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- Marzo registra una caída del paro y un fuerte aumento de la contratación indefinida por la campaña contra el fraude en la contratación
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- El mes de marzo termina con 743.628 personas en ERTE
- Santander. Centro Botín .
- Comienza la Campaña de Renta con refuerzo de la asistencia para afectados por ERTE y perceptores del IMV, y con más facilidades para autónomos, arrendadores e inversores
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- “Es urgente sustituir la reforma laboral por un modelo laboral más justo, equilibrado y que busque formulas distintas a la precariedad y el despido”
- El Tribunal Supremo condena al diputado de ERC Joan Josep Nuet a ocho meses de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia grave en la causa del ‘procés’
- Contraluz
- La Audiencia de Badajoz reconoce la aplicación del Fuero de Baylío tras el divorcio
- CSIF reclama una explicación transparente sobre la vacunación con AstraZeneca
- Baja el paro en marzo, pero con 5 millones en el horizonte por el fin de los ERTE
- Estado de situación del COVID
- Más de 7.000 personas contratadas por el Servicio Exterior de España podrán elegir representación sindical por primera vez
- Salinas. Asturias
- Un juez pide a la UE más protección frente a la usura
- Enfrentar los peligros de un apalancamiento creciente
- UGT reivindica el papel del Diálogo Social en la distribución de los Fondos Europeos para la Reconstrucción
- Estado de situación del COVID-19
- El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción determina que compete a la Administración resolver sobre la concesión de Factorías Vulcano en el puerto de Vigo
- Silvestres
- Foment valora positivamente la disminución del desempleo de marzo
- El Tribunal Supremo anula el acuerdo del CGPJ-Ministerio Justicia sobre la carga de trabajo de los órganos judiciales por la omisión del trámite de participación de las asociaciones judiciales
- Los bienes raíces comerciales en la encrucijada
- Estado de situación del COVID
- La reserva hídrica española se encuentra al 63,1 por ciento de su capacidad
- Dulce Chacón. Madrid
- La Seguridad Social registra 19.029.433 afiliados en términos desestacionalizados en marzo
- El paro se reduce en 59.149 personas, el tercer mejor dato en un mes de marzo en la serie histórica
- Cómo pueden ayudar los bancos europeos a la recuperación
- Estado de situación del COVID
- CSIF reclama un incremento de un 20 por ciento en las plazas de Formación Sanitaria Especializada
- Pinos. Majadahonda
- Resolver las diferencias: Políticas laborales para una recuperación más justa
- El sector del comercio se enfrenta a 1.744 millones de euros anuales por los nuevos costes regulatorios
- La Bolsa negocia 35.154 millones de euros en marzo, un 28% más que el mes anterior
- La Seguridad Social registra un saldo positivo de 318,02 millones de euros
- La Audiencia Nacional investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender como crianza o reserva vinos sin cumplir el periodo de envejecimiento exigido
- Sierro del Lazo. Cerca de la Collada de Valdeteja
- Radiografía del mercado de vivienda 2020 de un año de pandemia
- Gobierno, sindicatos y empresas firman el Acuerdo para la Transición Justa que ampara a todas las centrales térmicas de carbón de España
- El déficit del Estado hasta febrero se sitúa en el 1,31% del PIB por el impacto de la COVID-19
- La lenta reparación de las secuelas: El legado de la pandemia
- La Guardia Civil interviene 64.800 plantas de cannabis en cinco plantaciones de cáñamo en Almería
- Geranio Majadahonda
- La Audiencia Nacional condena al Ministerio del Interior al reingreso de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid
- “La propuesta de bonificación fiscal para bajar los alquileres de viviendas es injusta e ineficaz”
- La reserva hídrica española se encuentra al 63,3 por ciento de su capacidad
- Hacienda comunica el reparto entre las comunidades autónomas de los 7.000 millones en ayudas directas a pymes y autónomos
- El Defensor del Pueblo considera constitucionales los cambios en el impuesto de patrimonio incluidos en los PGE 2021
- Marc … Majadahonda
- Un informe del FMI valora el fomento del cumplimiento voluntario y la gestión de riesgos fiscales y censales en la Agencia Tributaria
- EL TC estima parcialmente el amparo de una trabajadora a la que se le vulneraron sus derechos a la intimidad y el secreto de las comunicaciones producidos por la monitorización de su ordenador
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- Viernes Santo. Semana Santa
- Dar a la gente una oportunidad justa: Políticas para asegurar la recuperación
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- Productos de doble uso: ¿qué son y a qué se debe la nueva normativa?
- Día gris
- Dos millones de empresas quedan excluidas de las ayudas directas del Gobierno por no pertenecer a los CNAEs incluido en el Real Decreto.
- Campo anuncia que serán inhábiles los días del 24 de diciembre al 1 de enero para las actuaciones judiciales
- El Instituto Nacional de Estadística mejora su estimación de la evolución de la economía española en 2020 y sitúa la caída en el 10,8%
- Los grupos políticos reciben las Bases del Pacto de Estado por la Industria
- 30 de marzo. Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar
- En amarillo .
- ¿Qué es la Década Digital? Procesos y objetivos de la Comisión Europea?
- Ábalos anuncia que se incrementa hasta las 100.000 viviendas el objetivo del Plan de viviendas para alquiler asequible
- Cámara de España colabora en la segunda parte de la campaña “Spain for Sure”
- El pleno del TC mantiene vigentes las órdenes nacionales de búsqueda, detención e ingreso en prisión de Puigdemont y Comin al desestimar su recurso de súplica
- El MITECO lanza la web «Euros por cada 100 kilómetros» con información comparativa sobre el coste de los combustibles en automoción
- Puesta de sol en Plencia
- Registro mercantil del siglo XXI: registro electrónico
- El secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales presenta en Teruel los planes de conectividad digital del Gobierno para afrontar el reto demográfico, que invertirán 4.320 millones de euros hasta 2025
- PSOE, PP y Ciudadanos recogen las propuestas de los Administradores de Fincas Colegiados y presentan mociones para que se puedan celebrar juntas de propietarios telemáticas
- Teresa Ribera reitera el compromiso del Gobierno de consolidar una Nueva Estrategia Forestal Nacional
- El Defensor del Pueblo pide una solución para que no se penalicen fiscalmente los errores de cobro en ertes en la próxima campaña de renta
- Santa Engracia. Madrid
- El CGPJ aprueba el informe al anteproyecto de Ley Orgánica sobre la Fiscalía Europea
- La nómina de las pensiones contributivas de marzo se sitúa en 10.119,58 millones de euros
- UGT reivindica permisos individuales retribuidos para el cuidado familiar
- Los eurodiputados demandan un turismo más seguro y sostenible tras la pandemia
- La Guardia Civil detiene a 4 personas por cometer hurtos al descuido a personas mayores en el interior de sus viviendas
- Instituto Geográfico Nacional
- Declaraciones patrimoniales de los altos cargos de la Administración General del Estado
- 16 entidades piden no dar luz verde al Anteproyecto de Ley de Residuos
- Condenados cuatro grafiteros al pago de multas por dañar una torre protegida del siglo XVI en Alicante
- CCOO exige al Gobierno una regulación ambiciosa en materia de vivienda que ponga coto a la especulación
- La CNMC recuerda a las comercializadoras energéticas que deben informar a sus clientes sobre los mecanismos alternativos para resolver reclamaciones
- Primavera ?
- Ciberseguridad: cómo la UE combate las amenazas cibernéticas
- Estado de situación del COVID-19
- El Ingreso Mínimo Vital llega en marzo a 203.000 hogares en los que viven más de 565.000 personas
- Luis Aribayos, nuevo secretario general de CEPYME
- El Comité Ejecutivo de CEPYME aprueba el nombramiento de los nuevos vicepresidentes
- Jardín vertical ..
- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aprueba la fusión de Caixabank y Bankia
- La CNMC autoriza, sujeta a compromisos, la fusión por absorción de BANKIA, S. A. por CAIXABANK, S. A.
- Estado de situación del COVID-19
- La Seguridad Social registra 2.053.997 trabajadores extranjeros de media en febrero
- NextGenerationEU: dinero europeo para combatir la crisis
- Desde la Peña Verde
- Hay que asegurar los derechos de propiedad, también en vivienda
- La igualdad de género, la asignatura pendiente de las empresas del IBEX 35
- El Tribunal Supremo confirma la sanción de tres multas de la Junta Electoral a Joaquim Torra por infringir el deber de neutralidad política de los poderes públicos durante el periodo electoral
- Hacia una nueva asociación entre África y la UE
- ¿Cuáles son los trámites para abrir una cuenta?
- Geranio M
- El Índice Registral de Actividad Inmobiliaria (IRAI) mostró una contracción anual del 1,5% durante el cuarto trimestre
- Estado de situación del COVID-19
- Gerardo Cuerva es elegido presidente de CEPYME
- Pago con tarjeta: ¿Quieres copia?
- Un 80% de las comunidades de propietarios ejecuta las obras de rehabilitación por obligación o necesidad, según los Administradores de Fincas
- Uñas de gato
- Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con los complementos de juntas generales ya convocadas para su celebración de forma exclusivamente telemática
- La AEPD renueva sus videotutoriales para ayudar a los usuarios a configurar las opciones de privacidad en sistemas operativos, navegadores, redes sociales y apps más utilizadas
- Variantes del coronavirus: situación actual e impacto en la vacunación de la UE
- El Tribunal Supremo confirma que Uralita debe indemnizar también a los vecinos de una de sus fábricas afectados por contaminación ambiental
- El Ministerio del Interior regula los servicios de auxilio en carretera
- Ha vuelto la nieve
- El PE reclama responsabilidad empresarial en materia de derechos humanos y medio ambiente
- El creciente poder de mercado: ¿Un peligro para la recuperación?
- Medidas restrictivas sobre cuentas corrientes en cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales
- La Guardia Civil y la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago firman un procedimiento operativo orientado a ofrecer más seguridad en el Camino de Santiago
- Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprueba la primera norma española sobre carreteras 2+1
- Margarita
- La producción de normas estatales repuntó más de un 22% durante 2020 en plena pandemia
- El Consejo aprueba unas Conclusiones sobre la Estrategia de la UE para la sostenibilidad de las sustancias químicas
- Detenidos en Huelva dos individuos por vender moneda falsa a través de redes sociales
- UGT reclama medidas de control y transparencia en las ayudas directas a las empresas
- El Plan de Medidas ante el Reto Demográfico destinará más de 10.000 millones y 130 políticas activas a luchar contra la despoblación y garantizar la cohesión territorial y social
- En blanco
- Campo: «Justicia sigue siendo un territorio de consenso»
- IPC plano en febrero con nuevo golpe a la economía familiar y la alimentación saludable
- Consumo etiquetará los productos eléctricos y electrónicos en función de su reparabilidad
- Un puente de San José condicionado por los cierres perimetrales y por las bajas temperaturas
- La reserva hídrica española se encuentra al 64,2 por ciento de su capacidad
- Jardín vertical
- Las empresas españolas perdieron 287.000 millones de ingresos en 2020 por el impacto del COVID-19
- Aumenta el número de familias trabajadoras que se enfrentan a precios más altos sin ingresos ni ayudas públicas
- Potenciación de procedimientos online, respaldo a los solicitantes de moratoria y apoyo a sociedades cotizadas y pymes
- CCOO considera necesaria la movilización de los 11.000 millones y pide reformas sociales para que el esfuerzo público llegue a la mayoría social
- La caída del IPC en febrero evidencia que se mantiene la debilidad económica
- Plencia. Puesta de sol
- Las constituciones de empresas en febrero aumentaron el 2,3% anual
- Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanza a información pública la orden que permite un reparto variable para cada hora del año de la energía generada por las instalaciones de autoconsumo compartido
- El Gobierno aprueba la reforma del carné de conducir por puntos
- La UE allana el camino para iniciar la Conferencia sobre el Futuro de Europa
- El ingreso de asuntos en los órganos judiciales en 2020 sufrió las consecuencias de la crisis sanitaria y descendió un 12 por ciento en toda España
- A la orilla del mar en la playa de Muchavista. El Campello
- Sanidad suspende a partir de mañana y durante las dos próximas semanas la vacunación con la vacuna frente a la COVID-19 de AstraZeneca
- Interior aprueba un plan estratégico para reforzar la lucha contra la cibercriminalidad
- Campo: «La firma del convenio de doble nacionalidad salda una deuda histórica con el exilio republicano español»
- El TSJ de Madrid rechaza la medida cautelar de suspensión de la disolución de la Asamblea y convocatoria de elecciones
- Estado de situación del COVID-19
- Se acerca la primavera
- Hospitales desbordados y colapso de la sanidad: un año de covid en primera línea
- Consejos para presentar una reclamación ante el Banco de España
- El Gobierno aprueba el Real Decreto de metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico
- Seguir a flote: Nuevas medidas para ayudar a las empresas europeas
- La reserva hídrica española se encuentra al 64,4 por ciento de su capacidad
- En flor
- COVID-19: investigación y vacunas
- La subida de los costes laborales es equívoca, consecuencia del efecto de la pandemia y los ERTE
- El Gobierno celebra la suspensión temporal de los aranceles entre EE.UU. y la UE
- Billetes y monedas en pesetas
- Estado de situación del COVID-19
- En malva
- La Policía Nacional y la CNMV alertan sobre una campaña de fraude a inversores
- Foment alerta que el incremento de precios de las materias primas y del transporte marítimo pueden poner en riesgo el crecimiento económico
- La Audiencia Nacional anula el proceso selectivo que realizó el Banco de España en 2018 para proveer 92 plazas administrativas
- InvestEU: programa europeo para impulsar la inversión
- USO demanda con urgencia empleo público estable y de calidad
- Fuentes de Invierno. Principado de Asturias
- Las compraventas de vivienda disminuyeron en enero el 15,4% anual
- Cambio de certificados electrónicos del Portal y la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria
- Fuga de carbono: evitar que las empresas no cumplan las medidas sobre emisiones
- Estado de situación del COVID-19
- Protección Civil y Emergencias alerta por fuertes vientos costeros y oleaje en Galicia y en todo el litoral cantábrico
- En malva …
- Descenso de hostelería y construcción frente al aumento de agricultura y comercio en las empresas creadas durante el año de pandemia.
