afiliados comunicado que el Gobierno les ha encomendado esta función. Mientras tanto, los sindicatos únicamente han obtenido del Ministerio de Justicia la afirmación de que «no hay aún ninguna decisión tomada».
    El sindicato ha subrayado que la privatización del Registro Civil suscita posiciones encontradas en el propio Ministerio de Justicia, por lo que la última decisión la deberá adoptar el presidente del Gobierno sobre la mesa del Consejo de Ministros.
    «El presidente del Gobierno tendrá la última palabra sobre la privatización del Registro Civil, un proyecto que el ministro de Justicia ha negociado a escondidas con los colegios de registradores que, en el caso de que se lleve a término, recibirán la gestión de un  servicio público que lleva funcionando de manera eficaz desde 1870», ha remarcado.
     El PSOE lo derogará
    Los sindicatos han mantenido este miércoles una reunión con el Grupo Parlamentario Socialista en la que han pedido que promueva mociones para que los ayuntamientos y las comunidades autónomas se opongan a la privatización del Registro Civil y defiendan el papel de los juzgados de paz.
    Según CSI-F, los socialistas también pedirán la comparecencia del ministro de Justicia y del decano de los Registradores para que den cuenta de las negociaciones abiertas sobre este proyecto.
    En el encuentro, han participado representantes de CSI-F, CCOO, UGT y la portavoz socialista Soraya Rodríguez, junto a los diputados Julio Villarrubia, Mario Bedera, Gabriel Echávarri y Laura Seara. Ha tenido lugar un día antes de las movilizaciones convocadas para todos los jueves ante los registros civiles.
    Al término de la reunión, el portavoz de Justicia en el Congreso, Julio Villarrubia, ha puesto de relieve que este asunto ha generado «gran preocupación y alarma» y ha subrayado que su grupo luchará por evitar el «atropello» de concebir un servicio público como «un negocio para unos pocos».
    Ha confiado en que el Gobierno «rectifique» y «no consume la privatización de un servicio público histórico y querido, como es el del Registro Civil». En caso de que no sea así, ha advertido de que el PSOE lo derogará cuando gane las elecciones ya que estos datos sensibles y fundamentales sobre la vida de las personas no pueden estar en manos de un grupo de personas que no están «cualificadas» en esta experiencia.

     El 19% los 1.800 millones de deuda de los vecinos son de entidades bancarias que no pagan la comunidad
     Madrid 26 febrero 2014 – elpais.com
     Las comunidades de propietarios soportan 1.798 millones de euros de deudas; tras crecer la morosidad un 12% durante 2013. Un aumento nada despreciable pero inferior al 19% experimentado en 2012 respecto a 2011, según el Observatorio de las Comunidades de Propietarios.
     A la hora de fijar el perfil del moroso, aumenta la presencia de las entidades financieras. La gestión de sus activos inmobiliarios crea problemas en el proceso de enajenación y por la propia gestión de su patrimonio externalizado en muchos casos. La banca ha pasado de adeudar 256 millones de euros hace dos años, a los 341,62 millones de euros del pasado ejercicio. Supone el 19% de la morosidad total de las comunidades de propietarios. El 46% se debe a vecinos que no pueden abonar sus cuotas por problemas económicos y laborales y el 35%, a los profesionales del impago: pueden pagar pero no lo hacen.
     A pesar de la gravedad de los problemas que acompañan la morosidad en las comunidades de vecinos, la sangría va frenando. En el «Tercer Estudio Global sobre la morosidad en las Comunidades de Propietarios en España», el Observatorio prevé que este año se mantenga el nivel de 2013 o bien aumente ligeramente, basándose en una encuesta contestada por 800 administradores de fincas colegiados y algunos presidentes de comunidades (43.000 fincas). En la encuesta se refleja que también aumentó (14%) el periodo medio de cobro respecto al año anterior. La media nacional se sitúa en casi seis meses. En cambio, se mantuvo el porcentaje de deuda que se abona en fase amistosa, el 30%.
     En 2013 el 93% de las comunidades mantuvo o aumentó el presupuesto de gastos y, por tanto las cuotas, en previsión de tener que afrontar problemas por morosidad. Ahora bien, el Observatorio -del que forma parte la editorial jurídica El Derecho- alerta sobre la falta de capacidad de afrontar derramas extraordinarias: para más del 41% de los comuneros no existe holgura.
     Este dato es importante de cara a la ley de las tres erres: rehabilitación, regeneración y renovación de espacios urbanos. La norma aprobada en 2013 prevé la rehabilitación obligatoria para los edificios que superen los 50 años entre los periodos 2013-2018.
     Teniendo en cuenta que de los 25 millones de viviendas, la mitad tiene más de 30 años y una quinta parte (tres millones de viviendas) más de medio siglo, si se quiere que los comuneros afronten gastos de rehabilitación «se hace necesario un esquema de subvenciones públicas adecuado, créditos bancarios a bajo interés y una mayor colaboración entre las empresas de rehabilitación, los propietarios de las viviendas y las distintas administraciones públicas», indica.
     En el Observatorio se evidencia que la morosidad está siendo mal gestionada, especialmente en las comunidades sin administrador de fincas profesional: retrasos en la reclamación por falta de recursos; defectos formales que dificultan la iniciación del procedimiento, entre ellos, la ausencia de firmas en todas las páginas del escrito de reclamación; la ausencia de la documentación requerida; certificaciones deficientes; o defectos de notificación, entre otras. Por todo esto, se registra un repunte de las inadmisiones en fase judicial, principalmente reclamación monitoria.
     Junto a la radiografía de la morosidad en las comunidades de vecinos, el Observatorio también destaca en el análisis de 2013 la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal «que recogió la propuesta de los administradores de fincas colegiados para que se elevara el plazo de la afección real para que los deudores respondieran de las deudas comunitarias correspondientes al año en curso y los tres años anteriores, en lugar del año actual y el anterior que marcaba la anterior Ley». Una buena baza de seguridad jurídica de cara a la morosidad de las cajas y bancos propietarios de miles de inmuebles por ejecución hipotecaria»

     El borrador del informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria propone mantener el control del juez respecto de las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo.
     Madrid | 25.02.14 elderecho.com
     El borrador estima asimismo que debe seguir siendo preceptiva la intervención de abogado en este tipo de expedientes, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general.
     De este modo, se recomienda específicamente la presencia de abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado.
     Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente.
     Además, el borrador de informe propone que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten, los que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.
     También aboga por que en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.
     Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas, lo que justifica en la “ineludible necesidad” de que sea el juez quien controle –a través de su competencia para inadmitirlo- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja.
     En este sentido, el borrador destaca la necesidad de un riguroso control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial.

     Twitter se expande a Europa y abre su oficina en Dublín
     Una poderosa razón para elegir Irlanda es su fiscalidad más favorable
     Google, Apple o Microsoft también tienen en Irlanda sus sedes europeas
     Alvaro Ibáñez ‘alvy’ (especial para rtve.es) 27.09.2011
     Twitter ha anunciado que sus planes de expansión internacional pasan por abrir una oficina en Dublín (Irlanda), descartando la idea de que el lugar elegido fuera Londres.
     ¿Por qué allí? Sin duda y al igual que hacen hacen tantas y tantas empresas tecnológicas y de otros ámbitos, las poderosas razones de buen trato fiscal que reciben las empresas allí registradas.
     No se trata tan solo de que algunos puestos de trabajo vayan directamente a los trabajadores de la isla –que al final serán unas cuantas decenas o pocos cientos– sino de que la enorme facturación que puede llegar a alcanzar Twitter se realice desde uno de los países más laxos de Europa en cuanto a impuestos y relaciones con los paraísos fiscales externos.
     El impuesto de sociedades en Irlanda es del 12,5%
     Mientras que en otros países las empresas de distintos tipos pagan un 20 o un 25 por ciento de sus beneficios en conceptos como nuestro impuesto de sociedades, en Irlanda el impuesto equivalente es de tan solo el 12,5 por ciento.
     Esa es la mayor ventaja, pero no la única: también obtienen desgravaciones por tratarse de empresas tecnológicas o por sus inversiones en I+D (investigación y desarrollo) y –lo más importante para muchos– las leyes irlandesas les permiten canalizar esos ingresos y beneficios a los auténticos paraísos fiscales sin que se pague impuestos por ellos.
     El resultado: las empresas allí afincadas terminan pagando apenas un 2 o 3 por ciento de todos los beneficios que obtienen fuera de de Estados Unidos o sus países de origen.
     Un paraíso fiscal en la U.E.
     La situación se conoce desde hace años y muchas han sido las empresas que utilizan esta técnica de ‘optimización fiscal’ consistente simplemente en abrir las oficinas operativas en un país cualquiera de la Unión Europea pero la sede ‘fiscal’ en Irlanda.
     Entre ellas están gigantes como Apple, Google, Microsoft, HP, Intel o Facebook, además de otras como Oracle, PayPal, el fabricante de juegos Zynga o la red social LinkedIn.
     Luxemburgo es otro de los países europeos preferidos por este tipo de corporaciones por sus ventajas fiscales: Amazon España y algunos de los servicios de Apple como su iTunes Store operan fiscalmente desde allí.
     El problema es una pescadilla que se mueve la cola: las empresas allí afincadas cuentan con un margen de beneficios más amplio que las que no lo están. De modo que si quieren competir entre sí, la solución es clara: afincarse en el mismo lugar y buscar esa optimización.
     Las empresas se comportan como tiburones, sin conceptos morales
     En un mundo donde los márgenes de ventaja se miden a veces por décimas, entregar un diez por ciento o más de los beneficios en forma de impuestos es simplemente impensable, nada recomendable y contrario a las prácticas empresariales – que por definición buscan como prioridad el beneficio de los accionistas.
     El problema se considera en ciertos ámbitos casi más moral que empresarial, pero no tiene visos de solución sencilla: dado que las corporaciones no son entidades a las que les pueda aplicar el concepto ‘moral’ muchas se comportan como tiburones y se ven abocadas a este tipo de prácticas.
     Si la competencia las utiliza en su beneficio, han de utilizarlas ellas también. Si no lo hicieran podrían incluso tener problemas tales como demandas por parte de sus accionistas reclamando que ‘no aprovechar las ventajas fiscales’ es una mala práctica que causa perjuicios a la propia empresa y a sus beneficios.
     En España hace poco esa vertiente moral del asunto volvió a estar en el candelero cuando se publicó que Zara se ahorraba impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda, si bien el gigantesco grupo Inditex también anunció que en 2012 ya facturaría sus ventas online desde España, aportando de este modo los consiguientes impuestos a las arcas del estado.
     Un problema global
     De este modo se evitaba un posible enfrentamiento ante la opinión pública que cada vez ve está cuestionando más quien paga más y menos impuestos y por qué.
     Para quienes consideran que los que más ganan (ya sean personas o empresas) deben pagar más impuestos, la solución pasa por la eliminación de ese tipo de diferencias de tributación y especialmente de los paraísos fiscales.
     Pero esto dista de ser trivial, puesto que en cada país europeo existen estas diferencias, por mucho que tiendan a igualarse – por no hablar de los verdaderos paraísos fiscales de Suiza, algunos micropaíses europeos o exóticas islas.
     Hay quien considera, de hecho, que la penosa situación económica de Irlanda se debe precisamente a estas políticas, y que debería ser razón suficiente para eliminarlas de raíz.
     Pero esto no evitará que otros países puedan hacer lo mismo hasta que se regule de forma global. Sería en cierto modo como intentar prohibir las importaciones de productos más baratos de otros países o la libertad de elección de las empresas sobre dónde colocar sus sedes.

