AIRE

     La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía.

     Josep-Maria Ureta 28/06/2014 elperiodicodearagon.com
     La reorganización del modelo registral español que impulsa el Ministerio de Justicia pone en peligro más de 2.000 empleos en las oficinas de los registradores de propiedad y mercantiles. El colegio de registradores se ha pronunciado en contra del proyecto que reorganiza y concentra la actividad registral en España, y ahora los sindicatos que representan a los empleados de la oficinas de los registradores –que son contratados, no funcionarios– expresan su inquietud. De los 11.000 empleados que trabajan en cada registro, al menos un 20% ven amenazado su puesto de trabajo con la reforma.
     El reordenamiento de los registros se basa en que la caída de la actividad económica, sobre todo hipotecaria, ha aflorado un exceso de oficinas de registro de la propiedad y mercantiles creadas los últimos 15 años. Y ha sido determinante la polémica propuesta ministerial, a principios del 2013, de que los registradores de la propiedad se hicieran cargo, sin compensación pública, del registro civil, y que rechazan la mayoría del colectivo.
     Los trabajadores advierten de que la reforma prevé la concentración de oficinas, con las consecuencias que ello conlleva. En una nota interna del colegio, a la que ha tenido acceso este diario, los registradores calculan que «se llevará a cabo el despido del 20% de empleados sobrantes por la reestructuración, que no siempre serán reconocidos como despido por causa objetiva».

      Ruiz-Gallardón ya ha anunciado que los registradores mercantiles asumirán la gestión de todos los trámites civiles, por lo que en Ceuta las inscripciones pasarían a hacerse en las oficinas de Gran Vía

     ceuta@elpueblodeceuta.es
     El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España se ha alzado contra la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignarles a los registradores mercantiles la gestión de los servicios que presta el Registro Civil. Desde el organismo han manifestado, a través de un comunicado, su “absoluta disconformidad” y explican como desde que hace un año ya se comenzara a hablar de este posible cambio han presentado al Ministerio distintas propuestas que para ellos sí responden a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. “El anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como mercantiles”, señalan en un comunicado.

     “Los registradores ni hemos pedido asumir el servicio ni lo queremos”. Así se pronunciaba en abril de 2013 el registrador de la propiedad y mercantil en Ceuta, Enrique De Elera-San Miguel, en una entrevista con EL PUEBLO. Entonces, ya explicaba cómo el traspaso del Registro Civil al de la Propiedad afectaría sobre todo en ciudades fronterizas como Ceuta, donde se da la dificultad añadida de que el registrador pasaría a ser el responsable de autorizar, por ejemplo, matrimonios entre un ciudadano español y otro extranjero, u otorgar una nacionalidad. En la actualidad es el juez adscrito al Registro Civil el que se encarga de este cometido y la autoridad judicial tiene la potestad para investigar si este tipo de matrimonios pueden ser de conveniencia, pero un registrador no la tiene.

     En el plano práctico, asumir las funciones del Registro Civil supone un cambio radical para los registradores, que se verían obligados a contratar más personal y a tener medidas de seguridad. De Elera-San Miguel señalaba que, como mínimo, tendría que emplear a dos personas del Registro Civil para no empezar el servicio desde cero; un par de vigilantes de seguridad, y un traductor de dariya. Además de contar con un local habilitado para atender a la cantidad de personas que cada día acuden al Registro Civil.

     Justicia asegura la gratuidad

     Mientras, para CCOO el anuncio por parte de Ruiz-Gallardón el pasado martes por la tarde “es una nueva decisión indecente, que atenta contra los derechos de millones de españoles”. El ministro ha asegurado que la reforma garantizará la gratuidad de todos los servicios que hasta ahora ha gestionado el Registro Civil, pero desde el sindicato se muestran recelosos. “Los Registros Civiles fuera del ámbito público, y privatizados, no seguirán siendo ni gratuitos ni universales, y se destruirán miles de puestos de trabajo”, aseguran. CCOO acusa al ministro de haber actuado de forma “desleal” por no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar este asunto “de forma seria y con objetividad”. Por ello, el sindicato exige al ministro que “con carácter inmediato acuda a una reunión de la mesa sectorial de la Administración de Justicia”.

     KPMG será la encargada de vigilar las finanzas de Novagalicia hasta 2016. Es uno de los puntos con que el FROB ha atado la nacionalizada antes del traspaso de poderes a Banesco.
     E.B. / 23-06-2014 • elboletin.com
     El Banco de España ha dejado todo bien atado para el traspaso de Novagalicia a los venezolanos de Banesco. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el supervisor español ha encomendado a la auditora KPMG que escudriñe las cuentas de la maltrecha entidad por los próximos tres años. Ya con Banesco como matriz.

     Las tareas de auditoría para los años 2014 a 2016 han sido encomendadas en virtud de uno de los puntos del orden del día de la última junta de accionistas en la que el FROB concurrirá como casi único titular de esta condición. Y es que, se espera que esta semana pueda cerrarse al fin el traspaso de Novagalicia a sus compradores de Banesco, que han vehiculado la operación a través de su filial en España, Banco Etcheverría.

     Otro de los puntos clave que han salido adelante a propuesta y votación del FROB ha sido la remodelación de su consejo de administración. Los gestores designados por el Banco de España dejan paso a los hombres del mayor banco de inversión venezolano. Javier Etcheverría de la Muela, Juan Carlos Escotet Rodríguez, Francisco Botas Ratera, Raúl Baltar Estévez, Pedro Raúl López Jácome, Carina Szpilka Lázaro y Miguel Ángel Capriles López ya han sido designados para un periodo estatutario de seis años.

     Para evitar escándalos en torno a los sueldos del equipo directivo de la nueva Novagalicia, este lunes se ha fijado también un techo para sus retribuciones. Aunque desde el FROB se destaca que todos los consejeros designados tienen un “marcado corte profesional, amplia experiencia en la gestión y una dilatada trayectoria profesional en el mundo financiero”, se ha determinado que no puedan percibir más de 500.000 euros anuales de salario base y como mucho otros 100.000 euros más en concepto de dietas.

     Además, con una asistencia del 91,2 % de los accionistas -encabezados por el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)-, se han aprobado las cuentas del ejercicio 2013 de la nacionalizada. La heredera de las antiguas cajas de ahorros gallegas ganó 18 millones de euros el año pasado. Asimismo, se ha dado el visto bueno a la gestión desarrollada por el consejo de administración desde la última junta celebrada hasta hoy.

     CCOO acusa al ministro de Justicia de actuar de «forma cínica y desleal» y dice que están en juego 5.000 puestos de trabajo
     el nortedecastilla.es| valladolid  25 junio 2014
     Así mismo, CCOO acusa al ministro de Justicia de haber actuado y seguir actuando de forma cínica y desleal, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar de forma seria y con objetividad sobre los Registros Civiles, como con la sociedad española, privándola de un servicio público en que millones de datos del ámbito personal pasarán a manos privadas. CCOO exige a Gallardón que retire esta decisión inaceptable, tras el anuncio que ha hecho en el día de hoy en el senado.
     El ministro de Justicia quiere privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización «sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo cuando la realidad es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5.000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos».

     Existe suelo para 4 millones de viviendas, según el análisis de RR Acuña
     25-06-2014 inmodiario.com
     Habrá un incremento de la demanda provocado por una mejora en el empleo y por un mayor crecimiento económico. El desajuste entre oferta y demanda (2007-2013) irá disminuyendo lentamente por razón de un creciente número de herencias y por las adjudicaciones pendientes de ejecución. La lentitud en la disolución del stock y el desajuste continuarán presionando los precios a la baja. A efectos de disolución de stock, debemos de considerar que los 4,7 años son algo superiores por razón de las herencias, esto es, hasta los 7 años en 2016. Estas son las conclusiones generales a las que llega la consultora RR Acuña y Asociados en su informe anual 2013 sobre la situación del mercado inmobiliario en España

     Para llegar a estas conclusiones, la consultora entiende que, pese al descenso de un 10,6% en los precios de la vivienda, según el INE, el esfuerzo financiero para la adquisición de vivienda según el Banco de España se ha situado en 2013 en 33,2 (creciendo un 24,3% respecto de 2012) por razón de la pérdida de las exenciones fiscales y el comportamiento de los salarios. Estos dos desajustes por sí solos determinan una caída en los precios, y dentro de ello ha de considerarse que solamente vende aquel que lo hace más barato.

     Además, el número de viviendas en venta en las entidades de crédito sigue creciendo, y la Unión Monetaria Europea exige que se deshagan de estos activos. Las entidades de crédito tienen aproximadamente un 20% de la oferta explícita, y sus ventas representan entre un 25% y un 30% de las ventas finalistas. Dado el nivel de activos en su balance, y que éstos seguirán incrementándose en los próximos años, tendrán que bajar precios para forzar ventas

     Todas las consideraciones determinan que los precios seguirán bajando, toda vez que la oferta se mantiene o sube ligeramente y, solamente, venderá en que lo haga más barato.