- Campo señala la importancia de la justicia gratuita y el turno de oficio para el funcionamiento de la Justicia en España
- Justicia pone en marcha el segundo plan de choque para impulsar la resolución de expedientes de nacionalidad
- Un virus informático paraliza la actividad del SEPE en toda España
- Un juzgado de Valencia anula una sanción de Hacienda por un pago entre empresas con un cheque al portador al considerarla contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE
- Remonte de Riopinos visto desde Asturias
- El Tribunal Supremo fija que la reinversión en una vivienda habitual en fase de construcción dentro del plazo de dos años otorga derecho a la exención en el IRPF
- El instructor de la causa del ‘procés’ plantea cuestión prejudicial al TJUE sobre la euroorden
- Mitma tramita la incautación de las garantías de explotación de las autopistas quebradas
- El Tribunal Supremo rechaza la suspensión cautelar de la entrada en vigor el 1 de mayo de prohibir la difusión de publicidad de juego ‘online’
- Agricultura, Pesca y Alimentación asigna los nuevos derechos de la Reserva Nacional de Pago Básico solicitados en 2020
- En malva ..
- El Consejo aprueba un paquete legislativo sobre cohesión por valor de 330.000 millones de euros
- Estado de situación del COVID-19
- IDAE y el CSCAE presentan una guía para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de edificios
- Las mujeres, las más castigadas en la pandemia. Así no hay Plan
- Foment considera injustificable la ausencia del Gobierno de la Generalitat en el acto de Seat y exige que gobierne y abandone la gesticulación sectaria
- En malva ….
- Engendrar la recuperación: La presupuestación pensada en la mujer
- 8M Día Internacional de la Mujer. Empleo Público
- El dinero público y el privado pueden coexistir en la era digital
- El TJUE condena a España a pagar más de 15 millones de euros por no transponer una directiva sobre protección de personas
- La reserva hídrica española se encuentra al 64,4 por ciento de su capacidad
- Fuentes de Invierno. Asturias
- 8M Día Internacional de la Mujer: CSIF Trabajando por la Igualdad
- Iberclear pone en marcha la sede electrónica de RENADE
- El Banco de España adopta el marco de pruebas de ciberseguridad TIBER-EU para el sector financiero español
- Las exportaciones españolas del sector agroalimentario y pesquero se incrementaron un 2,7 % en el periodo abril-diciembre de 2020
- Fuentes de Invierno..
- El Gobierno otorga nuevas ayudas por más de 36 millones de euros para extender la banda ancha ultrarrápida a más de 156.000 viviendas y locales de 12 provincias
- Paro de febrero: ya tenemos los cuatro millones, ¿y ahora qué?
- Estado de situación del COVID-19
- El presidente de la Cámara de España defiende el aumento de la presencia y el protagonismo de la mujer en la actividad empresarial
- Cuatro torres desde Valdebebas
- Las ejecuciones hipotecarias experimentaron en 2020 un incremento del 17,5 % tras siete años consecutivos en descenso
- El avance de la vacunación y la recuperación de la industria aproximan la salida de la crisis
- El juez acuerda la libertad con medidas cautelares del excomisario José Manuel Villarejo
- El desempleo tiene rostro femenino: El 70% de las personas que han ido al paro en febrero son mujeres
- El paro registrado aumenta en 44.436 personas en febrero por el fuerte impacto de la tercera ola de la pandemia
- Playa de Salinas. Asturias
- No hay nada más constitucionalista que respetar la igualdad entre mujeres y hombres
- La CNMC refuerza el uso de algoritmos y del “big data” en la detección de cárteles y conductas anticompetitivas
- España insta a la Comisión a que acelere el certificado de vacunación europeo para recuperar la movilidad garantizando viajes seguros
- El Tribunal Supremo pide al Tribunal de Cuentas un informe sobre el afianzamiento del dinero malversado de los condenados del procés
- La Seguridad Social registra 19.074.871 afiliados en términos desestacionalizados en febrero
- Al Norte de León en plena montaña
- Juan Carlos Campo: «El hecho digital es clave en el mundo de la Justicia»
- El TSJ de Extremadura da vía libre a la Junta para iniciar las obras de demolición parcial y revegetación de Isla Valdecañas
- Contradicciones en la futura Directiva Europea de Transparencia Salarial
- Estado de situación del COVID-19
- La Bolsa negocia 27.430 millones de euros en febrero
- Sigue nevando en León
- Hasta la fecha se han administrado a la población un total de 3.605.635 dosis de las tres vacunas disponibles
- El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital nombra a Helena Viñes consejera de la CNMV
- Unai Sordo: “El sector TIC es un sector estratégico e imprescindible para la economía»
- USO consulta a Trabajo sobre candidaturas a elecciones sindicales con firma electrónica
- El nuevo etiquetado energético de electrodomésticos entra en vigor el 1 de marzo
- Subiendo a Brugueira. Pontevedra
- Sassoli sobre la crisis de Covid: «No podemos volver al mundo anterior a la pandemia»
- Las exportaciones continúan en la senda de la recuperación y crecen en diciembre de 2020
- El pleno del TC declara que la comunidad autónoma y no el estado es la competente para convocar la formación profesional de los trabajadores
- Los Ministerios de Industria y Ciencia lanzan una consulta pública para la participación en un proyecto europeo de microelectrónica
- La ventilación frente al coronavirus en los centros de trabajo
- Valdebebas. Paseo
- “Regular y rebajar los precios del alquiler de la vivienda es una medida fundamental para reducir los niveles de pobreza y exclusión”
- ¿Cómo quiere la UE lograr una economía circular para 2050?
- Ribera insiste en que la protección del lobo garantiza las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva en todos los territorios
- Declaración de los miembros del Consejo Europeo sobre la COVID-19 y la sanidad, 25 de febrero de 2021
- La discusión para renovar el CGPJ oculta la falta de medios materiales y organizativos de la Justicia
- Playa del Sardinero en Santander
- Evitar una Gran Divergencia: Una encrucijada en el camino de la economía mundial
- Estado de situación del COVID-19
- Por muy buenas leyes que haya, sin recursos no habrá igualdad real
- El indicador de estrés de los mercados de la CNMV desciende significativamente
- En blanco
- Las multinacionales españolas pagan por el Impuesto sobre Sociedades a nivel mundial el 17% de su beneficio
- El Sandbox financiero recibe en su primera convocatoria un total de 67 proyectos
- Luis Planas: “Agricultores y ganaderos reivindican precios dignos y piden ayudas justas”
- Estado de situación del COVID-19
- La Policía Nacional detiene en Madrid a un individuo que estafó más de 300.000 euros a varios clientes del banco en el que trabajaba
- En el muelle de la bahía. Santander
- El Pleno del TC admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de cincuenta senadores del PSOE contra la Ley del Suelo de Madrid
- UGT promueve la Iniciativa por una ley que garantice el derecho a la vivienda
- Estado de situación del COVID-19
- Las exportaciones continúan en la senda de la recuperación y crecen en diciembre de 2020
- La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a estafar a personas mayores a las que colocaban geolocalizadores
- Rias Baixas. Esperando la puesta de sol
- Gallego destaca el impulso y las buenas prácticas para la aplicación de la Carta llevados a cabo en España
- Colaboración del gobernador en el Informe Perspectivas España 2021 de KPMG
- Cómo los eurodiputados quieren abordar la precariedad laboral en la UE
- Adjudicadas dos concesiones de 10 MHz a Telefónica y Orange en la subasta de la banda de 3,5 GHz, una de las bandas prioritarias para el despliegue de redes 5G
- La reserva hídrica española se encuentra al 63,7 por ciento de su capacidad
- Vuelve la nieve a León
- Estadística Registral Inmobiliaria 4 Trimestre 2020
- La CNMC aprueba la Circular de etiquetado de electricidad que informa a los consumidores sobre el origen y el impacto de las ofertas sobre el medio ambiente
- Planas defiende el mundo rural como un «medio vivo, dinámico y lleno de oportunidades»
- Estado de situación del COVID-19
- La evolución del IPC en 2021 estará condicionada por el comportamiento de los precios del petróleo y la recuperación del consumo
- Puesta de sol en Cantabria
- La Policía Nacional recupera en Madrid un documento jurídico único realizado en bronce con más de 2000 años de antigüedad
- Importante cambio en los plazos de mediación y convocatoria de huelga
- El Gobierno impulsa reformas para facilitar la creación y crecimiento empresarial y mejorar el clima de negocios
- Desestimada la petición de la hostelería de Cantabria de suspender la orden que mantiene el interior de sus locales cerrados
- El Gobierno recomienda ahora el uso de purificadores de aire en las aulas, como reclamó CSIF a comienzos de curso
- Anochecer en Alicante
- El 62% los vecinos basta para impedir que se instaure el alquiler turístico en el inmueble
- Cómo te afectan los nuevos tipos de interés oficiales de referencia en el mercado hipotecario
- Los diferenciales de PIB per cápita entre las comunidades autónomas se han reducido 30 puntos en los últimos 45 años
- El Gobierno amplía dos años, hasta diciembre de 2023, el plazo de desinversión en Bankia
- El TSXG rechaza anular de forma urgente la orden de cierre de los establecimientos de hostelería de A Coruña
- En la Plaza de España. Hacia el Parque del Oeste
- La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad patrimonial de Ministerio, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Carboneras por los daños económicos a la promotora del hotel Algarrobico
- Mejora la competitividad-precio de la economía española frente a la UE-27 en el cuarto trimestre de 2020
- España y el Banco Interamericano de Desarrollo refuerzan su colaboración con la aportación de 13,7 millones de euros a su fondo estratégico
- Comienza la segunda fase del borrador de IVA con más facilidades que llegan a todos los contribuyentes
- El TSJ de Cantabria emplaza a Sanidad a que responda en un día al recurso de la hostelería contra las restricciones
- En la playa de Muchavista. Municipio El Campello. Alicante
- Los concursos de acreedores inscritos en los Registros Mercantiles descendieron el 12,2% anual
- El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, que prorroga hasta el 31 de mayo la protección de los ERTE
- El Defensor propone varias medidas a la comunidad de Madrid para afrontar el incremento de los problemas habitacionales de las familias más vulnerables
- Protección Civil y Emergencias alerta por inestabilidad meteorológica en Galicia y en el área cantábrica
- El Tribunal Superior de Navarra rechaza suspender de forma cautelarísima el cierre del interior de los bares y restaurantes
- Desde el Caribe
- Macrodatos: definición, beneficios, retos (infografía)
- El Gobierno remite al Congreso el listado de bienes inmuebles inmatriculados por la Iglesia Católica entre 1998 y 2015
- USO se une a la denuncia contra el Gobierno por incumplir el objetivo de reciclaje
- Estado de situación del COVID-19
- La Agencia Tributaria pone en marcha la ‘ADI’, un ‘mostrador virtual’ para ampliar y mejorar la ayuda al contribuyente
- Por Pintor Rosales
- El Tribunal Supremo suspende cautelarmente el adelanto del toque de queda a las 20:00 horas en Castilla y León
- La Audiencia de Valencia concede cautelarmente el aplazamiento de la mitad del pago del alquiler una empresa hotelera a causa de la pandemia
- El Gobierno tiene que cumplir y legislar a favor de las personas
- Vivienda, alimentación y transporte: las necesidades básicas disparan el IPC de enero
- Estado de los embalses
- Marina de Alicante ,
- El Presidente del TC resalta la valía profesional, jurídica y humana de Tomás y Valiente en el 25 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA
- Foment pide un gobierno fuerte centrado en la situación económica
- Estado de situación del COVID-19
- Valoración paro enero: CEOE urge a reforzar las medidas de liquidez y solvencia para los sectores más afectados por la pandemia
- La inflación aumenta un punto en enero y se sitúa en el 0,5% interanual
- Playa del Postiguet en Alicante .
