AIRE

     Así cayeron los Pujol: Antifraude comenzó a investigarlos al detectar blanqueo de fondos en Puerto del Rosario
     Vozpópuli ha tenido acceso a los dos informes de la Oficina Antifraude fechados el 14 de marzo y el 4 de abril del pasado año. La venta de la sociedad InterRosario Port Services S.A. para constituir dos consultoras dio origen a la investigación por blanqueo de capitales. Los informes fueron entregados a la Teniente Fiscal de la Anticorrupción, Belén Suárez.
     Nacional | 29-08-2014 Javier Ruiz vozpopuli.com
     Dos informes de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) fueron el principio del fin para los Pujol: el primero fechado el 14 de marzo de 2013 detallaba en 25 páginas las operaciones del primogénito de los Pujol con las que intentaba blanquear 15 millones de euros creando consultoras con las que vender su «experiencia política». El segundo, fechado el 4 de abril de 2013 presentaba en 2 páginas de conclusiones y 170 de anexo las pruebas que fueron entregadas a la teniente fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, y que se elevaron a la Agencia Tributaria. Esos informes analizaron una operación de compra-venta de acciones en Puerto del Rosario, Paraguay, y con cuyos réditos Jordi Pujol Ferrusola constituyó dos consultoras. La operación presentaba indicios de blanqueo de capitales con los que la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria han terminado tumbando a los Pujol.
Antifraude recomendó «suspender el Análisis Previo de Verosimilitud» y «remitir todo lo actuado» a la Audiencia Nacional
      Según relatan los dos informes a los que ha tenido acceso Vozpópuli de fuentes de la causa judicial, Antifraude detectó inicialmente una «presunta operación de captación irregular de fondos públicos en la demarcación de Tarragona» por parte del primogénito de los Pujol que rondaría los 40 millones de euros. Según el relato de la oficina, «con la ayuda de un asesor fiscal norteamericano» ese dinero habría circulado por diferentes paraísos fiscales hasta recaer en Puerto del Rosario, Paraguay, donde se constituyó la primera empresa implicada: InterRosario Port Services, S.A. (con CIF A43662683). En la constitución de esa empresa, Antifraude identifica también a Casinos Inverama, dirigida por el empresario y ex fundador de Convergència, Artur Suqué. El proyecto de InterRosario debía desarrollar un «entorno lúdico» compuesto de hoteles, restaurantes, salas de fiesta, etc. La investigación de la oficina catalana se nutre de los datos del CRAB (Centro Registral AntiBlanqueo) y concluye que Jordi Pujol Ferrusola fue una pieza clave en la constitución y participación de la empresa.
     Pese a que la investigación de la OAC no logró identificar el origen ilícito del dinero, el segundo paso del dinero, es decir, su uso posterior sí levantó claras sospechas de blanqueo de capitales. Apenas un año después de haber constituido InterRosario, Pujol Ferrusola «cede su participación por una cantidad de 15 millones de euros, una cantidad que llama poderosamente la atención de esta oficina», concluye el informe. El primogénito de los Pujol usó ese dinero para entrar en el negocio de la consultoría política y vender servicios de asesoría gracias a su experiencia. Para ello:
     Entra en el capital de ACTIVE TRANSLATION, con CIF B81548240, una empresa ya constituida con un capital social mínimo y en la que inyecta 7,4 millones de euros
     Y constituye una segunda consultora dirigida por su mujer llamada IRIGEM 2012 S.L. (CIF B65902447) / INICIATIVES MARKETING I INVERSIONS (CIF B6042233) con un capital social de otros casi 7,5 millones de euros
     La investigación de la Oficina Antifraude de Cataluña sospecha que esa constitución pretendía blanquear los 15 millones obtenidos cerrando el triángulo de origen en Tarragona, tránsito por Puerto del Rosario y destino a la consultoría en Barcelona.
     La entrada de la Audiencia y la Agencia Tributaria
     El informe identifica el delito de blanqueo de capitales y se estructura en tres partes: una exposición de hechos en la que también se relata una fallida operación inmobiliaria con hoteles en México, una batería de razonamientos técnicos y un apartado de conclusiones en el que recomienda suspender la investigación y dar traslado a la Audiencia Nacional. Literalmente, el informe apunta que se ha de «suspender el APV (Análisis Previo de Verosimilitud) ante el conocimiento de que el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional tiene abiertas diligencias y se ordena remitir todo lo actuado al tribunal».
     Fueron el propio director de la OAC, Daniel de Alfonso Laso, y uno de sus directores funcionales los que se reunieron con el juez Ruz el día 19 de marzo para informarle de la investigación. Posteriormente, el día 5 de abril, entregaron en mano a la teniente fiscal, Belén Suárez, los dos informes. En esa reunión, se dio traslado a la Audiencia Nacional también de la transcripción del interrogatorio al que se sometió a la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, y una copia de las pruebas que ésta había entregado ante la OAC, según fuentes judiciales. En el último año, la Audiencia no se ha dirigido a la OAC pero sí ha utilizado esa documentación para dirigir su investigación así como para pedir a la Agencia Tributaria que practicara las pruebas necesarias.
     Según fuentes de la causa, los informes de la OAC constituyen la base del interrogatorio al que se someterá a Jordi Pujol Ferrusola el próximo día 15. El juez Pablo Ruz tiene intención de interrogarle por el origen del dinero detectado en la operación de Tarragona, por la constitución de InterRosario Port Services y por la creación de consultoras por el matrimonio Pujol.

     Primer año del buzón de denuncias laborales en la web. Madrid 22-08-2014 cincodias.com
     El polémico buzón de denuncias en el ámbito laboral que puso en marcha el Ministerio de Empleo ya ha cumplido un año. El Departamento que dirige Fátima Báñez ha hecho balance y asegura que los chivatazos ciudadanos han propiciado en estos meses la afloración de 1.592 empleos sumergidos y han reportado 5,8 millones de euros a las arcas públicas (1,4 millones de cuotas impagadas a la Seguridad Social y 4,4 millones de sanciones a empresas infractoras.

     Estas cifras son el resultado de las 8.192 actuaciones iniciadas por la Inspección de Trabajo en respuesta a las denuncias recibidas en este buzón virtual, de las cuales ya se han resuelto 5.377, según los datos hechos hoy públicos por Empleo.

     En el buzón pueden depositar sus denuncias todos los ciudadanos que conozcan alguna irregularidad laboral o sean ellos mismos víctimas de una. Se trata de una iniciativa que puso en marcha el Departamento de Báñez en agosto de 2013 y que despertó numerosas susceptibilidades acerca de las garantías de confidencialidad de estas denuncias.

     Por ello, los responsables de Empleo aseguran en la nota que han hecho hoy pública que la Inspección de Trabajo «tiene un deber absoluto de reserva» sobre la identidad del denunciante ya sea de forma directa o a través del buzón, por lo que según el Ministerio «existe una garantía absoluta de confidencialidad».

     Andalucía encabeza el mayor número de empleos irregulares aflorados derivados de estas denuncias, con 422 empleos; le sigue Madrid (211) y Castilla-La Mancha (149). Igualmente, las empresas andaluzas fueron las que más multas recibieron (835.997 euros); mientras que el segundo y tercer lugar lo ocuparon la Comunidad Valenciana ( 583.936 euros) y Madrid (549.763).

     En total, las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social han reportado 9.271 millones de euros entre abril de 2012 –cuando arrancó el plan antifraude– y mayo de 2014. De esta cantidad 7.628 millones de euros corresponden al periodo 2012-2013, y 1.643 millones a los cinco primeros meses de 2014.

     Desde 2012 se han aflorado un total de 170.941 empleos irregulares, y las sanciones por infracciones en el ámbito de las empresas ficticias, empresas creadas con el objetivo de defraudar a la Seguridad Social, han totalizado 5.496, multiplicando por más de ocho las del periodo 2010-2011. En 2012 y 2013 se anularon 2.078 inscripciones de empresas ficticias, más de tres veces más que en 2010-2011, y 78.056 altas ficticias o contratos de trabajo falsos.

     Registro Civil
     La entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad que incluye el ‘decretazo’ económico del Gobierno ha levantado ampollas. Los socialistas ya han dado un paso al frente.
     El Gobierno saca adelante su ‘decretazo’ económico con la incorporación de 40 enmiendas
     E.B. / 28-08-2014 • elboletin.com
     El llamado ‘decretazo’ económico del Gobierno ha incluido la entrega del Registro Civil a los registradores de la propiedad. Una iniciativa que está entre las que más ampollas han levantado en la oposición de cuantas han conformado la heterogénea norma aprobada este jueves en el Congreso. El PSOE ya ha anunciado que en lo que tenga oportunidad derogará la medida.

     Ha sido el portavoz de los socialistas en el Congreso, Julio Villarrubia, quien se ha encargado de explicar que si su partido llega al Gobierno o al menos el PP pierde la mayoría absoluta que ahora ostenta en la Cámara Baja procederá a revocar la “privatización” que los populares justifican como una medida más para potenciar la competitividad y eficiencia de la administración pública y la economía españolas.

     Alentado porque “todo parece indicar” que el PP perderá su condición mayoritaria “en las próximas elecciones”, ha advertido de que si el “atropello” de la cesión del Registro Civil a los colegas de profesión de Mariano Rajoy y varios miembros de su familia, “el PSOE junto con la totalidad de los grupos parlamentarios […] derogaremos esta norma”. Así lo ha hecho saber en la Comisión de Economía del Congreso que este mismo jueves daba su visto bueno para remitir el macrodecreto al Senado.

     En una clara referencia al colectivo de los registradores ha anunciado que sus palabras son “un aviso a los que están esperando el negocio” porque quizá deban plantearse que “en el corto y medio plazo no lo pueden consolidar” y la toma del Registro no les resulta tan atractiva. Además, Villarrubia ha denunciado que la medida “deja en el aire” a 3.500 funcionarios públicos a la par que se respalda “el negocio de una minoría a costa de todos los ciudadanos”.

     Los socialistas solicitaron a comienzos del verano la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que explique las razones por las que en este decreto se incluía el nuevo modelo del Registro Civil. Igualmente, no olvidan que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría negó que la medida fuese a ir finalmente incluida en este ‘decretazo’ que afecta a multitud de sectores.