     Si se considera el mercado por áreas, subáreas, zonas y productos, la relación entre el stock y las ventas oscila entre menos de un año y más de diez años, sin contar que las herencias y las adjudicaciones amplían este periodo, puesto que incrementan la oferta.
En aquellas zonas cuya relación entre el stock y las ventas se encuentra en torno a un año e inferiores a un año, y además son zonas que coinciden con áreas de población joven donde el peso de las herencias es virtualmente nulo, los precios tienden o tenderán a estabilizarse y en su caso a subir. Sin embargo, eso solo ocurrirá siempre que no existan otras áreas alternativas.

     Suelo para 4 millones de viviendas

     Esta cifra se ha estimado a partir del saldo comprometido en crédito para suelo que aparece en las memorias anuales de las entidades financieras.

     Para la transformación de estos saldos a su equivalente en viviendas se ha empleado el procedimiento residual estático (Orden ECO/805/2003) y según las siguientes premisas de cálculo que establece la citada norma, como son el precio medio de venta de la vivienda terminada en cada área, el coste de construcción medio para la tipología de vivienda de cada área, los gastos generales estimados en el 22% del coste de construcción en concepto de: seguridad y salud, seguros obligatorios, honorarios técnicos, permisos, los  de obra, tasas, y otros gastos del promotor; los gastos de comercialización estimados en el 3% del precio de venta, y el beneficio del promotor estimado en el 18% del precio de venta.

     En general, con la relación existente entre stock y ventas expuesta, hablar de suelo residencial en los momentos actuales es hipotético. Sin embargo, cabe esperar ciertas necesidades de suelo cuando nos referimos a ciertas subáreas y zonas donde estas relaciones son muy bajas, y para ciertas tipologías.

     Donde existe demanda, es posible la promoción en los casos en los que el tenedor del suelo haya dispuesto del mismo a un valor muy bajo sobre su balance, puesto que, con los precios de venta actuales, los beneficios no justifican en muchos casos la promoción inmobiliaria, salvo que lo que se pretenda es liberar inmovilizado a efectos de cancelación de créditos.

     Las promociones que se están realizando en estas áreas lo hacen básicamente bajo figuras jurídicas de comunidades de propietarios y cooperativas, y en suelos propiedad de entidades de crédito, adquiridos a bajo precio y muy provisionados por éstas. En tales casos, lo que pretenden las entidades de crédito es liberar inmovilizado, tal y como exige la normativa impuesta por el BCE, y en su caso, recuperar parte de las provisiones efectuadas.

     Repercusiones sobre los sectores implicados

     Los preceptos normativos exigen la disolución de la empresa cuando su capital haya disminuido por debajo del 25%. Sobre esta pauta ha existido una moratoria para su aplicación hasta el ejercicio 2013, esto es, que todas aquellas empresas que a partir de 2014 se encuentren en esta situación han de afrontar la disolución de la sociedad y adjudicación de bienes a sus acreedores.

     En las últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, las de 2012, de empresas promotoras inmobiliarias, aproximadamente el 30% de éstas se encuentran en situación de disolución, y por otra parte, estas mismas representan a su vez un 30% del crédito concedido por las entidades de crédito y por la Sareb.

     El acato de disolución empresarial, en el medio plazo, supondría una avalancha de traspaso de activos inmobiliarios sobre el sector bancario, quien tendrá que atenerse a su liquidación según las exigencias del BCE. Esto forzará aun más las ventas a la baja por parte de las entidades de crédito. En principio, esta avalancha de activos no supondría una mayor pérdida para el sector bancario puesto que actualmente ya está provisionado el 50% sobre el crédito vivo.

     16-06-2014 Gonzalo Garteiz  lacelosia.com
     Un informe de la organización Clean Clothes Campaign (CCC) sobre las penosas condiciones laborales de los tres millones de empleados del sector textil en los países del Este de Europa, denuncia la falta de respuesta de los grandes grupos, como Inditex, a los que finalmente va destinada la producción, para impedir la explotación laboral de sus proveedores.
     El estudio ha sido realizado in situ en Turquía, Georgia, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Moldavia, Bosnia, Croacia y Eslovaquia, comprobando la organización CCC que la explotación laboral en estos países se asemeja a la de los países asiáticos. La veintena de grandes marcas contratistas, entre las que figuran las españolas Mango e Inditex, contratan con proveedores de países con salarios mínimos miserables, por debajo de los límites de la pobreza que define el Comité Europeo de Derechos Sociales.
     Miles de refugiados sirios son explotados en talleres de Turquía
     Bulgaria, Macedonia y Rumania tienen salarios mínimos en el sector textil inferiores a los de China. En el Sur de Turquía, hay una población, Batman, de casi 400.000 habitantes donde se produce género ‘más barato que en China, y donde se explota sin piedad a refugiados de Siria , que no tienen siquiera permisos de trabajo y a mujeres kurdas. En dos talleres que trabajaban para Zara y H&M, se comprobó que los salarios oscilaban entre 196 y 296 euros mensuales (al cambio de liras turcas) por 10,5 horas de trabajo diario. Estas condiciones eran mejores que las encontradas en otros talleres, donde los salarios de las mujeres sirias sin papeles no superaban los 130 euros y sin disponer de ningún derecho social. En este tipo de talleres no se ponían etiquetas a las prendas para que los trabajadores no pudieran denunciar a las marcas.
     Inditex debe exigir a sus proveedores que paguen el salario por encima del umbral de pobreza
     CCC ha requerido a Inditex y H&M para que tomen acciones inmediatas para que sus proveedores en Turquía respeten las leyes turcas sobre salario mínimo y horas extras a través de todo la cadena de subcontratas. Además, los salarios deben ser elevados con carácter inmediato al mínimo del umbral de la pobreza, que es el 60% del salario medio nacional. Los precios de compra deberían ser calculados sobre esta base, permitiendo incrementos salariales porcentuales.
     En Rumania, los trabajadores que confeccionaban para Inditex denuncian que no ganan el salario mínimo con las horas de trabajo legales y deben hacer horas extraordinarias. En dos talleres, los empleados confesaron a CCC que realizan más horas extra de las que se permiten legalmente y muchas veces se les paga en negro. La organización requiere a Inditex y H&M, marca para la que también trabajaban estos talleres, que imponga la normativa legal rumana sobre pagas extraordinaras y salario mínimo, y también las mismas condiciones salariales que en el caso turco.
     Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en el sector es muy inferior al salario mínimo en la industria. Así, en Turquía es de 251 euros en el textil y de 415 en la media de otros sectores. En Bosnia, de 189 contra 416, en Eslovaquia, de 392 a 627 y así sucesivamente. Los salarios más bajos están en Moldavia y Georgia, con 114 y 132 euros, pero no mucho más es el de Macedonia, 175 euros para textil y 158 para calzado. En Bulgaria, un país miembro de la Unión Europea, los trabajadores, normalmente mujeres, denuncian trabajar hasta 400 horas al mes.
     Zara también es denunciada en Argentina
     A estas denuncias procedentes del Este, hay que añadir en el caso de Inditex las recientes de Chile y Argentina. En Chile, los empleados de tienda se han organizados sindicalmente para luchar contra las condiciones laborales vigentes. Buena parte del personal que ingresa en Zara son jóvenes que deben pagarse los estudios ya que en Chile la educación universitaria no es gratuita y gran parte sólo opta a una jornada parcial de 20 horas semanales, que les proporciona un salario base de 122 euros al mes. Los de jornada completa tienen el sueldo mínimo, que es de 276 euros más un variable del 3% sobre ventas, un punto más de lo que daba hasta que el sindicato consiguiera la subida, según declaraciones de la presidenta de éste, Carmencita Verdugo.
     En Argentina, una ONG, La Alameda, ha denunciado a 114 marcas, entre ellas Zara por esclavismo. Recientemente un taller clandestino ha sido desmantelado por la policía en el que trabajaban y vivían seis bolivianos encerrados y vigilados por un rottweiler, en el que trabajaban 13 horas diarias, con un salario que oscilaba entre 100 y 300 euros mensuales al cambio, según ha informado el diario suizo Le Temps. Se calcula en un 78% el total de la industria textil que basa su operativa en el trabajo ilegal de inmigrantes, mayormente bolivianos, incluso con menores, que son contratados en cerca de 4.000 talleres clandestinos en Buenos Aires.