     25/02/2014 diariojuridico.com
     Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) discutirán este jueves, 27 de febrero, el borrador del informe al Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, que propone mantener el control del juez respecto de las separaciones y divorcios de mutuo acuerdo y recomienda la presencia de abogado en los casos tramitados por los notarios.
     El texto considera que la competencia para celebrar un matrimonio –que el Anteproyecto extiende a los notarios- no debe amparar la de disolverlo, dado que “son realidades absolutamente diferenciadas”. Por ello propone mantener el control del juez en los divorcios y separaciones, en lugar de otorgar esta competencia a los notarios, tal y como recoge el Anteproyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobado el pasado 31 de octubre. También estima que la intervención de abogado debe seguir siendo preceptiva en este tipo de expedientes, así como en todos los relativos a la capacidad de las personas, menores y familia en general.
     De este modo, los jueces recomiendan específicamente la presencia de abogado en los expedientes notariales de separación y divorcio de mutuo acuerdo, “considerándose imprescindible que cada parte esté asistida en todo caso por su propio letrado”, concretan.
     Respecto al requisito de la edad para contraer matrimonio, que pasa de 14 a 16 años, el borrador pide mantener un cierto grado de discrecionalidad judicial, como en determinados casos ocurre actualmente.
     Además, el informe propone que continúen siendo las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, y no los notarios o los registradores en los expedientes que tramiten, los que valoren la concurrencia de los requisitos relativos a la insuficiencia de recursos económicos que dé derecho a esta prestación.
     También aboga porque, en los casos de algunos expedientes cuya tramitación se atribuye en exclusiva a notarios y registradores, se aplique el arancel correspondiente a los documentos sin cuantía que los acerquen, en cuanto a su coste para el usuario, a los tramitados en sede judicial, carentes de tasa.
     Por último, el texto propone mantener exclusivamente en el ámbito jurisdiccional las reclamaciones de deudas dinerarias no discutidas, lo que justifica en la “ineludible necesidad” de que sea el juez quien controle –a través de su competencia para inadmitirlo- la propia admisión de la petición y la suficiencia de la documentación presentada por el acreedor, cada vez más compleja.
     El borrador destaca la necesidad de un “riguroso” control previo por parte del órgano judicial de la suficiencia y adecuación de los documentos y recuerda que el control de la información que se facilita al deudor para conformar su voluntad de aceptar o no la reclamación efectuada es esencial.

     Rousseff impulsa varios proyectos para reducir la dependencia de las redes de internet de Estados Unidos | La UE y Brasil acuerdan dar un nuevo impulso a las negociaciones comerciales con Mercosur
     Internacional| 24/02/2014 – lavanguardia.com
     La Unión Europea se implicará en la construcción del cable de fibra óptica trasatlántico que promueve Brasil en un intento de evitar que las comunicaciones por internet pasen obligatoriamente por infraestructuras estadounidenses como ocurre en la actualidad. Lograr al apoyo europeo a esta infraestructura era uno de los objetivos con los que la presidenta brasileña Dilma Rousseff acudía a la séptima cumbre UE-Brasil celebrada esta mañana en Bruselas. El nuevo cable es uno de los proyectos impulsados por Rousseff para protegerse del espionaje de Washington. Las infraestructuras actuales se han quedado desfasadas y sólo sirven para transmitir voz, no datos.
     “Estamos de acuerdo en que es importante instalar ese nuevo cable uniendo a ambas regiones, de Lisboa a Fortaleza, esos serán sus extremos. Servirá para reducir los costes de comunicaciones y dar un nuevo impulso a la economía digital”, ha celebrado tras la reunión el presidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso, sin querer dar relieve político a la iniciativa, a diferencia de Rousseff, que el año pasado canceló una cumbre con Barack Obama al saber que su teléfono había sido espiado por la NSA. No ha trascendido si el respaldo político al nuevo cable se traducirá en algún tipo de apoyo financiero. El coste del proyecto se estima en 185 millones de dólares, según la agencia Reuters, y será ejecutado por una asociación conjunta entre la empresa brasileña Telebras y la española IslaLink Submarine Cables.

     “Hemos de respetar la privacidad, los derechos humanos y la soberanía de las nacionales, no queremos que se espié a las empresas”, ha reivindicado la presidenta brasileña. Rousseff se felicitó porque Europa y Brasil tengan “preocupaciones similares” sobre la privacidad en Internet y la predominancia estadounidense en las redes por las que se transmite. El acuerdo entre la UE y Brasil para impulsar la construcción de la nueva fibra transatlántica llega días después de que la canciller alemana Angela Merkel y el Presidente francés François Hollande hablaran de dar un impulso a las infraestructuras de comunicaciones europeas para reducir la dependencia de EstadosUnidos. Ambos países tratan de negociar con Washington, sin éxito por el momento, un acuerdo sobre espionaje similar al que tiene con Londres u otros países de la órbita anglosajona.
     El Gobierno brasileño también está organizando un encuentro internacional que tendrá lugar en Sao Paolo en abril para reformarla gobernanza de internet y defender la neutralidad de la red. La UE ha anunciado que respalda la iniciativa y estará representada en la reunión al máximo nivel. “Queremos asegurarnos de la reunión es un éxito, porque ambas partes queremos aseguramos de que tenemos internet abierto, gratuito y seguro. Y seguro quiere decir que se respeta la privacidad de los ciudadanos y de las transacciones comerciales”, ha afirmado Barroso. La cumbre también ha servido para dar un nuevo impulso a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio entre la UE y MERCOSUR. Las conversaciones se iniciaron en el año 2000 y llevan años varadas, en gran parte por las reticencias de Argentina, pero ambas partes han fijado una reunión a nivel técnico para finales de marzo con el fin de preparar el terreno para la presentación mutua de ofertas.

     Android y iOS de Apple estrenarán esta aplicación de la futura filial de Facebook
     Santiago Millán Alonso / Marimar Jimenez Barcelona 24-02-2014  El artículo en cincodias.com
     WhatsApp ha subido la presión en el negocio de las telecomunicaciones, solo unos días después de anunciarse su venta a Facebook en una operación valorada en 19.000 millones de dólares (más de 13.000 millones de euros). Su cofundador, Jan Koum, anunció este lunes en la jornada inaugural del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que la compañía lanzará próximamente servicios de voz.
     El directivo de la popular compañía de mensajería instantánea móvil explicó que los servicios de voz llegarán esta primavera a los móviles con Android y a los iPhone de Apple, y que posteriormente lo harán a los terminales de Microsoft y Nokia.
     “Vamos a introducir la voz en WhatsApp durante el segundo trimestre, y será el mejor servicio de voz”, dijo Koum, quien añadió que su empresa utiliza una cantidad de ancho de banda menor que otros servicios similares.
     Este movimiento podría provocar nuevas sacudidas para el sector de las operadoras, que ya vieron como WhatsApp contribuyó decisivamente a terminar con el negocio de los mensajes SMS.
     WhatsApp tiene actualmente una función de voz, pero sólo para tomar notas. El nuevo servicio será de voz en vivo. La futura filial de Facebook parece querer aprovechar su amplia base de clientes para crecer en este negocio. La pasada semana, la compañía señaló que cuenta con 450 millones de usuarios en todo el mundo en la actualidad, precisando que cada día gana un millón de nuevos clientes. Facebook, dentro de sus planes de compra, prevé que WhatsApp alcance los 1.000 millones de usuarios en todo el mundo. La empresa no era muy conocida hasta ahora en EE UU, si bien sí es muy popular en otras regiones como Europa, incluida España, y diversos países emergentes.
     En términos internos, y pese a la adquisición por parte de Facebook (que todavía debe ser aprobada por las autoridades reguladoras), Koum afirmó que no habrá cambios en los diseños para añadir marketing y publicidad a los servicios de mensajería, tal y como se había especulado en los mercados financieros en los últimos días tras el anuncio del acuerdo con Facebook. “Nuestra visión y misión están alineadas. Queremos tener al mundo conectado”, afirmó el directivo.
     Además, Koum dijo que no espera que la plantilla de WhatsApp se amplíe en un número muy amplio. “Queremos operar como una start-up”, afirmó. WhatsApp, que se mantendrá como una división separada dentro de Facebook, cuenta en la actualidad con una plantilla cercana a 55 personas.
     Este equipo va a percibir cerca de 3.000 millones de dólares en acciones restringidas de Facebook si finalmente se cierra la operación. Además, dentro del acuerdo, Facebook abonará 4.000 millones de dólares en efectivo y 12.000 millones en títulos propios a los accionistas de WhatsApp.

     Según el Ministerio de Justicia no hay ninguna decisión tomada sobre la privatización del Registro Civil.
     Madrid | 21.02.14 La noticia en elderecho.com
     La Unión Progresista de Secretarios Judiciales propone  una serie de preguntas sobre el Registro Civil.
     1.-¿Por qué durante la tramitación parlamentaria de la Ley de Registro Civil de 2011 con un amplio consenso parlamentario, se votó a  favor de que sus encargados fueran funcionarios de nivel A1 de la Administración o Secretarios Judiciales, y hoy se valora unilateralmente la posibilidad de que lo sean Registradores de la Propiedad y Mercantiles?.
      2.-El Ministro de Justicia ha llegado a afirmar que el Registro Civil será gratuito para los ciudadanos. Si se encomienda su gestión a los registradores ¿cómo se abonará el salario de los empleados del Registro Civil que no tienen la condición de funcionarios públicos? ¿Y los honorarios de los registradores? ¿De dónde los percibirán? ¿Y los certificados, testimonios, etc.,  que se expidan en lo sucesivo serán gratuitos? ¿Supondrá algún dispendio para la administración del Estado, la puesta en funcionamiento del nuevo sistema registral o los registradores asumirán todos los gastos? ¿Los registradores pagarán los 180 millones gastados por el Estado en digitalización de los registros civiles, o se los regalarán?.
      3.- ¿Por qué no se decide que los encargados de los Registros Civiles sean los Secretarios judiciales, tal como contempla la Ley de Registro Civil de 2011, votada con un consenso mayoritario?.
      4.-¿Por qué no se arreglan los problemas del Registro Civil, simplemente adecuándolo  al siglo XXI, dotándole con una memoria económica adecuada a la Ley de Registro Civil de 2011, con un reglamento de desarrollo, decidiendo que sea el Secretario Judicial el encargado, y dotándole de un sistema de gestión procesal centralizado, y con firma digital; y así acabando con el sistema decimonónico actual, con firma manual, libros de familia rellenados a mano, y sin sistema alguno de gestión procesal central, salvo los creados en los  los propios juzgados?.
     5.- ¿Qué sucederá con los Jueces, Secretarios, y funcionarios adscritos al Registro Civil? ¿y a los adscritos a juzgados de paz, con dichas funciones?.
     La UPSJ manifestaa de nuevo que la adjudicación del Registro Civil a los Registradores de la Propiedad, es incompatible con el hecho de que se prometa «la gratuidad para los ciudadanos» del nuevo Registro Civil.
     El Registro Civil no requiere para su perfecto funcionamiento más que una  adaptación al siglo XXI y a las nuevas tecnologías, por ello la UPSJ propone:
     – Que se decida que sea el Secretario Judicial el encargado del Registro Civil, siguiendo también en el mismo los funcionarios que lo sirven actualmente.
     – Que se dote a dicho Registro de un sistema de gestión procesal centralizado, y con con firma digital.
     – Que se acabe  con el sistema decimonónico actual, con firma manual, libros de familia rellenados a mano, y sin sistema alguno de gestión procesal central, salvo los creados en los  los propios juzgados.

Concurso público: sí o no?

Si no hay concurso, se aborda la aplicación con medios humanos y materiales propios o con una empresa externa?

Si se opta directamente por la empresa externa,  y sin reparar en  costes, se decidirá por una española o por una extranjera?

Si se escoge la extranjera,  los datos estarán custodiados en un servidor propio bajo nuestro control o en uno propiedad de  la empresa extranjera?

