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Archivo del 27 de septiembre de 2014

La sobrecarga de trabajo atasca 864 juzgados en toda España

sábado, 27 de septiembre de 2014

     Los órganos mercantiles de Sevilla, los más saturados del país, están señalando vistas para 2017
     José Manuel Romero / Reyes Rincón Madrid 26 septiembre 2014 – elpais.com

     Casi la mitad de los juzgados de España (1.695 de 3.894) sufren una sobrecarga de trabajo superior al 150%, según el último informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judical (CGPJ). De éstos, en 864 juzgados el porcentaje de asuntos pendientes de resolución, lo que refleja el atasco y la saturación que sufren estos órganos, es superior a la media. Los juzgados de la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid son los que tienen el mayor porcentaje de sobrecarga de trabajo. Por órganos, los juzgados de lo social, los de primera instancia y los mercantiles, son los que más atascos sufren.<VS1>
     “Es un problema grave y complejo”, señala la juez Mar Cabrejas, miembro de la comisión permanente del CGPJ. “Existe una descompensación en la distribución de cargas de trabajo: hay un número significativo de juzgados que presenta cargas inferiores al 100% y por otro lado la crísis económica ha saturado especialmente juzgados sociales, mercantiles y civiles. La no creación de plazas en los últimos cuatro años ha complicado el panorama”.

     El juzgado con más sobrecarga de trabajo en España (483%) es el mercantil número 2 de Sevilla, cuyo titular es Miguel Ángel Navarro. Si la carga aprobada para cada juzgado de lo Mercantil es de entre 333 y 399 asuntos, al juez Navarro le llegaron el año pasado 1.769.
     El trabajo de los jueces de lo Mercantil se ha disparado con la crisis debido, sobre todo, a los concursos de acreedores. En lo que va de año, al despacho del juez Navarro han llegado 783 demandas concursales. Pero aún son más las demandas de asuntos mercantiles, 1.241 desde enero, entre las que destacan los procedimientos por impugnación de condiciones generales de los contratos, en especial las cláusulas suelo de las hipotecas. “Las condiciones abusivas de muchos contratos son una realidad que antes ni se denunciaban. Ahora hay abogados que se están especializando en estos asuntos y nos llegan en aluvión”, señala Navarro, que cuenta con la ayuda de otro juez en comisión de servicio.
     Las vistas para resolver estas demandas se están señalando para 2017. El juez Navarro admite que los ciudadanos son bastante pacientes. “Poco revuelo hay para la situación que se soporta. En el ámbito judicial ocurre como el resto de asuntos del país, la gente se está acostumbrando, ha asumido que hay dilaciones extremas y la mayoría ni protesta”, afirma. “Si no se pone remedio, el año que viene se empezaran ya a señalar juicios para 2020”.
     La solución pasa, según el juez, por la creación en Sevilla de al menos dos nuevos juzgados de lo Mercantil o bien por reasignar a los juzgados de instancia la competencia sobre las demandas de las condiciones generales de los contratos.
     La sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid tiene, según el informe de la Inspección, un 408% de sobrecarga de trabajo, casi el triple de lo que se considera asumible. Sin embargo, no está saturado. Los tres magistrados de esta sección tuvieron que tramitar el año pasado 4.719 asuntos, más del doble que el resto de secciones de la Audiencia Provincial. Pese a ello, su nivel de asuntos pendientes (582) es bajo en relación a los asuntos que tramita.
     El magistrado Arturo Beltrán, presidente de la sección quinta de la Audiencia de Madrid, explica que al tratarse de un órgano al que llegan todos los recursos de presos, se ven obligados a resolver cada año un 250% más de casos que el resto de secciones. “El 85% de nuestro trabajo consiste en autos de vigilancia penitenciaria, que desde el punto de vista doctrinal son sencillos. Toda la Audiencia necesita más jueces, todos trabajamos por encima de lo asumible y lo pagamos en salud, porque nos quita el sueño, los fines de semana y hasta las vacaciones, pero en ningún caso esta sobrecarga significa que le quitemos al justiciable sus derechos”, señala Beltrán.
     La vocal del Poder Judicial Mar Cabrejas plantea dos soluciones: “Una distribución adecuada de las cargas de trabajo y la creación de unidades judiciales en aquellos órganos cuya sobrecarga no es coyuntural. La creación de tribunales de instancia permitiría la redistribución más justa de las cargas de trabajo. Si no se crean de manera próxima, la creación de plazas de hace imprescindible para evitar la situación actual y la continua utilización de figuras de refuerzo que no ofrecen una solución satisfactoria”.
      La Asociación Jueces para la Democracia (Jpd) asegura citando una encuesta que el 92% de los jueces confiesa sufrir estrés por la sobrecarga de trabajo. “Hay 395 jueces sin plaza y se han suprimido 1.200 jueces sustitutos. El Gobierno ha congelado las plazas de oposición y acceso por cuarto turno. Es urgente que en los próximos cinco años se creen 815 plazas”, señala.