- Redes sociales y democracia: necesitamos leyes y no reglas de las plataformas
- El presidente del Tribunal Superior de Navarra insta a los órganos judiciales a celebrar juicios telemáticos para evitar los contagios por la Covid-19
- Valoración PIB cuarto trimestre: CEOE ve necesario asegurar un entorno propicio para la inversión empresarial y la mejora de la competitividad
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- Desde la playa de Area en Viveiro
- Confidencialidad de las comunicaciones electrónicas: el Consejo acuerda su posición sobre las normas de privacidad y comunicaciones electrónicas
- Un camino sinuoso hacia la recuperación en América Latina y el Caribe
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- Criptomonedas: no dejes que te deslumbren
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- Estado de situación del COVID-19
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- La reserva hídrica española se encuentra al 55,4 por ciento de su capacidad
- Edificio Gran Vía y Plaza de España. Madrid
- Recuperación frente al coronavirus: cómo funcionará el principal instrumento de la UE
- El año 2020 concluye con un mercado laboral muy debilitado y alejado de su plena recuperación en 2021
- El Tribunal Supremo establece que la emisión de una Orden Europea de Detención paraliza la prescripción del delito aunque el reclamado esté en paradero desconocido
- La Seguridad Social suma 39.814 afiliados en términos desestacionalizados en enero
- El número de personas en ERTE se sitúa en 739.000 a final de enero
- Cayendo la tarde
- Rusia: declaración del Alto Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la condena de Alexei Navalny
- El empleo continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 y la tasa de paro se redujo hasta cerrar el año en el 16,1%, mejorando las previsiones del Gobierno
- El Gobierno apuesta por la recuperación de los humedales con el objetivo de alcanzar, en 2030, las cerca de 40.000 hectáreas restauradas
- El paro se ceba en los más vulnerables
- La economía se estanca en el último trimestre del año
- Parque del Mundo. Pamplona
- El déficit de las Administraciones Públicas, sin incluir a corporaciones locales, se sitúa en noviembre en el 7,82% del PIB por el impacto de la COVID-19
- Estado de situación del COVID-19
- Campo: «El ordenamiento jurídico ya tiene herramientas precisas para hacer frente de forma eficaz al fenómeno de la ocupación»
- Proyecto Curtis en España: el BEI debe pronunciarse sobre la solicitud de revisión de ClientEarth
- La Inspección de Trabajo impulsa un Plan de Actuación para regularizar la situación laboral del sector de las personas trabajadoras del hogar
- La Vicepresidenta de la CNMV presidirá el comité de sostenibilidad de ESMA
- Ventaniella. Principado de Asturias
- La Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el control de españoles que simulan residir en el extranjero
- La Bolsa mueve 31.070 millones de euros en enero, con un aumento del 30,4% en las negociaciones
- Ábalos reafirma que el Gobierno sigue trabajando para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, especialmente para los más vulnerables
- Foment constata que en el 2021 la creación de empleo no recuperará el destruido en el 2020
- El paro registrado aumenta en 76.216 personas en enero, un incremento inferior al del mismo mes en 2020
- En la casería de Ventaniella. Principado de Asturias
- El Gobierno amplía las moratorias en el pago de créditos para personas vulnerables, autónomos y empresas de turismo y transporte
- La OIT vaticina una recuperación de la crisis lenta, incierta y desigual
- Estado de situación del COVID-19
- El Tribunal Supremo dictamina que los ERTE por fuerza mayor a causa del COVID-19 son compatibles con el derecho concesionario a solicitar el restablecimiento económico del contrato
- El Gobierno invertirá 11.000 millones de euros para la digitalización de pymes y de la Administración Pública, y para reforzar las competencias digitales del conjunto de la población entre 2021 y 2023
- Nevada en Ventaniella. Ponga. Asturias
- El Tribunal Supremo impone las costas a un banco que se allanó a una demanda judicial por ‘cláusula suelo’ tras rechazar una reclamación extrajudicial del consumidor
- La tasa de abandono educativo temprano se sitúa en el 16% en 2020, según los datos de la Encuesta de Población Activa
- Estado de situación del COVID-19
- Actualización de las perspectivas de la economía mundial
- España ratifica el Protocolo del Consejo de Europa que permitirá reforzar la privacidad y la protección del tratamiento de datos de carácter personal
- En Ventaniella. Concejo de Ponga. Principado de Asturias
- El Tribunal Supremo anula la orden de la Generalitat de Catalunya que obligaba al portal Howeaway a borrar de su web las viviendas turísticas no inscritas en el Registro
- Foment y PIMEC consideran que la propuesta de ayudas del Gobierno y las exigencias sindicales sobre las obligaciones temporales de la ocupación hacen inviable el acuerdo del Consejo de Diálogo Social
- La Era del Ferrocarril llega en 2021
- Consumo intensificará la vigilancia de la publicidad engañosa sobre los precios de la energía
- En la ladera Norte de la Cordillera Cantábrica. Asturias
- El empleo continuó recuperándose en el cuarto trimestre de 2020 y la tasa de paro se redujo hasta cerrar el año en el 16,1%, mejorando las previsiones del Gobierno
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- Maroto subraya la fortaleza de la imagen turística de España: «Hay un deseo de volver a viajar a nuestro país»
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- La CNMC publica el informe sobre el anteproyecto de Ley del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
- Playa de San Juan a la puesta de sol
- Campo defiende la protección del derecho a la privacidad en el entorno digital
- Protección Civil y Emergencias alerta por fuerte temporal de viento en tierra y mar durante el fin de semana
- Nueva app para viajar seguro por Europa
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- El Campello desde la playa de Muchavista
- El Tribunal Supremo fija que los gastos de tasación en los préstamos hipotecarios anteriores a la Ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios corresponden al banco
- Estado de situación del COVID-19
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- Información del Ministerio del Interior a las 10:00 del día 11 de enero de 2021 sobre incidencias y respuestas frente a la ola de frío
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- Listado de Registros cerrados y operativos a consecuencia del temporal »Filomena» 11/01/2021
- Comunicado del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. 10 enero 2021
- Felechosa. Parroquia del Pino. Concejo de Aller. Principado de Asturias
- CEPYME advierte de los efectos sobre el tejido productivo de las nuevas restricciones ante una tercera ola
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- Información del Ministerio del Interior a las 10:00 del día 10 de enero de 2021 sobre incidencias y respuestas frente al temporal Filomena
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- La Seguridad Social suma 7.350 afiliados en términos desestacionalizados en el mes de diciembre
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- Los concursos de acreedores inscritos repuntaron el 26,1% anual en noviembre
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- Los cuatro pilares de los pagos en la era digital
- La CNMC recibe nuevas denuncias relacionadas con las condiciones de los préstamos ICO COVID
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- ¡¡¡Feliz año nuevo 2021!!!
- Playa de Area . Viveiro
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- Presupuesto de la UE a largo plazo 2021-2027
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- Ábalos anuncia la ejecución de las obras para poner en servicio el próximo año el tramo restante de la conexión de Alta Velocidad de Galicia
- La reserva hídrica española se encuentra al 51 por ciento de su capacidad
- CSIF reclama al Gobierno que garantice el acceso a la vacuna del Covid para el colectivo de funcionarios/as en igualdad de condiciones
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Archivo de junio de 2014
lunes, 30 de junio de 2014
La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía.
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lunes, 30 de junio de 2014
Josep-Maria Ureta 28/06/2014 elperiodicodearagon.com
La reorganización del modelo registral español que impulsa el Ministerio de Justicia pone en peligro más de 2.000 empleos en las oficinas de los registradores de propiedad y mercantiles. El colegio de registradores se ha pronunciado en contra del proyecto que reorganiza y concentra la actividad registral en España, y ahora los sindicatos que representan a los empleados de la oficinas de los registradores –que son contratados, no funcionarios– expresan su inquietud. De los 11.000 empleados que trabajan en cada registro, al menos un 20% ven amenazado su puesto de trabajo con la reforma.
El reordenamiento de los registros se basa en que la caída de la actividad económica, sobre todo hipotecaria, ha aflorado un exceso de oficinas de registro de la propiedad y mercantiles creadas los últimos 15 años. Y ha sido determinante la polémica propuesta ministerial, a principios del 2013, de que los registradores de la propiedad se hicieran cargo, sin compensación pública, del registro civil, y que rechazan la mayoría del colectivo.
Los trabajadores advierten de que la reforma prevé la concentración de oficinas, con las consecuencias que ello conlleva. En una nota interna del colegio, a la que ha tenido acceso este diario, los registradores calculan que «se llevará a cabo el despido del 20% de empleados sobrantes por la reestructuración, que no siempre serán reconocidos como despido por causa objetiva».
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lunes, 30 de junio de 2014
Ruiz-Gallardón ya ha anunciado que los registradores mercantiles asumirán la gestión de todos los trámites civiles, por lo que en Ceuta las inscripciones pasarían a hacerse en las oficinas de Gran Vía
ceuta@elpueblodeceuta.es
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España se ha alzado contra la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignarles a los registradores mercantiles la gestión de los servicios que presta el Registro Civil. Desde el organismo han manifestado, a través de un comunicado, su “absoluta disconformidad” y explican como desde que hace un año ya se comenzara a hablar de este posible cambio han presentado al Ministerio distintas propuestas que para ellos sí responden a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil. “El anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como mercantiles”, señalan en un comunicado.
“Los registradores ni hemos pedido asumir el servicio ni lo queremos”. Así se pronunciaba en abril de 2013 el registrador de la propiedad y mercantil en Ceuta, Enrique De Elera-San Miguel, en una entrevista con EL PUEBLO. Entonces, ya explicaba cómo el traspaso del Registro Civil al de la Propiedad afectaría sobre todo en ciudades fronterizas como Ceuta, donde se da la dificultad añadida de que el registrador pasaría a ser el responsable de autorizar, por ejemplo, matrimonios entre un ciudadano español y otro extranjero, u otorgar una nacionalidad. En la actualidad es el juez adscrito al Registro Civil el que se encarga de este cometido y la autoridad judicial tiene la potestad para investigar si este tipo de matrimonios pueden ser de conveniencia, pero un registrador no la tiene.
En el plano práctico, asumir las funciones del Registro Civil supone un cambio radical para los registradores, que se verían obligados a contratar más personal y a tener medidas de seguridad. De Elera-San Miguel señalaba que, como mínimo, tendría que emplear a dos personas del Registro Civil para no empezar el servicio desde cero; un par de vigilantes de seguridad, y un traductor de dariya. Además de contar con un local habilitado para atender a la cantidad de personas que cada día acuden al Registro Civil.
Justicia asegura la gratuidad
Mientras, para CCOO el anuncio por parte de Ruiz-Gallardón el pasado martes por la tarde “es una nueva decisión indecente, que atenta contra los derechos de millones de españoles”. El ministro ha asegurado que la reforma garantizará la gratuidad de todos los servicios que hasta ahora ha gestionado el Registro Civil, pero desde el sindicato se muestran recelosos. “Los Registros Civiles fuera del ámbito público, y privatizados, no seguirán siendo ni gratuitos ni universales, y se destruirán miles de puestos de trabajo”, aseguran. CCOO acusa al ministro de haber actuado de forma “desleal” por no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar este asunto “de forma seria y con objetividad”. Por ello, el sindicato exige al ministro que “con carácter inmediato acuda a una reunión de la mesa sectorial de la Administración de Justicia”.
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lunes, 30 de junio de 2014
KPMG será la encargada de vigilar las finanzas de Novagalicia hasta 2016. Es uno de los puntos con que el FROB ha atado la nacionalizada antes del traspaso de poderes a Banesco.
E.B. / 23-06-2014 • elboletin.com
El Banco de España ha dejado todo bien atado para el traspaso de Novagalicia a los venezolanos de Banesco. A través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el supervisor español ha encomendado a la auditora KPMG que escudriñe las cuentas de la maltrecha entidad por los próximos tres años. Ya con Banesco como matriz.
Las tareas de auditoría para los años 2014 a 2016 han sido encomendadas en virtud de uno de los puntos del orden del día de la última junta de accionistas en la que el FROB concurrirá como casi único titular de esta condición. Y es que, se espera que esta semana pueda cerrarse al fin el traspaso de Novagalicia a sus compradores de Banesco, que han vehiculado la operación a través de su filial en España, Banco Etcheverría.
Otro de los puntos clave que han salido adelante a propuesta y votación del FROB ha sido la remodelación de su consejo de administración. Los gestores designados por el Banco de España dejan paso a los hombres del mayor banco de inversión venezolano. Javier Etcheverría de la Muela, Juan Carlos Escotet Rodríguez, Francisco Botas Ratera, Raúl Baltar Estévez, Pedro Raúl López Jácome, Carina Szpilka Lázaro y Miguel Ángel Capriles López ya han sido designados para un periodo estatutario de seis años.
Para evitar escándalos en torno a los sueldos del equipo directivo de la nueva Novagalicia, este lunes se ha fijado también un techo para sus retribuciones. Aunque desde el FROB se destaca que todos los consejeros designados tienen un “marcado corte profesional, amplia experiencia en la gestión y una dilatada trayectoria profesional en el mundo financiero”, se ha determinado que no puedan percibir más de 500.000 euros anuales de salario base y como mucho otros 100.000 euros más en concepto de dietas.
Además, con una asistencia del 91,2 % de los accionistas -encabezados por el FROB y el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)-, se han aprobado las cuentas del ejercicio 2013 de la nacionalizada. La heredera de las antiguas cajas de ahorros gallegas ganó 18 millones de euros el año pasado. Asimismo, se ha dado el visto bueno a la gestión desarrollada por el consejo de administración desde la última junta celebrada hasta hoy.
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domingo, 29 de junio de 2014
CCOO acusa al ministro de Justicia de actuar de «forma cínica y desleal» y dice que están en juego 5.000 puestos de trabajo
el nortedecastilla.es| valladolid 25 junio 2014
Así mismo, CCOO acusa al ministro de Justicia de haber actuado y seguir actuando de forma cínica y desleal, tanto hacia los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, al no haber convocado nunca una mesa sectorial de negociación para tratar de forma seria y con objetividad sobre los Registros Civiles, como con la sociedad española, privándola de un servicio público en que millones de datos del ámbito personal pasarán a manos privadas. CCOO exige a Gallardón que retire esta decisión inaceptable, tras el anuncio que ha hecho en el día de hoy en el senado.
El ministro de Justicia quiere privatizar un servicio público en favor de los registradores para intentar reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE, y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular, y miente a la sociedad anunciando una privatización «sin coste para la sociedad, y sin pérdida de puestos de trabajo cuando la realidad es bien distinta, los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito, y más de 5.000 puestos de trabajo pueden verse suprimidos».
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domingo, 29 de junio de 2014
Existe suelo para 4 millones de viviendas, según el análisis de RR Acuña
25-06-2014 inmodiario.com
Habrá un incremento de la demanda provocado por una mejora en el empleo y por un mayor crecimiento económico. El desajuste entre oferta y demanda (2007-2013) irá disminuyendo lentamente por razón de un creciente número de herencias y por las adjudicaciones pendientes de ejecución. La lentitud en la disolución del stock y el desajuste continuarán presionando los precios a la baja. A efectos de disolución de stock, debemos de considerar que los 4,7 años son algo superiores por razón de las herencias, esto es, hasta los 7 años en 2016. Estas son las conclusiones generales a las que llega la consultora RR Acuña y Asociados en su informe anual 2013 sobre la situación del mercado inmobiliario en España
Para llegar a estas conclusiones, la consultora entiende que, pese al descenso de un 10,6% en los precios de la vivienda, según el INE, el esfuerzo financiero para la adquisición de vivienda según el Banco de España se ha situado en 2013 en 33,2 (creciendo un 24,3% respecto de 2012) por razón de la pérdida de las exenciones fiscales y el comportamiento de los salarios. Estos dos desajustes por sí solos determinan una caída en los precios, y dentro de ello ha de considerarse que solamente vende aquel que lo hace más barato.
