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Archivo del 26 de septiembre de 2014

Los ingleses se indignan ante la amenaza de nuevos derribos

viernes, 26 de septiembre de 2014

     «Esta casa es todo lo que tenemos, nosotros compramos de buena fe» se quejan los propietarios de Albox

     Guillermo Mirón   25/09/2014 lavozdealmeria.es

     El sonido de la lluvia cayendo no cesa. Las imágenes con escenas típicas en Inglaterra se suceden. Paraguas, chubasqueros, gotas que caen del cielo… “¿Te suena familiar? Llueve, llueve y llueve”, reza un letrero. Así comienza el anuncio que la promotora responsable de las 98 viviendas para las que la Fiscalía pide la demolición colocó en Internet para atraer a foráneos hasta sus construcciones en 2007. El mismo año en el que decenas de británicos cambiaron ese sonido de la lluvia por un aluvión de notificaciones judiciales.

     Fue en 2007 cuando Bill Higgins encontró a un agente del Seprona al otro lado la puerta de su casa en España, comprada en 2004, hace justo una década. “Nos dijo: ‘Hay un problema’”, recuerda. En el salón de Bill aguarda una quincena propietarios del casi centenar de viviendas alegales de La Aljambra, en Albox. “Cuando nos enteramos nos quedamos devastados porque  compramos esta casa de buena fe”, asegura.

     Sus palabras son respaldadas por el resto, que asienten y participan deseosos de denunciar la situación en la que viven desde hace años, con dificultades incluso para gozar de servicios básicos como agua y luz debido a la coyuntura urbanística. Heather White es también propietaria de una casa alegal. No duda en señalar responsables. “Todos nos dijeron que era 100% legal. Incluso el abogado. Mentiras, mentiras y más mentiras. Mi marido murió hace siete años. Si me tiran la casa no tendré dónde ir”, denuncia.
 
     Reivindicaciones
     White no exagera. La presidenta de la asociación de afectados Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN), Maura Hillen, explica que “es normal que en estos casos los abogados sean amigos de promotores. Nadie dijo nada. Ni abogados, ni ayuntamientos, ni registradores…”. Todos los propietarios coinciden en que sus ahorros se fueron junto a su sueño español. 
     A esta circunstancia se le suma la condición de la edad, ya que la gran mayoría son jubilados sin grandes recursos económicos. Su desamparo será evidente si se materializa el derribo porque hasta ahora, en procesos judiciales similares, los responsables de pagar la indemnización (promotores y constructores) no han podido hacer frente a tal obligación.
     Es por ello que AUAN está centrando sus reivindicaciones en un cambio del Código Penal. “Pedimos garantizar la indemnización.  Queremos que sea aportada antes de que se produzca la demolición”, defiende la presidenta del colectivo. Reiteran su rol de “víctimas” frente al de acusados como los promotores porque “ellos no van a sufrir aunque tengan condenas pero nosotros sí. Nos quedaríamos sin nada”, reiteran.

     No solo denuncian su desamparo sino la “lentitud” de un sistema judicial del que tampoco se explican que no vaya acorde con las administraciones, a tenor del reciente anuncio de la Junta para modificar la legislación facilitando la regularización de casas como las que poseen. “Fuimos víctimas del promotor y ahora lo somos de la justicia”, apuntilla Bill, el propietario de la casa escenario de la entrevista. Su futuro se presenta igual de incierto que los últimos diez años. “La situación es terrible porque lo único que tenemos es esta casa. Todas las cosas que nos trajeron aquí como son la gente, el clima… nos siguen gustando, quisiéramos seguir viviendo aquí” confiesa Bill, “pero tenemos la sensación de que no hay futuro para nosotros”.

El Ayuntamiento de la capital restringe a los coches de los residentes un área de 352 hectáreas