     Juan Pedro Pelegrín afirma que privatizar los registros civiles es el ejemplo del «vaciamiento de los servicios públicos»
     Alicante / informacion.es / e.p. 27.08.2014
     El sindicato UGT estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno que modifica el Registro Civil para dejarlo en manos de los registradores, según ha anunciado este miércoles en Alicante el responsable de Administración de Justicia del sindicato en la provincia, Juan Pedro Pelegrín.
     Pelegrín ha pedido al Ministerio de Justicia la retirada de la medida entre otras cuestiones porque «hay una serie de relaciones extrañas entre unos registradores que, además, son administradores de empresas que crean el software que paga el Colegio de Registradores y que vale 10 ó 15 veces más que el precio de mercado».
     En ese sentido, el sindicato ha denunciado que el proyecto del Gobierno central de privatizar los registros civiles es el ejemplo del «vaciamiento de los servicios públicos» para «entregarlos a la empresa privada o pseudo privada» y trasladar a la sociedad ese proceso como mejora por «eficiencia y buen servicio».
     Juan Pedro Pelegrín ha señalado que aunque el Partido Popular (PP) «dice que no es una privatización, la Unión Europea (UE) ha dicho que estos profesionales, de los que se cuestiona su actividad y como se ejerce, no son funcionarios públicos porque perciben sus emolumentos a través de un arancel. Y no mensualmente por medio de los presupuestos».
     Además, Pelegrín ha afirmado que «es imposible» que, con la reforma, el Registro Civil sea «más completo» territorialmente porque «a día de hoy hay registro civil en el pueblo más pequeño de España, y a partir de que lo lleven los registradores solamente estarán en las capitales de provincia. Y también los notarios, donde no haya registradores, y en los juzgados de paz en pueblos de más de 7.000 habitantes», por lo que las zonas más pequeñas quedarán desasistidas. Asimismo, considera que «se destruye la justicia de proximidad, porque en julio del año que viene ya podrán inscribir y en enero de 2017 dependerán absolutamente de los registradores».
     «Tampoco se garantizan los puestos de trabajo de los interinos. El Ministerio solo se compromete a los que dependen de él, pero no de los transferidos, que sería el caso de la Comunitat Valenciana», ha concretado Pelegrín, que ha afirmado que de ese modo la Generalitat «se ahorraría unos 100 puestos sólo en Alicante».
     Por último, ha incidido en que «la gratuidad es mentira», ha indicado el responsable sindical que ha argumentado que «la prueba de idioma y cultura para los que se quieren nacionalizar ya les cuesta 25 euros».
     Colapso coyuntural
     Desde el sindicato se ha apuntado, por otra parte, que el colapso que sufren los registros civiles es «coyuntural». Así, han argumentado que se ha debido a «la llegada masiva de inmigrantes a España y la apertura de la legislación española a la nacionalización de hijos y nietos de españoles en el extranjero, por las solicitudes de partidas de nacimiento de antepasados de finales del XIX y principios del XX y que iniciaban la nacionalidad, pero que hoy ya no se reciben».
     Además, han calculado que de los 31 registros actuales con que cuenta la provincia de Alicante se debería pasar a 77. El caso más importante es el de Elche que en la actualidad tiene siete y, según UGT, debería contar con 17. Orihuela debería pasar de tres a cinco; Torrevieja de dos a cinco; y, Benidorm de tres a seis. La ciudad de Alicante cuenta con 34 y a juicio de Pelegrín está en «bastante bien» para afrontar el trabajo del día a día «porque objetivamente está mejor dotado que el resto».

     Reforma de la ley de registros
     A. Mohorte. valenciaplaza.com
     Los jueces dejan de prestar este servicio gratuito, mientras que los registradores demandan que se les retribuya de forma adecuada por asumir este trabajo
     Valencia. Hay que ponerle un precio a vivir. La privatización del Registro Civil decidida por el ministro de Justica, Alberto Ruiz Gallardón, pone a los registradores mercantiles al frente de su gestión. Sin embargo, el Ejecutivo no ha concretado un aspecto importante: cómo se va a retribuir este trabajo a sus nuevos responsables.
     Hace tres años se decidió que los jueces dejaran de ser los encargados de llevar el Registro Civil. Aunque hasta julio de 2014 no tenía que ponerse en marcha el nuevo sistema, lo cierto que el ministerio no especificó quién les tomaría el testigo hasta el Real Decreto 8/2014 del 4 julio, cuando apuntó a los registradores mercantiles.
     Para la decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles en la Comunitat Valenciana, María Emilia Adan, la razón de esta elección se basa en que estos profesionales ya gestionan lo que afecta a los empresarios individuales, un aspecto que puede tener puntos en común con las exigencias registrales civiles.
     Quién y cómo se paga
     En todo caso, los colegios están negociado a escala nacional cómo se retribuye esta nueva nueva tarea. «Hasta ahora lo que hay sobre la mesa es una declaración de principios, pero se debe negociar las condiciones», señala Adan. De hecho, se han dado un plazo de un año para que esta negociación llegue a puerto y se ponga en marcha a pleno rendimiento.
     Cómo encajarán su nueva función y cuánto cobrarán los registradores viene acompañado de un debate complementario, que se refiere a la gratuidad de este registro para los contribuyentes que hacen uso de él. Hasta el momento, se ha cubierto con lo que se recauda a través de los impuestos sin que se tuviera que abonar por los tramites habituales.
     Sobre ese aspecto, desde el Ministerio de Justicia se ha asegurado que las inscripciones por nacimiento y defunción seguirán siendo gratuitas, pero no se ha concretado oficialmente si seguirán siéndolo el resto, como es el caso de los matrimonios.
     Un colectivo reducido de alta incidencia
     En la Comunitat Valenciana hay actualmente 142 registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles colegiados y un millar en el conjunto de España. El boom inmobiliario hizo que aumentara la carga de trabajo, pero ha sido en las últimas fechas cuando han sumado nuevas funciones.
     Éste es el caso del impuesto de plusvalía, que ha pasado a ser gestionado por estos profesionales en las localidades que lo han solicitado. La medida busca reducir la carga de trabajo municipal e incrementar el control sobre el mismo, reduciendo el fraude en el pago de este tributo.

     M. A. Coloma/M. Garú|  19/08/2014 heraldo.es
     La Consejería de Justicia sospecha que se están vendiendo esas reservas a inmigrantes que necesitan tramitar la nacionalidad.
     El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía no ha identificado aún a los ‘piratas’
     El Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía en Aragón ha puesto en marcha una investigación para tratar de identificar al ‘hacker’ que se está colando en el portal de internet del Registro Civil de Zaragoza para tomar el control del sistema informático de cita previa y acaparar todas las reservas para la tramitación de la nacionalidad española. Fue la propia Consejería de Justicia del Gobierno aragonés la que detectó hace unos meses el problema y denunció las infiltraciones ante el Cuerpo Nacional de Policía, pero desde entonces se vienen repitiendo de forma periódica los ataques sin que se haya conseguido identificar todavía a los piratas. Los técnicos informáticos de la DGA han diseñado ya varios ‘parches’ para tratar de dificultar el trabajo a los intrusos, pero, de momento, estos siguen ganando la batalla.

     Según fuentes de la Dirección General de Justicia, cada mes se cuelga en el portal del Registro Civil –al que se accede a través de www.aragon.es– un calendario que ofrece hasta diez citas diarias, en horario de 9.00 a 14.00, de lunes a viernes. Sin embargo, los informáticos han comprobado que en cuestión de segundos están bloqueadas las alrededor de 250 reservas que se ofrecen al ciudadano. Algo que consideran «técnicamente imposible», de no ser, como sospechan, porque alguien se está aprovechando de la escasa seguridad del sistema para manipularlo con intenciones espurias. De hecho, en la DGA creen que alguien podría estar monopolizando todas las citas para vendérselas después a los inmigrantes, que pagarían así un ‘peaje’ por acelerar la tramitación de sus papeles.

    Pero hasta la fecha todo son suposiciones, ya que ningún extranjero ha reconocido de momento en sede policial haber comprado su cita para el Registro Civil. Posiblemente, por temor a que la confesión pudiera acarrearle algún tipo de problema o, simplemente, retrasar o invalidar el expediente que puede otorgarle la ansiada nacionalidad española. Lo que sí ha hecho ya el Gobierno aragonés es colgar una aviso en la propia web del Registro Civil advirtiendo de que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que hagan un uso indebido de la aplicación informática.

     En cuanto a la posibilidad de reforzar las medidas de seguridad del portal, fuentes de Justicia recuerdan que ya se ha hecho. En cualquier caso, explican que esta es una web sencilla que tiene la finalidad de prestar un servicio público. «No estamos hablando de una página de banca o comercio electrónico en la que haya que facilitar números de tarjetas bancarias o claves, de ahí que el nivel de seguridad y de encriptación sea más sencillo», señalan fuentes oficiales.

     La propia memoria del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 2013 reconoce que el sistema de cita previa no resultó eficaz y que hubo que cerrar la agenda electrónica por colapso en el número de citas. 
      Gestión y encomiendas
      De entre todos los trámites que se encarga el Registro Civil –inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios, tutelas, incapacidades…–, los expedientes para obtener la nacionalidad son los que más problemas han creado en los últimos años por su elevado número y la saturación de las oficinas. Fue sobre todo en 2011 y 2012 cuando en el Ministerio de Justicia dejó de otorgarlas y, tras un parón de seis meses, logró que se le acumularan unos 480.000 expedientes. A raíz de ese atasco, el Ministerio encomendó su gestión al Colegio de Registradores, así como la jura de nacionalidad al Colegio de Notarios. Pero, aún así, muchos de los expedientes presentaban errores y debían ser revisados por los jueces encargados del Registro. Solo en un año llegaron a la oficina de Zaragoza en torno a 7.000 expedientes de nacionalidad.

     Xavier Gil Pecharromán 26/08/2014  eleconomista.es
     Los Registros de Nacionalidad, Actos de Última Voluntad y Seguros de Vida se integrarán en la misma plataforma informática que el Registro Civil y pasarán a depender de la Corporación de Derecho Público en la que se integrarán los registradores Mercantiles y Civiles. Así consta en una enmienda del Grupo Popular del Congreso al Anteproyecto de Ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicada ayer en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
     Considera el Grupo Popular en su texto de modificación del anteproyecto, que convalidará al Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que «no parece conveniente el desarrollo por parte de la Administración de otra plataforma para dichos servicios, siendo tanto desde el punto de vista económico, como organizativo, más conveniente su inclusión dentro de la plataforma prevista en esta disposición adicional. Ello redundará en un mejor servicio y en un ahorro de costes para la Administración».
     La disposición adicional 23.a del Anteproyecto de Ley, por el que se asigna a los registradores mercantiles la llevanza del nuevo Registro Civil establece un único sistema informático y una misma aplicación para la llevanza de las nuevas oficinas del Registro Civil y Mercantil, que estará en funcionamiento antes del 15 de julio de 2015, y que serán aprobados por la Dirección General de los Registros y del Notariado, en las condiciones que el propio Real Decreto-Ley establece.
     La contratación, que tiene por objeto la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones, se realizará por una Corporación de Derecho Público que se crea por esta disposición, independiente del Colegio Oficial de Registradores.
     El Anteproyecto establece que la Dirección General de los Registros y del Notariado encomendará a la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, empresa dependiente del Ministerio de Defensa, el inicio del expediente y la elaboración de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas que hayan de regir los referidos contratos. Y también, le confía la selección de contratistas y la adjudicación de los contratos.
     Con la enmienda presentada por el Grupo Popular se ampliarán las competencias de esta empresa pública que pasará, también, a encargarse del seguimiento y de la supervisión del proyecto.
     La disposición adicional, mientras tanto, continúa regulando que el abono del precio, incluido el derivado de la prestación de los servicios permanentes, será satisfecho íntegramente por la Corporación de Derecho Público.
     Así, los registradores que en cada momento resulten responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles quedarán integrados en la indicada Corporación de Derecho Público, encargada de la contratación del sistema y su posterior gestión, mantenimiento, conservación y actualización; dicha Corporación, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, administrando a tal fin su propio patrimonio separado.
     Los aranceles que perciban los registradores cubrirán los gastos de la Corporación, como parte de los generales de funcionamiento y conservación de las oficinas.
     Por la unidad del mercado
     Por otra parte, el Grupo Popular ha incluido otra enmienda en la que se establece que las empresas de trabajo temporal mantendrán el régimen de autorización en la medida en que éste se considera justificado por razones relacionadas con el orden público vinculadas a la lucha contra el fraude.
     «Esta lucha contra el fraude se relaciona con la responsabilidad asumida por las empresas de trabajo temporal respecto a los trabajadores y la responsabilidad subsidiaria asumida por las empresas que contratan sus servicios. Así, el régimen de autorización se mantiene en una norma de rango legal tal y como establece la Ley General de Unidad de Mercado (Lgum)», concluye el texto de la enmienda.