Además, el número de viviendas en venta en las entidades de crédito sigue creciendo, y la Unión Monetaria Europea exige que se deshagan de estos activos. Las entidades de crédito tienen aproximadamente un 20% de la oferta explícita, y sus ventas representan entre un 25% y un 30% de las ventas finalistas. Dado el nivel de activos en su balance, y que éstos seguirán incrementándose en los próximos años, tendrán que bajar precios para forzar ventas
Todas las consideraciones determinan que los precios seguirán bajando, toda vez que la oferta se mantiene o sube ligeramente y, solamente, venderá en que lo haga más barato.
Si se considera el mercado por áreas, subáreas, zonas y productos, la relación entre el stock y las ventas oscila entre menos de un año y más de diez años, sin contar que las herencias y las adjudicaciones amplían este periodo, puesto que incrementan la oferta.
En aquellas zonas cuya relación entre el stock y las ventas se encuentra en torno a un año e inferiores a un año, y además son zonas que coinciden con áreas de población joven donde el peso de las herencias es virtualmente nulo, los precios tienden o tenderán a estabilizarse y en su caso a subir. Sin embargo, eso solo ocurrirá siempre que no existan otras áreas alternativas.
Suelo para 4 millones de viviendas
Esta cifra se ha estimado a partir del saldo comprometido en crédito para suelo que aparece en las memorias anuales de las entidades financieras.
Para la transformación de estos saldos a su equivalente en viviendas se ha empleado el procedimiento residual estático (Orden ECO/805/2003) y según las siguientes premisas de cálculo que establece la citada norma, como son el precio medio de venta de la vivienda terminada en cada área, el coste de construcción medio para la tipología de vivienda de cada área, los gastos generales estimados en el 22% del coste de construcción en concepto de: seguridad y salud, seguros obligatorios, honorarios técnicos, permisos, los de obra, tasas, y otros gastos del promotor; los gastos de comercialización estimados en el 3% del precio de venta, y el beneficio del promotor estimado en el 18% del precio de venta.
En general, con la relación existente entre stock y ventas expuesta, hablar de suelo residencial en los momentos actuales es hipotético. Sin embargo, cabe esperar ciertas necesidades de suelo cuando nos referimos a ciertas subáreas y zonas donde estas relaciones son muy bajas, y para ciertas tipologías.
Donde existe demanda, es posible la promoción en los casos en los que el tenedor del suelo haya dispuesto del mismo a un valor muy bajo sobre su balance, puesto que, con los precios de venta actuales, los beneficios no justifican en muchos casos la promoción inmobiliaria, salvo que lo que se pretenda es liberar inmovilizado a efectos de cancelación de créditos.
Las promociones que se están realizando en estas áreas lo hacen básicamente bajo figuras jurídicas de comunidades de propietarios y cooperativas, y en suelos propiedad de entidades de crédito, adquiridos a bajo precio y muy provisionados por éstas. En tales casos, lo que pretenden las entidades de crédito es liberar inmovilizado, tal y como exige la normativa impuesta por el BCE, y en su caso, recuperar parte de las provisiones efectuadas.
Repercusiones sobre los sectores implicados
Los preceptos normativos exigen la disolución de la empresa cuando su capital haya disminuido por debajo del 25%. Sobre esta pauta ha existido una moratoria para su aplicación hasta el ejercicio 2013, esto es, que todas aquellas empresas que a partir de 2014 se encuentren en esta situación han de afrontar la disolución de la sociedad y adjudicación de bienes a sus acreedores.
En las últimas cuentas anuales disponibles en el Registro Mercantil, las de 2012, de empresas promotoras inmobiliarias, aproximadamente el 30% de éstas se encuentran en situación de disolución, y por otra parte, estas mismas representan a su vez un 30% del crédito concedido por las entidades de crédito y por la Sareb.
El acato de disolución empresarial, en el medio plazo, supondría una avalancha de traspaso de activos inmobiliarios sobre el sector bancario, quien tendrá que atenerse a su liquidación según las exigencias del BCE. Esto forzará aun más las ventas a la baja por parte de las entidades de crédito. En principio, esta avalancha de activos no supondría una mayor pérdida para el sector bancario puesto que actualmente ya está provisionado el 50% sobre el crédito vivo.
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domingo, 29 de junio de 2014
16-06-2014 Gonzalo Garteiz lacelosia.com
Un informe de la organización Clean Clothes Campaign (CCC) sobre las penosas condiciones laborales de los tres millones de empleados del sector textil en los países del Este de Europa, denuncia la falta de respuesta de los grandes grupos, como Inditex, a los que finalmente va destinada la producción, para impedir la explotación laboral de sus proveedores.
El estudio ha sido realizado in situ en Turquía, Georgia, Bulgaria, Rumania, Macedonia, Moldavia, Bosnia, Croacia y Eslovaquia, comprobando la organización CCC que la explotación laboral en estos países se asemeja a la de los países asiáticos. La veintena de grandes marcas contratistas, entre las que figuran las españolas Mango e Inditex, contratan con proveedores de países con salarios mínimos miserables, por debajo de los límites de la pobreza que define el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Miles de refugiados sirios son explotados en talleres de Turquía
Bulgaria, Macedonia y Rumania tienen salarios mínimos en el sector textil inferiores a los de China. En el Sur de Turquía, hay una población, Batman, de casi 400.000 habitantes donde se produce género ‘más barato que en China, y donde se explota sin piedad a refugiados de Siria , que no tienen siquiera permisos de trabajo y a mujeres kurdas. En dos talleres que trabajaban para Zara y H&M, se comprobó que los salarios oscilaban entre 196 y 296 euros mensuales (al cambio de liras turcas) por 10,5 horas de trabajo diario. Estas condiciones eran mejores que las encontradas en otros talleres, donde los salarios de las mujeres sirias sin papeles no superaban los 130 euros y sin disponer de ningún derecho social. En este tipo de talleres no se ponían etiquetas a las prendas para que los trabajadores no pudieran denunciar a las marcas.
Inditex debe exigir a sus proveedores que paguen el salario por encima del umbral de pobreza
CCC ha requerido a Inditex y H&M para que tomen acciones inmediatas para que sus proveedores en Turquía respeten las leyes turcas sobre salario mínimo y horas extras a través de todo la cadena de subcontratas. Además, los salarios deben ser elevados con carácter inmediato al mínimo del umbral de la pobreza, que es el 60% del salario medio nacional. Los precios de compra deberían ser calculados sobre esta base, permitiendo incrementos salariales porcentuales.
En Rumania, los trabajadores que confeccionaban para Inditex denuncian que no ganan el salario mínimo con las horas de trabajo legales y deben hacer horas extraordinarias. En dos talleres, los empleados confesaron a CCC que realizan más horas extra de las que se permiten legalmente y muchas veces se les paga en negro. La organización requiere a Inditex y H&M, marca para la que también trabajaban estos talleres, que imponga la normativa legal rumana sobre pagas extraordinaras y salario mínimo, y también las mismas condiciones salariales que en el caso turco.
Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en el sector es muy inferior al salario mínimo en la industria. Así, en Turquía es de 251 euros en el textil y de 415 en la media de otros sectores. En Bosnia, de 189 contra 416, en Eslovaquia, de 392 a 627 y así sucesivamente. Los salarios más bajos están en Moldavia y Georgia, con 114 y 132 euros, pero no mucho más es el de Macedonia, 175 euros para textil y 158 para calzado. En Bulgaria, un país miembro de la Unión Europea, los trabajadores, normalmente mujeres, denuncian trabajar hasta 400 horas al mes.
Zara también es denunciada en Argentina
A estas denuncias procedentes del Este, hay que añadir en el caso de Inditex las recientes de Chile y Argentina. En Chile, los empleados de tienda se han organizados sindicalmente para luchar contra las condiciones laborales vigentes. Buena parte del personal que ingresa en Zara son jóvenes que deben pagarse los estudios ya que en Chile la educación universitaria no es gratuita y gran parte sólo opta a una jornada parcial de 20 horas semanales, que les proporciona un salario base de 122 euros al mes. Los de jornada completa tienen el sueldo mínimo, que es de 276 euros más un variable del 3% sobre ventas, un punto más de lo que daba hasta que el sindicato consiguiera la subida, según declaraciones de la presidenta de éste, Carmencita Verdugo.
En Argentina, una ONG, La Alameda, ha denunciado a 114 marcas, entre ellas Zara por esclavismo. Recientemente un taller clandestino ha sido desmantelado por la policía en el que trabajaban y vivían seis bolivianos encerrados y vigilados por un rottweiler, en el que trabajaban 13 horas diarias, con un salario que oscilaba entre 100 y 300 euros mensuales al cambio, según ha informado el diario suizo Le Temps. Se calcula en un 78% el total de la industria textil que basa su operativa en el trabajo ilegal de inmigrantes, mayormente bolivianos, incluso con menores, que son contratados en cerca de 4.000 talleres clandestinos en Buenos Aires.
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domingo, 29 de junio de 2014
En el primer trimestre del año compraron 15.402 viviendas, un 27,2% más.
Los no residentes compran más y a precios un 7% superiores que hace un año.
Compran algo más los extranjeros no residentes, con un 52,8% del total.
Los compradores con mayor peso fueron los británicos (13,8%), franceses (10,5%), rusos (8,4%), alemanes (7,5%) y belgas (6,9%).
Europa Press. 24.06.2014 – 20minutos.es
Ya sea porque los españoles no estamos para comprar, como consecuencia de la crisis, o porque los foráneos quieren aprovechar los chollos del mercado, el caso es que los extranjeros compran ya una de cada cinco casas vendidas en España, según datos del Centro de Información Estadística del Notariado.
Son uno de los principales motores de crecimiento de la compraventa de viviendasAsí, los extranjeros compraron 15.402 viviendas libres en España durante el primer trimestre del año, un 27,2% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representó el 19,4% de los inmuebles vendidos en esos meses. Con estas cifras, los notarios certifican que los compradores extranjeros «se constituyen como uno de los principales motores de crecimiento de la compraventa de viviendas».
En la distribución de las operaciones realizadas por extranjeros pesaron más las realizadas por no residentes, con un 52,8% del total tras un incremento del 18,5%. Con todo, la compraventa de viviendas por parte los residentes fue la que experimentó un mayor repunte, con un 38,9% interanual. El aumento lo explicaría “la normalización de las transacciones tras la finalización de la deducción por compra de vivienda en el IRPF en 2012″, dicen los notarios.
La estadística notarial refleja además que los extranjeros no sólo están comprando más vivienda en 2014, sino que además lo hacen con precios un 1,3% más caros, hasta los 1.588 euros por metro cuadrado. «En principio, la evolución del precio por metro cuadrado parece apuntar hacia una estabilización del ajuste en precios observado hasta el momento», señalan al respecto los notarios. No obstante, este repunte se explica por las viviendas adquiridas por los no residentes, con un incremento del valor del 7%, frente a las adquiridas por los extranjeros residentes, que presentaron un precio un 6,4% inferior al del primer trimestre de 2013.
La compraventa por parte de los extranjeros residentes ha crecido casi un 40% interanual. Por nacionalidad, los compradores con mayor peso en el total de las compraventas por parte de extranjeros fueron los británicos (13,8%), franceses (10,5%), rusos (8,4%), alemanes (7,5%) y belgas (6,9%), que aglutinan prácticamente la mitad de estas transacciones. Si bien fueron los estadounidenses los que presentaron el mayor incremento en las transacciones hasta marzo, con un 88,9% más en tasa interanual, por delante de los chinos (+83,1%), irlandeses (+78%), franceses (+69,8%) y rusos (+62,6%).
En cuanto a la distribución geográfica de las transacciones, la mayor parte de las compras de viviendas por parte de extranjeros se concentra en las regiones costeras, por el peso de la demanda de vivienda vacacional. Así, estas transacciones crecieron en todas las comunidades autónomas excepto en Castilla-La Mancha (-24,6%), Castilla y León (-20,1%) y Galicia (-20,2%).
Los mayores incrementos se registraron en el País Vasco (+43,3%), Cataluña (+41,1%), Baleares (+36,4%), Asturias (+34,8%), Andalucía (+32,5%) y Canarias (+23,8%). En las regiones del interior destaca el fuerte crecimiento de la compraventa de viviendas por parte de extranjeros en Madrid (+42,5%) y La Rioja (+23,1%), seguidas de Extremadura (+8,8%) y Aragón (+3,6%).
Del mismo modo, el mayor incremento del precio pagado por los extranjeros hasta marzo se encuentra en Cantabria (+33,9%), por delante de Asturias (+27,7%), Baleares (+27,4%), La Rioja (+22,5%), Madrid (+15,3%) y la Comunidad Valenciana (+9,8%). El resto de las comunidades autónomas experimentaron descensos de precios.
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sábado, 28 de junio de 2014
Justicia ha anunciado que encomienda el trabajo a los registradores mercantiles, pero el Colegio Oficial rechaza este movimiento
Los ciudadanos siguen obligados a registrar nacimientos, defunciones o matrimonios y los trabajadores temen que se pierdan más de 2.000 puestos de trabajo al amortizar plazas
«Los registradores de la propiedad dijeron que no lo harían gratuitamente pero los mercantiles han dicho que sí», justifica el ministerio, pero el decano de estos funcionarios lo niega
Raúl Rejón 26/06/2014 – eldiario.es
Nadie quiere hacerse cargo del Registro Civil. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni los registradores de la propiedad están dispuestos a gestionar este servicio público. Los trámites son una obligación legal de los ciudadanos, que deben consignar nacimientos, matrimonios, defunciones o nuevas nacionalidades. Sólo en 2012 los registros españoles hicieron 1.307.027 operaciones, de las que más de 450.000 fueron nacimientos y unas 402.000 defunciones.
Pero no está claro quién será el que gestione toda esta documentación. El Ministerio de Justicia decidió pasarla a los registradores de la propiedad, pero la pelota regresó de estos otra vez al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, y desde allí pasó otra vez al registro, ahora en concreto a los registradores dedicados a lo mercantil. Y en medio de este traspaso de patata caliente están los ciudadanos, que no tienen más remedio que acudir al registro y que, a pesar de que el ministro lo ha negado, ven en este tema la sombra del copago.