Si se decide por el servidor de la empresa extranjera, estará alojado en España o en el extranjero?

Y una P.D.: Y ese servidor,  puede tener acceso a nuestro propio servidor comprometiendo su seguridad o no?

     23.02.2014 Almudena Vigil- El artículo en expansion.com
     En los próximos meses podrían aprobarse algunas de las apuestas más importantes del Ministerio. Del calendario para su tramitación dependerá que dé tiempo a sacarlas adelante en esta legislatura.

     El Ministerio de Justicia se prepara para unos meses de actividad legislativa frenética. Comienza la cuenta atrás para lograr sacar adelante los proyectos clave de la legislatura antes de verano. Aún quedan por aprobar buena parte de las iniciativas anunciadas al principio del mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, entre las que se encuentran algunas de las más controvertidas para el sector jurídico. Los próximos meses serán decisivos, ya que lo que no pase por el Consejo de Ministros antes de verano será más difícil que quede aprobado antes de que culmine la legislatura.
       En el tintero están reformas de gran peso, como el nuevo Código Procesal Penal, que configura un cambio de modelo en el que la investigación penal correrá a cargo del fiscal, respaldado por un juez de garantías. La figura del fiscal instructor supone un acercamiento a los países de nuestro entorno, pero implica una reorganización judicial en España. De ahí que, una vez aprobado, el texto podría incluir una vacatio legis (retraso en su entrada en vigor) de un mínimo de tres años. Según fuentes de Justicia, la reforma podría tardar hasta tres meses en llegar en primera vuelta al Consejo de Ministros.
     Antes se espera que llegue la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, otro de los grandes proyectos que ha impulsado el Ministerio. El texto, que podría pasar el visto bueno del Consejo de Ministros en un mes, prevé dotar de una mayor previsibilidad a las sentencias de los tribunales, de forma que lo dictado por el Supremo vincule a los órganos inferiores, fomentando así la uniformidad y la seguridad jurídica, e incluye la creación de los tribunales de instancia y la desaparición de las audiencias provinciales. Respecto a esta cuestión, el texto pone los cimientos para una reforma estructural de calado, pero su puesta en marcha definitiva no llegaría hasta que se desarrolle la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente no se tramitará en paralelo, sino que deberá esperar a que la primera quede aprobada. Esto hace muy difícil que la Ley de Demarcación y Planta pueda salir adelante en la actual legislatura.
      Otro gran proyecto que lleva años a la espera de ver la luz es el nuevo Código Mercantil. Según las fuentes consultadas por Expansión, en un mes podría estar listo para pasar por Consejo de Ministros.
      En este caso, se ha marcado un ambicioso objetivo: lograr que para verano pueda pasar el segundo visto bueno del Gobierno. Tras casi ocho años de trabajo, este proyecto, casi faraónico, se adapta a la forma de hacer negocios del siglo XXI, recopilando en un único texto prácticamente toda la legislación mercantil e incorporando materias que carecían de regulación, como los contratos electrónicos o los financieros mercantiles. Según ha trascendido, también podría incluir algunas cuestiones en materia de gobierno corporativo.
     Más avanzada se encuentra la Ley de Jurisdicción Voluntaria, pendiente del trámite de informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, cuyo dictamen podría ser inminente. Esta ley reparte nuevas competencias a colectivos como notarios y registradores.
      Por su parte, la Ley de Justicia Gratuita, de la que ya se adelantó y aprobó una parte hace un año, logró el visto bueno del Gobierno el pasado viernes–.
     Proyectos con Economía
     Justicia también está presente en otras reformas en las que el Ministerio de Economía lleva la iniciativa. Es el caso de la Ley de Servicios y Colegios Profesionales, uno de los proyectos que más preocupa al sector legal y que podría afectar de forma crucial a la colegiación obligatoria, así como suponer el fin de la incompatibilidad entre abogados y procuradores, algo que preocupa especialmente a este último colectivo. Fuentes de Justicia señalan que se sigue trabajando en ello y que se espera alcanzar un acuerdo o una solución intermedia. El texto podría llegar al Consejo de Ministros en segunda vuelta para primavera.
     Economía también trabaja en introducir, de forma inminente, un cambio en la Ley Concursal para agilizar los acuerdos de financiación en la fase preconcursal. El objetivo es evitar que empresas que son viables, pero que cargan con una elevada deuda financiera, lleguen a concurso de acreedores, lo que en el 90% de los casos supone la liquidación.
     La gestión del Registro Civil, pendiente de asignación
     Una de las cuestiones más polémicas que tiene actualmente el Ministerio de Justicia entre manos es la desjudicialización del Registro Civil. El Gobierno debe decidir pronto quién se hará cargo finalmente de su gestión: si los registradores de la propiedad y mercantiles o los secretarios judiciales. La decisión no podrá demorarse en exceso, puesto que en julio culmina el plazo para poner en marcha un nuevo modelo, como establecía la Ley del Registro de 2011.
     La cuestión atraviesa un momento crítico. La semana pasada, el decano del Colegio de Registradores de España, Gonzalo Aguilera, anunciaba por carta a todo el colectivo que «al final la decisión del Gobierno ha sido la de asignar el Registro Civil a los registradores», generando un gran revuelo.
     El Ministerio se apresuró en desmentirlo, asegurando que aún no hay nada decidido, y señaló dos líneas rojas que no quiere traspasar. Lo primero, garantizar la gratuidad en las notificaciones y certificaciones para los ciudadanos –en caso de asumirlo los registradores, se financiaría a costa del margen que les dejan sus actuales aranceles– y, en segundo lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo actualmente vinculados al Registro Civil.
       Las 10 reformas
       1. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial podría llegar en primavera. Prevé crear los tribunales de instancia y acabar con las audiencias provinciales.
      2. La nueva organización judicial se desarrolla en la Ley de Demarcación y Planta, que finalmente no se tramitará en paralelo con la LOPJ, lo que dificulta que entre en esta legislatura.
      3. El nuevo Código Procesal Penal llegará a Consejo de Ministros después de la reforma de la LOPJ. Supone un cambio de modelo con la figura del fiscal instructor.
      4. La obra faraónica del nuevo Código Mercantil supone toda una revolución para el mundo de los negocios. El Ministerio quiere que el texto llegue al Congreso antes de verano.
      5. La aprobación de la Ley de Justicia Gratuita ha sido la que más rápido se ha tramitado, ya que se anunció en el Consejo de Ministros del pasado viernes.
      6. La Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrega competencias a colectivos como notarios y registradores, está en fase de informe en el Consejo General del Poder Judicial.
      7. Justicia tendrá que resolver en breve la incógnita en torno a la gestión del Registro Civil. Las opciones están entre registradores y secretarios judiciales.
      8. La Ley de Servicios Profesionales es una de las normas que más preocupa al sector legal. Aunque corre a cargo de Economía, Justicia negocia para alcanzar acuerdos.
     9. Otra iniciativa de Economía en la que colabora Justicia es en un retoque a la Ley Concursal para flexibilizar los acuerdos de refinanciación en la fase preconcursal.
     10. La Ley de Navegación Marítima, que regula el régimen general sobre el tráfico marítimo para evitar contradicciones con convenios internacionales, está ya en tramitación.

     AFI cree que la reasignación de la provisión genérica motivó el alza de diciembre
     Juande Portillo Madrid 24-02-2014 07:44 El artículo en cincodias-com
 
     El sector financiero español reclasificó como crédito dudoso otros 4.565 millones de euros el pasado diciembre disparando la tasa de mora a un nuevo máximo histórico, del 13,6%. Aunque a priori el movimiento podría parecer achacable al progresivo incremento de los impagos en un momento en que el saldo de préstamos vivos cae, los analistas advierten que semejante salto es inusual.
     De un lado, porque diciembre es un mes tradicionalmente moderado en cuestión de aumento de impagos, de otro, porque el sector ya venía adelantando la revisión de sus carteras durante el ejercicio. Desde Analistas Financieros Internacionales (AFI) argumentan que la jugada forma parte de la estrategia de la banca española para cubrirse las espaldas de cara a los test de estrés.
     “En la evolución del crédito dudoso en diciembre de 2013, destaca la magnitud del aumento, muy superior a la de meses anteriores, y la ausencia del efecto estacional, ya que normalmente los cierres anuales suelen mostrar avances más contenidos”, expone un reciente informe de AFI.
     ¿Cuándo es mora?
     Aunque en la última revisión de sus carteras la banca se ha mostrado más prudente que lo que dicta la norma, los créditos calificados como dudosos se consideran como tales en el momento en que acumulan impagos por más de 90 días de antigüedad.
      “Dada la moderación del ritmo de deterioro observada en los últimos meses, el factor explicativo del comportamiento de diciembre reside en la reclasificación de activos como dudosos”, lo que los analistas de la firma achacan a dos fenómenos confluyentes. De un lado, bajo el objetivo de “evitar sorpresas negativas en el ejercicio de revisión de calidad de los activos que llevará a cabo el Banco Central Europeo a partir de los balances de 31 de diciembre de 2013”. Al ser la fotografía de dicha fecha la que se tomará como muestra para valorar la situación de las entidades, el sector ha hecho importantes esfuerzos para cerrar el año con la imagen más robusta posible.
     Así, por ejemplo, ante el temor de que los test de estrés penalizaran la exposición soberana, el sector financiero español fue reduciendo con fuerza la carga de deuda pública que había acumulado en los últimos tiempos cuando reforzó sus resultados mediante el carry trade (compra de bonos con dinero barato de las inyecciones de liquidez del BCE). Del mismo modo, entienden en AFI, las entidades han preferido redoblar su cautela en cuanto a las carteras clasificadas como dudosas para evitar que las pruebas europeas terminen sacándoles los colores por esta vía.
     En paralelo, reflexionan en AFI, las entidades han aprovechado para “asignar los saldos remanentes de las coberturas genéricas constituidas sobre riesgos inmobiliarios en situación normal a diciembre de 2011”. Es decir, dado que la provisión genérica es un concepto español que no fue reconocido en los últimos test de estrés, las entidades han optado para reasignarlas a nuevas carteras que, aún sin haber entrado en mora, están en situación de riesgo.
     El ejemplo más destacado de esta práctica lo protagonizó Banco Popular, que derivó 1.840 millones de provisiones genéricas a dotar ciertas carteras. “Teníamos que asignar el saldo de provisión genérica, que era de 1.840 millones de euros, porque corría el riesgo de no computarse en el test de estrés como tal provisión, pues diríamos que esa peculiaridad española de tener provisiones genéricas en Europa no es una figura común y en los test de estrés europeos no se tuvieron en cuenta”, explicaba el propio presidente de la entidad, Ángel Ron, en la última presentación de resultados. “¿Qué hemos hecho? Asignar esa provisión genérica, en términos generales, a créditos que, aunque estaban al corriente de pago, nosotros pensábamos que tenían debilidades” lo que llevó, continuaba a “calificar como dudosos algunos créditos al corriente de pago”.
     Las carteras que se han protegido con estas provisiones, detallaba el consejero delegado del banco, Francisco Gómez Martín, son las de clientes con “alguna debilidad, especialmente del sector promotor” con el objetivo de “anticipar su reconocimiento en mora” y reducir a la vez el coste las coberturas para 2014. Una estrategia que parece haber seguido el grueso del sector.
     El largo goteo de las dotaciones y la mora
     En solo un año, la morosidad que soporta la banca se ha disparado desde el ya considerable 10,43% de diciembre de 2012 al 13,6% que marcó al cierre del último ejercicio. Y eso, teniendo en cuenta que el incremento quedó moderado por la creación de Sareb, a la que se traspasó el grueso de la carga tóxica de la banca nacionalizada y asistida, sin cuyo efecto el volumen de activos dudosos se situaría en 206.000 millones de euros, estiman desde Analistas Financieros Internacionales (AFI), lo que elevaría la mora real del sector al 14,2%. El efecto reductor que tuvo Sareb sobre la estadística, en todo caso, ha quedado superado en buena parte por el mandato del Banco de España de que las entidades revisaran la dudosidad de su cartera de créditos refinanciados. Un ejercicio que concluyó en septiembre aflorando 20.500 millones de euros más de morosidad oculta. Al descubierto la sorpresa, el alza mensual de créditos dudosos pareció moderarse, para repuntar con fuerza de nuevo con el incremento de 4.500 millones de diciembre. Un nuevo movimiento, ligado esta vez a preparar una buena radiografía en los próximos test de estrés, que está forzando al sector a mantener el alto nivel de provisiones cosechadas en los últimos años, tal y como requirió el Banco de España. El gran salto en este sentido se dio con los llamados decretos Guindos I y II, que obligaron al sector a provisionar 50.000 y 28.000 millones, respectivamente, en 2012. Actualmente y tras el esfuerzo en refinanciados, el nivel de provisiones está en 113.613 millones de euros.