     ‘Stock’ del Instituto de la Vivienda de Madrid

     elmundo.es

     El instituto decidirá cómo emplear los inmuebles, que se construyeron para que los trabajadores de mantenimiento de las vías tuvieran una residencia cerca del trabajo
     Decidirá si saca las viviendas en alquiler u ofrece su compra a los actuales inquilinos

     Europa Press Madrid   17/08/2014   elmundo.es
     El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) gestionará un total de 105 viviendas y casas de peones de camioneros que estaban adscritas a la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Transportes desde que se cedieron las competencias en la materia a la región.

     Así aparece en una resolución de la Consejería de Transportes publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y que establece la cesión de estas viviendas al Ivima, que ahora deberá decidir cómo las emplea.

     Concretamente, se tratan de 63 viviendas ubicadas en Alcalá, 14 en Móstoles, 17 en Collado Villalba y 11 en El Molar, junto a otras casas de peones camineros en otras zonas.

     Fuentes de la Consejería de Transportes detallan que son viviendas que en su momento se edificaron para que residieran peones camineros, personal que antes se encargaba del mantenimiento de las vías y que ahora es una profesión en desuso, pues en la actualidad dichas labores suelen hacerlas empresas especializadas.

     Estas viviendas se construyeron en su momento para que residieran estos trabajadores y así estuvieran más cerca de su lugar de trabajo. En este sentido, ahora el Ivima decirá si saca esas viviendas en alquiler u ofrece su compra a los actuales inquilinos.

     La cesión establece que el Ivima puede utilizar estas viviendas para sus fines propios, como es la adquisición de suelos y edificios para la promoción, construcción y rehabilitación de viviendas.

     La Comisión determinará si hubo manipulación deliberada de las cuentas autonómicas
     Agencias Valencia 22 agosto 2014 – elpais.com  
     La Comisión Europea continuará la investigación para determinar si la Generalitat valenciana incurrió «en una notificación errónea deliberada o si ha habido una negligencia grave» sobre la comunicación de sus datos de deuda a la Intervención General de la Administración del Estado y a Eurostat. Esta es la respuesta de la Comisión a la pregunta planteada por el eurodiputado de Compromís, Jordi Sebastià, sobre la investigación de la deuda de la Generalitat «al haberse detectado un déficit superior al declarado en Sanidad y que corresponde a gastos irregulares no presupuestados»
     El gasto oculto le estalla al ConsellHacienda revisa el déficit de 2011 hasta el 8,9%, cuatro décimas másEurostat examina las cuentas de la Comunidad Valenciana y de MadridLa oficina de estadística europea retira el informe crítico con EspañaSegún ha explicado este viernes Sebastià, «esto confirma la existencia de una deuda cuya responsabilidad es exclusiva de sus gobernantes y no de su ciudadanía, puesto que se contrajo de forma irregular: es una deuda ilegítima». Sebastià preguntó a la Comisión si pensaba continuar la investigación sobre «esa deuda ilegítima hasta hacer una valoración completa» y si «exigirá a los responsables su pago y eximirá por tanto de este a la ciudadanía».
     En su respuesta, la CE confirma que llevará a cabo la investigación y recuerda que el reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro describe el tipo de sanciones que pueden aplicarse «en caso de manipulación de estadísticas». Dicho reglamento establece que el Consejo «podrá decidir la imposición de una multa a un Estado miembro que intencionadamente o por negligencia grave tergiverse datos relativos al déficit y a la deuda».
     Las multas en estos casos «serán efectivas, disuasorias y proporcionadas a la naturaleza, la gravedad y la duración de la tergiversación», y la cuantía no será superior al 0,2 % del PIB del Estado (2.000 millones de euros), según la respuesta de la Comisión.

     Conflicto con Justicia
     Los registradores no quieren asumir la gestión del Registro Civil
     EP Madrid 24-08-2014  cincodias.com
     Los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles deberán financiar las nuevas funciones que les atribuye el Código Mercantil en el que trabaja el Ministerio de Justicia, si bien el anteproyecto de ley que ya ha pasado el primer examen del Consejo de Ministros no incluye una prohibición expresa de cobrar por emitir certificados, extractos o notas informativas. En la memoria de impacto que acompaña al anteproyecto, el Ejecutivo defiende que la actualización del Código Mercantil, que data de 1885, supondrá una “reducción de las cargas de actuación impuestas a las empresas” y también una “racionalización de las normas existentes, eliminando trabas o trámites considerados improcedentes”.
     Y todo sin “conllevar gasto alguno” ni tener “ningún efecto” sobre los Presupuestos del Estado o de “ninguna otra administración pública”, ya que cualquier cambio que afecte a las administraciones “no podrá suponer incremento de dotaciones ni de retribuciones ni de otros gastos de personal”.
     Sin embargo, el anteproyecto, que previsiblemente entrará en el Congreso a principios del otoño, sí tendrá un coste para un colectivo, el de los registradores, que deberán financiar las novedades en la gestión del Registro Mercantil que se incluyen en el nuevo Código.
     De este modo, quedarán sujetos a inscripción por primera vez las sociedades anónimas y cooperativas europeas domiciliadas en España, los entes públicos que ejerzan una actividad empresarial, aunque sea de manera accesoria o instrumental; y la apertura, traslado o cierre de las páginas web empresariales, entre otros. No obstante, se elimina cualquier referencia a la necesidad de que los empresarios individuales inscriban la información sobre su matrimonio, capitulaciones o bienes gananciales, como se obligaba hasta ahora.
      Asimismo, no será obligatoria la inscripción de poderes generales para pleitos y actos concretos y para los empresarios individuales, salvo los de responsabilidad limitada, que estarán sujetos al registro de su vivienda habitual si está afectada por su actividad.
     Entre las nuevas funciones de los registradores también se incluye el nombramiento de expertos independientes, auditores y mediadores concursales; la centralización, ordenación cronológica y publicación de la información registral, incluidas las resoluciones concursales; y la gestión de otros registros públicos estatales o autonómicos que les sea encomendada por ley.

     Los pisos buscan su punto de inflexión
     Piedad Oregui Madrid 7 agosto 2014 – elpais.com

     El ladrillo español parece que se aproxima a un punto de inflexión. Ya no se habla mal del mercado inmobiliario español. Incluso hay quien lo hace moderadamente bien. ¿Es hora de volver a mirar a este activo como una alternativa de inversión? Los expertos son todavía muy cautos en este sentido.
     El Banco de España (BdE), en su último Boletín Económico, constata que la inversión residencial “suavizó su perfil contractivo” en el segundo trimestre de este año, con un retroceso intertrimestral estimado del 0,8%. Además, este organismo destaca un contexto en el que los principales indicadores del mercado inmobiliario comenzaron a evidenciar “una significativa moderación” en cuanto al ajuste que sufre el sector. La institución que dirige Luis María Linde subraya también que las transacciones de vivienda mostraron una “cierta estabilización”, destacando el impulso de las compras de extranjeros, y que el número de hipotecas constituidas frenó su tendencia bajista. No obstante, la absorción del voluminoso stock de viviendas sin vender avanza lentamente, lo que dificulta, según el BdE, “el inicio del ciclo de construcción de obra nueva”. En este sentido, el precio de la vivienda moderó su ritmo de caída interanual en el primer trimestre de 2014, hasta retroceder un 3,8%, según la estadística del Ministerio de Fomento, lo que sitúa su pérdida acumulada de valor en un 31% desde comienzos de 2008.
     Otro organismo que certifica que lo peor para el sector ha podido quedar atrás es la Sociedad de Tasación. En el informe trimestral, Tendencias del sector inmobiliario, se explica que si bien la absorción de oferta por parte de los fondos de capital riesgo se muestra insuficiente para relanzar un sector que acumula seis años de fase recesiva y que no hay todavía señales fiables de reactivación, a la espera de que el crédito a la vivienda comience a fluir, “la caída de precios en vivienda se modera, y se va aproximando a posiciones de evolución neutral”.
     Un punto más de optimismo se desprende del último análisis sobre la situación económica española de la agencia de calificación de riesgo Standard and Poor’s que señala que, si bien a largo plazo el sector de la vivienda en España aún se verá lastrado por su abultado stock a la venta, “es probable que sus precios aún caigan un 2%, este año en tasa interanual, pero suban ese mismo porcentaje en 2015”.
     Una apuesta algo más clara se evidencia en el Informe sector inmobiliario España: previsiones sobre vivienda (julio 2014) publicado por Bankinter. En él se señala que el sector está iniciando “un cambio de tendencia hacia una etapa de recuperación”. Estos expertos matizan que la reactivación del sector será “muy gradual”, condicionada por unos niveles de desempleo todavía elevados, el descenso de la población residente y un stock de vivienda disponible sobredimensionado. “Sin embargo, los síntomas de estabilización comienzan a ser tangibles: la demanda de vivienda está creciendo con respecto a 2013, el descenso de los precios se ha moderado de forma significativa y el entorno económico seguirá mejorando en los próximos 18 meses”, destacan en Bankinter. El informe de esta entidad también apunta a que la inversión extranjera en inmuebles se está “acelerando” y la presión alcista que ya comienza a reflejarse en los precios de activos inmobiliarios como oficinas, centros comerciales y hoteles, “se trasladará en los próximos trimestres al mercado residencial de calidad”.
     La lenta mejoría del sector coincide con una reactivación de las ofertas hipotecarias de las entidades financieras. Precisamente fue Bankinter una de las primeras entidades en mover ficha. En octubre de 2013 lanzó su Hipoteca Sin Más. Su apuesta fue novedosa no solo por temprana, sino porque tras muchos meses en los que los diferenciales que sobre euríbor aplicaban las entidades en sus hipotecas variables no hacían más que subir, Bankinter lo colocaba en el 1,95% con este préstamo.
     Desde entonces ha cambiado también el panorama hipotecario, lo que según los expertos contribuye a un cierto dinamismo en el sector inmobiliario. Son ya bastantes las entidades que han roto a la baja la barrera del 2% en el diferencial que sobre euribor aplican en sus hipotecas variables; es más, algunas como el Banco Santander la han mejorado en menos de seis meses: de una oferta inicial a principios de 2014 de un 2,95% de tipo anual inicial y un euribor más el 1,99% para el resto de los años, se ha pasado a un primer precio para los 12 primeros meses del 2,85% y un diferencial sobre euribor del 1,89%. Ese diferencial del 1,89% es que también ofrecen entidades como ING Direct, la Oficina Directa del Grupo Banco Popular, Openbank o Liberbank. Los expertos ven posible que en los próximos meses alguna entidad decida abaratar aún más el precio del préstamo.
     De hecho, en este sentido hay hipotecas aún ligeramente más baratas: Barclays fija en el 2,85% el tipo de interés el primer año y para el resto establece un diferencial de 1,85 puntos sobre euribor; la Hipoteca Hogar de Caja Ingenieros coloca su tipo de interés inicial en el 2,75% y el diferencial para el resto de los años de vida del préstamos en 1,74 puntos sobre euribor y Caja España-Duero, si bien establece un tipo de interés inicial para los 12 primeros meses del 3%, rebaja hasta 1,65 puntos el diferencial que puede aplicar sobre euribor para el resto de los años.
     En el segmento de hipotecas a tipo fijo, el panorama también está cambiando desde hace algunos meses. De tipos de interés que superaban el 7%, 8% y hasta 9% se ha pasado a tipos más en el entorno del 6% con la excepción de La Caixa (que llega al 5,1%) y especialmente de Kutxabank, que ofrece la posibilidad de contratar un tipo de interés fijo a 20 años, desde el 5,24% hasta el 3,89%, en el caso de quienes mantengan con la entidad la máxima vinculación.
     He ahí el quid de una gran parte de toda esta nueva oferta hipotecaria: conseguir estos menores diferenciales solo es, en general, posible para clientes de perfil medio, medio-alto pues, en la mayor parte de los casos, se exigen domiciliaciones de nóminas que superen los 2.000 euros mensuales (llegando a los 5.000 euros mensuales); la suscripción de seguros del hogar, de vida o de protección de pagos; la domiciliación de recibos varios; llevar a cabo aportaciones a planes de pensiones; realizar pagos mínimos con tarjetas… La financiación, además, se fija como norma general en el 80% del valor de tasación de la vivienda pero, en ocasiones, este porcentaje queda rebajado al 70% e incluso al 60%. No es de extrañar que la realidad, según recoge el Instituto Nacional de Estadística en su último análisis sobre el mercado hipotecario correspondiente al pasado mes de mayo (publicado a finales de julio), sea algo diferente: el tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas es del 3,82%.
     Mirando al futuro
     El euribor a 12 meses, el principal índice de referencia en el ámbito hipotecario, cerró el mes de julio ligeramente por debajo del 0,5%. Teniendo en cuenta que el precio oficial del dinero en la zona euro se coloca en el 0,15%, es poco probable, según los expertos, que esta referencia experimente a corto plazo movimientos significativos al alza; aunque sí es posible verlos, sin embargo, a medio plazo.
     Es importante tener en cuenta esta matización a la hora de hipotecarse, fijar el importe solicitado y las condiciones asumidas, pues es esta una operación que tiene, según los datos del INE, una duración media en torno a los 21 años.  Aplicar un diferencial de dos puntos porcentuales sobre un euribor al 0,5% arroja un tipo de interés del 2,5% que, para 100.000 euros a ese plazo, supone, una cuota mensual de 510 euros. Ese mismo diferencial, esa misma duración, ese mismo importe, pero con un euribor del 1,5%, equivale a pagar al mes ya 561 euros; al 3%, la factura sería de 642 euros, pero al 5,25% (nivel que llegó a alcanzar en octubre de 2008), obliga a abonar cada mes 774 euros.