Y además están los trabajadores de los registros civiles, que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán despedidos. Los sindicatos calculan «una gran pérdida de empleo». Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán afectados, de los que «al menos el 50% son funcionarios interinos cuyas plazas se perderán» al pasar el servicio a oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.
El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios de su competencia «fijos o interinos», pero la gran mayoría de este cuerpo de los registros depende de las comunidades autónomas, no del Gobierno central. María Novoa, de CCOO, pone el ejemplo del Registro Central de la calle Pradillo, «donde la interinidad llega al 60%». Todos esos puestos pueden amortizarse «más los que tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo puesto en el registro se esfume», subraya.
Gratis, no
Una ley orgánica aprobada en 2011 sacaba los registros civiles del ámbito de los jueces y consignaba esta labor a los secretarios judiciales o «funcionarios de carrera del Subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho o la titulación universitaria que la sustituya». Pero el actual Ministerio de Justicia tomó la decisión de librarse de este cometido y encomendárselo a los registradores de la propiedad a finales de 2012. La ley debía activarse en julio de este año, pero ya está previsto su retraso.
«Los registradores nos dijeron finalmente que no lo harían gratuitamente», cuentan ahora fuentes del Ministerio. Así que se desistió de ese proyecto que para haber cuajado necesitaba culminarse como una suerte de privatización: que los usuarios pagaran por los trámites para compensar a los registradores. Pero no se abandonó la idea de deshacerse del servicio. El martes pasado, Gallardón se desmarcó con un nuevo movimiento: los registradores de lo mercantil también lo serán de lo civil. Suman unas 120 oficinas en toda España.
Así que un grupo de registradores de la propiedad en el ámbito mercantil ha decidido que sí asumirá este trabajo sin recibir nada a cambio, aducen ahora en Justicia. Pero el Colegio Oficial lo rechaza de plano y dice que «el Registro Civil es demasiado y su costo, ni el propio Gobierno sabe cuál es». Además, se atreven a vaticinar que «el Ejecutivo pretende que esta carga tremenda la soporten los registradores o, de manera indirecta, los usuarios del Registro Mercantil». Es decir, que barruntan que se suba el precio a esos trámites.
Trasladada la cuestión al Ministerio de Justicia, un portavoz ha contestado a eldiario.es que «no está previsto subir aranceles» para los trámites habituales del Registro Mercantil y no se piensa trasvasar una partida económica compensatoria. «El volumen de negocio de los mercantiles es más constante, menos sujeto a vaivenes de crisis económica», analizan fuentes del Ministerio para explicar por qué podrían asumir las labores de Registro Civil sin compensación. «La inmensa mayoría de los registrados no quieren esta función», responde el decano del Colegio Oficial, Gonzalo Aguilera.
Al final del túnel, lo que sospechan los trabajadores del Registro Civil con los que ha consultado eldiario.es es que «los primeros registros serán gratuitos y lo que se haga electrónicamente también, pero terminarán por pasar una tasa por otros trámites». En esa línea, el colectivo de registradores ve «razonable un sistema mixto» en el que algunas cosas no se cobren y otras sí.
Lucha interna de registradores
Tras el anuncio del ministro en el Senado esta semana, el Colegio Oficial de Registradores ha entrado en erupción: «No queremos el registro y la mayoría de los colegiados así lo han expresado», ha reiterado el decano Aguilera. ¿Y los registradores que han impulsado el proyecto en el Ministerio? «Son un grupo minoritario», ha contrapuesto Aguilera. El propio decano ha hablado de «posible cisma en el colectivo». De hecho, no existe un grupo independiente de mercantiles. Son todos registradores de la propiedad cada uno con una función.
Lo cierto es que en el colegio hay una tensión interna entre los que quisieron hacerse con el Registro Civil y los que no aceptaron gestionarlo «gratis». Esta división se trasladó a las últimas elecciones del colegio, en las que se impuso la mayoría del ‘no’ al registro. Pero los movimientos subterráneos no se han detenido, a la luz de la reforma ahora anunciada por el Ejecutivo.
Para completar el poliedro, Justicia estima que «habrá mucho menos trabajo con la digitalización general». Hasta un 85% menos de certificaciones, dicen. «Los nacimientos y defunciones las harán los médicos y forenses automáticamente», ha asegurado un portavoz
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sábado, 28 de junio de 2014
Convocan una nueva concentración ante la sede de los Juzgados de León ante la decisión «unilateral» del Gobierno para privatizar el servicio
leonoticias.com 26/06/2014
Los trabajadores de los Juzgados de León se han concentrado este jueves para mostrar el rechazo al anuncio del ministro de Justicia de privatizar el Registro Civil y encargar la gestión futura a los registradores mercantiles, decisión adoptada “unilateralmente” por este Ministerio.
Por ello, han exigido la “retirada inmediata” de esa decisión y la convocatoria de una mesa de negociación para definir las bases de un Registro Civil público, gestionado por funcionarios de Justicia.
Con la anunciada privatización del Registro Civil, los registradores mercantiles pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles y su labor quedará bajo la supervisión del Ministerio de Justicia, según lo manifestado recientemente por el ministro de Justicia. La ley de 2011 iba a entrar en vigor el próximo 22 de julio, pero el Gobierno va a prorrogarla en los próximos días, tras acordar estas modificaciones.
Para CSIF, la decisión que adopta el Ministerio de Justicia es un “despropósito” y “duda mucho” de la gratuidad futura de las actuaciones ante el Registro Civil, porque “finalmente serán los ciudadanos quienes paguen por el servicio”. “Tampoco nos ofrece credibilidad la afirmación de que se conservarán los puestos de trabajo en la Administración de Justicia”.
El sindicato considera que no hace falta privatizar el Registro Civil para hacerlo más eficaz, sino “voluntad política y apuesta decidida por lo público y, sobre todo, por aprovechar la formación, experiencia y potencial de los funcionarios de Justicia en materia de Registro civil”.
“No impulsar dicha alternativa pública, invirtiendo en mejorar los actuales medios personales y materiales para continuar con la modernización de este servicio, que debería seguir siendo público, gratuito y universal, para todos los ciudadanos, pone en evidencia los intereses ajenos al bien público que hay detrás de la decisión del Ministerio de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles”.
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sábado, 28 de junio de 2014
Temen que se ocasiones un perjuicio irreparable» para el ciudadano y no ven «creíble» la gratuidad que anuncia el Gobierno
Agencias 27/06/2014 publico.es
La Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha amenazado con convocar movilizaciones si el Registro Civil es finalmente asumido por registradores mercantiles y han advertido de que «no es creíble» que no cobren por esta función, como sostiene el Gobierno.
Los secretarios judiciales teme que se acaben introduciendo aranceles o que se encarezcan los trámites meramente mercantiles.
La asociación ha manifestado que no le sorprende el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puesto que se trata de la «segunda tentativa de privatizar» los registros civiles después de que «fracasara» su intención de atribuirlos a los registradores de la propiedad, informa Europa Press.
A su juicio, se trata así de un nuevo intento de privatización que conlleva un «perjuicio irreparable» para el ciudadano. Recuerda que recientemente presentaron al Ministerio de Justicia un plan alternativo en virtud del cual defendían la «plena capacitación» de los secretarios para asumir esta competencia «a coste cero para el ciudadano y de la Administración».
Por último, han criticado la «política privatizadora» emprendida por el departamento de Gallardón que se cristaliza, a su juicio, en los proyectos de jurisdicción voluntaria, la anunciada externalización de las notificaciones de resoluciones procesales y la ejecución de las mismas a «órganos ajenos a la Administración de Justicia».
«Todo ello implicaría un perjuicio tanto económico como de servicio irreparable para el ciudadano», ha concluido en un comunicado.
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sábado, 28 de junio de 2014
700 interinos en registros de CCAA con competencias
27/06/2014
La digitalización solo ha alcanzado al 50% de los Registros Civiles y no es suficiente para que las Administraciones se intercambien los datos
Madrid, 26 (europa press) iustel.com
El Ministerio de Justicia prevé que la informatización del futuro Registro Civil evitará gran parte de los desplazamientos de los ciudadanos a estas oficinas y permitirá que las Administraciones accedan directamente a esa información, por lo que el 85% de las actuales certificaciones serán innecesarias y se reducirán en tres millones anuales, según informaron a Europa Press fuentes ministeriales.
Las certificaciones del nuevo Registro Civil se expedirán a través de Internet. Así por ejemplo, los allegados de una persona fallecida podrán solicitar electrónicamente los certificados de defunción para dar de baja su cuenta corriente, el teléfono móvil o los servicios de agua, luz o gas que tenía contratados.
Cuando la certificación en papel sea precisa, se podrá acudir a las oficinas del Registro Civil, las oficinas de Notaría o los juzgados de paz.
El Ministerio de Justicia pide no confundir los trabajos de «digitalización» realizados durante estos años con la «informatización», que es indispensable para tratar los datos y conseguir la interoperabilidad entre las Administraciones.
La reforma del Registro Civil busca un fin «más ambicioso» que la simple digitalización de las imágenes. Sobre todo en las dos legislaturas anteriores, el Estado hizo una gran inversión en la digitalización de los libros, pero no se extendió a la información anterior a 1950 ni alcanzó a todos los registros.
De esta manera, después de casi 10 años de inversiones, el 50 por ciento de los registros civiles no están digitalizados, según el Ministerio, que pide no confundir tampoco la plataforma desarrollada por el Colegio de Registradores para tramitar los expedientes de nacionalidades con la que se implante en el Registro Civil.
Este servicio público, que mueve cada año 3,3 millones de trámites, inscribe los nacimientos, defunciones, matrimonios, separaciones, inapacitaciones, cambios de apellido y otros actos de la vida civil de las personas.
Reubicación de funcionarios en la misma ciudad
Según las fuentes consultadas, cerca de 4.800 funcionarios trabajan en los Registros Civiles, exceptuando a jueces y secretarios judiciales. De ellos, 1.400 lo hacen en el ‘territorio Ministerio’ y 3.400 en las comunidades autónomas con las competencias transferidas.
El 20% del personal está formado por funcionarios interinos, trabajando 300 en el ‘territorio Ministerio’ y 700 en las comunidades autónomas con competencias en Justicia.
El Ministerio garantiza el mantenimiento de los puestos de trabajo de los interinos e intentará su reubicación en la «misma ciudad o en una cercana», según las fuentes consultadas.
Los 700 restantes dependen de la decisión de las otras comunidades, aunque Justicia confía en que puedan reforzar esos puestos de trabajo dado que han reclamado convocatorias de plazas estos últimos años.
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viernes, 27 de junio de 2014
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viernes, 27 de junio de 2014
Consideran que el proyecto del ministro incluye unos costes «altísimos» para el colectivo que repercutirán en el usuario de lo mercantil
Jesús Poveda 26-06-2014 – cadenaser.com
El colegio de Registradores de la propiedad y lo mercantil no quieren asumir la gestión del registro civil tal como ha propuesto el ministro Gallardón. Critican la falta de previsión de Justicia y que no se hayan puesto en contacto con ellos. Aseguran que la puesta en marcha del modelo propuesto supondría un coste demasiado alto que tendrán que pagar los propios registradores de su bolsillo.
Los registradores se niegan a asumir la organización del Registro Civil, porque supondrá un coste demasiado alto, que tendrían que sufragar ellos mismos. El cambio de modelo, apenas detallado por el equipo de Gallardón, «tendría un coste altísimo, y lo más probable es que no funcionara adecuadamente sin un sistema de financiación necesario», asegura Gonzalo Aguilera, el decano del Colegio de Registradores.
Creen que los usuarios terminarán pagando la reforma. Los costes de los registros en lo mercantil y de la propiedad aumentarían para poder compensar la gratuidad de los servicios de registro civil.
El colegio teme que, si se implanta el modelo de Gallardón, interfiera en su actual trabajo y el registro mercantil y de propiedad deje de funcionar correctamente. Además, las condiciones de implantación supondrían un coste añadido que tendrían que pagar los registradores por su cuenta al ser un servicio gratuito. «Y esto sería contrario al derecho europeo, que ordena que los costes de lo mercantil o la propiedad se destine a financiar, exclusivamente, el registro de esa misma naturaleza», dice Aguilera.
Falta de concreción y comunicación
El decano ha criticado también que el ministerio no se haya puesto en contacto con ellos una vez hizo pública su intención del cambio de gestión en el Senado. Y no ven probable la implantación del nuevo modelo ya que no hay una memoria económica, que debe incluirse en cualquier proyecto legislativo.
Avisan de que se podría producir un cisma en el cuerpo de registradores, porque hasta ahora, según dicen, el ministerio solo se ha dirigido a los de lo mercantil, pero el cuerpo de registradores es único y se compone de lo mercantil y la propiedad.
Cuatro propuestas
El cuerpo de registradores no tendrá más remedio que asumir esta gestión si el gobierno así lo decide en firme. Y en tal caso han propuesto cuatro alternativas al modelo hasta ahora perfilado por Justicia. En primer lugar que esta reforma se lleve a cabo con el mismo consenso que ya se consiguió con la ley de 2011. Un marco que entraría en vigor el mes próximo, de no ser por la prórroga del gobierno.
Proponen, además, que la gestión de lo civil y lo mercantil se separen para no interferirse mutuamente. Creen, en tercer lugar, que sería más eficiente utilizar el propio sistema informático del colegio para realizar los expedientes de lo civil, al contrario de lo que propone el ministerio. Y como última sugerencia, pero indispensable, los registradores ven necesario un sistema de financiación adecuada.
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viernes, 27 de junio de 2014
Conflicto con Justicia
Madrid 26-06-2014 cincodias.com
Gonzalo Aguilera, presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, y Beatriz Corredor, directora de Relaciones Institucionales.
“Los registradores de la propiedad y mercantiles no queremos asumir la gestión del Registro Civil”. Así de tajante se mostró el presidente del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Gonzalo Aguilera, para mostrar su absoluta disconformidad con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de que los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil. “Los registradores de la propiedad y mercantiles no pretendemos obtener ningún beneficio con la gestión del Registro Civil, pero no queremos tener que soportar los costes de este servicio público”, señaló Aguilera.