     Según la estadística de los registradores
     2012 fue el primer año que cerró con más compraventas que nuevos créditos hipotecarios
     Las compras por parte de extranjeros representan ya el 11,1% del total
     Raquel Díaz Guijarro Madrid 17-02-2014  La noticia en cincodias.com
     Una estadística más, esta vez la elaborada por el Colegio de Registradores de la Propiedad, certifica que 2013 fue un mal año para el mercado de la vivienda. Sin embargo, en la segunda mitad del año se produjeron ciertas circunstancias que indican que podría estar ante un inminente cambio de tendencia.
     En cuanto al número de compraventas, se confirma que 2013 cerró con un nuevo mínimo anual, ya que apenas se contabilizaron 329.146 compraventas, un 0,48% menos que un año antes y la cifra más baja de toda la serie histórica, iniciada en 2004.
     Este volumen de transacciones contrasta con las apenas 200.124 nuevas hipotecas contratadas sobre vivienda durante el pasado ejercicio, lo que supone también la cifra más baja de la serie histórica y un descenso nada más y nada menos del 26,5% sobre los créditos suscritos un año antes. Así, mientras que tradicionalmente siempre se han registrado más hipotecas que compraventas (no siempre una hipoteca iba asociada a una compraventa de vivienda), ya en 2012 se cruzaron ambas gráficas por el cierre del grifo de la financiación y la débil demanda de inmuebles.
     Así, como ahora al suscribir un crédito hipotecario es obligatorio consignar si su finalidad es la compraventa de la vivienda que figura en la garantía, el cruce de ambas cifras (ventas de casas y nuevos préstamos) permite discernir qué porcentaje de inmuebles se adquirieron al contado.
     El año pasado fueron un total de 129.022, el 39% del total y más del doble de las registradas un año antes, cuando alcanzaron las 58.494, el 17,6% del total. Tal y como argumentó la directora de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, Beatriz Corredor, la explicación a este fenómeno hay que buscarla en que el segmento que mejor se está comportando en la compra de viviendas. Por una parte, se encuentra el de la demanda más solvente o aquellos hogares con ahorro previo que al haber bajado tanto los precios de las casas no requiere de hipoteca para financiar su adquisición. Y por otro lado, la demanda de extranjeros, que por regla general tampoco demandan crédito hipotecario al comprar su residencia de vacaciones en España.
     En cuanto al resto de variables, según los registradores, el precio de la vivienda, calculado según el índice de precios de viviendas por ventas repetidas de la misma finca, basado en la metodología Case y Shiller, bajó un 1,25% en 2013, lo que sitúa el ajuste acumulado desde máximos en el 31,12%.
     Entre octubre y diciembre, los precios experimentaron un incremento del 2,16% con respecto al trimestre anterior. Se trata del segundo incremento trimestral consecutivo, «aunque será preciso esperar a los resultados de los próximos trimestres para constatar si el incipiente cambio de tendencia se confirma o se trata de una situación coyuntural», aseguró hoy durante la presentación de las cifras Beatriz Corredor.
     En cuanto a la demanda por parte de extranjeros, ésta siguió un año más animando el mercado español, de forma que en el último trimestre de 2013 las operaciones protagonizadas por extranjeros llegaron a representar el 12,85% del total de las compras de vivienda. En datos anualizados, el año pasado el porcentaje de operaciones realizadas por foráneos se situó en el 11,1%, el más elevado de la serie histórica. Cifra que además supone superar los niveles que había antes de la crisis. Los británicos se mantienen como los extranjeros que más viviendas compran en España, con un 15,10% de las transacciones, seguidos de los franceses, con el 9,8% y los rusos, con el 8,5%.

     La estadística de los registradores revela que el 13% de las operaciones las realizan foráneos
     En 2009, el porcentaje era del 4,24% y a cierre de 2012 apenas superaba el 8%
     Los precios moderan su descenso con un 1,25% y se duplica las transacciones en efectivo
     El País Madrid 17 febrero 2014 – La noticia en elpais.com
     El colectivo de compradores extranjeros se ha convertido en un soporte para el debilitado mercado inmobiliario, que seis años después del estallido de la burbuja sigue sin levantar cabeza. Según los datos que han publicado este lunes el colegio de registradores, las compraventas realizadas por foráneos aumentaron de forma continúa a lo largo de 2013 hasta superar el 11,25% del total de las transacciones, que por su parte volvieron a caer, aunque menos que en los años precedentes. Con ello, el número de compras protagonizadas por extranjeros se ha triplicado prácticamente desde los mínimos de 2009.
     Los más activos entre los extranjeros fueron los británicos, que acapararon el 15% de todas las compras. A continuación se situaron los franceses, con un 9,84%. Los rusos, que frente a los comunitarios se benefician más de la decisión del Gobierno de conceder el permiso de residencia a cambio de adquirir un inmueble, fueron los terceros al ser los responsables del 8,58% de las transacciones.
     La directora de Relaciones Institucionales del Colegio, Beatriz Corredor, ha reconocido que estas cifras están «muy por encima de los porcentajes de compra de vivienda por extranjeros previos a la crisis». Según ha añadido la que fuera exministra del ramo entre 2008 y 2010, existe una «tendencia al alza» en un mercado que en 2012 representaba solo el 8,12%. Su perfil, ha explicado, es el de buscadores de segundas residencias, fundamentalmente «de naturaleza turística» y en la costa.
     Corredor ha apuntado que actualmente el segmento del mercado que más se está moviendo es el que agrupa a fondos y personas o familias con recursos, que se interesan por fincas de alto valor económico con un precio que se percibe como suficientemente ajustado. Este podría ser uno de los factores que ha hecho repuntar el precio medio de la vivienda en los últimos meses del año, ha considerado, ya que los potenciales compradores de los inmuebles de menor valor actualmente no tienen capacidad económica.
     El número de compraventas se situó el pasado año en 329.146, un 0,48% menos que el ejercicio anterior y la cifra más baja desde el inicio de la serie histórica, que comienza en 2004. En cuanto al precio, el metro cuadrado, de media, moderó su descenso hasta el 1,25 % en 2013, en comparación con el año anterior, cuando retrocedió un 13%. Tras este nuevo descenso, acumula un descenso del 31,12% desde los máximos previos a la crisis.

     La noticia en lavozlibre.com Europa Press 21 de febrero de 2014
     Registra varias preguntas al entender que esta idea constituye otro paso más en la «carrera privatizadora» y la «destrucción» de lo público
     El PSOE ha registrado en el Congreso una batería de preguntas en las que insta al Gobierno a aclarar su idea de entregar el Registro Civil a los registradores de la propiedad y a explicar cómo pretende mantener este servicio público.
     La diputada socialista Laura Seara reclama que el Ejecutivo «explique los datos del concurso público por el que se adjudicó a una empresa el programa informático para que los registradores tramiten y resuelvan los expedientes de nacionalidad».
     La parlamentaria pregunta si el Gobierno se ha reunido con representantes del cuerpo de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para conocer si desean gestionar los registros civiles. Seara está manteniendo reuniones con colectivos afectados por la reforma y sindicatos.
     Ve «oscuros intereses»
     «Este es un nuevo paso del Gobierno del PP en su camino de destrucción de los servicios públicos, en el que parecen subyacen oscuros intereses», señala en un comunicado Seara, para quien esta idea supone «un paso más en la carrera privatizadora» emprendida por el Ejecutivo.
     «A las tasas judiciales impuestas por el Gobierno del PP, que impiden a muchos ciudadanos, siempre a los más débiles, acceder a la justicia, se sumará ahora la práctica privatización de los servicios de los registros civiles, hasta ahora públicos».
     En su opinión, sacar el Registro Civil de la órbita pública conlleva inherentes riesgos para la protección de datos de los ciudadanos y además perjudica a los empleados públicos que en él prestan servicios.

     La plataforma sindical alerta de que el servicio pasará a ser de pago y de que está en riesgo la privacidad de los usuarios
     21.02.2014  Mieres del Camino, Andrés Velasco La noticia en lne.es
     Más de una treintena de funcionarios de la administración de Justicia del Principado de Asturias se concentraron ayer en Mieres para protestar contra la privatización que el Gobierno de la nación está preparando para el Registro Civil. Los miembros de la plataforma sindical en la región lamentan que los planes del Ejecutivo vayan a «convertir en un negocio lo que hoy es un servicio público fundamental que todo el mundo utiliza».
     Tini Navas, portavoz de la Plataforma sindical de trabajadores de la Administración de Justicia en Asturias, explicó que «hay una carta del Decano del Colegio de Registradores de la Propiedad a todos sus miembros explicándoles los acuerdos a los que estaban llegando con el Ministerio de Justicia y que consisten ni mas ni menos en que el Ministerio les hace entrega del Registro Civil con los 120 millones incluidos que se gastaron en ponerlo todo al día y en hacer la gestión de los programas informáticos y de todo».
     La protesta, explicó la responsable sindical, tiene por objeto «concienciar a la ciudadanía y a los trabajadores de que el servicio de Justicia es una cosa de todos, y el Registro Civil es una oficina que todo el mundo utilizaba con carácter gratuito y que a partir de ahora probablemente haya que repagar». De hecho, Tini Navas aseguró que el Registro Civil es uno de los servicios con más usuarios, ya que se utiliza para infinidad de trámites, «desde inscribir un nacimiento o una defunción, hasta pedir una pensión o tramitar las matrículas en los colegios». «La gratuidad de este servicio era una conquista social, y ahora nos lo quieren quitar y eso no puede ser», valoró la portavoz de la Plataforma.
     Además, los sindicalistas también expresaron su preocupación por la protección de datos de los usuarios. «Los funcionarios tenemos un deber de guardar silencio, y contar aquello que conoces por cauces profesionales está penado con falta grave en un expediente disciplinario. Sin embargo, un registrador no tiene esa obligación, y ahí se saben muchos datos sobre la intimidad de las personas».
     Las protestas, que ya se han celebrado en Oviedo, Gijón, Avilés y, ayer, en Mieres, seguirán manteniéndose por la geografía asturiana. La próxima semana, la Plataforma estará en Langreo.