     Multa récord. La multa acordada por la entidad representa la más elevada aceptada por cualquier banco en EEUU
     República/EP | Washington 21-08-2014 republica.com
     Bank of America ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Justicia (DoJ), otras agencias federales y seis Estados, para zanjar mediante el pago de una multa récord, cuyo importe total asciende a 16.650 millones de dólares (12.525 millones de euros), el expediente abierto por la comercialización de ‘hipotecas basura’.
     En concreto, la segunda mayor entidad bancaria de EEUU pagará en efectivo una multa de 9.650 millones de dólares (7.255 millones de euros) que deberá acompañar de la aplicación de medidas de asistencia a los consumidores por importe de 7.000 millones de dólares (5.270 millones de euros).
     La multa acordada por la entidad representa la más elevada aceptada por cualquier banco en EEUU, superando los 9.500 millones de dólares (7.143 millones de euros) que acordó la propia entidad en marzo con la Agencia Federal de Vivienda o los 7.000 millones de dólares (5.263 millones de euros) pactados por Citigroup en julio y los 13.000 millones de dólares (9.775 millones de euros) de JPMorgan Chase en noviembre.
     Estas medidas de asistencia incluyen la refinanciación por parte de Bank of America de estas hipotecas, la condonación de parte de la deuda en determinados casos, así como inversiones en la estabilización de los vecindarios e iniciativas en apoyo de comunidades urbanas en riesgo de deterioro.
     Bank of America subrayó que la investigación por parte de las autoridades “estaba relacionada con conductas que tuvieron lugar en Countrywide y Merrill Lynch con anterioridad a la compra de esas entidades por Bank of America”.
     La entidad estadounidense adelantó que el acuerdo alcanzado supondrá un impacto negativo de 5.300 millones de dólares (3.985 millones de euros) en sus cuentas del tercer trimestre.

     Alerta del Cuerpo Nacional de Policía
     Desconfiar de precios muy bajos y tener datos del arrendador, las claves para evitarlo
     Muchos estafados se encuentran de camino a sus destinos cuando la policía les avisa
     En lo que va de 2014 se esclarecieron 31 casos y el fraude asciende a más de 4.000 euros
     Madrid 21/08/2014 elmundo.es
     Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas que alquilaban apartamentos vacacionales inexistentes a través de Internet. Los arrestados solicitaban a las víctimas el ingreso de entre 100 y 200 euros en concepto de señal para la reserva del inmueble.
      Los investigadores han logrado esclarecer 31 estafas en todo el territorio nacional en lo que va de año y la cantidad defraudada asciende a más de 4.000 euros.
     Cuando descubren el delito, los agentes contactan telefónicamente con los perjudicados para informarles de que podrían haber sido víctimas de una estafa, facilitándoles la información necesaria para que acudieran a una dependencia policial e interpusieran la denuncia. Varias familias se encontraban ya de camino hacia sus destinos vacacionales cuando se les comunicó la existencia de este fraude.
     Cómo evitarlo
     Para evitar ser víctima de estas prácticas, la policía ha difundido unos consejos para poner en práctica a la hora de alquilar un inmueble a través de la red.
– Desconfíe de anuncios en los que el precio está muy por debajo del de mercado.
– Acuda siempre a páginas de máxima fiabilidad y lea las opiniones de anteriores inquilinos.
– Adopte máximas precauciones en caso de tratos entre particulares, utilizando medios de pago seguros.
– Desconfíe de anunciantes que no proporcionen un número de teléfono fijo perfectamente identificable.
– En caso de alquiler de un inmueble entre particulares es conveniente comprobar la existencia del inmueble en cuestión, para lo cual podría solicitarse al arrendatario una copia de su documentación, así como un recibo del último IBI o nota simple de la última inscripción registral del alojamiento y la fotocopia del DNI.
– Es recomendable solicitar a la persona que oferte el inmueble que le envíe un breve compromiso de contrato o cualquier documento mediante el cual se pueda acreditar ese compromiso de alquiler.
– En caso de ser víctima de una estafa, acuda a una comisaría de Policía lo antes posible para interponer una denuncia aportando toda la información de la que disponga y datos del estafador.

     16-08-2014 – cadenaser.com

     El registro civil quedará privatizado y pasará a manos de los registradores mercantiles. Además se desarrollará una plataforma electrónica para procesar los datos
     El efecto más importante de la Reforma Judicial es que desaparecerán los 20 partidos judiciales en la Comunidad de Madrid. No habrá juzgados por tanto en los municipios y los vecinos se tendrán que desplazar a la capital para hacer cualquier gestión relacionada con la administración de justicia.
     El registro civil queda así privatizado, como ya lo anunció el Consejo de Ministros a primeros de julio, y en manos de los registradores mercantiles que asumirán la gestión de los Registros Civiles, en sustitución de los jueces, y se encargarán de desarrollar una plataforma electrónica para procesar los datos que serán de titularidad pública.
     La legislación española obliga a inscribir todos los actos relacionados con nuestra vida en el registro civil. Para acceder a guarderías públicas, colegios públicos, optar a pensiones de viudedad o subsidios por incapacidad, por ejemplo, es necesario mostrar el estado civil.
     Además este real decreto-ley por el que se reforma la ley de 2011 sobre registros civiles, en la que ya se dio luz verde a su desjudicialización, establece que en julio de 2015 entrará en funcionamiento una nueva plataforma digital para la tramitación de los certificados y expedientes.
     Según Justicia, el plazo de un año es el que los registradores mercantiles estiman necesario para tener en funcionamiento esta plataforma electrónica de la que ellos mismos se harán cargo.
     Esta reforma afectará a millones de ciudadanos madrileños aunque según Alberto Ruiz Gallardón, mejorará la administración de justicia. Algo con lo que Felicidad López, de Comisiones Obreras no está de acuerdo ya que dice «que impedirá la utilización de la administración de justicia por parte de los ciudadanos».
     Felicidad lo expone con un ejemplo: «cualquier vecino de Leganés que tenga que sacar una partida de nacimiento para inscribir a su hijo en una guardería tendrá que trasladarse al Registro Mercantil de Madrid y pagar por la certificación». Esto propiciará «que los ciudadanos que mayor poder adquisitivo tengan garantizado que la justicia irá rápida».
     La decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ya advirtió hace unas semanas que la reforma de Gallardón «disuade» al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los obstáculos que tiene que sortear. «Va a tender a no pedirlo, porque tiene que irse muy lejos, reiterarlo 80 veces. Son trabas que persiguen la disuasión del ciudadano».

     Decenas de casas nuevas sin ocupar son saqueadas en pueblos de la comarca alicantina
     elpais.com
     Adosados sin estrenar, bloques de pisos enteros, incluso un hotel spa de cuatro estrellas… Decenas de viviendas sin ocupar e inmuebles abandonados a su suerte son saqueados en la comarca de La Vega Baja (Alicante). “Cobre, puertas, hierro”, se lo han llevado todo, asegura Moisés Cruz, miembro de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta.
     La plataforma lleva un año fotografiando los restos del “afán especulativo”, cuenta Cruz. Comenzó como una pequeña iniciativa de unos ciudadanos que fotografiaban edificios vacíos para concienciar sobre cómo se había especulado con los terrenos de huerta durante el boom inmobiliario. El trabajo va camino de convertirse en un catálogo del frenesí vivido por la construcción en el sur de la Comunidad Valenciana y del sinsentido en una comarca donde casas abandonadas y sin estrenar son desvalijadas mientras persisten los desahucios de ciudadanos.
     Entrando en Almoradí, un edificio de pisos es pasto de drogadictos y grafiteros. A las puertas de Callosa de Segura, lo que era una “oportunidad única” de dúplex entre los 100.000 y los 200.000 euros no tiene ni baños. Ocurre también en Benferri, donde a bungalós acabados les entra el viento por los techos ya sin cableado. Son viviendas que han quedado en manos de bancos, en algunas hasta dejaron la grúa. Los ejemplos se multiplican en siete municipios, mientras el colectivo lamenta la pérdida de “la oportunidad de usar estas viviendas en beneficio de la gente sin casa”. Muchos no fueron ni estrenados; otros, simplemente abandonados, como el caso del Hotel Spa Villa de Catral, un cuatro estrellas cerrado en 2010 cuyas termas son hoy escombreras.
      “Son edificios que parecen bombardeados en alguna guerra, productos de planes generales desmesurados”, contextualiza Cruz en una comarca cuya capital, Orihuela, tiene más de 15.000 casas ilegales.
     El sentido común no ha estado presente en el urbanismo de algunos pueblos vegabajenses. En Orihuela, precisamente, la semana pasada el PP y el partido liberal CLR —con mayoría plenaria— votaron en contra de la exposición pública del plan cuando la pretensión inicial era que estuviera expuesto durante tres meses y no uno, como recomienda la ley, para que participara la mayor parte de la ciudadanía.
     A principios de 2014, la Generalitat no permitió a Almoradí recalificar suelo para 11.000 viviendas en las que acoger a 50.000 habitantes más (el pueblo tiene unos 20.000). Por las mismas fechas, el Tribunal Superior anuló el plan de San Miguel de Salinas por no falta de evaluación ambiental. La idea original era edificar 40.000 viviendas para 100.000 nuevos vecinos que acudirían a vivir a este pueblo de unos 7.000 habitantes.