Entre sus sugerencias, el Colegio reclama el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil de 2011, cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza; la separación entre el Registro Civil, el de la Propiedad y el Mercantil; la gestión desde una plataforma tecnológica desde el Colegio y un sistema adecuado de financiación. Aguilera defendió un cambio del modelo de gestión del Registro Civil en el que se mantenga la gratuidad de determinados actos como la inscripción de los nacimientos y las defunciones, pero que el usuario pague por el cambio de apellidos o la inscripción de separaciones, divorcios o capitulaciones matrimoniales.
Si ahora se decide que el Registro Civil deje de sufragarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los registradores de la propiedad advierten que los costes los tendrán que soportar ellos mismos y los usuarios. “Me llama poderosamente la atención la propuesta del Ministerio de que el servicio público del Registro Civil, que ahora gestionan 452 juzgados y 8.000 juzgados de paz, pase a ser prestado por cien registradores con sus propios medios”, apuntó.
El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, justificó la petición realizada a los registradores como una vía para agilizar “la resolución de las necesidades de los ciudadanos”. Román aclaró que en ningún caso supondrá la privatización de los servicios y que seguirá siendo un servicio público gratuito.
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viernes, 27 de junio de 2014
El cambio de gestión decidido por Justicia pone en pie de guerra al colectivo
Vera Gutiérrez Calvo Madrid 26 junio 2014 – elpais.com
El cambio de gestión del Registro Civil, que ahora está en manos de jueces y va a ser delegado en un centenar de registradores mercantiles, ha provocado un enfrentamiento abierto entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón. El decano del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha convocado hoy una rueda de prensa para acusar al Gobierno de idear una fórmula que, en su opinión, derivará en un mal funcionamiento del servicio público y que, al repercutir todos los costes en los registradores mercantiles, acabará repercutiéndolos, a través de ellos, en los usuarios de los registros mercantiles.
Aguilera ha arremetido contra Justicia por intentar provocar un «cisma en el seno del Colegio», entre los registradores de la propiedad (que son la inmensa mayoría y rechazan asumir el Registro Civil) y los mercantiles (una minoría con la que el ministerio ha hablado de forma individual y en los que finalmente ha decidido delegar el servicio). «Este es un único cuerpo, el de registradores de la propiedad y mercantiles, y el Colegio es el único órgano autorizado para expresar la opinión de todos ellos. Esa opinión es que no queremos asumir la gestión del Registro Civil. Somos funcionarios públicos, cumpliremos lo que el Gobierno decida. Pero, si nos preguntan, no queremos asumir el Registro Civil», ha aseverado el decano.
Aguilera va a pedir de inmediato una reunión con el ministerio. En ella insistirá en que el Colegio no quiere gestionar el Registro Civil, pero a la vez pedirá participar en el diseño del proyecto. Y subrayará en que, a su juicio, si el «modelo de gestión» del Registro Civil va a cambiar, no pueden cambiar solo los gestores sino también el modelo de financiación, estableciendo el pago de aranceles por ciertos trámites. Esa propuesta no tiene muchos visos de prosperar, porque es lo que el Colegio de Registradores defendió durante meses y finalmente provocó el pasado marzo la ruptura de negociaciones con el ministerio, que había decidido mantener la gratuidad. Tras esa ruptura, Justicia renunció a delegar el servicio en los 1.000 registradores de la propiedad y negoció individualmente con los 120 mercantiles. El Registro Civil, en el que los ciudadanos inscriben nacimientos, defunciones, matrimonios, divorcios y otros muchos actos de su vida civil, mueve cada año 3,3 millones de trámites, entre inscripciones, certificados y copias.
Financiación a costa de los registros
El decano ha deslizado sus dudas de que un servicio que ahora se gestiona por jueces en más de 400 juzgados y 8.000 juzgados de paz vaya a poder ser asumido por un centenar de registradores mercantiles, a título individual, sin la participación del Colegio. Ha dicho, además, que no solo los registradores de la propiedad se resistían a asumir ese nuevo servicio sino también «la inmensa mayoría de los registradores mercantiles», y ha apuntado a que son «los registradores que trabajan o colaboran con el ministerio» los que han impulsado la medida. El director general de Registros del ministerio es registrador.
Por otro lado, Aguilera ha señalado que la obligación que se impone a los registros de financiar todo el coste de funcionamiento del nuevo Registro Civil supone que el dinero que ingresan con aranceles los registros mercantiles acabará financiando otro servicio, el civil, y que eso podría vulnerar la normativa europea. Sería además, en su opinión, un agravio para los usuarios de los registros mercantiles, que verían que los aranceles que ellos pagan se usan indirectamente para mantener el Registro Civil. «¿Qué pensará un autónomo cuando vea que lo que él paga para registrar un acto de su empresa va a financiar la inscripción del divorcio de otro ciudadano?», ha planteado.
El subsecretario de Estado de Justicia, Juan Bravo, ha respondido a Aguilera que «por supuesto» se reunirá con él en cuanto lo pida, pero ha insistido en que la decisión de delegar la gestión del Registro Civil en los registradores mercantiles está tomada, y la de mantener la gratuidad también. Según Bravo, no es cierto que la inmensa mayoría de los registradores mercantiles estén en contra de esa decisión. «Hemos hablado con ellos y entienden que son funcionarios públicos y que tienen que asumir ese nuevo cometido», ha dicho. Bravo ha negado también que se vulnere normativa europea. Y ha apostillado que, si se aplicara la doctrina de que el usuario del registro mercantil solo debe pagar lo que cuesta su trámite particular, «a lo mejor habría que acabar revisando los aranceles» en su totalidad, lo que revertiría en un menor beneficio para el registrador. El cambio de gestión del Registro Civil no será una realidad hasta dentro de uno o dos años.
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viernes, 27 de junio de 2014
Gallardón rechaza las alternativas del Colegio de Registradores
El ministro pretende asignar a los registradores mercantiles la gestión del Registro Civil
Aguilera afirmó que la mayoría de los registradores mercantiles están en desacuerdo
María Peral – Madrid 26/06/2014 elmundo.es
El Colegio de Registradores ha manifestado su «absoluta disconformidad» con la decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignar a los registradores mercantiles (integrados en ese mismo Colegio) la gestión del Registro Civil, uno de los servicios que más quejas motivan de los ciudadanos.
El presidente del Colegio, Gonzalo Aguilera, ha afirmado esta mañana en una rueda de prensa que es inviable que el centenar de registradores mercantiles que hay en España, «con sus propios medios y a su costa», asuman el funcionamiento de todos los registros civiles de España.
Aguilera afirmó que «la práctica totalidad» de los registradores mercantiles están en desacuerdo con la decisión de Justicia y sólo la apoyan «un grupo de registradores muy minoritario que está trabajando con el Ministerio», una situación que le preocupa porque puede conducir a un «cisma» en el Colegio.
El decano aseguró que Justicia ha rechazado todas las alternativas que el Colegio ha planteado. «Cuando se habla de la gratuidad del Registro Civil lo que se pretende es que los gastos los asumamos nosotros. Pero quizá no sólo nosotros», dijo Aguilera, que se preguntó qué va a pensar el empresario autónomo cuando sepa que «al abonar la inscripción de su sociedad en el Registrado Mercantil está financiando las capitulaciones matrimoniales de otra persona».
«Nosotros no queremos obtener beneficio, pero tampoco queremos ser los que soportemos los costes» del Registro Civil, hasta ahora con cargo a los presupuestos del Estado.
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viernes, 27 de junio de 2014
El Gobierno transfiere el servicio del Registro Civil, aunque aplaza la puesta en marcha a 2015
Javier Pajarón 26/06/2014 lavozdealmeria.es
Y al final del camino, el Registro Mercantil. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, deshoja la margarita de meses de negociación y anuncia la cesión de las competencias de los Registros Civiles al Registro Mercantil.
Gallardón confirmó en el Parlamento la conclusión del periodo de conversaciones con operadores administrativas, un proceso que ha tocado a notarios y registradores de la propiedad, y finalmente iniciará la desjudicialización con el acuerdo alcanzado con el Registro Mercantil.
El Ministerio de Justicia salva así el callejón sin salida en el que se encontraba con la entrada en vigor de la nueva ley reguladora de los Registros Civiles, prevista para finales del mes de julio. Gallardón quería sacar de las sedes judiciales este servicio, básico para las partidas de nacimiento, matrimonio, defunción o nacionalidad, pero obligaba a asumirlo (al menos inicialmente) de forma gratuita para el ciudadano. Los registradores de la propiedad se negaron y el Ministerio de Justicia opta por el Registro de lo Mercantil y por un aplazamiento de la puesta en marcha, prorrogada hasta “2015 ó 2016”.
Protestas del sector
La solución no satisface a la gran mayoría de los operadores jurídicos. En Almería, los sindicatos llevan meses de protestas semanales contra la reforma. Les preocupa especialmente los posibles costes para los usuarios de un servicio hasta ahora gratuito y la pérdida de puestos de trabajo. Según las estimaciones del sector, en todo el país se perderían 5.000 plazas por la privatización del Registro Civil, unas 50 en la provincia de Almería.
CCOO anuncia una huelga en la Administración de Justicia para mostrar el rechazo a la medida. “Los ciudadanos y ciudadanas acabarán pagando por un servicio que en la actualidad es público y gratuito”, señala la organización sindical.
CSIF critica la privatización y asegura que el Registro Mercantil “tendrá ayuda en forma de aranceles, subvenciones y convenios”. “Con los medios actuales el Registro Civil electrónico podría ser una realidad; se podría ahorrar ya millones de euros y miles de horas de trabajo que se podrían usar para reforzar otros servicios”, añade.
Actualmente existen Registros Civiles en cada una de las ocho sedes cabeceras de partido judicial de la provincia de Almería (Almería, Berja, Roquetas, Purchena, El Ejido, Los Vélez, Huércal-Overa y Vera) y están adscritos a una Juzgado de Primera Instancia. En ellos trabajan entre 50 y 60 funcionarios de Justicia, muy atentos a la evolución del proyecto de traspaso de competencias gestado en Madrid.
El Ministerio de Justicia oficialmente insiste en la gratuidad para el ciudadano. “Finalmente, se encomendará esta gestión a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles, y que, en línea con el objetivo anunciado por el Ministerio, tramitarán todos los certificados y expedientes de forma gratuita para el ciudadano”, señala una nota.
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viernes, 27 de junio de 2014
Pilar Muñoz – jueves, 26 de junio de 2014 latribunadeciudadreal.es
Dicen que les ha pillado por sorpresa y que se confirma sus temores de que los registros civiles queden fuera del ámbito judicial
El ministro Ruiz Gallardón «ha confirmado lo que nos temíamos: el Registro Civil va a quedar en su integridad fuera del ámbito judicial», aseguran los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia adscritos a los Juzgados de Ciudad Real.
Han peleado para evitar que los registros civiles se privaticen. Por ello hoy, vuelven a la carga con una jornada de protesta en las puertas de los Juzgados.
Como un jarro de agua fría ha caído en los Juzgados de Ciudad Real el anunció del ministro de Justicia en el Senado respecto a la decisión del Gobierno de encomendar la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, que pasarán a denominarse registradores civiles y mercantiles.
Gallardón ha asegurado que todos los certificados y expedientes se tramitarán de forma gratuita para el ciudadano, algo que no se creen los sindicatos de los trabajadores de la Administración de Justicia porque «no van a trabajar gratis. Quizá no se cobre la primera solicitud, pero sí las próximas o segunda en el caso de un matrimonio separado por poner un ejemplo», señalaron a este diario.
Insisten en que sus temores se han confirmado con el anuncio, pero no van a cejar en su batalla.
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viernes, 27 de junio de 2014
Agencias diarioSigloXXI.com , 22 de junio de 2014, Madrid – Europa Press
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) planteará este martes al Pleno del Congreso la posibilidad de que los titulares de hipotecas sobre la primera vivienda que se hayan visto afectados por la estafa en la comercialización de las participaciones preferentes o deuda subordinada no puedan perder su piso por impago mientras no se les devuelva el importe íntegro de su inversión o recuperen la capacidad de pago.
Así se recoge en una proposición de ley de los nacionalistas gallegos que modifica la Ley de Reestructuración y resolución de entidades de crédito, aprobada en noviembre de 2012 y en la cual se establecía el principio de participación en las cargas, que obliga a que los tenedores de productos híbridos como las preferentes asuman parte de las pérdidas de las entidades financieras, así como parte de los costes del rescate bancario aplicado por la UE.
Este principio plantea, según el BNG, «importantes problemas» en este caso, en el que tanto las propias entidades bancarias como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han reconocido que se dieron «casos de mala praxis comercializadora al colocar estos productos a clientes sin la debida formación financiera o que demandaban otro tipo de producto».
Así, aplicar el reparto de cargas también a estos pequeños ahorradores se «generan importantes e injustos perjuicios», que la Administración debe evitar. Y, para ello, el Bloque propone modificar la Ley de Reestructuración Bancaria para «evitar que los ahorradores sufran pérdidas» y garantizar que puedan recuperar la totalidad de su inversión, sin discriminación temporal en el acceso al procedimiento y sin tener que acudir a la vía judicial.
Acreditar que se es ahorrador
Para dirimir a quiénes se les debería dar esta posibilidad, el BNG propone que tengan derecho a la recuperación de las cantidades invertidas «sin pérdida ninguna» los clientes minoristas no profesionales, es decir, a los que no se les puede presumir experiencia, conocimientos y calificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.
En todo caso, debería incluirse en este grupo a las personas que no tuvieran contratado ningún producto de inversión significativo en relación con su posición de liquidez antes de adquirir las preferentes, a quienes acrediten que en el momento de la contratación «deseaban mantener la disponibilidad de sus ahorros», a aquéllos que por edad, situación personal o falta de formación deben ser considerados ahorradores, a quienes tengan perfiles similares a los casos aceptados por el arbitraje o las sentencias judiciales favorables, y a todos los que puedan demostrar que no recibieron una información adecuada.