      El precio de la vivienda bajó un 1,25% en 2013
     • El año pasado se vendieron 329.146 viviendas, un 0,48% menos que en 2012, marcando un nuevo mínimo en la serie histórica
     • Las compras de extranjeros supusieron un 12,85% en el cuarto trimestre
     17.febrero.2014.- El precio de la vivienda, calculado según el índice de precios de viviendas por ventas repetidas de la misma finca, basado en la metodología Case y Shiller, bajó un 1,25% en 2013. Con ello, desde los máximos alcanzados en el ciclo alcista, el ajuste acumulado es del 31,12%.
     Entre octubre y diciembre, los precios experimentaron un incremento del 2,16% con respecto al trimestre anterior. Se trata del segundo incremento trimestral consecutivo, pero será preciso esperar a los resultados de los próximos trimestres para constatar si el incipiente cambio de tendencia se confirma o se trata de una situación de coyuntura.
     Compraventas inscritas
     El número de compraventas sigue marcando nuevos mínimos históricos. A lo largo de 2013 se registraron 329.146 compraventas de viviendas, un 0,48% menos que en 2012 lo que supone el menor volumen anual de compraventas de vivienda registrada en la serie histórica disponible en la Estadística Registral Inmobiliaria (desde 2004). 

     Las comunidades autónomas con mayor número de compraventas durante el último año han sido Andalucía (66.841), Cataluña (47.771), Comunidad Valenciana (47.649) y Comunidad de Madrid (46.188).
     En el cuarto trimestre se inscribieron 72.560 operaciones, un 5,54% menos (4.258 unidades) que en el tercer trimestre.
     Durante el año 2013 la vivienda usada siguió liderando la demanda con un 53,75% de las operaciones, frente al 46,25% que representó la obra nueva que se dividió a su vez en el 41% de vivienda nueva libre y el 5,25% de vivienda nueva protegida.
     En el cuarto trimestre, la vivienda de segunda mano representó el 54,40% de las transacciones frente al 45,60% de la obra nueva, que a su vez se divide en el 39,28% de vivienda nueva libre y el 6,32% de vivienda nueva protegida.
     Compras extranjeras
     La demanda de vivienda por extranjeros sigue animando el mercado inmobiliario español de forma que en el 4º trimestre de 2013 representaron el 12,85% del total de las compras de vivienda. Los últimos tres trimestres de 2013 mostraron porcentajes de dos dígitos y con tendencia al alza.
     En datos anualizados, durante 2013 el porcentaje de extranjeros sobre el total de compraventas alcanzó el 11,15%. Sobre estas compraventas, los británicos mantienen la primera posición con un 15,10%, seguidos de franceses (9,84%), rusos (8,58%), belgas (7,26%), alemanes (7,01%), suecos (5,63%), noruegos (5,27%) e italianos (3,65%).
     Características del crédito hipotecario
     El endeudamiento hipotecario medio por vivienda se sitúo en 2013 en su nivel más bajo de la serie histórica: 100.841 euros, con un descenso del 4,34%. En el último trimestre este indicador mostró el primer repunte desde 2010, alcanzando los 104.487 euros, el 3,58% más que en el trimestre anterior.
     Los tipos medios de interés de contratación inicial se mantienen relativamente estables, con cuantías próximas al 4% durante los últimos dos años. Así, la media de los últimos doce meses se situó en el 4,02% y la del último trimestre en el 4,06%. Los préstamos a tipo de interés fijo durante el 4º trimestre tuvieron un peso relativo del 5,79% del total de nuevos créditos hipotecarios, por debajo del 6,78% del tercer trimestre, que suponía el máximo de la serie histórica, pero por encima de lo que tradicionalmente venía a suponer su posición relativa. La contratación a tipo variable sigue predominando (94,21%), especialmente referenciada al Euríbor (89,06% del total).
     La duración media de los nuevos créditos hipotecarios en 2013 fue de 22 años y 5 meses, con una reducción del 3,58%. En el cuarto trimestre las nuevas hipotecas se contrataron con una duración media de 22 años y tres meses, con un crecimiento del 1,52% sobre el trimestre anterior.
     La cuota hipotecaria mensual se situó en 2013 en 569,40 € de media, es decir en niveles similares a 2003. El porcentaje de la cuota con respecto al coste salarial se ha situado en el 30,42%, superando ligeramente el mínimo de la serie histórica alcanzado en el segundo trimestre (30,13%). En el cuarto trimestre, la letra mensual llegó a los 594,97€, con un incremento intertrimestral del 2,33%. El porcentaje de la misma con respecto al coste salarial alcanzó el 31,79%, aumentando 0,74 puntos porcentuales con respecto al tercer trimestre.
     Nota: La estadística Registral Inmobiliaria está realizada por el Centro de Procesos Estadísticos del Colegio de Registradores con el asesoramiento técnico habitual del equipo investigador de la Universidad de Zaragoza.
     El informe completo se puede encontrar en el siguiente enlace: http://www.registradores.org/getDS=6&file=/Estadisticas/ERI_4t2013.pdf

     Alertan de que repercutirá de forma directa en el bolsillo de la ciudadanía y que afecta a 50 empleos en la comarca – CC OO y CIG inician una campaña de recogida de firmas
     A. B. 22.02.2014 |La noticia en farodevigo.es
     La reacción a la carta interna que el Colegio de Registradores emitió la semana pasada para informar a sus afiliados de que el Gobierno les asigna la gestión del Registro Civil no se ha hecho esperar. Doscientos funcionarios, trabajadores y abogados de los juzgados vigueses salieron ayer a la calle para mostrar su oposición a la «privatización encubierta» de este servicio, que «repercutirá directamente en el bolsillo de la ciudadanía» y afectará a medio centenar de puestos de trabajo en la comarca viguesa. La próxima semana inician una campaña de recogida de firmas.
     Al son de las gaitas y coreando consignas como «Este ministro, vende el registro» o «El público es servicio; el privado, beneficio», los manifestantes partieron de los juzgados y rodearon el edificio de Hacienda cortando el tráfico, ante el respeto de los conductores. Representantes del BNG y Anova apoyaron con su presencia la marcha convocada por CCOO y CIG.
     De confirmarse esta reforma , el Registro Civil se «desjudicializaría» para entregar su gestión a los registradores de la propiedad. Las dos centrales advierten de que supondría una «privatización de facto» ya que los ciudadanos tendrán que pagar por la expedición de certificados de nacimiento, defunción, matrimonio o nacionalidad, en función de los aranceles pertinentes, que calculan entre 10 y 30 euros. «Con este servicio les están entregando un verdadero maná a los registradores, porque el Registro lleva 1.300.000 trámites al año», subraya Pablo Valeiras (CCOO). Si es necesario cobrar para mantener el servicio, se preguntan por qué no lo hace directamente Justicia.
     Los sindicatos alertan, además, que podría incidir negativamente en la protección de datos de los ciudadanos. Sostienen que, «aunque los titulares de los registros tienen condición de funcionarios públicos, no sucede lo mismo con el personal que tienen contratado» por lo que «no están sujetos al régimen de independencia y confidencialidad de la función pública». José Barreiro (CIG), añade que el cambio es «inexplicable» porque «no introduce ninguna mejora» y considera que los registradores no están formados para estos trámites civiles.
     También advierten de que supondrá la desaparición de los juzgados de Paz y, con ellos, de la Justicia de cercanía, ya que estos trámites suponen el 80% de su actividad.

     Ni de vida, ni de hogar…
     Elena Sanz 14/02/2014 El artículo en elconfidencial.com
     La imagen y el mensaje de este cartel publicitario no pueden ser más claros. Es directo, polémico, agresivo… La banca no puede obligar a ningún ciudadano ni a ninguna empresa a contratar un seguro cuando le vende otros productos financieros como, por ejemplo, una hipoteca. Algo que, aunque está prohibido por ley, desconoce la inmensa mayoría de los ciudadanos.
     ¿Usted tiene hipoteca?, ¿y seguro de hogar o de vida?, ¿recuerda quién se lo vendió?, ¿fue el banco? En caso afirmativo, es muy probable que piense que el banco le dijera que necesitaba estos seguros para dar luz verde a la hipoteca. No es así. O usted estaba mal informado o le engañaron.
     Y precisamente son este tipo de situaciones las que pretende evitar la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros (ANACOSE), que encargó este cartel publicitario y lo colocó en el centro comercial La Morea, Pamplona, a raíz de la aprobación de la Directiva Europea sobre Hipotecas en el Parlamento Europeo. Una directiva que prohíbe las cláusulas abusivas en los contratos de productos financieros, entre ellas la obligación de vincular un seguro con la entidad bancaria al firmar el contrato hipotecario. La valla publicitaria levantó ampollas y ANACOSE, según explica un portavoz a El Confidencial, se vio obligada a retirarla por presiones de la banca.
     Se produjo entonces el denominado ‘efecto Streisand’: cuando alguien intenta silenciar alguna información, ya sea un vídeo, un tuit, una foto… y consigue precisamente el efecto contrario. Y eso fue precisamente lo que pasó en este caso, convirtiéndose en viral el hashtag #vayaconlavalla.
     Este reciente acontecimiento devuelve precisamente a la actualidad una práctica que sigue siendo muy habitual entre las entidades financieras y que, según la recién aprobada directiva europea sobre hipotecas, tiene los días contados, o casi, puesto que España tiene dos años para transponerla.
     Hipotecas y seguros, inseparables en la oferta hipotecaria
     La banca española no puede vender seguros ni obligar a contratarlos a quien necesita una hipoteca. Sin embargo, los seguros están muy presentes en toda la oferta hipotecaria. Basta con echar un vistazo a los productos que hay actualmente en el mercado para comprobar que no sólo no es así, sino que la banca ni lo disimula ni lo oculta. Para que un cliente pueda beneficiarse del diferencial ofertado debe vincularse a la entidad vía domiciliación de nóminas, tarjetas de crédito y, por supuesto, seguros. Una información que, aunque a simple vista no parezca tan descarado, aparece claramente en la letra pequeña de todos estos productos.   
     “Es impresentable que un banco, cuyo negocio es gestionar el ahorro y el crédito, imponga a un futuro cliente la contratación de un producto no deseado y, además, en condiciones de contratación duras o más bien, durísimas”, explica Carlos Lluch, mediador de seguros y director técnico en Lluch & Juelich Brokers. «El problema es que el cliente lo acaba aceptando, en muchísimos casos, por falta de cultura financiera. Muchos se dejan llevar y se dejan seducir por la zanahoria. En el caso de las hipotecas, esa zanahoria es la casa, una casa que queremos comprar sea como sea».
     ¿Son obligatorios los seguros de vida y hogar al firmar una hipoteca?
     Ni uno ni otro son obligatorios, si bien son un arma con la que juega la banca para dar luz verde o carpetazo a una operación. «La legislación vigente no impone con carácter general y de forma directa al deudor de un préstamo hipotecario la obligación de contratar seguros sobre el inmueble hipotecado». Así lo sostiene el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros.
     Ni el seguro de hogar ni el del vida son obligatorios, si bien son un arma con la que juega la banca para dar luz verde o carpetazo a una operación.Tan sólo en aquellos casos en los que la hipoteca se utilice en forma de cédulas, derivados, etc. el seguro de hogar o de incendios sí es obligatorio puesto que quien en realidad está prestando el dinero al cliente es un tercero –no el banco–, que es quien compra esas cédulas o titulizaciones». No obstante, en este caso, el cliente no está obligado a contratarlo con la entidad que le concede la hipoteca, y el banco está obligado a informar al cliente de esta situación. «Si el banco nos quiere obligar a contratar seguros que no nos hacen falta o más caros de lo que podríamos encontrar en el mercado, lo mejor es que comparemos con otras hipotecas», aconsejan desde iAhorro.com.
     En concreto, la Dirección General de Seguros asegura al respecto: «La normativa reguladora del mercado hipotecario establece determinados requisitos para que las entidades financieras puedan emitir títulos en el citado mercado. Por tanto, si una entidad de crédito desea emitir cédulas o bonos hipotecarios con base en los préstamos con garantía hipotecaria concedidos a propietarios de inmuebles hipotecados puede condicionar la concesión del préstamo a que el deudor se comprometa a suscribir un seguro de daños para el citado inmueble, pero, en todo caso, la obligación para el deudor tendrá siempre carácter contractual y no legal».
     En ningún caso es obligatorio contratar un seguro de hogar cuando se firma una hipoteca. No obstante, los expertos sí recomiendan su contratación, ya sea con la entidad que concede el préstamo o con otraEl seguro de vida, por el contrario, no es obligatorio en ningún caso. Otra cosa es que su contratación, sea con la aseguradora que sea, sea conveniente. «Es realmente bueno para todos. Para el cliente porque se protege a sí mismo de una posible invalidez y a su familia de un posible fallecimiento. De forma que el seguro en este tipo de situaciones sirva para amortizar el préstamo. Y es bueno para la entidad financiera, porque en estas situaciones, de no existir seguro, podría tener problemas para recuperar la deuda», apunta Biblioteca Aseguradora, otro de los expertos colaboradores del portal financiero iAhorro.com. «En este caso, el banco puede exigir que se suscriba un seguro, pero en ningún caso determinar con quién –aseguradora o mediador– y menos coaccionar, puesto que en este caso estaríamos hablando de un delito tipificado en el Código Penal», añade Carlos Lluch.
     Es decir, todas las ventajas que puede tener un seguro de vida podrían llevar a la entidad financiera a ofrecerlo, pero no a exigir que sea el suyo. «El cliente debe tener la posibilidad de elegir, valorando los precios y las coberturas», apunta Lluch, quien también critica el hecho de que «la misma persona que te vende la hipoteca, el depósito, te venda también un seguro. Es un auténtico fraude de ley y es precisamente lo que la normativa europea también pretende evitar», añade.
     El consumidor, no obstante, también debe saber que la ley le da el derecho de dar marcha atrás en todo seguro de vida de duración superior a seis meses sin tener que dar explicación alguna. El tomador del seguro tendrá derecho a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte correspondiente al periodo de tiempo en que el contrato hubiera tenido vigencia. El asegurador dispondrá para ello de un plazo de 30 días a contar desde el día que reciba la comunicación de rescisión.
     No son los únicos seguros asociados a las hipotecas. También está el de protección de pagos, que asegura al titular de la hipoteca que le pagará las cuotas si se queda en paro o en caso de incapacidad temporal, durante un determinado periodo de tiempo. Con una tasa de paro tan elevada y la mayor probabilidad de muchos ciudadanos de perder su trabajo, este es un producto que suelen exigir las entidades financieras.
     El seguro de tasación era habitual hace varios años y permitía obtener préstamos hipotecarios por encima del 80% del valor de tasación. «El cliente que contrataba una hipoteca y necesitaba aproximarse a un 100% de tasación le pagaba a una aseguradora una prima y, en caso de impago, esta abonaba al banco el porcentaje del préstamo que superaba el 80% de la tasación», explica el portal financiero en su Guía Hipotecaria.
     ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro?
     Una vez aclarado este punto y una vez determinado que resulta conveniente –que no obligatorio– contar con estos seguros, ¿cómo elegir el que mejor se adapta a nuestras necesidades para evitar desagradables sorpresas en el futuro? «Hay seguros con reglas de juego radicalmente diferentes, pero lo que sí está claro es que elegir un seguro no es sólo cuestión de precio», apunta Carlos Lluch, que asegura que lo primero que debe hacer el cliente es tener claro qué tipo de coberturas necesita. E insiste en que debería existir «un mercado real libre que permita al consumidor elegir el producto que mejor se adapta a sus necesidades.
     Algunas recomendaciones. Preguntar, por ejemplo, si el seguro de vida es de capital decreciente. Es decir, si se va a ajustando al saldo del préstamo mensual o fijo por el montante inicial. O si estamos ante un seguro en el que la prima se paga a plazos de una sola vez en el momento de abrir la hipoteca. Como suelen suponer un desembolso importante de dinero, en caso de haber de pedir financiación al banco, es importante tener en cuenta que se acabará realizando un importante desembolso en concepto de intereses.La banca nunca pierde.