     Economía.- La bonificación de la Garantía Juvenil se aplicará a otro trabajador si la cuota empresarial es inferior
     19/08/2014 – Madrid, 19 (Europa Press) eleconomista.es
     Las bonificaciones de las que los empresarios podrán beneficiarse en virtud de la Garantía Juvenil se aplicarán siempre en su máxima cuantía, de modo que si los 300 euros mensuales que prevé la normativa superan la cotización empresarial se podrán apurar para reducir las cotizaciones de otros trabajadores.
     Así consta en una de la docena de enmiendas que el PP ha presentado al macrodecreto de medidas económicas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio, y que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso la próxima semana, con su debate en la Comisión de Economía durante dos sesiones consecutivas.
     Según el texto de la enmienda, a la que ha tenido acceso Europa Press, si la cuota que paga la empresa a la Seguridad Social por el trabajador acogido a la Garantía Juvenil es inferior a la bonificación de 300 euros mensuales a la que tiene derecho, ese exceso podrá descontarse de la liquidación mensual de las cotizaciones por toda la plantilla, «siempre que la misma no resulte negativa».
     De este modo, la totalidad de la bonificación podrá destinarse incluso a «reducir la cotización de otro trabajador», tal y como consta en la exposición de motivos del decreto ley, que indica además que dado que las bonificaciones de la Garantía Juvenil son compatibles con otros incentivos, como la tarifa plana, «cabe la posibilidad de que durante los primeros seis meses (de contratación) la empresa no tenga coste de cotización».
     Devolver lo aplicado irregularmente
     Por otra parte, los ‘populares’ precisan con su enmienda que si el empresario incumple su obligación, no sólo de tener contratado al trabajador durante al menos seis meses, sino también de mantener el nivel de empleo medio previo a la contratación, deberá devolver la totalidad de la bonificación pero también el «posible excedente generado y aplicado».
     En cualquier caso, no se entenderán incumplidas dichas obligaciones si se despide al trabajador por causas objetivas o por despido disciplinario que no sean declarados improcedentes, ni tampoco si se debe a una dimisión, muerte, incapacidad permanente total o absoluta, o gran invalidez.
     Asimismo, en el caso del requisito de mantenimiento del empleo indefinido y total, tampoco se considerará un incumplimiento si el despido se debe a la «expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba».
     Según el PP, estos cambios son «mejoras técnicas» que se aplican para hacer la normativa «congruente» con lo establecido en la regulación de otros incentivos a la contratación.
     Límites a las comisiones por tarjeta
     Entre las enmiendas del partido que da sustento al Gobierno también se cuentan dos relativas a los nuevos límites a las comisiones por el pago con tarjeta bancaria. En concreto, se elimina la referencia a la que entrada en vigor de estos topes será el 1 de septiembre próximo, si bien se asegura que esta «mejora técnica» no «modifica en ningún punto» la puesta en marcha efectiva de esta medida.
     Además, se señala que estos límites no se aplicarán a las que «sólo se puedan utilizar en una red limitada, diseñada para satisfacer necesidades precisas mediante instrumentos de pago cuya utilización está limitada, o bien porque permiten a su titular adquirir bienes o servicios únicamente en los locales del emisor, dentro de una red limitada de proveedores de servicios vinculados directamente mediante un acuerdo comercial con un emisor profesional, o bien porque únicamente pueden utilizarse para adquirir una gama limitada de bienes o servicios».
     Según el PP, esta matización «clarifica explícitamente» la regulación de este tipo de tarjetas, que son las asociadas a un comercio determinado como las de las cadenas de supermercados o gasolineras, optando por una «solución equivalente a la recogida en la propuesta de Reglamento sobre las tasas de intercambio para operaciones de pago basadas en una tarjeta que actualmente se tramita en la UE».
     Registro civil
     En el macrodecreto también se recogen algunos cambios relativos al régimen del Registro Civil, del que a partir de ahora se encargarán los registradores mercantiles a través de sistema informático único que deberá estar en funcionamiento antes del 15 de julio del año próximo.
     Así, la nueva Corporación de Derecho Público creada para este fin promoverá la contratación necesaria para crear este sistema informático, proceso que estará supervisado por la Dirección General de los Registros y del Notariado, que también asignará «otros registros y servicios» de su competencia a este nuevo mecanismo.
     «Dado que hay servicios y registros dependientes de la Dirección General directamente relacionados con el Registro Civil, como son los relativos a nacionalidad, actos de última voluntad y seguros de vida, no parece conveniente el desarrollo por parte de la Administración de otra plataforma para dichos servicios, siendo tanto desde el punto de vista económico como organizativo, más conveniente su inclusión dentro de la plataforma prevista (en este decreto). Ello redundará en un mejor servicio y en un ahorro de costes para la Administración», justifica el PP.
     Otras modificaciones
     Finalmente, las enmiendas del Grupo Popular retrasan hasta el 1 de julio pasado el plazo de adaptación otorgado a las empresas navieras para comprobar el número de embarques realmente realizados en los puertos españoles y que son susceptibles de subvención, de modo que no se pierdan estas bonificaciones.
     Además, se incorporan varias modificaciones técnicas, como la eliminación del régimen de infracciones de la Ley del Cine el incumplimiento de la inscripción en un registro que desaparece en virtud de este decreto ley, y se incluye la previsión legal sobre cómo acreditar las cuotas de la Seguridad Social que tienen derecho a bonificación.

     El interés medio de los nuevos depósitos a plazo a hogares baja por primera vez del 1%
     vozpopuli.com

     Las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE) están sirviendo a las entidades financieras para mejorar su margen de intereses. ¿Cómo? Han reducido el interés de los préstamos, pero mucho menos que el de los depósitos.
     Mario Draghi, presidente del BCE, situó el tipo de interés oficial en el 0,15% el pasado mes de junio. Como había ocurrido con bajadas anteriores, la respuesta de las entidades no se hizo esperar y se apresuraron a recortar la retribución que ofrecen por sus depósitos a plazo y cuentas de ahorro. También rebajaron los costes de algunos préstamos.
     Ahora, las estadísticas adelantadas del Banco de España, correspondientes a junio, hablan por sí solas: las familias han visto cómo los nuevos créditos son más baratos, pero al mismo tiempo enfrentan una rebaja de tipos aún mayor en los productos de ahorro más demandados.
     En concreto, el tipo sintético (real) de los préstamos a hogares se situó en junio en el 4,08%, igual que en mayo y sólo siete puntos básicos menos que en octubre de 2013 (4,15%), justo antes de la anterior bajada del tipo oficial, cuando pasó del 0,50% al 0,25%.
     Es más, los créditos hipotecarios incluso han subido en los últimos meses (en junio se fijaron en el 3,20% de media, por encima del 3,18% de mayo o el 3,12% de octubre). Sí se han abaratado, por el contrario, los préstamos al consumo y otros fines, pasando del 7,70% que había hace ocho meses al 7,14% de junio.
     La bajada del interés está llevando a los particulares a huir de los depósitos para invertir en otros productos
     Mientras, las entidades financieras redujeron la retribución de nuevos los depósitos a plazo, cuentas de ahorro y repos de las familias, en conjunto, hasta el 0,62, frente al 0,68% de mayo o el 1,07% de octubre. Un duro golpe para los pequeños ahorradores, que centran la mayor parte de sus inversiones en estos productos de bajo riesgo.
     De media, los nuevos depósitos a plazo remuneran al 0,98%, nueve puntos básicos menos que en mayo y 76 menos que en octubre. Es la primera vez que bajan del 1% desde que el Banco de España ofrece la estadística (año 2003). Las cuentas de ahorro, por su parte, sitúan el interés en el 0,19% y los repos en el 0,21%.
     Los bancos, por tanto, han rebajado el coste de los préstamos a los hogares siete puntos básicos desde octubre, mientras que en el caso de los depósitos y otros productos de ahorro alcanza los 39 pb. La consecuencia es reveladora: el diferencial entre lo que las entidades financieras cobran hoy por prestar dinero a las familias y lo que pagan por recibirlo alcanza los 3,46 puntos, la máxima brecha registrada desde 2003. Y aquí se encuentra una de las razones fundamentales para la mejora de los márgenes de intereses que está registrando el sector este año.
     Esto, además, está llevando a los particulares a huir de los depósitos para invertir en otras opciones que ofrezcan mejores rentabilidades, aunque también con mayores riesgos, caso de la renta variable o fondos de inversión. Así, los españoles invirtieron en este tipo de productos 28.301 millones de euros en junio, lo que supone un 8,5% menos que en el mismo mes del año pasado. Más aún, desde enero la caída se eleva hasta el 15%, al pasar de 203.174 millones en el primer semestre de 2013 a los 172.386 millones de 2014. Estas cifras, no obstante, son reflejo también de la caída de la tasa de ahorro de las familias.
     El crédito nuevo a las familias mejora tanto en junio como en el semestre, frente a lo que les sucede a las empresas
     No sucede lo mismo, sin embargo, con las empresas, que han incrementado sus inversiones en depósitos durante los primeros seis meses del año un 12,1% interanual (de 131.146 millones a 147.029). Y eso que la rebaja del interés es en su caso sólo ligeramente inferior a la sufrida por las familias, ya que ha bajado del 1,51% de octubre al 0,82%, es decir, 68 puntos básicos. Incluyendo también las cuentas a la vista y los repos, el tipo para las sociedades no financieras ha pasado del 0,89% en octubre al 0,58% de junio.
     En lo que sí salen ganando claramente las empresas es en la bajada de los tipos de los nuevos préstamos. En junio se situaron en el 3,66%, frente al 3,90% de junio o el 4,13% de octubre. Los créditos inferiores a un millón de euros se pagan hoy al 4,91%, mientras que los que superan esta cantidad el interés se limita al 3,08%.
      En este contexto, el flujo de nuevo crédito de las empresas repuntó en junio hasta los 38.770 millones, ligeramente por debajo de los 38.991 millones del mismo mes de 2013. Es, en cualquier caso, el mejor dato mensual del año y ‘arregla’ parcialmente la cifra de financiación acumulada, que aún cae el 12,5% (de 198.919 millones a 173.993).
     Todo lo contrario ocurre en el caso de las familias, ya que tanto en junio como en el semestre los datos mejoran. En el último mes con cifras disponibles, el crédito nuevo a hogares alcanzó los 5.322 millones, frente a los 4.795 millones de 2013 (+11%). En los seis primeros meses, los préstamos también crecieron, hasta los 29.227 millones, un 12,5% más que los 25.975 millones de un año antes.
     Un crecimiento, además, que se sustenta tanto en el crédito para vivienda como para consumo. En el primer caso, junio ha sido uno de los mejores meses en el último año, con 2.304 millones (1.999 millones en 2013) prestados, y en el acumulado semestral la cifra se eleva a 13.073 millones, un 18,2% más que los 11.055 millones del pasado ejercicio. En cuanto a los préstamos para el consumo, en junio sumaron 1.478 millones (1.288 millones en el mismo mes del año pasado), y en el conjunto del semestre ascendieron a 7.834 millones, frente a los 6.570 millones anteriores (+19,2%). El crédito para otros fines, por su parte, se mantiene prácticamente estable.