     En el primer trimestre del año compraron 15.402 viviendas, un 27,2% más.
     Los no residentes compran más y a precios un 7% superiores que hace un año.
     Compran algo más los extranjeros no residentes, con un 52,8% del total.
     Los compradores con mayor peso fueron los británicos (13,8%), franceses (10,5%), rusos (8,4%), alemanes (7,5%) y belgas (6,9%).
     Europa Press. 24.06.2014 –  20minutos.es
     Ya sea porque los españoles no estamos para comprar, como consecuencia de la crisis, o porque los foráneos quieren aprovechar los chollos del mercado, el caso es que los extranjeros compran ya una de cada cinco casas vendidas en España, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado.
     Son uno de los principales motores de crecimiento de la compraventa de viviendasAsí, los extranjeros compraron 15.402 viviendas libres en España durante el primer trimestre del año, un 27,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representó el 19,4% de los inmuebles vendidos en esos meses. Con estas cifras, los notarios certifican que los compradores extranjeros «se constituyen como uno de los principales motores de crecimiento de la compraventa de viviendas».

     En la distribución de las operaciones realizadas por extranjeros pesaron más las realizadas por no residentes, con un 52,8% del total tras un incremento del 18,5%. Con todo, la compraventa de viviendas por parte los residentes fue la que experimentó un mayor repunte, con un 38,9% interanual. El aumento lo explicaría “la normalización de las transacciones tras la finalización de la deducción por compra de vivienda en el IRPF en 2012″, dicen los notarios.

     La estadística notarial refleja además que los extranjeros no sólo están comprando más vivienda en 2014, sino que además lo hacen con precios un 1,3% más caros, hasta los 1.588 euros por metro cuadrado. «En principio, la evolución del precio por metro cuadrado parece apuntar hacia una estabilización del ajuste en precios observado hasta el momento», señalan al respecto los notarios. No obstante, este repunte se explica por las viviendas adquiridas por los no residentes, con un incremento del valor del 7%, frente a las adquiridas por los extranjeros residentes, que presentaron un precio un 6,4% inferior al del primer trimestre de 2013.
     La compraventa por parte de los extranjeros residentes ha crecido casi un 40% interanual. Por nacionalidad, los compradores con mayor peso en el total de las compraventas por parte de extranjeros fueron los británicos (13,8%), franceses (10,5%), rusos (8,4%), alemanes (7,5%) y belgas (6,9%), que aglutinan prácticamente la mitad de estas transacciones. Si bien fueron los estadounidenses los que presentaron el mayor incremento en las transacciones hasta marzo, con un 88,9% más en tasa interanual, por delante de los chinos (+83,1%), irlandeses (+78%), franceses (+69,8%) y rusos (+62,6%).

     En cuanto a la distribución geográfica de las transacciones, la mayor parte de las compras de viviendas por parte de extranjeros se concentra en las regiones costeras, por el peso de la demanda de vivienda vacacional. Así, estas transacciones crecieron en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha (-24,6%), Castilla y León (-20,1%) y Galicia (-20,2%).

     Los mayores incrementos se registraron en el País Vasco (+43,3%), Cataluña (+41,1%), Baleares (+36,4%), Asturias (+34,8%), Andalucía (+32,5%) y Canarias (+23,8%). En las regiones del interior destaca el fuerte crecimiento de la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en Madrid (+42,5%) y La Rioja (+23,1%), seguidas de Extremadura (+8,8%) y Aragón (+3,6%).

     Del mismo modo, el mayor incremento del precio pagado por los extranjeros hasta marzo se encuentra en Cantabria (+33,9%), por delante de Asturias (+27,7%), Baleares (+27,4%), La Rioja (+22,5%), Madrid (+15,3%) y la Comunidad Valenciana (+9,8%). El resto de las comunidades autónomas experimentaron descensos de precios.

     Justicia ha anunciado que encomienda el trabajo a los registradores mercantiles, pero el Colegio Oficial rechaza este movimiento
     Los ciudadanos siguen obligados a registrar nacimientos, defunciones o matrimonios y los trabajadores temen que se pierdan más de 2.000 puestos de trabajo al amortizar plazas
     «Los registradores de la propiedad dijeron que no lo harían gratuitamente pero los mercantiles han dicho que sí», justifica el ministerio, pero el decano de estos funcionarios lo niega
     Raúl Rejón  26/06/2014 – eldiario.es
     Nadie quiere hacerse cargo del Registro Civil. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni los registradores de la propiedad están dispuestos a gestionar este servicio público. Los trámites son una obligación legal de los ciudadanos, que deben consignar nacimientos, matrimonios, defunciones o nuevas nacionalidades. Sólo en 2012 los registros españoles hicieron 1.307.027 operaciones, de las que más de 450.000 fueron nacimientos y unas 402.000 defunciones.
     Pero no está claro quién será el que gestione toda esta documentación. El Ministerio de Justicia decidió pasarla a los registradores de la propiedad, pero la pelota regresó de estos otra vez al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, y desde allí pasó otra vez al registro, ahora en concreto a los registradores dedicados a lo mercantil. Y en medio de este traspaso de patata caliente están los ciudadanos, que no tienen más remedio que acudir al registro y que, a pesar de que el ministro lo ha negado, ven en este tema la sombra del copago.
     Y además están los trabajadores de los registros civiles, que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán despedidos. Los sindicatos calculan «una gran pérdida de empleo». Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán afectados, de los que «al menos el 50% son funcionarios interinos cuyas plazas se perderán» al pasar el servicio a oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.
     El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios de su competencia «fijos o interinos», pero la gran mayoría de este cuerpo de los registros depende de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. María Novoa, de CCOO, pone el ejemplo del Registro Central de la calle Pradillo, «donde la interinidad llega al 60%». Todos esos puestos pueden amortizarse «más los que tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo puesto en el registro se esfume», subraya.
     Gratis, no
     Una ley orgánica aprobada en 2011 sacaba los registros civiles del ámbito de los jueces y consignaba esta labor a los secretarios judiciales o «funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya». Pero el actual Ministerio de Justicia tomó la decisión de librarse de este cometido y encomendárselo a los registradores de la propiedad a finales de 2012. La ley debía activarse en julio de este año, pero ya está previsto su retraso.
     «Los registradores nos dijeron finalmente que no lo harían gratuitamente», cuentan ahora fuentes del Ministerio. Así que se desistió de ese proyecto que para haber cuajado necesitaba culminarse como una suerte de privatización: que los usuarios pagaran por los trámites para compensar a los registradores. Pero no se abandonó la idea de deshacerse del servicio. El martes pasado, Gallardón se desmarcó con un nuevo movimiento: los registradores de lo mercantil también lo serán de lo civil. Suman unas 120 oficinas en toda España.
     Así que un grupo de registradores de la propiedad en el ámbito mercantil ha decidido que sí asumirá este trabajo sin recibir nada a cambio, aducen ahora en Justicia. Pero el Colegio Oficial lo rechaza de plano y dice que «el Registro Civil es demasiado y su costo, ni el propio Gobierno sabe cuál es». Además, se atreven a vaticinar que «el Ejecutivo pretende que esta carga tremenda la soporten los registradores o, de manera indirecta, los usuarios del Registro Mercantil». Es decir, que barruntan que se suba el precio a esos trámites.
     Trasladada la cuestión al Ministerio de Justicia, un portavoz ha contestado a eldiario.es que «no está previsto subir aranceles» para los trámites habituales del Registro Mercantil y no se piensa trasvasar una partida económica compensatoria. «El volumen de negocio de los mercantiles es más constante, menos sujeto a vaivenes de crisis económica», analizan fuentes del Ministerio para explicar por qué podrían asumir las labores de Registro Civil sin compensación. «La inmensa mayoría de los registrados no quieren esta función», responde el decano del Colegio Oficial, Gonzalo Aguilera.  
     Al final del túnel, lo que sospechan los trabajadores del Registro Civil con los que ha consultado eldiario.es es que «los primeros registros serán gratuitos y lo que se haga electrónicamente también, pero terminarán por pasar una tasa por otros trámites». En esa línea, el colectivo de registradores ve «razonable un sistema mixto» en el que algunas cosas no se cobren y otras sí.
     Lucha interna de registradores
     Tras el anuncio del ministro en el Senado esta semana, el Colegio Oficial de Registradores ha entrado en erupción: «No queremos el registro y la mayoría de los colegiados así lo han expresado», ha reiterado el decano Aguilera. ¿Y los registradores que han impulsado el proyecto en el Ministerio? «Son un grupo minoritario», ha contrapuesto Aguilera. El propio decano ha hablado de «posible cisma en el colectivo». De hecho, no existe un grupo independiente de mercantiles. Son todos registradores de la propiedad cada uno con una función.
     Lo cierto es que en el colegio hay una tensión interna entre los que quisieron hacerse con el Registro Civil y los que no aceptaron gestionarlo «gratis». Esta división se trasladó a las últimas elecciones del colegio, en las que se impuso la mayoría del ‘no’ al registro. Pero los movimientos subterráneos no se han detenido, a la luz de la reforma ahora anunciada por el Ejecutivo.
     Para completar el poliedro, Justicia estima que «habrá mucho menos trabajo con la digitalización general». Hasta un 85% menos de certificaciones, dicen.  «Los nacimientos y defunciones las harán los médicos y forenses automáticamente», ha asegurado un portavoz