      20 Febrero 2014
     Fuente: PSOE. Los socialistas critican que el Gobierno del PP haya gastado 128 millones en digitalizar y modernizar los registros para ahora regalárselos a los registradores que ya han calculado una facturación de 150 millones de euros.
     La noticia en rioja.es

     El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pablo Rubio, ha anunciado hoy que van a presentar dos Proposiciones no de Ley en la Cámara riojana dirigidas a que el Gobierno Regional “exprese se oposición a algo que va contra los interese de los riojanos” como es la culminación de la privatización de los registros civiles que ahora se entregan a los registros de la propiedad y mercantiles, y la supresión de los juzgados de paz, “alejando la justicia de los ciudadanos”.
     Así lo ha explicado hoy el Portavoz en una rueda de prensa en la que junto a la Secretaria de Relaciones Políticas del PSOE de La Rioja, Victoria de Pablo, se han mostrado “radicalmente en contra” de estas medidas porque supone que “dejaran de ser un servicio público gratuito y cercano para ser una servicio privado” y que, según el propio Consejo de Registradores, “aspira a facturar 150 millones de euros al año” ha matizado de Pablo.
     Desde que el PP comenzó este proceso de privatización de la justicia, el PSOE se ha opuesto y ha exigido el traspaso de los registros a los ayuntamientos “por entender que ésta es la institución más cercana al ciudadano”.
     Pero para los socialistas “el escándalo” es que además “regalan a los registradores de la propiedad 128 millones de euros” que es lo que ha costado la digitalización y modernización de los servicios en los dos últimos años, algo que ni socialistas ni el resto de operadores jurídicos comparten ya que “no supone ahorro a la justicia y si un encarecimiento y empobrecimiento a los ciudadanos”.
     Igualmente, ha continuado Victoria de Pablo, “en esta hoja de ruta de privatización de la justicia que se ha marcado el PP,  también siguen adelante con la supresión  de los juzgados de paz” afectando en La Rioja a los 171 juzgados de paz y las 9 agrupaciones de secretaria (Alfaro, Arnedo, Cenicero, Cervera, Murillo, Lardero, Nájera, San Asensio y Santo Domingo) una medida que según los socialistas “colapsará el sistema judicial y aleja al ciudadano de estos servicios cotidianos” ha lamentado.
     Así, la privatización de los registros civiles, la supresión de los juzgados de paz, unido a la creación de tasas judiciales o la privatización de ejecuciones de sentencias “conduce a la privatización de la justicia algo que vulnera la constitución” en opinión de la socialista, además de ser “un incumplimiento electoral del PP y un nuevo recorte que no conlleva a la mejora de los servicios sino al empobrecimiento de los riojano”.
     “Todos somos iguales ante la ley por lo que no es correcto que se privatice el registro civil y tampoco que se supriman los juzgados de paz que acercan la justicia a los habitantes de los pueblos más pequeños en La Rioja” ha dicho Pablo Rubio, por lo que espera que Sanz “defienda los intereses de los vecinos de estos pueblos ante Gallardón y Rajoy y se oponga a estas medidas” ha concluido.

     Servimedia / Europa Press  21/02/2014 La noticia en eleconomista.es
      Los tres principales operadores de telefonía móvil (Movistar, Vodafone y Orange) registraron un descenso conjunto de 299.388 líneas en noviembre, lo que supone, según datos publicados este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En conjunto, la telefonía móvil perdió 143.796 líneas en noviembre.
     En concreto, Movistar registró un descenso de 146.057 líneas, Vodafone de 115.652 y Orange de 37.679. Por el contrario, los operadores móviles virtuales (OMV) se hicieron 153.466 líneas en este periodo y Yoigo captó 2.153.
     En total, el número de líneas se situó en 51,88 millones, un 2,5% menos que un año antes.
     Portabilidad
     En cuanto a la portabilidad, Movistar y Vodafone presentaron un saldo neto negativo, con una diferencia entre las líneas ganadas y perdidas de 86.468 y 54.779, respectivamente.
     Por su parte, los operadores virtuales (OMV) lograron un saldo positivo en los intercambios de 119.201 líneas, mientras que Yoigo ganó 17.391 y Orange, 4.655.
     Pese a la pérdida de líneas, Movistar lidera el dominio de cuota de mercado al cerrar noviembre con un 33,43%, seguida de Vodafone, con un 24,69%. En tercera posición se sitúa Orange, con el 22,93% del mercado. Yoigo y los virtuales copan el 6,51% y el 12,44%, respectivamente.
     Banda ancha
     En cuanto a la evolución de la banda ancha, durante noviembre el sector sumó 77.722 nuevas líneas y encadena 16 meses consecutivos de crecimiento, alcanzando un parque de conexiones de 12,18 millones.
     Casi la totalidad de estas nuevas altas las lograron los OMV, que sumaron 63.666 líneas, frente a las 9.652 de Telefónica y las 4.404 de los operadores de cable. Casi la mitad de las nuevas líneas, el 43,3% (33.634 líneas), correspondieron a fibra óptica, con lo que el número total de conexiones de este tipo alcanza ya 577.072 líneas, un 86,3% más que un año antes.
     Por último, las líneas fijas volvieron a crecer por tercer mes consecutivo, con un leve aumento de 2.945, gracias a la evolución del segmento residencial (20.333 nuevas líneas) que compensó el retroceso registrado en los clientes de negocios (-17.388). Así, el mes de noviembre cerró con 18,92 millones de líneas fijas.