     El Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha incoado expediente sancionador contra el Colegio Notarial de Andalucía por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en la apertura de un expediente disciplinario a un notario por presunta infracción de las normas del Reglamento Notarial relativas al turno de reparto de documentos.
     europa press. 17.08.2014 20minutos.es
     El Departamento de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha incoado expediente sancionador contra el Colegio Notarial de Andalucía por supuestas conductas prohibidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC), consistentes en la apertura de un expediente disciplinario a un notario por presunta infracción de las normas del Reglamento Notarial relativas al turno de reparto de documentos.
Según indica Competencia, ello podría constituir «un acuerdo por parte del Colegio denunciado tendente a conseguir un reparto de mercado de forma coactiva en aplicación de sus normas internas disciplinarias».
     Las conductas analizadas tienen su origen en la denuncia presentada ante esta Agencia por el notario afectado por el expediente disciplinario. Tras el análisis de las informaciones contenidas en la misma, el departamento de investigación ha observado indicios racionales de infracción de la Ley 15/2007, por lo que ha procedido a incoar el correspondiente expediente sancionador contra el Colegio Notarial de Andalucía.
     Este es el tercer expediente abierto en materia de competencia al Colegio Notarial de Andalucía y el segundo relativo a la adopción de acuerdos sobre el turno de reparto de documentos regulado en los artículos 127 y siguientes del Decreto de 2 junio 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la organización y régimen del Notariado.
     El turno de reparto supone «una excepción al derecho a la libre elección del notario, entre otros, cuando el otorgante, transmitente o adquirente de los bienes o derechos, fuere el Estado, las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, o los organismos o sociedades dependientes de ellos, participados en más de un 50 por ciento, o en los que aquellas administraciones públicas ostenten facultades de decisión ya que en estos casos los documentos se turnan entre los notarios con competencia en el lugar del otorgamiento».
     Todo ello, según se regula en la norma reglamentaria, con carácter excepcional.
Competencia ha recordado que el primero de los expedientes abierto por la Agencia de la Competencia tuvo su origen a raíz de la denuncia presentada por un notario por la aprobación por la Junta Directiva del Colegio Notarial de Granada de un acuerdo que establecía las normas sobre el turno de reparto de documentos en el distrito de Málaga y, en particular, el sistema de compensación de honorarios procedentes del turno inducido, con arreglo al cual el notario cuyos servicios eran solicitados, por una entidad sujeta a turno de reparto, debía aportar a un fondo de compensación un porcentaje de sus honorarios.
     Este expediente culminó con la resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía de 8 de junio de 2010 en la que se impusieron sanciones económicas al Incoado por importe de 91.675 euros por la aprobación de normas del turno de reparto de las ciudades de Málaga, Granada, Antequera y Santa Fe. Dicha resolución ha sido confirmada por la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sentencia de 9 de julio de 2014.
     En este primer expediente, el Consejo de Defensa de la Competencia señaló, en relación con el turno de reparto que restringe la competencia y desincentiva la aplicación de descuentos por parte de los notarios.
     En cuanto al segundo de los expedientes, incoado con fecha 13 de enero de 2011 al considerar la autoridad andaluza en materia de competencia que el Reglamento de Régimen interior de dicho Colegio establecía limitaciones al régimen de publicidad de los notarios constitutivas de una posible infracción del artículo 1 de la LDC, se cerró, previa eliminación por parte del Colegio de los preceptos considerados anticompetitivos de su normativa interna, mediante resolución de terminación convencional de fecha 29 de septiembre de 2011.
     En relación con el expediente que acaba de iniciarse en virtud del acuerdo de fecha 21 de julio de 2014, la incoación del mismo «no prejuzga el resultado final de la investigación» y ha precisado que se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución por la Agencia Andaluza de la Competencia.

     Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)
     Se registraron 26.076 operaciones, gracias al impulso del mercado de segunda mano
     La compraventa de inmuebles de obra nueva descendió un 3% en tasa interanual
     Madrid (+30,4%), Extremadura (+25,7%) y Navarra +19,3%), los mayores repuntes
     Europa Press Madrid 07/08/2014 elmundo.es
     La compraventa de viviendas aumentó un 8,8% el mes de junio de 2014 respecto al mismo mes de 2013, hasta un total de 26.076 operaciones, gracias al impulso del mercado de segunda mano, según informa el Instituto Nacional de Estadística (INE).
     Marzo de 2014 puso fin a 10 meses seguidos de caídas interanuales
     El repunte interanual de junio es el cuarto consecutivo tras los experimentados en marzo, abril y mayo, cuando la compraventa de viviendas subió más de un 22%, un 5% y un 5,4%, respectivamente, poniendo fin a 10 meses seguidos de caídas interanuales.
     Los datos difundidos por el INE corresponden a compraventas inscritas en los registros de la propiedad procedentes de escrituras públicas realizadas en meses anteriores al de referencia.
     Atendiendo sólo a los datos mensuales (junio sobre mayo), la compraventa de viviendas retrocedió un 7,3%.
     Los pisos de segunda mano abarcan hasta 16.257 operaciones
     El crecimiento interanual en la compraventa de viviendas se ha debido al avance en un 17,4% en la compraventa de pisos de segunda mano, hasta sumar 16.257 operaciones. Por el contrario, la compraventa de viviendas nuevas descendió un 3% en tasa interanual, hasta 9.819 operaciones.
     La mayor parte de las viviendas transmitidas por compraventa durante el sexto mes del año, en concreto el 90,5%, fueron viviendas libres. La compraventa de este tipo de viviendas creció un 9,9% en tasa interanual, hasta 23.596 operaciones, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas sumaron 2.480, con un descenso del 1,4% respecto a junio de 2013.
     En los seis primeros meses de 2014, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 5,4%, con una caída del 15,1% en las operaciones sobre viviendas nuevas y un repunte del 3,2% en las de segunda mano. Por su parte, las compraventas de viviendas protegidas disminuyeron un 16% hasta junio, mientras que las de viviendas libres bajaron un 4%.
     En junio, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (96), Canarias (87) y Baleares (81). Andalucía continuó a la cabeza de compraventas de viviendas en el sexto mes de 2014, con 5.220 operaciones, seguida de Cataluña (3.961) y Madrid (3.789).
     En valores relativos, las regiones donde más se incrementó en tasa interanual la compraventa de viviendas fueron Comunidad de Madrid (+30,4%), Extremadura (+25,7%) y Navarra (+19,3%), mientras que los mayores descensos correspondieron a Castilla-La Mancha (-21,6%), La Rioja (-12,8%) y Castilla y León (-10,3%).
     Menos fincas transmitidas
     Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas en junio pasado alcanzaron las 125.817, con un descenso del 8,8% sobre el mismo mes de 2013.
     Por compraventa se transmitieron un 5,9% más de fincas que un año atrás, mientras que las transmisiones por donación bajaron un 14,5%. Las operaciones por permuta ascendieron un 6%, mientras que las transmitidas por herencia cayeron un 1,2%.
     El número de fincas rústicas aumentó un 10,3% en junio de 2013
     Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 10,3% en junio de 2013 en tasa interanual, mientras que el de fincas urbanas (en el que se incluyen las viviendas) repuntó un 5%.
     En junio de 2014, el número total de fincas transmitidas inscritas en los registros de la propiedad por cada 100.000 habitantes fue mayor en Navarra (566), Aragón (536) y Castilla y León (512). A su vez, las regiones donde más se incrementaron estas operaciones fueron Navarra (+27,1%), Baleares (+11,4%) y País Vasco (+10,9%), mientras que las bajas más pronunciadas se las anotaron Castilla-La Mancha (-26,3%), Cantabria (-23,9%) y Castilla y León (-17,9%).

     Entidades y Administraciones potencian la mediación entre caseros e inquilinos
     Camilo S. Baquero Barcelona 10 agosto 2014 – elpais.com
     Los desahucios por impagos hipotecarios no dejan de ejecutarse, pero cada vez son más visibles los de familias que no pueden hacer frente al pago del alquiler y terminan expulsadas por sus caseros. Esta realidad ha aflorado gracias al desglose inédito de cifras de los diferentes tipos de lanzamientos que desde el año pasado realiza el Consejo del Poder Judicial. En el primer trimestre de este año, en Cataluña se realizaron 4.276 desahucios, 2.722 de ellos por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, un 63% del total.
     Es por ello que las Administraciones y entidades sociales se han visto obligadas a poner sobre la mesa estrategias distintas para evitar la pérdida de los hogares, pues la mediación para intentar evitar estos lanzamientos tiene más aristas. “La dación en pago la conseguimos gracias a la presión ciudadana. Negociar con un particular para que no saque a la calle a una familia es otro mundo”, resume uno de los portavoces de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
     Las cifras ratifican la tendencia de 2013, cuando según los datos de los juzgados de primera instancia catalanes se realizaron 16.008 desahucios, 10.817 de ellos por alquileres (67% del total) y 4.426 por ejecuciones hipotecarias. También hay registro de 765 casos derivados de otros procedimientos.
     El caso de los tribunales de Barcelona es el más duro, pues en ellos se dictan una veintena de órdenes de lanzamientos o desahucios al día. En esta provincia se realizaron el año pasado más de 11.000, según las cifras oficiales. Y el 90% corresponde a inquilinos que no pueden pagar sus alquileres. “El perfil del casero es bastante variado, no estamos hablando de grandes propietarios sino de personas que necesitan la renta para poder vivir”, explica Antoni Sorolla, gerente adjunto de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Salva Torres, activista de la asociación 500×20, niega que “muchos de los dueños lo tengan como única fuente de ingresos”.
     En 2013, Cáritas Diocesana atendió a un total de 7.500 personas en el servicio de mediación de la vivienda y logró frenar unos 600 desahucios en su área de acción, las tres diócesis de Barcelona. Carme Trilla, la jefa de Acción Social de la ONG, explica que la mitad ya son por impago del alquiler. En muchos de los casos se trata de personas que ya habían perdido su hogar por culpa de la hipoteca y se vuelven a ver en la calle, asegura Trilla. “Se trata de historias mucho menos mediáticas y es verdad que posiblemente la gente no arrastra una deuda con una entidad, pero el concepto sigue siendo el mismo: se quedan sin un hogar”, apunta Sorolla. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con más desahucios, después de Andalucía.
     El Ayuntamiento de Barcelona inició en octubre de 2012 el programa específico de alquileres, a través de las Oficinas de Vivienda, y en este tiempo se han realizado 276 mediaciones. “En unas 130 (el 55%) hemos evitado que el inquilino se vaya a la calle, en otras 100 no se ha podido llegar a un acuerdo y los otros casos siguen abiertos”, asegura el gerente adjunto de Vivienda.
Si bien el centro de la negociación es la capacidad de pago, hay otros factores. “Todo depende mucho de la relación que haya entre las partes —confiesa Sorolla—, pues la práctica demuestra que el casero prefiere mantener a un inquilino si está contento con él”. Se plantean posibilidades como las reducciones en el canon si se pagan las deudas acumuladas. Cáritas y el Ayuntamiento, a través de los Servicios Sociales, también entregan algunas ayudas puntuales en metálico para poder hacer frente a esas deudas.
     El alud de peticiones hace que una vez más el esquema de ayudas se vea sobrepasado. A la espera de que el Ayuntamiento complete su programa de viviendas de alquiler público de precio asequible, queda confiar en la buena fe del inquilino. Desde la PAH y otras plataformas miran con recelo los procesos de mediación, tanto entre privados como con las entidades financieras. “Los desahucios de alquiler no son una responsabilidad entre privados, sino una responsabilidad política de la Administración de garantizar el derecho a la vivienda”, asegura Torres.