     Convocan una nueva concentración ante la sede de los Juzgados de León ante la decisión «unilateral» del Gobierno para privatizar el servicio
     leonoticias.com       26/06/2014

     Los trabajadores de los Juzgados de León se han concentrado este jueves para mostrar el rechazo al anuncio del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil y encargar la gestión futura a los registradores mercantiles, decisión adoptada “unilateralmente” por este Ministerio.
     Por ello, han exigido la “retirada inmediata” de esa decisión y la convocatoria de una mesa de negociación para definir las bases de un Registro Civil público, gestionado por funcionarios de Justicia.
     Con la anunciada privatización del Registro Civil, los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, según lo manifestado recientemente por el ministro de Justicia. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos días, tras acordar estas modificaciones.
     Para CSIF, la decisión que adopta el Ministerio de Justicia es un “despropósito” y “duda mucho” de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro Civil, porque “finalmente serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio”. “Tampoco nos ofrece credibilidad la afirmación de que se conservarán los puestos de trabajo en la Administración de Justicia”.
     El sindicato considera que no hace falta privatizar el Registro Civil para hacerlo más eficaz, sino “voluntad política y apuesta decidida por lo público y, sobre todo, por aprovechar la formación, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil”.
     “No impulsar dicha alternativa pública, invirtiendo en mejorar los actuales medios personales y materiales para continuar con la modernización de este servicio, que debería seguir siendo público, gratuito y universal, para todos los ciudadanos, pone en evidencia los intereses ajenos al bien público que hay detrás de la decisión del Ministerio de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles”.

     Temen que se ocasiones un perjuicio irreparable» para el ciudadano y no ven «creíble» la gratuidad que anuncia el Gobierno
     Agencias 27/06/2014 publico.es

     La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha amenazado con convocar movilizaciones si el Registro Civil es finalmente asumido por registradores mercantiles y han advertido de que «no es creíble» que no cobren por esta función, como sostiene el Gobierno.
     Los secretarios judiciales teme que se acaben introduciendo aranceles o que se encarezcan los trámites meramente mercantiles.
     La asociación ha manifestado que no le sorprende el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puesto que se trata de la «segunda tentativa de privatizar» los registros civiles después de que «fracasara» su intención de atribuirlos a los registradores de la propiedad, informa Europa Press.
     A su juicio, se trata así de un nuevo intento de privatización que conlleva un «perjuicio irreparable» para el ciudadano. Recuerda que recientemente presentaron al Ministerio de Justicia un plan alternativo en virtud del cual defendían la «plena capacitación» de los secretarios para asumir esta competencia «a coste cero para el ciudadano y de la Administración».
     Por último, han criticado la «política privatizadora» emprendida por el departamento de Gallardón que se cristaliza, a su juicio, en los proyectos de jurisdicción voluntaria, la anunciada externalización de las notificaciones de resoluciones procesales y la ejecución de las mismas a «órganos ajenos a la Administración de Justicia».
     «Todo ello implicaría un perjuicio tanto económico como de servicio irreparable para el ciudadano», ha concluido en un comunicado.

     700 interinos en registros de CCAA con competencias
     27/06/2014
     La digitalización solo ha alcanzado al 50% de los Registros Civiles y no es suficiente para que las Administraciones se intercambien los datos
     Madrid, 26 (europa press)  iustel.com
     El Ministerio de Justicia prevé que la informatización del futuro Registro Civil evitará gran parte de los desplazamientos de los ciudadanos a estas oficinas y permitirá que las Administraciones accedan directamente a esa información, por lo que el 85% de las actuales certificaciones serán innecesarias y se reducirán en tres millones anuales, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.
     Las certificaciones del nuevo Registro Civil se expedirán a través de Internet. Así por ejemplo, los allegados de una persona fallecida podrán solicitar electrónicamente los certificados de defunción para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil o los servicios de agua, luz o gas que tenía contratados.
     Cuando la certificación en papel sea precisa, se podrá acudir a las oficinas del Registro Civil, las oficinas de Notaría o los juzgados de paz.
     El Ministerio de Justicia pide no confundir los trabajos de «digitalización» realizados durante estos años con la «informatización», que es indispensable para tratar los datos y conseguir la interoperabilidad entre las Administraciones.
     La reforma del Registro Civil busca un fin «más ambicioso» que la simple digitalización de las imágenes. Sobre todo en las dos legislaturas anteriores, el Estado hizo una gran inversión en la digitalización de los libros, pero no se extendió a la información anterior a 1950 ni alcanzó a todos los registros.
     De esta manera, después de casi 10 años de inversiones, el 50 por ciento de los registros civiles no están digitalizados, según el Ministerio, que pide no confundir tampoco la plataforma desarrollada por el Colegio de Registradores para tramitar los expedientes de nacionalidades con la que se implante en el Registro Civil.
     Este servicio público, que mueve cada año 3,3 millones de trámites, inscribe los nacimientos, defunciones, matrimonios, separaciones, inapacitaciones, cambios de apellido y otros actos de la vida civil de las personas.
     Reubicación de funcionarios en la misma ciudad
     Según las fuentes consultadas, cerca de 4.800 funcionarios trabajan en los Registros Civiles, exceptuando a jueces y secretarios judiciales. De ellos, 1.400 lo hacen en el ‘territorio Ministerio’ y 3.400 en las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
     El 20% del personal está formado por funcionarios interinos, trabajando 300 en el ‘territorio Ministerio’ y 700 en las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
     El Ministerio garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de los interinos e intentará su reubicación en la «misma ciudad o en una cercana», según las fuentes consultadas.
     Los 700 restantes dependen de la decisión de las otras comunidades, aunque Justicia confía en que puedan reforzar esos puestos de trabajo dado que han reclamado convocatorias de plazas estos últimos años.

     Consideran que el proyecto del ministro incluye unos costes «altísimos» para el colectivo que repercutirán en el usuario de lo mercantil
     Jesús Poveda   26-06-2014 – cadenaser.com

     El colegio de Registradores de la propiedad y lo mercantil no quieren asumir la gestión del registro civil tal como ha propuesto el ministro Gallardón. Critican la falta de previsión de Justicia y que no se hayan puesto en contacto con ellos. Aseguran que la puesta en marcha del modelo propuesto supondría un coste demasiado alto que tendrán que pagar los propios registradores de su bolsillo.
     Los registradores se niegan a asumir la organización del Registro Civil, porque supondrá un coste demasiado alto, que tendrían que sufragar ellos mismos. El cambio de modelo, apenas detallado por el equipo de Gallardón, «tendría un coste altísimo, y lo más probable es que no funcionara adecuadamente sin un sistema de financiación necesario», asegura Gonzalo Aguilera, el decano del Colegio de Registradores.
     Creen que los usuarios terminarán pagando la reforma. Los costes de los registros en lo mercantil y de la propiedad aumentarían para poder compensar la gratuidad de los servicios de registro civil.
     El colegio teme que, si se implanta el modelo de Gallardón, interfiera en su actual trabajo y el registro mercantil y de propiedad deje de funcionar correctamente. Además, las condiciones de implantación supondrían un coste añadido que tendrían que pagar los registradores por su cuenta al ser un servicio gratuito. «Y esto sería contrario al derecho europeo, que ordena que los costes de lo mercantil o la propiedad se destine a financiar, exclusivamente, el registro de esa misma naturaleza», dice Aguilera.
     Falta de concreción y comunicación
     El decano ha criticado también que el ministerio no se haya puesto en contacto con ellos una vez hizo pública su intención del cambio de gestión en el Senado. Y no ven probable la implantación del nuevo modelo ya que no hay una memoria económica, que debe incluirse en cualquier proyecto legislativo.
     Avisan de que se podría producir un cisma en el cuerpo de registradores, porque hasta ahora, según dicen, el ministerio solo se ha dirigido a los de lo mercantil, pero el cuerpo de registradores es único y se compone de lo mercantil y la propiedad.
     Cuatro propuestas
     El cuerpo de registradores no tendrá más remedio que asumir esta gestión si el gobierno así lo decide en firme. Y en tal caso han propuesto cuatro alternativas al modelo hasta ahora perfilado por Justicia. En primer lugar que esta reforma se lleve a cabo con el mismo consenso que ya se consiguió con la ley de 2011. Un marco que entraría en vigor el mes próximo, de no ser por la prórroga del gobierno.
     Proponen, además, que la gestión de lo civil y lo mercantil se separen para no interferirse mutuamente. Creen, en tercer lugar, que sería más eficiente utilizar el propio sistema informático del colegio para realizar los expedientes de lo civil, al contrario de lo que propone el ministerio. Y como última sugerencia, pero indispensable, los registradores ven necesario un sistema de financiación adecuada.