viernes, 26 de septiembre de 2014

     Madrid cerrará su centro al tráfico
     Bruno García Gallo Madrid 21 septiembre 2014 – elpais.com
     El Ayuntamiento de Madrid, que gobierna Ana Botella (PP), cerrará al tráfico el 1 de enero una superficie de 190 hectáreas en el corazón de la capital, por la que sólo podrán circular los coches de los residentes, según han relatado a EL PAÍS fuentes del gobierno municipal. Los barrios de Sol y Palacio se sumarán así a los de Cortes y Embajadores para conformar un área total de 352 hectáreas de tráfico restringido.
     Los vehículos que no pertenezcan a vecinos de esa zona tendrán limitado el paso a las grandes avenidas. Al área vedada sí podrán acceder aquellos conductores que vayan a estacionar en los 13 aparcamientos encerrados en el perímetro. Sin embargo, el Ayuntamiento cotejará a diario las matrículas para que quien luego no estacione allí (por ejemplo, porque el aparcamiento esté lleno) sea sancionado. Las infracciones se vigilarán con 22 cámaras de seguridad, y se castigarán con 90 euros de multa.
     Esta Área de Prioridad Residencial (APR), según su denominación municipal, tendrá un coste de mantenimiento de 500.000 euros anuales. Se sumará a las otras tres ya en vigor desde hace años en los barrios madrileños de Embajadores y Cortes (conocido también como Las Letras), conformando así una superficie total de más de 300 hectáreas alrededor de la Puerta del Sol por la que los vehículos privados que no pertenezcan a los vecinos sólo podrán circular por las arterias principales.
     Las motocicletas tendrán acceso libre de siete de la mañana a diez de la noche, y las furgonetas que lleven mercancías a los comercios del área podrán entrar los días laborables de diez de la mañana a una del mediodía.
     Con esta medida, que profundiza en la política de peatonalización del centro de Madrid impulsada por el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), el Ayuntamiento pretende reducir en más de un tercio el tránsito de vehículos por las zonas restringidas. “El objetivo principal es reducir el tráfico de paso a través de los barrios y de agitación en busca de estacionamiento, al tiempo que aumentar las plazas de estacionamiento para residentes”, aduce.
     Botella, que ha anunciado ya que no se presentará a las elecciones municipales del próximo mes de mayo, pretende ampliar las APR en vigor antes de que finalice su mandato a los barrios limítrofes de Chueca y Malasaña (en su denominación oficial, Justicia y Universidad, también dentro del distrito Centro).
     Esta estrategia forma parte de un Plan de Movilidad aprobado antes del verano que, con el objetivo puesto en el año 2020, pretende desterrar progresivamente el uso del vehículo privado de la almendra central de la capital (la superficie de 5.000 hectáreas limitada por la autovía M-30) con medidas de “discriminación positiva” a favor de transporte público, bicicletas y peatones.
     Entre otras, se ha elevado el precio de los parquímetros para los coches más contaminantes y en las zonas más congestionadas de la ciudad, y se han reducido los límites de velocidad en las vías de entrada a la almendra central. Además, se potenciará el uso de la grúa y se aumentará el número de radares de velocidad.
     Botella ha prometido también elevar un 25% las áreas peatonales, multiplicar los carriles exclusivos para autobuses, y prohibir la circulación de camiones durante el día, aunque esas medidas deberán ser sancionadas por su sucesor a partir de 2015.
     El principal objetivo de esta estrategia de movilidad es reducir el volumen de tráfico en la almendra central; en la capital hay 1,7 millones de vehículos, de los que el 80% son turismos. La crisis económica ha duplicado su edad media, que ha pasado de 5,7 años en 2008 a 9,3 años en 2013.
     La velocidad media de circulación en la almendra central es de 21 kilómetros por hora, pese a que sólo uno de cada cuatro viajes se realiza en vehículo privado; el 6% de los desplazamientos en Madrid implica meterse en un atasco con fuertes demoras.
     El Ayuntamiento busca también reducir el número de víctimas de accidentes de circulación y el ruido provocado por el tráfico. Según el último estudio municipal, fechado en 2011, hay 132.000 personas (el 4% del total) expuestas a niveles excesivos de ruido durante el día, y 483.000 (el 15%) durante la noche.
     Se pretende así mismo rebajar el nivel de contaminación atmosférica, que sigue muy por encima del tope legal impuesto en 2010 por la Unión Europea. Las autoridades comunitarias han iniciado un procedimiento para imponer una multa millonaria.
     Botella confía en poder cumplir el límite europeo el 1 de enero de 2015, tras la bajada registrada el año pasado; la contaminación por dióxido de nitrógeno, que escapa fundamentalmente del tubo de escape de los vehículos diésel, se ha reducido un 25% desde 2011. La subida de los parquímetros aprobada antes de verano penaliza especialmente a los motores de gasóleo.
     Madrid puso en marcha su primera Área de Prioridad Residencial en septiembre de 2004, en una zona limitada del barrio de Cortes. Un año después, se extendió al resto, sumando así una superficie de 59 hectáreas y 11.000 habitantes entre la puerta del Sol, Gran Vía, el paseo de Recoletos y la calle de Atocha.
     Atendiendo a las peticiones de los vecinos, en julio de 2006 se amplió al barrio de Embajadores (con 103 hectáreas y 45.000 habitantes). Cuando el 1 de enero se ponga en marcha la APR de Sol-Palacio (dos barrios con 30.000 habitantes), serán ya más de 86.000 personas las que vivan en una zona de tráfico restringido en la capital (la población total de Guadalajara o Toledo).
     La superficie de esta nueva APR es casi cuatro veces superior a lo estimado inicialmente por el Ayuntamiento, fruto en gran medida de las fuertes presiones vecinales para extender las restricciones de tráfico. Quedan por negociar en cualquier caso los últimos flecos con asociaciones de vecinos y comerciantes para minimizar el impacto. La implantación de la APR, prometida en 2011, se ha retrasado tres años por la falta de presupuesto.