     Datos de julio de 2014 del informe Tinsa
     En la Costa Mediterránea y las grandes ciudades se registran los mayores descensos
     Baleares y Canarias reflejan un cambio de tendencia con un avance interanual del 4,2%
     Europa Press | elmundo.es Madrid 12/08/2014
     El precio medio de la vivienda cayó un 4,4% en julio de 2014 en comparación con el mismo mes de 2013 y acumula un ajuste del 40,3% desde los máximos que alcanzó en 2007 antes del estallido de la crisis, según la firma de tasación Tinsa.
     En junio de 2014 no experimentó la subida coyuntural del mismo período del año 2013
     La caída del séptimo mes del año es más pronunciada que la del 3% contabilizada a cierre de junio, debido principalmente a la subida coyuntural que experimentó el índice entre junio y julio de 2013, un movimiento que no se ha repetido en 2014.
     No obstante, el ajuste de julio fue mucho más moderado que el descenso del 9,2% en el que finalizó 2013. El mantenimiento de esta tendencia, según Tinsa, dependerá del cumplimiento efectivo de las previsiones favorables de crecimiento económico, financiación y estabilización del empleo en España.
     Diferencias por zonas
     Los municipios de la Costa Mediterránea fueron los que sufrieron la caída más destacada en julio respecto a 2013 (-7,7%), seguidos de las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas, que registraron descensos interanuales de precios del 5,4% y del 5,2%, respectivamente.
     El resto de municipios no incluidos en otras divisiones fue el otro grupo que presentó una bajada en sus valores sobre julio de 2013, aunque más moderada (-4,3%). En el lado contrario volvieron a situarse Baleares y Canarias, cuyo comportamiento positivo se tradujo en un avance interanual del 4,2%, que afianza el cambio de tendencia que se apuntaba en junio.
     Por su parte, la Costa Mediterránea lideró los recortes acumulados por zonas desde que éstas alcanzaron su valor más alto, con un 49,1% en julio. Le siguieron las capitales y las grandes ciudades, con un 44,1%, las áreas metropolitanas, con un 42,8% y el resto de municipios, con el 35,2%. Cierra la serie Baleares y Canarias, con el menor descenso acumulado (-27%).

     El pasivo del Estado bate un nuevo récord en junio al alcanzar los 1.007.319 millones de euros
     Amanda Mars Madrid 14 agosto 2014 – elpais.com
     La deuda pública española alcanzó y superó el pasado junio el umbral histórico del billón euros. Según los datos que acaba de hacer público el Banco de España, el lastre alcanzó los 1.007.319 millones de euros, 10.000 más que en mayo.
     Ese mes había quedado a tan solo 3.000 millones de la cifra simbólica. Ahora, el peso en el conjunto de la economía ha quedado en el 98,4%%, frente al 97,4% del mes anterior. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder, a finales de 2011, la deuda era de 737.406, el 70,4% del PIB.
     El Gobierno asumió hace tiempo que alcanzará el 100% del PIB, un nivel de endeudamiento que no se alcanzaba en España en más de 100 años, a juzgar por los datos históricos que recopila el Fondo Monetario Internacional (FMI). El pasivo se ha disparado en España desde que comenzó esta larga crisis, en 2007, no suponía más del 36% del PIB, así que el lastre prácticamente se ha triplicado.
     Pero la baja inflación no es un buen aliado para que España reduzca esta ratio entre PIB y deuda, ya que la ratio se mide en función del PIB nominal y la deuda pesa más cuanto menos sube el precio de la vida. Además, el crecimiento, pese a haberse acelerado con un avance del 0,6% en el segundo trimestre y estar hoy por hoy entre los mayores de la zona euro, es aún débil.

     Un juez de Palma condena, por primera vez, a una entidad a que pague el dinero cobrado de más
     13.08.2014 | diariodemallorca.es

     J.F. Mestre. Palma Un juez de Palma ha dictado una primera sentencia por la que se condena a una entidad bancaria a que devuelva el dinero que ha cobrado de más por la imposición de una cláusula suelo, que se declara ilegal, en un contrato hipotecario con unos clientes. La sentencia, dictada por el magistrado de refuerzo del juzgado de lo mercantil número 2 de Palma, no establece cifras, pero condena al banco a pagar esta indemnización a partir del momento que el Tribunal Supremo declaró nulas este tipo de cláusulas que imponía la entidad bancaria. Este préstamo hipotecario, a pagar en 35 años, se firmó en el mes de abril del año 2007. Una pareja, representada en esta demanda por el abogado Andrés Buades de Armenteras, adquirió una vivienda tras solicitar un préstamo hipotecario. Tras analizar varias ofertas los clientes optaron por una determinada entidad bancaria. En el contrato se estableció, sin que los clientes fueran conscientes de la importancia que ello iba a suponer, tanto una cláusula suelo como una cláusula techo. La primera se estableció en un 4,50% y la otra en un 9,3%. Ello suponía que a pesar de que el precio del dinero fuera bajando hasta una determinada cifra, y por tanto los intereses bancarios también resultaban más baratos, estos clientes no se beneficiarían de este descenso. Y así fue. Los intereses se abarataron por debajo de este 4,5% establecido, pero el banco, en aplicación de esta cláusula suelo estuvo cobrando el mismo dinero a sus clientes.
     El juez ha analizado las circunstancias de este contrato y recuerda que el banco está obligado a comprobar que el cliente conoce y comprende lo que firma. No es suficiente que a la hora de suscribir el préstamo el notario informe a los clientes que el contrato cuenta con una cláusula suelo y otra cláusula techo. El juez mantiene que no es aceptable la falta de claridad de una determinada cláusula, porque ello supone que el consumidor no aprecia la relevancia que puede tener esta condición durante el desarrollo del acuerdo.
     En este caso concreto que ha analizado el juez, la sentencia critica que la cláusula suelo fuera introducida en el contrato entre una maraña de información sobre los intereses que se debían pagar. Señala que esta cláusula se mezcla con el diferencial y no dispone de ninguna autonomía propia. Y el juez cree que esta condición del contrato tiene una máxima importancia, pero que en este caso existe una gran dificultad para identificarla en el documento.
     El juez cita alguna sentencias que han analizado las obligaciones del banco a la hora de contratar estos productos. Así, señala que no se puede recurrir al recurso fácil de que los clientes están obligados a leer todo lo que firman, sobre todo cuando las cláusulas suelo de estos contratos no forman parte de la información, sino que son condiciones que impone la entidad bancaria.
     Ir pagando
     Tampoco acepta el juez la teoría de la entidad bancaria, que ha señalado que los clientes han ido pagando hasta ahora los recibos del préstamo sin quejarse de dicha cláusula. El magistrado señala que los prestatarios no tuvieron la posibilidad de negociar las cláusulas que ahora piden que sean declaradas nulas, porque formaban parte de las condiciones generales del préstamo. Además, a la hora de la firma de la hipoteca no fueron informados con la «suficiente claridad y transparencia del alcance y las consecuencias que tenía la cláusula suelo para la vida económica del contrato». El juez entiende que los clientes descubrieran la importancia de dicha condición cuando el índice bancario se redujo por debajo de la cifra contemplada en el contrato, con independencia de que hasta ese momento hubieran seguido pagando las cuotas de la hipoteca como si el Euribor no hubiese bajado.

     Para compensar el deterioro del valor de las garantías
     La banca considera que alargar el proceso de desahucio encarecerá la hipoteca 
     La Justicia europea pone en jaque el mercado hipotecario español
     Ángeles Gonzalo Alconada  30-07-2014  cincodias.com

     El Ejecutivo prepara una reforma normativa exprés para dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera que el procedimiento español para ejecuciones hipotecarias viola la norma comunitaria. Con los cambios legales, será más fácil para frenar un desahucio. La banca cree que con esta medida las garantías hipotecarias perderán valor y se encarecerán así las hipotecas.
     Los deudores hipotecarios que vean desestimada su oposición a la ejecución de sus hipotecas podrán recurrir ante el juez, como ahora pueden hacer las entidades cuando no se les daba la razón, de modo que se dé cumplimiento al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que declaró la actual regulación en esta materia contraria a la normativa comunitaria, explicó ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el Congreso. El TJUE sentenció la pasada semana que la legislación Antidesahucios de España viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos, ya que mientras la banca sí puede recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, los consumidores no podían proceder del mismo modo cuando se falla a favor del banco.
     Guindos avanzó que previsiblemente en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará un decreto ley para modificar la Ley Concursal que incluirá el “ajuste procesal técnico” necesario para dar cumplimiento al fallo europeo. “Los deudores podrán recurrir el auto del juez que hubiera desestimado su oposición a la ejecución hipotecaria. Con eso se dará pleno cumplimiento a la sentencia del tribunal de Luxemburgo”, insistió el ministro, recordando que más de 19.500 familias se han beneficiado de las medidas de protección de los afectados por las hipotecas puestas en marcha por el Ejecutivo.
     Fuentes bancarias aseguran que uno de los inconvenientes de esta medida es que la nueva operativa con la que se consigue frenar los desahucios se asemeja a un proceso ordinario, lo que lleva consigo el retraso en la búsqueda de una solución. Alargar el proceso provoca un deterioro del valor de las garantías hipotecarias con las que se avala el crédito. Y reconocen que al final será el cliente que contrate un crédito para la compra de una vivienda el que asumirá estos costes, ya que las entidades financieras encarecerán el precio de sus hipotecas. Un portavoz de la AEB declaró que desde “que se publicó el fallo del Tribunal de Justicia europeo, cabía esperar que el Gobierno adoptara las medidas necesarias para acometer el ajuste procesal técnico” para dar cumplimiento al fallo europeo.
     Durante su intervención, Guindos insistió en que hay que seguir con las reformas”, y resumió las “principales” leyes que se aprobarán en el próximo periodo de sesiones. Yafirmó que este real decreto que modificará la Ley Concursal, al margen de incorporar los cambios necesarios para cumplir con el fallo del TJUE, completará el proyecto de reestructuración y de financiación de la deuda empresarial y extenderá a la fase concursal el nuevo régimen de mayorías introducidos en la fase preconcursal. Así, las nuevas mayorías necesarias para hacerse con una empresa se aplicarán no sólo a la fase preconcursal, sino también a la concursal, con el objetivo de “mejorar la viabilidad de las entidades solventes”. Además, se “facilitarán” las adjudicaciones de empresas en su conjunto y de unidades productivas libres de carga.
     Se obligará a los bancos, asimismo, a preavisar a las pymes antes de reducir su financiación, se mejorará la regulación de las titulizaciones para permitir “movilizar carteras de crédito” para pymes, y se perfeccionará el régimen de emisiones, potenciando la transparencia y los sistemas de control y calidad de la información financiera.
     Guindos aseguró que el Gobierno continuará trabajando para mejorar el acceso de las pymes, a la financiación alternativa, de modo que reduzcan su dependencia de la banca. Para ello, se aprobará una Ley de Fomento de la financiación empresarial, en la que se regulará “por primera vez” el crowdfunding, de modo que los minoristas puedan invertir de forma segura en proyectos empresariales y que los inversores profesionales dispongan de un canal “mucho más flexible y desregulado”.
     Otras claves
     Recuperación de ayudas: Según los cálculos de Economía, el Estado ha recuperado hasta ahora unos 5.000 millones, de los 39.000 millones que inyectó en las cajas y Banco de Valencia. dijo que el FROB tiene aún participaciones en entidades por 16.000 millones.
     Privatización de Bankia: Aseguró que espera que a través de la privatización de Bankia que, a diferencia de lo que ocurre con Catalunya Banc y Novagalicia, no tiene límite temporal tan explícito “podamos, de algún modo, recuperar la inmensa mayoría de los 39.000 millones que inyectó en ayudas este Gobierno, mucho más allá de lo que son los beneficios absolutamente claros que ha tenido la reestructuración” del sector.