     Conflicto con Justicia
     Madrid  26-06-2014  cincodias.com
     Gonzalo Aguilera, presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y Beatriz Corredor, directora de Relaciones Institucionales.
     “Los registradores de la propiedad y mercantiles no queremos asumir la gestión del Registro Civil”. Así de tajante se mostró el presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, para mostrar su absoluta disconformidad con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil. “Los registradores de la propiedad y mercantiles no pretendemos obtener ningún beneficio con la gestión del Registro Civil, pero no queremos tener que soportar los costes de este servicio público”, señaló Aguilera.
     Entre sus sugerencias, el Colegio reclama el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil de 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza; la separación entre el Registro Civil, el de la Propiedad y el Mercantil; la gestión desde una plataforma tecnológica desde el Colegio y un sistema adecuado de financiación. Aguilera defendió un cambio del modelo de gestión del Registro Civil en el que se mantenga la gratuidad de determinados actos como la inscripción de los nacimientos y las defunciones, pero que el usuario pague por el cambio de apellidos o la inscripción de separaciones, divorcios o capitulaciones matrimoniales.
     Si ahora se decide que el Registro Civil deje de sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los registradores de la propiedad advierten que los costes los tendrán que soportar ellos mismos y los usuarios. “Me llama poderosamente la atención la propuesta del Ministerio de que el servicio público del Registro Civil, que ahora gestionan 452 juzgados y 8.000 juzgados de paz, pase a ser prestado por cien registradores con sus propios medios”, apuntó.
     El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, justificó la petición realizada a los registradores como una vía para agilizar “la resolución de las necesidades de los ciudadanos”. Román aclaró que en ningún caso supondrá la privatización de los servicios y que seguirá siendo un servicio público gratuito.

     El cambio de gestión decidido por Justicia pone en pie de guerra al colectivo
     Vera Gutiérrez Calvo Madrid 26 junio 2014 – elpais.com
     El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.
     Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un «cisma en el seno del Colegio», entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). «Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil», ha aseverado el decano.
     Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el «modelo de gestión» del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.
     Financiación a costa de los registros
     El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también «la inmensa mayoría de los registradores mercantiles», y ha apuntado a que son «los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio» los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador.
     Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea. Sería además, en su opinión, un agravio para los usuarios de los registros mercantiles, que verían que los aranceles que ellos pagan se usan indirectamente para mantener el Registro Civil. «¿Qué pensará un autónomo cuando vea que lo que él paga para registrar un acto de su empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro ciudadano?», ha planteado.
     El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha respondido a Aguilera que «por supuesto» se reunirá con él en cuanto lo pida, pero ha insistido en que la decisión de delegar la gestión del Registro Civil en los registradores mercantiles está tomada, y la de mantener la gratuidad también. Según Bravo, no es cierto que la inmensa mayoría de los registradores mercantiles estén en contra de esa decisión. «Hemos hablado con ellos y entienden que son funcionarios públicos y que tienen que asumir ese nuevo cometido», ha dicho. Bravo ha negado también que se vulnere normativa europea. Y ha apostillado que, si se aplicara la doctrina de que el usuario del registro mercantil solo debe pagar lo que cuesta su trámite particular, «a lo mejor habría que acabar revisando los aranceles» en su totalidad, lo que revertiría en un menor beneficio para el registrador. El cambio de gestión del Registro Civil no será una realidad hasta dentro de uno o dos años.

     Gallardón rechaza las alternativas del Colegio de Registradores
     El ministro pretende asignar a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil
     Aguilera afirmó que la mayoría de los registradores mercantiles están en desacuerdo
     María Peral – Madrid 26/06/2014 elmundo.es
     El Colegio de Registradores ha manifestado su «absoluta disconformidad» con la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignar a los registradores mercantiles (integrados en ese mismo Colegio) la gestión del Registro Civil, uno de los servicios que más quejas motivan de los ciudadanos.
     El presidente del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa que es inviable que el centenar de registradores mercantiles que hay en España, «con sus propios medios y a su costa», asuman el funcionamiento de todos los registros civiles de España.
     Aguilera afirmó que «la práctica totalidad» de los registradores mercantiles están en desacuerdo con la decisión de Justicia y sólo la apoyan «un grupo de registradores muy minoritario que está trabajando con el Ministerio», una situación que le preocupa porque puede conducir a un «cisma» en el Colegio.
     El decano aseguró que Justicia ha rechazado todas las alternativas que el Colegio ha planteado. «Cuando se habla de la gratuidad del Registro Civil lo que se pretende es que los gastos los asumamos nosotros. Pero quizá no sólo nosotros», dijo Aguilera, que se preguntó qué va a pensar el empresario autónomo cuando sepa que «al abonar la inscripción de su sociedad en el Registrado Mercantil está financiando las capitulaciones matrimoniales de otra persona».
     «Nosotros no queremos obtener beneficio, pero tampoco queremos ser los que soportemos los costes» del Registro Civil, hasta ahora con cargo a los presupuestos del Estado.

     El Gobierno transfiere el servicio del Registro Civil, aunque aplaza la puesta en marcha a 2015

      Javier Pajarón  26/06/2014 lavozdealmeria.es

     Y al final del camino, el Registro Mercantil. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deshoja la margarita de meses de negociación y anuncia la cesión de las competencias de los Registros Civiles al Registro Mercantil.

     Gallardón confirmó en el Parlamento la conclusión del periodo de conversaciones con operadores administrativas, un proceso que ha tocado a notarios y registradores de la propiedad, y finalmente iniciará la desjudicialización con el acuerdo alcanzado con el Registro Mercantil.

     El Ministerio de Justicia salva así el callejón sin salida en el que se encontraba con la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de los Registros Civiles, prevista para finales del mes de julio. Gallardón quería sacar de las sedes judiciales este servicio, básico para las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción o nacionalidad, pero obligaba a asumirlo (al menos inicialmente) de forma gratuita para el ciudadano. Los registradores de la propiedad se negaron y el Ministerio de Justicia opta por el Registro de lo Mercantil y por un aplazamiento de la puesta en marcha, prorrogada hasta “2015 ó 2016”.
     Protestas del sector
     La solución no satisface a la gran mayoría de los operadores jurídicos. En Almería, los sindicatos llevan meses de protestas semanales contra la reforma. Les preocupa especialmente los posibles costes para los usuarios de un servicio hasta ahora gratuito y la pérdida de puestos de trabajo. Según las estimaciones del sector, en todo el país se perderían 5.000 plazas por la privatización del Registro Civil, unas 50 en la provincia de Almería.

     CCOO anuncia una huelga en la Administración de Justicia para mostrar el rechazo a la medida. “Los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito”, señala la organización sindical.

     CSIF critica la privatización y asegura que el Registro Mercantil  “tendrá ayuda en forma de aranceles, subvenciones y convenios”. “Con los medios actuales el Registro Civil electrónico podría ser una realidad; se podría ahorrar ya millones de euros y miles de horas de trabajo que se podrían usar para reforzar otros servicios”, añade.

     Actualmente existen Registros Civiles en cada una de las ocho sedes cabeceras de partido judicial de la provincia de Almería (Almería, Berja, Roquetas, Purchena, El Ejido, Los Vélez, Huércal-Overa y Vera) y están adscritos a una Juzgado de Primera Instancia. En ellos trabajan entre 50 y 60 funcionarios de Justicia, muy atentos a la evolución del proyecto de traspaso de competencias gestado en Madrid.

     El Ministerio de Justicia oficialmente insiste en la gratuidad para el ciudadano. “Finalmente, se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano”, señala una nota.

     Pilar Muñoz – jueves, 26 de junio de 2014 latribunadeciudadreal.es
     Dicen que les ha pillado por sorpresa y que se confirma sus temores de que los registros civiles queden fuera del ámbito judicial
     El ministro Ruiz Gallardón «ha confirmado lo que nos temíamos: el Registro Civil va a quedar en su integridad fuera del ámbito judicial», aseguran los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia adscritos a los Juzgados de Ciudad Real.
Han peleado para evitar que los registros civiles se privaticen. Por ello hoy, vuelven a la carga con una jornada de protesta en las puertas de los Juzgados.
     Como un jarro de agua fría ha caído en los Juzgados de Ciudad Real el anunció del ministro de Justicia en el Senado respecto a la decisión del Gobierno de encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.
     Gallardón ha asegurado que todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano, algo que no se creen los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia porque «no van a trabajar gratis. Quizá no se cobre la primera solicitud, pero sí las próximas o segunda en el caso de un matrimonio separado por poner un ejemplo», señalaron a este diario.
     Insisten en que sus temores se han confirmado con el anuncio, pero no van a cejar en su batalla.

     Agencias diarioSigloXXI.com , 22 de junio de 2014, Madrid – Europa Press

    El Bloque Nacionalista Galego (BNG) planteará este martes al Pleno del Congreso la posibilidad de que los titulares de hipotecas sobre la primera vivienda que se hayan visto afectados por la estafa en la comercialización de las participaciones preferentes o deuda subordinada no puedan perder su piso por impago mientras no se les devuelva el importe íntegro de su inversión o recuperen la capacidad de pago.