Para identificar a estas personas las entidades financieras deberían contratar a un tercero «independiente, de acreditado prestigio y formación» que analice todos los contratos vigentes, usando si es necesario la vía del arbitraje. Durante todo este tiempo, quedarían en suspenso las medidas de reparto de costes que están en vigor.
Además, el Bloque cree que estas previsiones deben ser de aplicación para los titulares de instrumentos híbridos de entidades financieras nacionalizadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que tuvieron que acogerse al canje o a la conversión obligatoria de sus títulos en acciones, «siempre que se determine su condición de ahorrador mediante un procedimiento de arbitraje o similar» y optando a la misma opción de recuperar su dinero sin pérdidas.
En el caso de los ahorradores con participaciones preferentes o deuda subordinada que tengan también un crédito hipotecario de la misma entidad sobre su primera vivienda, el Bloque defiende que no se les podrá ejecutar la hipoteca u otras garantías por imposibilidad para pagar la cuota «en tanto no les sea devuelto íntegramente el nominal invertido o recuperen la capacidad de pago».
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jueves, 26 de junio de 2014
Xavier Gil Pecharromán 26/06/2014 – eleconomista.es
Mientras, algunos mercantiles consideran el traspaso un «orgullo»
CCOO y CSI-F, convocaban ayer huelga en el sector de la Justicia
Algunos decanos territoriales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles rechazaron ayer el anuncio del ministro de Justicia de que los mercantiles se van a hacer cargo de la gestión del Registro Civil.
El decano, Gonzalo Aguilera Anegón, y los miembros de la Junta de Gobierno explicaron su desacuerdo ante las medidas anunciadas, argumentando, entre otras cosas, que se ha dividido la profesión en dos especialidades diferentes, puesto que hasta el momento forman un cuerpo único de funcionarios, que sirven indistintamente Registros de la Propiedad como Mercantiles.
Sin embargo, fuentes solventes del Ministerio de Justicia negaron que se pretenda modificar el estatus funcionarial de los registradores, aunque sí que se les van a ampliar sus competencias con el Registro Civil y otros Registros que se han ido creando mediante diversas leyes en los últimos meses.
Los responsables del Colegio piensan resistirse a esta medida, y argumentaron también, la colisión de las medidas adoptadas por el Ministerio con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que éste ha publicado sentencias en las que podría deducirse que no admite la doctrina que el dinero recaudado por un Registro Mercantil se use para otro distinto.
Así, los registradores citan, por ejemplo, la sentencia de 2 de diciembre de 1997, conocida como el caso Fantask. En ella se concluye que «la cuantía de los derechos percibidos por la inscripción registral de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada y de sus aumentos de capital debe calcularse únicamente sobre la base del coste de las formalidades correspondientes, teniendo en cuenta que esta cuantía también puede cubrir los gastos generados por las operaciones menores efectuadas gratuitamente».
Mientras tanto, un grupo de registradores mercantiles aseguraron ayer a Europa Press, que «no hay trampa ni cartón» en la decisión del Ministerio de Justicia y que este será gratuito para el ciudadano y para la Administración. También, manifestaron su «orgullo» por la confianza que el Gobierno ha depositado en ellos y en su experiencia, contrastada en la gestión de la información de las personas jurídicas. «Solo pedimos que el público valore nuestro sacrificio», dicen.
Por otra parte, CCOO y CSI-F, convocaban ayer huelga en el sector de la Justicia en toda España.
CCOO afirmaba en una nota que «esta decisión de Gallardón busca reforzar una profesión que se encuentra en entredicho por la UE y entre cuyos profesionales se encuentra personal designado a dedo por el propio ministro en el gabinete del cual es titular».
Por su parte, CSI-F afirma que «la deslealtad de Gallardón con los ciudadanos y con los funcionarios de Justicia tendrá una respuesta contundente por su parte».
Sin embargo, según Justicia, estos órganos acumularon en 2012 uno de los mayores porcentajes de quejas presentadas contra la Administración de Justicia, hasta un 44 por ciento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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jueves, 26 de junio de 2014
25/06/2014 Origen: Redacción NJ noticiasjuridicas.com
La decisión del Ministro de Justicia de los registradores mercantiles asumirán la gestión del Registro Civil ha despertado fuertes reacciones entre los principales colectivos afectados por la medida.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
Los Registradores expresan su «absoluta disconformidad»
Los registradores han hecho pública una nota por la recuerdan que ya en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril del pasado año, como en las distintan reuniones mantenidas con el Ministerio, manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil.
Por ello lamentan que no se hayan atendidos sus propuestas que, «a diferencia de la decisión adoptada respondían a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil».
Según la nota del Colegio de registradores, el anuncio de Gallardón pone de relieve su «desconocimiento» sobre la estructura del cuerpo de registradores, «formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles».
«Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia», añaden.
El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, «cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza».
Asimismo ha expresado su «preocupación y malestar» por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un «cisma» en el cuerpo de registradores después de «financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos».
La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, «sin detrimento del interés general».
Los Secretarios judiciales acusan a Gallardón de privatizar el Registro Civil
Por su parte, las asociaciones de secretarios judiciales han reiterado sus anteriores críticas y acusado al ministro de Justicia de «privatizar» el Registro Civil e «infravalorar» a los fedatarios públicos frente a funcionarios «semiprivados» como registradores o notarios.
Así, en declaraciones a Europa Press, el portavoz del Sindicado de Secretarios Judiciales (SISEJ), Rafael Lafuente, ha calificado de «burda mentira» considerar a los registradores mercantiles funcionarios públicos, puesto que funcionan como «empresarios» al quedar desvinculados del servicio público y cobrar por arancel tras superar la oposición.
«Es un paso más a la privatización y al desmantelamiento de la Administración de Justicia», ha advertido Lafuente para añadir que se une a otras medidas como las tasas judiciales o el aumento de competencias a otros colectivos.
Por otra parte, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) ha criticado la «deriva privatizadora» del Ministerio de Justicia, dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, y le han acusado de «infravalorar» a los fedatarios públicos frente a otros colectivos como notarios, registradores o procuradores.
Esta asociación ha mostrado su «frontal» rechazo al anuncio de Gallardón de encomendar el Registro Civil a los registradores mercantiles y le han exigido un cambio de rumbo en lo que queda de legislatura para dar valor a la figura del secretario judicial.
A pesar de las «buenas palabras» que los representantes ministeriales han transmitido al colectivo, la asociación sólo ha constatado que su hoja de ruta la están trazando de espaldas a los secretarios judiciales. «El Cuerpo secretarios judiciales está siendo infravalorado, cuando no despreciado, por este Ministerio», ha remachado.
En este sentido, ha denunciado que el Ministerio está encomendando cada vez más funciones a «profesionales ajenos a la Administración de Justicia», como demuestra la jurisdicción voluntaria, la ley hipotecaria o el Registro Civil, donde se aumenta el poder de los notarios.
La UPSJ ha denunciado además el «trato discriminatorio» que reciben los secretarios judiciales por días de asuntos propios frente a jueces o fiscales o en cuanto a subvenciones a sus asociaciones. (EUROPA PRESS)
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jueves, 26 de junio de 2014
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jueves, 26 de junio de 2014
El Ministerio de Justicia resolvió casi 450.000 expedientes de nacionalidad en los dos últimos años
E. Carbajales, Vigo | 25 Junio 2014 – cronicasdelaemigracion.com
Tras dos años de funcionamiento, el Plan Intensivo de Nacionalidad resolvió un total de 448.261 solicitudes de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, la mayoría de forma favorable, pero todavía quedan pendientes por resolver 168.000 expedientes.
El Plan Intensivo de Nacionalidad se puso en marcha en junio de 2012 con la firma de una encomienda a los registradores de la propiedad para que tramitaran expedientes de nacionalidad y se amplió el pasado mes de abril con una encomienda a los notarios. En un principio, se daba de margen un año para tener los expedientes actualizados pero tras dos años de funcionamiento quedan por resolver 167.000 expedientes anteriores a 2013. Actualmente, la espera media para la resolución de un expediente de nacionalidad es de dos años.
Según los datos aportados por el Ministerio de Justicia, con fecha del pasado 1 de junio, se habían digitalizado en los dos últimos años un total de 612.287 expedientes y 170.530 expedientes complementarios, lo que supone más de 38 millones de páginas digitalizadas.
Este proyecto nace para acabar con el retraso en la tramitación de la nacionalidad que se acumulaba desde 1995 y que supuso que a 31 de diciembre de 2011 hubiese más de 465.000 expedientes de nacionalidad por residencia pendientes de tramitación, lo que equivale a dos años y medio de retraso. A estos expedientes había que sumarles las más de 13.000 nuevas solicitudes de nacionalidad que se contabilizan cada mes.
En estos dos años, el número de expedientes tramitados por los Registros ascienden a 488.265; los expedientes en los que se ha solicitado información adicional al promotor son 62.889 y los expedientes informados por los registros ascienden a 463.992.
Plan Intensivo de Nacionalidad
El Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN) se puso en marcha el 26 de junio tras la firma entre el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y el decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Alfonso Candau Pérez, de una encomienda para que los más de mil registradores de España tramitasen sin contraprestación económica expedientes de nacionalidad y pusiesen todos sus recursos humanos y técnicos al servicio de dicha encomienda con el objetivo de poner fin al retraso administrativo en el plazo de un año.
Otro paso más en el objetivo de acabar con el retraso acumulado fue la firma de otra encomienda con el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collantes, por la que los notarios colaborarán, igualmente sin contraprestación económica, en la realización de las Juras o Promesas de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución y las Leyes, trámite imprescindible para la adquisición de la nacionalidad española por residencia.
Digitalización masiva
La puesta en marcha del PIN comenzó con el traslado de los expedientes de papel a unas nuevas dependencias habilitadas para ello y a partir de ahí se comenzó con la digitalización masiva para transformar todo ese papel en documentos electrónicos. En total se digitalizaron 38.219.658 páginas.
A partir de ahí se creó un sistema de archivo electrónico que permite evitar el colapso en las actuales dependencias y una infraestructura tecnológica para la tramitación electrónica de los expedientes. Posteriormente, se creó una red de comunicación que permite completar los expedientes con toda la documentación precisa para su resolución y se distribuyeron a la totalidad de los Registros de la Propiedad y Mercantiles para elaborar informes previos a la resolución de expedientes de nacionalidad.
Para la conversión de todos los documentos en papel a la versión digital trabajan los más de mil registradores españoles y un grupo de trabajo de este colectivo seleccionado y formado especialmente para este proyecto, que dan soporte, contestan y atienden el gran número de preguntas, consultas y dudas que surgen diariamente. Además, se cuenta con multitud de empresas privadas, líderes en sus respectivas áreas de especialización, que están aportando su tecnología, conocimiento y experiencia.
Igualmente, y en coordinación con la Dirección General de los Registros y del Notariado, seis ministerios del Gobierno de España (Interior, Justicia, Industria, Energía y Turismo, Hacienda y Administraciones Públicas, Asuntos Exteriores y Cooperación y Ministerio de la Presidencia) participan en el Plan a través de sus diferentes organismos e infraestructuras: Dirección General de la Policía, Registros Civiles, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia, así como la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, en especial la Subdirección de Nacionalidad y Estado Civil, los Registradores y personal de los Registros, el Colegio de Registradores y el Consejo General del Notariado.
‘¿Cómo va lo mío?’
Otra de las novedades que se puso en marcha con el Plan Intensivo de Nacionalidad es la sección ‘¿Cómo va lo mío?’ en la página web del Ministerio de Justicia. Aquí, los solicitantes de la nacionalidad pueden consultar en que punto se encuentra su solicitud de nacionalidad.
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jueves, 26 de junio de 2014
Por su implicación en ‘novo carthago’
24/06/2014 elconfidencial.com
El delegado del Gobierno en Murcia, Joaquín Bascuñana, ha sido imputado este martes por un presunto delito de prevaricación por su implicación, cuando era consejero regional de Obras Públicas, en la recalificación de unos terrenos protegidos junto al Mar Menor para construir la macrourbanización de 20.000 viviendas, campos de golf y marina financiada inicialmente por la CAM. El mismo auto ofrece a la alcaldesa de Cartagena y diputada en el Congreso, Pilar Barreiro, “declarar voluntariamente como imputada” por el mismo delito, antes de trasladar el asunto al Tribunal Supremo, puesto que es aforada.
En el procedimiento están también imputados el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y varios cargos políticos y funcionarios de la Consejería de Obras Públicas que intervinieron en la aprobación del proyecto de la promotora Hansa Urbana -participada por la familia alicantina Galea y la CAM, ahora Sabadell-CAM-.
Bascuñana y Cerdá han sido citados para declarar el próximo día 2 de julio en el TSJ de Murcia. Los funcionarios Luis Romera Agulló y Antonio Alvarado lo harán dos días después. El día 8 declarará el director general José María Bernabé y el funcionario Manuel Alfonso Guerrero. El consejero Cerdá declarará por segunda vez.
La imputación de Bascuñana fue solicitada en un informe por el fiscal anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, al TSJM por considerarlo la persona que “dio el beneplácito final como consejero de Obras Públicas entre 2003 y 2005 al proyecto urbanístico conocido como Novo Carthago en el que la promotora quería integrar los terrenos del paraje protegido del Saladar de Lo Poyo, única zona costera sin construir en la ribera sur del Mar Menor, frente a La Manga. Lozano consideraba también a la alcaldesa de Cartagena como “formalmente imputada” a expensas de su condición de aforada; el magistrado pide en su auto que se acredite “documentalmente la condición de diputada de doña Pilar Barreiro”.
El magistrado instructor Manuel Abadía estima así las razones aducidas para la imputación del representante gubernamental en Murcia por el fiscal anticorrupción Juan Pablo Lozano, quien consideraba en su auto del 12 de junio que la aprobación definitiva del proyecto se hizo por orden expresa de Bascuñana y “pudiera entenderse como elemento del tipo de la prevaricación”. Las responsabilidades penales afectan al otorgamiento de Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto y a la aprobación definitiva de la Modificación Puntual 113 del Plan General de Cartagena.