 

Una lavianesa denuncia haber sido engañada con un préstamo

sábado, 27 de septiembre de 2014

     El crédito era de 28.900 euros, pero sólo recibió 15.000 a devolver en 4 meses, aunque nunca fue informada del plazo
     23.09.2014 L. Á. Vega – lne.es
      A una vecina de Laviana, cuya identidad se corresponde con las iniciales C. S. R., le concedieron en 2007 un préstamo, que iba a devolver cómodamente añadiendo una pequeña cantidad a la hipoteca que ya estaba pagando. Sin embargo, según asegura, el notario no le informó de que, en realidad, el préstamo que había suscrito tenía un plazo de devolución de cuatro meses. La mujer cogió el dinero (el préstamo era por 28.900 euros, pero en realidad solamente pudo disponer de 15.000) y continuó pagando la hipoteca, esperando a que le comenzasen a cargar la devolución del préstamo.
     La siguiente noticia de los prestamistas la tuvo tres años y medio después, cuando iniciaron un proceso exigiendo la devolución de todo el préstamo, 28.900 euros, más los intereses, que hacen un total de 37.165,40. En caso de no pagar el dinero, podrían quitarle la casa. Tanto la mujer como su abogada están convencidas de que, en realidad, fue objeto de una estafa en toda regla, cuidadosamente preparada, con el objetivo de quitarle la vivienda. Pero el problema es que los tribunales consideran que los supuestos delitos cometidos han prescrito. Ahora, su única esperanza es encontrar a más personas que hayan sufrido una experiencia similar, con el fin de acusar a los prestamistas de un delito continuado de estafa, que no prescribe hasta los diez años.
     Cuando decidió suscribir el préstamo, la mujer estaba en una situación realmente apurada. «Me vi con la nevera completamente vacía y con una chiquilla a la que alimentar. Busqué en el periódico un anuncio en el que se prometían créditos rápidos y llamé», señala la mujer.
     Al otro lado del teléfono, eso sí, tras muchas vueltas, se le puso un hombre, vecino de Siero. Tras varias conversaciones, les dijo a ella y a su entonces marido que tenían que desplazarse a Bilbao para suscribir el crédito, que iba a conceder una prestamista de Guecho. Hicieron el viaje el 29 de mayo de 2007. «Fue como una especie de secuestro. No pudimos ni siquiera ir a dar una vuelta por la ciudad. Nos llevó en su Audi hasta el portal de la notaría, donde dijo que nos estaban esperando, y él ni siquiera subió. El notario no nos habló de que tuviésemos un plazo de cuatro meses para devolver el dinero. Nosotros creíamos que nos iban a hacer una hipoteca puente. De hecho, con el que hablamos en Asturias nos dijo que estaba tramitándolo con una sucursal de La Felguera. Pero no nos pidieron ni la declaración de la renta», relata la vecina de Laviana.
     En otro lugar de Bilbao les entregaron el dinero. Pero ahí llegó la primera sorpresa. En vez de los 28.900 euros del préstamo, les entregaron 15.000. Cuando el contacto de Siero les trasladaba de nuevo a Asturias, les dijo que tenían que darle 5.000 euros, como pago de honorarios. «Mi marido le entregó 4.000. Eso sí, la comida la pagó él», señala la mujer. Esta lavianesa explica por qué cogieron 15.000 euros cuando el préstamo era de 28.900. «Estábamos muy necesitados en ese momento, muy apurados. Mi marido decía: ‘Nos cobran muchos intereses’. Cogimos el dinero que nos daban y no lo pensamos más», añade la mujer.
     Reclamación del préstamo
     Siguieron hablando con el prestamista de Siero, que siempre les decía que estaba tramitando la hipoteca puente, hasta que dejaron de tener contacto. La mujer siguió pagando la hipoteca y esperando a que en algún momento le empezasen a cargar el crédito. «Yo nunca me negué a devolver los 15.000 euros que me prestaron», asegura. El 15 de noviembre de 2010 le llegó un burofax de una firma de abogados bilbaína, en representación de la prestamista de Guecho, reclamándole el importe del préstamo más intereses. «Amenazaron con una ejecución de títulos no judiciales», dice la letrada de la lavianesa.
     La mujer se puso en contacto con un abogado y presentó una denuncia en Pola de Laviana, que se terminó archivando, al haber prescrito el supuesto delito. Más tarde contactó con su actual abogada, que interpuso una querella criminal ante un Juzgado de Oviedo, que se derivó a Pola de Siero. El prestamista asturiano fue llamado a declarar, pero el juez también archivó el asunto, por las mismas razones que en Laviana. Un recurso ante la Audiencia tampoco salió bien. El tribunal estimó que el objeto de la querella era cosa juzgada.
     «Si apareciesen nuevas pruebas, podría volver a reabrirse en caso y formularse una acusación por un delito de estafa continuada. No me cabe ninguna duda de que estamos ante un flagrante caso de estafa. Y estoy segura de que tiene que haber más casos como el de mi clienta», señala la abogada. Ahora sólo espera contactar con otras personas que se hayan visto en esta situación.