     Así se recoge en una proposición de ley de los nacionalistas gallegos que modifica la Ley de Reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobada en noviembre de 2012 y en la cual se establecía el principio de participación en las cargas, que obliga a que los tenedores de productos híbridos como las preferentes asuman parte de las pérdidas de las entidades financieras, así como parte de los costes del rescate bancario aplicado por la UE.

     Este principio plantea, según el BNG, «importantes problemas» en este caso, en el que tanto las propias entidades bancarias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han reconocido que se dieron «casos de mala praxis comercializadora al colocar estos productos a clientes sin la debida formación financiera o que demandaban otro tipo de producto».

     Así, aplicar el reparto de cargas también a estos pequeños ahorradores se «generan importantes e injustos perjuicios», que la Administración debe evitar. Y, para ello, el Bloque propone modificar la Ley de Reestructuración Bancaria para «evitar que los ahorradores sufran pérdidas» y garantizar que puedan recuperar la totalidad de su inversión, sin discriminación temporal en el acceso al procedimiento y sin tener que acudir a la vía judicial.

     Acreditar que se es ahorrador

     Para dirimir a quiénes se les debería dar esta posibilidad, el BNG propone que tengan derecho a la recuperación de las cantidades invertidas «sin pérdida ninguna» los clientes minoristas no profesionales, es decir, a los que no se les puede presumir experiencia, conocimientos y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.

     En todo caso, debería incluirse en este grupo a las personas que no tuvieran contratado ningún producto de inversión significativo en relación con su posición de liquidez antes de adquirir las preferentes, a quienes acrediten que en el momento de la contratación «deseaban mantener la disponibilidad de sus ahorros», a aquéllos que por edad, situación personal o falta de formación deben ser considerados ahorradores, a quienes tengan perfiles similares a los casos aceptados por el arbitraje o las sentencias judiciales favorables, y a todos los que puedan demostrar que no recibieron una información adecuada.

     Para identificar a estas personas las entidades financieras deberían contratar a un tercero «independiente, de acreditado prestigio y formación» que analice todos los contratos vigentes, usando si es necesario la vía del arbitraje. Durante todo este tiempo, quedarían en suspenso las medidas de reparto de costes que están en vigor.

     Además, el Bloque cree que estas previsiones deben ser de aplicación para los titulares de instrumentos híbridos de entidades financieras nacionalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tuvieron que acogerse al canje o a la conversión obligatoria de sus títulos en acciones, «siempre que se determine su condición de ahorrador mediante un procedimiento de arbitraje o similar» y optando a la misma opción de recuperar su dinero sin pérdidas.

     En el caso de los ahorradores con participaciones preferentes o deuda subordinada que tengan también un crédito hipotecario de la misma entidad sobre su primera vivienda, el Bloque defiende que no se les podrá ejecutar la hipoteca u otras garantías por imposibilidad para pagar la cuota «en tanto no les sea devuelto íntegramente el nominal invertido o recuperen la capacidad de pago».

     Xavier Gil Pecharromán 26/06/2014 – eleconomista.es
     Mientras, algunos mercantiles consideran el traspaso un «orgullo»
     CCOO y CSI-F, convocaban ayer huelga en el sector de la Justicia
     Algunos decanos territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechazaron ayer el anuncio del ministro de Justicia de que los mercantiles se van a hacer cargo de la gestión del Registro Civil.
     El decano, Gonzalo Aguilera Anegón, y los miembros de la Junta de Gobierno explicaron su desacuerdo ante las medidas anunciadas, argumentando, entre otras cosas, que se ha dividido la profesión en dos especialidades diferentes, puesto que hasta el momento forman un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente Registros de la Propiedad como Mercantiles.
     Sin embargo, fuentes solventes del Ministerio de Justicia negaron que se pretenda modificar el estatus funcionarial de los registradores, aunque sí que se les van a ampliar sus competencias con el Registro Civil y otros Registros que se han ido creando mediante diversas leyes en los últimos meses.
     Los responsables del Colegio piensan resistirse a esta medida, y argumentaron también, la colisión de las medidas adoptadas por el Ministerio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que éste ha publicado sentencias en las que podría deducirse que no admite la doctrina que el dinero recaudado por un Registro Mercantil se use para otro distinto.
     Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que «la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente».
     Mientras tanto, un grupo de registradores mercantiles aseguraron ayer a Europa Press, que «no hay trampa ni cartón» en la decisión del Ministerio de Justicia y que este será gratuito para el ciudadano y para la Administración. También, manifestaron su «orgullo» por la confianza que el Gobierno ha depositado en ellos y en su experiencia, contrastada en la gestión de la información de las personas jurídicas. «Solo pedimos que el público valore nuestro sacrificio», dicen.
     Por otra parte, CCOO y CSI-F, convocaban ayer huelga en el sector de la Justicia en toda España.
     CCOO afirmaba en una nota que «esta decisión de Gallardón busca reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular».
     Por su parte, CSI-F afirma que «la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por su parte».
     Sin embargo, según Justicia, estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44 por ciento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

     25/06/2014 Origen: Redacción NJ noticiasjuridicas.com
     La decisión del Ministro de Justicia de los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil ha despertado fuertes reacciones entre los principales colectivos afectados por la medida.
     El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
     Los Registradores expresan su «absoluta disconformidad»
     Los registradores han hecho pública una nota por la recuerdan que ya en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril del pasado año, como en las distintan reuniones mantenidas con el Ministerio, manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil.
     Por ello lamentan que no se hayan atendidos sus propuestas que, «a diferencia de la decisión adoptada respondían a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil».
     Según la nota del Colegio de registradores, el anuncio de Gallardón pone de relieve su «desconocimiento» sobre la estructura del cuerpo de registradores, «formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles».
     «Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia», añaden.
     El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, «cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza».
     Asimismo ha expresado su «preocupación y malestar» por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un «cisma» en el cuerpo de registradores después de «financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos».
     La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, «sin detrimento del interés general».
     Los Secretarios judiciales acusan a Gallardón de privatizar el Registro Civil
     Por su parte, las asociaciones de secretarios judiciales han reiterado sus anteriores críticas y acusado al ministro de Justicia  de «privatizar» el Registro Civil  e «infravalorar» a los fedatarios públicos frente a funcionarios «semiprivados» como registradores o notarios.
     Así, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicado de Secretarios Judiciales (SISEJ), Rafael Lafuente, ha calificado de «burda mentira» considerar a los registradores mercantiles funcionarios públicos, puesto que funcionan como «empresarios» al quedar desvinculados del servicio público y cobrar por arancel tras superar la oposición.
     «Es un paso más a la privatización y al desmantelamiento de la Administración de Justicia», ha advertido Lafuente para añadir que se une a otras medidas como las tasas judiciales o el aumento de competencias a otros colectivos.
     Por otra parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha criticado la «deriva privatizadora» del Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, y le han acusado de «infravalorar» a los fedatarios públicos frente a otros colectivos como notarios,  registradores o procuradores.
     Esta asociación ha mostrado su «frontal» rechazo al anuncio de Gallardón de encomendar el Registro Civil a los registradores mercantiles y le han exigido un cambio de rumbo en lo que queda de legislatura para dar valor a la figura del secretario judicial.
     A pesar de las «buenas palabras» que los representantes ministeriales han transmitido al colectivo, la asociación sólo ha constatado que su hoja de ruta la están trazando de espaldas a los secretarios judiciales. «El Cuerpo secretarios judiciales está siendo infravalorado, cuando no despreciado, por este Ministerio», ha remachado.
     En este sentido, ha denunciado que el Ministerio está encomendando cada vez más funciones a «profesionales ajenos a la Administración de Justicia», como demuestra la jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria o el Registro Civil, donde se aumenta el poder de los notarios.
     La UPSJ ha denunciado además el «trato discriminatorio» que reciben los secretarios judiciales por días de asuntos propios frente a jueces o fiscales o en cuanto a subvenciones a sus asociaciones. (EUROPA PRESS)

     El Ministerio de Justicia resolvió casi 450.000 expedientes de nacionalidad en los dos últimos años
     E. Carbajales, Vigo | 25 Junio 2014 – cronicasdelaemigracion.com
     Tras dos años de funcionamiento, el Plan Intensivo de Nacionalidad resolvió un total de 448.261 solicitudes de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, la mayoría de forma favorable, pero todavía quedan pendientes por resolver 168.000 expedientes.
     El Plan Intensivo de Nacionalidad se puso en marcha en junio de 2012 con la firma de una encomienda a los registradores de la propiedad para que tramitaran expedientes de nacionalidad y se amplió el pasado mes de abril con una encomienda a los notarios.  En un principio, se daba de margen un año para tener los expedientes actualizados pero tras dos años de funcionamiento quedan por resolver 167.000 expedientes anteriores a 2013. Actualmente, la espera media para la resolución de un expediente de nacionalidad es de dos años.
     Según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, con fecha del pasado 1 de junio, se habían digitalizado en los dos últimos años un total de 612.287 expedientes y 170.530 expedientes complementarios, lo que supone más de 38 millones de páginas digitalizadas.
     Este proyecto nace para acabar con el retraso en la tramitación de la nacionalidad que se acumulaba desde 1995 y que supuso que a 31 de diciembre de 2011 hubiese más de 465.000 expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de tramitación, lo que equivale a dos años y medio de retraso. A estos expedientes había que sumarles las más de 13.000 nuevas solicitudes de nacionalidad que se contabilizan cada mes.
     En estos dos años, el número de expedientes tramitados por los Registros ascienden a 488.265; los expedientes en los que se ha solicitado información adicional al promotor son 62.889 y los expedientes informados por los registros ascienden a 463.992.
 