     20minutos.es

     El Partido Popular de Granada ha exigido al diputado nacional del PSOE José Martínez Olmos que «pida perdón» a los granadinos por sus «desafortunadas y falsas» declaraciones al calificar la norma hipotecaria como un fracaso, «porque fueron los anteriores gobiernos socialistas los que legislaron para acelerar los procesos de desahucios;

      Europa Press. 11.08.2014 20minutos.es

      El Partido Popular de Granada ha exigido al diputado nacional del PSOE José Martínez Olmos que «pida perdón» a los granadinos por sus «desafortunadas y falsas» declaraciones al calificar la norma hipotecaria como un fracaso, «porque fueron los anteriores gobiernos socialistas los que legislaron para acelerar los procesos de desahucios.

      Así ha respondido en un comunicado la parlamentaria popular Ana Vanessa García que ha censurado la «enorme actitud desleal, hipócrita y cínica del diputado del PSOE». En este sentido, García ha asegurado que «el anterior gobierno del PSOE creó medidas que favorecían los desahucios, como la creación de juzgados especiales para acelerar los procesos hipotecarios o prohibir a los registradores de la propiedad que tumbaran las hipotecas con cláusulas suelo».

     Por el contrario, la dirigente popular ha reseñado que «lo primero que hizo el PP en el primer año de gobierno en España (2012) fue legislar para proteger a los deudores hipotecarios que están en riesgo de desahucio y a los que pagan puntualmente la hipoteca, dos veces en un año». Además, la diputada ha añadido que «el Ejecutivo central paró todos los desahucios a familias en riesgo de exclusión social y por primera vez incluyó en la legislación española la dación en pago», actuaciones que, a juicio de la parlamentaria popular, «al contrario de lo que denuncia el PSOE y su diputado José Martínez Olmos, pone de manifiesto una especial sensibilidad del gobierno de Rajoy con los afectados». Por otro lado, García ha recordado que fue el equipo de gobierno del PP en la Diputación de Granada el primero que puso, junto con el Colegio de Abogados, una oficina hippotecaria para asesorar a las personas en riesgo de desahucio, «una oficina que lleva dos años y a la que la Junta no tiene pudor en enviar a los ciudadanos que van a pedir ayuda a la Consejería». Finalmente, ha pedido al PSOE que «reclame a su socio de gobierno en la Junta de Andalucía (IU), que es quien tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda según nuestro estatuto, que apruebe de una vez el Plan de Vivienda de Andalucía, que llevamos 20 meses sin él, y que incluya actuaciones protegibles en materia de vivienda de acuerdo con las entidades financieras».

     Lucía Sicre 12/08/2014 – eleconomista.es

     La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) sigue perfilando su doctrina sobre la validez de las copias electrónicas de documentos públicos, confeccionadas y enviadas desde la oficina del notario para su posterior inscripción por parte del registrador. Tal práctica se enmarca en la implantación de la llamada e-Justicia, cuyo último empujón ha venido de la mano de la Ley de Emprendedores del pasado 2013.
     En concreto, una resolución publicada el pasado 23 de junio de 2014 (BOE de 29 de julio) da validez como documento público a la copia autorizada realizada por un notario, que el registrador calificó negativamente por existir una discordancia entre la fecha de autorización del notario (13 de marzo) y la de la validación de la firma electrónica (14 de marzo).
     El registrador argumentó que, dado que la copia electrónica no existe hasta que es firmada electrónicamente, no pudo existir en el momento en que la diligencia de expedición así lo afirma, lo que impediría la práctica del asiento. Sin embargo, la Dirección deja claro que esa discrepancia simplemente deberá subsanarse, sin cerrar el acceso.
     Defecto legal
     Por otro lado, una resolución de 3 de junio de 2014 (BOE de 25 de julio) se detiene en la presentación telemática de una escritura de constitución de sociedad, calificada negativamente, lo que llevó al notario a presentar también telemáticamente un escrito contra la calificación.
      La Dirección asegura que, para este último trámite, no es necesario – aunque por ahora la ley así lo establezca- que el notario envíe, junto con el escrito, el título calificado, ya que, dado que la presentación ha sido telemática, el registrador ya lo tiene en su poder.

      El ‘banco malo’ no puede, eso sí, vender hasta que no se convierta en titular oficial.
     m. j. alonso | ponferrada 09/08/2014 diariodeleon.es
     Después de todas las vicisitudes por las que han pasado los vecinos de la emblemática torre de La Rosaleda de Ponferrada ante el impago continuado de la promotora de las viviendas —Hogalia acumuló una deuda de 300.000 euros con la comunidad—, la situación del inmueble más alto de Castilla y León empieza a tomar otro cariz una vez que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ponferrada adjudicó las 220 propiedades a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) en abril. El coloquialmente conocido como ‘banco malo’ está ya en disposición de recibir ofertas de parte de los compradores interesados en alguno de los 70 pisos, 149 plazas de aparcamiento, tres oficinas y un local.  Eso sí, de momento no puede cerrar ventas porque el paquete inmobiliario todavía no está inscrito como propio en el Registro de la Propiedad.
     «El proceso de venta está sujeto en todo momento a la negociación con el comprador. Es él el que fija el precio a través de la presentación de una oferta y a partir de ahí se negocia», explicaron fuentes del ‘banco malo’, apuntando que si bien no se ha puesto en marcha ninguna campaña promocional específica para dar publicidad a la venta de las viviendas y locales, la sociedad está ya abierta a analizar cualquier propuesta.
     «Lo que no podemos hacer todavía es firmar un contrato de compraventa porque ninguna de las propiedades está inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de Sareb. No es, por lo tanto, la propietaria legal», puntualizaron desde la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, a la que Bankia transfirió las más de 220 propiedades a finales del pasado mes de febrero, después de que la tercera y última subasta pública celebrada quedara desierta.
     Por lo tanto, el único impedimento legal que a día de hoy existe para dar salida a los pisos de la torre de La Rosaleda es la formalización de la adquisición de los mismos. Un hecho cuya tramitación suele conllevar varios meses desde que se hace efectiva la adjudicación. De hecho, ya han pasado más de tres desde que Sareb adquirió las viviendas y locales vacíos del citado inmueble, ubicado en el bulevar Juan Carlos I de la barriada más nueva de Ponferrada.
     Además de volver a meter en el mercado inmobiliario todas estas propiedades, la adquisición de las mismas por parte de Sareb supuso un balón de oxígeno para los vecinos, ya que esta sociedad asumió la deuda contraída por la promotora y el pago de las cuotas.

     lavanguardia.com
     Pagará una multa de 5.400 euros y pasará seis meses en suspensión de empleo
     Comunidad Valenciana | 08/08/2014
     Castellón. (Europa Press).- La sección segunda de la Audiencia de Castellón ha condenado a una notaria de la capital de La Plana a pagar una multa de 5.400 euros y a seis meses de suspensión de empleo por autorizar una escritura de otorgamiento de una mujer incapaz hacia su padre sin advertir que ella sufría un retraso mental en grado severo, que hacía que su situación se pudiera equiparar a una edad mental de entre cinco y seis años.
     De esta forma, la sala acepta en parte el recurso interpuesto por la notaria condenada contra la sentencia del juzgado de lo penal número 1 de Castellón, únicamente en el sentido de rebajar la multa impuesta, que pasa de 18.000 a 5.400 euros, al considerar que no han sido acertados los motivos de individualización de la cantidad impuesta, para lo que se atendió a la profesión que ejercía, pero sin más datos.
     El juzgado de lo penal consideró probado que la notaria, en 2007, autorizó una escritura de otorgamiento de poder de la mujer a favor de su padre, haciendo constar en el documento que la hija tenía capacidad legal y facultades suficientes para otorgar la escritura.
     Sin embargo, la chica sufría un retraso mental de origen perinatal en grado severo, con una edad mental de entre cinco y seis años, y había sido incapacitada con anterioridad. Por este motivo, condenó a la acusada por falsedad por imprudencia en documento público al entender que no había adoptado las «mínimas cautelas» para comprobar la capacidad de la otorgante con carácter previo.
     La funcionaria recurrió para reclamar su absolución o una moderación de la multa y alegó que había sido engañada por el padre de la incapaz, que deseaba lograr un poder general a su favor para hipotecar la casa de la hija y obtener un préstamo para su negocio particular de coches.
     Sin embargo, según la sala, en este caso nadie discute que la actuación del padre no fuera ilícita pero subraya que «a nadie escapa que algunas estafas, y nada infrecuentemente las de tipo inmobiliario y por lo general de muy elevada cuantía, tienen como escenario principal o secundario las notarías», por lo que se reclama por ello «una atención adecuada en el ejercicio del deber profesional de identificar a los intervinientes».
     Así, insiste en que era en la notaria únicamente en quien pesaba profesionalmente el realizar el juicio de capacidad de la otorgante, y añade que la juzgadora de primera instancia recogió un informe forense donde se hacía constar que la edad de la incapaz era de un niño de cinco o seis años, pero que además presenta unos rasgos genotípicos que debían «generar una alerta de que se estaba ante una persona deficiente».
     De hecho, la jueza constató un deterioro cognitivo de la mujer que calificó de «clamoroso». Por ello, la sala descarta una alegada disimulación lograda por el padre «por cuanto era indiscutible la limitación exteriorizada de la incapaz» y recalca que la negligencia radica en que no eran necesarios conocimientos propios de peritos «sino los comunes de una persona normal con la obligación de estar atenta».

     Según la OCU
     La factura de luz sufre en julio una subida del 8%
     La organización subraya que «podría haber sido peor», ya que la energía eólica ha seguido amortiguando el impacto de posibles subidas

     República/EP | Madrid 07-08-2014 republica.com
     La factura de la luz ha sufrido en el mes de julio un incremento del 8% con respecto al promedio de precios del trimestre anterior, debido a las subidas en la parte del mercado de la electricidad, según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El incremento detectado en julio, indica la organización, «podría haber sido peor», ya que la energía eólica ha seguido amortiguando el impacto de posibles subidas.
     “En los próximos meses no parece que los precios vayan a bajar, con lo que el optimismo del Gobierno empieza a marchitarse”, asegura, antes de recordar que la asociación “ya avisó” de que en verano los consumidores iban a recibir una “mala noticia eléctrica”.
     Para OCU, el nuevo sistema para calcular los precios, con veinticuatro tarifas diferentes para cada uno de los días del año, “no ha conseguido rebajar lo que los españoles pagan por pulsar el interruptor”.
     A la vista de los previsibles incrementos en el mercado en los próximos meses, “el panorama no es precisamente esperanzador”, ya que “no se adivinan bajadas para lo que queda de año”.
     “El Ministerio de Industria pronosticó que la electricidad bajaría de precio durante 2014, pero su optimismo lo tiene crudo”, añade la organización de consumidores.