     SEPA llega al banco: ¿tengo que cambiar mis recibos o mis transferencias?
     Bruselas aplaza seis meses la armonización de las transferencias bancarias 
     El artículo en cincodias.com / C. C. 01-02-2014
     ¿Qué es SEPA?
     SEPA son las siglas en inglés de Zona Única de Pagos en Euros. Es por tanto una iniciativa que permite a particulares y empresas realizar sus pagos electrónicos, tanto nacionales como transfronterizos, en euros y con una regulación común en 33 países: los 28 Estados miembros de la Unión Europea más Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza.
     ¿A quién afecta?
     A cualquier ciudadano europeo que tenga una cuenta en un banco y a cualquier empresa, asociación u organismo público que realice transacciones bancarias.
     ¿Cuándo entra en vigor?
     En principio estaba prevista la total migración al nuevo sistema el 1 de febrero de 2014. La UE ha acordado retrasarla seis meses, hasta agosto de 2014. Es decir, el formato SEPA será obligatorio el 1 de febrero, pero habrá una prórroga hasta agosto que facilite la migración.
     Para entonces, todas las empresas o particulares que efectúan pagos a través de cuentas en entidades bancarias (por ejemplo el pago de sueldos, domiciliaciones de recibos, pago a proveedores, etc.) tendrán que haberse adaptado a la regulación.
     ¿Qué consecuencias prácticas tiene?
     La SEPA implica menos consecuencias prácticas para los particulares y cambios de más calado para empresas (grandes o pequeñas) que emiten y reciben facturas o transferencias bancarias en su operativa diaria.
     En concreto, supondrá la armonización europea de las cuentas bancarias, que se identificarán a partir de ahora con el código internacional IBAN (Código Internacional de Cuenta Bancaria, según sus siglas en inglés) que tiene 24 dígitos y reemplaza al tradicional Código Cuenta Cliente —CCC— usado en España.
     Usuarios y empresas deberán por tanto tomar nota de su nuevo número de cuenta. En el caso de las empresas, deberán transformar o migrar los datos de las cuentas corrientes de los clientes y proveedores al nuevo código IBAN.
     ¿Cómo se consigue el IBAN?
     El nuevo código IBAN se construye a partir del Código Cuenta Cliente (CCC), pero cuenta con 24 dígitos (frente a los 20 dígitos que tenía hasta ahora), ya que se añaden dos letras para identificar al país de la cuenta (ES, en el caso de España) y dos números.
     Además, las entidades bancarias también se identificarán con un nuevo código internacional, el BIC.
     Ambos códigos son facilitados por la entidad a través de diferentes vías (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.)
     Si no lo ha recibido aún, el Banco de España aconseja contactar con su entidad para conocer ambos códigos.
     También se puede utilizar el siguiente enlace para obtener los nuevos códigos a partir de su CCC:
     http://www.sepaesp.es/herramienta/conversion.htm
     ¿Puedo seguir haciendo transferencias?
     Sí. A partir de la fecha de entrada en vigor, todas las transferencias y domiciliaciones bancarias se deberán realizar según las características técnicas de los instrumentos de la SEPA. Esos instrumentos son:
     – Transferencias: incluye pagos puntuales, masivos, o por ejemplo pago de nóminas y pensiones. En principio, los bancos harán la adaptación de manera automática a las transferencias ya ordenadas.
     – Domiciliaciones bancarias (adeudos directos): pagos periódicos o puntuales. Se utilizan para pagos nacionales como para pagos transfronterizos en cualquiera de los países incluidos. Igualmente, los bancos harán en principio la adaptación de manera automática.
     – Tarjetas. Las tarjetas válidas en un país de la SEPA ya pueden utilizarse para pagar y disponer de efectivo en todo el área SEPA con la misma facilidad con la que lo hacen actualmente en sus propios países.
     ¿Puedo seguir haciendo órdenes traspasos de efectivo (OTE)?
     No. Como se ha visto antes, este instrumento desaparece. Consistía en movimientos de dinero entre entidades, de forma más barata que las transferencias. Con la entrada en vigor de la SEPA, se eliminan la órdenes de traspaso de efectivo entre entidades (OTE). Si un cliente está recibiendo dinero desde otra entidad a través de esta opción, es aconsejable cambiarla por una transferencia automática. Eso sí, puede tener asociada alguna comisión.
     ¿Tengo que cambiar la domiciliación de mis recibos?
     No para recibos ya comunicados al banco. Como ocurría antes, debe existir una orden de domiciliación firmada por el cliente, pero con la SEPA son válidas las órdenes actuales. El banco se encargará de hacer la adaptación del antiguo CCC al nuevo IBAN.
     Pero en el caso de nuevas domiciliaciones o nuevas órdenes de transferencias sí es necesario proveer el IBAN a los emisores de los recibos.
     Como precaución, algunos bancos aconsejan que se confirme con las compañías emisoras de recibos que el número de cuenta de cargo está bien actualizada.
     ¿Cuánto tiempo tendré ahora para devolver un recibo?
     La nueva normativa de servicios de pago incluye también la homogeneización en la UE de los plazos para la devolución de recibos:
     – Plazo máximo de 13 meses para solicitar la rectificación de operaciones incorrectas o no autorizadas.
     – El consumidor dispone de 8 semanas para devolver recibos autorizados, siempre que, cuando se dio la autorización, esta no especificase el importe exacto y dicho importe supere el que el ordenante podía esperar razonablemente.
     – El plazo para que su entidad le devuelva los cargos o rechace la devolución es de 10 días hábiles.
     ¿Me cobrarán más comisiones por las operaciones europeas?
     No. Las comisiones cobradas por su entidad en relación con pagos transfronterizos dentro de la UE serán iguales a aquellas que le cobraría por operaciones nacionales equivalentes.
     ¿Tengo que cambiar mi tarjeta de crédito o débito?
     No. Su entidad de crédito le habrá renovado su tarjeta de débito o crédito incluyendo un chip en el nuevo modelo. Además, en los comercios, en vez de utilizar la banda magnética, se introduce la tarjeta en los dispositivos para leer el chip EMV.
     ¿Será necesario el PIN para autorizar una compra con tarjeta?
     Sí. Con la llegada del chip, en lugar de la firma, en general le será requerido su número personal para autorizar la operación. El Banco de España considera que el número secreto da más seguridad, ya que no le pueden falsificar la firma. Si no conoce su PIN, asegura el regulador, debe contactar con su entidad.
     Tengo una pyme ¿qué cambios tengo que realizar?
     Además de contar con un nuevo código IBAN, las empresas tendrán que adaptar su operativa a las características de la nueva Zona Única de Pagos. Estas son las recomendaciones de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas para esa adaptación:
     – Debe ajustar los ficheros de intercambios bancarios a las nuevas normas estándares SEPA.
     – Tendrá la responsabilidad de guardar las autorizaciones de los clientes con el fin de poder domiciliar adeudos (generar recibos domiciliados SEPA) a través de un mandato único normalizado.
     – Se deberá revisar y en su caso adecuar documentos comerciales tales como facturas, talones, contratos, folletos, páginas webs, etc.
     – En lo que se refiere a la gestión de empleados y los pagos de las nóminas vía transferencia deberán adecuarlas a SEPA, y en su caso revisar los contratos y documentos impresos en los que conste la CCC, que ahora pasará a IBAN.
     – Para nuevos clientes o para adeudos SEPA B2B se necesitará tener un mandato firmado de los clientes que acredite que se les puede presentar recibos.
     – Se deberá informar a proveedores de los códigos BIC e IBAN de las cuentas utilizadas para las operaciones con ellos.
     – Se tendrá que estar preparado para recibir, de las entidades bancarias con las que se opera, un nuevo formato de fichero informativo con las incidencias que hayan podido suceder en las transacciones bancarias, para rectificar su contenido erróneo o no informado.
     ¿Cuánto tiempo tendrán ahora los bancos para ejecutar las operaciones?
     La nueva normativa también regula otros aspectos de las transacciones bancarias:
     – El plazo máximo de ejecución de las operaciones es de un día hábil.
     – Fecha valor (fecha a partir de la cual comienza a generar intereses un abono en la cuenta o cuando deja de generarlos): en las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por su entidad y la disponibilidad de los fondos será inmediata después de dicha recepción. En las operaciones recibidas, la fecha valor no podrá ser posterior al día hábil de recepción de los fondos por el banco.
     – Disponibilidad de fondos: será inmediata después de la recepción.
 
     Qué ventajas tiene
     El cambio de regulación permitirá efectuar y recibir pagos —nacionales o transfronterizos entre los países de la zona SEPA— en euros en cualquier país miembro de la zona única de pagos en las mismas condiciones y con los mismos derechos y obligaciones. Es decir, en la práctica desaparece por ejemplo el concepto de transferencia internacional dentro de la UE: las operaciones dejan de ser nacionales para pasar a ser europeas. 

     Las cédulas pierden cuatro puntos de peso
     19/02/2014 Miguel Ángel Valero. El artículo en diarioabierto.es
     La morosidad de estas operaciones se mantiene estable por debajo del 5%, señala la Asociación Hipotecaria.
     El saldo vivo del crédito hipotecario gestionado en España registró un volumen total de 772.512 millones de euros en 2013, lo que supone un retroceso del 12,2% respecto a 2012, según el informe de la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
     El volumen de crédito hipotecario gestionado, 772.512 millones, baja el 11,9%, en el mismo período.
     Estos descensos provocan que la ratio de préstamos dudosos respecto del total del crédito al sector privado residente (dudosidad, en la jerga del sector) haya mostrado una tendencia creciente a lo largo del año pasado, hasta situarse en diciembre en el 14% frente al 10,7% de 12 meses antes.
     Pero esta subida de la morosidad está más relacionada con la contracción del saldo vivo que con la evolución de los saldos dudosos, que han experimentado una progresiva desaceleración en sus ritmos de crecimiento mensuales a lo largo del año, según los datos de la AHE.
     La morosidad hipotecaria no llega al 5%, frente al 35% de los créditos destinados a financiar actividades inmobiliarias.
     Las cédulas hipotecarias, que constituyen el principal mecanismo de refinanciación de esta cartera de préstamos, también disminuyen su saldo vivo el 17,25%, hasta los 340.136 millones. En consecuencia, pierde cuatro puntos de peso en la financiación de hipotecas, del 48% de 29012 al 44% un año después.
     El proceso de desapalancamiento experimentado por el mercado hipotecario en los últimos años y la evolución de los depósitos, que crecieron el 0,22% en 2013, ha mejorado la liquidez de las entidades de crédito, reduciendo la ratio financiación/depósitos hasta el 61% (69% en 2012).

     Los registradores advierten de que muchos préstamos recientes tendrán dificultades de pago si suben los tipos de interés La banca sitúa el diferencial medio sobre el Euríbor en el 3,5 %
     19.02.2014 – La noticia en levante-emv.com Víctor Romero. Valencia
      El mercado hipotecario se ha caracterizado en los últimos años por una tendencia constante a la baja que le ha llevado a registrar mínimos históricos en operaciones. La media de caída en 2013 respecto del año anterior es del 25 %. Entre las razones de esta restricción está la decisión de la banca de esperar mejores momentos económicos para abrir el grifo de la financiación inmobiliaria, pero también las duras condiciones de acceso al crédito para comprar vivienda. Uno de los listones que más ha subido es el de los tipos de interés que los bancos están aplicando a las nuevas hipotecas. Los diferenciales aplicados a la referencia del Euríbor no han dejado de crecer y alcanzaron el año pasado un media del 3,5 %, según el informe Estadística Registral Inmobiliaria difundido ayer por el Colegio de Registradores de la Propiedad.
     El 85,65% de los contratos hipotecarios firmados el año pasado empleó el Euríbor como referencia. Con este índice entre el 0,5 % y 0,6 %, los tipos de interés medios se situaron el año pasado en el 4,02. En la Comunitat Valenciana fueron algo más elevados, del 4,15 %.
     Los registradores advierten de que se trata de diferenciales especialmente elevados que pueden encarecer mucho las hipotecas en caso de que el Euríbor suba. «Ante una subida de su cotización, no pocos contratos de crédito hipotecarios formalizados durante los últimos años podrían situarse ante situaciones de dificultad para atender sus compromisos», alertan estos profesionales. No es que se esté creando una nueva burbuja hipotecaria, porque el número de contratos es muy reducido, pero el afán de la banca por rentabilizar sus préstamos en una coyuntura de Euríbor bajo puede traerle problemas de morosidad en el futuro.
     Este riesgo queda algo tamizado por el cada vez menor importe de las hipotecas y de la cuota mensual. La cuantía media en España durante 2013 fue de 100.841 euros, un 4,34 % inferior a la del año anterior y el mínimo de la serie histórica del Colegio de Registradores, que comienza en 2004.
     La cuota mensual media también bajó en 2013 hasta los 569,40 euros, situándose en niveles de 2003. En la Comunitat Valenciana, co una hipoteca media de 75.068 euros, fue de 445,13 euros, lo que representa un 26,51 % con respecto al coste salarial.
     En lo que se refiere a la duración del crédito hipotecario, durante el último trimestre de año pasado, la media en la Comunitat Valenciana fue de 20,5 años, frente a los 22,5 de España.
     El año pasado se vendieron en la autonomía 47.649 viviendas, según los registradores, de las que 22.250 fueron nuevas y 25.399 inmuebles usados. El dato la sitúa como la tercera región con mayor número de operaciones, muy cerca de Cataluña. Andalucía lidera la clasificación con 66.841 compraventas. En España cambiaron de manos el año pasado un total de 329.146 viviendas, un 0,48 % menos que en 2012.
     Alicante registró el mayor número de compraventas en la autonomía, con 24.754, seguida de Valencia con 16.774 y Castelló, con 6.121.
     Según el Colegio de Registradores, los precios descendieron el año pasado pero mucho menos que en ejercicios anteriores, apenas un 1,25 %. El desplome de los valores acumulados desde los máximos del ciclo alcista ha sido del 31,12 %, sostiene el informe estadístico.