     Plan Intensivo de Nacionalidad
     El Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) se puso en marcha el 26 de junio tras la firma entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Alfonso Candau Pérez, de una encomienda para que los más de mil registradores de España tramitasen sin contraprestación económica expedientes de nacionalidad y pusiesen todos sus recursos humanos y técnicos al servicio de dicha encomienda con el objetivo de poner fin al retraso administrativo en el plazo de un año.
     Otro paso más en el objetivo de acabar con el retraso acumulado fue la firma de otra encomienda con el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, por la que los notarios colaborarán, igualmente sin contraprestación económica, en la realización de las Juras o Promesas de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las Leyes, trámite imprescindible para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
 
     Digitalización masiva
     La puesta en marcha del PIN comenzó con el traslado de los expedientes de papel a unas nuevas dependencias habilitadas para ello y a partir de ahí se comenzó con la digitalización masiva para transformar todo ese papel en documentos electrónicos. En total se digitalizaron 38.219.658 páginas.
     A partir de ahí se creó un sistema de archivo electrónico que permite evitar el colapso en las actuales dependencias y una infraestructura tecnológica para la tramitación electrónica de los expedientes. Posteriormente, se creó una red de comunicación que permite completar los expedientes con toda la documentación precisa para su resolución y se distribuyeron a la totalidad de los Registros de la Propiedad y Mercantiles para elaborar informes previos a la resolución de expedientes de nacionalidad.
     Para la conversión de todos los documentos en papel a la versión digital trabajan los más de mil registradores españoles y un grupo de trabajo de este colectivo seleccionado y formado especialmente para este proyecto, que dan soporte, contestan y atienden el gran número de preguntas, consultas y dudas que surgen diariamente. Además, se cuenta con multitud de empresas privadas, líderes en sus respectivas áreas de especialización, que están aportando su tecnología, conocimiento y experiencia.
     Igualmente, y en coordinación con la Dirección General de los Registros y del Notariado, seis ministerios del Gobierno de España (Interior, Justicia, Industria, Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación y Ministerio de la Presidencia) participan en el Plan a través de sus diferentes organismos e infraestructuras: Dirección General de la Policía, Registros Civiles, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia, así como la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en especial la Subdirección de Nacionalidad y Estado Civil, los Registradores y personal de los Registros, el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado.
 
     ‘¿Cómo va lo mío?’
     Otra de las novedades que se puso en marcha con el Plan Intensivo de Nacionalidad es la sección ‘¿Cómo va lo mío?’ en la página web del Ministerio de Justicia. Aquí, los solicitantes de la nacionalidad pueden consultar en que punto se encuentra su solicitud de nacionalidad.

     Por su implicación en ‘novo carthago’
     24/06/2014 elconfidencial.com
     El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado este martes por un presunto delito de prevaricación por su implicación, cuando era consejero regional de Obras Públicas, en la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir la macrourbanización de 20.000 viviendas, campos de golf y marina financiada inicialmente por la CAM. El mismo auto ofrece a la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, “declarar voluntariamente como imputada” por el mismo delito, antes de trasladar el asunto al Tribunal Supremo, puesto que es aforada.
     En el procedimiento están también imputados el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y varios cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Obras Públicas que intervinieron en la aprobación del proyecto de la promotora Hansa Urbana -participada por la familia alicantina Galea y la CAM, ahora Sabadell-CAM-.
     Bascuñana y Cerdá han sido citados para declarar el próximo día 2 de julio en el TSJ de Murcia. Los funcionarios Luis Romera Agulló y Antonio Alvarado lo harán dos días después. El día 8 declarará el director general José María Bernabé y el funcionario Manuel Alfonso Guerrero. El consejero Cerdá declarará por segunda vez.
     La imputación de Bascuñana fue solicitada en un informe por el fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, al TSJM por considerarlo la persona que “dio el beneplácito final como consejero de Obras Públicas entre 2003 y 2005 al proyecto urbanístico conocido como Novo Carthago en el que la promotora quería integrar los terrenos del paraje protegido del Saladar de Lo Poyo, única zona costera sin construir en la ribera sur del Mar Menor, frente a La Manga. Lozano consideraba también a la alcaldesa de Cartagena como “formalmente imputada” a expensas de su condición de aforada; el magistrado pide en su auto que se acredite “documentalmente la condición de diputada de doña Pilar Barreiro”.
     El magistrado instructor Manuel Abadía estima así las razones aducidas para la imputación del representante gubernamental en Murcia por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien consideraba en su auto del 12 de junio que la aprobación definitiva del proyecto se hizo por orden expresa de Bascuñana y “pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación”. Las responsabilidades penales afectan al otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto y a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena.
     “Como ha puesto de manifiesto el fiscal en su informe con gran acierto, estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada”, dice el magistrado Abadía en su auto. Las actuaciones administrativas de los imputados, con el actual delegado del Gobierno a la cabeza como consejero de Obras Públicas, hicieron que suelos de espacios naturales protegidos, que tienen ex lege por los artículos 9 y 65 de las leyes del Suelo Estatal y Autonómica la calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Especial fueron “calificados como urbanizables”, vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y provocando que la Comisión Europea abriese “un proceso de Infracción Comunitario sobre el proyecto Novo Carthago”, precisa Abadía.

      23 de junio de 2014 finanzasdigital.com
     Caracas/Finanzas Digital.- Novagalicia Banco se convertirá en “Abanca”, el nombre comercial decidido por el nuevo grupo gestor, Banesco, presidido por Juan Carlos Escotet, según reseña el portal Galicia24horas.
     NCG barajó media docena de nombres para hacer la correspondiente reserva en el Registro de Patentes y Marcas y en  Internet. Se da la circunstancia de que ese dominio fué reservado recientemente por un vecino de Vigo.
     La oficialización de la marca “Abanca” podría tomarse hoy mismo, en la junta general de accionistas que tendrá lugar en Palexco, en A Coruña, en la que, además la nueva entidad nombrará un nuevo consejo de administración y marcará límites en las retribuciones de los consejeros ejecutivos.
     La cita se produce pocos días después de que la Comisión Europea aprobara la venta de Novagalicia al grupo de origen venezolano Banesco y las modificaciones propuestas de su plan de reestructuración, por considerar que se ajustan a las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas.
     Arrancará a las 17.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) con un orden del día que prevé, tras la designación de presidente y secretario, aprobar las cuentas anuales de NCG correspondientes a 2013.
     A la reunión podrán acudir los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre, como es el caso de los afectados por preferentes, de forma que los asistentes tendrán un voto por cada acción que posean.
     El orden del día incluye la aplicación de prima de emisión a compensar reservas voluntarias negativas por pérdida de ejercicios anteriores, el nombramiento o reelección de auditor de cuentas de NCG Banco y fijar el número de miembros del consejo de administración y el nombramiento de consejeros. Entre otras cuestiones, se autorizará a que NCG Banco pueda proceder a la adquisición de acciones propias.
     Previamente a la junta, los responsables del banco convocaron a los trabajadores a una convención este sábado también en la capital herculina, donde dieron a conocer las principales líneas estratégicas que seguirá la entidad a partir de la toma de control efectiva por parte de Banesco.
     Traspaso a Banesco
     Y es que la entidad venezolana, propietaria de Banco Etcheverría, se adjudicó a finales de diciembre el 88,33 por ciento del capital de NCG por 1.003 millones de euros.
     Fue en este mes de mayo cuando Banesco depositó 403 millones de euros en una cuenta indisponible de Novagalicia Banco correspondiente al primer pago de la compra de la entidad gallega.
     A finales de febrero, el director general del FROB, Antonio Carrascosa, confiaba en que el traspaso de poderes de NCG Banco a Banesco no excediera “de dos meses”.
     Además, a finales de marzo el actual director general corporativo de NCG Banco, Francisco Botas, indicaba en que el traspaso debería producirse en cuestión de “semanas” y se declaraba optimista respecto al resultado de las negociaciones para que Bruselas diese el visto bueno a su plan de negocio, con el que pretende aumentar el crédito a pymes y familias.