“Como ha puesto de manifiesto el fiscal en su informe con gran acierto, estamos en presencia de un delito de prevaricación continuada”, dice el magistrado Abadía en su auto. Las actuaciones administrativas de los imputados, con el actual delegado del Gobierno a la cabeza como consejero de Obras Públicas, hicieron que suelos de espacios naturales protegidos, que tienen ex lege por los artículos 9 y 65 de las leyes del Suelo Estatal y Autonómica la calificación de Suelo No Urbanizable de Protección Especial fueron “calificados como urbanizables”, vulnerando la Ley de Protección de Espacios Naturales y la Ley de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, y provocando que la Comisión Europea abriese “un proceso de Infracción Comunitario sobre el proyecto Novo Carthago”, precisa Abadía.
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jueves, 26 de junio de 2014
23 de junio de 2014 finanzasdigital.com
Caracas/Finanzas Digital.- Novagalicia Banco se convertirá en “Abanca”, el nombre comercial decidido por el nuevo grupo gestor, Banesco, presidido por Juan Carlos Escotet, según reseña el portal Galicia24horas.
NCG barajó media docena de nombres para hacer la correspondiente reserva en el Registro de Patentes y Marcas y en Internet. Se da la circunstancia de que ese dominio fué reservado recientemente por un vecino de Vigo.
La oficialización de la marca “Abanca” podría tomarse hoy mismo, en la junta general de accionistas que tendrá lugar en Palexco, en A Coruña, en la que, además la nueva entidad nombrará un nuevo consejo de administración y marcará límites en las retribuciones de los consejeros ejecutivos.
La cita se produce pocos días después de que la Comisión Europea aprobara la venta de Novagalicia al grupo de origen venezolano Banesco y las modificaciones propuestas de su plan de reestructuración, por considerar que se ajustan a las normas de la Unión Europea sobre ayudas públicas.
Arrancará a las 17.00 horas en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Palexco) con un orden del día que prevé, tras la designación de presidente y secretario, aprobar las cuentas anuales de NCG correspondientes a 2013.
A la reunión podrán acudir los titulares de cualquier número de acciones inscritas a su nombre, como es el caso de los afectados por preferentes, de forma que los asistentes tendrán un voto por cada acción que posean.
El orden del día incluye la aplicación de prima de emisión a compensar reservas voluntarias negativas por pérdida de ejercicios anteriores, el nombramiento o reelección de auditor de cuentas de NCG Banco y fijar el número de miembros del consejo de administración y el nombramiento de consejeros. Entre otras cuestiones, se autorizará a que NCG Banco pueda proceder a la adquisición de acciones propias.
Previamente a la junta, los responsables del banco convocaron a los trabajadores a una convención este sábado también en la capital herculina, donde dieron a conocer las principales líneas estratégicas que seguirá la entidad a partir de la toma de control efectiva por parte de Banesco.
Traspaso a Banesco
Y es que la entidad venezolana, propietaria de Banco Etcheverría, se adjudicó a finales de diciembre el 88,33 por ciento del capital de NCG por 1.003 millones de euros.
Fue en este mes de mayo cuando Banesco depositó 403 millones de euros en una cuenta indisponible de Novagalicia Banco correspondiente al primer pago de la compra de la entidad gallega.
A finales de febrero, el director general del FROB, Antonio Carrascosa, confiaba en que el traspaso de poderes de NCG Banco a Banesco no excediera “de dos meses”.
Además, a finales de marzo el actual director general corporativo de NCG Banco, Francisco Botas, indicaba en que el traspaso debería producirse en cuestión de “semanas” y se declaraba optimista respecto al resultado de las negociaciones para que Bruselas diese el visto bueno a su plan de negocio, con el que pretende aumentar el crédito a pymes y familias.
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jueves, 26 de junio de 2014
En los años de expansión se construyó 10 veces más que el crecimiento demográfico
Mikel Ormazabal San Sebastián 15 junio 2014 – elpais.com
Si en el periodo de dos décadas que va de 1991 a 2011 la población vasca aumentó un 3,6%, el incremento porcentual del parque residencial en Euskadi fue del 31,7%, diez veces superior. Son datos del Eustat de una serie histórica que deja al descubierto los efectos que tuvo el esplendor inmobiliario: una acusada dispersión urbana y una sobreoferta residencial. La transformación del panorama urbanístico de la comunidad autónoma ha sido analizado por el profesor de Geografía de la UPV Roberto Torres Elizburu en su tesis doctoral titulada “La dispersión urbana en el País Vasco. Los patrones de la redistribución espacial de la población y nuevas realidades residenciales y urbanísticas, 1991-2011”, donde se constata que durante este lapso “muchos ayuntamientos se aprovecharon del ciclo económico expansivo para ampliar su parque de viviendas con una visión muy desarrollista”. Este fenómeno se aprecia especialmente en municipios del Txorierri, Uribe-Costa, Mungialdea, la Llanada Alavesa y el eje costero entre Zumaia y Hondarribia, sostiene el autor.
¿Se han cometido muchos atropellos en el paisaje urbano vasco? “En la última década, sobre todo desde finales de los 90 hasta mediados de esta década, los municipios han procedido a una excesiva reclasificación del suelo urbanizable. Se ha aumentado mucho el suelo que se dibuja con visos de aumentar el espacio residencial. Los ejemplos son los municipios de Txorierri, Uribe-Costa, donde con un simple vistazo a través de Google Earth se observa que hay muchos sectores a medio consolidar, con parcelas que se han comenzado a construir y otras que están vacías. En su día, en otra coyuntura económica, se vio conveniente habilitar suelo urbanizable para no coartar una demanda residencial que supuestamente había, pero hoy se han quedado como lo que los urbanistas denominan espacios inconclusos: parcelas que han empezado a desarrollar y que se han quedado a medias”, opina Torres.
Los rendimientos que obtienen de la revalorización del suelo agentes como los promotores, constructores y bancos ha alentado la expansión urbana desmedida, aunque “los ayuntamientos también han sacado beneficio por la recalificación con la concesión de licencias de edificación y las tasas de basuras o el IBI”, aunque, apostilla el profesor universitario, “muchos consistorios se han dejado llevar por estos ingresos sin sopesar en los costes que conlleva dotar a esa población de nuevos servicios e infraestructuras”.
La voracidad urbana que ha experimentado la geografía vasca, sin llegar ni de lejos a los desmanes que se han perpetrado en el litoral mediterráneo, por ejemplo, ha llevado a construir 245.000 viviendas en el periodo 1991-2011. Euskadi concedía una media anual de 15.000 licencias para construir viviendas, llegando al techo de 16.322 en el año 2007. Pero llegó la crisis económica y esa cifra se redujo a la mitad en los siguientes años, hasta caer a los 7.700 permisos en 2011.
El frenesí por la vivienda unifamiliar también ha pasado factura al paisaje urbano vasco
La “anarquía” en unos casos, la “desorganización” en otros, términos que Torres emplea en su tesis, se hace visible durante el repunte inmobiliario del quinquenio 2001-2006, cuando “se duplicó la tasa de construcción de nueva vivienda con respecto a la década anterior”, aunque con una desigual incidencia por territorios: “Mientras en Gipuzkoa el despegue inmobiliario fue más tenue y gradual, en Álava el repunte fue más tardío pero repentino, mientras en Bizkaia fue temprano y tuvo gran incidencia en municipios urbanos ubicados al noreste del eje metropolitano de Bilbao”.
El recalentamiento de la economía y la burbuja inmobiliaria hizo que el dinamismo inmobiliario se fuese propagando por todo el territorio vasco, sostiene el profesor universitario, “afectando cada vez con mayor intensidad a municipios pequeños y periféricos que hasta pocos años atrás habían tenido un dinamismo tenue”. Así, se aceleraron las reclasificaciones, de manera que durante la primera década del nuevo siglo “el suelo calificado para usos residenciales aumentó un 23,8%, frente al tenue incremento del 3,7% de la población”, incide Torres. Ello ha conducido a una dispersión urbana que “ha tensionado al conjunto del territorio vasco”.
Las comarcas que mayor incremento del parque residencial han registrado son aquellas ubicadas en los márgenes aledaños de los grandes centros urbanos o metropolitanos: Estribaciones del Gorbea, Llanada Alavesa, Plentzia-Mungia, Duranguesado o Urola Costa. “Hacia estas ha tenido lugar lo que se podría llamar un rebosamiento metropolitano: debido a la carestía del precio urbano o a la dificultad de ofrecer suelo residencial (caso del Bilbao metropolitano), el desarrollo inmobiliario se ha desbordado hacia municipios adyacentes bien comunicados, que han funcionado como nuevos hábitats alternativos. A estos enclaves se han trasladado muchas familias y son los entornos que más población han ganado. En otras ocasiones ha sido la mejor calidad residencial o ambiental del nuevo entorno la fuerza que ha guiado la colonización, lo que se aprecia claramente en núcleos costeros, o en otros del interior como Urdaibai o en los municipios de Tolosaldea situados en las laderas más alejadas del fondo del corredor del Oria”.
El frenesí por la vivienda unifamiliar también ha pasado factura al paisaje urbano de Euskadi. Torres defiende que “en ciertos lugares han proliferado este tipo de viviendas de forma muy repetitiva, dando un aspecto suburbano a esos asentamientos. Esas viviendas no se adecuan a la idiosincrasia de los asentamientos originales, como sucede en localidades pequeñas como Gatika y Fruiz, en Mungialdea, que ahora presentan un paisaje urbano totalmente diferente”.
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miércoles, 25 de junio de 2014
Juan Vicente Boo / El Vaticano 23/06/2014 – abc.es
El Papa Francisco clama contra todos los abusos y no permite la indiferencia. Después de su vigorosa excomunión de los mafiosos, pronunciada el sábado desde la región meridional italiana de Calabria, el Santo Padre dio su apoyo el domingo a la Jornada de Naciones Unidas por las víctimas de la tortura, que se celebra este jueves 26 de junio. Durante el rezo del Ángelus, el Papa reiteró «la firme condena de toda forma de tortura, e invito a los cristianos a esforzarse por colaborar a su abolición, y a sostener a las víctimas y a sus familiares».
A continuación, en tono muy severo, añadió: «Torturar a la gente es un pecado mortal, ¡un pecado muy grave!». Igual que el sábado había quitado la máscara de cristiana a la mafia calabresa, el Papa deja muy claro que tampoco es cristiano practicar «cualquier forma de tortura» de los secuestrados, los detenidos o los prisioneros, como hacen tristemente incluso algunos grandes países democráticos.
Hace un par de semanas, la visita al Vaticano del primado de la Iglesia anglicana, Justin Welby, sirvió para sellar la batalla conjunta de las dos confesiones cristianas contra el tráfico de seres humanos y el trabajo esclavo, al que viven sometidas decenas de millones de personas. Es algo que sucede ante los ojos de todos, pero el Papa no está dispuesto a mirar hacia otro lado. No acepta la «globalización de la indiferencia». Quiere globalizar la solidaridad.
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miércoles, 25 de junio de 2014
lainformacion.com 24/06/14 – europapress
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España ha mostrado su «absoluta disconformidad» a la «imposición» del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado que serán estos profesionales los que se encarguen de la gestión del Registro Civil.
Los registradores han recordado que ya manifestaron su oposición a la asunción del Registro Civil en su asamblea general celebrada en Zaragoza en abril de 2013, así como en las distintas reuniones mantenidas con el Ministerio.
Además, lamenta que no se hayan atendidos sus propuestas que, «a diferencia de la decisión adoptada respondían a las a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al eficaz funcionamiento del Registro Civil».
Según este colegio, el anuncio de Gallardón pone de relieve su «desconocimiento» sobre la estructura del cuerpo de registradores, «formado por un cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de la propiedad como registros mercantiles».
«Precisamente, a causa de este desconocimiento, la decisión puede originar problemas jurídicos, de organización y de funcionamiento, además de entrar en colisión con normas del Derecho Comunitario y su jurisprudencia», añaden.
Sin consenso
El colegio ha lamentado que una decisión de este calado no se haya adoptado con el mismo consenso jurídico y político con el que se aprobó la ley del Registro Civil en 2011, «cuya inminente entrada en vigor ahora se aplaza».
Asimismo ha expresado su «preocupación y malestar» por esta forma de proceder por parte del Ministerio que, ha avisado, puede provocar un «cisma» en el cuerpo de registradores después de «financiar y gestionar, en poco más de un año, casi medio millón de expedientes de adquisición de nacionalidad por residencia, sin coste alguno para los ciudadanos».
La Junta de Gobierno de los registradores ha añadido que, una vez que tenga conocimiento completo y detallado de esta decisión de Justicia, estudiará y adoptará las medidas que estime más adecuadas para la defensa de los intereses profesionales de los registradores, «sin detrimento del interés general
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miércoles, 25 de junio de 2014
Se entregará a los registradores mercantiles
Madrid, 24 junio 2014. (europa press) –
El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha tildado de «despropósito» la intención del ministro Alberto Ruiz-Gallardón de entregar el Registro Civil a los registradores mercantiles para convertirlo en un «negocio» para una parte del sector.
Villarrubia ha mostrado, en declaraciones a Europa Press, su disconformidad con el «fondo» y las «formas» de la medida anunciada este martes en el Pleno del Senado por el ministro de Justicia, a quien ha exhortado a explicar las razones que justifican su entrega a los registradores mercantiles.
«Nosotros nos opondremos y espero que la mayoría de grupos también para que, más pronto que tarde, vuelva a ser un servicio público al servicio de los ciudadanos y no un negocio de una parte del sector», ha afirmado.
El portavoz socialista ha dicho haber conocido la intención de Gallardón por los medios de comunicación y ha calificado de «despropósito y atropello» el «afán privatizador» y el «deterioro» que está sufriendo el servicio público de la Justicia. Por ello, ha asegurado que el PSOE revertirá esta situación.
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