     Madrid, 12 de febrero de 2014 En lawyerpress.com / @LuisjaSanchez
     Este nuevo régimen, distinto del anterior, ha venido a sustituir en su integridad el del art. 1949 CC en cuanto que, al no distinguir, afecta tanto a la prescripción ordinaria como a la extraordinaria

     El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en relación con la usucapión “contra tabulas”, (adquisición de la propiedad por su uso continuado durante cierto tiempo, en contra de lo expresado en el Registro de la Propiedad) declarando que rige lo dispuesto en el art. 36 de la Ley Hipotecaria frente a lo establecido en el art. 1949 del Código Civil, ya que este último ha de considerarse derogado.
     Según la sentencia, de la que es ponente el Magistrado Antonio Salas Carceller, la Audiencia declaró en relación con la usucapión «que no cabía admitir tal modo de adquirir en el presente caso puesto que se trataba de una prescripción ordinaria que -según dicho artículo 1949- requería que el usucapiente, a su vez, tuviera título inscrito a su favor» sin plantearse la sentencia recurrida el problema de la actual dictada sobre aquel precepto obliga a computar el plazo de prescripción adquisitiva ordinaria frente al titular del derecho inscrito desde la inscripción del segundo título, el que ampara la posesión del usucapiente, de forma que, en contra del tercero, el art. 1949 CC solo permite el inicio de la prescripción ordinaria “contra tábulas” a partir de la inscripción del segundo título que ampara la posesión del usucapiente, valiendo la posesión anterior solo a efectos de prescripción extraordinaria.
     El Supremo no se declara vinculado por la mención del art. 1949 CC en la jurisprudencia anterior, ya que entonces se aludió a dicho precepto de modo incidental, en casos en que no dependía de su aplicación el resultado del pleito, a diferencia del presente litigio en el que la ratio decidendi de la sentencia impugnada se asienta en su vigencia, lo que obliga a declarar derogado el art. 1949 CC por el art. 36, apartados I y II de la Ley Hipotecaria, regulador de los distintos supuestos de usucapion “contra tabulas”.
     Para la Sala, el art. 1949 CC es una norma que nació perfectamente coordinada con el antiguo art. 35 LH, en vigor hasta 1909. Bajo dicho régimen, en la usucapión contra tabulas frente al dueño del inmueble o derecho, el cual conoce -o puede conocer- que otro está poseyendo para adquirir, regía la legislación común del Código Civil, mientras que si se trata de un tercero hipotecario -que no conocía, ni había de conocer, dicha posesión «ad usucapionem»- era necesaria la inscripción que pudiera reflejar dicha posesión, lo que resultaba conforme con el texto del artículo 1949 del Código Civil; y ello se tratara de usucapión ordinaria o extraordinaria.
     El nuevo artículo 36 de la Ley Hipotecaria (texto vigente desde 1944) contempla dos situaciones distintas y contiene una regulación diferente de la anterior respecto de la prescripción adquisitiva frente al tercero registral. Tales situaciones son: 1ª) La usucapión que se produce contra el titular inscrito mientras tiene lugar la posesión «ad usucapionem»; y 2ª) La que se produce frente al tercer adquirente de ese titular, que reúne las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
     En el primer caso, la solución viene a coincidir con la del anterior artículo 35 LH pues se dice ahora que «en cuanto al que prescribe y al dueño del inmueble o derecho real que se esté prescribiendo y a sus sucesores que no tengan la condición de terceros, se calificará el título y se contará el tiempo con arreglo a la legislación civil»; pero no sucede igual enel segundo supuesto para el que, sin distinción entre usucapión ordinaria yextraordinaria, se contiene una nueva regulación sobre la eficacia de la prescripción adquisitiva en perjuicio de tercero hipotecario, pues ahora no se exige que el usucapiente tenga inscripción alguna a su favor, sino que adopta como criterio el del conocimiento real o presunto por parte de dicho tercero de la situación posesoria «adusucapionem».
     En tal caso prevalece contra el «tercero hipotecario» la prescripción adquisitiva ya consumada en el momento de la adquisición, o que pueda consumarse dentro del año siguiente, en dos supuestos: a) Cuando se demuestre que el adquirente conoció o tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocer, antes de perfeccionar su adquisición, que la finca o derecho estaba poseída de hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente; y b) Cuando, fuera del caso anterior, el «tercero hipotecario» consienta dicha posesión, apta para la adquisición del dominio, de forma expresa o tácita, durante todo el año siguiente a la adquisición.
     La sentencia concluye que este nuevo régimen, distinto del anterior, ha venido a sustituir en su integridad el del art. 1949 CC en cuanto que, al no distinguir, afecta tanto a la prescripción ordinaria como a la extraordinaria.

     La noticia en diarioSigloXXI.com 19 de febrero de 2014
 
     Pagará 4.000 millones en efectivo y el resto en acciones
     Nueva York 19 febrero 2014 (Europa Press)
     La compañía Facebook ha anunciado este miércoles que ha alcanzado un «acuerdo definitivo» para comprar la empresa de mensajería instantánea WhatsApp por unos 16.000 millones de dólares (11.650 millones de euros), de los cuales 4.000 millones serán en efectivo y los 12.000 restantes en acciones de la conocida red social.

     El acuerdo, según ha informado Facebook en un comunicado, contempla el desembolso adicional de otros 3.000 millones de dólares en reservas de acciones para los fundadores de WhatsApp y sus empleados durante los cuatro años siguientes al cierre de la operación.

     Facebook ha indicado que el acuerdo de compra establece que pagará a WhatsApp 1.000 millones de dólares en efectivo y acciones Clase A de Facebook por valor de otros 1.000 millones de dólares si la operación de compra no se materializa.

     La red social ha destacado que WhatsApp ha desarrollado una empresa de mensajería instánea «líder» y de «rápido crecimiento» que cuenta con más de 450 millones de usuarios al mes y un volumen de mensajes que se aproxima todos los mensajes tipo SMS que recorren el mundo, logrando «más de un millón de usuarios registrados por día».

     «La compra respalda la misión conjunta de Facebook y WhatsApp de dar más conectividad y utilidad al mundo con el reparto de servicios esenciales de Internet de manera eficiente y asequible. La combinación ayudará a acelerar el crecimiento y el compromiso con los usuarios de las dos compañías», ha afirmado la compañía que lidera Mark Zuckerberg.

     El fundador de Facebook ha asegurado que WhatsApp está «en la senda de conseguir conectar a 1.000 millones de personas». «Los servicios que han alcanzado este hito son increíblemente valiosos», ha afirmado el consejero delegado y fundador de la conocida red social. «Conozco a Jan (Koum, el consejero delegado de WhatssApp) desde hace mucho y estoy satisfecho por asociarme con él y su equipo para hacer el mundo más abierto y conectado», ha añadido.

     Por su parte, Koum ha afirmado que WhatsApp ha experimentado un «rápido crecimiento» por las capacidades «simples, potentes e instantáneas» que ofrece en el sector de la mensajería instantánea. «Nos sentimos honrados de asociarnos con Mark y Facebook para continuar llevano nuestro producto a más personas en el mundo», ha explicado.

     El diputado pide explicaciones al Gobierno sobre la privatización encubierta del Registro Civil y su traspaso a la ‘familia profesional’ de Rajoy o Gallardón
    S.C. | 19/02/2014 La noticia en elplural.com
     El jurista Fernando de Silva alertó en elplural.com de que mientras el Gobierno pone el foco en la reforma del aborto está llevando a cabo por la puerta de atrás una jugada de gran calado: una reforma del Registro Civil que pondrá éste en manos de los registradores de propiedad y por el que se pagará por trámites hasta ahora gratuitos. “Rajoy se prepara un retiro lucrativo y Gallardón está rodeado en su familia de registradores”, alertaba De Silva.
     Llamazares interroga al Gobierno sobre la jugada
     La alarmante reforma ha llegado al Congreso a través del portavoz parlamentario de Justicia de IU, Gaspar Llamazares, quien ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para que explique sus maniobras para dejar la gestión del Registro Civil en manos del Colegio de Registradores de la Propiedad, con el consiguiente traspaso de funciones.
     ¿Cuándo se ha decidido?
     El parlamentario de IU detalla en la iniciativa que en una circular remitida el 12 de febrero a todos los registradores de España por el decano del Colegio de Registradores, Gonzalo Aguilera Anegón, el Ministerio de Justicia comunicó dos días antes que había adoptado la “decisión definitiva de asignar a los Registradores de la Propiedad la llevanza del Registro Civil”. A partir de ahí, Llamazares interpela al Ejecutivo de Mariano Rajoy -a la sazón registrador de la propiedad en excedencia- acerca de “en qué fecha y en qué disposición oficial ha acordado el Gobierno la asignación de la llevanza del Registro Civil al Colegio de Registradores de la Propiedad”.
     El Estado paga la plataforma tecnológica
     De hecho, Llamazares quiere saber “por qué el Gobierno negocia previamente con el Colegio de Registradores de la Propiedad todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia”. Advierte asimismo del “agravante de que el coste de la plataforma tecnológica del registro no saldrá a concurso público, aunque sea el Estado quien la pague”.
     Los registradores participando directamente en el diseño
     Avisa el diputado de que podríamos encontrarnos “ante un presunto delito de tráfico de influencias
que podría interesar a la Fiscalía”. Además, advierte de que el Gobierno podría estar excediéndose “en la cesión de competencias que le son propias, al negociar con el Colegio de Registradores no sólo las condiciones de seguridad, sino el diseño del registro electrónico e, incluso, los aspectos relativos a una nueva demarcación registral, que requerirían nada menos que el acuerdo del Colegio”.
     Conforme a dicha notificación por parte del Ministerio de Justicia, ya se habrían iniciado las conversaciones en la sede del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, con la celebración de la primera reunión del decano de los registradores “con el subsecretario, secretaria general técnica y director general, para iniciar las conversaciones y negociaciones relativas a todos los aspectos normativos, materiales y organizativos para la asunción de esta nueva competencia”.

     La noticia en salamanca24horas.com Redacción 19 de Febrero de 2014   
     El decano-presidente del Colegio de Registradores de España asegura que esta nueva competencia «supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida»

     Gonzalo Aguilera, decano-presidente del Colegio de Registradores de España, señala que “es necesario que notarios y registradores, como operadores principales del sistema de seguridad jurídica, asuman el liderazgo en la formulación de las reformas a efectuar que mejoren el resultado final de nuestra actuación, teniendo en cuenta las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público”.
 
     En una reciente entrevista en la revista ‘Iuris’, asegura que los registradores de la propiedad no querían hacerse cargo del Registro Civil. “En la Asamblea de Zaragoza de 2012 se adoptó una serie de acuerdos que estatutariamente nos vinculan a todos los registradores, y lo primero que tenemos que hacer es respetar esos acuerdos. En ellos se dijo que los registradores no queremos asumir el Registro Civil. De todas maneras, si el Gobierno tomara la decisión de asignárnoslo, lógicamente tenemos que aceptarlo, pero, si ello ocurre, proponemos unas sugerencias al Ministerio para que su llevanza sea de la mejor manera posible para el interés público y el interés general”.
 
     A su juicio, “no es una cuestión de dinero, es una cuestión de que se organice adecuadamente, de que nosotros no estamos interesados en la llevanza del Registro Civil, pero que, en todo caso, es una decisión que corresponde al Ministerio y al Gobierno y, si nos encargan asumir su gestión, adoptaríamos las medidas oportunas”.
 
     Y respecto al sistema de cobro, afirma que “habría que estudiarlo cuando llegara el momento, no sé lo que tendrá pensado el Ministerio, que será quien lo tenga que plantear, y no sé qué va a proponer, ni qué sistema tiene pensado. Hay muchas fórmulas para ello. Nosotros lo que sí decimos es que la llevanza del Registro Civil supone un coste muy alto, y lógicamente habrá que buscarle una solución a esa financiación, pero en todo caso será el Ministerio quien lo decida. Propondremos las fórmulas que nos parezcan adecuadas”.