     En los años de expansión se construyó 10 veces más que el crecimiento demográfico
     Mikel Ormazabal San Sebastián 15 junio 2014 – elpais.com
     Si en el periodo de dos décadas que va de 1991 a 2011 la población vasca aumentó un 3,6%, el incremento porcentual del parque residencial en Euskadi fue del 31,7%, diez veces superior. Son datos del Eustat de una serie histórica que deja al descubierto los efectos que tuvo el esplendor inmobiliario: una acusada dispersión urbana y una sobreoferta residencial. La transformación del panorama urbanístico de la comunidad autónoma ha sido analizado por el profesor de Geografía de la UPV Roberto Torres Elizburu en su tesis doctoral titulada “La dispersión urbana en el País Vasco. Los patrones de la redistribución espacial de la población y nuevas realidades residenciales y urbanísticas, 1991-2011”, donde se constata que durante este lapso “muchos ayuntamientos se aprovecharon del ciclo económico expansivo para ampliar su parque de viviendas con una visión muy desarrollista”. Este fenómeno se aprecia especialmente en municipios del Txorierri, Uribe-Costa, Mungialdea, la Llanada Alavesa y el eje costero entre Zumaia y Hondarribia, sostiene el autor.
     ¿Se han cometido muchos atropellos en el paisaje urbano vasco? “En la última década, sobre todo desde finales de los 90 hasta mediados de esta década, los municipios han procedido a una excesiva reclasificación del suelo urbanizable. Se ha aumentado mucho el suelo que se dibuja con visos de aumentar el espacio residencial. Los ejemplos son los municipios de Txorierri, Uribe-Costa, donde con un simple vistazo a través de Google Earth se observa que hay muchos sectores a medio consolidar, con parcelas que se han comenzado a construir y otras que están vacías. En su día, en otra coyuntura económica, se vio conveniente habilitar suelo urbanizable para no coartar una demanda residencial que supuestamente había, pero hoy se han quedado como lo que los urbanistas denominan espacios inconclusos: parcelas que han empezado a desarrollar y que se han quedado a medias”, opina Torres.
      Los rendimientos que obtienen de la revalorización del suelo agentes como los promotores, constructores y bancos ha alentado la expansión urbana desmedida, aunque “los ayuntamientos también han sacado beneficio por la recalificación con la concesión de licencias de edificación y las tasas de basuras o el IBI”, aunque, apostilla el profesor universitario, “muchos consistorios se han dejado llevar por estos ingresos sin sopesar en los costes que conlleva dotar a esa población de nuevos servicios e infraestructuras”.
     La voracidad urbana que ha experimentado la geografía vasca, sin llegar ni de lejos a los desmanes que se han perpetrado en el litoral mediterráneo, por ejemplo, ha llevado a construir 245.000 viviendas en el periodo 1991-2011. Euskadi concedía una media anual de 15.000 licencias para construir viviendas, llegando al techo de 16.322 en el año 2007. Pero llegó la crisis económica y esa cifra se redujo a la mitad en los siguientes años, hasta caer a los 7.700 permisos en 2011.
     El frenesí por la vivienda unifamiliar también ha pasado factura al paisaje urbano vasco
     La “anarquía” en unos casos, la “desorganización” en otros, términos que Torres emplea en su tesis, se hace visible durante el repunte inmobiliario del quinquenio 2001-2006, cuando “se duplicó la tasa de construcción de nueva vivienda con respecto a la década anterior”, aunque con una desigual incidencia por territorios: “Mientras en Gipuzkoa el despegue inmobiliario fue más tenue y gradual, en Álava el repunte fue más tardío pero repentino, mientras en Bizkaia fue temprano y tuvo gran incidencia en municipios urbanos ubicados al noreste del eje metropolitano de Bilbao”.
     El recalentamiento de la economía y la burbuja inmobiliaria hizo que el dinamismo inmobiliario se fuese propagando por todo el territorio vasco, sostiene el profesor universitario, “afectando cada vez con mayor intensidad a municipios pequeños y periféricos que hasta pocos años atrás habían tenido un dinamismo tenue”. Así, se aceleraron las reclasificaciones, de manera que durante la primera década del nuevo siglo “el suelo calificado para usos residenciales aumentó un 23,8%, frente al tenue incremento del 3,7% de la población”, incide Torres. Ello ha conducido a una dispersión urbana que “ha tensionado al conjunto del territorio vasco”.
     Las comarcas que mayor incremento del parque residencial han registrado son aquellas ubicadas en los márgenes aledaños de los grandes centros urbanos o metropolitanos: Estribaciones del Gorbea, Llanada Alavesa, Plentzia-Mungia, Duranguesado o Urola Costa. “Hacia estas ha tenido lugar lo que se podría llamar un rebosamiento metropolitano: debido a la carestía del precio urbano o a la dificultad de ofrecer suelo residencial (caso del Bilbao metropolitano), el desarrollo inmobiliario se ha desbordado hacia municipios adyacentes bien comunicados, que han funcionado como nuevos hábitats alternativos. A estos enclaves se han trasladado muchas familias y son los entornos que más población han ganado. En otras ocasiones ha sido la mejor calidad residencial o ambiental del nuevo entorno la fuerza que ha guiado la colonización, lo que se aprecia claramente en núcleos costeros, o en otros del interior como Urdaibai o en los municipios de Tolosaldea situados en las laderas más alejadas del fondo del corredor del Oria”.
     El frenesí por la vivienda unifamiliar también ha pasado factura al paisaje urbano de Euskadi. Torres defiende que “en ciertos lugares han proliferado este tipo de viviendas de forma muy repetitiva, dando un aspecto suburbano a esos asentamientos. Esas viviendas no se adecuan a la idiosincrasia de los asentamientos originales, como sucede en localidades pequeñas como Gatika y Fruiz, en Mungialdea, que ahora presentan un paisaje urbano totalmente diferente”.

     Juan Vicente Boo / El Vaticano 23/06/2014 – abc.es
     El Papa Francisco clama contra todos los abusos y no permite la indiferencia. Después de su vigorosa excomunión de los mafiosos, pronunciada el sábado desde la región meridional italiana de Calabria, el Santo Padre dio su apoyo el domingo a la Jornada de Naciones Unidas por las víctimas de la tortura, que se celebra este jueves 26 de junio. Durante el rezo del Ángelus, el Papa reiteró «la firme condena de toda forma de tortura, e invito a los cristianos a esforzarse por colaborar a su abolición, y a sostener a las víctimas y a sus familiares».
     A continuación, en tono muy severo, añadió: «Torturar a la gente es un pecado mortal, ¡un pecado muy grave!». Igual que el sábado había quitado la máscara de cristiana a la mafia calabresa, el Papa deja muy claro que tampoco es cristiano practicar «cualquier forma de tortura» de los secuestrados, los detenidos o los prisioneros, como hacen tristemente incluso algunos grandes países democráticos.
     Hace un par de semanas, la visita al Vaticano del primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby, sirvió para sellar la batalla conjunta de las dos confesiones cristianas contra el tráfico de seres humanos y el trabajo esclavo, al que viven sometidas decenas de millones de personas. Es algo que sucede ante los ojos de todos, pero el Papa no está dispuesto a mirar hacia otro lado. No acepta la «globalización de la indiferencia». Quiere globalizar la solidaridad.

       lainformacion.com 24/06/14 – europapress

      El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
     El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.

     Los registradores han recordado que ya manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.

     Además, lamenta que no se hayan atendidos sus propuestas que, «a diferencia de la decisión adoptada respondían a las a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil».

     Según este colegio, el anuncio de Gallardón pone de relieve su «desconocimiento» sobre la estructura del cuerpo de registradores, «formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles».

     «Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia», añaden.

     Sin consenso

     El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, «cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza».

     Asimismo ha expresado su «preocupación y malestar» por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un «cisma» en el cuerpo de registradores después de «financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos».

     La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, «sin detrimento del interés general

     Se entregará a los registradores mercantiles
     Madrid, 24 junio 2014. (europa press) –
     El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha tildado de «despropósito» la intención del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles para convertirlo en un «negocio» para una parte del sector.
     Villarrubia ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su disconformidad con el «fondo» y las «formas» de la medida anunciada este martes en el Pleno del Senado por el ministro de Justicia, a quien ha exhortado a explicar las razones que justifican su entrega a los registradores mercantiles.
     «Nosotros nos opondremos y espero que la mayoría de grupos también para que, más pronto que tarde, vuelva a ser un servicio público al servicio de los ciudadanos y no un negocio de una parte del sector», ha afirmado.
     El portavoz socialista ha dicho haber conocido la intención de Gallardón por los medios de comunicación y ha calificado de «despropósito y atropello» el «afán privatizador» y el «deterioro» que está sufriendo el servicio público de la Justicia. Por ello, ha asegurado que el PSOE revertirá esta situación.